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Detector de WhatsApp a comisión para rebajar el sueldo de los congresistas

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La Silla Vacía le aplicó su detector de WhatsApp a una cadena según la cual la Registraduría aprobó una comisión del referendo para disminuir el sueldo de los congresistas, e invita a la gente a firmar para que tenga efectos. La información es falsa.

Recuerden que si quieren saber si lo que le mandan sus amigos sobre política es cierto, nos pueden enviar la cadena al 318-3124521 y nosotros se lo devolvemos en un par de días, de ser posible, chequeado para que usted se lo reenvíe a sus amigos.

"La Registraduría aprobó la Comisión del referendo para la rebaja del sueldo a los congresistas."

Falso
 

Explicación: El Registrador Delegado en lo Electoral (encargado), Luis Alberto Martínez Barajas, dijo que es totalmente falso.

“La Registraduría no aprueba comisiones de referendos sino que inscribe el Comité Promotor de un referendo cuando un grupo significativo de ciudadanos cumple con los requisitos que la normatividad electoral exige”, explicó.

Pero contó que hay inscritos tres comités que promueven iniciativas de reforma del sueldo de los Congresistas: el que lidera la senadora Claudia López que tiene hasta el 26 de julio para presentar las firmas; uno para fijar esa remuneración en 10 salarios mínimos, cuyo vocero es Juan Ricardo Rincón Remolina y debe entregar las firmas el 23 de julio ; y el que propone disminuir el número de congresistas y “generar condiciones de equidad entre los beneficios de un congresista y el pueblo colombiano” que tiene plazo hasta el 17 de agosto y encabeza Andrés Fernando Bedoya Cabrera.

 

 

“Se deben recoger 1'900.000 firmas para su validez, en menos de 6 meses (...) Asiste a la Registraduría más cercana !!!! ”.

Falso
 

Explicación: “Ningún ciudadano puede acercarse a la Registraduría con las firmas. Una vez inscrito el Comité Promotor, la Registraduría le entrega un formulario para que reúna las firmas y es su vocero quien en una sola entrega debe presentarlas ante esa entidad”, le explicó a La SIlla Luis Alberto Martínez Barajas, Registrador Delegado en lo Electoral (encargado).

Además, según las reglas para las consultas ciudadanas, el Comité necesita recolectar el 5 por ciento del censo electoral, que son 1.762.083 y no 1.900.000 como dice la cadena, aunque el plazo para recolectarlas si es de seis meses desde cuando se inscribe el Comité.

Y esas firmas igual no validan un comité sino que se necesitan para convocar un referendo, en el que la gente vote si se reforma la Constitución para bajar el sueldo de los congresistas. Para eso se necesita que gané el sí y vote un 25 por ciento del censo electoral (casi 9 millones de personas).

“Se invita a todos para que colaboremos con este propósito...es la oportunidad de devolverles a ellos el regalo de Navidad que nos dieron con la nueva reforma tributaria.(...)No solo leamos. Reenvié, y actuemos. Solo así las cosas cambiarán”.

Inchequeable
 

Explicación: Por ser una opinión no podemos chequearla.


Minería ¿no en mi patio, sí en el del vecino?

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El fin de semana pasado en las consultas populares de Pijao, Quindío y en Arbeláez, Cundinamarca, casi por unanimidad ganó el No a la minería.

Sumados al caso emblemático de Cajamarca, en Tolima, se abren por lo menos dos debates: ¿cómo conjugar la minería con un desarrollo sostenible? Un debate que planteó muy bien Moisés Wasserman en un trino de esta semana: “No he visto que quienes votan no al petróleo se hayan comprometido a no volver a montar en carro. ¿O es no en mi patio, sí en el del vecino?” 

Y por otro lado, si es democrático someter a consultas locales temas que tienen implicaciones universales.

Para pensar sobre este tema invitamos a dos expertos al podcast de La Silla Vacía. Ellos son Jaime Arias, profesor de la universidad externado en temas mineros y Arturo Ramírez, abogado que ha estado muy vinculado a los proceso de consulta minera, en específico en Cundinamarca.

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher y Akörde FD.

 

Jaque al liberalismo

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La decisión de la senadora Vivian Morales de postularse para disputar la candidatura presidencial del Partido Liberal pone a esa organización en una encrucijada que podría convertirse en una estocada mortal.

Vivian ha sido una buena senadora y había defendido durante más de 20 años posiciones doctrinariamente liberales. Promovió, junto con Humberto de la Calle quien para entonces era Ministro, la ley de libertad de cultos que hacía efectiva la promesa liberal de la Constitución del 91 de reemplazar el carácter confesional y clerical de la Carta que se derogó.

Como senadora ha apoyado en general el proceso para poner fin al conflicto con las Farc y durante todo este tiempo sus convicciones religiosas habían permanecido en donde deben estar: en el ámbito de lo privado. Sin embargo, por razones que desconozco decidió traspasar ese lindero y promover un referendo que resulta claramente anti liberal por discriminatorio.

El debate alrededor de los derechos de las personas homosexuales ha sido caliente y Vivian ha radicalizado sus posiciones hasta el punto que uno supondría que había decidido dejar de ser liberal desde el punto de vista filosófico, y que incluso dejaría el Partido que lleva ese nombre. En ese contexto anuncia todo lo contrario: que pretende con el apoyo de “los creyentes” ganar la candidatura liberal para “rescatar los valores”.

Es decir que pretende la postulación liberal con una propuesta anti liberal.

La disyuntiva es similar a la que les plantean a las democracias los movimientos que no defienden valores democráticos. En Alemania está proscrito el nazismo, por ejemplo, pero no es fácil responder si un sistema político pluralista deba permitir movimientos que incitan a la violencia.

Los senadores Luis Fernando Velasco y Juan Manuel Galán, que han dicho que participarían en una consulta para elegir el candidato liberal, advirtieron que los competidores tendrían que asumir el compromiso de la defensa de un ideario que Vivian resolvió abandonar por lo que la consulta se haría imposible.

Pero más que las reglas a convenir entre los eventuales candidatos, lo verdaderamente difícil en este caso sería que los eventuales electores aceptáramos la regla de oro de un debate democrático que es la de respetar el resultado y en este caso apoyar a quien resulte vencedor.

 Yo no estaría dispuesto a apoyar un candidato que lidere una propuesta con valores anti liberales por lo cual me tendría que abstener de participar en la escogencia del candidato de ese, que es mi Partido, porque no sería leal participar y después desconocer el resultado si eventualmente ganase la propuesta de la senadora Morales.

(Me excuso por la primera persona, pero debo hacerlo por mi condición de Director del Instituto de Pensamiento Liberal que aprovecho para poner de presente a los lectores que deben saber que, lo mío es –en este caso- una opinión interesada)

Las posiciones de la senadora Vivian le han hecho un daño reputacional enorme al Partido que ha sido cuestionado una y otra vez por promover posiciones contrarias a las que históricamente ha dicho defender. El hecho de que la mayoría de la bancada parlamentaria haya estado en contra de convocar el referendo y de que incluso el senador Serpa lo haya calificado de anti liberal no ha minimizado el daño.

Para ser del Partido Liberal no hay que ser ateo por supuesto. En materia religiosa hay que: defender un estado laico, respetar la libertad de cultos, de profesión religiosa y de conciencia, pero lo más importante hay que mantener esas creencias en el ámbito de lo personal sin pretender convertirlas en reglas jurídicas aplicables a todos. Ese es el límite.

Hay otras tendencias filosóficas y otros partidos que –en cambio- creen que precisamente en lo que consiste el debate público es en ganar el apoyo de la mayoría para imponer a las minorías un concepto general de “lo bueno”, o como diría Vivian “lo óptimo”.

El solo debate traerá un costo adicional para el liberalismo porque vendrá la crítica sofística de si es liberal o no proponer excluir posiciones contrarias a las de esos valores que se consideran esenciales.

Esta puede ser la última batalla por sobrevivir y no parece tener salida: Si la senadora Morales se presenta a la competencia los demás se auto excluirán por no poder asumir el compromiso de apoyarla si gana, si hay competencia y gana habrá quedado el título, pero no el contenido y el jaque se convertirá en jaque mate.

Opinión
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Silla Sur

Petro repite su estrategia de Bogotá para ganar en Colombia

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Replicando la estrategia con la que llegó a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro arrancó su carrera para la Presidencia el viernes, cuando inscribió el comité de firmas ‘Colombia Humana’.

A pesar de que no tiene una estructura política, existen dudas sobre si está habilitado para participar por las multas de la Contraloría y salió con bajos índices de favorabilidad de la Alcaldía, arranca punteando en las encuestas y con una base de seguidores que lo acompaña en su movimiento Progresistas.

Su plan de aquí a noviembre será conseguir 1 millón de firmas (necesita mínimo 386.148 mil) para inscribir su candidatura.

Para eso pretende replicar las tácticas que le sirvieron para ganar y mantenerse en Alcaldía de Bogotá: desde el discurso contra el Establecimiento y las maquinarias tradicionales, hasta acudir a una tutelatón si gana la Presidencia si no se puede posesionar por las multas que tiene en la Contraloría.

La réplica de la Bogotá Humana

Como en 2011, Petro se lanzará por firmas ante la falta de un partido, con el discurso de buscar una alianza de sectores sociales por fuera de las estructuras políticas tradicionales.

Está organizando sus bases por medio de “nodos”, el nombre que le da a los grupos ciudadanos unidos a partir de causas como el animalismo y el ambientalismo, que no están bajo la sombrilla de partidos, pero que son muy activos políticamente y muy movilizados. Son las “nuevas ciudadanías” que él ha reivindicado desde que se lanzó a la Alcaldía de Bogotá.

En la campaña contará con fichas clave del gabinete con el que gobernó en Bogotá: Jorge Rojas, exsecretario de Integración Social; Susana Muhamad, exsecretaria de Ambiente; Gloria Flórez, exsecretaria de Gobierno; José Cuesta, ex subsecretario de Gobierno, y Gerardo Ardila, exsecretario de Planeación. Incluso es probable que María Mercedes Maldonado, su exsecretaria de Planeación y Hábitat y excandidata de Progresistas a la Alcaldía, se vincule al diseño del programa de gobierno, aunque no a la campaña política.

Además ha retomado en su discurso pilares del que fue su plan de desarrollo distrital, como la defensa de lo público y la lucha contra el cambio climático.

Por eso, mirando lo que viene, Bogotá seguirá siendo una plaza clave para él porque está el modelo que pretende replicar a escala nacional.

Y aquí, además, enfrenta dos grandes peleas que le pueden ayudar en su estrategia para legitimar su lucha: contra el alcalde bogotano Enrique Peñalosa y el otro candidato Germán Vargas Lleras.

De las peleas en Bogotá a lo nacional

Petro ha encontrado en Peñalosa a un representante de aquello a lo que se opone. Por ejemplo, con planes como el de intervenir la reserva Van der Hammen o la disminución de subsidios, el exalcalde le ha sacado jugo a su lucha ambiental y por la justicia social.

Por eso metió a Progresistas en la campaña por la revocatoria, con la ventaja de que entre más logre Peñalosa dilatar una posible votación para definir su futuro, ésta quedará más cerca de la campaña de 2018, y le servirá a Petro para cabalgar sobre ella para la Casa de Nariño.

Peñalosa también le ha servido a Petro para canalizar su discurso contra Cambio Radical (que avaló al actual Alcalde) y por ende contra Germán Vargas Lleras, con quien se codea en la punta de las encuestas.

Como Claudia López, Petro se perfilará como el contendor de Vargas con el argumento de que representa la política tradicional, la oligarquía y las relaciones de la dirigencia tradicional con sectores cuestionados (como en el caso de los condenados de Cambio Radical por la parapolítica -que Petro denunció- y otros delitos).

 

También capitalizará el hecho de que su presunta inhabilidad para ser Presidente tiene origen en el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, que milita en Cambio Radical.

Fue él quien le impuso la multa por 217 mil millones de pesos por el detrimento que generó la decisión de Petro de rebajar el pasaje de Transmilenio en su Alcaldía; y tiene a cargo decidir si el exalcalde también es responsable de otro supuesto detrimento por 300 millones de dólares por la recompra de la empresa TGI por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, una acusación que como mostró La Silla Cachaca es muy debatible. De no pagar, estaría inhabilitado para posesionarse.

“Vargas Lleras está preocupado por las encuestas, agudiza su represión a través de su policía política enquistada en las entidades del Estado”, dijo Petro en un video el día en que la Contraloría le formuló cargos por el segundo caso.

Andrés Charry, líder progresista de Bogotá, le dijo a La Silla que esta situación les sirve para resaltar que el exalcalde es una víctima del sistema político contra el cual lucha, como hizo en 2013, cuando la Procuraduría lo destituyó y Petro resucitó políticamente con el discurso de que el sistema quería excluirlo.

Todo esto nutrirá su mayor activo y es su imagen de político antiestablecimiento, que expresa el resentimiento de muchos colombianos con el sistema político y social tradicional.

En medio del rechazo de los colombianos a los partidos tradicionales y una desazón general que expresan los encuestados por la seguridad, el proceso de paz, la situación económica, el descrédito de los partidos políticos y las instituciones públicas, el discurso de Petro tiene un campo fértil para crecer.

Y, a juzgar por las encuestas, le ha servido. Tanto que se ha convertido en el temor número uno del Establecimiento en el escenario del 2018.

Pese a su popularidad en algunos sectores, su situación jurídica para ser candidato aún no está resuelta, a lo que se suma la incógnita de cómo hará para crecer más allá de su base de admiradores.

Lo jurídico

Ante las multas de la Contraloría, Petro insiste en que “no hay inhabilidades taxativas en la Constitución para que yo sea presidente porque tenga una sanción fiscal”.

Pero sobre eso hay todo un debate.

El Código Disciplinario dice que hay inhabilidades para ejercer cargos si hay sanciones como las de la Contraloría. Y que esa inhabilidad regirá por cinco años o hasta que el implicado pague la multa. Si es así, Petro no podría aspirar a cargos públicos sino hasta 2021. Salvo que pague, lo que es improbable debido a que la multa es multimillonaria.

Para el exalcalde, sin embargo, la voluntad de los votantes está por encima de consideraciones legales. De ahí su estrategia de pedir una medida de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le resguarde sus derechos políticos.

Es un recurso similar al que usó el detenido opositor venezolano Leopoldo López, y de hecho fue éste quien le sugirió que lo interpusiera. Y es un recurso no muy diferente del que le funcionó a Petro para regresar a la Alcaldía cuando el Procurador lo destituyó en 2013.

Por otra parte, la reforma política que el Congreso comenzará a discutir esta semana como parte del desarrollo de los acuerdos con las Farc, les pone límites a las inhabilidades no judiciales (o sea, disciplinarias y fiscales) como la que él tiene, y propone que solo queden en firme cuando el Consejo de Estado se pronuncie.

Esta fue una petición de la Misión Electoral al Gobierno. También una promesa del presidente Santos a los partidos minoritarios, tras una reunión con sus representantes, incluido Petro, en abril pasado.

Independientemente de que esto le sirva al exalcalde, no es seguro que se apruebe antes de elecciones, debido al poco ambiente que hay en el Congreso para pasar una reforma política en el año preelectoral.

Por eso, le contó a La Silla una fuente del petrismo, en Progresistas tienen la idea de que el candidato haga toda la campaña con la sombra de que no pueda posesionarse y en caso de que gane, ya legitimado por los votos, repliquen la tutelatón que ya aplicaron cuando la Procuraduría lo destituyó, con el argumento de que el derecho a elegir y ser elegido es superior al de una multa.

¿Sin acompañantes?

La otra incertidumbre sobre la campaña de Petro es de tipo político y es cómo hará para crecer por fuera de su fiel base de seguidores y llegar a la segunda vuelta cuando tiene un sólo concejal en todo el país, el rechazo en las coaliciones de centro que se están forjando y un discurso polarizador que le ha generado una imagen negativa por encima de la positiva.

El 30 por ciento que en promedio marca en las encuestas en Bogotá es muy similar al porcentaje con el que ganó la Alcaldía y a la favorabilidad con la que terminó su gobierno, lo que indica que después de dejar el Palacio Liévano se ha mantenido en sus niveles históricos

Aunque podría ser su techo en la capital del país, puede ganar más recogiendo apoyos en otras regiones que le sumen, como en el Caribe donde obtuvo 26 por ciento de intención de voto y el suroccidente, donde tuvo 11 por ciento, según la última Gallup siempre detrás de Vargas.

Era una situación similar a la que reflejaban las encuestas en la contienda por Bogotá del 2010 que Petro ganó porque el voto de centro se dispersó entre tantos candidatos.

Pero hay varios indicios para creer que antes de la primera vuelta la veintena de precandidatos que hay hoy harán coaliciones para impedir que el candidato de la coalición del No de Uribe gane en primera vuelta.

Si ese es el escenario, Petro tendrá que meterse, o conformar a su alrededor, una coalición que le permita proyectarse más allá de Bogotá y de la Costa.

Recientemente estuvo en el Congreso de la Unión Patriótica, donde participaron también el presidente del Polo, Álvaro Argote y la precandidata verde Claudia López. Allí dijo que incluso está dispuesto a apoyar una candidatura de los sectores de la izquierda, que no sea la suya, “si de ganar se trata”.

En las elecciones presidenciales de 2010 eso fue lo que hizo: unió todas las fuerzas de izquierda alrededor de su nombre, con el aval del Polo, y quedó de cuarto puesto en la primera vuelta con poco más de un millón de votos.

Incluso repetir esa apuesta parece más difícil para el 2018. En parte, porque los otros aspirantes de izquierda como Clara López y Jorge Enrique Robledo están buscando una coalición más de centro. Y en ambas parece que no tiene cabida el exalcalde.

Clara López, por ejemplo, está más cerca de una coalición con los liberales y con la U, ya sea a través de la consulta abierta de candidatos que apoyan la paz, con Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y eventualmente Juan Carlos Pinzón, o de la que promueve el expresidente Ernesto Samper.

En esta segunda coalición estarían Petro, Piedad Córdoba, y Clara López, con la desventaja par Petro que Clara y Samper son más cercanos y que si se da la consulta de Galán sería más rentable para Clara y los liberales ser parte de esa, que de la de la sola izquierda de Samper.

Como la coalición de los Ni-nís, de la que hace parte Jorge Enrique Robledo, ya dejó por fuera a Petro, su única alternativa de coalición es con otros candidatos de izquierda y probablemente con las Farc, a la que también le están haciendo el feo las otras eventuales coaliciones.

La esperanza de Petro, como de varios otros, es la de movilizar al 60 por ciento de ciudadanos indiferentes que ni siquiera votaron en el plebiscito y que rara vez se acercan a las urnas.

En todo caso, como contamos, en caso de que el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo resulte ser el candidato de los Ni-nis, muy probablemente los votos de Robledo prefieran irse para donde Petro o Clara López porque son de izquierda.

Cosa diferente sería si queda Robledo, porque al ganar la nominación con el respaldo de una coalición con aspirantes de centro, se distanciaría del estigma castrochavista que la derecha le endilga a los aspirantes de izquierda, como los exalcaldes Clara y Petro.

Con todas estas interrogantes, Petro destapó su juego a la Presidencia para, si lo logra, arrancar su proyecto de la Colombia Humana, de la que habló apenas salió de la Alcaldía.

Silla Nacional
carlosh
Gustavo Francisco Petro Urrego

Gustavo Francisco Petro Urrego

Ex alcalde de Bogotá

La estrategia Trump de Uribe

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Con su desprecio a la carta firmada por más de 50 periodistas y columnistas (incluyendo la mayoría de los más influyentes de este país) llamando a Álvaro Uribe a ponerle fin a su práctica de difamar a sus críticos, después de que dijo que el columnista Daniel Samper Ospina es un “violador de niños”, el Ex presidente lejos de retractarse dobló sus acusaciones no solo contra el columnista de Semana sino contra los que firmamos la carta.

Con ésto, Uribe escala su confrontación con la gran prensa, muy a la manera como lo ha hecho el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Pero, a diferencia de los grandes medios gringos, aquí el periodismo tiene mucho que perder.

El florero de Llorente

Los hechos ya son conocidos: el viernes, Uribe escribió este trino:

Ante lo cual, Daniel Samper respondió con este video:

El domingo, periodistas tan distantes ideológicamente como Claudia Gurisatti y Daniel Coronell, Julio Sánchez Cristo y Hassán Nassar, firmamos esta carta pidiéndole al ex Presidente poner fin a este tipo de difamaciones a sus críticos:

Ante lo cual, pocas horas después Uribe respondió con este video:

La posverdad

Lo que Uribe hizo es grave porque dado su liderazgo cualquier cosa que él diga suele ser creída y replicada por millones de colombianos. En el caso de Daniel Samper, más de uno, por ejemplo, creerá que en realidad es un violador de niños solo porque Uribe lo afirmó. Y dado lo atroz de ese crimen, no es impensable que el humorista vaya a una heladería y algunos papás se cambien de acera en la calle o lo chiflen, para pensar en las reacciones más benignas que podrían derivarse de este episodio.

Ayer mismo, Samper puso en tuiter que “por culpa de AUV muchos de sus seguidores me equiparan ahora con Rafael Uribe Noguera.”

Este episodio también es un típico caso de lo que en Estados Unidos, a raíz del triunfo de Donald Trump, se ha llamado ‘la posverdad’: afirmaciones que no son ciertas pero que mucha gente prefiere creer contra toda evidencia porque interpretan o refuerzan sus emociones y creencias.

La acusación a Daniel Samper es un ejemplo de ello. Uribe sabe que el humorista no es un violador de niños. Pero incluso cuando tuvo la oportunidad de reconocer su error, optó por reforzar los “hechos alternativos” o las mentiras: dar a entender, por ejemplo, que para la ley es lo mismo burlarse del nombre de una bebé (en este caso Amapola, la hija de Paloma Valencia) o sacar en una revista a una niña de 15 años posando con un babydoll transparente con su consentimiento y el de sus papás, que violarlas.

Para el Senador, sus precandidatos del Centro Democrático y muchos de sus seguidores (incluido alguien que fue tan buen periodista como su ex vicepresidente Francisco Santos), poco importa que el columnista no haya violado a nadie; tampoco que la niña retratada en Soho en su momento haya dicho que “Mis papás firmaron los permisos y yo lo hice porque quería”; y tampoco que la sátira esté protegida por la libertad de prensa por más ofensiva que sea.

En este caso, al ex presidente le basta con apelar a una emoción contra Samper, que así como es muy popular con unos es tan ofensivo para otros como lo es la publicación satírica Charlie Hebdo en Francia; al regionalismo paisa; a los valores católicos; a la antipatía a Santos; y en general, al desprecio a los medios de comunicación.

Y no es la primera vez que Uribe usa la ‘posverdad’ (algo que también hacen otros políticos pero ninguno con tanta efectividad como él). Como lo han mostrado los detectores de mentiras de La Silla, el Senador repite sin sonrojarse datos que son falsos.

Por ejemplo, sólo en su reciente intervención en el Concordia Summit en Atenas, dijo que “"La minería ilegal y el narcotráfico son los únicos dos sectores que están creciendo actualmente", cuando el boletín técnico del Dane para ese trimestre muestra que han crecido cuatro de las nueve ramas económicas: el café, solo para citar un caso, creció 11,5 por ciento.

También afirmó que "El año pasado vimos un aumento de la extorsión del 236 por ciento", cuando en realidad bajó un 14 por ciento.

Y que la coca había crecido de “42 a 188 mil hectáreas", lo cual es engañoso porque de las dos mediciones que hay de cultivos ilícitos utiliza como línea base la medición que arroja las cifras más bajas y para la actual la que arroja las cifras más altas.

En una carta que envió en abril al Congreso de Estados Unidos aseguró que "Los jueces (de la justicia transicional) serán nombrados por personas permisivas con el terrorismo y similares a la supuesta ideología de las FARC". Lo hizo a pesar de las pruebas de que los miembros del Comité de Escogencia han hecho señalamientos muy duros contra organizaciones terroristas y no son de izquierda, como explicó La Silla en otro detector de mentiras.

 

Como Trump, Uribe se apoya en las redes sociales, particularmente Twitter, en donde con cuatro millones de seguidores inauguró la tuiterpolítica en Colombia, no solo para restarle legitimidad a los medios tradicionales que lo critican sino para validar a los medios que hacen eco a sus posiciones.

De los 342 trinos que ha hecho en julio el senador Uribe, 75 retoman directamente noticias de medios colombianos.

De esos 75 trinos,  22 han ido a notas del Periódico Debate, que fundó el hoy senador José Obdulio Gaviria en 2012; ocho a Costa Noticias, un medio de Valledupar con una línea claramente uribista; cinco a Los Irreverentes, de Ernesto Yamhure; y tres a El Nodo, un portal que creó el administrador de empresas Mario Alexander Penagos en 2015 y que tiene una línea editorial muy crítica del gobierno y de la izquierda y afín al discurso de Uribe.

Eso es un gran contraste con los grandes medios, a los que solo suele dar trinos cuando tienen columnas o entrevistas a personas cercanas (a eso se deben los dos trinos de El Heraldo, ambos de la polémica columna de Abelardo de La Espriella llamando a matar a Nicolás Maduro; los cinco de El Espectador; o los tres de El Tiempo), o cuando tienen noticias que encajan en su discurso.

En ese último caso suele usar medios de RCN (Noticias RCN tiene tres trinos; La FM cuatro; y RCN Radio otros tres); mientras que Caracol Radio, La W y Blu solo tienen uno cada uno.

A Trump, su estrategia de posverdad y de ataque a la gran prensa le sirvió para llegar a la Casa Blanca porque, entre otras cosas, supo interpretar la frustración de todo un sector de su país que se sentía excluido por el Establecimiento, incluidos esos medios.

Sin embargo, una vez ganó, su estrategia se ha visto debilitada por un periodismo redoblado, que tras hacer un mea culpa, se ha dedicado a reestablecer la confianza con el público americano. La pregunta es si los medios colombianos seríamos capaces de hacer lo mismo.

Un terreno fértil

El analista de medios gringo Jay Rosen escribió una entrada en su blog titulada“Winter is coming” en diciembre de 2016, pocos días antes de que Trump se posesionara, en el que enumeraba 23 razones por las que al periodismo serio de Estados Unidos le esperaba el peor período de su historia con el nuevo presidente.

Varios de los puntos que él tocó se aplican al periodismo político colombiano.

Dice que dado que Internet arruinó el modelo de negocios de los medios tradicionales de comunicación y la plata que va a los medios digitales se la chupan Facebook y Google, los medios son cada vez más débiles.

La confianza en las instituciones y en los líderes políticos, que son de lo que hablan los medios en su cubrimiento de la política, está en su punto más bajo así como la confianza en los mismos medios, mientras que la rabia y la indignación está en su punto más alto.

Por ejemplo, en la última encuesta Gallup, los medios de comunicación cuentan solo con un 51 por ciento de opinión favorable, y 46 por ciento de de desfavorable. Es su punto más bajo en todo este siglo y marca una tendencia que tiene su punto de inflexión con la reelección de Santos, cuando los jefes de los grandes medios se alinearon con su campaña.

Esta división entre la mitad de la gente que cree en los medios y la mitad que no es similar a la brecha entre el país que votó por el Sí y el que votó por el No en el plebiscito del Acuerdo de Paz.

Con muy pocas excepciones, el periodismo colombiano no ha sabido reflejar ni recoger las preocupaciones de la gente que votó por el No. No lo hizo antes del plebiscito y tampoco después. Y a diferencia de los medios gringos, en Colombia nunca hubo una verdadera introspección por parte de los periodistas sobre en qué falló su reportería para no haber anticipado el veredicto de la gente.

Rosen también señala que en un país polarizado cualquier investigación periodística, sobre todo entre más potente sea, se convierte en gasolina para agudizar esa confrontación entre los dos lados más que en una herramienta para ayudarle a la gente a entender el país y el momento que vive.

Sobre todo porque al ser Facebook la principal plataforma a través de la cual la gente entra en contacto con las noticias la gente que está ubicada en los extremos ideológicos termina leyendo casi que exclusivamente aquello que refleja sus posiciones (porque dado que los algoritmos de Facebook saben que harán clic en ese tipo de historias, esas son las historias que aparecen en su muro).

Todo esto que sucede en Estados Unidos, aquí está potenciado por, entre otras razones, la alta dependencia económica que suelen tener los medios del Gobierno (solo a través del Fondo para la Paz, que se maneja a dedo en la Casa de Nariño, el gobierno Santos le entregó más de 9.100 millones de pesos a medios, fundaciones o asociaciones de medios entre 2014 y 2015, como contó La Silla) o los otros negocios de sus dueños de la simpatía del gobierno de turno; por lo rápido que se consolidan a favor del Establecimiento los consensos mediáticos o -como diría Petro (otro adepto a la posverdad)- las “matrices de opinión”; y por la línea tan tenue que hay entre opinión e información.

Por eso es diciente que ante este episodio, tantos usuarios en twitter hubieran volteado el hashtag que usamos los periodistas en la carta de #porelrespeto no para solidarizarse con el periodista difamado sino para manifestar que ellos tampoco se sentían respetados por los medios.

En este contexto, es posible que pese al hecho inédito de que tantos periodistas nos hubiéramos podido poner de acuerdo en la dura carta a Uribe rechazando su ataque a la libertad de prensa, el ex Presidente logre aprovechar este episodio para reforzar uno de los ejes de su estrategia política ahora que arranca la campaña para volver a la Casa de Nariño.

Silla Nacional
Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez

Ex presidente de la República y Senador

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Silla Pacífico
Silla Cachaca

Así aparece William Vélez en la historia de la Triple A

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La captura del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno por corrupto ha vuelto a poner el foco sobre el caso de la empresa mixta de servicios públicos de Barranquilla Triple A, cuyas pesquisas, según informaciones de prensa, estaban a cargo de su despacho. Como seguimiento a ese tema, en La Silla Caribe explicamos las menciones mediáticas y posibles relaciones de otro súper poderoso en esa historia. 

 

Ya habíamos contado cómo aparecía en la historia de la Triple A el empresario y megacontratista barranquillero José Manuel 'el Yuyo' Daes. Ahora, nos referiremos al también empresario y gran contratista del Caribe William Vélez (antioqueño).

Aunque sobre ninguno de ellos dos pesa investigación alguna ni tienen nexo específico con un delito, ambos han sido mencionados por medios españoles que están cubriendo el entramado de la llamada Operación Lezo en ese país.

Como lo hemos contado en La Silla Caribe, las autoridades de España bautizaron como Lezo a la investigación que estalló en abril pasado tras las capturas por corrupción de varios altos ejecutivos de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, accionista mayoritaria de la barranquillera Triple A.

Lo que investigan los españoles (indagaciones a las que se sumó luego la Fiscalía colombiana) es si recursos públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid fueron desviados hacia paraísos fiscales y campañas políticas del partido español de derecha PP, a través de inversiones que Canal hizo en sociedades de América Latina como la Triple A, pagando precios inflados que después se recuperaban por debajo de la mesa.

Periodistas de ese país han detallado que una supuesta red corrupta pagó coimas y hasta financió políticos en esta parte del mundo para poder entrar a esos negocios.

En el recuento de la información, buena parte de la cual se ha conocido por filtraciones, han terminado referenciados varios poderosos locales.

Las menciones a Vélez

El nombre de William Vélez Sierra fue mencionado a principios del mes pasado en el diario español El Confidencial que, ya echada a correr públicamente la bola de nieve de la Operación Lezo, aseguró que Canal de Isabel II era socia en Colombia de Vélez, un empresario “investigado actualmente por la Fiscalía General de Colombia por vínculos con grupos paramilitares”, según reza textualmente el artículo.

El medio cita a un portavoz del ente acusador colombiano que detalla que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y puntualmente tiene que ver con presuntos nexos entre Vélez y el bloque norte de las autodefensas, para supuestamente conseguir contratos de recolección de basuras.

La sociedad a la que se refiere El Confidencial es la de Vélez con Metroagua, la empresa mixta que desde 1989 y hasta este año manejó el acueducto y el alcantarillado en la ciudad de Santa Marta, en medio de una gran polémica y cuestionamientos pues el contrato para hacerlo era considerado leonino y abusivo por los dos últimos alcaldes (Carlos Caicedo y Rafael Martínez, del movimiento Fuerza Ciudadana).

En todo ese tiempo, Metroagua tuvo muchos dueños privados pero al menos hasta este año sus principales accionistas han sido William Vélez (a través de sus firmas Termotécnica Coindustrial S.A. y Eléctricas de Medellín) e Inassa.

Inassa, como ha quedado claro en el escándalo de Canal de Isabel II, es la filial a través de la cual esa empresa pública madrileña es accionista mayoritaria de la Triple A en Barranquilla.  

En un segundo informe, también en junio, El Confidencial agregó que además de la vinculación con Inassa vía Metroagua, Vélez también tenía relación con Canal en la Triple A.

Eso ya era de conocimiento público en La Arenosa: a través de otra de sus empresas, Aseo Técnico S.A., Vélez tiene desde 1995 un contrato en la empresa mixta barranquillera para prestar el servicio de recolección de basuras.

Citando fuentes de Canal, el medio español asegura que por ese concepto la Triple A paga unos 70 millones de dólares al año a Aseo Técnico.

La historia más allá

Más allá de esas menciones, hay otros momentos en la historia de la Triple A en los que también aparece el nombre de Vélez.

La Triple A nació en 1991, durante la administración del liberal Miguel Bolívar Acuña, ante el desastre que se vivía en la ciudad por la mala prestación de los servicios públicos. Por decisión del Concejo, el Distrito tenía que tener entre el 85 y 89 por ciento de las acciones y los privados el resto (aunque poco más de dos décadas después, la ciudad tiene apenas el 14 por ciento, un asunto en el que se centra parte del escándalo, al menos mediáticamente, a nivel Barranquilla).

Cuando llega el siguiente alcalde, Bernardo ‘el Cura’ Hoyos (hoy condenado por peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos en el caso de una compra de unos terrenos), la empresa mixta aún no estaba operando.

Una de las primeras acciones de ese mandatario con respecto a la Triple A fue entregarle a Aseo Técnico de William Vélez el contrato de las basuras, que inicialmente iba hasta 1999 pero se ha prorrogado en dos ocasiones y, por ahora, termina dentro de 15 meses.

A fines de 2004, cuando el alcalde era Guillermo Hoenigsberg (heredero político del Cura Hoyos que rompió con él luego de llegar al poder y hoy está condenado por corrupción) llegó a la gerencia de la Triple A un ejecutivo llamado Carlos Ariza vía la selección de una firma cazatalentos.

Ariza venía de gerenciar Interaseo, la empresa de William Vélez fundada en 1996 que es la joya de la corona de su imperio de las basuras en el país.

Durante su administración (en 2006), el contrato de Aseo Técnico con la Triple A, que ya había sido extendido por primera vez en 1999, fue prorrogado por 12 años más.

Lo que le dijeron a La Silla Caribe por aparte una persona que tuvo un alto cargo en la Triple A y un periodista que conoce bien la historia de esa empresa es que Ariza llegó por deseos de William Vélez a la empresa mixta barranquillera.

Al consultarle, la oficina de prensa del empresario paisa nos respondió que “el señor Ariza fue contactado por el señor Carlos Rocca, en representación de la Triple A de Barranquilla, quien le hizo un ofrecimiento laboral, el cual Interaseo nunca conoció”, y que Vélez nunca impulsó o recomendó a Ariza para que llegara a la Triple A.

En 2011 llegó a la Triple A otro alto ejecutivo proveniente de una empresa en la que tiene presencia Vélez: se trata de Diego García Arias, un colombiano que, según versiones de prensa españolas y colombianas, fue solicitado en extradición por España dentro de la Operación Lezo.

García Arias era la cabeza de Metroagua en Santa Marta (cuando entre sus accionistas ya estaban Inassa y las empresas de Vélez) y llegó a la junta directiva de la Triple A, tras lo cual se convirtió en una de las manos derechas del español Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y uno de los primeros capturados dentro del caso Lezo.

García Arias llegó a ser gerente de expansión y nuevos negocios de Inassa al tiempo que estaba en la Triple A.

Ese colombiano parece haber sido tan clave en el entramado que se está investigando, que en una conversación telefónica que le intercepta la justicia española a Rodríguez Sobrino el año pasado, éste dice: "Estoy harto de decirle a Diego y a todo el mundo que la única manera de cerrar esta historia para siempre es con la venta. ¡Es la venta! ¡Es la venta! Olvidarnos de todo", una frase que evidencia que la cabeza de Inassa le hacía comentarios que no se le hacen a cualquier empleado.

Según publicó hace unas semanas Noticias Uno, hay una declaración del paramilitar alias El Canoso, exjefe político del bloque resistencia Tayrona de las autodefensas que hizo pactos con políticos para entrar a negocios públicos, en la que asegura haberle recibido unos cheques a García Arias y a otro directivo de Metroagua.

En 2009, el portal Verdad Abierta había publicado unos memorandos internos de las autodefensas que revelaron cómo querían incursionar en el negocio de las basuras en la región.

Uno de esos para-memos es de 2005 y dice textualmente: “El nuevo gerente de la AAA de Barranquilla se posesionó del cargo a finales del año pasado era el antiguo gerente general de todas las empresas de WV en el país y el exterior, y ha sido a través de WV con quien hemos logrado los acercamientos y compromisos con la AAA para el negocio de Barranquilla”.

Cuando salió la noticia de esos memorandos, William Vélez le negó categóricamente a La Silla haber tenido él o sus empresas cualquier vínculo con las autodefensas: “Nunca recibimos ni una llamada ni un correo de esos señores”, nos dijo.

Hace unas semanas, su oficina de prensa nos ratificó esta versión y agregó que en este tiempo el empresario jamás ha sido llamado por la Fiscalía a ningún proceso.

También nos dijeron que aunque sí son socios de Metroagua no han tenido en esa empresa responsabilidad “ni operativa ni administrativa. Es como quien tiene acciones en Ecopetrol”. 

Por decisión de la Alcaldía de Álex Char, William Vélez se convirtió este año (junto a los hermanos Daes) en socio del Distrito de Barranquilla en una sociedad mixta que manejará el alumbrado público de la ciudad durante los próximos 30 años, en un esquema legal similar al que dio luz a la Triple A hace 26 años.

William Vélez. Foto: tomada de dinero.com
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El ruido uribista para la Presidencia del Senado

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El próximo jueves 20 de julio las plenarias de Senado y Cámara votarán por los presidentes de estas corporaciones, un trámite sencillo en el papel, toda vez que desde hace meses el senador Efraín Cepeda y el representante Rodrigo Lara, respectivamente, tienen los votos de la coalición para esos cargos.

Sin embargo, por primera vez en este periodo, el uribismo va a mandar un candidato propio, que le haga ruido a la aspiración de Cepeda.

Según supo La Silla, el candidato sería Honorio Enríquez un senador primíparo uribista del Magdalena, a quien ya le han propuesto varios congresistas de su bancada que se lance.

La razón para poner a sonar esta aspiración, según nos dijeron dos senadores uribistas, es que se vea que la coalición a favor del Gobierno es tan débil que sin sus votos a penas van a lograr la mayoría (en las últimas tres votaciones para el cargo, el Centro Democrático apoyó al aspirante de la coalición afín al Gobierno).

De todos modos es poco probable que la Presidencia de Cepeda tambalee. Por una parte, el puesto de los conservadores en ese cargo hace parte de los acuerdos que hace tres años hizo la coalición, para que el último año les corresponda. Romper ese acuerdo significaría la ruptura de los demás para las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. Además porque seguramente el Gobierno se la jugará a fondo para tener a uno de los suyos en ese cargo y que le dé prioridad a las votaciones de los proyectos que todavía faltan para la reglamentación del Acuerdo de paz.

La decisión final de dar este golpe la tomará el expresidente Álvaro Uribe con su bancada del Centro Democrático en su primera reunión de bancada el próximo miércoles.

Silla Nacional
Efraín Cepeda Sarabia

Efraín Cepeda Sarabia

Senador del Partido Conservador

Uribe vs Samper: la punta de un iceberg

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La difamación de Álvaro Uribe al columnista Daniel Samper Ospina, a quien llamó sin ninguna prueba “violador de niños”, es el caso más visible y de mayor impacto de un fenómeno más difundido. Cada vez más funcionarios públicos denigran públicamente de periodistas, quizás aprovechando que los colombianos han ido perdiendo la fe en el valor democrático de la prensa.

Desde el primero de enero de 2016 hasta la fecha, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha registrado 25 casos de estigmatizaciones a periodistas por parte de funcionarios públicos, y seguramente hay más.

Son estigmatizaciones que varían en grado. Algunas son abiertamente calumnias, otras son insultos o mero desprecio. Pero todas denotan una omisión en “su obligación de promover un ambiente favorable a la discusión pública”, como ha explicado Pedro Vaca, director de la Flip.

Están desde los trinos del ex alcalde Gustavo Petro contra RCN Noticias por su cubrimiento de la marcha del primero de abril en el que afirmó: "Está fracasando el Canal RCN y su propietario en su tarea por "traquetizar la sociedad"” hasta el alcalde de Yopal que acusó a los periodistas de Manantial Stéreo de “ratas” y “ladrones”.

Las estigmatizaciones van desde el nivel nacional como cuando un funcionario de Planeación Nacional dijo cuando la periodista de RCN Karla Arcila se identificó "con razón huele a azufre", hasta el alcalde de San Vicente del Caguán diciéndole al reportero Camilo Muñoz de RECP SUR “La prueba reina es que Usted es comunista y perseguidor” como respuesta a una publicación de Muñoz titulado “La ‘prueba reina’ contra el alcalde de San Vicente del Caguán”.

Es posible que en algunos de estos casos, los periodistas hayan cometido un error, o inclusive que estuvieran cometiendo un acto indebido. Una encuesta publicada hace un año y medio mostró el nivel de corrupción en este gremio.

Pero, como explica Vaca,  “El lenguaje agresivo es una manifestación de violencia. Y usado por un líder político en cualquiera de las redes sociales puede llegar a ser identificado por alguno de sus seguidores como una invitación, o por lo menos como una autorización velada al uso de la violencia física contra el destinatario del trino o del discurso descalificador”.

Por eso, y sin perjuicio de lo mucho que los periodistas podemos mejorar nuestro trabajo, en un país en el que en los últimos 40 años han sido asesinados 152 periodistas en razón de su trabajo, esta actitud de los servidores públicos frente a la prensa representa malas noticias para el nivel del debate público y de la democracia.

Silla Nacional

Marcha Patriótica se crece frente al Congreso de los Pueblos

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El jueves Eduardo Martínez, el gestor de Paz del ELN en los diálogos en Quito, dijo en el congreso del Partido Comunista, que la negociación con ese grupo solo avanzaría si el Gobierno accede a ir implementando a medida que se van acordando los puntos en la mesa de diálogos, contrariando el principio orientador de la negociación con las Farc de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Con esa declaración, el ELN le puso un nuevo palo en la rueda a la negociación de paz .

Pero mientras esta guerrilla se toma todo el tiempo del mundo para concretar un acuerdo que permita su desmovilización, las organizaciones sociales afines políticamente a esta guerrilla ven cómo aquellas más cercanas a los postulados de las Farc comienzan a ganarles espacio político en sus territorios.

Eso está sucediendo en los siete municipios del Magdalena Medio (Yondó, Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa, Arenal y Morales) que fueron preseleccionados como una de las 16 circunscripciones especiales de paz. 

Allí, mientras Congreso de los Pueblos, el movimiento que agrupa a muchas organizaciones afines a los postulados políticos del ELN, está quieto y aún no decide si va a participar de ese proceso, Marcha Patriótica, movimiento que agrupa a organizaciones sociales afines a los postulados de las Farc, ya está en precampaña para quedarse con la curul en la Cámara que le correspondería a esos municipios.

La incursión de Marcha en el terreno de Congreso

Hace un mes, Marcha inició una gira por los siete municipios (no han ido a Simití), con el fin de hacer pedagogía para la implementación del acuerdo de paz con las Farc, y particularmente de las circunscripciones de paz. 

En esta primera etapa está haciendo pequeñas reuniones con las comunidades, principalmente las que son afines a Marcha, para contarles de qué trata ese punto del acuerdo de paz, quiénes pueden participar y quiénes no y así incentivar el interés de votar.  

A partir de agosto planean conformar comités electorales en cada municipio y convocar asambleas con las comunidades en cada uno para postular candidatos y finalmente, en una gran asamblea, escoger un candidato por los siete municipios.   

Con ese plan, empezaron a abarcar espacios que antes no ocupaban y a fortalecer su plataforma con miras a las legislativas de 2018. 

Marcha tiene a su favor que es fuerte en Yondó, Cantagallo y San Pablo porque en esos municipios está la zona de reserva campesina que coordina la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra, una organización que milita en sus filas. 

 

En los otros cuatro municipios tiene delegados, pero su voz no es la más fuerte.

En Arenal y Morales, por ejemplo, Congreso de los Pueblos le lleva ventaja en número de seguidores, entre otras, porque lideraba la zona de reserva campesina que existe entre esos dos municipios.

Pero, como lo ha contado La Silla, en ese movimiento hay más apatía por el proceso de paz con las Farc, no se les ve ninguna intención por ahora de hacer campaña por esas curules. 

“Con la coyuntura que existe se ha puesto más en riesgo a la comunidad. La militarización de la zona, las capturas masivas y asesinato de líderes sociales, el crecimiento del paramilitarismo...Aquí la gente no cree en la política de paz del Gobierno ni el supuesto posconflicto”, nos dijo Teófilo Acuña, vocero regional de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar.

Eso se ha atizado debido a que, como lo contó La Silla, en el Sur de Bolívar ha crecido la zozobra por la presencia del Clan del Golfo y las acciones del Ejército que mató a un líder social inocente, y el arresto de 14 dirigentes sociales, entre esos Milena Quiroz, una de las líderes más visibles de Congreso de los Pueblos, por su supuesta colaboración con el ELN.

En esos dos municipios en los que el movimiento social lo conforman juntas de acción comunal, asociaciones de pescadores y campesinos, organizaciones de víctimas, entre otros, sólo se está moviendo la Asociación de la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal Sur de Bolívar, Azocamsur, con miras a la circunscripción.

Y si bien esa asociación nació el año pasado con el fin de unificar criterios entre las organizaciones de los dos municipios y promover la inversión del Estado en la zona, resultó quitándole terreno a Congreso de los Pueblos, que durante los últimos seis años mantuvo su influencia en la zona de reserva a través de Comuarenal, una de las dos organizaciones que la lideraba. 

Esa movida interna le dio cabida a la Asociación de Zonas de Reservas Campesinas, Anzorc (que también pertenece a Marcha), cuyos líderes empezaron a moverse con la nueva asociación, cuando eso no había sucedido antes, algo que también les ha acortado el terreno

En Santa Rosa y Simití (donde tanto Congreso de los Pueblos como Marcha tienen influencia pero ninguno lleva la batuta), uno de los líderes de Marcha le dijo a La Silla, que una de las dificultades es que si bien ese ha sido un territorio tradicionalmente controlado por guerrillas, la gente, sobre todo en Santa Rosa, es muy conservadora. En el plebiscito, por ejemplo, en ese municipio el No ganó con el 62 por ciento de los votos.

La avanzada

Marcha está visitando cada municipio para explicar de qué se trata la circunscripción y a su vez está promoviendo la idea de que la mayor cantidad de organizaciones, asociaciones campesinas y de víctimas se unan en torno a una candidatura única, como lo quieren hacer en el Catatumbo

El sábado pasado los líderes sociales de los siete municipios se reunieron formalmente por primera vez en San Pablo, junto al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y dos organizaciones afines a Congreso de los Pueblos (que hacen presencia en los municipios en que es más fuerte Marcha y que por eso son más receptivos a su trabajo). 

Aunque la invitación se les hizo a todos, al final solo llegaron alrededor 20. Es posible que no hayan ido muchos porque la citaron de un día para otro y no todos lograron llegar, también es un termómetro que permite medir que por ahora que el tema de la circunscripción no está aún en la lista de prioridades de los dirigentes, por lo que la madrugada le puede servir a Marcha Patriótica para fortalecerse.

Y es que aún con la poca asistencia en la reunión sí se empezó a aterrizar políticamente el tema. Tres fuentes le dijeron a La Silla, que dentro de los temas que se analizaron, estuvo el potencial electoral y la abstención. 

Según sus cálculos, el potencial electoral de los siete municipios es de 80 mil personas, pero dado que en las elecciones de Congreso (2014) votaron a penas 37 mil de los cuales cerca de 7 mil fueron inválidos, una de las estrategias tempraneras estará en derrotar la abstención y hacer pedagogía para marcar tarjetones.

Para eso, Marcha ya está promoviendo que las Alcaldías abran nuevos puestos de votación, sobre todo en zonas rurales, y faciliten el proceso de inscripción de cédulas pues muchos ni siquiera están habilitados para votar. 

A eso se suma otro ingrediente que Marcha puede terminar capitalizando. 

Casi siempre las organizaciones de Congreso de los Pueblos en esa región se han marginado de los procesos electorales porque sienten que los políticos pueden terminar involucrándose en las asociaciones.

“La politiquería ha sido capaz de permear hasta los procesos sociales”, dijo Juan Hincapié dirigente de Asamisur que hace parte de Congreso de los Pueblos. Teófilo Acuña y Narciso Beleño, dirigentes que también pertenecen a Congreso en Sur de Bolívar nos dieron una versión similar. 

Esa es una de las razones por las que ni en la Federación Agrominera ni en la Comisión de Interlocución, las dos más visibles de Congreso de los Pueblos en Sur de Bolívar, se han reunido para definir si participarán o no por la circunscripción, y, según cuatro líderes que pertenecen a ambas plataformas, de seguro habrán posiciones encontradas. 

“En la Comisión puede que la apuesta sea no participar. En la Federación Agrominera se ha visto con buenos ojos. De cualquier manera hay que esperar las asambleas”, nos dijo un líder que se mueve en ambos sectores. 

Así que si Marcha logra que campesinos de Congreso de los Pueblos se identifiquen con sus candidatos, o si logra, como sus líderes le dijeron a La Silla, que los dos movimientos se unan para la circunscripción, de cualquier manera ganarán porque ellos serán los que marcaron el ritmo de la elección. 

Y mientras el movimiento que es base del futuro partido político de las Farc va ganando espacio, las organizaciones sociales afines políticamente al ELN lo irán perdiendo mientras que la dirigencia guerrillera dilata las negociaciones en Quito.

Silla Santandereana
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Silla Santandereana

Por sus trinos sobre su jefe los conoceréis

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Ante el episodio entre el expresidente Álvaro Uribe y el columnista Daniel Samper Ospina, los precandidatos uribistas defendieron a su líder pero no todos en el mismo tono.

Eso a pesar de que ayer firmaron el comunicado del Centro Democrático que buscaba unificar el mensaje de sus miembros después de algunas críticas internas que hizo que solo salieran a opinar después de la carta de los periodistas frente a Uribe.

“El que no esté dispuesto a defender a Uribe contra la jauría, que retire su nombre como candidato del Centro Democrático”, dijo, sin dar nombres, el senador José Obdulio Gaviria.

Al revisar los trinos de los seis candidatos de la alianza del No en la que plantearon su posición durante el fin de semana es claro que ninguno se atrevió a criticar que el Ex presidente no rectificara la grave acusación sin pruebas contra el columnista de ser un "violador de niños". Sin embargo, hubo tres posturas:

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Silla Nacional
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Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez

Ex presidente de la República y Senador

Los imprescindibles de Bogotá

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En Bogotá, hay más de 50 mil funcionarios públicos y la mayoría de ellos pasan desapercibidos. Aunque de muchos de ellos sólo se suele hablar cuando cometen grandes actos de corrupción o errores, la mayoría trabaja en silencio y son indispensables para que el Distrito funcione adecuadamente.

Para reconocer a quienes tienen esa labor, en La Silla Vacía, en alianza con Bancolombia, continuamos con nuestra serie de "funcionarios imprescindibles".

Para escoger a estos 10 funcionarios imprescindibles hablamos con 43 personas entre las que se encuentran funcionarios y ex funcionarios de primer nivel del Distrito, ediles, asesores de concejales, concejales, y personas que conocen y trabajan en temas de la ciudad. Ellos son sólo una pequeña muestra de los miles de funcionarios que han dedicado parte de su vida a hacer que la ciudad funcione. Aunque quienes toman las decisiones últimas son otros más visibles, estas personas son imprescindibles para que éstos puedan hacerlo y para que, luego, las decisiones que tomen se ejecuten.

José Alejandro Herrera Lozano

Subsecretario Técnico de Hacienda

Quién es

  • Es administrador de empresas del Externado
  • Tiene una especialización en finanzas
  • En 1998 entró a la Secretaría de Hacienda como profesional especializado en la Dirección de Presupuesto
  • Trabajó en Metrovivienda como jefe de la Oficina de Control Interno
  • En 2004, volvió a la Secretaría de Hacienda como jefe de unidad en la Dirección de Tesorería
  • Fue Secretario encargado de Hacienda de mayo a diciembre de 2015

Qué ha hecho

  • Es el funcionario que más conoce la hacienda en Bogotá
  • Va al Concejo y le explica a los concejales todo lo que tiene que ver con hacienda pública
  • Es el que reemplaza a la Secretaria cuando no está
 

Piedad Muñoz Rojas

Directora Distrital de Presupuesto

Quién es

  • Es economista
  • Tiene una maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos
  • Trabaja desde 1999 en la Secretaría de Hacienda
  • Primero trabajó en la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales
  • Desde el 2001 trabaja en la Dirección de Presupuesto
  • En 2012, fue nombrada Directora Distrital de Presupuesto

Qué ha hecho

  • Es la persona que más conoce el presupuesto distrital
  • Lleva diseñando y organizando el presupuesto de la ciudad desde el 2012
  • Es la que cuida la plata del Distrito
  • Media entre las diferentes entidades del Distrito para definir cuál será el presupuesto de cada una
  • Hace parte del Confis del Distrito
 

Francisco Castiblanco

Director de Apoyo Técnico de la Empresa de Acueducto de Bogotá

Quién es

  • Es ingeniero civil
  • Tiene un MBA en seguridad, calidad y gestión humana
  • Lleva 31 años trabajando en el Acueducto
  • Desde 1993 controla el presupuesto, el diseño de infraestructura y la construcción de redes de acueducto y alcantarillado

Qué ha hecho

  • Es la memoria histórica del Acueducto
  • Ha dirigido varias intervenciones del Acueducto para sanear el agua de la ciudad.
  • Es reconocido en las localidades por ser el que más sabe de acueducto y alcantarillado
  • Dirige la coordinación con otras entidades distritales, departamentales o nacionales para hacer las obras del acueducto
 

Esmeralda Caro

Coordinadora del Grupo de Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos en la Personería

Quién es

  • Es abogada
  • Tiene una maestría en Política Social
  • Lleva 18 años trabajando en la Personería
  • Del 2000 al 2007 fue coordinadora delegada de Derechos Humanos
  • Del 2008 al 2012 fue coordinadora del Proyecto de Atención a Población Vulnerable
  • Desde el 2012 coordina el Gaepvd

Qué ha hecho

  • Está en todas las manifestaciones, protestas o paros que hay en el Distrito como intermediaria entre los manifestantes y las autoridades
  • Evita que las manifestaciones se escalen
  • Coordina un área de sensibilización en Derechos Humanos para el Esmad
  • En la Secretaría de Seguridad la consideran indispensable para mantener el orden en las manifestaciones
 

Maria del Pilar Grajales

Directora Técnica de Predios del IDU

Quién es

  • Tiene una maestría en planeación urbana y regional
  • Del 2007 al 2012 fue la Secretaria General del Catastro Distrital
  • Desde el 2013 trabaja en el IDU

Qué ha hecho

  • Conoce al dedillo los procedimientos para comprar y expropiar predios en la ciudad, lo que hace que las obras puedan comenzar a tiempo
  • Interviene en una de las partes más complejas de todas las obras del IDU
  • Es la encargada, actualmente, de comprar los predios por donde se construirá el metro
 

Yanneth Suárez Acero

Subsecretaria de Gobernanza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Quién es

  • Es abogada
  • Tiene una maestría en Derecho de la Cultura de las Universidades UNED y Carlos III de España
  • Trabajó en el Departamento Administrativo de Acción Comunal en la primera alcaldía de Peñalosa
  • En la segunda alcaldía de Mockus fue la Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto de Cultura; lo que se convertiría después en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
  • Desde el 2008 es Subsecretaria de Gobernanza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Qué ha hecho

  • Es la memoria histórica del sector cultura en Bogotá
  • Fue la arquitecta jurídica del Acuerdo que creó el Sector Cultura en la ciudad en el 2006
  • Da los lineamientos jurídicos con los que se puede desarrollar lo que se plantea sobre cultura en el Plan de Desarrollo
 

Aliria López Beltrán

Responsable de la Operación Amistad del Idipron

Quién es

  • Es licenciada en educación
  • Tiene una maestría en educación comunitaria
  • Lleva 33 años trabajando en el Idipron en el programa de rehabilitación de habitantes de calle.
  • En 2010 y 2011 fue la Subdirectora Técnica de Métodos Educativos y Operativos del Idipron
  • Hace 15 días Peñalosa le dio la Medalla Cívica por su labor de "recorrer las calles y ayudar a que nuestros jóvenes decidan entrar a los programas que les ofrecemos desde el Distrito"

Qué ha hecho

  • Conoce todas las zonas de Bogotá en donde se concentran los habitantes de calle
  • Sabe cómo ha cambiado el fenómeno de habitante de calle en los últimos 30 años en Bogotá
  • Va a las zonas en donde viven, les da comida, los escucha y les ofrece ir a los centros de rehabilitación.
  • Dirigió la atención a los habitantes de calle después de los operativos del Cartucho, en 2002, y del Bronx, en el 2016
 

Maria Antonia Hernández

Asesora Financiera de los Fondos de Desarrollo Local

Quién es

  • Es administradora de empresas
  • Tiene dos especializaciones: una en Control Interno y otra en Derecho Público
  • Trabaja hace 24 años en la Secretaría de Gobierno
  • Hace 4 años trabaja como Asesora Financiera de los 20 Fondos de Desarrollo Local

Qué ha hecho

  • Es la que vigila cómo se gastan la plata las Alcaldías Locales
  • Instituyó y diseñó procesos para hacerle seguimiento al gasto de las alcaldías locales
  • Este año ha recuperado 15 mil millones de pesos que aparecían como deuda de pagos pendientes por contratos que no se habían liquidado formalmente; los ubicó y liberó para otras obras.
 

Glenda Luna Saladén

Directora de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios

Quién es

  • Es arquitecta
  • Trabaja hace 31 años en la Secretaría de Planeación
  • De 1993 a 1997, fue Directora de la Oficina de Habilitación, donde se definían las acciones de mejoramiento de barrios
  • Desde 1997 es Directora de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios

Qué ha hecho

  • Es la funcionaria que más conoce todo el proceso para legalizar barrios en Bogotá
  • Sabe cuáles son las ocupaciones ilegales de la ciudad y conoce sus necesidades.
  • Se conoce el POT de Bogotá y los distintos usos del suelo de la ciudad.
  • Ha dirigido el proceso de legalización de 633 barrios
 

Maria del Carmen Murcia

Rectora del Colegio Gerardo Paredes en Suba

Quién es

  • Es licenciada en educación
  • Tiene una maestría en educación currículo y comunidad
  • Trabaja desde 1977 en colegios públicos
  • Ha pasado por todos los cargos de un colegio distrital: maestra, coordinadora y rectora
  • Es desde el 2004 rectora del colegio Gerardo Paredes en Suba

Qué ha hecho

  • Conoce cómo es el día a día, las necesidades y las dificultades de un colegio distrital
  • Este año uno de sus maestros, apoyado por ella y siguiendo las directrices que ella ha instaurado en el colegio, ganó el premio a mejor maestro por un método que utilizó para reducir los embarazos adolescentes
  • Su trabajo en el Gerardo Paredes es reconocido no sólo a nivel local sino distrital.
  • Convirtió al Gerardo Paredes en uno de los colegios distritales más reconocidos por su buena convivencia institucional
 
 
Esta historia es posible gracias a la alianza entre Bancolombia y La Silla Vacía y hace parte de la serie los Imprescindibles donde buscamos destacar a esos funcionarios públicos cuyo aporte es decisivo para el buen funcionamiento del Estado.
Silla Cachaca
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Silla Cachaca

La polémica política que manejará a las víctimas de Huila y Caquetá

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La semana pasada la Presidencia publicó la hoja de vida de Lucrecia Murcia, la polémica exalcaldesa de Florencia, que ahora será la directora territorial de la Unidad de Víctimas de Huila y Caquetá.

Murcia es una abogada penalista que se dio a conocer a nivel nacional porque cuando fue alcaldesa entre 1998 y 2000, puso una cámara en su oficina y grabó cuando le daba plata a unos concejales para que le apoyaran unos proyectos.

Aunque en su momento la entonces alcaldesa Murcia dijo que lo hizo para demostrar la corrupción de los concejales, (“nadie graba su propio delito”, dijo), ésto le costó que en el 2005 la Procuraduría la sancionara con cinco años de inhabilidad.  

La Fiscalía también la investigó por el mismo caso pero le cerró el proceso en 2011, por lo que Murcia buscó tumbar la sanción de la Procuraduría ante el Consejo de Estado. Sin embargo, perdió.

Tras estar cinco años sin poder contratar con el Estado, buscó de nuevo la alcaldía de Florencia en 2011 avalada por el Partido Liberal pero perdió contra Susana Portela, de la U, quien después terminó en la cárcel por enriquecimiento ilícito y por sobornar a los concejales. 

En 2012, como lo contó La Silla, Murcia sonó para ser la secretaria general del Concejo de Bogotá con el apoyo de Cambio Radical, pero al final desistió.

Dos años después, regresó a la arena política de su departamento para las elecciones a Congreso como parte de la lista liberal a la Cámara. Harry González se quedó con la curul roja y ella se quemó.

 

Entre 2014 y 2017 fue la representante legal de Corpopredial, una empresa que fue contratada por Corpoamazonía para que asesorara la titulación de 9200 predios de Caquetá y 800 de Putumayo.  Y ahora encontró trabajo en la Unidad de Víctimas.

Villalba gana

El nombramiento de Murcia refuerza el dominio liberal en Caquetá, partido que ya tiene la gobernación con Álvaro Pacheco (a quien Murcia apoyó en campaña) y dos diputados. 

Además, recarga al senador liberal Rodrigo Villalba, que según supo La Silla por un político regional que lo sabe de primera mano, fue quien la recomendó.

Villalba fue la octava votación para Senado en ese departamento, y justo a menos de un año de las elecciones a Congreso, queda alguien de su cuerda en un cargo clave, que tendrá que resolver los casos de más de 340 mil víctimas, de acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas.

Aunque Murcia viene mermada electoralmente (para la Alcaldía en 2011 sacó 13 mil votos, y a la Cámara en 2014 sacó 3 mil), tenerla en su equipo le permite a Villaba fortalecer su estructura en Caquetá, donde en las elecciones de 2014 sacó apenas 1.351 votos, menos de los que sacaron sus rivales conservadores Hernán Andrade (1620 votos), Carlos Ramiro Chavarro (2423 votos), y el de La U Jorge Eduardo Géchem (1421 votos)

La movida en la Unidad de Víctimas también muestra que a estos cargos están llegando más políticos que técnicos.

Lucrecia Murcia aspiró en 2011 a la Alcaldía de Florencia avalada por el liberalismo pero perdió contra Susana Portela.
Silla Sur
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Silla Sur

La revocatoria de Bucaramanga fracasa y refuerza al Alcalde

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Como ayer se venció el plazo del comité que quería revocar a Rodolfo Hernández para presentar las firmas y no las entregaron, la campaña ‘Yo firmo por Bucaramanga’ naufragó.

El cambio de discurso

Cuando arrancó su campaña en mayo, el promotor Óscar Díaz -un político de Girón que trabajó en la campaña de Rodolfo a la Alcaldía recogiendo firmas- dijo que ya tenía las 23 mil firmas requeridas para convocar la votación. Pero hace dos semanas, Díaz le solicitó a la Registraduría ampliar la recolección de firmas por tres meses. 

Ayer, le preguntamos a Díaz si iba a presentar las firmas antes de que venciera el plazo oficial y nos respondió que “no” junto con su solicitud de ampliación, con lo que dejó ver que esperará a que le respondan. Sin embargo, una fuente de la Registraduría nos dijo extraoficialmente que ese capítulo está prácticamente cerrado: “hablamos en Bogotá (con superiores de la entidad) y quedó claro que independientemente de lo que decida el CNE, hasta el 17 de julio recibimos planillas”.

Varios factores incidieron para que Díaz fracasara.

Sin maquinaria y peleándole a la popularidad

Las medidas impopulares que Rodolfo ha tomado este año le alcanzaron a pegar a su popularidad en febrero y en su momento se leyeron como insumos para la revocatoria (como las protestas que los comerciantes del centro hicieron en contra de la medida del pico y placa zonal o los cambios viales en la ciudad), pero finalmente nadie capitalizó ese malestar.

 

A pesar de que la clase política de la ciudad controvierte a Rodolfo en redes sociales cada que puede y la bancada mayoritaria del Concejo (diez liberales, uno del viejo PIN y uno del Mais) son una férrea oposición a su administración, ninguno se metió de frente. Díaz empezó y terminó como el único líder visible.

En La Silla contamos que seis de los ocho integrantes del comité pro revocatoria habían hecho campaña con los liberales en 2015 -los principales opositores del Alcalde-, por lo que se preveía que a través de ellos, los liberales iban a mover su maquinaria para respaldar la revocatoria, pero eso tampoco se vio.

Sin embargo, esa conexión entre la revocatoria y los liberales siempre se mantuvo en el ambiente y le restó legitimidad.

Otro punto que le jugó a favor a Rodolfo fue que su discurso anticorrupción sigue teniendo un efecto muy positivo ante la opinión pública. No solo ha logrado minimizar el impacto de sus errores administrativos sino que también ha opacado a la clase política tradicional y en general, a todos lo que le hacen oposición.

Tal y como le dijo a La Silla Julio Acelas, analista y miembro de La Red Santandereana: “Rodolfo logró poner a todos los ciudadanos de Bucaramanga a hablar únicamente de anticorrupción, no les interesa nada más”.

 

La revocatoria no trasnochó a Rodolfo

Además de que no hubo una estructura que respaldara la iniciativa de Díaz y de que la gente cree en Rodolfo, al Alcalde le sirvió haberse mantenido al margen.

A diferencia de los casos de Bogotá o de Barrancabermeja en donde las administraciones municipales han emprendido estrategias para contrarrestar las campañas de revocatoria, en Bucaramanga Rodolfo solo dio un par de declaraciones al respecto.

La más sonada, cuando contó que Díaz había trabajado para él y que supuestamente promovía la revocatoria porque él no le había querido dar contratos; y la más reciente, la semana pasada, cuando dijo que estaba más tranquilo “que un senador por La Guajira” porque sabía que no prosperaría.

Si bien esa indiferencia no fue una estrategia concertada en la Alcaldía, sí respondió a la directriz de Rodolfo de no tratar de influir la decisión de la gente, lo que además le sumó puntos a su imagen de apolítico.

Así, Rodolfo sorteó la revocatoria sin proponérselo y el fracaso de sus promotores termina reforzando la legitimidad de su administración.

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Las dos caras que mostró el Centro Democrático en Santander

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El lunes Francisco Santos y José Obdulio Gaviria organizaron una reunión en Bucaramanga con militantes y simpatizantes del Centro Democrático como un ejercicio para medir cómo están las fuerzas uribistas en Santander de cara a las elecciones al Congreso de 2018. Pero un pulso entre ambos resultó atizando la fractura del Partido en la región y de paso, dejó en evidencia las tendencias que existen en esa colectividad. 

Levantaron el avispero

Francisco Santos llegó a Bucaramanga en su rol de coordinador político del Centro Democrático, en medio de una gira que está haciendo por varias regiones. Como su meta es duplicar las curules uribistas el próximo año, tal y como lo contamos en La Silla, la idea de la reunión era ver qué fuerzas de Santander podrían sumárserles.

 

En ese ejercicio que era para escuchar a la gente y conocer a los interesados en obtener el aval del partido del ex presidente Uribe, no estuvo solo. En la mesa principal del evento que se llevó a cabo en el hotel La Triada también se sentó el senador José Obdulio Gaviria. 

En principio su presencia no resultó extraña para los cerca de 100 asistentes. Aunque Gaviria es antioqueño, desde que se fundó el partido, él ha asumido la vocería de Santander en la bancada del Senado del Centro Democrático, pues allí solo tienen un representante a la Cámara.

Sin embargo, su polémico discurso resultó contrariando la bandera con la que llegó el ex vicepresidente de Uribe a esa región. 

Según cinco uribistas que estuvieron en el evento, Francisco Santos habló de primero. Basó su intervención en la necesidad de que el Partido en Santander haga alianzas con fuerzas políticas que sumen votos para lograr sacar dos representantes a la Cámara.

“Él lo dijo clarito y es que la línea es abrir la participación a sectores políticos que hoy no están en el partido pero tienen afinidad y suman”, dijo uno de ellos. “La idea es sumar. Si sus hojas de vida no tienen tacha, no importa que vengan de otros partidos pero que sumen”, repitió otro.

En esa línea que, como contó La Silla, es la que él y otros congresistas han defendido en el partido a nivel nacional, entre otras cosas, para abrir la lista al Senado del Centro Democrático, incluso insinuó que es posible que la gente de La U se sume.

“Hay muchísima gente que quiere entrar y que no tenemos por qué decirle que no (...) Todos sabemos que el partido de La U éstas son las últimas elecciones que va a tener (...) el Partido Conservador también está en un momento de implosión (...) nosotros tenemos que convertirnos en la única fuerza y si no lo hacemos perdemos el país”, dijo Pacho Santos en una de sus intervenciones que quedó grabada.

Eso le cayó bien a buena parte de los asistentes. Sobre todo a las fuerzas políticas de la región que ya están pidiendo pista para aterrizar en el partido de Uribe y que estaban presentes en el evento. 

Entre ellos, Óscar Villamizar, quien además de ser hijo del excongresista Alirio Villamizar, condenado por el carrusel de las notarías, en 2014 se lanzó a la Cámara por Opción Ciudadana y se quemó con 15 mil votos. 

También fue música para los oídos de Edwin Ballesteros, el exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, quien es uno de los aliados políticos en la región del exgobernador Richard Aguilar, a su vez hijo del exgobernador y condenado por parapolítica Hugo Aguilar, y que hasta hace poco sonaba como su candidato a la Cámara. 

Luego fue el turno de José Obdulio. En veinte minutos, el ideólogo del Centro Democrático, logró que el mensaje de Pacho Santos, que se suponía era el del partido, quedara desdibujado. 

“Yo estoy de acuerdo con que aquí hay que obtener dos cámaras (...) pero no sonsacando a otros partidos dirigentes que tienen como propósito hacer de su vida una curul en el Senado o en la Cámara (...) Ahora dizque porque hay transfuguismo se vienen todos los de La U (...) Esto es un partido que obtiene votos a punta de ideas, a punta de la imagen del presidente Uribe (...)”, dijo.

Para tres de los cinco asistentes con los que hablamos, el discurso de José Obdulio iba en contravía del espíritu de la coalición del No de Uribe y Pastrana porque aún cuando la alianza es para las elecciones presidenciales “le echó agua sucia al que cayera”, según un uribista que no milita en el Centro Democrático

El guante le cayó incluso a miembros del Partido Conservador que estaba en la reunión.

José Obdulio dijo que había que cerrarle el paso a los fortines electorales que, según dijo, existen porque “son votos comprados”. 

Cuando recibió aplausos, subió de tono, y le lanzó pullas a varios políticos del departamento.

“Este es el único departamento que es capaz de elegir a Bernabé...es que no se necesita hablar” dijo, en referencia al  senador de Cambio Radical Bernabé Celis. 

Luego se refirió de forma implícita a la fuerza política del condenado Alirio Villamizar: “Hay gente que tiene en su caja fuerte miles de millones de pesos para comprar votos. Sobre todo cuando tienen notarías”.

En contravía de lo que acababa de decir Pacho Santos, también defendió que la lista a la Cámara en Santander fuese cerrada, algo que según él ya había propuesto en 2014 y de paso humilló a los Aguilar: 

“(En 2014) dije hagamos una lista cerrada de kamikazes que se enfrente primero que todo a los Aguilar”. 

El tema de las listas abrió un debate en vivo con Pacho Santos y con Marcos Díaz, el representante a la Cámara de Santander, quien también estaba en la mesa principal.  Ambos, defendiendo las listas abiertas le dijeron que la lista a la Asamblea de Antioquia, aunque fue abierta, resultó eligiendo seis diputados pero José Obdulio repostó que “el resultado no es el número, el resultado es la fuerza ideológica”.

El impacto en Santander

“Él nos convoca aquí a una guerra. Yo no comparto eso porque la guerra política e ideológica que tiene el Centro Democrático es contra las tesis de la izquierda no contra potenciales aliados para las elecciones” nos dijo Laureano Tirado, un conservador aliado de los Aguilar que está promoviendo la candidatura de Alejandro Ordóñez y que según dijo, va a militar oficialmente en el Partido de Uribe. 

En ese mismo sentido, otros dos asistentes dijeron que el evento terminó dividiendo aún más las fuerzas del partido en Santander que como contamos están reventadas. 

En un lado, quedaron los que apoyaron a José Obdulio. Uribistas que aunque son uribistas pura sangre no tienen votos, como la mayoría de la junta directiva departamental. En el otro, los que tienen potencial electoral pero vienen de partidos o grupos cuestionados en Santander.

Pero después del revuelo, José Obdulio, junto a Pacho Santos, resultó entrevistándose en privado con cada sector que está en el sonajero. 

Después del evento pero en el mismo hotel, se reunieron por separado con Óscar Villamizar, Edwin Ballesteros, la exrepresentante Johana Chaves y el director de Fedegasan Jaime Clavijo que quieren lanzarse al Senado y con Iván Aguilar, el excandidato a la Gobernación por el Centro Democrático que renunció y se adhirió al liberal Didier Tavera que ahora quiere volver al Partido y lanzarse a la Cámara.

Según dos fuentes, una que estuvo en uno de los encuentros y supo de los demás y otra a la que le contaron, la actitud del Senador ahí fue más de espectador que de interlocutor. 

“Pacho Santos fue el que les preguntó a cada uno (...) por sus intenciones, por los cuestionamientos (...)” dijo una de ellas.

Ambas fuentes aseguraron que solo con Iván Aguilar, José Obdulio se despachó también en privado -pues en público ya había insinuado que tenía que “pedir perdón” y “hacer la fila”-. 

Con eso, queda en el aire si la discordia en la que terminó la reunión de las fuerzas uribistas fue producto de la pelea interna del Partido en Santander o si fue para darle contentillo a ambos sectores y que todos se sintieran representados en al menos una de las figuras nacionales que fueron. 

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Mesa directiva del Senado: otra prueba de lo rota que está La U

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El partido más grande de la coalición del Gobierno de Juan Manuel Santos se hace pedazos, justo cuando están por tramitarse en el Congreso los proyectos de la paz y sus votos son clave para aprobarlos. Mañana arranca el último año legislativo del actual periodo y La U llega no sólo con varios de sus miembros con la intención de mover una ley de transfuguismo que les permita dejar la colectividad, sino en total división frente a la elección de la mesa directiva del Senado.

 

Así quedará en evidencia este jueves festivo durante la instalación del Legislativo que será presidida por Santos, y a la cual se presentarán los senadores del Caribe Eduardo Pulgar y Andrés García Zuccardi para pelearse a voto limpio en plenaria el asiento que le corresponde a La U entre las directivas de esa cámara.

Resulta que, por acuerdos de los partidos, este año la primera vicepresidencia del Senado le toca a La U (la presidencia le corresponde a los conservadores y será sin mayores inconvenientes para el senador atlanticense Efraín ‘Fincho’ Cepeda. El segundo vicepresidente será Antonio Correa, del viejo PIN).

Ese puesto de vicepresidente es importante porque el congresista que allí llegue puede tener influencia en el orden del día que define el presidente, y esa agenda es determinante para el hundimiento o la supervivencia de cualquier iniciativa en el Congreso. (Por ejemplo, si una mesa directiva pone en último lugar un proyecto, éste corre el riesgo de hundirse mucho más que si queda de primero o de segundo en la lista de los debates).

El primer vicepresidente del Senado, además, reemplaza al presidente en sus ausencias y desde ahí dirige plenarias, decide a qué compañero da o no da voz y a qué horas se levantan las sesiones, sin contar toda la prensa que moja y la línea directa que se le abre con Palacio.

Se supone que para esa palomita La U debía llegar con un candidato único elegido previamente por su bancada de senadores, para que la plenaria lo escogiera sin líos. Al menos, eso es lo más usual.

El problema es que esos senadores no pudieron ponerse de acuerdo por la reventada en la que anda el partido de Santos, roto entre la llamada “disidencia costeña” que ha liderado el senador Armando Benedetti y un sector que ha sido más cercano a Mauricio Lizcano (presidente del Senado hasta mañana).

Justamente Pulgar busca la vicepresidencia con el respaldo de los costeños de la disidencia más sus colegas de otras regiones Roy Barreras, Ángel Custodio Cabrera, Jimmy Chamorro, Jorge Eduardo Géchem y Milton Rodríguez, como consta en este pronunciamiento fechado en mayo que el mismo aspirante le envió a La Silla Caribe.

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Los siete senadores restantes, los que no firmaron la carta, quieren que quien los represente en la mesa directiva del Congreso sea García Zuccardi.

Hoy y mañana -antes de la instalación- serán días de reuniones para los diferentes partidos, que a última hora terminan de afinar estrategias y toman decisiones con miras a la nueva etapa legislativa. (El ministro del Interior Guillermo Rivera ofrece hoy un almuerzo a los voceros para hablar de la agenda de proyectos).

Pero lo más seguro es que, sobre el asunto del vicepresidente, La U no se ponga de acuerdo entre Pulgar y García, como nos lo confirmaron por aparte seis senadores de ese partido.

En plenaria a voto limpio (como se suele decir en política cuando no hay acuerdos) no es muy claro cuál de los dos ganaría, aunque a juzgar por lo que nos dijeron un senador liberal, dos conservadores, dos de Cambio Radical y uno del viejo PIN, en ese escenario probablemente triunfe García.

La razón es que ese congresista lleva varias semanas hablando con sus colegas de otras colectividades para pedirles el voto y además, según esas fuentes, su aspiración cae mejor por tratarse de alguien más conocido que Pulgar y hasta con mejor imagen entre algunos legisladores.

El bolivarense García Zuccardi es hijo de la exsenadora en juicio por parapolítica Piedad Zuccardi y del exsenador condenado por corrupción y amigo de Santos Juan José ‘Juancho’ García Romero, quien sigue liderando su grupo político, pero -en un hecho que complejiza su historia- no salió ‘pintado’ ni abiertamente dedicado al clientelismo como su papá, como lo contamos en La Silla Caribe.

De hecho, ha impulsado temas poco ‘vendedores’ entre caciques como la ley pro bicicleta. Un congresista verde nos dijo sobre él hace unos meses: “Yo tengo la impresión de que es buen tipo, interesado en temas tecnológicos y de innovación”.

Aunque, según nos aseguraron por aparte tres de las fuentes consultadas para esta historia, Juancho García sí ha llamado a varios senadores amigos suyos buscando darle una ‘ayudita’ a su hijo en la elección del jueves.

Una cuarta fuente conocedora agregó por su lado que no le constaba que García papá estuviera llamando a pedir el voto, pero que sí sabía que el excongresista está interesado en el tema y hasta ha asistido a reuniones para hablar del mismo en la oficina de Mauricio Lizcano. Un asunto que nos negaron en el despacho del Senador García.

Pulgar, por su parte, es reconocido en su natal Atlántico por varios hechos polémicos.

Como lo contamos en La Silla Caribe, en  junio de 2003, siendo concejal, el hoy Senador fue noticia porque previo a unas elecciones regionales le aparecieron en su oficina 112 cédulas y casi dos millones de pesos en billetes de 20 mil.

En respuesta, el político dijo que se trataba de un “show publicitario” para acabar con su carrera. Sin embargo, ese año, el Consejo Nacional Electoral denunció una trampa monumental en las inscripciones de cédulas por la que terminaron abriéndole a Pulgar y otros concejales investigación. Meses después, salió bien librado de estos hechos.

En 2007 la Procuraduría lo inhabilitó 18 años por haber participado en el 2000, junto a otros concejales, en una defraudación millonaria de las arcas de Barranquilla, calculada en más de 5 mil millones de pesos.

Sin embargo, en enero de 2014, el entonces procurador Alejandro Ordóñezordenó revocar la inhabilidad en medio de ruidos de supuesto intercambio de favores, debido a que la entonces esposa de Pulgar, la senadora de La U Karime Motta, había votado a favor de la reelección de Ordóñez. Por este asunto, el legislador no tiene ninguna investigación.

Gracias a esa revocatoria de inhabilidad, Pulgar resucitó políticamente y se convirtió en 2014 en el octavo senador más votado de La U con 85 mil votos.

Ahora, ese congresista espera que en su partido se imponga la mayoría que lo respalda allí para poder llegar a una de las mayores dignidades del Congreso de la República (Pulgar ya ha sido presidente de la Comisión Séptima).

Por ahora Palacio no se ha metido a dar el guiño a ninguno de los dos, pero este no es un asunto menor para el Gobierno.

Con una Unidad Nacional tan fraccionada más allá de La U, pues todos los partidos están ya a punto de concentrarse en las legislativas y las presidenciales de 2018, Santos necesita más que nunca una mesa directiva aliada que le garantice el trámite de los proyectos de su gran bandera de la paz.

En ese sentido, Pulgar podría tener como desventaja que hace parte de una disidencia en La U que se manifiesta inconforme con el Gobierno por temas burocráticos y en la que hay congresistas respaldando un eventual proyecto de transfuguismo, como lo contamos.

Pero, precisamente, si el Gobierno no lo apoya a él para ser vicepresidente del Senado, Santos podría aumentar el descontento de esa ala de La U, que será clave para definir votaciones en el Legislativo este año.

Ya la disidencia costeña le mostró los dientes al Presidente el pasado 20 de junio, al no votar el informe de ponencia (que abre el debate para aprobar la iniciativa después del 20 de julio) de nada menos que el proyecto de las circunscripciones especiales de paz para que regiones que no han tenido representación en el Congreso se puedan ganar 16 curules.

Eso nunca había pasado en los últimos tres años con proyectos del Gobierno.

Eduardo Pulgar y Andrés García Zuccardi.
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Las cuatro cosas que revela el nuevo grupo de disidentes en Nariño

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Ayer, las Farc denunció a través de un comunicado de prensa que en Policarpa, Nariño, una banda de disidentes asesinó al miliciano Wilson Marino que se había acogido al proceso de paz. El grupo de disidentes se llama “la banda de Vaca”, porque está al mando de Edier Cuero Obando, alias Vaca, un ex guerrillero raso del frente 29 de las Farc que se declaró en disidencia antes de que la guerrilla firmara el Acuerdo Final con el Gobierno, como le contó a La Silla el comandante de ese frente, alias ‘Ramiro’.

La banda opera en el Bajo Patía, una región que comprende los municipios de Iscuandé, Magüi Payán y Policarpa y allí han desatado la inseguridad y el temor de las comunidades. Por eso, La Silla supo que ayer se reunieron en Presidencia los alcaldes de estos municipios para analizar la situación.

Mientras se aclara, estas son las cuatro cosas que pone en evidencia el asesinato de este miliciano a manos de disidentes de las Farc:

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Los milicianos, el talón de aquiles

El asesinato de Wilson Marino revela que los milicianos son el talón de aquiles de la seguridad de las Farc.  Son el lado más frágil, porque aunque se registraron como miembros de las Farc no están en las zonas veredales, y el más volátil, porque al no estar concentrados, se siguen moviendo como si nada en los territorios.

Según el comunicado de la guerrilla, Marino se registró en la zona veredal de La Paloma pero salió porque tenía que “solucionar el sustento de su esposa y 6 hijos”. El pasado 15 de julio, mientras navegaba por el río Telembí en una canoa, fue abordado por dos hombres que según las Farc son Robinson Alirio Cuero Obando alias ‘Álvaro Galán’ y alias ‘El Flaco’, integrantes de ‘la banda de Vaca’. Luego lo encontraron muerto, en una playa río abajo, envuelto en una lona, con varios impactos de bala en el cuerpo y fracturas en sus extremidades.

Según Ramiro, comandante del Frente 29 de las Farc, la banda de “Vaca” lo asesinó porque “lo acusaron de estar pasándonos información de la región y la actividad de los grupos esos, toda vez que él sí estaba vinculado al proceso y permanecía en contacto con la zona [veredal]. Dijo, además, que el miliciano no tenía medidas de protección.

Dado que en los acuerdos quedó pactado que los milicianos no entrarían en las zonas veredales, muchos como Marino se han quedado con sus familias. Así también han sido asesinados otros dos milicianos en el Pacífico como contó La Silla: José Ever Yatacué Mestizo, jefe de las milicias en Toribío, Cauca y Luis Alberto Ortíz Cabezas, un guerrillero e indígena awa en el corregimiento de Llorente, en Tumaco el pasado 16 de abril.

El problema es que al estar desperdigados, ha sido muy difícil garantizar su seguridad. No están protegidos ni por la guerrilla que mantuvo 700 armas para la protección de los guerrilleros que aún están en las zonas veredales ni por el Estado, que aunque ya lanzó la Comisión de Garantías de seguridad encabezada por el Presidente, aún no ha desplegado medidas de protección para los milicianos que se quedaron por fuera de las zonas veredales.

 
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Las bandas le pueden ganar a la ONU en encontrar las caletas

El comunicado de las Farc dice que los integrantes de la banda “andan armados con ametralladoras, fusiles y armas cortas. Desconocemos si muchas de esas armas sean las que se tenían guardadas en las caletas”. Aún así, agregan, “se tiene conocimiento que el día de hoy (17 de julio) en la tarde apareció Luis Enrique González Micolta, alias Nicolás Osorio, [un integrante de la banda] en la vereda San José con una cantidad indeterminada de fusiles indicando que eran de las caletas que tenían guardadas las FARC en esa parte”.

“Se conocen el territorio y es escarbar y encuentran”, le dijo a La Silla alias ‘Ramiro’.

De hecho, el comando de la zona veredal de La Paloma dice que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación les recomendó que ningún guerrillero saliera de la zona veredal hasta que no se definiera la recolección de las caletas de armas y municiones que se tenían porque se sabe que algunos de los miembros de la banda de Vaca como alias Nilson Montaño saben dónde están las caletas.

El pasado 7 de julio, la Onu anunció que ya tiene identificadas 660 caletas de las Farc y que hasta ese momento se habían extraído 94 en las que recuperaron 321 armas, se destruyeron 9 toneladas de explosivos, 1.189 granadas de mano, 329 minas antipersonal, 9.607 estopines, 92.131 municiones de mortero. El lío ahora es que los disidentes como la banda de Vaca las encuentren primero.

 
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Las disidencias van más rápido que la gerencia del posconflicto

Según ‘Ramiro’, el comandante del Frente 29, los disidentes que están al mando de alias ‘Vaca’ no tienen motivaciones políticas. “Es más un grupo de excombatientes que se enrumbaron en ese camino; un compañero que se abre y va recogiendo a otros que se han ido desmarcando de la organización. Se han ido graneaditos”, dijo.

Eso quiere decir que según Ramiro, son diferentes a por ejemplo, el Frente Primero de las Farc que opera en Guaviare y se declaró en disidencia en julio del 2016 lanzando críticas al proceso de paz con el Gobierno. Lo que había de fondo, en todo caso, es la misma razón que motiva a la disidencia de la banda de la Vaca en Policarpa: el narcotráfico. Así se lo dijeron a La Silla la alcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera y un líder comunitario de una vereda del municipio que conoce la situación de primera mano y que pidió la reserva de su nombre por seguridad.

“Se están peleando por el poder del narcotráfico con una banda criminal que opera aquí, los Cucarachos. Este año han asesinado a 8 civiles en esta vereda y van como 19 en todo el municipio”, dijo el líder de una vereda de Policarpa cercana a la zona de concentración de las Farc.

El problema más allá de que estas dos bandas se estén disputando el negocio es que en el corto plazo pueden ser presa de grupos armados más grandes como el Clan del Golfo que ya tiene presencia en Nariño (sobre todo en Tumaco), el ELN y otras disidencias de las Farc. Entre esas, las Nuevas Guerrillas del Pacífico, algo que ya está ocurriendo, según Romaña que es el comandante de las Farc en Tumaco.

“Esas bandas se plegan con las Nuevas Guerrillas del Pacífico. Esto se está desbordando”, dijo. Algo similar le dijo a La Silla Pacífico la Alcaldesa Cabrera. “Desde todo lado nos están entrando disidencias del Pacífico que suben a Policarpa porque es un municipio central”.

A eso se suma que según la Alcaldesa, en Policarpa el Gobierno aún no ha llegado con una propuesta clara para la sustitución de cultivos y aún no han firmado acuerdos de sustitución, por lo que el negocio sigue creciendo en el territorio. De hecho, según el último informe de UNODC sobre el aumento de cultivos de coca en el país, la zona veredal de Betania/ Madrigal, en Nariño, es la segunda zona más afectada en el Pacífico por presencia de coca. Tanto así que el informe dice que a menos de 5 km de la zona de concentración se localizan 98 hectáreas sembradas.

 
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Ni las Farc saben cuántos de sus militantes se han ido a las disidencias

En el comunicado, la guerrilla presenta los nombres y las cédulas de nueve guerrilleros que tienen “confirmado” que se fueron a engrosar las filas de alias ‘Vaca”. Sin embargo, saben que pueden ser más, aunque ninguno sabe cuántos.

“Saber cuántos es complicado. Ahí hay nombres pero nadie le ha hecho seguimiento. Es un fenómeno nuevo. Ahí hay de todo, hay gente que estuvo en la lucha nuestra en algún momento, hay gente que se fue de la zona veredal hace poco y desmovilizados que se fueron hace tiempo”, dijo el comandante Ramiro que, sin embargo, no quiso arriesgarse a dar un número.

‘Romaña’, en cambio, le dijo a La Silla Pacífico que él tenía información que podían ser unas 80 personas y el líder comunitario de la vereda cercana a la zona de concentración dijo que podían ser unos 200 hombres.

Lo que queda claro en todo caso es que aunque cuando se concentraron las Farc hizo un listado con todos los militantes que entraron a las zonas veredales, ahora que ya casi se vence el plazo para que esas zonas dejen de funcionar, ni ellos mismos le han hecho seguimiento a cuántos aún siguen estando en sus filas o a cuántos se han ido por su cuenta.

 
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Los posibles efectos de la nueva crisis de gabinete de Santos

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El anuncio, esta mañana, de que todos los miembros del gabinete presentaron su renuncia protocolaria para que Juan Manuel Santos reconfigure su equipo en su último año de gobierno, dejó más interrogantes que respuestas.

No solo porque todavía no se sabe quién se va y quién se queda (y la decisión puede tardar varios días o semanas como ha ocurrido en crisis ministeriales pasadas), sino porque varios de los que renunciaron llevan apenas meses en su cargo y porque hace menos de seis meses Santos instaló su “gabinete para el posconflicto”.

Pero, más allá de los motivos de Santos para pedir la renuncia, el recambio de gabinete podría producir cuatro efectos:

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Podría darle más gobernabilidad en el Congreso

Mañana se instala el último año de sesiones de este Congreso, que es el último de Santos. El Gobierno necesita que salgan adelante varias normas clave para aterrizar el Acuerdo con las Farc, vía fast track, como la ley estatutaria para la justicia transicional, la reforma política o la ley que crea las circunscripciones especiales de paz.

Pero como sus mayorías son cada vez más estrechas, como mostramos hace dos meses, y como el último año los congresistas suelen estar más enfocado en sus reelecciones que en la agenda legislativa, algunos cambios pueden ayudar a asegurar que pasen los proyectos.

Si esa lógica está presente pueden peligrar los ministros que menos representan a los congresistas y que no les dan cuotas burocráticas, que son particularmente demandadas en períodos electorales. Y en eso seguiría la línea de nombramientos recientes como el de la ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, que tiene una extracción totalmente política.

Por ejemplo Alejandro Gaviria, Ministro de Salud y quien en el papel representa al liberalismo pero ha dado duras peleas para no dar cuotas, podría salir (más teniendo en cuenta su estado de salud AUNQUE EL PRESIDENTE CUANDO SE HIZO PÚBLICO EL CÁNCER LE PIDIÓ POR TWITTER QUE SE QUEDARA). O Germán Arce, que aparece como conservador pero es más una ficha personal del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y además tiene el chicharrón de las consultas antimineras.

Los dos partidos que están menos firmes en la coalición y que podrían verse más beneficiados con este efecto son los conservadores y Cambio Radical.

Cambio porque el Ministerio de Transporte quedó en manos de La U y para Germán vargas, candidato de ese partido, es clave que haya resultados para mostrar y que no haya duda que se deben a la gestión de su partido. Tener un ministro de Cambio le permitiría eso y también estar más cerca de la solución de los problemas financieros que tienen demorados varias concesiones viales de 4G.

Del lado de los conservadores, que han venido coqueteando con salirse de la coalición, hay un viejo reclamo de volver a manejar el Ministerio de Agricultura, sobre todo después de que se quedaron sin la Procuraduría ni ningún otro órgano de control. Eso ayudaría a amarrarlos en esta legislatura, debilitar las voces menos santistas.

De ser así, mostraría que por ahora Santos sigue sin tener un candidato propio para el 2018, pues le dejaría las cuotas a varios partidos y aspirantes.

 
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Podría darle oxígeno a La U, el partido de Santos

La U, que oficialmente es el partido que está en el poder pues es al que pertenece Juan Manuel Santos, está moribundo y tan roto que htienen dos candidatos a una vicepresidencia del Senado. Pero algunos cambios podrían darle aire.

La postración de La U se debe a varios factores. Aunque los de fondo (que el partido es una federación de caciques sin línea ideológica clara y el crecimiento del Centro Democrático en las regiones) no se pueden resolver con esos cambios, los coyunturales sí.

La U sufre de falta de candidato presidencial propio que le de unidad: tras el divorcio del ex ministro y precandidato Juan Carlos Pinzón frente a Santos, ese pártido se quedó sin una ficha presidencial viable que le servía no solo para llegar a primera vuelta sin hacer alianzas (como le dijo en su momento a La Silla el senador José David Name) sino para mantener la unidad.

Sin esa unidad y con un proyecto para que sus congresistas puedan saltar a otros partidos sin perder la curul, como ocurre hoy, muchos se podrían ir al uribismo, lo que significaría menos votos para el Gobierno en el Congreso actual y más posibilidades de que el siguiente presidente busque deshacer en todo o en parte el Acuerdo con las Farc, que es el gran legado de Santos.

Para evitar eso ha sonado en los últimos días una posible salida de Aurelio Iragorri, Ministro de Agricultura y miembro de ese partido, para pasar a liderarlo, unificar sus dos grandes bandos (la llamada disidencia costeña y el grupo que lidera el saliente presidente del Congreso, Mauricio Lizcano) y armar una estrategia electoral que evite la desbandada.

Sin embargo, como Iragorri está enfrentando la crisis por el brote de fiebre aftosa en Arauca y tiene pendiente el aterrizaje del acuerdo en temas del agro y grandes temas en el sector como la licitación de la parafiscalidad lechera, es posible que se quede.

Otro ministro de La U, Jorge Eduardo Rojas de Transporte, es la única salida que las cinco fuentes del gabinete que consultó La Silla ven como fija, por temas de salud; y se rumora una posible salida de una tercera representante, María Claudia Lacouture de Comercio. Y eso deja un espacio para hacer cambios a la representación de ese partido.

Con esos nombres en el aire y la posibilidad de otros cambios, Santos también podría darle más cuotas a La U o rebarajarlas para darle más fuerza a los sectores menos afines al uribismo, y así tratar de mantener la bancada disciplinada en el recinto y unificada para 2018.

 
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Podría bajarle el volumen a noticias negativas como una investigación del CNE

Que la carta de renuncia haya sido difundida por los medios en una rueda de prensa del secretario general de Palacio, Alfonso Prada, es una forma de que el eventual remezón llenara las primeras planas de los medios.

Y no definir los cambios en ese momento, sino en los próximos días, tiene el efecto de que vendrán otras noticias de primera plana, cuando se anuncien los cambios o ratificaciones, como ya pasó cuando Santos anunció a cuentagotas el gabinete actual (el que llamó “del posconflicto”).

Por eso, aunque la carta de hoy significa que los ministros, altos consejeros y directores de departamentos quedan en la interinidad mientras hay anuncios (incluyendo en el acto protocolario de la instalación del Congreso, mañana), también permite que Santos maneje parte de la agenda de medios los próximos días.

Y como es probable que estos días incluyan un anuncio del Consejo Nacional Electoral de una apertura formal de investigación a la campaña de Santos de 2014 por el ingreso irregular de dinero de Odebrecht, como el anuncio de este martes a la de Óscar Iván Zuluaga, el recambio a cuentagotas puede difuminar el impacto de esa noticia negativa, u otras similares.

 
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Podría resolver el cortocircuito del posconflicto sin mucho ruido

Uno de los problemas que ha sufrido el Gobierno es la falta de claridad de quién lidera la política de posconflicto pues, como hemos contado, hay funciones que se traslapan y posiciones que a veces son distintas entre el Alto Consejero, Rafael Pardo; el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; y el vicepresidente Óscar Naranjo.

Ese corto circuito ayuda a explicar los problemas al implementar los acuerdos en el territorio, como los que mostró el asesinato de un miliciano de las Farc el fin de semana en Tumaco; los problemas de implementar en Caño Indio, en el Catatumbo; o el aumento de los homicidios en el Caquetá.

El remezón podría ser una oportunidad para resolver ese corto circuito, cambiando personas o eliminando funciones, pero al hacerlo en medio de otros cambios ayudaría a que fuera menos notorio.

 
Silla Nacional
Juan Manuel Santos Calderón

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República

Detector de mentiras a los mitos de la amnistía

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Esta semana La Pepa, el programa de La Silla Vacía con Canal Capital, discutió la amnistía de los ex guerrilleros de las Farc. Por eso, como todas las semanas, revisamos los cinco mitos alrededor del tema, por los que antes le preguntamos en redes a los usuarios. Encontramos que los usuarios saben bastante de este tema, porque en las votaciones en redes coincidieron en la mayoría.

Estos son, uno a uno, los cinco mitos, qué tan ciertos son y por qué.

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Manual de calumnia de Uribe

Manual de calumnia de Uribe

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