Con la tutela en su contra, la senadora Claudia López pierde este round pero enciende la pelea contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que seguramente va para largo.

La tutela en principio no menciona a Vargas Lleras. Pero la interpuso Luis Felipe Henao, el ex ministro de Vivienda y vocero principal del candidato presidencial desde que éste decidió que no hablaba con medios sino hasta septiembre cuando arranca oficialmente su campaña por la Presidencia.

Además, los hechos por los cuales fue entutelada López ocurrieron durante un debate en el programa de la W con Vicky Dávila a la que fue invitada junto con Henao a evaluar la gestión de Vargas Lleras en la Vicepresidencia.

Como el debate radial ocurrió justo el día en que el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, confesó haber recibido plata de la multinacional corrupta Odebrecht, el debate terminó permeado por ese hecho.

Palabras más, palabras menos, el argumento de Claudia era que como Vargas había sido elegido como fórmula vicepresidencial de Santos en una campaña que había recibido ilegalmente fondos de Odebrecht, estaba untado por el mismo escándalo. Y que como Henao había sido ministro de vivienda de Santos, era “el ministro de la corrupción del presidente de la corrupción”.

Cuando Henao le dijo que lo estaba calumniando, Claudia agregó que él se “sentía cómodo” con la corrupción dado que estaba en Cambio Radical, un partido con muchos condenados, y que “vivía de la corrupción”.

Varias veces durante el debate, Henao le advirtió que si decía eso la demandaría por injuria, y al final, lo hizo. Porque antes que ministro y antes que alfil de Vargas, Henao es un experto en derecho penal.

Pero no la denunció por injuria y calumnia ante la Corte Suprema sino que le puso una tutela para proteger su buen nombre. El Tribunal de Bogotá le dio la razón y la obligó a retractarse.

Ella, que está fuera del país, dijo que no se retractaría y sacó este video explicando por qué:

No daré ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción! Es censurandola, denunciándola, votando para derrotarla como la vamos a derrotar pic.twitter.com/VqylzaO6fY

— Claudia López (@ClaudiaLopez) July 12, 2017

Sin embargo, dado que la impugnación de una tutela no suspende la obligación de cumplirla mientras falla la Corte Suprema en segunda instancia y después la Constitucional, si es que la selecciona, López tiene dos opciones: cumplirla de aquí al viernes o enfrentarse a un desacato y ser arrestada durante hasta 6 meses y multado con hasta 20 salarios mínimos. Además, le podrían abrir un proceso disciplinario y uno penal por fraude a resolución judicial.

Lo más probable, entonces, es que se retracte como lo ordenó el tribunal.

De hecho, López le dijo a La Silla que “haré uso de todos los recursos, pero las decisiones judiciales las cumplo obviamente”.

También aclaró: “No tengo ninguna valoración personal en contra de Henao ni la intención de ofenderlo. Pero tengo la peor opinión de su jefe y mentor y de su partido y tampoco puedo dejar de dar ese debate con quien fue Ministro en nombre de ese partido y mentor”.

Así se retracte o no, Henao ya ganó con su tutela puesto que rescató su buen nombre. Henao pasó por el Ministerio de Vivienda que entregó miles de casas, hizo cientos de contratos para adjudicar acueductos, y no hay denuncias ni rumores que pongan en juicio su honradez.

Y precisamente por la buena fama que tiene Henao y las cero pruebas que ha ofrecido López de algún hecho concreto de corrupción por su parte, este fallo es una derrota para Claudia porque le ayuda a sus adversarios a reforzar la narrativa de que ella es una persona que hace acusaciones a diestra y siniestra sin sustento y que, más allá de su demostrada valentía, no tiene el talante para gobernar un país.

También posiblemente le impondrá un mayor cuidado y rigurosidad a futuro con las acusaciones que lance porque ya existe este precedente. No solo ella, sino todos los contendores en la campaña por el poder en el 2018, lo que podría ayudar a elevar el nivel de debate político que con frecuencia degenera en acusaciones personales.

Sin embargo, en el mediano plazo le puede ayudar en su estrategia para el 2018.

La estrategia

Para avanzar en su campaña, Claudia necesita un contradictor que encarne sus críticas a la politiquería y Vargas es el que mejor cuadra dentro de esa estrategia.

Como lo ha mostrado La Silla Vacía en varios artículos, el ex vicepresidente de Santos lleva meses armando alianzas con políticos o grupos muy cuestionados como los Gnecco en el Cesar, los Aguilar en Santander, o el investigado ex gobernador de Arauca Facundo Castillo, para mencionar algunos.

Además, su partido Cambio Radical ha avalado a al menos 10 políticos que resultaron elegidos y hoy están condenados, capturados o procesados, varios de los cuales Claudia ha denunciado en sus investigaciones.

Encima, Vargas es un representante de la élite cachaca, nieto de presidente de la República, lo que le ayuda a ella a caricaturizarlo como un representante más de la oligarquía que hereda el poder en contraposición con ella que viene de la clase media, ha hecho carrera a punta de meritocracia y representa la antipolítica.

Es decir, que Vargas sería el contendor ideal de López porque le ayuda a resaltar sus fortalezas y banderas. Mucho más que si escogiera como contradictor al candidato de Uribe o a Humberto de la Calle.

Por eso es previsible que si se retracta, salve el nombre de Henao y refuerce sus críticas a Vargas Lleras para posicionarse en una contienda que va para largo.

Las cartas que envió ayer la Fiscalía dirigidas al Consejo Nacional Electoral en el que dice que las pruebas en su poder le “permiten concluir certeramente (el subrayado es de la Fiscalía), que con relación a la campaña presidencial 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con la misma” muy probablemente tengan cero impacto político y cero impacto jurídico. Pero dejan la constancia histórica de que Juan Manuel Santos fue reelegido violando las reglas.

En esta carta, el fiscal 3 Seccional del Grupo de Delitos Transnacionales de la Fiscalía, Juan Alberto Delgado Ortega, le hace un recuento al magistrado Alexander Vega, presidente del CNE, de las pruebas que la Fiscalía recogió en el caso de Odebrecht y que le ha enviado desde marzo a este organismo encargado de determinar si se violaron las reglas electorales.

La mayoría de ellas ya se han conocido en medios, salvo dos que son reveladoras: copias de dos transferencias por la suma de 500 mil dólares cada uno a la campaña de Santos, lo que da la idea de la plata que ya se sabe que entró; y 33 encuestas que se hicieron para la campaña y que es posible inferir que se trata de las que pagaron a la empresa de publicidad Sancho para hacer un trabajo que favoreciera la imagen de Santos (según declaración del ex presidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli registrada por El Espectador).

Pero el fiscal no se limita a enumerar las pruebas, sino que da el veredicto: a la Fiscalía no le cabe duda de que la corrupta multinacional brasileña que obtuvo a dedo un contrato por dos billones de pesos durante el gobierno de Santos financió su campaña de reelección y la de su contendor Óscar Iván Zuluaga, con lo que marca una diferencia clave con el sonado anuncio del Fiscal Gerneral, Néstor Humberto Martínez, cuando en febrero relacionó por primera vez a la corrupta multinacional con la campaña Santos 2014.

La conclusión del fiscal investigador, que es explosiva en términos mediáticos, difícilmente tendrá un impacto jurídico porque como lo advirtió la Misión de Observación Electoral el 15 de julio –en menos de tres días- vencen los términos para que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión en este caso.

“Lo que vence es la posibilidad de investigar todo lo que fue la financiación de las campañas del 2014 y ahí lo que terminará pasando es que va a volver a quedar en la impunidad todo lo que tiene que ver con la financiación irregular de las campañas políticas”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE.

En esa medida, la carta del fiscal que fue revelada por la Oficina de Prensa de la Fiscalía, ha sido percibida por varios analistas como una forma de dejar constancia de que el organismo investigador hizo su tarea y que si no pasa nada en este caso es por culpa del CNE.

“Es un juego de simulación, es un juego de espejos”, dijo el senador Antonio Navarro en Hora 20, dado que el CNE ni siquiera ha abierto un proceso formal contra Santos y Zuluaga y ya no tiene tiempo para investigarlos.

Es tan inocuo jurídicamente que en el mismo programa se discutió si con esto Néstor Humberto Martínez quería crear un hecho mediático que cambiara los titulares sobre la Fiscalía que han sido muy negativos desde la captura del fiscal anticorruptor Gustavo Moreno.

El costo político del escándalo de Odebrecht ya también se “descontó” –si se usara el símil financiero- en los últimos meses.

Después de que estalló el escándalo, el tema de la corrupción subió en la agenda de los problemas más sentidos por los colombianos como lo mostró la última encuesta Gallup; los candidatos presidenciales que enarbolan la bandera anticorrupción se dispararon en las encuestas de favorabilidad; la imagen del presidente Santos se sigue deteriorando y la calificación de corrupción es la peor de los últimos tres presidentes.

Por el lado de Zuluaga, igual. Le tocó renunciar a la campaña y lo único que ratifican estas cartas de la Fiscalía es que no podrá regresar.

Hasta el momento, las revelaciones de Odebrecht ni siquiera lograron que el Congreso adoptara para el proyecto de ley de reforma política las recomendaciones más estructurales de la Misión Electoral creada por el Acuerdo de Paz con las Farc y que buscaban en parte que no se repitan más Odebrechts en campañas futuras.

Quizás el mayor impacto que tengan estas cartas del fiscal Delgado sea dejar la constancia para la historia de que Santos fue elegido no solo con su bandera de la paz sino con por lo menos tres mil millones de pesos más de los que le permitía la ley. Y como la Historia y como quede él reflejado en ella es lo que más le importa al Presidente, quizás esa carta sea su mayor escarmiento por este hecho.

Vea nuestro Especial sobre Odebrecht.

A raíz de la captura de Gustavo Villegas, el secretario de Seguridad de Medellín, el abogado Michel Pineda, dijo que los contactos de Villegas con seis de sus clientes de la ‘Oficina de Envigado’ para su desmovilización se hicieron bajo el marco del acuerdo de paz con las Farc y contaron con ‘la bendición’ de un cura y un monseñor.

El cura es Juan Carlos Velásquez, párroco de la iglesia María Madre de Itagüi, quien confirmó que estuvo en algunas de las desmovilizaciones en el despacho del doctor Villegas. “Pero no le he pedido permiso al arzobispo para hablar al respecto”, dijo a El Tiempo.

Y el arzobispo es Ricardo Tobón, un superpoderoso de Antioquia que ha tenido gran impacto en el pasado cuando se ha referido a temas políticos. Y que por eso ahora, que ha decidido guardar silencio, hay voces que le piden que se pronuncie porque su perspectiva podría darle legitimidad a la negociación para el sometimiento de las bandas criminales que es el contexto en el que fue capturado Villegas.

“La Iglesia lleva años intentando la paz urbana. La iglesia sabe de los pormenores. ¿Por qué no hablan?”, nos dijo Fernando Quijano, director de la ONG Corpades, que lleva 18 años trabajando temas de paz y reincorporación en Antioquia.

El influyente Arzobispo

Quienes conocen al arzobispo Ricardo Tobón y hablaron para esta historia (cinco congresistas, dos concejales, dos políticos de la región, y dos ex funcionarios de las alcaldías), dicen que el monseñor, de 66 años, es un hombre serio, metódico, que escucha las posturas de todas las partes antes de hablar y con un amplio recorrido académico. Y que lleva siete años como arzobispo ejerciendo gran influencia sobre la sociedad y la política local.

Es licenciado y doctor en Filosofía de la universidad gregoriana de Roma, y formador de curas en el Seminario de Santa Rosa de Osos, de Antioquia.

Oriundo de Ituango, Antioquia, llegó a ser obispo a los 52 años, y trabajó en la diócesis de Rionegro hasta 2010 cuando fue nombrado por Benedicto XVI como arzobispo de Medellín, en reemplazo del monseñor Alberto Giraldo, quien es arzobispo emérito de la ciudad desde que renunció al cargo.

Tobón es un hombre reservado. Poco habla en medios de comunicación y prefiere emitir sus opiniones en columnas de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, sus comunicados públicos han puesto a toda la ciudad a hablar.

La primera vez que habló fuerte a la administración y a la sociedad antioqueña fue en marzo de 2013, cuando el Monseñor le aguó la fiesta a Medellín tras ser elegida como la ciudad más innovadora del mundo por The Wall Street Journal.

Tobón criticó que los medios no informaran la verdad de la situación de violencia en el área metropolitana, la falta de compromiso con la niñez para que no fuera involucrada en el conflicto, la situación de las cárceles, el microtráfico de drogas, entre otros temas.

“Eso fue un campanazo para todos, nadie había hablado tan duro como en ese momento”, recuerda el hoy concejal Carlos Zuluaga, quien para la época era representante conservador y había sido presidente de la Cámara.

“En 2013 Ricardo Tobón dio puntadas interesantes con sus preguntas, que nadie al final respondió”, nos dijo Fernando Quijano.

Al siguiente año, en 2014, el Monseñor comenzó a hablar públicamente de política electoral.

A solo dos semanas de las elecciones a la Presidencia, Tobón envió otra carta, esta vez a los feligreses, en donde pedía que no votaran “por el candidato de la compra de votos”.

Luego, en agosto de 2016, invitó a marchar contra las cartillas de la entonces ministra de Educación Gina Parody para “defender los principios de la familia”, tal y como decía un volante que distribuyó la Arquidiócesis en los días previos a la multitudinaria marcha. Un mes después, fue condecorado por el alcalde Federico Gutiérrez con la medalla al mérito educativo y cultural.

Para el plebiscito, se declaró “neutral” e invitó a conocer bien los acuerdos. Pero cuando ganó el No escribió otra carta en la que concluía que “todos hemos ganado”.

“Si lo que se propone como paz le causa miedo al pueblo es inútil insistir en ese camino”, escribió. “Tenemos que entender que la paz es mucho más que ausencia de guerra, que no se puede reducir a un acuerdo con un grupo alzado en armas. Nos ha quedado claro que politizar la paz tiene nefastas consecuencias; que la verdad y la recta intención no se pueden fingir; que el diálogo es con todos o los excluidos no marchan en el proyecto.”

Más recientemente, en mayo de este año, con motivo del día de la familia, hizo nuevamente, duras críticas a la llamada ‘ideología de género’, y pidió no dejarle “la suerte de la familia a las pasiones, a la sociedad de consumo”. Lo que volvió a poner el tema sobre la mesa.

Parte de su influencia proviene de la fuerza que tiene la Iglesia en Antioquia, uno de los departamentos más católicos del país. Y parte de sus nexos con los políticos locales, con los que se reúne el primer lunes de cada mes.

Con políticos

Desde que llegó procedente de Rionegro a la jefatura de la iglesia en la capital antioqueña hace siete años continuó con una tradición de más de 30 años que ninguna otra parte del país tiene: reuniones mensuales de los obispos con todos los congresistas del departamento, sin importar el partido político. 

Con Tobón, las reuniones se realizan en la rectoría de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la cual el monseñor es Gran Canciller, es decir, el máximo jefe de la universidad, quien elige al rector de la entidad (además, la Arquidiócesis tiene 30 colegios en la capital).

Están invitados los 10 senadores y 17 representantes antioqueños, además de los obispos del departamento.

Sin falta, acude la bancada antioqueña del Centro Democrático y la del partido Conservador; de La U no falta el representante León Darío Ramírez; de los liberales siempre está el representante Óscar Hurtado; y del Polo va Víctor Correa, mientras que esporádicamente se ven a los congresistas de La U Germán Hoyos y Juan Felipe Lemos.

También asisten, sin ser congresistas, otros políticos conservadores paisas.

Tobón sugiere los puntos de discusión del siguiente encuentro y los congresistas escogen. Aunque se muestran como encuentros de corte académico (llevan un invitado que es ponente, como por ejemplo, para la reunión de los acuerdos llevaron al hoy precandidato uribista Rafael Nieto Loaiza), allí el Monseñor tira línea.

“Él siempre da línea, por ejemplo, si decía ‘no estoy de acuerdo con el matrimonio gay’ uno sabía que esa era la línea de la iglesia”, nos dijo un excongresista antioqueño.

Otros creen que por el carácter de Tobón, la línea no es necesaria.

“Todos sabemos cómo piensa la Iglesia Católica antes de ir a las reuniones. No es necesario que nos tiren línea”, nos dijo el congresista azul Germán Blanco. “Las conclusiones y lo que hablamos lo transmiten los obispos con la gente, hacen homilías. Él sí recopila lo que le decimos y hace observaciones”, nos dijo la representante uribista Regina Zuluaga.

Aunque esa congresista nos dijo que Tobón “es de centro”, otro ex congresista paisa nos dijo que es “cercano al partido conservador”, en parte porque muchos políticos azules asisten a sus reuniones.

Dentro de la iglesia, Tobón es conocido como de la línea más conservadora del catolicismo colombiano y es muy cercano al candidato presidencial Alejandro Ordóñez, como contamos.

La Arquidiócesis nos reiteró que el Monseñor no tiene tintes ni candidatos políticos.

Hoy, según la Arquidiócesis, Tobón está dedicado a la preparación de la visita del papa Francisco a Medellín el próximo 9 de septiembre en el marco de su visita a Colombia y es de eso a lo que se ha referido (el viernes previo a que estallara el escándalo de Villegas, dio una rueda de prensa anunciando la beatificación de dos curas).

Por ahora lo más probable es que el monseñor se centre en ese tema y no se pronuncie sobre la participación de su arquidiócesis en el sometimiento de las bandas. Un tema que desde que llegó al Arzobispado, dejó claro que sería “un trabajo silencioso”.

Con las bandas

“A través de las parroquias de Medellín, nosotros estamos en contacto directo y permanente con todos estos grupos violentos y se hace un trabajo discreto como tiene que hacerse en todos estos casos”, dijo Tobón en una de sus pocas declaraciones mediáticas en 2010.

Durante años, la Iglesia Católica ha sido parte de los diálogos con bandas criminales en Medellín para bajar los índices de homicidios a través de pactos de no agresión entre los grupos o combos.

Así ocurrió en 2010 cuando el entonces saliente arzobispo de Medellín, monseñor Alberto Giraldo medió en una ‘tregua’ entre 140 bandas que delinquían allá para que no se mataran entre sí, y más recientemente el trabajo barrial del cura Velásquez y cientos más en las comunas.

Como los curas, a través de sus parroquias, tienen acceso a los barrios donde el Estado no entra, como nos dijo un edil de la comuna 13, se convierten en líderes de la comunidad, no tanto por la religión sino por los nexos que construyen día a día con los vecinos, entre los cuales están pandilleros de las bandas, que controlan todos los negocios de las zonas.

“Para robar hay que pedir permiso al jefe de la banda, ponen los precios de los huevos, dicen qué cerveza entra. Hasta para matar a alguien le piden permiso al jefe de la banda”, nos dijo ese edil, para evidenciar cómo en la comuna 13 San Javier el orden lo imponen los ilegales.

Es en este marco que la iglesia ha ayudado al trabajo bajo perfil que Monseñor destacó de su labor y que en las administraciones de Medellín le reconocen.

“La iglesia nos ayudó mucho a sostener la ciudad”, nos dijo un ex alto funcionario del gobierno de Medellín, quien no quiso hablar en micrófonos.

Falta por ver si el silencio del Monseñor en torno a la crisis que vive la ciudad hace parte de su trabajo de bajo perfil y si eso servirá para desenredar el lío judicial que tiene tras las rejas a Villegas y en vilo el sometimiento a las bandas criminales.

El viernes pasado el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, que está en pleno divorcio con el Presidente Juan Manuel Santos, tuvo una agenda privada con los cacaos vallecaucanos que están haciendo “casting” para buscar candidato a la presidencia en el 2018.

El ex Embajador en Estados Unidos y ex Ministro de Defensa desayunó en un hotel de la ciudad con un grupo de donantes de la Fundación FDI Pacífico que dirige Alejandro Eder y donde tienen asiento no sólo los principales ingenios azucareros del Valle como Riopaila (de la familia Caicedo), Providencia (del Grupo Ardila Lülle), Manuelita (de los Eder), y Mayagüez (de la familia de la senadora del Centro Democrático Susana Correa). También empresarios como Juan Ramón Guzmán, presidente de Belleza Express, Carvajal, Colombina de César Caicedo, la sociedad Puerto Aguadulce y la constructora Jaramillo Mora, entre otros.

Más tarde fue a almorzar con los miembros del Comité Intergremial del Valle del Cauca que hoy dirige Juan Esteban Ángel, y donde también hay empresas grandes como la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Harinera del Valle de la familia Paz Bautista, la cooperativa de salud Coomeva, Fenalco, la electrificadora Epsa y Asocaña. Además de los presidentes de las principales Cámaras de Comercio del Valle.

Con ambos grupos se sentó y expuso su “visión de país”, y tocó temas claves para los cacaos como su agenda para promover la competitividad, la situación económica y, claro, la implementación del proceso de paz con las Farc. Los empresarios, a su turno, le hicieron preguntas en un ambiente donde están prohibidos los medios para garantizar la confianza y la informalidad, según le contó a La Silla Pacífico uno de los asistentes.

Además, en ambas reuniones, los empresarios vallecaucanos le presentaron al candidato su agenda.

“Estamos buscando volver a hablar con una voz, que el Gobierno nacional vuelva a preocuparse por nosotros y nos paren bolas. El suroccidente está muy abandonado, sólo mandan Ejército”, le dijo a La Silla un asistente, refiriéndose a la tensa relación que mantiene el empresariado vallecaucano -sobre todo los azucareros- con el Gobierno de Juan Manuel Santos, como ha contado La Silla.

El ‘casting’ del Comité Intergremial del Valle arrancó con Pinzón pero esperan en los próximos meses acordar citas con más candidatos aunque por ahora, no hay nada adelantado. 

En cambio, los donantes de la FDI ya se han reunido con varios como el antioqueño Sergio Fajardo, el ex jefe del equipo negociador con las Farc, Humberto de La Calle y el uribista Iván Duque. Aunque ninguno de los dos grupos empresariales les pagó los tiquetes aéreos, la idea es que ambos aprovechen cuando un candidato viaje a Cali para cuadrar agendas.

Los donantes de la FDI Pacífico esperan reunirse con todos y, de hecho, ya están buscando acercamientos con Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Galán y Germán Vargas Lleras. Además, no descartan invitar candidatos de la izquierda como Clara López y Jorge Robledo. La condición, en todo caso, es que sean personas que “promuevan la democracia” y “critiquen dictaduras como la de Venezuela”, como le dijo a La Silla un empresario. Lo que dejaría por fuera, por ejemplo, a la ex senadora Piedad Córdoba.

Lo cierto es que el 'casting' de los cacaos del Valle, que según la Superintendencia de Sociedades representan el 6 por ciento del empresariado nacional y son conocidos por ser donantes de campañas, arrancó temprano. Y según supo La Silla, por ahora Pinzón les quedó sonando. 

El Estado moderno se caracteriza por una curiosa paradoja: el monopolio sobre el ejercicio de la violencia. Y ese monopolio aguanta solo si el Estado no tiene que recurrir sistemáticamente a ella. Para proteger esa paradoja, los Estados modernos se dotan de varios instrumentos específicos, uno de ellos son los órganos de inteligencia, para anticipar las amenazas a la convivencia pacífica en unos escenarios estratégicos; y para desplegar dispositivos de influencia en respuesta a esas amenazas. En los Estados no modernos, por el contrario, la inteligencia sirve simplemente para mantener en el poder al príncipe o a la dinastía de turno.

En las sociedades democráticas, la inteligencia del Estado cumple, además, con otra tarea bien compleja, que se asemeja al desminado humanitario. Primero, ingresa en los escenarios de la vida social en los cuales unos actores invocan la violencia para lograr el cambio del orden constitucional, impidiendo además mediante la presión, la intimidación y la amenaza que otras voces se pronuncien en contra de la ella. Una vez ingresada en esos contextos, la inteligencia democrática procede a debilitar los dispositivos de silenciamiento de esas voces en contra de la violencia hasta que ellas puedan regresar a manifestarse. Una vez logrado eso, cataliza la conexión entre esas voces para así articular un tejido solidario entre ellas capaz de escudarlas frente a las retaliaciones de los violentos; y finalmente, las conecta a través de escenarios distintos, tejiendo así una malla que llega a atravesar a toda la sociedad y que sirve como red preventiva de contención en contra de la violencia política de cualquier tipo. Una vez que en cada escenario de la vida social esas voces en contra de la violencia estén en condición de hablar libremente y sin miedo, los órganos de inteligencia del Estado tienen la obligación de retirarse, porque en una sociedad abierta el Estado no puede ni debe hablar en lugar o por cuenta de ellas.

Para cumplir con esa tarea, una inteligencia democrática tiene que poder contar entre sus filas con auténticos patriotas de la sociedad abierta, quienes entienden, desde sus entrañas, el valor de principios tan sagrados como el pluralismo y la igualdad frente a la ley y libertades tan importantes como la de expresión y de asociación; patriotas dispuestos a sacrificarse y perderlo todo para proteger esos valores frente a aquellos en la sociedad (o en el Estado mismo, si fuera necesario) trabajan para minarlos.

En Colombia el desarrollo de una inteligencia democrática está aún en curso. Mientras en otras sociedades la inteligencia del Estado se discute abiertamente en los medios o en la academia y hasta se celebra en el cine o en la literatura de ficción, en Colombia el legado del DAS, los falsos positivos producidos en el marco de la lucha contra-insurgente, la connivencia cómplice o indiferente entre el paramilitarismo y ciertos actores del Estado (y de la sociedad) y las ‘chuzadas’ a periodistas y cortes, han manchado en el imaginario colectivo esta importante función del Estado democrático.

Hay pasos que seguramente indican un avance en la dirección correcta: la abolición del DAS, el establecimiento de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia y de una nueva ley de inteligencia y, sobre todo, la claridad con que ciertas autoridades políticas les manifestaron a los cuerpos de seguridad de la República que los fines no justifican los medios, aún cuando los adversarios del Estado operan bajo esa convicción. Sin embargo, aún falta un trecho importante para recurrir, sobre todo en el frente de la adecuación de las capacidades de los órganos de inteligencia del Estado para responder a los desafíos propios de una democracia en paz.

Las profundas fracturas políticas y sociales en la sociedad colombiana; la difícil reactivación de los lazos de solidaridad entre ciudadanos pertenecientes a espacios diferentes de la vida social; las prácticas endémicas de corrupción; la polarización extrema de la esfera pública; y el recurso creciente a la propaganda y a la desinformación en los procesos políticos y sociales, exponen peligrosamente la sociedad colombiana a derivas populistas de la extrema izquierda o de la extrema derecha. A eso se suman los riesgos de distorsión de los canales de participación ciudadana, de alteración de la competencia electoral, y de debilitamiento ulterior de la esfera pública, acelerados posiblemente por el uso de recursos provenientes de actividades ilegales, presentes o pasadas, y por las prácticas consolidadas de intimidación, amenaza, chantaje o de eliminación selectiva de los adversarios.

Estas amenazas y vulnerabilidades se manifiestan de manera creciente en contextos institucionales como la sociedad civil, los medios de comunicación, y las universidades, tres esferas neurálgicas en la vida democrática del país. Operar sobre esos contextos para lidiar con los desafíos arriba mencionados tiene los mismos riesgos de las intervenciones neuroquirúrgicas. El mínimo error puede tener efectos catastróficos sobre la movilidad del paciente y dejar secuelas permanentes. Hasta hoy, el Estado colombiano aún no ha desarrollado capacidades sofisticadas de comprensión e intervención en esos contextos y en el pasado ciertas intervenciones, directas o indirectas, han escritos páginas que merecen ser recordadas para nunca más repetirlas.

Para intervenir en contextos tan delicados, la inteligencia democrática necesita respetar un principio rector fundamental: su acción tiene que limitarse exclusivamente, por un lado, al re-establecimiento en dichos contextos de las condiciones para la expresión libre y plural y, por el otro, a la reactivación de sus respectivas esferas públicas cada vez que los violentos, y sus anillos de apoyo, las hayan afectado.

Eso no se logra ni con operativos militares ni judiciales. Sería como operar sobre un cerebro respectivamente con un machete o un cuchillito suizo. Rediseñar esos contextos institucionales con el propósito de modificar los incentivos de los actores que ahí operan, tampoco es suficiente, porque los individuos nunca actúan exclusivamente con base en un cálculo de costos y beneficios. El Estado necesita poder incidir más bien sobre los regímenes de justificación que los actores utilizan para excusar la violencia en esos contextos. En fin, el Estado tiene que poder establecer hegemonías culturales en contra de cualquier forma de violencia política.

Las insurgencias latinoamericanas han tradicionalmente entendido que la toma del poder pasa por la construcción de hegemonías culturales y por ende se han equipado para lograrlas. Los Estados latinoamericanos, al contrario, y en particular sus aparados de inteligencia, han generalmente visto las intervenciones sobre la cultura como humanismos tontos, innecesarios y hasta peligrosos, ilusionándose con que la ‘evangelización’ civil de América Latina se lograría más fácilmente, y más expeditamente, recurriendo a prácticas más cercanas a la ‘Santa’ Inquisición.

Desde la otra orilla del Atlántico, a comienzo de la Guerra Fría los partidos comunistas en Europa Occidental superaban, en unos casos, el 30%; la protesta social se manipulaba para llevar esas democracias a un punto de ruptura; y dineros ilegales fluían desde la Unión Soviética para financiar a los partidos comunistas occidentales. En esa época, las élites europeas no solamente leyeron a Gramsci, sino también lo entendieron, aceptando así que la defensa del orden democrático implica necesariamente una batalla cultural a favor del pluralismo y en contra de la violencia política. La inteligencia norte-americana también entendió esa necesidad y acudió a humanistas como James Jesus Angleton o Tom Braden en su ejercicio de contención de la influencia soviética en Europa, y en otras partes.

Ahora bien, para que en Colombia la inteligencia estratégica pueda avanzar en esa dirección, se requieren no solamente personas entrenadas para eso, que hayan además internalizado totalmente los valores de la Constitución del 1991. También, se necesitan líderes en esos órganos del Estado capaces de reconocerlas e de incorporarlas.

Para el caso colombiano, además, hay otro reto adicional que vale la pena mencionar. Debido al estigma aplastador que la inteligencia tiene en Colombia a nivel de imaginario colectivo, en buena parte por el legado del DAS, el Estado colombiano no podrá catalizar creíblemente el surgimiento de hegemonías culturales en contra de la violencia política sin antes fijar la acción de su inteligencia democrática en unas anclas morales claras y públicas. La inteligencia norte-americana a comienzo de la Guerra Fría asumió la reciente lucha en contra del nazi-fascismo como su propio mito fundacional. En Israel el Mosad y el Shin Bet anclaron moralmente su misión en la promesa de que nunca más permitirían que se repitiera una Shoah en la historia. Colombia, por su parte, tiene el ejemplo de sus “justos”, quienes a lo largo del conflicto armado no quedaron indiferentes frente a los horrores perpetrados tanto por la guerrilla como por los paramilitares y se distinguieron en la lucha en contra de ambos, convencidos de que nunca los fines justifican los medios. La labor en Sucre y Montes de María de Rafael Colón, Brigadier General de la Infantería de Marina, o en el Urabá Antioqueño de Carlos Alfonso Velásquez, Coronel del Ejército, ofrecen unos ejemplos importantes en ese sentido.

Quiero concluir con una consideración de carácter más personal. Es tentador no pronunciarse sobre un tema tan espinoso como el futuro de la inteligencia estratégica en el posconflicto. Sobre todo, sería más cómodo y seguramente más prudente. En Colombia, sin embargo, hemos ‘mirado para el otro lado’ demasiadas veces, frente a tantos cuerpos destrozados por las bombas de las insurgencias y tantos cuerpos mutilados por los machetes de los paramilitares. Más allá de los confines colombianos, las imágenes de esas caras ensangrentadas de los manifestantes en Venezuela y el recuerdo de esos cuerpos entorpecidos por el pentonaval y lanzados en otros tiempos desde unos aviones sobre el Rio de la Plata, no permiten el lujo de cierta elusión cómplice, sobre todo en la labor intelectual. Colombia, y América Latina, se merecen unas democracias sin violencia política y sin defensas culturales de ella.

Viviane Morales anunció ayer que se lanza a la carrera presidencial, una movida que habíamos adelantado y que refleja las solicitudes que desde febrero le hacían pastores de varias iglesias cristianas.

Pánico de políticos por candidatura de Viviane Morales → pic.twitter.com/RiPcTD1ZUF

— Viviane Morales (@MoralesViviane) July 13, 2017

En su lanzamiento, a través de un video de menos de dos minutos que grabó el miércoles en la noche, Viviane, vestida con el rojo de su partido liberal, se muestra como una representante de quienes ven la política con el lente de la religión.

No habla de corrupción, paz o economía, sino dice que convoca “a las inmensas mayorías creyentes de nuestro país, al cristianismo todo, a los católicos y evangélicos”, “para que con mayorías, democracia y valores salvemos a Colombia”.

”Con mayorías, democracia y valores salvemos a Colombia”

Viviane Morales, precandidata presidencial

“Definitivamente la senadora (...) representa los principios y valores cristianos con los cuales se identifica el 90% la población colombiana”, nos dijo el pastor Jhon Milton Rodríguez de la iglesia Paz a las Naciones, que también está armando su movimiento político para lanzar listas al Congreso.

La bandera de los valores religiosos ya la viene ondeando el anulado exprocurador Alejandro Ordóñez, quien lleva un mes recogiendo firmas para inscribir su candidatura y aspirar por la alianza del No, que lidera el uribismo.

En principio, Ordóñez y Morales son dos candidatos muy diferentes.

El primero tiene como caballito de batalla criticar el acuerdo con las Farc, mientras Viviane apoyó los acuerdos de paz; el primero fue vocero del No, mientras la segunda le apostó al Sí al plebiscito; y aunque Morales en el Congreso fue crítica a algunos aspectos de la reglamentación del Acuerdo, como la Justicia Especial para la Paz (JEP), votó a favor de algunos de los proyectos para implementarlo como el que creó el partido político de las Farc, el que permitió la presencia en el Congreso de Voces de Paz y el Estatuto de Oposición. En los otros se ausentó.  

Pero hace menos de un mes, a mitad de mayo, la senadora dio un paso que la acercó a Ordóñez: en el primer debate de proyecto de referendo contra la adopción de niños por parte de parejas gay y solteros (para el que recogió 2 millones de firmas), habló de la ‘ideología de género’.

Con ese giro en el discurso hacia uno más propio de sectores que votaron por el No y que parecen ser más cercanos a Ordóñez, y a pesar de que su referendo se hundió (los uribistas y conservadores querían apoyarlo, pero no le caminaban a prohibir la adopción a solteros), la imagen de la senadora liberal se fortaleció dentro del cristianismo.

Y con ese impulso se lanzó ayer.

¿Iglesias y liberales?

La aspiración arranca con un reto enorme: reconciliar los discursos religioso y liberal, a los que se refirió en el video y que son sus dos grandes escuelas de pensamiento.

Sus aspiración venía sonando desde varios sectores evengélicos, en especial los de su iglesia, Casa Sobre la Roca (cuya cabeza, Darío Silva Silva, hizo campaña por el Sï); Manantial, del pastor Eduardo Cañas; y otros pastores que hacen parte de Cedecol, la organización que agrupa a casi 4 mil iglesias evangélicas y que en la campaña por el plebiscito participó de los dos lados de la división de las iglesias cristianas.

“La senadora tiene una buena imagen y representación dentro de la comunidad cristiana”, dice el director de Cedecol, Edgar Castaño, mientras recuerda que su organización no participa en política.

Pero Viviane no va a arrancar como candidata cristiana a secas, sino liberal: la idea es participar en una consulta abierta como la que proponen los también precandidatos liberales Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, junto con otros como Humberto De la Calle.

Para su esposo y vocero de los dos millones de firmantes del referendo, Carlos Alonso Lucio, la idea de la precandidata es apoyar la consulta abierta que sería el día de las parlamentarias de marzo, para captar así el apoyo que tiene dentro de los liberales (sacó 54 mil votos al Senado en 2014) y de los cristianos.

“Le apostamos a que todos voten. No estaría bien que el partido elija por maquinaria, por bolígrafo”, nos dijo Lucio.

Sin embargo, para Galán es difícil incluir a Morales porque no es fácil conciliar sus banderas religiosas con el liberalismo.

“Yo creo que en la consulta deben participar los que están apoyando el ideario liberal de igualdad de derechos, de garantías de derechos para todos, y apoyo al proceso de paz y Viviane Morales no se inscribe con esas ideas”, nos dijo.

Sin embargo, en su video Viviane da muestras de que va a buscar reconciliarse, especialmente con la reivindicación de la libertad de cultos, una de las principales banderas del liberalismo de los siglos XIX y XX.

“Claro que convoco a las históricas mayorías del liberalismo colombiano, de ese liberalismo que lideró las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas del siglo XX (...) con el que juntos logramos la gran victoria de la libertad religiosa”, dice en el video.

Y recuerda que su partido apoyó la reglamentación de la libertad de cultos que ella lideró en el Congreso en 1994.

De hecho, los primeros congresistas cristianos, elegidos poco antes de la Constitución de 1991, eran liberales (el conservatismo se identificaba con la Iglesia Católica) y el movimiento con el que Morales se lanzó a la Constituyente de 1991, Unión Cristiana, terminó uniéndose al liberalismo en 1998.

A pesar de esa trayectoria, las posturas críticas de Viviane hacia el proceso y su referendo, dentro del partido tendría poco apoyo, salvo el de otras líneas no afines a la mayoría de la dirección liberal, como Sofía Gaviria.

Por eso le convendría una consulta abierta, en la que los votos cristianos le podrían ayudar a aumentar su caudal, mientras que en una consulta cerrada (en la que solo votan los liberales carnetizados) o en un Congreso, tendría pocos chances frente a Cristo (quien desde el Gobierno fue el principal contradictor de su referendo y tiene a 16 congresistas de su lado) o a Humberto de la Calle, que viene acumulando apoyos de la línea gavirista.

El lío es que si la consulta no se da en paralelo a otras consultas, los votos de cristianos que prefieren a Morales que a sus competidores, aún si son votos más cercanos a Ordóñez, podrían ser decisivos.

Por eso, aunque la aspiración de Morales en principio le da más espacio a una consulta en la que ya se han puesto de acuerdo públicamente los demás precandiatos (solo falta que De La Calle la acepte, pues inicialmente se negaba pero ha ido abriendo espacios a eso), puede abrir la puerta a algo inesperado: que el voto religioso defina el candidato del liberalismo a la Presidencia.

Sobre todo por el crecimiento de una agenda conservadora en lo social, de alto contenido religioso y moral, en la política colombiana.

La agenda moral

Y es que si la candidatura de Ordóñez muestra que hay espacio para esa agenda, la de Viviane lo reafirma, y recuerda que hay un espacio para voces que lo agiten, aunque de forma menos radical.

En el círculo de Viviane, según una fuente muy cercana a la senadora, la idea no es solo pelear los votos cristianos que se han acercado a Ordóñez (y a los que él les hizo un guiño al designar como fórmula vicepresidencial al Pastor David Name, porque confían en su trabajo como congresista,  y en el apoyo de las iglesias que le venían pidiendo que se lanzara, y que son más cercanas al Sí.

Según un pastor cristiano que conoce la discusión dentro de las iglesias para capitalizar el voto cristiano de cara a 2018, el momento es único para lograr un impacto con aspirantes propios. Y, como hemos reportado desde inicios de año, los pastores cristianos se han reunido para definir estrategias políticas de cara al Congreso.

“No creo que la Presidencia descanse sobre los hombros de los votos cristianos. Resulta que hay mucho ciudadano que dice que no puede votar por un religioso, pero sí le importa los valores espirituales y sociales del candidato”, nos dijo.

Aun con ese matiz, es un giro de la tradición de algunos grupos cristianos de formar movimientos pero apoyar a otros candidatos.

Convoco a las históricas mayorías del liberalismo que lideró grandes transformaciones sociales

Viviane Morales, precandidata presidencial

Por ejemplo, la Misión Carismática Internacional (MCI), una de las iglesias que apoyó abiertamente el No al plebiscito y en 2014, se incorporó a La U en 2006 y al Centro Democrático en 2014, cuando puso a dos congresistas en el partido uribista y busca más espacio en las listas de Uribe en 2018.

La excepción es el Movimiento Mira, hermana de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional que dirige la familia Piraquive. Pero su discurso no es religioso sino que se ha centrado en temas medioambientales y económicos y en defender a grupos como los motociclistas, todo enfocado en cautivar una votación de clase media o media baja por fuera de los miembros de la iglesia.

Ahora, con la aspiración de Ordóñez que busca acercar a evangélicos y católicos muy conservadores, y con la de Morales que busca darle cuerpo a grupos menos extremos pero para los que la moral de su religión se vuelva un criterio fundamental para elegir presidente, se juega la posibilidad de que la religión se convierta en un factor central en la política.

Y así el política puede parecerse más a la de Estados Unidos o a la colombiana hasta antes del Frente Nacional, cuando muchos sacerdotes católicos intervenían en favor del partido Conservador y Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos (Antioquia), llegó a decir que “el liberalismo es esencialmente malo” y, en plena Violencia, que “la serpiente no se mata por la cola sino por la cabeza”, refiriéndose a los liberales.

El éxito o fracaso de esa agenda moral dependerá en el corto plazo de si su nombre comienza a sonar con más fuerza para llegar a la primera vuelta de mayo. Pero, a largo plazo, en Colombia se abrió la caja de Pandora de meter la religión directamente en la política.

El avance de la tecnología superó las leyes electorales. Aprovechando que el Consejo Nacional Electoral ha dicho que las redes sociales son espacios privados y por lo tanto, no les aplica la actual prohibición de hacer campaña antes de febrero de 2018, la mayoría de los precandidatos las están utilizando para comunicar sus propuestas, publicar comerciales y montar logos. La campaña virtual está a todo vapor.