Hoy el Senado va a elegir a dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional y hay altas probabilidades de que al hacerlo refuerce el grupo conservador de un tribunal que en los próximos meses tomará decisiones tan gruesas como la constitucionalidad del referendo de la senadora Viviane Morales que restringiría la adopción a las parejas tradicionales o la de la amnistía para los guerrilleros.

Por los perfiles de los magistrados actuales y de los probables elegidos mañana, la Corte no dejará de apoyar mayoritariamente al Gobierno en temas de paz, pero sí puede llevar a que la Corte sea menos progresista de lo que ha sido hasta el momento.

La terna goda, goda será

En la terna para reemplazar al conservador Jorge Pretelt, que Juan Manuel Santos armó con tres mujeres, hay una ganadora casi segura: la ex secretaria jurídica de Palacio, Cristina Pardo Schlesinger.

Desde el inicio de la carrera Pardo era la gran favorita por su evidente cercanía con el Presidente y porque, aunque sus dos competidoras (las profesoras de Los Andes Natalia Ángel e Isabel Cristina Jaramillo) tienen una hoja de vida sólida, Pardo tiene trayectoria en la Corte, donde fue magistrada auxiliar de tres magistrados conservadores, y experiencia en el gobierno.

Por eso, según seis fuentes del Senado, de diferentes bancadas, hoy la ex secretaria jurídica tiene el apoyo de la bancada de La U, que pone 21 votos; de la de Cambio Radical y sus 9 senadores, de la del Partido Conservador, con el que se le identifica, y sus 18 votos (serían 19 pero el senador Fernando Tamayo está incapacitado); y de los liberales y sus 18 senadores. Así sumaría más de 60 de los 101 votos, lo que le da una victoria asegurada.

Aunque los senadores en la audiencia de ayer, que se extendió por más de cuatro horas y que transmitimos en nuestro twitterazo en vivo, dijeron que “las ternas eran de lujo”, como dijo el senador Luis Fernando Velasco, sorprendió entre los asistentes en especial el conocimiento técnico de las candidatas Àngel y Jaramillo. “Son muy buenas”, nos dijo un senador conservador que reservó su nombre porque ya comprometió su voto con Pardo.

“Hay que reconocer que esas ternas fueron muy buenas”, nos dijo un senador uribista, bancada que definirá en la mañana de hoy su voto, que no será en blanco.

“Esta vez sí votaremos”, nos dijo la misma fuente. El uribismo es un botín de 21 votos en bancada, que le daría ventaja a cualquiera de los candidatos con votación dividida en la coalición.

Y aunque el Partido Verde (que votará por Ángel) y el Polo Democrático (que hoy definirá su voto) increparon a Pardo sobre su posible ventaja por haber trabajado en la Casa de Nariño (la representante Angélica Lozano hasta le preguntó si sus competidoras deberían renunciar por no tener la misma ventaja, así como lo hizo ella cuando Uribe la nombró en una terna de uno con el entonces secretario jurídico de Palacio), las bancadas de la coalición de Gobierno estarán con ella.

Esto, pese a que la ex funcionaria reconoció que de ser elegida, tendrá que declararse impedida si a la Corte llegan demandas de constitucionalidad contra leyes que ella haya conocido cuando estuvo en la Secretaría Jurídica de Palacio, y tenía que preparar conceptos para el Presidente sobre esas normas.

La elección casi fija de Pardo será la de una magistrada que conoce la Corte y su jurisprudencia y que es bastante conservadora en dos aspectos: los temas morales y las funciones de la Corte.

”Las cortes no deben usurpar las demás ramas del poder público”

Cristina Pardo, candidata a la Corte

Lo primero, como lo explicó Héctor Riveros en su columna de hace 10 días, quedó claro cuando como secretaria jurídica de la Presidencia “invocó la objeción de conciencia para no analizar los decretos que reglamentaban la manera como se les debía garantizar el derecho a la salud a las mujeres que, estando en una de las tres circunstancias definidas por la Corte, decidieran abortar, porque iba contra sus convicciones asumir que la decisión de la Corte era aceptable“. En ese sentido, podría alinearse con Luis Guillermo Guerrero, el único conservador claro en temas morales de los magistrados titulares actuales.

Lo segundo lo dejó claro en su discurso ayer ante la plenaria del Senado, cuando dijo que "hay que autocontrolar a la Corte. Preocupan decisiones que socavan la seguridad jurídica", o cuando ante la pregunta que eligió al azar y que la puso a opinar sobre el activismo judicial (la noción de que las Cortes deben tener una agenda que avance los derechos), mostró su moderación.

"En principio las Cortes deben ser prudentes y no usurpar las demás ramas del poder público", dijo, lo cual es música para los oídos de los congresistas.

Eso último va en contravía de decisiones de la Corte como la que permitió el matrimonio de personas del mismo sexo después de que el Congreso no legisló al respecto luego de que la Corte le dio dos años para hacerlo.

Por eso, también, es previsible que sea partidaria de limitar las funciones de la Corte en asuntos como las reformas constitucionales, en lo que estaría de entrada con Alejandro Linares y Guerrero. Y también, seguramente, en decisiones que impliquen gastos del Estado, la llamada sostenibilidad financiera, en la que también en principio estaría en ese bloque de 3 magistrados.

Sobre temas de paz es gobiernista: “espero que mi trabajo contribuya a estos derechos y ayude a que el país sea más pluralista y alcance la paz”, dijo en su discurso ayer.

”Defiendo a ultranza los derechos fundamentales”

Carlos Bernal, candidato a la Corte

En esa medida, es probable que en temas de paz no vote con el conservador Guerrero sino con Linares, el magistrado que llegó el año pasado a la Corte y también fue ternado por Santos, y seguramente también con la moderada Gloria Stella Ortiz, el liberal Alberto Rojas, y el recientemente posesionado Antonio José Lizarazo.

Es decir, con Pardo estaría asegurada una mayoría en favor de los temas de la paz.

Pero en los temas morales, la mayoría no estaría clara.

La terna liberal ¿en manos de un cristiano?

En la terna para reemplazar a la liberal María Victoria Calle la terna no es de una: aunque la directora de Colombia Compra Eficiente, la Paca Zuleta, no parece tener opciones, los dos constitucionalistas del Externado, Carlos Bernal y Néstor Osuna, sí.

”La Corte debe ser consciente de sus límites legales”

Néstor Osuna, candidato a la Corte

En principio Osuna tendría a la mayoría de los conservadores y de los liberales, que definirán su voto hoy antes de la plenaria.

En la noche de ayer, dos fuentes del Senado (una conservadora y otra liberal) y otra de la campaña de Osuna, nos dijeron que esas bancadas lo apoyarán, y la bancada de La U está indecisa entre él y Bernal.

Anoche, Cambio Radical definió su voto por Bernal, según un senador de ese partido (“al menos ocho de los nueve votos los tendrá él”, nos dijo).

Por eso, la decisión final puede depender de las bancadas de oposición.

Los dos arrancaron con apoyos importantes en el liberalismo. Osuna, que ya fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura gracias al apoyo rojo, tenía el respaldo de varios de los más tradicionales, como Horacio Serpa o Álvaro Ashton, mientras que Bernal tuvo de virtual jefe de campaña a la senadora Viviane Morales.

En su discurso de ayer, Bernal y Osuna también sonaron similares.

"Comparto la preocupación de ustedes (los senadores) sobre la crisis de las cortes. Defiendo a ultranza los derechos fundamentales", dijo Bernal.

"Es el Congreso el que tiene la labor prioritaria de reglamentar estos derechos. La Corte tiene que respetar eso", dijo con el ya usual guiño de los ternados a los senadores, pero fue más allá: "la Corte no puede inventar otras constituciones con pretexto de la defensa de los derechos. Debe frenar la teoría de sustitución", afirmó

Osuna dijo que "la Corte debe ser consciente de sus límites legales" y que está “comprometido a que no haya retrocesos en los derechos fundamentales", pero también a “una jurisprudencia más rigurosa y ser prudente en sentencias sobre políticas públicas".

Es decir, los dos se mostraron a la vez como pluralistas y liberales, pero defensores de limitar el activismo de la Corte y seguramente de tener en cuenta los efectos de sus sentencias sobre el gasto público.

Por eso, en cuanto al activismo de la Corte, cualquiera que sea elegido seguramente se alineará con el bloque de Guerrero, Linares y Pardo, 4 votos que estarían a solo uno de hacer mayoría y posiblemente hacer más difícil que salgan sentencias inéditas como la reciente sobre el río Atrato, que aceptó que ese afluente ws sujeto de derechos y goza de especial protección constitucional por lo que ordenó al Gobierno erradicar la minería ilegal que lo afecta.

También estarían, seguramente, en el mismo lado frente al Acuerdo de La Habana, que los dos han defendido públicamente.

Sin embargo, mientras Osuna es claramente liberal en temas morales, Bernal podría resultar conservador.

Y eso también lo estarían buscando algunas bancadas: por ejemplo, los senadores del Centro Democrático que se reunieron con los candidatos, le preguntaron a cada uno sobre el origen de la vida.

“Fue una de muchas preguntas. La pregunta exacta fue: ¿para usted desde cuándo arranca la vida, desde la concepción o el nacimiento? Es una discusión con muchos antecedentes legales y jurisprudenciales”, nos dijo un senador del Partido.

”¿Desde cuándo arranca la vida, en la concepción o en el nacimiento?”

Pregunta del CD a los candidatos

La Silla supo que esa pregunta en particular (además de otra sobre la conformación de la familia) fue una solicitud que hicieron los congresistas cristianos de la bancada, el senador Orlando Castañeda y la representante Esperanza Pinzón. Pero no pudimos saber en qué sentido contestó el candidato Bernal.

Además, no en vano en el liberalismo la senadora Viviane Morales, conservadora en esos asuntos, le ha hecho campaña justo cuando su referendo constitucional para restringir la adopción a parejas del mismo sexo está cerca de llegar a que la Corte lo revise.

Según 9 fuentes entre senadores, ternados y gente cercana a las campañas de los candidatos, el apoyo de Morales fue claro hacia Bernal.

“Fue muy activa, pero no cuenta con el respaldo de su bancada”, nos dijo una de esas fuentes.

Como recordó Héctor Riveros, Bernal es cristiano (como también lo es Morales), y sus aclamados escritos se centran en asuntos técnicos de la argumentación constitucional y no dan pistas sobre su postura ideológica en temas delicados como el matrimonio del mismo sexo, la eutanasia o el aborto.

Por eso, la definición entre los dos sí puede llevar a una Corte más conservadora en temas morales, pues Bernal podría sumarse a Guerrero y Pardo en un bloque conservador fuerte.

El futuro de la Corte

Con Pardo virtualmente elegida y ese cabeza a cabeza entre Bernal y Osuna, las dos ternas que entregue la Corte Suprema en las próximas semanas van a definir qué tan de avanzada será la Corte Constitucional en temas morales, por lo menos en los próximos años.

Aunque lleva más de seis meses sin definir el humo blanco se está acercando, pues ya acordó unas listas cortas con 11 candidatos, entre los que hay conservadores de raca mandaca como la ex viceprocuradora Martha Isabel Castañeda (que podría competir por el puesto hasta ahora liberal de Jorge Iván Palacio) o el magistrado del Tribunal Superior de Ibagué, Ricardo Enrique Bastidas (para reemplazar al liberal Luis Ernesto Vargas).

En esa medida, el Senado hoy va a mostrar si el equilibrio de la Corte puede moverse hacia al lado conservador o si seguirá teniendo un tono más progresista.

El destituido ex gobernador Juan Carlos Abadía está de regreso a la política del Valle, esta vez con miras al 2018.

Este será su segundo intento de volver a la política en cuerpo ajeno, cuando tiene aún vigente la inhabilidad de 10 años para hacer política que le impuso la Procuraduría y que fue la sanción que lo sacó del primer cargo del departamento en 2010.

A eso se suma que el pasado mes de marzo, la Fiscalía le imputó cargos porque cuando era gobernador, suscribió un contrato para comprar libros para la red departamental de bibliotecas, que aunque le costó mil millones de pesos al Valle, terminaron costandole al contratista 182 millones de pesos, según ha dicho la Fiscalía.

Aún así, según ocho fuentes que conocen la movida política en el Valle, Abadía está impulsando dos candidaturas al Congreso para las elecciones de marzo del 2018: la del ex concejal de Cali, Álvaro Henry Monedero a la Cámara y la del dos veces ex alcalde de Buga, John Harold Suárez, al Senado.

Ambos esperan quedarse con el aval Liberal, el partido que Abadía había abandonado hace años para irse a las toldas del PIN, de la mano de su entonces socio, el ex senador condenado por parapolítica, Juan Carlos Martínez Sinisterra. Y donde militó su papá, el ex senador Carlos Herney Abadía, hasta antes de ser condenado dentro del proceso 8.000.

Las apuestas

El ex gobernador le negó a La Silla tener candidatos propios para las próximas elecciones, según él porque tomó “una decisión hace unos pocos meses de quedarme quieto en política, estoy mamado de eso, con todo lo que está pasando”. Sin embargo, sí reconoció que tiene amigos y personas que van a ser candidatos. “Pero que yo vaya a salir a hacer campaña, que yo vaya a salir a invitar a votar por gente, no”, dijo.

En todo caso, los pinitos de su regreso (tras haber tenido resultados pobres en las elecciones regionales del 2015), empezaron temprano.

Por lo menos así fue leído en el Valle desde que en octubre del año pasado, Abadía empezó a hacer parte de la mesa de trabajo del Noticiero Relámpago de Todelar, donde se sentó todos los martes con el periodista y director, Miguel Ángel Arango, para analizar información política.

Las candidaturas de sus amigos comenzaron a sonar más tarde, a principios de este año.

El primero es su viejo aliado, Álvaro Monedero, una persona de su entraña como lo describieron nuestros entrevistados, que lo ha acompañado casi desde que él mismo arrancó en política, heredando las banderas y el movimiento político de su papá, el MPU.

Monedero fue quien lo reemplazó en el Concejo de Cali a donde Abadía llegó en 2003, luego de que renunciara para aspirar a la Gobernación. En el 2007, mientras Abadía arrasó con  676 mil votos contra 118 mil del conservador Francisco Javier Murgueitio, Monedero se quedó en el Concejo sacando la primera votación de Convergencia Ciudadana, el movimiento político que fundó junto con el ‘Negro’ Martínez, con 5.809 votos.

Pero después de la destitución ordenada por la Procuraduría en 2010, tras comprobar que Abadía estaba participando indebidamente en política respaldando la candidatura a la presidencia de Andrés Felipe Arias, Monedero perdió la fuerza para reelegirse en el Concejo en las siguientes elecciones. Se quemó con 5.423 votos en la lista del Pin, que ya para ese momento había absorbido a Convergencia Ciudadana y se perfilaba como la pista de aterrizaje de políticos cuestionados en todo el país.

Aún así, con el respaldo de Abadía, en el 2013 Monedero fue designado por el entonces Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, como su subsecretario de Educación.

A ese cargo llegó porque tenía un perfil técnico –es administrador de empresas con una especialización en administración pública de la Universidad del Valle– y porque como le dijo entonces Guerrero a La Silla, el Alcalde buscaba promover la inclusión en su gobierno con funcionarios de todas las tendencias políticas y en parte por eso lo nombró.

Ahora, Monedero aspira a quedarse con una curul a la Cámara. Ya anunció que lo hará en llave con el dos veces ex alcalde de Buga, John Harold Suárez, que según las fuentes consultadas por La Silla, es la ficha de Abadía al Senado.

Suárez es educador y tiene una maestría en dirección de servicios educativos. Llegó a la Alcaldía de Buga en 2004 y luego se hizo reelegir en 2012 con 21.835 votos, casi doblando al segundo candidato.

En el 2015, Suárez se reeligió en cuerpo ajeno con Julián Latorre que tenía el aval de Cambio Radical y el Centro Democrático. No la tuvo fácil. La posesión del actual mandatario de Buga, los 17 concejales del municipio y los 21 diputados de la Asamblea se demoró hasta el 13 de enero del 2016 por cuenta de unas denuncias que señalaban irregularidades en la votación de Buga que radicó Duvalier Sánchez, candidato a la Asamblea por el Verde.

Aunque al final el CNE avaló la votación, no pararon los cuestionamientos contra la Alcaldía de Buga, y el ex alcalde Suárez.

El abogado y ex director del DAS durante el gobierno de Samper, Ramiro Bejarano, ha denunciado desde sus columnas en El Espectador la que según él es “una mafia empotrada en la Alcaldía”.

“Mi natal Buga (…) está gobernada por una camarilla siniestra que maneja como propia la hacienda pública. En la práctica siguen mandando Suárez y su tenebroso grupo, y nada les pasa porque Fiscalía y Procuraduría locales están cooptadas por la administración. Lo están también los medios a excepción de uno, comunicadores con agenda politiquera, contratados ellos o sus familiares por el municipio, dispuestos a calumniar a quien cuestione la dudosa ética de esa mafia empotrada en la Alcaldía”, escribió.

Bejarano dice que tiene horas de grabaciones lícitas de conversaciones telefónicas sostenidas entre el alcalde Suárez y sus subalternos y amigos, que demuestran abuso y tráfico de influencias en esa alcaldía. Y ha dicho que desde que empezó a denunciar, ha sido objeto de calumnias, mientras que el único periodista de Buga que se ha atrevido a publicarlas ha recibido amenazas.

Por ahora, el ex alcalde ha negado esos cuestionamientos y una fuente cercanas a él asegura que detrás de las denuncias de Bejarano está una vieja enemistad con Angelino Garzón, amigo y aliado de Suárez.

La competencia

Aunque hasta ahora el escándalo de Buga ha pasado de agache, (de hecho, ni siquiera ha aparecido en las páginas de El País), algunos políticos con los que habló La Silla consideran que más avanzada la campaña al Congreso, estas denuncias pueden terminar afectando la carrera de Suárez al Senado.

Eso podría también afectar la apuesta de Abadía, que según cuatro fuentes que lo conocen, aunque tiene sus velas puestas más en la candidatura a la Cámara de Monedero que en la de Suárez al Senado, lo necesita para empujar a Monedero.

“El que más importa es Suárez. El acuerdo entre ellos es bueno para Abadía porque lo fortalece”, le dijo a La Silla Pacífico un político liberal.

De hecho, el potencial electoral de Suárez en Buga motivó a su aliado Angelino Garzón para que intentara conseguir una alianza entre él y el actual Representante a la Cámara Liberal, Fabio Arroyave, que en el 2018 le va a heredar su curul a su hijo, Fabio Arroyave Junior.

Esa alianza no cuajó, según tres fuentes, porque para cuando se sentaron a conversar Arroyave papá y Suárez, ya este último había hecho acuerdos con Abadía. Arroyave buscó entonces al ex alcalde de Yumbo Fernando Murgueitio, que quiere lanzarse también por los rojos al Senado.

En todo caso, con Suárez de su lado, las cuentas de Abadía sugieren que podría alcanzar unos 30 o 40 mil votos que son los que necesita un candidato en el Valle para llegar a la Cámara.

Eso, y que Abadía hoy tiene vínculos estrechos –al menos hasta ahora- con cuatro alcaldías del centro y del Norte del Valle, entre las que se cuentan la de Cerrito, Bugalagrande, Guacarí y San Pedro, según las fuentes consultadas para esta historia; una diputada liberal, la palmireña Luzdey Martínez, y varios “amigos” que siguen vigentes en la política como el ex presidente César Gaviria y otros que han financiado sus campañas.

“Abadía tiene plata pero no tiene votos”, dijo un político del Valle. Algo similar opinaron otras tres fuentes.

Además, tiene una característica que ninguna de las fuentes le desconoce, y es su habilidad para hacer alianzas, sobre todo con líderes de barrio que son los que mueven los votos en las calles. “Abadía destruye un balín”, le dijo sobre eso una fuente que lo conoce a La Silla.

Aun así, según un político liberal que ahora compite con él, los fracasos de su última campaña como la que tuvo por ejemplo, cuando intentó impulsar la candidatura de Andrés Clavijo a la Alcaldía de Cali, le generó fama de “calentar el oído y después dejarte botado. Es más fácil cuidar lo que uno ya tiene que voltear lo que uno no tiene”, agrega.

Por eso no se da por descontado que con el respaldo de Abadía, las candidaturas de Monedero y Suárez tengan con qué competir. Sobre todo en una lista como la que tendrá el Partido Liberal en el Valle donde aspiran pesos pesados de la política tradicional.

Sólo a la Cámara están aspirando los delfines de las dos estructuras más fuertes del liberalismo en el Valle: el hijo de Fabio Arroyave y el ex diputado Andrés Mauricio Chicango, que buscará heredar la curul de su mamá, la actual Representante Nancy Denise Castillo y su papá, el ex concejal de Cali, Orlando Chicango.

Además, aspira la ex diputada Adriana Gómez, con el respaldo del actual Alcalde de Yumbo y que viene de trabajar con Carlos Abraham Jiménez, representante a la Cámara por Cambio Radical; Juan Fernando Reyes Kuri, ex secretario general de la Alcaldía de Cali tanto durante la administración de Guerrero como el primer año de Armitage;  el ex concejal de Cali, Uriel Rojas y el ex alcalde de Candelaria, Jhon Wilson Rengifo, que logró elegir diputada por los liberales en el 2015.

Y buscará reelegirse el actual representante a la Cámara Hernán Sinisterra, que tiene su fortín político en Buenaventura y donde aunque su grupo perdió la Alcaldía, las fuentes todavía no lo dan por derrotado.

Por el lado del Senado, Abadía tampoco la tiene fácil: allí intentará reelegirse Edinson Delgado y ahora aspirará Fernando Murgueitio, ex alcalde de Yumbo que aunque perdió las elecciones en 2015, logró poner fichas suyas en varios municipios del Valle y va en alianza con los Arroyave.

Entonces, si hay algo claro en el Valle es que la campaña al Congreso estará muy reñida. Por eso, los ojos de los políticos están puestos en las alianzas que desde ya están empezando a cocinar los candidatos.

Entre esas las del ex gobernador Juan Carlos Abadía que quiere poner al menos una ficha suya en el Congreso. Así, cuando se acabe su inhabilidad –y si las investigaciones en su contra no avanzan- puede pensar en un futuro en volverse a lanzar, esta vez en cuerpo propio.

Desde hace dos semanas, cuando el Ministerio de Agricultura empezó a socializar el decreto ley que aterriza el tema de tierras del Acuerdo de Paz, se prendió un debate entre académicos, gremios del sector y diferentes fuerzas políticas por su contenido. Hoy la Agencia Nacional de Tierras, que salía reforzada en el borrador inicial, publicó una nueva versión del decreto. En ella elimina los puntos que más ruido habían creado entre los dueños de tierras.

Lo que se eliminó fueron buena parte de las facultades que iba a tener la Agencia.

Una es que iba a poder para adquirir directamente o expropiar tierras en cinco casos: para darle tierras a comunidades indígenas o afro que no tengan las suficientes; para los campesinos afectados por desastres naturales; para cumplir fallos judiciales; para alimentar programas de dotación de tierras, zonas de manejo especial o zonas de interés ambiental; o para “dar cumplimiento a acuerdos de paz pactados por el Gobierno Nacional”.

La nueva versión propone eliminar esa última opción, y con eso la posibilidad de expropiar se reduce notoriamente.

También propone quitarle a la Agencia la capacidad de actuar como un juez para que los campesinos se conviertan en dueños de predios privados que hayan ocupado por más de 10 años sin que sus propietarios se oponga a ello (mientras no haya jueces agrarios), algo que le daba mucho poder a esa agencia y por eso había sido criticado por algunos académicos.

Esos dos cambios reflejan las preocupaciones de los empresarios, especialmente los dueños de las tierras, que incluso llegaron a un pronunciamiento del Consejo Gremial Nacional, el gremio de gremios.

En un pronuncimiento del viernes pasado, el CGN le hizo varios comentarios al borrador. Su primer punto era el de las facultades de la Agencia como juez y el primero del aparte sobre redacción de notas era justamente el de la adquisición o expropiación de predios para cumplir con acuerdos de paz.

En los dos pedía eliminarlos, como en efecto se va a hacer.

Sin embargo, no pasaron los otros cambios que pidió el CGN, como aclarar que el nuevo derecho de superficie (que sirve para que los empresarios hagan megaproyectos con los campesinos sin tierra que recibieron predios del Estado) se puede hacer con contratos que no digan en qué se van a usar esas tierras, definir que solo hay acumulación indebida de baldíos cuando en en los folios de matrícula de los predios se decía explícitamente que era prohibido hacerlo, o quitarle a la Agencia la posibilidad de poner una acción de extinción de dominio en predios totalmente abandonados y en los que nadie se oponga a ese hecho.

Falta ver si con esos cambios se aplacan las críticas que le hicieron los empresarios al decreto - y si aumentan las que también hicieron desde la otra orilla varias organizaciones sociales y políticos de izquierda.

Esta tarde la Plenaria del Senado escucha a los seis candidatos ternados por el presidente Juan Manuel Santos para dos plazas de la Corte Constitucional. En la primera terna están candidatizados los abogados María Margarita Zuleta, Néstor Osuna y Carlos Bernal. Entre ellos saldrá el reemplazo de María Victoria Calle.

En la segunda terna, para reemplazar al destituido Jorge Pretelt, están las abogadas Natalia Ángel, Cristina Pardo e Isabel Cristina Jaramillo.

Los partidos políticos definirán sus candidatos luego de esta audiencia para mañana elegir a los nuevos magistrados.

Tweets por el @lasillaenvivo.

La exsecretaria jurídica de Presidencia logró llegar a la Corte por los votos de la Unidad Nacional.

Con votos del uribismo, Cambio Radical y varios conservadores, Carlos Bernal llega a la Corte en reemplazo de María Victoria Calle.

Mientras el país hace una megainversión para desminar el territorio liberado de las Farc, en el municipio de Riosucio, al norte del Chocó y vecino del Urabá, los campesinos están sitiados por la cantidad de minas antipersonal que ha sembrado el ELN. Lo han hecho para "bloquear" el avance de las Autodefensas Gaitanistas con las que están trenzadas en una guerra que, según anunció el jueves pasado el Defensor del Pueblo, ya suma más de 997 familias desplazadas y otras 4 mil confinadas. Sólo cuatro comunidades rurales del municipio de Riosucio, al norte del Chocó y vecino del Urabá, han aportado más del 25 por ciento de ese total de desplazados.

“La zona rural de Riosucio está colmado de minas al mil por ciento. La gente no puede pasar al otro lado del río. Las siembran en los caminos y rodeando los caseríos. La gente está en pánico y no pueden salir a buscar qué comer”, le dijo a La Silla Pacífico una fuente que conoció la situación de primera mano pero pidió la reserva de su nombre por seguridad.

“El ELN les ha dicho ‘váyanse o váyanse’, que no los quieren en el territorio porque van a terminar heridos”, agregó.

Por cuenta de esta situación, 264 familias están desde hace un mes desplazadas en la plaza de mercado del casco urbano de Riosucio. Son familias de 8 comunidades afros que ya abandonaron completamente el territorio. Aún así, todavía quedan unas 900 familias sobre todo indígenas Wounan y Emberá, que viven alrededor de la cuenca del río Truandó y Salaquí.

“Recientemente un joven indígena de 14 años cayó en una mina en el río Truandó y este año ya habido al menos unos cinco casos de combatientes heridos”, agregó otra fuente del sector humanitario.

La situación es crítica, además, porque esta región es selvática, donde llueve casi todos los días. Por eso, las minas sembradas se desentierran y se mueven con el agua e incluso terminan cayendo a los ríos, lo que impide aún más que los pobladores salgan de sus casas.

La Silla supo que el Ejército está haciendo presencia en el territorio y que están desactivando las minas de manera controlada. Sin embargo, organizaciones humanitarias de las Naciones Unidas pide atención humanitaria urgente para proteger a la población y garantizar que a estas personas les lleguen alimentos.

Esta situación se está viviendo también en el municipio del Alto Baudó.

Mientras tanto, a la reunión del jueves que convocó el defensor Carlos Negret en Bogotá no asistieron altos funcionarios del Gobierno aunque sí la plana mayor de las Fuerzas Armadas y los gobernantes locales de Chocó y el Valle que estaban invitados.

“La exposición más larga la hizo Findeter para mostrar toda la plata que han invertido. Se perdió el foco de la crisis humanitaria”, dijo una de las fuentes que estuvo allí.

Siete días después del desplome de un edificio en construcción ilegal en Cartagena que dejó como saldo 21 personas muertas, lo único que está claro es que poco está claro. La peor tragedia de ese tipo ocurrida en la ciudad puede terminar siendo un golpe contundente para la ya criticada administración del alcalde Manolo Duque Vásquez, a quien su inexperiencia y compañías tenían en una mala racha desde el año pasado.

Aunque en general el mandatario ha salido más a pedir explicaciones que a darlas, sobre todo destacando la evidente responsabilidad de los constructores ilegales, una movida suya hace algunos meses evidencia que tuvo interés en poner a una persona a quien relacionan con su hermano de crianza, el empresario experto en licitaciones José Julián Vásquez, a vigilar las construcciones urbanas.

Manolo Duque es el máximo jefe de los encargados de controlar las obras de la ciudad, pero para muchos estos días ha actuado más como el periodista que fue que como el mandatario que es. Lo dicen por salidas suyas como haber informado primero que el edificio colapsado tenía licencia y al poco tiempo desmentirlo.

También, por trinar que los curadores iban a “explicar lo sucedido”, cuando éstos legalmente lo que hacen es estudiar la viabilidad o no de entregar un permiso a un proyecto ubanístico, pero no controlan y vigilan, como sí deben hacerlo: la Secretaría de Planeación y su oficina de control urbano y las alcaldías locales.

Precisamente, ayer la secretaria de Planeación (Luz Elena Paternina) y el jefe de Control Urbano (Olimpo Vergara) se fueron del Gobierno, pero no porque los hayan sacado, sino porque decidieron renunciar. Son las primeras cabezas que ruedan en la Administración por cuenta de una desgracia en la que todos los muertos eran sencillos trabajadores.

Poco después, el procurador general Fernando Carrillo anunció que ejercerá el poder preferente para llevarse a Bogotá la investigación que abrió por el caso, incluyendo una indagación a las actuaciones del Alcalde: “Consideramos que no hay garantías en Cartagena para tomar una decisión”. Eso lo informó en una audiencia en la que además dijo que el Ministerio Público defenderá jurídicamente a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

También ayer, El Universal publicó una entrevista en la que una de las supuestas dueñas del edificio que llegó a tener seis pisos cuando en la zona en la que estaba el POT sólo permite edificaciones de hasta cuatro pisos, niega tener participación en ese negocio pero reconoce que uno de sus hermanos sí tiene que ver.

Se trata de María Quiroz, quien le pidió públicamente a su hermano Wilfran Quiroz, hasta ahora desaparecido del mapa, que se entregue y responda.

Más allá de la clara incumbencia de los constructores ilegales (llamados Constructora & Quiroz, según reportes de medios) cuyas actuaciones enlutaron al barrio Blas de Lezo y a La Heroica entera, en la Alcaldía hay una cadena de responsabilidades políticas que arrancan con Manolo, quien el año pasado tomó unas particulares decisiones sobre el tema del control urbano en Cartagena.

El factor José Julián en control urbano

Cuatro meses después de haber llegado al Palacio de la Aduana (sede gobierno de Cartagena), en el mes de enero el año 2016, Duque emitió un primer decreto (el número 0550 del primero de abril de 2016) en el que tocó el que es ahora el principal tema de debate en Cartagena: las labores de control urbano.

Hasta ese momento, esas funciones eran ejercidas por la Secretaria de Planeación, el director de la oficina de Control Urbano y el alcalde local respectivo, como lo es actualmente.

Según el manual de funciones de la Alcaldía, la Secretaria tiene que “ejecutar la vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas”. Y su subalterno, el jefe de Control Urbano, tiene que “vigilar a las personas naturales o jurídicas que se dedican a la venta de inmuebles destinados a vivienda” y asesorar “técnica y jurídicamente a las Alcaldías Locales en las actividades relacionadas con el control urbano en el Distrito”.  

Pero aquel decreto de Manolo de abril de 2016 cambió temporalmente eso.

Esa disposición dejó como principal cabeza del control urbanístico en la ciudad a los alcaldes locales y le quitó todas esas funciones a la dirección de Control Urbano, dependencia que por su mismo nombre y naturaleza debía tenerlas.

Esa movida fue criticada en la ciudad porque coincidió con una serie de acciones que se venían desarrollando en esa entidad por la entonces directora Ladyann Steer, que en ese cargo era cuota política del concejal conservador Jorge Useche (protagonista de un lío distinto, por unos audios que la Fiscalía reveló en medio de investigaciones por supuesto fraude electoral).

Cuando el Alcalde la dejó sin una de sus principales funciones, la funcionaria Steer se estaba preparando para suspender la construcción de una estación de gasolina en el sector turístico y residencial de Bocagrande, que ha presentado fallas en su edificación.

Esa obra, según quejas de los habitantes del sector y denuncias públicas de veedores de la ciudad que fueron publicadas el 29 de marzo de 2016 por La W Radio, no cumplía con el POT y por eso la entonces jefa de Control Urbano emitió sobre ella un concepto desfavorable.

Tras la decisión de Manolo, la funcionaria presentó el 5 de abril su carta de renuncia irrevocable, en medio de ruidos de presuntas presiones hacia ella por parte de funcionarios y constructores de la ciudad.  

Esa renuncia no le fue aceptada, sin embargo, sino hasta el mes de julio, por lo que Steer se quedó (aunque igual sin sus funciones principales). “No podían aceptarla (la renuncia) de inmediato porque quedaba evidenciado que era por sus acciones de control”, nos dijo alguien que vio de cerca ese proceso.

A finales de julio, el Alcalde nombró como nuevo jefe de Control Urbano al arquitecto Olimpo Vergara Vergara, quien llegó a ese puesto luego de hacer parte de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

Vergara, quien estuvo apoyando a Manolo en su campaña por llegar a la Alcaldía de la ciudad, es relacionado en la Cartagena política puntualmente con José Julián Vásquez, como nos lo aseguraron tres fuentes conocedoras a las que consultamos por aparte.

Como lo hemos contado en La Silla Caribe, a Duque lo financió para llegar a la Alcaldía su hermano de crianza quien es visto desde entonces como el poder a la sombra en la Administración.

Vásquez, quien es abogado y tiene relaciones políticas con el clan Gnecco del Cesar, es conocido como “el rey de las licitaciones” por los conocimientos que dicen que tiene para armar licitaciones desde su oficina privada. Ese asunto él nos lo negó cuando le hicimos un perfil.  

A una semana de tener a Olimpo Vergara a cargo de la dirección de Control Urbano, el 1 de agosto de 2016, Manolo Duque le devolvió las funciones de control y vigilancia de las construcciones de la ciudad a esa dependencia. Lo hizo mediante el decreto 1110.

Tres meses después de esa movida, según la valla falsa que tenían publicada los constructores en el edificio que se cayó, arrancó la construcción que hoy tiene de luto a 21 familias.

Contactamos a Manolo Duque para conocer el por qué de esos dos decretos, pero no fue posible que nos atendiera. Le escribimos a su jefe de prensa y tampoco nos dio respuesta.

Lo que viene

Tras la tragedia de Blas de Lezo y ante la presión civil y política que se ha hecho sobre su administración, Manolo Duque ordenó controles más estrictos desde su gobierno.

Una de esas primeras acciones fueron las visitas a 75 construcciones en las tres localidades de la ciudad, que dejó al descubierto que las edificaciones ilegales en Cartagena están a la orden del día: de las 75 obras revisadas 48 se adelantan sin licencia y 15 “en situación irregular”, según informó la misma Alcaldía.

Por esas cifras y por las declaraciones del procurador Carrillo en las que habló de una “mafia de constructoras piratas”, lo que puede venir es el destape esa mafia y toda una supuesta red de licencias de la que ya se viene hablando en La Heroica.

Lo que se sabe en la ciudad de esa supuesta red es que estaría liderada por constructores astutos que, para hacerle el quite a la norma y no solicitar un permiso de construcción en las Curadurías, inician sus edificaciones con documentos falsos (como la valla del edificio de Blas de Lezo) y cuando están próximos a concluirla y necesitan hacer trámites notariales o de registro de inmuebles acuden a una figura legal denominada reconocimiento de edificaciones.

Ese reconocimiento es la actuación por medio de la cual el curador urbano declara la existencia de una edificación que se hizo sin licencias.

Para que este documento le sea otorgado a una construcción, la misma debe cumplir con varios requisitos: que se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud de reconocimiento y que lo obra no viole el POT ni tenga quejas de las autoridades encargadas de control.

Ahí es donde, según le explicó a La Silla Caribe un arquitecto cartagenero que conoce bien el tema, “se están presentando todo tipo de tramoyas (irregularidades). Se habla de testimonios falsos para sustentar antigüedad de la construcción y de dineros por debajo de la mesa para obtener certificados de visitas de inspección por parte de las autoridades competentes”, detalló la fuente que accedió a hablarnos bajo el anonimato.

Aunque hasta ahora no hay pruebas de eso, La Silla Caribe conoció que incluso ya algunos notarios de Cartagena le dijeron al Alcalde que les preocupan las irregularidades que rondan las entregas de algunas escrituras que podrían estar soportadas en documentos falsos.

“En una reunión de ahorita (anoche) los notarios dijeron que parece ser que hay ilegalidad en las escrituras de dos edificios: Portales de Blas de Lezo I (en el mismo barrio donde ocurrió la tragedia) y Shalom (en el barrio El Recreo)”, le detalló a La Silla Caribe una alta fuente del Palacio de la Aduana.

Por ahora, todo indica que están por escribirse más capítulos de esta tragedia en la que la opinión pública pide que caigan los responsables por acción, pero también por omisión.

Aunque nadie duda de las buenas intenciones del alcalde Manolo Duque, ahí se le puede enredar la pita.

Anoche Presidencia colgó en su página la hoja de vida del ingeniero caleño David Pinilla Calero para ser nuevo viceministro de Vivienda. Con esa inminente designación de una persona que no tiene experiencia previa en el área, el Gobierno muestra que el partido del ex vicepresidente Germán Vargas sigue manejando ese ministerio, aún con rumores de la posible salida de la ministra Elsa Noguera.

Pinilla es un ingeniero industrial que en sus diez años de carrera profesional ha trabajado en asuntos de turismo, de tecnologías de la información y de salud. Nada de vivienda. Y buena parte de su carrera la ha hecho a la sombra de las alianzas políticas de su papá, el concejal de Cali Carlos Pinilla Malo.

Hoy su aliado principal es el senador vallecaucano de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa. Pero antes, Pinilla Malo apoyó al destituido ex gobernador del Valle Juan Carlos Abadía.

De hecho, el primer puesto público del aspirante a Viceministro fue como asesor de planeación del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, Inciva entre agosto de 2009 y enero de 2011.

El Inciva es una entidad de la Gobernación del Valle que maneja seis centros de investigación, divulgación y turismo y que Abadía se lo había entregado políticamente al político tulueño Jairo Escobar Fernández.

Tras las elecciones de 2011, en las que venció el candidato de Abadía, Héctor Fabio Useche, Pinilla pasó a ser  secretario de Turismo del Valle, donde estuvo hasta julio de 2012, cuando Useche ya había salido del cargo después de que lo destituyó la entonces Contralora General, Sandra Morelli.

Y entre 2013 y 2016 fue gestor regional de TIC en el Valle, contratado por el MinTIC a instancias del senador Motoa, quien para ese momento había reemplazado a Abadía como el principal aliado del concejal Malo.

Actualmente, Pinilla, que se graduó del colegio en el 2001, maneja el Centro Médico Jamundí, que creó y manejó su padre, quien el año pasado fue presidente del Concejo de Cali.

Pinilla padre ha hecho toda su carrera en el liberalismo: fue concejal de Jamundí tres veces, diputado, senador gracias a una palomita que le dio José Renán Trujillo (hoy en Cambio) y concejal en Cali, donde era uno de los concejales de la cuestionada alianza -bautizada 'Mipichi'- con el liberal Orlando Chicango y el conservador Milton Castrillón.

También fue gerente de la Beneficencia del Valle con el gobernador liberal Ernesto González y miembro de la junta del Hospital Universitario del Valle. En 2015 alcanzó a ser precandidato liberal a la Alcaldía, pero al final retiró su aspiración (el aval terminó en manos de Roberto 'Chontico' Ortiz) y optó por seguir en el Concejo, al que fue reelegido con poco más de 8 mil votos.

Después de años de especulaciones, y de imaginación frecuentemente desbordada por parte de sus contradictores, el proyecto político de las Farc por fin asomó la cara. Y lo hizo en la forma de un texto formidable: las “Tesis de Abril. Por un partido para construir la paz y la perspectiva democrático-popular”.

Con este documento de 46 páginas, que contiene la reflexión preparatoria para la fundación del partido político de las Farc, los supuestos demonios del país fariano quedaron expuestos al escrutinio y la discusión pública. Pocas cosas tan saludables como esa en nuestro contexto de polarización.

Ya no hay más ambigüedades. Se encuentran allí la ratificación del proyecto comunista, la manifestación explícita del propósito de transformar radicalmente el sistema, la elegía a la propuesta bolivariana y una versión de la historia que ahora, y gracias al proceso de paz, podemos leer y discutir, sin con ello desafiar la legalidad ni ser cómplices del terrorismo.

Las tesis muestran que la organización fariana posee un pensamiento profundo y diverso, y que comprende con matices la realidad nacional e internacional. Se trata, sin duda alguna, de una pieza central para armar el rompecabezas del que podrá ser, si hacemos las cosas bien, el debate político del país en paz.

Para abrir el diálogo sobre este texto (que puede leerse desde muchos ángulos), propongo una consideración sobre la rebeldía y la paz.

En varios apartes de las “Tesis”, las Farc muestran que los fantasmas que se cernieron sobre la negociación no fueron exclusivos de las derechas. En su texto hay un feroz testimonio del que es el mayor de sus miedos: que el proceso de paz implique tan solo una entrega de armas y una absorción suya -  sin mayores consecuencias – por parte del sistema dominante.

Así lo explican de su puño y letra:

“[La implementación del Acuerdo Final] … se adelantará en medio de una aguda contienda política e intensa lucha de clases, en el que las facciones de las clases dominantes […] desplegarán todos sus esfuerzos para impedir que se logre desatar la potencia transformadora contenida en los acuerdos, y en el que otros sectores de esas clases pretenderán reducirlos a la simple absorción sistémica de nuestra rebelión armada tras su tránsito a la vida política legal, buscando limitarlos a un proceso de reincorporación guerrillera sin afectación significativa del orden social vigente en nuestro país” pp.26-27

Se trata de un asunto central. Las Farc ingresa a la negociación tras reconocer implícitamente que la lucha armada es una ruta inviable para transformar las estructuras del país y, al hacerlo, acepta al Estado como interlocutor válido para conversar sobre las transformaciones prendientes, así, desde su perspectiva, éste Estado sea una herramienta de dominación de las clases dominantes.

En el análisis táctico de los diálogos de paz, las Farc fue seguramente consciente de su posición de desventaja militar y de llegar a la mesa, si bien sin la derrota a cuestas, sin la capacidad real de realizar una revolución armada.

No se trataba de un diálogo en el que el rebelde ha puesto en jaque al establecimiento y, a cambio de la dejación de armas, le exige cambios profundos. La Habana fue más bien la conversación de dos viejos conocidos, incapaces de derrotarse entre sí. Una charla en la que se barajaron de nuevo las cartas acerca de lo que era posible o no pactar.

El rebelde triunfa o muere. Y ese es su destino trágico. Destino que, al parecer, está tan absurdamente bien incorporado por el ELN. En el triunfo, el rebelde desaparece y le deja a la sociedad un estado de cosas distinto. Lo demás es burocracia. En la muerte, en general con tintes heroicos, cobra caro su desaparición. Cuando las cosas suceden de otro modo, se trata de una suerte de domesticación.

Y pese al dolor que puedan sentir las Farc a propósito de este asunto, la verdad es que este proceso de paz demostró que la sociedad colombiana fue capaz de domesticar su proceso revolucionario.

Y lo hizo por muchas vías. Una, en cierto modo inesperada, fue la infiltración del narcotráfico en sus estructuras y proyecto, y la consecuente pérdida de legitimidad que debido a ello tuvo su lucha. Otra fue la del desarrollo paulatino del proyecto constituyente del 91 y el consecuente renacimiento en el debate público sobre la necesidad de repensar el desarrollo rural. Basta con leer el informe de recomendaciones de la Misión para la transformación del campo,https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/Informe-misi%C3%B3n-FInal.aspx para entender que el problema rural es una consciencia creciente en círculos muy diversos.

Lo que sucedió fue que la sociedad colombiana, en medio de un debate interno que aún no tiene un desenlace claro, fue labrando con dificultad las rutas de una profundización democrática que, aunque inconclusa, está muy por delante de los planteamientos que, sobre derechos, sostenibilidad y desarrollo, defienden las Farc.

Los debates que hemos tenido sobre bienes ecológicos y minería y sobre mecanismos de participación ciudadana, y las discusiones sobre derechos de las minorías y desarrollo rural, son sólo algunas muestras de que los verdaderos cambios se han comenzado a realizar en medio del desarrollo institucional. Y eso fue lo que hizo posible el acuerdo de paz.

En sus Tesis, las Farc aceptan la división de las élites, pero, desde su punto de vista, la élite con la que pactaron – que es su crítica principal al Gobierno, no desea una verdadera transformación. Esa es la élite que quiere que el sistema los absorba sin hacer mucho esfuerzo.  

A ellos se refieren de la siguiente manera:

“Sabemos que hay sectores políticos y económicos heterogéneos […] que, si bien están comprometidos con lo convenido y han demostrado voluntad política para su implementación inicial (normativa), tienen en mente un concepto de paz acotado principalmente al “desarme de las FARC” y a la materialización de algunas de las reformas de los acuerdos, por considerarlas modernizantes del régimen político y del propio modelo económico. Su visión de la transición de limita al remozamiento de la dominación de clase; a la apelación de la reforma para un mejor apuntalamiento del proyecto hegemónico; al perfeccionamiento de los procedimientos de la democracia liberal y a los dividendos económicos (y gananciales) de la paz” (p.45-46)

Esta visión, que pretende alejar de sí los temores de la domesticación, dista de ser fiel a la realidad. No sólo porque es imposible comprender a las élites como grupos homogéneos y claramente identificables, sino porque sí hay un importante grupo de colombianos y colombianas ansiosos de un verdadero cambio para el país.

Y no sólo son trabajadores de las clases menos favorecidas, ni miembros de las poblaciones aisladas y vulnerables. Son mujeres y hombres de las clases medias y de ciudades intermedias, científicos, profesores y trabajadores de bancos. Gente de negocios con grandes capitales, funcionarios públicos, ministros y trabajadores del salario mínimo. Todos ellos saben que nuestro sistema requiere un cambio, y comprenden la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la pobreza como los síntomas de una anomalía que hace falta atender con seriedad.

Qué distinto hubiera sido que las Farc aceptaran que la historia del país ya no necesitaba su proyecto armado y anunciaran que habían tomado la decisión de transformarse en una organización política legal porque comprendieron que el país estaba listo para hacer transformaciones importantes sin la necesidad de un fusil al lado.

Pero ese, por supuesto, es un relato muy poco poético para una organización tan concentrada en defender su rebeldía. Ojalá este acento no haga que su verdadero aporte, en este nuevo contexto, resulte apenas marginal.

Un proyecto de decreto del ministerio de Ambiente que tiene a los empresarios con los pelos de punta y que está a punto de salir porque ya está en la oficina jurídica de Presidencia y fue protocolizado hace quince días en la Mesa Permanente Indígena, le da un súper poder a las comunidades indígenas: van a poder fungir como autoridad ambiental no solo en sus resguardos, sino también en otras áreas en las que viven indígenas, pero no tienen titulados los territorios a su nombre.

Eso significa que los indígenas van a tener poder de veto en los territorios para que no entren megaproyectos si, según su criterio, eso generaría un daño grave e irreversible para el medio ambiente y para la integridad ambiental y cultural de sus pueblos.

El Gobierno les da este regalazo en respuesta a la negociación del paro de la Cumbre Agraria el año pasado y justo ahora, cuando los indígenas se han quejado porque no les han consultado los proyectos de ley que están pasando por fast-track en el Congreso para implementar los Acuerdos de Paz.

“Vemos este decreto como un gesto político importante si el Gobierno quiere que le ayudemos en avanzar su agenda legislativa”, dijo a La Silla Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic.

La Silla Vacía supo por una fuente del Gobierno que detrás de este decreto sí estaba el interés en superar el escollo de la consulta previa para el fast-track.

Pero el decreto desde ya ha despertado muchas críticas, sobre todo del lado de los empresarios, que están buscando una reunión con Santos para hacerle saber sus preocupaciones.

Tampoco se ha terminado de debatir entre los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y para eso pidieron al ministerio que les diera más plazo para presentar sus observaciones.

Lo que dice el decreto

El decreto dice que en los resguardos y en las áreas donde vivan uno o más pueblos indígenas que no se hayan constituido como resguardo, las autoridades tradicionales indígenas de esos pueblos serán autoridades ambientales en esos territorios.

La autoridad ambiental puede administrar, controlar, vigilar y sancionar dentro de sus territorios todas las acciones que tengan que ver con el medio ambiente y los recursos naturales.

“Se vuelven como unas Corporaciones Autónomas Regionales, pero indígenas”, dijo a La Silla un experto en medio ambiente.

Concretamente, si se saca este decreto, los indígenas van a poder formular planes de ordenamiento ambiental del territorio delimitado; firmar contratos con entidades públicas o privadas para ejecutar proyectos que tengan que ver con la protección del medio ambiente como recuperar una cuenca o un manglar; manejar la plata que les de el Gobierno y también la que venga de cooperación internacional para  la “protección y recuperación del medio ambiente”. Y una muy importante: regular si hacen presencia y si entran o no proyectos mineros o petroleros en sus territorios.

Para el caso de los resguardos como ya son tierras que los indígenas tienen tituladas, no tienen ningún procedimiento especial para convertirse en autoridad ambiental. El decreto dice que asumen directamente ese poder.

En concreto, eso podría afectar los intereses de multinacionales como Cosigo en Vaupés o la Anglo American en Putumayo, más muchos otros proyectos de minería a gran escala que pasan por territorios no solo indígenas, sino afros. http://lasillavacia.com/historia/asi-se-cruzan-los-indigenas-los-afros-y-la-mineria-48023

Para el caso de los pueblos indígenas que vivan en territorios que no tienen titulados, tienen que presentar a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del ministerio del Interior una solicitud para registrarse como “área poseída de los pueblos indígenas para protección ambiental y territorial”.

Esa solicitud debe venir acompañada de unos documentos en los que la autoridad indígena cuente dónde queda el territorio que quiere registrar, cuál es su extensión aproximada, donde viven las comunidades indígenas dentro del área, cuántos son, a qué pueblo indígena pertenecen y si en ese territorio hay familias o personas no indígenas.

La Dirección de Asuntos Indígenas mira si los documentos están completos. Si sí, tiene que registrar el área máximo en quince días hábiles y si no, le devuelve la solicitud a la comunidad para que haga los ajustes y la presente otra vez.

Ese proceso de registro también aplica para las comunidades indígenas que estén en zonas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés.

Que se conviertan en autoridad ambiental quiere decir que entran dentro del Sistema Nacional Ambiental del ministerio de Ambiente. Eso quiere decir que van a tener el mismo poder que hoy tiene una CAR para decidir, por ejemplo, cuánta agua concesionan o si un proyecto ambiental es viable o no.

“Como se convierten en autoridades, todo lo que se haga en ese territorio tiene que pasar por ellos”, dijo a La Silla un funcionario del ministerio del Interior que hace parte de la dirección de asuntos indígenas y no nos deja citarlo porque no es el vocero oficial.

Según ese mismo funcionario, con todas esas autoridades indígenas que pasen a ser también ambientales, no habría que hacer consulta previa porque en ese caso la comunidad indígena ya no sería un tercero al que el Gobierno está a obligado a preguntarle, sino una autoridad más por la que toca pasar.

Pero en territorios en los que las comunidades no se registren como “área especial” y tampoco vivan en un resguardo, la consulta previa se sigue haciendo como siempre.

Este decreto fue impulsado por el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, a quien La Silla ha buscado infructuosamente para conocer su versión sobre lo que significa y que si pasa tal como está, implica una rebarajada de poder.

La rebarajada de poder

Si el decreto sale tal como está, uno de los principales cambios es que si las autoridades indígenas se convierten en autoridades ambientales, eso le quitaría poder a las Cars.

Desde la debacle de la ola invernal de 2011, Santos ha prometido intervenir las Cars, y como hasta ahora no lo ha hecho por los callos políticos que toca, esta puede ser una forma de que ellas pierdan parte de ese poder y que al entregárselo a los indígenas, se reforme el Sistema Nacional Ambiental, Sina, por la derecha.

La Asociación de Corporaciones Autónomas (Asocars), que es la que las agrupa a todas las Cars en una sola vocería, no se ha pronunciado frente a este decreto porque no lo han terminado de revisar, pero sí han rechazado cualquier intento de reforma al Sina porque dicen que eso restringiría su autonomía.

Ramón Leal, director de Asocars, dijo a La Silla que hasta ahora están estudiando el decreto en las corporaciones y que a todas les pidió mandar sus observaciones. “Esperamos seguir siendo la autoridad en el territorio”, nos dijo.

Más allá de eso, una pregunta que todavía queda en el aire es si con este decreto la consulta previa pierde sentido en esos territorios porque las autoridades indígenas ya no serían un tercero interesado al que le preguntan, sino una autoridad más. Si es así, el gobierno se quitaría de encima el chicharrón que ha sido regular la consulta previa porque esta misma ley tendría que ser consultada.

A ese interrogante se suman los de los empresarios.

Los interrogantes

Desde la mirada de los indígenas este decreto es una victoria enorme porque les permite avanzar en un pulso que tienen con el Estado desde la Constitución de 1991 para ir ganando autonomía, como la que hoy tienen en sus resguardos, con justicia y presupuesto propio, por ejemplo.

Por eso este decreto, para ellos, es un primer paso para lograr algo mucho más ambicioso.

“La idea es que más adelante podamos convertir esas áreas especiales en las que hoy solo vamos a ser autoridades ambientales en resguardos”, dijo a La Silla Luis Fernando Arias, dirigente mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic.

Pero desde la mirada de los empresarios el decreto plantea serios problemas.

El primero es que si todo resguardo legalmente constituido se vuelve autoridad ambiental, se va volver inmanejable para cualquier empresa tramitar un permiso ambiental para hacer un megaproyecto en la zona.

Hoy el Sistema Nacional Ambiental del ministerio de Ambiente tiene, entre Cars (son 33) y autoridades ambientales urbanas (como las secretarías de ambiente) 41 entidades.

Si se aplica el decreto, los 849 resguardos que tiene el país según las últimas cifras del Dane de 2015, se convertirían en autoridades, con lo que sería mucho más difícil que haya coordinación entre tantas instituciones. Sin mencionar, las otras comunidades indígenas sin resguardo.

El segundo problema que ven ellos es que si las autoridades indígenas van a  poder decidir si entra o no una actividad técnica como la minería, la inseguridad jurídica para las empresas es incluso peor que la de ahora y más con consultas como la de Cajamarca en Tolima porque el poder de decisión de si se hace o no un proyecto ya no estaría en manos del Estado, sino de las comunidades en los territorios.

Eso representa un temor muy grande para ellos porque ningún empresario va invertir millones de dólares en un proyecto que no tiene verdaderas perspectivas de futuro.

Otra crítica que le hacen al decreto según supo La Silla Vacía, es que según la Contraloría hoy hay más de 3 mil normas ambientales que van desde el manejo de una cuenca hasta el de sus desperdicios, que se tendrían que aplicar en cada una de esas nuevas autoridades.

Además, si dentro de los territorios que no son resguardos vive gente que no es indígena, como comunidades negras o campesinos, que sean las autoridades indígenas las que decidan qué se hace y qué no en esos territorios en materia ambiental, puede aumentar la conflictividad.

Así que si el decreto lo firma Santos tal cual está, desde ya se anticipa que será un regalo a los indígenas que puede salirle caro al Gobierno con los empresarios.   

Una silla es más útil si hay una mesa. Por eso La Silla Vacía inicia hoy un nuevo experimento para usar otros lenguajes narrativos: La Mesa de Centro, un videoblog de opinón que dirige y produce Carlos Cortés, con la dirección creativa de David Moreno, y que sin salirse de la línea de La Silla Vacía de narrar cómo funciona el poder en Colombia, usará la sátira y el humor para contar historias con un tono diferente.

Cortés, que fue periodista y luego bloguero de La Silla Vacía, armó un equipo de cuatro personas para producir estos videos, con toda la libertad que tiene cualquier espacio de opinón. 

Este es el primero:

Mañana el partido del expresidente Álvaro Uribe arranca a definir su futuro de cara a las presidenciales y las parlamentarias de 2018, en las que creen que después de la victoria del No en el plebiscito pueden llegar a segunda vuelta y ser la mayoría en el Congreso (hoy son la cuarta fuerza con 40 congresistas, después de La U, los liberales y los conservadores).

Aunque esta será la primera de varias reuniones que tendrán, con la de mañana, Uribe con la nueva dirección (un grupo de al menos 30 personas) medirá el pulso de su bancada, de sus militantes y del camino que arrancan a recorrer para retomar el poder en 2018. Estas serán las cinco Chivas del evento:

El objetivo del proceso de paz era que las Farc se convirtieran en un partido político y así dejar de buscar el poder por medio de las armas.

Para entender cómo será ese partido que ya aprobó el Congreso y las posibilidades electorales que tendrán en el 2018 invitamos a dos expertos en el tema a La Pepa. Ellos son Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía y director del Instituto de pensamiento liberal y Mario Puerta, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El mantra diario del cartagenero promedio es “todo va a fallar”. Y no, esto no es un síntoma de pesimismo, sino del realismo más básico. La elección de cargos públicos es una broma, la movilidad es un desastre, el sistema de salud es menos que deficiente y tenemos la peor calificación en temas de educación del país. Eso sin contar que la seguridad es una tarea pendiente, no de esta, sino de varias administraciones hacía atrás.

A pesar de esto, el desplome de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo alarmó hasta a los más acostumbrados al fracaso. Y no es para menos: veintiún personas han muerto, hubo veintitrés heridos y los responsables siguen libres porque no se sabe con cuál de todos se debe empezar el proceso. Hasta el dueño del proyecto, Wilfran Quiroz, está desaparecido y nadie parece saber dónde está. 

Frente al escenario ya desolador, existen múltiples formas de abordar el problema. La mayoría ha denunciado, y con toda la razón, lo que todos sabemos: la administración pública y el sector privado están plagados de corruptos. Según la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Colombia hay una mafia que está construyendo ilegalmente, no solo en Cartagena, sino en varias ciudades del país. De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Manolo Duque después del incidente, se reportaron 48 obras que están siendo levantadas ilegalmente y a muchas de las que tienen licencia les falta documentación.

Sin embargo, existe un factor aún más escabroso que la mayoría de los cartageneros no tomamos en cuenta a causa de nuestra ya acostumbrada actitud de derrota: la negligencia es tan peligrosa y asesina como un arma cargada en las manos de un psicópata. 

El Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad data de 2001 y tiene componentes que se debían cumplir al corto, mediano y largo plazo. Este último venció en 2015 y la administración de Manolo tiene hasta finales de este año para presentar un proyecto nuevo. Aunque la Secretaría de Planeación ya empezó la contratación de estudios urbanos a través de Findeter para el nuevo proyecto, existen instrumentos legales que le permitían a la alcaldía hacer ajustes al POT actual. Es evidente que después de dieciséis años el Plan se ha quedado pequeño en una ciudad que ha crecido territorial, económica y demográficamente de manera exponencial.

Si es cierto que para construir se necesita emitir una licencia, que tener una falsa es un acto ilícito y que aparentemente hay pruebas para decir que hay una mafia en el sector de la construcción, la alcaldía también tiene la obligación de hacer revisión constante al sinnúmero de obras que se construyen en la ciudad. Pero frente a esto existen dos grandes factores que dificultan el proceso.

El primero es la inseguridad jurídica, que se refleja en la arbitrariedad para designar responsables sobre el control urbano. Esto quiere decir que un día esto le toca a uno y al día siguiente al otro. Hasta ahora, quién se encargara de esta tarea era un tema menor y se hace poco o nunca, por eso hasta que no pasó el accidente no estaba claro cuántas obras sin licencia habían en la ciudad.

Lo segundo es que no existen herramientas suficientes para hacer el control necesario. La Dirección de Control Urbano no tiene don de mando sobre los responsables de esta tarea y además, no tienen los recursos para realizarla. Según algunos funcionarios de la Secretaría de Planeación, a veces hay que rogar para poder recibir algo de presupuesto, no hay vehículos para hacer las visitas necesarias, solo hay dos personas trabajando en la Dirección (lo demás es contratación externa, lo cual es también sospechoso), y la ahora ex Secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, controlaba los recursos como ella quería, sin ningún tipo de previsión.

La incompetencia parece ser, en algunos casos, un requisito obligatorio para quienes están encargados de garantizarnos a los cartageneros una vida digna, una ciudad en orden, un día laboral seguro. Hemos estado en manos de un equipo negligente que en apariencia ve con desdén y pereza su obligación de poner atención en los detalles, por pequeños que sean. Incompetentes que le hubieran salvado la vida a las más de veinte personas que murieron en el desplome del edificio de Blas de Lezo, y quién sabe a cuántas más de las que mueren por falta de atención médica o, por lo menos, a alguna de las 258 personas que fueron asesinadas en la ciudad el año pasado.

Ante esta situación, vale la pena asumir nuestra responsabilidad como sociedad civil. Levantar la voz no es de mala educación cuando no estamos siendo escuchados. El mantra diario de los que respetan su vida debería ser desde ahora y en honor a los veintiún asesinados por la corrupción y la negligencia: “soy cartagenero, hoy voy a hacer cumplir mis derechos”.

En Colombia cuando a un funcionario público le piden que haga algo siempre piensa en qué abogado contratar para que prepare el proyecto de ley. A la voz de tener que hacer una política de desarrollo rural integral que está prevista en el punto 1 del acuerdo con las Farc salieron con ¡un proyecto de 168 artículos! y, claro, la discusión que se armó amenaza con impedir el cumplimiento de ese compromiso.

En general, como en muchos otros temas, en esta materia no se necesita una nueva norma sino la aplicación de las existentes que están vigentes desde hace ochenta años. Seguramente serán necesarias algunas modificaciones legales para resolver absurdos obstáculos que se presentan en la aplicación práctica, más por interpretación enrevesada que hace algún burócrata que porque la ley dice lo que él dice que dice.

Lo curioso es que ese ejercicio ritual de expedir leyes que resultan inútiles se lo creen todos: los que las proponen y los que las critican y se trenzan en un debate que parece de verdad. Así está pasando con el proyecto que prepararon en el Ministerio de Agricultura. Después nadie se preocupa porque eso que queda escrito se cumpla, así fue en 1936, cuando los discursos eran virulentos y parecidos a los de ahora, así fue con la reforma agraria de los años 60, así fue en la Constituyente y cuando se debatió la Ley 160 de 1994.

Los miembros de las Farc ya andan enredados en lo mismo. Dicen que en la Comisión de seguimiento al cumplimiento del acuerdo le han gastado horas a discutir parágrafo por parágrafo un proyecto que en al menos el 80% de su contenido ya está en otras normas vigentes. Han repetido el discurso de las injusticias del campo y dicen que el proyecto va en contravía de lo que se pactó en La Habana.

El Centro Democrático, que legítimamente representa a los terratenientes, como que su presidente – fundador es uno de ellos, aprovechó para revivir la discusión de siempre: que si los van a expropiar, que si las tierras improductivas también, que qué tanta tierra van a poder acumular, que si toca preguntarles a los campesinos o a los indígenas, que si la expropiación se puede por vía administrativa y concluyeron con la sentencia tipo: es un proyecto castrochavista.

Sería interesante si la lectura del proyecto se hiciese borrando lo que ya existe en alguna parte de la legislación y lo que además se pudiera hacer a través de algún decreto reglamentario. La discusión quedaría reducida prácticamente a nada.

Colombia tiene uno de los regímenes jurídicos más progresistas en materia de derecho de propiedad: la define como una función social lo que ha permitido desarrollar la extinción del dominio, permite la expropiación por interés social o utilidad pública, autoriza que la expropiación se haga por vía administrativa y que la indemnización no sea plena, sino que se calcule de acuerdo con los intereses de “la comunidad y del afectado”.

A eso hay que sumarle un largo conjunto de normas constitucionales y legales que establecen la protección de los campesinos, de la economía campesina, de la propiedad solidaria y cooperativa, incentivos en el crédito, asistencia técnica, apoyo en la comercialización, etc, etc, etc

Fue López Pumarejo en 1936, no el fantasma de Chávez en 2017, el que introdujo en la Constitución la posibilidad de que la expropiación, “por razones de equidad”, se hiciera sin indemnización y fue en esa llamada “revolución en marcha” en que la que se ordenó que las tierras improductivas podían pasar gratuitamente a propiedad del Estado. Fueron Lleras Camargo y después Lleras Restrepo los que adoptaron una legislación de tierras más progresista que la que se propone ahora y crearon el Incora para desarrollar una reforma agraria, no mediante la adjudicación de baldíos sino mediante la compra o la expropiación de tierras a terratenientes para adjudicársela a campesinos.

Fue Gaviria el que, en el proyecto de Constitución que puso a consideración de la Asamblea Constituyente, propuso que la expropiación se hiciera por vía administrativa y que la indemnización no fuera plena para que fuera no solo un método de redistribución de tierras, sino además un mecanismo de redistribución de la riqueza. Esa fórmula de que la indemnización se calcule teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del afectado, que permite que a una persona que le expropien un terreno no le paguen lo que vale sino menos se copió de la muy capitalista constitución alemana, que consagra una fórmula igual.

Después, ni se aplicó el concepto de función social para extinguir el dominio de las tierras improductivas, ni se hizo la reforma agraria, ni se ha hecho expropiación por vía administrativa, ni se ha expropiado sin que la indemnización sea plena todo lo contrario casi siempre resulta un gran negocio para el propietario que lo expropien como resultaba un gran negocio para los propietarios que los “incoraran”, que es como se llamaba coloquialmente la acción de comprar tierras para adjudicar a campesinos.

La discusión es muy curiosa: el gobierno propone unas cosas que ya están como la del artículo 4 que dice lo que está dicho, desde el primer artículo de la Constitución, que: “las acciones y normas en materia de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural tienen por finalidad el bien común y por lo tanto el bienestar colectivo prima sobre el bienestar particular,” y el editorialista de La República, de propiedad de un grupo económico, asociado también a la propiedad de la tierra, se escandaliza ¡Habrase visto!

Mientras la temeraria columna móvil, Jacobo Arenas, de las FARC está a salvo en un resguardo indígena del Cauca, en el resto del departamento la paz está amenazada.

Adentro

En la cocina improvisada del campamento de Los Monos, el desayuno de los guerrilleros viene acompañado de quejas. El paisa, Antonio Ospina, 29 años, pantalón camuflado y revólver al cinto, las empieza a enumerar: que la comida que les llevaron en un inicio llegaba en mal estado. Que ellos no están acostumbrados a comer enlatados, sino productos frescos y "orgánicos". Que el agua viene cargada de bacterias y parásitos y residuos de metales. A pesar de ello, algunos se quejan también que la comida se les empieza a notar en la barriga, las caderas, los cachetes. Quizás los únicos que mantienen el estado físico de las marchas son los que están entrenando para correr la media maratón de Bogotá.

Las quejas pueden ser el primer síntoma de que están en transición. Atrás quedaron los días errantes, con el fusil y el morral al hombro. Sobrevivieron a la guerra. Y ahora, asentados y protegidos en las zonas veredales, no paran de criticar el sistema contra el que decían luchar, en armas, en nombre de millones que lo padecen.

Los problemas digestivos los han tratado los enfermeros guerrilleros, en ausencia de un médico permanente porque apenas están construyendo el puesto de salud, y no son nada al lado de lo que sufren los lisiados de guerra. Hay guerrilleros con esquirlas entre las vértebras y en el cerebro, algunos perdieron la vista parcialmente, tienen fracturas severas y hay varios amputados. Llevan años esperando una operación, una prótesis, que les permita caminar mejor, ver de nuevo, sentir menos dolor. Necesitan la atención y experticia de un especialista y, para eso, en Colombia, hay que esperar meses.

"Bienvenida a mi sistema de salud," le dijo jocosamente el coronel del Ejército, Luis Vanegas, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de los acuerdos, a su compañera de misión, la guerrillera Mireya Andrade. Ella supervisó la tortuosa afiliación de sus compañeros -con seudónimos- a la empresa prestadora de salud en la región del sur occidente colombiano y es quien hace seguimiento al difícil proceso de asignación de consultas y chequeos médicos. La prioridad son las embarazadas.

En la cocina del campamento, una guerrillera de pantalones negros y camisa rosada, con una pancita incipiente, alza en sus brazos a una niña malgeniada porque tiene sueño. Se llama Nataly y es la hija de otro compañero.Todos cuidan a los hijos de esa gran familia fariana, que en tiempos de paz se está multiplicando rápidamente. La guerrilla arrendó una casa para albergar a las mujeres que han dado a luz y pertenecen a cualquiera de las cinco zonas de transición en la región del sur occidente. En este momento hay ocho bebés recién nacidos en la casa. Esperan a otros doce.

En Los Monos, uno de cada seis es un niño y están empezando a vivir con sus papás por primera vez.  Una niña de unos 8 años, fotocopia de su mamá, no se le despega. La acompaña a repartir el almuerzo a los demás compañeros. Otro niño juega solo, alrededor de la silla donde su papá se sienta a conversar con otro. Es raro verlos en medio de lo que aún es un campamento guerrillero, custodiado por varios fusiles.

Los hijos de la columna móvil Jacobo Arenas serán los que estrenen la primera "ciudadela de paz" en el Cauca. La de Los Monos es la que está más avanzada, en comparación con la de La Elvira, cerca a Buenos Aires, y la de Monteredondo, en Miranda, que prácticamente está en ceros, luego de que el terreno cediera por el mal clima. En Los Monos también han sufrido atrasos pero ya están las planchas, las vigas, las tejas. Algunas ya tienen paredes de paneles prefabricados pero aún faltan las puertas y ventanas. Una vez esté lista, empezarán a construir la segunda ciudadela, dentro de otro resguardo indígena vecino, en la vereda de Santa Rosa, mucho más cerca al casco urbano de Caldono, cuya estación de policía ellos mismos atacaron tantas veces.

Unos 140 guerrilleros, de 438 que hay en la zona, son los que están trabajando en las obras, siguiendo instrucciones de un maestro de obra, fácilmente reconocible porque anda de casco amarillo. Dice el paisa Antonio que ojalá les reconozcan a los compañeros ese trabajo con un diploma como técnicos de construcción. Y que el gobierno responda por no haber tenido listos los campamentos para ellos. "Exigimos que también les den alguna remuneración a la gente que vive aquí, y que por nosotros estar ocupando estos terrenos adicionales, no está produciendo nada", dice.

Ninguno responde qué va a pasar con esos terrenos una vez termine el proceso de dejación de armas. ¿El Estado va a seguir pagando los arriendos por cuánto tiempo? ¿Las FARC van a asumir esa renta o van a comprar los predios donde están construyendo sus "ciudadelas de paz" y de donde no tiene ninguna intención de salir?

La guerrilla dice que el incumplimiento del gobierno en la construcción y adecuación de las zonas veredales es lo que ha retrasado el cronograma para dejar las armas en los containers de la ONU. En Los Monos no  han guardado todos los fusiles, ni lanza granadas, ni el resto del arsenal que la Jacobo Arenas transportó en un camión cuando hizo el viaje desde el punto de pre concentración hasta esa zona, el pasado 28 de enero. 

Cada 24 horas, el oficial argentino de la Misión de la ONU destacado en ese campamento, pasa revista al armamento, identificado con etiquetas y registrado en un listado. Hasta el momento, en esta primera etapa, las FARC han entregado 140 fusiles en todo el país. ¿Cuántos de esos entregaron en este campamento, a punto de cumplirse el día D+150? El argentino no puede decirlo. Las Farc tampoco lo dice, pero guerrilleros y observadores internacionales, tanto en el campamento como en la sede del Mecanismo de Monitoreo de la región afirman, algunos hasta empeñan su palabra, que antes de que se acabe el día D+180 van a cumplir. Eso sí, será sin fotos. "Lo vamos a hacer al estilo criollo y sin shows mediáticos," dice Mireya.

Níder Martínez, de 29 años, dos hijos, y una cicatriz en el cachete derecho, es de los pocos guerrilleros que ya dejaron su fusil. Dice que no le costó. "Las armas nos están estorbando para salir a trabajar con la gente." El ya lo hace, está en otra cosa, más política, más empresarial. Níder tampoco tiene ya una orden de captura. De jeans claros, camisa floreada, una mochila de colores y una gorra con el rostro del Che Guevara, va y viene entre el campamento y los pueblos más cercanos. Pasa los retenes militares sin problemas. Ya tiene sus papeles.

Los guerrilleros de la Jacobo Arenas, que fueron el terror en la región, hoy están a salvo dentro de los resguardos. Además del anillo de seguridad del Ejército -que cuida los retenes y anda patrullando de uniforme kaki, en vez del verde oscuro que usó para la guerra- cuentan con una protección adicional que no tienen las FARC en el resto del país: la guardia indígena. Como dice uno de ellos:"Permitimos que cualquiera entre a la zona, pero quién sabe si salga".

Afuera

Los peligros, las amenazas, los obstáculos para que esa paz no se quede solo por escrito, están más afuera de las zonas veredales de transición que adentro. Si bien el Estado ha incumplido con los campamentos y la guerrilla se ha retrasado en la dejación de armas, la paz sobrevive. Pero a medida que se amplía el foco, al menos en el Cauca, está más que amenazada.

No hay que salir del mismo resguardo para empezar a encontrar conflictos. La paz fracturó al liderazgo indígena, tanto a nivel local como nacional. Tres gobernadores de los resguardos de esa zona estuvieron a favor de prestar su territorio y tres en contra, como también lo sigue estando el Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Los gobernadores hicieron consultas con las FARC, fueron a La Habana, hicieron mingas y foros con la comunidad y esta aceptó, no sin muchos temores, que dejaran hacer allí las zonas de transición, entre otras razones porque muchos de los integrantes de la Jacobo Arenas son indígenas. Algunos fueron reclutados, otros se unieron voluntariamente.  

"Ellos no vienen a mandarnos a nosotros, ahora nosotros los mandamos a ellos," dice sobre las FARC el gobernador de San Lorenzo de Caldono, Oscar Dizu Chocué. Para él es una oportunidad de reforzar la autoridad sobre el territorio que antes asediaron y espera que la guerrilla se comprometa a decir la verdad sobre los crímenes que cometieron y que esté dispuesta a reparar el daño que hicieron, trabajando con la comunidad en proyectos de desarrollo agrícolas. Las FARC le han dicho que van a quedarse "por un tiempo", pero no le han dicho cuanto. "Si no hay líos, pueden quedarse", dice.

Pero no todos están de acuerdo ni son tan optimistas. "Hay problemas por todos lados", dice el alcalde del municipio de Caldono, Paulo Piso. Los caldoseños están molestos porque los camiones que transportan los materiales para construir la ciudadela guerrillera dañaron las precarias vías veredales por donde solo circulan motos y chivas. A principios de abril, la gente decidió trancar la carretera en protesta e impidieron el paso hasta del carro del oficial argentino de Naciones Unidas.También le reclaman al alcalde por el acueducto, cuyos diseños, admite él, apenas los entregarán esta semana. La paz generó demasiadas expectativas para la gente de la región, que votó ampliamente por el Sí en el plebiscito, entre otras razones para que el Estado que siempre los ha ignorado, empiece a ponerles atención.

Quizás lo logren los 18 panfletos que han aparecido en el departamento en los últimos dos meses, algunos de ellos firmados por las Aguilas Negras o las AUC, advirtiendo, entre otras cosas, que nadie puede circular después de las 7 pm. A los gobernadores indígenas del resguardo de Pueblo Nuevo y de Pioyá los amenazaron de muerte. No son los únicos en la mira. Otros funcionarios públicos, alcaldes y concejales de otros municipios caucanos, incluso empleados de la gobernación, también han recibido correos electrónicos intimidantes.

Los más amenazados, sin embargo, son los líderes sociales de la región -indígenas, afros, campesinos y miembros de otras organizaciones. En lo que va corrido del año, al menos siete han sido asesinados. Como también están empezando a matar a familiares de guerrilleros, a un excombatiente indultado que había salido de la cárcel y a un miliciano de las FARC, precisamente en Toribío.

Las organizaciones sociales están indignadas. El jueves pasado, en Popayan, varias de ellas se reunieron, en el Congreso Regional de Paz,  la versión local del Congreso Nacional a cuya clausura en el capitolio no dejaron entrar a los comandantes de las FARC y el ELN. Los delegados de las ongs en la región se quejaban de la indiferencia del resto del país ante los peligros que enfrentan: "Esta es una sociedad que no acompaña la labor de defensa de los derechos humanos. Pareciera que no reconocen el impacto de las muertes de los líderes," decía la relatora de la mesa de seguridad. Para ellos lo que está pasando no es otra cosa que la oposición al proceso de paz de la derecha, aliada con el paramilitarismo y su violencia sistemática. Y se quejan de que el Estado no solo no está haciendo lo suficiente para combatirlo. Lo niega.

"Cada homicidio que hay se está vinculando a un tema de derechos humanos y a medida que investigamos está más relacionado con minería ilegal o narcotráfico. No les ha gustado a las organizaciones sociales que les digamos que no han sido asesinados por su liderazgo. Nos negamos a esa sistematicidad," dice Raúl González, director de la Fiscalía del Cauca. Afirma que de los 46 asesinados el año pasado, solo en 13 casos era claro que eran líderes en sus comunidades. "No vemos claro que estén siendo asesinados por motivos políticos," añade Felipe Vernaza, investigador del Sistema de Alertas de la Defensoría del Pueblo en el Cauca. 

Las diferencias políticas entre los movimientos sociales del departamento y el Estado siempre han sido difíciles. Esfuerzos recientes de concertación, como el Plan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca, (Pedenorca) en el que empezaron a trabajar hace dos años y que tenía proyecciones hasta el 2032, no han funcionado. "Las organizaciones sociales se salieron y el plan reventó," dice Rodrigo Ante, investigador del Instituto de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana de Cali y quien ha hecho seguimiento en la región al proceso de paz desde hace dos años. La situación de violencia reciente solo ha empeorado aún más esa tensa relación.

Tanto observadores académicos, la gobernación del Cauca, la Fiscalía, y la sede regional de la Defensoría del Pueblo, coinciden en que lo que está pasando es un reacomodo de poder en el territorio que ocupaba las FARC, que en algunos momentos llegaron a controlar el 70 por ciento del departamento. La fuerza pública ha podido entrar en algunas veredas que anteriormente estuvieron vetadas, pero no han llegado a todas, en donde otros actores armados ilegales ya están entrando. 

Hace dos semanas, en la zona de Toribio, aparecieron entre ocho y diez hombres vestidos de negro, otros de camuflado, con armas largas. Decían que eran del EPL, aunque esa guerrilla nunca ha actuado en el Cauca y, según investigaciones preliminares, gracias a algunos videos y fotos, algunos de ellos fueron identificados como disidentes del frente sexto de las FARC. Un poco más al norte, en cercanías de Miranda, donde está el punto de transición, aparecieron hace unos meses graffitti de las AUC y del ELN, que tradicionalmente ha estado en el sur del departamento. Hay quienes afirman que estos también son desertores de las FARC que están operando con un nuevo brazalete.

"No podríamos decir si los están reclutando en el ELN. Pero viendo que reúnen las condiciones, es muy posible porque es gente que tiene capacidad de combate, disciplina y cierto nivel de entendimiento político," admite Francisco González, más conocido como el comandante "Pacho Chino" de las FARC. Dice que en el Cauca no hay un grupo disidente de milicias, aunque reconoce que sí hay milicianos, expulsados de la guerrilla tiempo atrás, que ahora parecieran estar integrando los nuevos grupos.

Además de estos actores armados -sean nuevos o reciclados- hay preocupación por la presencia de personas con acento paisa y camionetas de alta gama con placas de Antioquia o del Eje Cafetero en algunos municipios del departamento, ligadas a presuntas bandas criminales aliadas del narcotráfico. Pequeñas pandillas de delincuencia común, que antes eran perseguidas por la guerrilla, también han aumentado su poder en distintos municipios y esto ha traído más violencia. Durante los primeros dos meses del año, el índice homicidios en el departamento aumentó en un 12.5 por ciento, respecto al año pasado.

Las Fuerzas Armadas, al menos en el sur occidente, no han tenido un día de respiro desde que se firmó la paz. La guerra sigue contra tres frentes del ELN, el José María Becerra, Manuel Vásquez Castaño y Comuneros del Sur. Ultimamente han hecho operaciones para destruir la maquinaria de la minería ilegal, especialmente en zonas como Timbiquí. Y continúa operaciones para tratar de frenar el narcotráfico, que ha construido laboratorios y cristalizadores en esta regió del país, que es la principal productora de cultivos de coca y marihuana.

Esa es la razón principal por la que los nuevos grupos y bandas se están trasladando al Cauca, en donde en el último año, se dispararon los cultivos, especialmente en municipios como Corinto, Argelia y Miranda. En algunos casos, la perspectiva de acogerse al nuevo programa de sustitución de cultivos, que entrega más de 30 millones de pesos en compensación, fue lo que incentivó la siembra. Otros, que habían dejado de sembrar, volvieron a hacerlo cuando ganó el No en el plebiscito. Mientras tanto, el gobierno continuó con su política de erradicación forzosa, enviando batallones a destruir los cultivos, lo que ha provocado enfrentamientos entre los cultivadores y la fuerza pública.

"La orden es erradicar este año 3.200 hectáreas de coca en Cauca, Valle y Nariño," dice el General Luis Fernando Rojas, Comandante de la Tercera División del Ejército, responsable por esta región del país. En el Cauca han erradicado 603 hectáreas hasta la fecha, aunque dice que no han iniciado una erradicación general, porque tienen que respetar los aproximadamente 10.000 acuerdos que los campesinos firmaron para empezar la sustitución. "Una vez los tengamos bien definidos, vamos a erradicar donde no hay acuerdos."

Pero mantener las dos estrategias simultáneas ya está creando nuevos conflictos y confusiones. "EL punto cuatro del acuerdo propone una solución concertada, ¿pero que están haciendo? ¿Cuál solución política es esa cuando mandan a los militares a arrancar la coca? Yo mismo trabajo con las comunidades para que se cumplan los acuerdos. Pero por las malas no lo van a lograr", dice Cristobal Guamanga, dirigente de la organización campesina, Fensuagro, en el Cauca.

Mientras haya cultivos, mientras haya minería ilegal, y las rentas de ambas sean tan lucrativas, no habrá paz en estos territorios, por más que el Estado empiece a combatir los nuevos grupos o lo hagan, en su ausencia, las propias comunidades. Los indígenas tienen su guardia establecida desde hace años. Siguiendo el ejemplo, las comunidades afro quieren crear sus guardias cimarronas y en algunos sectores, como en Miranda, los campesinos están hablando de crear sus propios esquemas de seguridad. "Todos los grupos quieren lo mismo que los indígenas, control de los territorios, guardias. Algunos hablan de crear sus propias cooperativas de seguridad privada pero eso no lo podemos permitir", dice el fiscal González, sobre lo que está sucediendo en ciertas zonas que las FARC "protegían" a punta de fusil.

El único disparo que ha habido por parte de las FARC, en todo el país, fue el del guerrillero despechado en el campamento de La Elvira. La versión de las FARC -porque la Fiscal delegada no logró entrar a la zona sino hasta varias horas después- es que trató de agredir a su pareja al enterarse que ya estaba con otro y terminó disparándose a si mismo. La bala penetró una de sus vértebras y ahora está en una silla de ruedas y fuera del campamento, esperando una terapia.

Las fuerzas armadas también han cumplido su palabra y, hasta el momento, se ha mantenido el cese al fuego. En ambas partes existe la convicción y la voluntad -y no es poco- que no quieren volver a la guerra. Pero eso no es lo mismo que encontrar la paz que, al menos en el Cauca, está esquiva.

Adentro

En la cocina improvisada del campamento de Los Monos, el desayuno de los guerrilleros viene acompañado de quejas. El paisa, Antonio Ospina, 28 años, pantalón camuflado y revólver al cinto, las empieza a enumerar: que la comida que les llevaron en un inicio llegaba en mal estado. Que ellos no están acostumbrados a comer enlatados, sino productos frescos y "orgánicos". Que el agua viene cargada de bacterias y parásitos y residuos de metales. A pesar de ello, algunos se quejan también que la comida se les empieza a notar en la barriga, las caderas, los cachetes. Quizás los únicos que mantienen el estado físico de las marchas son los que están entrenando para correr la media maratón de Bogotá.

Las quejas pueden ser el primer síntoma de que están en transición. Atrás quedaron los días errantes, con el fusil y el morral al hombro. Sobrevivieron a la guerra. Y ahora, asentados y protegidos en las zonas veredales, no paran de criticar el sistema contra el que decían luchar, en armas, en nombre de millones que lo padecen.

Los problemas digestivos los han tratado los enfermeros guerrilleros, en ausencia de un médico permanente porque apenas están construyendo el puesto de salud, y no son nada al lado de lo que sufren los lisiados de guerra. Hay guerrilleros con esquirlas entre las vértebras y en el cerebro, algunos perdieron la vista parcialmente, tienen fracturas severas y hay varios amputados. Llevan años esperando una operación, una prótesis, que les permita caminar mejor, ver de nuevo, sentir menos dolor. Necesitan la atención y experticia de un especialista y, para eso, en Colombia, hay que esperar meses.

"Bienvenida a mi sistema de salud," le dijo jocosamente el coronel del Ejército, Luis Vanegas, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de los acuerdos, a su compañera de misión, la guerrillera Mireya Andrade. Ella supervisó la tortuosa afiliación de sus compañeros -con seudónimos- a la empresa prestadora de salud en la región del sur occidente colombiano y es quien hace seguimiento al difícil proceso de asignación de consultas y chequeos médicos. La prioridad son las embarazadas.

En la cocina del campamento, una guerrillera de pantalones negros y camisa rosada, con una pancita incipiente, alza en sus brazos a una niña malgeniada porque tiene sueño. Se llama Nataly y es la hija de otro compañero.Todos cuidan a los hijos de esa gran familia fariana, que en tiempos de paz se está multiplicando rápidamente. La guerrilla arrendó una casa para albergar a las mujeres que han dado a luz y pertenecen a cualquiera de las cinco zonas de transición en la región del sur occidente. En este momento hay ocho bebés recién nacidos en la casa. Esperan a otros doce.

En Los Monos, uno de cada seis es un niño y están empezando a vivir con sus papás por primera vez.  Una niña de unos 8 años, fotocopia de su mamá, no se le despega. La acompaña a repartir el almuerzo a los demás compañeros. Otro niño juega solo, alrededor de la silla donde su papá se sienta a conversar con otro. Es raro verlos en medio de lo que aún es un campamento guerrillero, custodiado por varios fusiles.

Los hijos de la columna móvil Jacobo Arenas serán los que estrenen la primera "ciudadela de paz" en el Cauca. La de Los Monos es la que está más avanzada, en comparación con la de La Elvira, cerca a Buenos Aires, y la de Monteredondo, en Miranda, que prácticamente está en ceros, luego de que el terreno cediera por el mal clima. En Los Monos también han sufrido atrasos pero ya están las planchas, las vigas, las tejas. Algunas ya tienen paredes de paneles prefabricados pero aún faltan las puertas y ventanas. Una vez esté lista, empezarán a construir la segunda ciudadela, dentro de otro resguardo indígena vecino, en la vereda de Santa Rosa, mucho más cerca al casco urbano de Caldono, cuya estación de policía ellos mismos atacaron tantas veces.

Esta es la "ciudadela de paz", en medio del resguardo indígena de Pueblo Nuevo, que la guerrilla está terminando de construir. Es la más avanzada de los tres puntos de transición que hay en el Cauca.

Unos 140 guerrilleros, de 438 que hay en la zona, son los que están trabajando en las obras, siguiendo instrucciones de un maestro de obra, fácilmente reconocible porque anda de casco amarillo. Dice el paisa Antonio que ojalá les reconozcan a los compañeros ese trabajo con un diploma como técnicos de construcción. Y que el gobierno responda por no haber tenido listos los campamentos para ellos. "Exigimos que también les den alguna remuneración a la gente que vive aquí, y que por nosotros estar ocupando estos terrenos adicionales, no está produciendo nada", dice.

Ninguno responde qué va a pasar con esos terrenos una vez termine el proceso de dejación de armas. ¿El Estado va a seguir pagando los arriendos por cuánto tiempo? ¿Las FARC van a asumir esa renta o van a comprar los predios donde están construyendo sus "ciudadelas de paz" y de donde no tiene ninguna intención de salir?

La guerrilla dice que el incumplimiento del gobierno en la construcción y adecuación de las zonas veredales es lo que ha retrasado el cronograma para dejar las armas en los containers de la ONU. En Los Monos no  han guardado todos los fusiles, ni lanza granadas, ni el resto del arsenal que la Jacobo Arenas transportó en un camión cuando hizo el viaje desde el punto de pre concentración hasta esa zona, el pasado 28 de enero. 

Cada 24 horas, el oficial argentino de la Misión de la ONU destacado en ese campamento, pasa revista al armamento, identificado con etiquetas y registrado en un listado. Hasta el momento, en esta primera etapa, las FARC han entregado 140 fusiles en todo el país. ¿Cuántos de esos entregaron en este campamento, a punto de cumplirse el día D+150? El argentino no puede decirlo. Las Farc tampoco lo dice, pero guerrilleros y observadores internacionales, tanto en el campamento como en la sede del Mecanismo de Monitoreo de la región afirman, algunos hasta empeñan su palabra, que antes de que se acabe el día D+180 van a cumplir. Eso sí, será sin fotos. "Lo vamos a hacer al estilo criollo y sin shows mediáticos," dice Mireya.

Níder Martínez, de 29 años, dos hijos, y una cicatriz en el cachete derecho, es de los pocos guerrilleros que ya dejaron su fusil. Dice que no le costó. "Las armas nos están estorbando para salir a trabajar con la gente." El ya lo hace, está en otra cosa, más política, más empresarial. Níder tampoco tiene ya una orden de captura. De jeans claros, camisa floreada, una mochila de colores y una gorra con el rostro del Che Guevara, va y viene entre el campamento y los pueblos más cercanos. Pasa los retenes militares sin problemas. Ya tiene sus papeles.

Los guerrilleros de la Jacobo Arenas, que fueron el terror en la región, hoy están a salvo dentro de los resguardos. Además del anillo de seguridad del Ejército -que cuida los retenes y anda patrullando de uniforme kaki, en vez del verde oscuro que usó para la guerra- cuentan con una protección adicional que no tienen las FARC en el resto del país: la guardia indígena. Como dice uno de ellos:"Permitimos que cualquiera entre a la zona, pero quién sabe si salga".

Afuera

Entre los habitantes de Caldono hay molestias porque la implementación de los acuerdos de paz no se ha traducido aún en mayores beneficios para la comunidad.

Los peligros, las amenazas, los obstáculos para que esa paz no se quede solo por escrito, están más afuera de las zonas veredales de transición que adentro. Si bien el Estado ha incumplido con los campamentos y la guerrilla se ha retrasado en la dejación de armas, la paz sobrevive. Pero a medida que se amplía el foco, al menos en el Cauca, está más que amenazada.

No hay que salir del mismo resguardo para empezar a encontrar conflictos. La paz fracturó al liderazgo indígena, tanto a nivel local como nacional. Tres gobernadores de los resguardos de esa zona estuvieron a favor de prestar su territorio y tres en contra, como también lo sigue estando el Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Los gobernadores hicieron consultas con las FARC, fueron a La Habana, hicieron mingas y foros con la comunidad y esta aceptó, no sin muchos temores, que dejaran hacer allí las zonas de transición, entre otras razones porque muchos de los integrantes de la Jacobo Arenas son indígenas. Algunos fueron reclutados, otros se unieron voluntariamente.  

"Ellos no vienen a mandarnos a nosotros, ahora nosotros los mandamos a ellos," dice sobre las FARC el gobernador de San Lorenzo de Caldono, Oscar Dizu Chocué. Para él es una oportunidad de reforzar la autoridad sobre el territorio que antes asediaron y espera que la guerrilla se comprometa a decir la verdad sobre los crímenes que cometieron y que esté dispuesta a reparar el daño que hicieron, trabajando con la comunidad en proyectos de desarrollo agrícolas. Las FARC le han dicho que van a quedarse "por un tiempo", pero no le han dicho cuanto. "Si no hay líos, pueden quedarse", dice.

Pero no todos están de acuerdo ni son tan optimistas. "Hay problemas por todos lados", dice el alcalde del municipio de Caldono, Paulo Piso. Los caldoseños están molestos porque los camiones que transportan los materiales para construir la ciudadela guerrillera dañaron las precarias vías veredales por donde solo circulan motos y chivas. A principios de abril, la gente decidió trancar la carretera en protesta e impidieron el paso hasta del carro del oficial argentino de Naciones Unidas.También le reclaman al alcalde por el acueducto, cuyos diseños, admite él, apenas los entregarán esta semana. La paz generó demasiadas expectativas para la gente de la región, que votó ampliamente por el Sí en el plebiscito, entre otras razones para que el Estado que siempre los ha ignorado, empiece a ponerles atención.

Quizás lo logren los 18 panfletos que han aparecido en el departamento en los últimos dos meses, algunos de ellos firmados por las Aguilas Negras o las AUC, advirtiendo, entre otras cosas, que nadie puede circular después de las 7 pm. A los gobernadores indígenas del resguardo de Pueblo Nuevo y de Pioyá los amenazaron de muerte. No son los únicos en la mira. Otros funcionarios públicos, alcaldes y concejales de otros municipios caucanos, incluso empleados de la gobernación, también han recibido correos electrónicos intimidantes.

Los más amenazados, sin embargo, son los líderes sociales de la región -indígenas, afros, campesinos y miembros de otras organizaciones. En lo que va corrido del año, al menos siete han sido asesinados. Como también están empezando a matar a familiares de guerrilleros, a un excombatiente indultado que había salido de la cárcel y a un miliciano de las FARC, precisamente en Toribío.

Las organizaciones sociales están indignadas. El jueves pasado, en Popayan, varias de ellas se reunieron, en el Congreso Regional de Paz,  la versión local del Congreso Nacional a cuya clausura en el capitolio no dejaron entrar a los comandantes de las FARC y el ELN. Los delegados de las ongs en la región se quejaban de la indiferencia del resto del país ante los peligros que enfrentan: "Esta es una sociedad que no acompaña la labor de defensa de los derechos humanos. Pareciera que no reconocen el impacto de las muertes de los líderes," decía la relatora de la mesa de seguridad. Para ellos lo que está pasando no es otra cosa que la oposición al proceso de paz de la derecha, aliada con el paramilitarismo y su violencia sistemática. Y se quejan de que el Estado no solo no está haciendo lo suficiente para combatirlo. Lo niega.

"Cada homicidio que hay se está vinculando a un tema de derechos humanos y a medida que investigamos está más relacionado con minería ilegal o narcotráfico. No les ha gustado a las organizaciones sociales que les digamos que no han sido asesinados por su liderazgo. Nos negamos a esa sistematicidad," dice Raúl González, director de la Fiscalía del Cauca. Afirma que de los 46 asesinados el año pasado, solo en 13 casos era claro que eran líderes en sus comunidades. "No vemos claro que estén siendo asesinados por motivos políticos," añade Felipe Vernaza, investigador del Sistema de Alertas de la Defensoría del Pueblo en el Cauca. 

Las diferencias políticas entre los movimientos sociales del departamento y el Estado siempre han sido difíciles. Esfuerzos recientes de concertación, como el Plan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca, (Pedenorca) en el que empezaron a trabajar hace dos años y que tenía proyecciones hasta el 2032, no han funcionado. "Las organizaciones sociales se salieron y el plan reventó," dice Rodrigo Ante, investigador del Instituto de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana de Cali y quien ha hecho seguimiento en la región al proceso de paz desde hace dos años. La situación de violencia reciente solo ha empeorado aún más esa tensa relación.

Tanto observadores académicos, la gobernación del Cauca, la Fiscalía, y la sede regional de la Defensoría del Pueblo, coinciden en que lo que está pasando es un reacomodo de poder en el territorio que ocupaba las FARC, que en algunos momentos llegaron a controlar el 70 por ciento del departamento. La fuerza pública ha podido entrar en algunas veredas que anteriormente estuvieron vetadas, pero no han llegado a todas, en donde otros actores armados ilegales ya están entrando. 

Hace dos semanas, en la zona de Toribio, aparecieron entre ocho y diez hombres vestidos de negro, otros de camuflado, con armas largas. Decían que eran del EPL, aunque esa guerrilla nunca ha actuado en el Cauca y, según investigaciones preliminares, gracias a algunos videos y fotos, algunos de ellos fueron identificados como disidentes del frente sexto de las FARC. Un poco más al norte, en cercanías de Miranda, donde está el punto de transición, aparecieron hace unos meses graffitti de las AUC y del ELN, que tradicionalmente ha estado en el sur del departamento. Hay quienes afirman que estos también son desertores de las FARC que están operando con un nuevo brazalete.

"No podríamos decir si los están reclutando en el ELN. Pero viendo que reúnen las condiciones, es muy posible porque es gente que tiene capacidad de combate, disciplina y cierto nivel de entendimiento político," admite Francisco González, más conocido como el comandante "Pacho Chino" de las FARC. Dice que en el Cauca no hay un grupo disidente de milicias, aunque reconoce que sí hay milicianos, expulsados de la guerrilla tiempo atrás, que ahora parecieran estar integrando los nuevos grupos.

El Ejército que cuida las zonas veredales de transición luce uniformes kaki. El resto de la tropa, de verde, está dedicada a erradicar coca, hacer operaciones contra el ELN y otros grupos armados y bandas de narcotráfico en el departamento.

Además de estos actores armados -sean nuevos o reciclados- hay preocupación por la presencia de personas con acento paisa y camionetas de alta gama con placas de Antioquia o del Eje Cafetero en algunos municipios del departamento, ligadas a presuntas bandas criminales aliadas del narcotráfico. Pequeñas pandillas de delincuencia común, que antes eran perseguidas por la guerrilla, también han aumentado su poder en distintos municipios y esto ha traído más violencia. Durante los primeros dos meses del año, el índice homicidios en el departamento aumentó en un 12.5 por ciento, respecto al año pasado.

Las Fuerzas Armadas, al menos en el sur occidente, no han tenido un día de respiro desde que se firmó la paz. La guerra sigue contra tres frentes del ELN, el José María Becerra, Manuel Vásquez Castaño y Comuneros del Sur. Ultimamente han hecho operaciones para destruir la maquinaria de la minería ilegal, especialmente en zonas como Timbiquí. Y continúa operaciones para tratar de frenar el narcotráfico, que ha construido laboratorios y cristalizadores en esta regió del país, que es la principal productora de cultivos de coca y marihuana.

Esa es la razón principal por la que los nuevos grupos y bandas se están trasladando al Cauca, en donde en el último año, se dispararon los cultivos, especialmente en municipios como Corinto, Argelia y Miranda. En algunos casos, la perspectiva de acogerse al nuevo programa de sustitución de cultivos, que entrega más de 30 millones de pesos en compensación, fue lo que incentivó la siembra. Otros, que habían dejado de sembrar, volvieron a hacerlo cuando ganó el No en el plebiscito. Mientras tanto, el gobierno continuó con su política de erradicación forzosa, enviando batallones a destruir los cultivos, lo que ha provocado enfrentamientos entre los cultivadores y la fuerza pública.

"La orden es erradicar este año 3.200 hectáreas de coca en Cauca, Valle y Nariño," dice el General Luis Fernando Rojas, Comandante de la Tercera División del Ejército, responsable por esta región del país. En el Cauca han erradicado 603 hectáreas hasta la fecha, aunque dice que no han iniciado una erradicación general, porque tienen que respetar los aproximadamente 10.000 acuerdos que los campesinos firmaron para empezar la sustitución. "Una vez los tengamos bien definidos, vamos a erradicar donde no hay acuerdos."

Pero mantener las dos estrategias simultáneas ya está creando nuevos conflictos y confusiones. "El punto cuatro del acuerdo propone una solución concertada, ¿pero que están haciendo? ¿Cuál solución política es esa cuando mandan a los militares a arrancar la coca? Yo mismo trabajo con las comunidades para que se cumplan los acuerdos. Pero por las malas no lo van a lograr", dice Cristobal Guamanga, dirigente de la organización campesina, Fensuagro, en el Cauca.

Mientras haya cultivos, mientras haya minería ilegal, y las rentas de ambas sean tan lucrativas, no habrá paz en estos territorios, por más que el Estado empiece a combatir los nuevos grupos o lo hagan, en su ausencia, las propias comunidades. Los indígenas tienen su guardia establecida desde hace años. Siguiendo el ejemplo, las comunidades afro quieren crear sus guardias cimarronas y en algunos sectores, como en Miranda, los campesinos están hablando de crear sus propios esquemas de seguridad. "Todos los grupos quieren lo mismo que los indígenas, control de los territorios, guardias. Algunos hablan de crear sus propias cooperativas de seguridad privada pero eso no lo podemos permitir", dice el fiscal González, sobre lo que está sucediendo en ciertas zonas que las FARC "protegían" a punta de fusil.

El único disparo que ha habido por parte de las FARC, en todo el país, fue el del guerrillero despechado en el campamento de La Elvira. La versión de las FARC -porque la Fiscal delegada no logró entrar a la zona sino hasta varias horas después- es que trató de agredir a su pareja al enterarse que ya estaba con otro y terminó disparándose a si mismo. La bala penetró una de sus vértebras y ahora está en una silla de ruedas y fuera del campamento, esperando una terapia.

Las fuerzas armadas también han cumplido su palabra y, hasta el momento, se ha mantenido el cese al fuego. En ambas partes existe la convicción y la voluntad -y no es poco- que no quieren volver a la guerra. Pero eso no es lo mismo que encontrar la paz que, al menos en el Cauca, está esquiva.