Con la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño, se vislumbra un regreso a la política anti-drogas enfocada en la fumigación y la erradicación forzosa.  

Dirige y presenta Carlos Cortés. 

En la dirección política de la Farc creen que la decisión de Iván Márquez de no ocupar su curul en el Senado no es definitiva. Por eso no han sacado un comunicado al respecto y por eso algunos de los del antiguo secretariado han viajado a verlo a Miravalle, en Caquetá, y le han mandado razones. Con eso esperan que el viernes, cuando el Congreso se instala, Márquez ocupe su silla y lidere la bancada de las diez curules que lograron tras negociar durante cuatro años en La Habana.

La decisión y los intentos

En la carta que hizo pública este lunes, Márquez dice que decidió no ir al Congreso por el “montaje judicial” contra Jesús Santrich, las modificaciones a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y el atraso del Gobierno con la reforma rural del Acuerdo.

Es una decisión que ya tenía casi que tomada hace tres meses cuando el CTI capturó a Santrich para extraditralo y su sobrino Marlon Marín viajó a Estados Unidos como testigo estrella de la DEA para probar que Santrich sí está metido en narcotráfico.

Desde entonces Márquez se fue a vivir al espacio de capacitación de Miravalle, en San Vicente del Caguán y sus compañeros del Comité Político han buscado sacarlo de esa suerte de exilio.

En los últimos quince días, según dijo a La Silla una fuente que lo sabe de primera mano, han viajado dos veces miembros de la dirección política (no nos dijo quiénes) para “hablar con él y explicarle la importancia de que asuma la curul por su investidura, por el papel que ha jugado. Todo ha sido convenido por la dirección y se espera que él decida ir al Congreso porque su presencia allí es clave”.

Rodrigo Granda, miembro de la dirección, le confirmó a La Silla que la idea es convencerlo e Imelda Daza, la excandidata vicepresidencial del partido, nos contó por su lado que ella le mandó razón con “un amigo en común para que le diga que lo mejor es que posesione”, nos dijo.

“Es más fácil tener tribuna desde el Congreso que desde Miravalle”, agregó.

Al parecer esos acercamientos, incluyendo una carta que le envió el excandidato presidencial Gustavo Petro, estaban funcionando porque una fuente cercana a él nos dijo que “hasta hace pocos días tenía la decisión de posesionarse”.

Esa fuente cree que Márquez volvió a cambiar de opinión luego de los sobrevuelos militares sobre Miravalle que denunció hace diez días en una carta al jefe de la Segunda Misión de la ONU, Jean Arnault y que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, contestó diciendo que no eran de aviones militares sino de una empresa petrolera y que, así fueran del Ejército, no tendría nada de malo porque los espacios no tienen ninguna restricción.

Pero, como nos dijo otra fuente que hace parte del partido en el Sur del país y que nos habló bajo la condición de no citarlo, “con esos sobrevuelos revivió ese temor de que en cualquier momento a cualquiera le puede pasar lo de Santrich y que está más seguro con los suyos que exponiéndose en Bogotá”.

Por eso, desde antes de hacer pública la decisión de no ir al Congreso, Márquez ha estado distanciado.

Mientras el viernes pasado en la primera audiencia de la Farc en la JEP estuvieron ottros jefes como Timochenko, Carlos Antonio Lozada o Pablo Catatumbo, y hasta Santrich se conectó por videoconferencia desde La Picota, Márquez no fue y mandó a su abogado.  

Que el jefe negociador del Acuerdo del lado de las Farc no estuviera en esa foto reafirma, como lo contamos, que para Márquez el factor Santrich es definitivo mientras para el resto de la dirección política no, y al mismo tiempo envía un mensaje muy fuerte a los excombatientes que dejaron las armas.

Si tampoco está en la del 20 de julio, lo reforzaría todavía más.

“El mensaje es el Gobierno no nos está cumpliendo, entonces nosotros no tenemos que cumplir” dijo a La Silla Sergio Guarín de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.

Por eso lo que decida Márquez será un termómetro para las pocas bases que aún quedan en los espacios de capacitación.

Las bases

Si fuera por número de votos, Iván Márquez sería el director del partido de la rosa y no Timochenko. En el congreso fundacional de septiembre del año pasado, Márquez fue el más votado con 888 apoyos (Timochenko tuvo 820), lo que da una idea del nivel de acogida que tiene dentro de la Farc.

De ahí que su decisión de no ir al Congreso tenga un peso mayor que la de cualquier otro líder de la exguerrilla.

“Yo comparto lo que decidió el camarada Márquez. Si no hay garantías, si el Gobierno no está cumpliendo, si Santrich va seguir preso, si aquí en La Macarena no hay una mata de maíz que haya ayudado a sembrar el Gobierno en dos años, ¿para qué una curul? Lo más seguro es estar con los compañeros, unidos y esperar...”dijo a La Silla Iván Merchán, un mando medio responsable del Espacio de Capacitación de La Macarena en el Meta.

“Somos varios los que sabemos que estamos en la mira y que lo de Santrich le puede pasar a cualquiera y más con Duque”, agregó.

“El hombre (Márquez) tiene las preocupaciones de todos. Aquí la gente ha venido asimilando que estamos solos, que el Gobierno no nos da garantías”, dijo a La Silla Federico Montes, responsable del espacio de capacitación de La Montañita en Caquetá.

Además de ese reforzar ese mensaje en las bases, que no llegue al Congreso también le puede quitar fuerza a la oposición que quiere hacer la bancada fariana al gobierno de Iván Duque.

El vacío

Para dos miembros de la dirección política consultados por La Silla, que Márquez no esté en el Congreso es una pérdida para el partido en varios sentidos, así lo pueda reemplazar el siguiente en la lista que es el excomandante afro Benkos Biohó.

Es una pérdida porque es el único de los diez con experiencia legislativa pues, como lo contó La Silla Sur fue representante a la Cámara del Caquetá por la Unión Patriótica 1986, y aunque puede que desde entonces muchas cosas hayan cambiado en el Congreso, se conoce la mecánica.

Es una pérdida porque fue el arquitecto del Acuerdo del lado de las Farc. “De todos él es de las personas que conoce con mayor profundidad no solo el Acuerdo sino el proceso para llegar a él”, nos dijo alguien cercano a él.

Pero quizás en lo que más puede perder la Farc sin Márquez es en el terreno simbólico.

“Él es el más punzante, el más crítico y sin esa visión de la realidad en el Congreso puede perder calidad el debate político interno”, nos dijo esa misma fuente.

“A mi me duele porque debilita la capacidad de fuerza alternativa para cuestionar”, nos dijo Imelda Daza.

Con eso en juego, más la posibilidad de que se refuerce un mensaje de desencanto en las bases, que puede ´poner en riesgo la ya golpeada unidad de todos los ex combatientes, los esfuerzos por que Márquez llegue a la sesión del viernes no paran.

Sobre todo porque, luego de una accidentada campaña que los terminó llevando a tomar la decisión de suspender la candidatura presidencial de Timochenko y de una votación bajísima para el Congreso (apenas 52 mil votos) ese día será su verdadero debut como partido.

Un debut que, si se da sin Márquez, puede quedar aguado, sin el que estuvo en toda la antesala.

Tras su estruendosa derrota en la primera vuelta presidencial y luego de casi dos meses por fuera del espectro político, Germán Vargas Lleras reapareció 

Lo hizo ayer y con bajo perfil, como el motor detrás del anuncio de que Cambio Radical y La U actuarían en bloque para dejar de ser los miembros clase B de la coalición de Iván Duque y pedir mejor y mayor participación en la definición de las mesas directivas y dignidades del cuatrienio. 

Con el debut poselectoral que eligió, el exvicepresidente hace una apuesta arriesgada no solo porque hará pública la prueba ácida de su liderazgo en Cambio cuando ya no está en posición de ventaja frente a los congresistas; sino porque lo que resulte de su movida marcará el arranque de su temporada fuera del poder.

La previa

Cuando Germán Vargas Lleras perdió la presidencia en primera vuelta, poco o nada volvieron a saber de él los congresistas de Cambio. 

“Después de la primera vuelta dejó en libertad a la bancada para votar por Duque, luego organizarse y buscar una coalición de Congreso y Gobierno”, dijo a La Silla un congresista de ese partido que actúa como compromisario de su bancada en las negociaciones previas a la instalación del Congreso, el viernes, para definir qué bancadas tienen qué cupos en qué comisiones, buscar presidencias y cargos estratégicos como las secretaría general, administrativa, y las de las comisiones, que dan mucho poder.

Esas negocaciciones se hacen cada cuatro años, antes de la instalación del nuevo Congreso y van de la mano de la conformación de las colaciones legislativas de los gobiernos.

Como contó La Silla, Cambio Radical y La U arrancaron en esa negociación con el rótulo de miembros ‘clase B’ porque no se la jugaron completamente con la campaña del presidente electo Iván Duque, pero en la última semana lograron acuerdos que tenían satisfechas a las mayorías de sus bancadas. 

Como Duque envió el mensaje de que quería tener una coalición tan amplia como fuera posible, eso incluía la participación de La U y de Cambio que le aseguran tener una aplanadora en el Congreso.

“La conversación la última semana nos dejó con espacios en todos lados”, dijo a La Silla un representante de Cambio. “Hasta el lunes todo estaba casi que completamente definido en la Cámara y solo faltaba que terminaran de concretar con La U, pero ya iban muy avanzados”.

Esa versión coincide con la que nos entregaron por aparte dos congresistas más de ese partido, otro liberal y otro más del Centro Democrático.

En el Senado también nos dijeron que el estado de las negociaciones era muy similar y que varios avances tenían a ese partido más adentro que afuera de la coalición.

Sin embargo, las presidencias de Senado y Cámara rompieron la pita.

En Cámara, la presidencia iba a estar repartidos entre el Centro Democrático, los conservadores y liberales los primeros tres años (la idea es que arranquen los rojos Alejandro Carlos Chacón), y el cuarto año, atractivo porque es el de elecciones, sería para Cambio Radical.

En el Senado se replicaba la fórmula, pero para el último año le dijeron a La U y a Cambio que decidieran cuál de los dos quería tener ese cargo o que lo compartieran.

El florero de Llorente estuvo en que a un sector de La U, no le gustó la idea de que le dieran al Partido Conservador, el de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, una presidencia en el Senado y otra en la Cámara, además de la Secretaría General de la Cámara (cargo que ha tenido por varios periodos) y la dirección administrativa del Congreso, que estaba pidiendo.

Su argumento es que normalmente esos cargos se definen dependiendo del número de votos del partido y, según sus cuentas, los azules no tenían los suficientes para tanto.

Por eso, dentro del sector de La U que se sintió inconforme y que en Cámara lideró por el poderoso representante guajiro Alfredo Deluque, tomó fuerza la idea que había empezado a mover hace días el senador Roy Barreras de aliarse con Cambio para pelear por más espacios, con la fuerza sumada de 55 representantes y 30 senadores, que les darían una mejor posición para negociar. 

La reaparición que amenaza a Duque

Hasta ayer la idea de Barreras había tenido tan poca acogida, que, como contamos en esta historia, durante una reunión de compromisarios de Senado la semana pasada el mismo congresista ofreció “su colaboración” a los uribistas y se refirió a ellos como “la bancada líder” del legislativo.

Sin embargo, con su reaparición, Germán Vargas Lleras le puso motor y turbo a la idea, y en menos de un día la concretó y la notificó con un comunicado de prensa.

Sobre cómo fueron los acercamientos entre el exvicepresidente y Roy Barreras, La Silla no conoció detalles, entre otras, porque durante su tiempo fuera la mayoría de la bancada no tuvo noticias de él y no pudimos hablar con esos dos protagonistas.

En todo caso, tras esos acercamientos Vargas llamó ayer a los compromisarios y a toda la bancada de Senado para notificarles, en dos reuniones diferentes, que se iban a mover aliados con La U. 

La movida es estratégica para Vargas Lleras porque si se cristaliza puede convertirse en el fiel de la balanza en el Congreso, una posición que le da poder.

Eso es especialmente fuerte en el Senado donde esos dos partidos suman 30 curules que necesitaría Duque para convertir su fuerza en una aplanadora(la mayoría es de 55 y el uribismo, los liberales, los conservadores y el Mira suman 51, pero falta ver qué pasa en el escrutinio definitivo que se debe conocer hoy), y de entrada contará con una oposición que suma 24 espacios.

Por eso, si Vargas logra su cometido, el presidente elegido con más votos en la historia de Colombia podría ser también el primero en no arrancar con mayorías en Cámara y Senado.

Sin embargo, hay por lo menos dos factores que de entrada le juegan en contra a la movida de Vargas, además del natural de que los congresistas busquen quedar bien con el presidente de turno.

No tan rápido

El primer factor que deja en duda la jugada es que ni la manera en la que regresó Vargas ni la orden que impartió le cayeron bien a buena parte de los congresistas de su propio partido, una situación que en el pasado ha podido superar con su pdoer pero que ahora, tras la derrota electoral, puede ser menos fácil de arreglar.

“¿A cuenta de qué nosotros vamos a hacer una alianza para darle juego a La U?” dijo a La Silla uno de los congresistas de la bancada.

“Aquí lo que no se entiende es por qué Vargas aparece así de buenas a primeras a tratar de mandarnos”, nos explicó un representante.

En la Cámara el tema fue aún más sensible porque de 22 de los 30 que se posesionan el viernes son nuevos, se habían sentido desconocidos por Vargas (como ventilaron en una reunión de la bancada la semana pasada) y la gran mayoría estaba contenta con lo que se había negociado.

De hecho, La Silla supo que en la reunión que sostuvo Vargas con los compromisarios, varios le dijeron que no estaban muy seguros de lo conveniente de esa decisión. 

“Usted sabe cómo es Vargas. Él fue e hizo lo que quiso”, nos contó uno de los inconformes.

Esa fuente y otras dos que comparten ese inconformismo nos dijeron que estaban planteando la posibilidad de desobedecer a Vargas por “no tener legitimidad para hablar por ellos”, algo que muestra hasta dónde puede haber una crisis de liderazgo en Cambio, un partido que ha sido muy vertical y en el que Vargas ha tomado todas las grandes decisiones en los últimos años, por su poder en el gobierno Santos y la expectativa de que iba a ser Presidente, dos factores que hoy no pesan.

En la bancada de Cambio en el Senado el panorama es más tranquilo, y por lo menos por ahora la mayoría están alineados con la decisión del exvicepresidente. .

Sin embargo, el otro factor es que no es claro que toda La U esté montada en el bus de la alianza. 

Las razones van desde que varios ya estaban cómodos con la negociación, que otros son muy distantes de Vargas desde hace años, hasta que hay un sector de ese partido que es uribista, que ya estaba trabajando con el Centro Democrático y no le parece muy útil arrancar peleando con el nuevo gobierno.

Más en un partido que es una federación de caciques y que en el cuatrenio anterior mostró que puede actuar como varias bancadas en muchos temas, sin por eso erosionarse.

Así que por lo menos una parte de esa bancada no planea caminarle a esa idea, algo que, de mantenrse así, debilitaría las cifras que podrían dejar a esa alianza con la sartén de las mayorías en el Senado en la mano.

Por eso en el Centro Democrático, según dos congresistas de ese partido, ven el anuncio más como una mostrada de dientes de Vargas y de algunos de Cambio y de La U, que como un riesgo de fondo.

“Se les ha dado participación a todos y sabemos que al menos la mitad de cada partido va a estar con nosotros”, dijo a La Silla uno de los compromisarios uribistas. 

La U y Cambio podrían aplicar la disciplina de bancada para alinear a los congresistas en las votaciones, pero solo si las mayorías de los dos lados se quedan del lado de Vargas y no del de Duque. Por eso, las negociaciones de lo que resta antes de la posesión del Congreso del viernes serán fundamentales para saber con qué panorama político arrancan el nuevo Congreso y el nuevo Gobierno.

Por ahora, más allá de la jugada de Vargas para negociar con más fuerza, nadie ha hablado de distanciarse de Duque. Éste, con los anuncios de un gabinete que hasta ahora no tiene cuotas políticas diferentes a uribistas de vieja data como Carlos Holmes Trujillo en Cancillería, Nancy Patricia Gutiérrez en Interior o Guillermo Botero en Defensa, tampoco ha dado señales de reaccionar a la jugada de Vargas.

Al final, si los ruidos de rebelión de Cámara prosperan, el regreso político de Vargas puede ser un paso más de la debacle política que inició en mayo y una refrendación de que Duque arrancará con una aplanadora legislativa.

Si, en cambio, si logra imponerse y que su partido obtenga mejores espacios para los siguientes cuatro años en el Congreso y empieza a esculpir una alianza para actuar en bloque legislativo con La U, se reencauchará como un factor de poder y demostrará una vez más su capacidad política, además de ponerle a Duque un reto sin precedentes en el Congreso.

En las próximas horas, el Centro Democrático decidirá quién va a ser su ficha para presidir el primer año del nuevo Congreso. Entre la baraja está la antioqueña Paola Holguín, que como senadora reelecta se convirtió en una cara visible que mezcla el uribismo purasangre con el 2.0 que encarna Iván Duque.

Más allá de si llega al cargo, el rol que ha tenido en las causas más uribistas en estos cuatro años, más los 56 mil votos que obtuvo en marzo -la segunda votación de su Partido- la perfilan como uno de los rostros de la nueva generación de la derecha en el gobierno que empieza. Y uno de los más radicales.

De las entrañas de Uribe

Holguín, con 45 años arrancó en política al pie de Uribe, con el guiño de sus más fieles escuderos.

En 2001 era una periodista que daba cátedra en la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, cuando en un debate presidencial Carlos Uriel Gallego, una de las personas más cercanas al Exmandatario y quien luego fue su ministro de Transporte durante los 8 años como Presidente, la reclutó para hacer parte del comité programático de la campaña.

Con Uribe en la Presidencia, Holguín llegó a la Casa de Nariño a trabajar en la oficina del hoy senador José Obdulio Gaviria, quien era uno de los más visibles asesores presidenciales y se encargaba de escribir los discursos del Presidente.

De ahí, el Expresidente la mandó para la Embajada de Colombia en México como encargada de asuntos políticos, y regresó a Palacio en el 2009 para reemplazar a Gaviria, que renunució, como asesora en seguridad.

Con esa experiencia, terminó escribiendo una biografía del Expresidente, “Uribe de carne y hueso”, con la que pretendía “contarle a la gente que la imagen de autoritario que tenía no era la que conocíamos” (con la politólogoa Carolina Escamilla, también funcionaria de la Presidencia).

Cuando se acabó el segundo periodo del Expresidente, este dijo en un programa de televisión que la reconocía “por su firmeza y erudición... Ante Paola me descubro”.

En 2011 fue la gerente de la campaña a la Gobernación de Antioquia de Carlos Mario Estrada, una de las fichas fieles al expresidente en el departamento y quien aspiró por el entonces todavía uribista Partido de La U; la fórmula de Estrada a la alcaldía de Medellín fue un concejal que venía del fajardismo y tenía el aval del uribismo: Federico Gutiérrez.

Cuando ambos se quemaron, Holguín se llevó a Gutiérrez a trabajar en su empresa de consultoría en seguridad, Angel Solutions, y a hacer giras por Argentina y México.

Para las elecciones de 2014, ya con el uribismo totalmente alejado de Santos y de La U, Uribe la metió en el renglón 18 de su lista cerrada a Senado, y quedó elegida como parte de la “generación del 14” -como la bautizó el exministro Fernando Londoño Hoyos- o de los primíparos que arrastró la votación del Expresidente, entre los cuales estaban en el senado Paloma Valencia e Iván Duque, y en la Cámara Federico Hoyos, quien había sido jefe de campaña de Federico Gutiérrez en 2011.

Una vez en el Congreso, Uribe, que definió los puestos de su bancada en el recinto para el periodo legislativo, puso a Duque a su izquierda, y a Holguín a su derecha.

Militante del No

Desde su curul privilegiada, porque Uribe le susurraba consejos durante las plenarias, Holguín empezó a llevar a la calle la doctrina uribista.

Protestó cuando para el Plebiscito por la Paz el Partido discutía si promover la abstención o el No: fue a la oficina de su jefe y le dijo que si el Partido promovía la abstención, entregaba su curul y se iba para la calle a mover el No porque “la Patria está por encima de mis principios y mis principios por encima de mi Partido”, le dijo Holguín a La Silla.

Cuando decidieron moverse por el No, fue una de las voceras en universidades, pueblos y en la calle.

Según tres congresistas uribistas consultados por La Silla, fue la que más movió la marcha por la Resistencia Civil en abril de 2017 para protestar contra Santos y su decisión de sacar adelante el Acuerdo de La Habana a pesar el triunfo del No.

También movió, junto con la senadora Paloma Valencia y el representante Álvaro Hernán Prada, el referendo que busca tumbar la JEP, el blindaje de los Acuerdos y la participación política de las Farc, que está parado porque cuando se venció el plazo para la recolección de firmas, en abril, necesitaban al menos 1,7 millones, y habían apenas alcanzado el millón.

En los cuatro años de legislatura fue autora de ocho proyectos de Ley que están archivados, como el que reglamenta el ajuste anual del salario de los congresistas a medida que aumenta el salario mínimo y el de sometimiento individual y colectivo a la justicia por parte de bandas criminales; y coautora de otros que ya son Ley o están en trámite como el uso de vehículos eléctricos, la formalización de pequeños cafeteros y de trato humanitario a miembros de la Fuerza Pública que están en la cárcel.

Desde la Comisión Segunda del Senado (trata política internacional, defensa y Fuerza Pública) hizo debates de control político sobre incursión militar en la frontera con Venezuela, las condiciones laborales de la Fuerza Pública, el uso del glifosato, entre otras.

Cuatro senadores -uno uribista, uno conservador y dos de la Alianza Verde- coincidieron en que Holguín, además de ser “de las entrañas de Uribe”, es “muy radical”.

Antonio Sanguino, uno de ellos, le dijo a La Silla que “uno sí ve que hay matices dentro del Centro Democrático, como el de María Fernanda Cabal, que está más a la derecha de su jefe, o el propio Duque tiene un discurso más liberal que el de Uribe. Pero Holguín tiene un pensamiento calcado de él”.

La radicalidad de Holguín reluce cuando se encuentra con integrantes de la Farc en el Congreso. “No los saludo, porque uno finalmente ve lo que quiere ver, y ellos no tienen derecho a estar ahí”, nos dijo. Dice que lo mismo hará con Gustavo Petro, cuando entre a estrenar el Estatuto de Oposición el 20 de julio, “si sigue con la actitud de sembrar odio”.

Entre otras cosas, por esa postura “vertical” es que el ex ministro Fernando Londoño -quien se caracteriza por su férrea defensa al Expresidente y que es uno de los que más se resistieron a la candidatura de Iván Duque-  le está haciendo propaganda a Holguín, a través de su programa radial “La Hora de la Verdad”, para que sea presidenta del Senado.

Fan de ‘Fico’

Según la congresista le contó a La Silla, le hizo campaña a Sergio Fajardo para la Alcaldía en 2003 enviada por Uribe.

Allí conoció al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en ese entonces fajardista y quien luego fue militante de La U y símbolo del nuevo uribismo -que tiene sus principios, pero en el marco de la independencia de partido y rodeado de jóvenes-, de quien dice que “podría ser presidenta del club de fans”.

En 2015, cuando este renunció a ser precandidato por el Centro Democrático y quiso lanzarse por firmas, ella terminó votando por Juan Carlos Vélez, el candidato oficial del Centro Democrático, pero le dijo a Gutiérrez que, aunque votaría por Vélez, “ojalá perdamos”.

Incluso cuando Gutiérrez decidió apoyar el Sí en el plebiscito por la paz, le envió una carta abierta, junto con el senador saliente Alfredo Ramos y la excandidata al Senado Claudia Bustamante, para que reflexionara y votara No.

Ahora, le dijo a La Silla, “sería la más feliz” si Gutiérrez y Uribe lanzan candidato conjunto a la Alcaldía de Medellín para 2019.

Holguín se convirtió en la primera en defender a Gutiérrez cuando este ha denunciado amenazas por parte de grupos armados. También ha sido cercana a su administración, y armó la Ley de sometimiento de bandas criminales con Gustavo Villegas, su exsecretario condenado, la llevó al Congreso, y a partir del 20 de julio espera revivir.

El Alcalde y Holguín tienen en común la forma de hacer campaña, heredada de Fajardo y que marca un contacto directo con el votante, al estilo ciudadano.

En Antioquia, y gracias a ella, ese estilo marcó la carrera en la segunda vuelta presidencial en la región paisa, pues su equipo instaló vallas de los colores y la tipografía de la campaña de Fajardo con el texto “Salva a Colombia, vota Duque”, y se fue por las capitales a repartir volantes y a hacer fiesta, como contamos.

Esa es la forma de hacer campaña joven y alegre que, a punta de opinión, convenció a buena parte del centro a votar por Duque, la figura del nuevo uribismo que encarna también la Senadora.

“Los paolos” y el uribismo 2.0

La votación que Holguín sacó a Senado se debe a que “estuvo activa estos cuatro años con la intención de crear un movimiento individual, que es la base del liderazgo en una lista abierta”, le dijo a La Silla José Obdulio Gaviria, su mentor en Presidencia.

En estos cuatro años, la senadora repitente ha consolidado un subgrupo dentro del uribismo, sobre todo en Antioquia donde, cuenta, tiene equipos en 110 de sus 125 municipios.

A ese grupo lo bautizó en 2015 “los paolos” la exsenadora y precandidata a la Gobernación de Antioquia, Liliana Rendón, cuando varios congresistas antioqueños uribistas (Holguín, Ramos y Hoyos), le pidieron al Partido no aceptarla como su carta.

Al final, tras una dura puja, ganaron la pelea.

“A los paolos no llega el que quiera, sino el que pueda. El que entienda que Uribe es nuestro jefe único, y Paola nuestra líder”, nos dijo Juan Fernando Espinal, su fórmula a la Cámara en Antioquia y su amigo personal de hace años.

Ese grupo que han consolidado tiene un concejal de Medellín, Simón Molina, un diputado de Antioquia, Wilson Gómez, y equipos en Sabaneta, Caldas, Itaguí y Envigado (en ese último municipio repartieron en marzo cartas firmadas por Álvaro Uribe invitando a votar por Holguín y Espinal).

Con eso, en Medellín y el sur del Valle de Aburrá (donde quedan esos cuatro municipios), Holguín sacó más de la mitad de su votación en marzo.

Según nos contó Espinal, el equipo en Medellín agrupa, además de algunos empresarios del área metropolitana, alrededor de 50 estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana y Eafit, dos universidades de élite en las que Holguín fue profesora hace años. Ellos, agregó, son los que han estado moviendo estos días por redes sociales una campaña para que Holguín sea la que le ponga a Duque la banda presidencial.

Todavía no es claro que esa foto vaya a existir. Pero si no es esa, seguramente habrá otras fotos memorables de la senadora con la segunda mayor votación del uribismo, copartidaria y de la misma edad del presidente, amiga del alcalde de la segunda ciudad del país y que en apenas cuatro años ha armado un grupo político propio y más fuerte que el de muchos caciques de vieja data.

La súper poderosa gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro recibió un empujón este martes cuando la Fiscalía le cerró su investigación penal por lavado de activos. Esto puede repotenciar sus apuestas para dejar como sucesora a la actual directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, o incluso pensar en las presidenciales de 2022.

La investigación

En julio de 2012, cuando era Senadora, la Corte Suprema le abrió una investigación por presunto lavado de activos en la compra de las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), que fueron de los capos del Cartel de Cali, Phanor Arizabaleta, y Víctor Patiño Fómeque.

Las fincas las compró Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., propiedad de la familia de la mandataria, entre el 2005 y 2007, en total por cinco mil millones de pesos.

En julio de ese 2012 Toro declaró ante la Corte para aclarar el origen de sus bienes pero tras escucharla la Corte le dictó medida de aseguramiento; en febrero siguiente renunció a su curul para enfrentar a la justicia y quedó libre un año después por vencimiento de términos aunque la investigación siguió en curso en la Fiscalía General.

Según su abogado Iván Cancino, la Gobernadora logró demostrar que ella y su esposo, Julio Caicedo, compraron las fincas de buena fe, con plata que les prestó Bancolombia, y que su contabilidad estaba en regla.

Además, según Cancino, todos los testimonios en el proceso, incluidos el de Arizabaleta y el del narco alias Don Diego, coincidieron en que Toro no hizo nada irregular.

Con eso la Fiscalía consideró que no hubo delito y precluyó la investigación .

Esa noticia era la última que le faltaba para cerrar las investigaciones penales que cargaba como lastre, pues el 26 de febrero la Sala Penal de la Corte Suprema archivó otra que tenía abierta por supuestamente haber sido financiada por paramilitares en su candidatura al Senado en el 2006.

“Me siento feliz de haberle demostrado a los vallecaucanos de mi inocencia porque siempre con la frente en alto dije que confiaba en Dios y en la justicia porque yo era inocente”, le dijo Toro a La Silla.

Sin ese lastre, a pesar del cual Toro logró ganar la gobernación en 2015 y poner seis congresistas de su grupo Nueva Generación (lo que la pone como la baronesa más grande de todo el Congreso) en las elecciones de marzo, el futuro pinta positivo para ella.

El impulso para el 2019

Cuatro congresistas del Valle (de Cambio Radical, Conservador, Verde y de La U) coincidieron en que la decisión judicial no solo la beneficia en lo personal sino que refuerza su gobernabilidad y da vuelo a sus planes políticos.

“Cualquier persona que esté inmersa en un proceso penal, disciplinario o fiscal, mientras se adelante el proceso, siempre estará afectado para cualquier acción política”, nos dijo el senador de Cambio cercano a Dilian, José Luis Pérez.

“Que se cierre la investigación consolida y le da legitimidad a su gobernabilidad”, nos dijo otro senador que nos pidió no citarlo porque es opositor a la Gobernadora y no quiere que lo relacionen con ella.

Esa legitimidad le da aire al proyecto de poner de sucesora a Clara Luz Roldán porque se quita de encima uno de los caballitos de batalla de sus opositores en campaña.

“Se le abre el camino para que siga en la política”, nos dijo uno de los senadores electos por su movimiento Nueva Generación, José Ritter López.

A este impulso se les suman los otros activos que la hacen poderosa y casi imbatible.

El primero es que cayó parada ante el triunfo del presidente, Iván Duque, pese a haber apoyado a Germán Vargas en primera vuelta, porque logró aumentar su bancada en marzo pasado.

Dilian tiene de su lado a los senadores de La U, Roosvelt Rodríguez y José Ritter López, los más votados del partido en todo el país después de Roy Barreras, y a los representantes Norma Hurtado, Jorge Eliécer Tamayo y Elbert Díaz Lozano, los tres más votados del partido en Valle.

Y al de la curul afro, el exdirector del Icbf en Valle, Jhon Arley Murillo.

En Senado su grupo sumó 190 mil votos y en Cámara 167 mil.

Además su movimiento Nueva Generación es muy disciplinado y eso le permitió ganar, en 2015, 13 de las 42 alcaldías del Valle, poner cinco de los 21 diputados y tres de los 21 concejales de Cali.

Dilian también es hábil en tejer alianzas con diversos sectores políticos como lo hizo en el 2015 al apoyar al hoy alcalde de Cali, Maurice Armitage y quitarle aliados a otros políticos como lo hizo este año al llevar a su grupo a los dos diputados azules, Amanda Ramírez y Carlos Alberto Orozco.  Los dos eran aliados de su rival, el exgobernador conservador, Ubeimar Delgado, que apoyaron a su representante Hurtado en marzo.

Además de esa fortaleza propia, para el 2019 podría contar con el apoyo de dos de los tres senadores vallunos de Cambio Radical con quienes trabajó en la campaña de Germán Vargas.

Estarían Carlos Abraham Jiménez, que ocupó el sexto lugar de la lista a nivel nacional con 79 mil votos y José Luis Pérez que ocupó el puesto doce con 70 mil votos. Y con el único representante de Cambio en el Valle, Oswaldo Arcos, que sacó 30 mil votos.  

Los retos de la “aplanadora”

A diferencia de su victoria en 2015 cuando Dilian Francisca tenía el apoyo del Presidente, Juan Manuel Santos, para 2019 seguramente no tendrá el del partido del presidente electo, Iván Duque, pues el  Centro Democrático tiene la intención de poner Gobernador e incluso ya se está moviendo el partidor, como contó La Silla Pacífico.

En el 2015 el uribismo demostró, con el hoy electo representante Christian Garcés, que podía competirle a Dilian, pues sacó 357 mil votos a la Gobernación sin maquinaria, frente a 513 mil de la actual Gobernadora.

Aunque, según un congresista uribista, su partido en solitario no tiene la fuerza para contrarrestar a Dilian, buscará posicionar a un candidato fuerte y sumar aliados como sectores liberales, el grupo del senador Carlos Fernando Motoa -opositor de la gobernadora - en Cambio, y los conservadores.

Los azules son justamente otro reto de Dilian, pues en 2015 ganó con el apoyo del grupo del entonces gobernador Ubeimar Delgado, que ahora está en duda.

Aunque el grupo está disminuido y no logró refrendar la curul en el Senado de su sobrino Mauricio, Delgado mantiene el control del directorio departamental, los directorios locales y siete alcaldes que le serían de gran ayuda.

Delgado, que fue uno de los que más ganó en el Valle al montarse al bus de Duque desde antes de que su partido lo hiciera a nivel nacional, tiene como precandidato al saliente representante Álvaro López Gil, pero no descarta una alianza con Dilian y otros partidos incluyendo al Centro Democrático.

En 2015, DIlian también tuvo el apoyo del entonces alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, pero hoy no tiene el del actual alcalde Armitage, pese a que la mandataria le ayudó a llegar al cargo.

Dilian rompió cobijas con él cuando no le cumplió con las cuotas en la Alcaldía.

Desde entonces han chocado y la Gobernadora ha querido interferir en la administración caleña, por ejemplo, poniendo a una de sus aliadas como presidenta del Concejo a hacerle oposición.

Por último, aunque la Gobernadora se libera personalmente de la sombra de las investigaciones, tres de sus aliados claves tienen proceso judiciales: el alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda y el exalcalde de Jamundí, Manuel Santos Carillo, por corrupción y el senador electo y exalcalde de Palmira, José Ritter López, por presuntas irregularidades en contratación.

En Buenaventura, que es un lugar clave porque es el municipio más grande del Valle, logró poner a Arboleda en 2015 luego de la captura del alcalde Bartolo Valencia, con el apoyo del parapolítico, Juan Carlos Martínez Sinisterra (que ya no la apoya porque se sintió traicionado cuando lo cogieron preso).

Dilian allí la tiene difícil por la crecida del movimiento del paro cívico  que le puso 15 mil votos al senador del Polo, Alexander López, en marzo y 62 mil votos a Gustavo Petro en segunda vuelta.

Como ahora quieren poner alcalde y la izquierda quiere volver al poder en el departamento, la pelea en el puerto no pinta fácil.

Por último, los liberales, que tuvieron la votación más alta en Cámara en el Valle, hoy tienen al menos tres precandidatos a la Gobernación como la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo; el saliente representante Fabio Arroyave; y el excandidato a la gobernación, Oscar Gamboa.

Como son una fuerza dispersa aún no es claro si los cuatro congresistas llegarían donde Dilian o no.

A pesar de esos obstáculos, la Gobernadora tiene 15 meses para aprovechar el fresquito de quedar sin investigaciones, tejer alianzas y buscar cómo asegurar su sucesión en la gobernación del tercer departamento más poblado de Colombia, que le mantenga la base de su gran poder político. Si lo logra, podría entrar en la fila de presidenciables para 2022.

La presentación ante la JEP del ex comandante del Ejército, general Mario Montoya, es un espaldarazo a una justicia transicional que ha sido criticada por el uribismo y la derecha de supuestamente estar montada para condenar militares y exonerar ex guerrilleros, hasta el punto de pedir que se cree una sala especial que juzgue a los uniformados.

Lo que ocurra ahora con ese caso puede fortalecer a la JEP o reforzar esas críticas (sobre todo si Montoya termina condenado de forma fuerte y con sustentos débiles, y los guerrilleros no) o las que dicen que esa justicia no va a ser capaz de evacuar los delitos más graves cometidos durante el conflicto (si el caso de Montoya no avanza a pesar de que la Fiscalía tiene pruebas suficientes para imputarlo desde hace dos años).

Por eso, con este caso la JEP se juega su legitimidad a futuro.

Montoya, la pieza clave

El general Mario Montoya comandó la Cuarta Brigada en Antioquia entre 2001 y 2003, cuando ésta lideró dos de las operaciones claves para derrotar a las Farc en el departamento.

La ‘Operación Mariscal’, en mayo de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, que golpeó el refugio que tenían allí las milicias de la guerrilla, y la ‘Operación Orión’, que fue en octubre de ese mismo año, tenía el mismo objetivo de la ‘Mariscal’ y resultó más exitosa porque Montoya logró el control total de la Comuna 13. Pero a la vez fue la más cuestionada.

Mientras por ‘Mariscal’ la Procuraduría le abrió un proceso disciplinario por omisión, allanamientos ilegales y posibles violaciones a los derechos humanos, por ‘Orión’ está en problemas penales.

Como señala el informe‘La huella invisible de la guerra’ del Centro de Memoria Histórica, “de acuerdo con las declaraciones de Don Berna (que controlaba el frente paramilitar Cacique Nutibara que prácticamente manejó desde entonces esa Comuna), en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a las autoridades en sus labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla”. Esa versión coincide con las denuncias de habitantes del barrio en ese momento.

En febrero de 2006 el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró comandante del Ejército, donde lo mantuvo hasta noviembre de 2008 cuando renunció después de que el entonces Presidente sacó a 27 militares por el escándalo de los falsos positivos de jóvenes de Soacha que fueron reportados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander.

Para Uribe, Montoya era un general importante para su política de ‘seguridad democrática’ porque era de la línea dura de los militares.

Su salida del Ejército fue con tan buen tono que en 2009 lo nombró embajador ante República Dominicana, donde estuvo hasta 2011 a pesar de que los líos penales empezaron a crecer.

En 2009 la Fiscalía le abrió investigación preliminar por las declaraciones de ‘Don Berna’ y en 2011 alias ‘El Tuso Sierra’ lo acusó de pertenecer a la nómina de la ‘Oficina de Envigado’, el centro de cobros del narcotráfico en Antioquia.

Dos meses después de eso renunció a la embajada y en enero de 2012 la Fiscalía lo llamó a indagatoria para que aclarara sus supuestos vínculos con paramilitares. En marzo de 2016 le pidió a la Corte Suprema fecha para imputarle cargos, como lo contó La Silla,  por línea de mando en siete “falsos positivos” cometidos durante febrero de 2006 y noviembre de 2008 en las siete divisiones que tiene el Ejército en todo el país y que cobijan a diez víctimas.

Según le dijo a La Silla un vocero de la Fiscalía cuando hicimos esa historia, tenían unos oficios en los que Montoya reclama a las divisiones resultados en términos de bajas desconociendo alertas que simultáneamente estaban haciendo ONG y Naciones Unidas sobre la ocurrencia de falsos positivos. Y uno de los casos, además, era una de las víctimas del escándalo de los jóvenes de Soacha que terminó con la renuncia de Montoya a la comandancia y que desató el escándalo de esos delitos.

Aunque dos meses después un fiscal delegado ante la Corte Suprema suspendió la imputación bajo el argumento de que estudiaría nuevas pruebas presentadas por la defensa del exoficial, La Silla supo que la Fiscalía ya tenía listo el dossier para agendar de nuevo la diligencia en mayo de 2016, pero como lo contamos en junio de ese año la volvieron a suspender. 

Seguramente toda esa información hace parte del informe que la Fiscalía le entregó este lunes a la JEP sobre falsos positivos. Uno de los primeros (junto con el de reclutamiento de menores) de los que debe presentar la Fiscalía, según dice el Acuerdo, sobre los crímenes cometidos por las Farc y los agentes del Estado.

Justo el día después de la entrega de ese informe, Montoya decidió comparecer ante la JEP. Una decisión que puede ser leída de muchas formas y que supone varios retos para este sistema de justicia.

Los retos

Que un ex oficial estrella de Uribe haya decidido ir a la JEP, “es una oportunidad para que ésta muestre que no está en contra de los militares. Ya lo empezó a mostrar moviéndose con las Farc y así puede llegar a funcionar para lo que fue diseñada: como el cierre jurídico global del conflicto”, dijo a La Silla el jurista Rodrigo Uprimny.

Al mismo tiempo, que Montoya haya escogido este camino también muestra que el artículo que logró meter el uribismo en la ley de procedimiento de la JEP, no es un ‘caramelo’ para muchos militares.

El artículo dice que los uniformados no están obligados a sujetarse a la JEP sino cuando se cree una ley de procedimiento especial para ellos, para lo cual le da 18 meses al Gobierno y al Congreso. Mientras tanto sus procesos en la justicia ordinaria quedan suspendidos.

Pero Montoya igual se presentó lo que, para cuatro fuentes expertas consultadas por La Silla, solo se puede entender como una forma de evitar quedar en la mira de la Corte Penal Internacional, CPI.

Eso porque la fiscal de esa Corte, Fatou Bensouda, ha dicho varias veces que si la justicia colombiana no actúa con firmeza en los casos de delitos sexuales y de falsos positivos, su oficina pediría a los jueces de la CPI abrir una investigación formal.

Como Bensouda termina su periodo en noviembre de este año, solo le quedan cuatro meses para actuar y, además, para cumplir la vieja meta de “desafricanizar” una corte internacional que hasta ahora solo ha actuado contra regímenes de ese continente.

Pero con un ex comandante del Ejército tan simbólico como Montoya aceptando que la JEP es la competente para procesarlo, los argumentos para decir que la justicia colombiana no actúa contra los militares pueden resultar más débiles, y así ayudar a evitar que la CPI se meta al caso colombiano, o por lo menos que incluya el suyo en una eventual investigación.

Además, puede apostarle a que o la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP no construya un caso fuerte contra él o a que, si en 18 meses se crea una sala especial para los militares cuyos magistrados sean más afines a los militares, como quiere el uribismo, termine siendo juzgado por ellos.

Como le decía a La Silla una de las fuentes, “es mejor tener la opción a no tenerla y arriesgarse a un procedimiento que no se sabe todavía en qué va a consistir”.

Eso, sin contar con que acogerse a la JEP tiene unos beneficios que se armaron en el Acuerdo con las Farc para incentivar a que los responsables lleguen a ella y contribuyan a la verdad y la reparación de las víctimas.

El caso de Montoya en este momento está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que es la que tiene que establecer si su caso tiene una relación con el conflicto armado.

Si se establece que sí es conexo, que en el caso de Montoya es evidente dado que la presión por bajas que produjo los llamados “falsos positivos” venía del afán de mostrar resultados de la política de Seguridad Democrática contra la guerrilla, la JEP llamará a declarar.

Si llega a reconocer su responsabilidad y cuenta toda la verdad, tendría una pena alternativa de entre 5 a 8 años que no implicaría necesariamente cárcel sino otras actividades más reparadoras para las víctimas.

Si mantiene su defensa de que no tuvo nada que ver con estas ejecuciones, cosa que desde ya es previsible porque su abogado Andrés Garzón dijo ayer que el general no tiene responsabilidad en los falsos positivos,  su caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación que analizará la evidencia de la Fiscalía, la que presenten las organizaciones de víctimas y las que busque por su cuenta, y con base en eso decidirá si archiva su caso por falta de evidencia o evidencia a su favor o si lo acusa.

Si la JEP decide lo primero, el caso contra el General quedará cerrado también en la justicia ordinaria. Si lo acusa, Montoya podría reconocer su responsabilidad y obtener una pena de prisión de máximo ocho años o no hacer y terminar absuelto o condenado a 20 máximo años de cárcel.

Eso, en cualquier caso, es mejor que 40 años de cárcel en la justicia ordinaria, que es lo mínimo a lo que se expone terminar condenado si no es absuelto.

Lo que se viene en la JEP

Con la decisión de Montoya y el informe de la Fiscalía sobre falsos positivos en sus manos, a la JEP se le viene encima contrastar esa información, sumarle la que ella misma produzca y la que le aporten grupos de víctimas, una tarea que puede tardar meses y para la que no hay antecedentes.

Ya con Montoya aceptando que sea ella quien lo procese, esa demora tendrá un peso adicional: el de tener en sus manos a un símbolo del escándalo de los falsos positivos, uno de los más fuertes en la degradación del conflicto del lado del Estado.

En el peor de los escenarios, la Unidad de Investigación y Acusación puede concluir que no tiene pruebas suficientes para acusar al general, con lo cual se arriesga a perder credibilidad en un caso muy emblemático, y más cuando la Fiscalía ya estaba a punto de imputarlo.

Además, cualquier decisión que tome probablemente sea una de las primeras de la JEP, con lo que será clave en sentar jurisprudencia sobre puntos que se puedan repetir en otros casos.

Por ejemplo, seguramente abrirá el debate sobre la responsabilidad producto de tener mando sobre quienes cometieron delitos graves y sistemáticos en el conflicto, dependiendo de las pruebas exactas que haya contra Montoya.

Y su decisión y la forma de llegar a ella también será comparada con lo que ocurra con antiguos jefes guerrilleros por crímenes como el reclutamiento de menores o el secuestro, reforzando o debilitando las críticas a la JEP, y dándole más o menos fuerza a la verdad judicial sobre el conflicto que vaya surgiendo de ella y que, sumada a las conclusiones de la Comisión de la Verdad, probablemente sea uno de los campos de puja sobre la verdad histórica del conflicto.

Por eso lo que pase de aquí en adelante con el general Montoya va a marcar una línea sobre cómo pasará a la historia el gobierno Uribe, en la justicia transicional y en la narrativa histórica que ésta ayudará a definir.

El Presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar el nombramiento de Carolina Soto como nueva codirectora del Banco de la República en reemplazo de Adolfo Meisel Roca.

Soto es actualmente la Alta Consejera para la Competitividad y el Sector Privado del presidente Santos y es muy cercana al mandatario. Su nombramiento fue filtrado desde el pasado 29 de junio en medios de comunicación, sin embargo, no había sido oficializado por Santos pues este estaba molesto por la publicación de la información, como lo contó La Silla Vacía en su momento.

Tras una reunión sostenida esta mañana con los miembros del Banco de la República, Santos anunció el nombramiento de Soto, con ella parada a su derecha.

“Carolina Soto ha sido una extraordinaria compañera de trabajo y tiene todas las credenciales para ser una muy buena directora del Banco", dijo Santos, quien resaltó que es la primera vez que hay dos mujeres simultáneamente en la Junta del Banrepública, de siete integrantes que tiene. 

A Soto, no le faltan credenciales, es economista de la universidad de los Andes, cuenta además con una maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia y se desempeña como Alta Consejera para la competitividad y el Sector Privado del Presidente Santos. También fue viceministra General de Hacienda y Crédito Público, donde trabajó con el Ministro Mauricio Cárdenas Santamaría y tuvo un rol muy importante en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Ocupó varios cargos en el Departamento Nacional de Planeación desde Asesora de la dirección General hasta Subdirectora de Programación y Seguimiento Presupuestal y Directora de Inversiones y Finanzas Públicas, y fue también asesora del Ministerio de Transporte. Durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue Directora General del Presupuesto Público Nacional y en el sector privado se desempeñó como Vicepresidenta de Fasecolda y como economista en la Corporación Andina de Fomento.

Incluso, cuando se filtró su nombre a los medios el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, aseguraron en declaraciones públicas que Soto sería una excelente opción para hacer parte de la junta directiva del Emisor y que sería bienvenida al Emisor.

Soto hará parte de la Junta Directiva del Banco de la República hasta diciembre de 2022 y deberá participar en las decisiones del Banco Emisor mediante las cuales se adoptan medidas monetarias, crediticias y cambiarias que afectan el desarrollo  macroeconómico del país. Normalmente, el periodo de los codirectores es de cuatro años, pero en este caso, como se reemplaza a un codirector que ya había ejercido parte de su periodo, el nombramiento sería por el tiempo restante.

Soto, una mujer que daría continuidad al Emisor

Con Soto, Santos mantuvo la tradición de nombrar economistas uniandinos en la Junta del Banco de la República. Pero más allá de esto, lo que distingue a Soto es que buena parte de su carrera ha trabajado en el sector público.

“Es una persona ortodoxa y pragmática, muy en la línea de pensamiento de los demás codirectores, no es dogmática tengo una opinión muy positiva de su trabajo”, así la define Leonardo Villar, excodirector del Banco de la República, director de Fedesarrollo y quien fue el jefe de Soto durante su paso por la CAF.

Ortodoxa es la palabra común entre seis de las nueve fuentes consultadas para este artículo. Esto en términos económicos significa que favorece el libre mercado, lo que implica que con relación a las decisiones del Banco de la República no estaría a favor de hacer intervenciones en el mercado cambiario, y se mantendría firme en la meta del Banco de la República de mantener controlada la inflación, aunque en ocasiones esto signifique moderar el crecimiento económico.

Esta posición es el común denominador entre los  miembros de la Junta Directiva, que suelen tomar decisiones por consenso, de hecho de las últimas cinco reuniones de junta en tres se tomó una decisión sobre tasas de interés por unanimidad y en una hubo mayoría de 6 frente a uno, y solo en una ocasión el voto se dividió 4 frente a 3.

Una fuente, sin embargo, aseguró que en realidad dado que a Soto se le conoce más por su trabajo en el Gobierno y en temas fiscales, es en realidad un enigma su posición frente a temas macroeconómicos. Lo que no necesariamente es malo.

Para Andrés Escobar, quien fue Viceministro técnico de Hacienda, una fortaleza la Alta Consejera es su conocimiento en temas fiscales y en el manejo de las finanzas públicas del Gobierno Central, lo que resulta fundamental para tomar decisiones a tiempo al interior del Banco de la República.

Por su parte, el codirector del Emisor, Gerardo Hernández, destacó de Soto su disciplina y su género resaltando la importancia de tener más diversidad al interior del banco en particular por que “las mujeres tienen una visión distinta, se aproximan a las cosas de manera distinta y eso enriquece las discusiones”.

Una movida estática

¿Qué significa un nuevo nombramiento en el Banco de la República?, ¿qué tanto puede cambiar la forma como se toman decisiones al interior de la junta?, lo que arroja la reportería es que en realidad no se prevén muchos principalmente porque, se trata de un miembro entre siete personas independientes, que toman decisiones con base en información técnica suministrada por el equipo de analistas del Banco de la República.

Esto fue confirmado por dos codirectores y dos excodirectores del Emisor consultados, es claro que independientemente de las posiciones políticas, ideológicas y académicas de quienes hacen parte de la junta, el equipo técnico del banco es muy fuerte, y las recomendaciones que hacen tienen sustentos difíciles de ignorar, por eso termina siendo tan común la unanimidad en las decisiones. En palabras del excodirector Adolfo Meisel: “un miembro no cambia la junta, por lo general es al contrario, la junta cambia a los miembros”.

Por su parte Andrés Escobar señala como una ventaja que en lo que va de su historia el Banco de la República se ha mantenido como un organismo independiente, que no se ha dejado permear de la politiquería. “Aún si ese fuera el caso Colombia tiene economistas buenos y de diversas tendencias políticas, de distintas tradiciones académicas para escoger como miembros de la Junta del Banco de la República”, señaló el exviceministro y consultor.

En el próximo Gobierno, el presidente electo Iván Duque deberá escoger un nuevo codirector del Banco de la República, el reemplazo de Juan Pablo Zárate, quien cumplirá su tercer periodo de cuatro años como codirector, el último que puede ejercer. Y tendrá la potestad de reemplazar uno más, que podrá ser Carolina Soto, u otro de los codirectores actuales.

Ricardo Ruidiaz ha recibido 19 amenazas en poco más de un año

El sábado pasado un panfleto firmado por las “Águilas Negras” amenazó de muerte a decenas de defensores de derechos humanos, líderes de víctimas, a la subeditora de El Tiempo Jineth Bedoya y a La Silla Vacía. El día siguiente María Jimena Duzán recibió una amenaza de muerte vía Twitter. Y el lunes una llamada a RCN Radio, por alguien que dijo ser del ELN, amenazó a su directora, Yolanda Ruiz, y a los periodistas Juan Pablo Latorre y Jorge Espinosa.

Esa seguidilla de amenazas mereció un amplio cubrimiento de prensa y menciones de apoyo del presidente Juan Manuel Santos y su sucesor, el presidente electo Iván Duque. Pero además de ellas hay amenazas casi cotidianas a decenas de periodistas en todo el país, que han tenido menos visibilidad pero que no por eso son menos riesgosas.

Las amenazas sonadas

La primera amenaza fue el panfleto firmado por las “Aguilas Negras” contra 49 personas y 16 organizaciones, en su mayoría defensores de derechos humanos, líderes de víctimas y políticos de izquierda. Curiosamente también estaban la subeditora de El Tiempo, Jineth Bedoya, los salientes senadores Juan Manuel y Carlos Fernando Galán (liberal y de Cambio Radical) y La Silla Vacía.

  Panfleto amenaza Águilas Negras by Anonymous 5dGWFZxZD on Scribd

Según lo que La Silla pudo verificar con la Fiscalía el grupo criminal llamado “Águilas Negras” fue desmantelado hace años. Sin embargo, es usual que aparezcan panfletos y amenazas firmados con ese nombre y su logo, y con listas más bien largas de personas:

La estrategia de la ultraderecha es clara: amenazar a dirigentes de partidos alternativos para que los 8 millones 34 mi votos del 17/jun no hagan mella en las elecciones locales de 2019. Saben q si pierden el poder regional no se reeligen. Cero miedo. Nos volveremos 10 millones! pic.twitter.com/k3QqkNVqzw

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 15 de julio de 2018

Lo que no es usual es que incluya a periodistas: de las 96 amenazas que ha documentado la Flip este año, solo dos tienen su firma a pesar de que han revisado muchos panfletos para cerciorarse de que entre los amenazados hay periodistas o no.

Por eso, lo más probable es que se trate de algún otro actor que usa ese nombre para darle más credibilidad a la amenaza y para encubrirse. Según Vaca, muchas listas de amenazados repiten nombres “típicos” e incluyen unos pocos que no son los usuales, que probablemente por eso son a quienes el panfleto envía un mensaje más directo.

En el caso de María Jimena Duzán, la amenaza que ella misma reveló salió de una cuenta de Twitter aparentemente creada solo con ese objetivo y que luego cerró.

De esta cuenta me envían esta amenaza de muerte. @FiscaliaCol y @FLIP_orgpic.twitter.com/DjScrFL4P5

— María Jimena Duzán (@MJDuzan) 15 de julio de 2018

Es similar a lo que ocurrió con el caricaturista Matador, su colega de El Espectador X-Tian, o la que recibió hoy Luis Carlos Vélez.

Por último, las amenazas a RCN tienen dos antecedentes claros. Uno es que su emisora en Bucaramanga ya había recibido una amenaza similar. Hace algunas semanas recibieron una llamada de alguien que dijo ser el ELN, usó el mismo alias y les exigió lo mismo, dejar de hablar de las organizaciones sociales supuestamente afines a esa guerrilla a la hora de referirse a líderes sociales amenazados o asesinados.

Curiosamente algo parecido ocurrió en abril con la emisora de Valledupar Cardenal Stereo, que recibió una llamada muy similar. Y, como en las dos llamadas a RCN, dentro de las exigencias de quien llamó estaba dejar de hablar de alias Guacho.

A pesar de la gravedad de esos tres casos, son apenas la punta del iceberg.

Un panorama preocupante

La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, ha documentado 96 amenazas contra 117 periodistas en lo que va del año.

La cifra es tan alta que motivó que el miércoles pasado, antes de las amenazas visibles, sacara un comunicado de prensa en el que mostraba que en todo 2015 hubo 59 amenazas, en todo 2016 documentó 90, y en 2017, a julio, tenía 65 reportes. En total, han crecido un 40 por ciento desde 2012.

Las amenazas son, de lejos, la mayor agresión que sufren los periodistas, según los datos de la Flip, que ponen en segundo lugar 25 casos de acoso judicial y luego 14 de estigmatización.

La Flip ha encontrado que esas amenazas responden generalmente a varios patrones.

Uno es que en muchas ocasiones se trata de “reporteros que alternan sus labores con el activismo social”, como explicó en su comunicado. Son personas que se enfocan en temas puntuales, desde trata de personas hasta defensa del ambiente,y que le dan despliegue como periodistas a las investigaciones que hacen como activistas.

El segundo es el caso de decenas de periodistas de poblaciones pequeñas o medianas que investigan la corrupción o delincuencia local.

Allí, donde es más fácil que los afectados conozcan a los periodistas, donde suele haber menos diversidad de medios y donde, en muchos casos, el Estado es el principal empleador y financiador de medios, las amenazas son particularmente graves y efectivas.

“Lo que buscan es que los periodistas se autocensuren, y muchas veces lo logran”, explica Pedro Vaca, director a Flip. “Usualmente los periodistas saben exactamente cuál es el tema que motivó las amenazas, porque en esas zonas suelen hacer periodismo de registro y avanzar con una o dos investigaciones, así que pueden conectar los puntos muy fácil”.

Y el tercer caso es el de zonas con presencias de grupos armados ilegales como el Catatumbo, la zona rural de Tumaco o la Comuna 13 de Medellín.

Según la Flip, aunque muchas amenazas se siguen dando  por otras vías, las redes sociales se han convertido en el espacio más usual para hacer amenazas, especialmente twitter sobre todo a periodistas de un perfil alto y Facebook y Whatsapp para muchos más.

En ese universo amplio de amenazas, hay casos menos visibles que los del fin de semana, pero más fuertes.

Casos extremos

Ricardo Ruidiaz, director del programa “Rompe cabezas arma corazones” de Colmundo Radio y director de la Fundación Amigos Unidos, es uno de esos periodistas que también son activistas. En su caso, de derechos de los niños, inicialmente en temas como bullying pero recientemente en redes de trata de menores vinculadas al llamado Clan del Golfo, su uso para venta de drogas y explotación laboral.

Ha recibido 18 amenazas en poco más de un año, la más reciente esta semana con un panfleto firmado por las “Autodefensas Gaitanistas”. Todo arrancó cuando empezó a abordar esos temas, y de tipos muy diferentes.

La primera amenaza, una llamada en vivo a su programa en mayo de 2017, una persona que se identificó como miembro del Clan del Golfo dijo que no debía seguir investigándolos. Dos semanas después, tras denunciar en el Dijín hechos contra menores, lo llamaron de nuevo  le dijeron “Periodista sapo, supimos que estuvo en la Policía, lo vamos a bajar”. Desde entonces ha recibidos varias llamadas más, incluyendo dos de supuestos sicarios que le dicen que los habían contratado para matarlo pero que les quitaron el negocio.

También lo han perseguido. Por ejemplo, lo siguieron una vez en dos carros, dos veces lo rondaron personas en motos, encontró cuatro hombres armados a la entrada de su casa y una vecina vio a varias personas entrando al balcón de su apartamento , pero sus gritos los hicieron huir.

En varios casos las llamadas le han dado datos de sus movimientos o de dónde está en ese momento. Por ejemplo, cuando se tomaba un café en un centro comercial y le dijeron “periodista hijueputa, siga tomando café que mañana le ponemos una bomba en la marcha”; cuando estaba en una iglesia “estamos frente a la iglesia”, o le dijeron “usted estaba hoy comiendo con un funcionario de la Alcaldía.”

Las amenazas también lo han perseguido a su natal Barrancabermeja, donde apoyó marchas por el derrame de petróleo de La Lizama y la protección de líderes ambientales y lo llamaron varias veces con fases como “Periodista hijueputa no se aparezca más por acá por Barranca ni por el Llanito. ¿Oyó, gonorrea? No se vuelva a venir más por acá, ¿oyó, hijueputa? Deje de estar haciendo marchas y toda esa vaina. Lárguese”.

Incluso, en noviembre de 2017 le arrojaron una granada.

A pesar de todo eso, hace un mes la Unidad Nacional de Protección estuvo a punto de reducir su esquema de seguridad, algo que no ocurrió gracias a la presión pública de la Flip y varios medios.

Otro caso es el de Alberto Castaño, activista ambiental y quien fue director del extinto programa de Blu radio llamado Blu Verde.

En marzo recibió esta amenaza por Twitter: “@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche”.

Eso fue días después de que publicara una nota denunciando el asesinato sistemático de líderes ambientales, indígenas y sociales, y llevó a que saliera del país para iniciar un proceso de asilo.

Y otro es el de Érica Londoño, reportera de Caracol Radio en Guaviare, quien ha sido hostigada desde 2012: le han lanzado piedras a la emisora y a su casa, han hackeado la cuenta de correo de Gmail de la emisora para poner el nombre “Caracol Ratas del Guaviare” y, sobre todo, le han enviado mensajes de texto amenazantes y de diferentes asuntos.

Por ejemplo, “periodistas caracol medio amarillista los declaramos objetivo militar a Erika Londo?o Gustavo Chica Jorge Ramirez Y adventirles (sic) que no los queremos ver en las zonas donde hacemos presencia militar igual decirles que sabemos de cada uno de los movimientos y desplazamientos que hagan este es un mensaje de la organizacion militar bloque heroes del Guaviare y bloque heroes del ariari”.

O “hps periodistas de la derecha erica y gustavo las farc ezisten como grupo armado del pueblo y aki en guaviare y meta mandamos nosotros o empiesan a decirlo o atengance o los actos revolucionarios por cierto bonito su hijo erica (sic)“.

Estos casos, y otros similares, han puesto a prueba la capacidad de los periodistas de seguir investigando y la del Estado de evitar que los callen.

El programa de protección a periodistas, que existe desde el gobierno Pastrana y hoy maneja la Unidad Nacional de Protección, logró reducir y casi erradicar los asesinatos a periodistas, pero no ha sido efectivo para contener el crecimiento de las amenazas.

Como lo que hace es crear medidas de protección que van desde entregar un celular y un chaleco antibalas, hasta poner esquemas de seguridad con escoltas y vehículos blindados, pueden evitar que se pase de la amenaza al atentado, pero no necesariamente evita situaciones como la de Ruidíaz, en las que la tortura psicológica pueden callar al periodista.

Con la reciente ley que creó un delito específico de amenazas, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, creó un primer grupo de cuatro fiscales encargados de aplicar ese delito a hechos como los de los periodistas. Eso, en plena escalada de amenazas, puede ser un primer paso para que el Estado cambie su política.

“Debería pasar de una mirada reactiva, que protege a los periodistas cuando ya fueron amenazados y de forma individual, a un costo muy alto, a una proactiva, en la que se mire el origen de los riesgos y se busque extinguirlos” dice Vaca. “En lugar de darle a los periodistas un traje de bomberos para que vuelvan a luchar con el fuego, extinguir el fuego”.

Hoy 19 de julio, casi a las 6 de la tarde, el Consejo Nacional Electoral finalmente declaró quiénes son los senadores electos que se posesionarán mañana, en la instalación del Congreso de los próximos cuatro años. Incluyó a tres senadores cristianos de Colombia Justa Libres, lo que rebarajó las cargas en ese ente. Con esos nuevos nombres quedaron definidos todos los congresistas.

Para concerlos puede hacer clic en cada uno,ver cómo votaron en decisiones clave, si ya fueron congresistas y conocer su biografía. También puede filtrar la base de datos.

El Congreso que termina hoy, cuando se instala el Congreso de los siguientes cuatro años, pasará a la historia por haber sido el que refrendó el Acuerdo de Paz con las Farc. La Silla Vacía seleccionó varios temas que merecen ser recordados y otros que no.

Álvaro Uribe Vélez

En la historia reciente del país nunca se había visto que un ex presidente de la República llegara al Senado y que, casi solo con su fuerza de opinión y haciendo oposición, pusiera 19 congresistas en Cámara y 20 en Senado. Luego se convirtió en un súperpoderoso del Congreso al convertirse en el jefe de la oposición y organizar una bancada disciplinada de 39 congresistas con la capacidad de romper o armar un quórum y de dilatar los proyectos a punta proposiciones. En varias ocasiones Uribe hizo que toda la bancada se levantara en debates que favorecían al gobierno. El éxito de su oposición logró poner los ojos del país sobre sus intervenciones, sobre sus críticas al proceso de paz y sobre toda su bancada, lo que lo llevó a que en estas elecciones su partido se fortaleciera en el Congreso y pusiera al Presidente

Iván Duque

En el congreso, el presidente electo Iván Duque figuró como vocero del Centro Democrático en temas económicos, como por ejemplo en la discusión de la Reforma Tributaria. Además, fue elegido candidato del uribismo y ganó la presidencia por su cercanía con el senador y ex presidente Uribe (a parte de que se sentaran al lado en el Senado). A parte de esto, fue un congresista, que aunque estuvo en la oposición, tuvo la capacidad de conciliar con otras bancadas y sacar adelante cinco leyes, relacionadas sobre todo con el emprendimiento, que durante la campaña fue una de sus principales banderas.

Claudia López y Angélica Lozano

Hace cuatro años López saltó de de ser una de las analistas políticas más respetadas del país, sobre todo por las investigaciones que lideró y que develaron el paramilitarismo, a senadora. Aunque era la primera vez que se medía en las urnas, se eligió con más de 80 mil votos. Su forma de debatir sin pelos en la lengua (que algunas veces le jugó en contra) y sus trinos en redes sociales para conectar a sus seguidores con lo que sucedía en plenaria, la convirtieron en una de las estrellas del Capitolio. En este tiempo logró aprobar 11 leyes en clave con su fórmula a la Cámara, Angélica Lozano, y de la mano de Jorge Enrique Robledo lideró debates como el de Odebrecht.

Lozano, que venía de ser concejal de Bogotá y de hacer parte de Progresistas, fue elegida como la mejor Representante a la Cámara en el panel de Opinión de Cifras y Conceptos que consulta a cerca de 2300 líderes de opinión en 18 departamentos para calificar a los congresistas. Pronto se convirtió en una figura reconocida nacionalmente. Con este recorrido saltó al Senado con la segunda votación más alta de su partido y superando tres veces la votación que había tenido a la Cámara cuatro años atrás.

Lozano y López cerraron con broche de oro cuando lograron que el Congreso avalara por unanimidad la Consulta Anticorrupción que más de 4 millones de ciudadanos apoyaron con su firma.

Juan Fernando Cristo

Cristo fue una estrella de este Congreso porque como Ministro del Interior sacó adelante y logró que se aprobaran muchas de las leyes que fueron fundamentales para reglamentar el Acuerdo de Paz y garantizar su implementación. Su capacidad de hacer política dentro del Congreso se debe a que fue Senador del Partido Liberal de 1998 al 2014 y presidente de esta corporación en su último año. Esto le dio mucho prestigio dentro de los congresistas, y le dio cancha para saber cómo conciliar con las diferentes bancadas y cómo jugar a la política en beneficio de los intereses del gobierno.

Las redes sociales

El papel de la redes sociales en este Congreso fue crucial para que algunos congresistas lograran sus intereses políticos a través hashtags para impulsar una ley y crear tendencias que pusieran los ojos del país encima del Congreso, también, para denunciar la falta de quórum o señalar algún abuso de poder. Las especialistas en este tema han sido las congresistas Angélica Lozano y Claudia López.

Esto se vio, por ejemplo, en la votación de la Consulta Anticorrupción en la que a punta de redes lograron que los senadores la aprobaran por unanimidad. También fue evidente cuando López denunció con un trino el el madrazo que el Senador del Centro Democrático Luis Alfredo Ramos le dijo cuando el micrófono estaba apagado.

David Barguil

Este conservador cordobés llegó a la Cámara de Representantes en 2010 con el respaldo de la casa Pineda García, en 2014 se reeligió con 86 mil votos y,como contó La Silla cogió vuelo, se alejó de esa casa política y saltó al Senado con 139 mil votos, la votación más alta de su partido.

Lo logró gracias a que durante este cuatrienio fue presidente de su partido al le dio un aire nuevo con espacios a los sectores críticos del proceso de paz, se convirtió en un abanderado visible de que Electricaribe fuera intervenida y sacó adelante cuatro leyes. En su paso por la Cámara fue elegido como el segundo mejor representante a la Cámara en el panel de Opinión de Cifras y Conceptos que consulta a cerca de 2300 líderes de opinión en 18 departamentos para calificar a los congresistas.

Los ñoños

Los cordobeses Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile pasaron de ser consentidos de la mermelada de Santos en el primer gobierno y bastiones de su reelección, a terminar en la cárcel por corrupción y dejando durante el último año del Congreso sus sillas desocupadas.

En agosto de 2017 la Fiscalía pidió investigar a Bernardo “Ñoño” Elías por recibir coimas de la corrupta empresa brasilera Odebrecht para hacerse a multimillonarios contratos públicos. Unas semanas después lo capturaron y en febrero de este año lo condenaron a una pena de 6 años y 8 meses.

A Musa Besaile lo mandaron a La Picota en octubre de 2017 después de que admitió que en 2015 pagó 2 mil millones para salir bien librado de una investigación de la Corte Suprema por parapolítica. Está en juicio por el Cartel de la Toga y tiene otro proceso por Odebrecht.

Álvaro Ashton

En diciembre del año pasado capturaron al poderoso cacique electoral del Atlántico, Álvaro Ashton, por un caso de parapolítica por el que supuestamente habría pagado plata a cambio de que le dilataran el proceso.

El caso estaba abierto desde hacía años, pero volvió a moverse después de que en septiembre del 2017 la Fiscalía le compulsara copias a la Corte porque presuntamente Ashton le pagó al exmagistrado Francisco Ricaurte 1.200 millones de pesos para que desviara la investigación. En este momento está siendo investigado por el cartel de la toga y tiene medida de aseguramiento por parapolítica.

Además, ha tenido indagaciones por delitos sexuales con menores y por supuestamente haber recibido bienes de manera ilegal de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes.

A pesar de eso Ashton logró heredarle la curul a su sobrina Laura Fortich, quien después de haber sacado 62 mil votos en marzo se posesionará hoy como senadora en el Capitolio.

Martín Morales Diz

El ex senador de La U, que era la ficha de la exsenadora cordobesa Zulema Jattin Corrales investigada por supuestamente haber recibido plata y otras ayudas de los paramilitares para elegirse, fue capturado en marzo de 2016. A finales de ese mismo año comenzó su juicio por parapolítica, narcotráfico y homicidio. En mayo de 2018 lo condenaron.o

A pesar de eso, como lo contó La Silla, Morales no se quedó quieto para las elecciones a Congreso. Al parecer desde La Picota hizo una alianza con el también exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, para conseguirle votos a cambio de plata a su sobrina y heredera política, Juliana Escalante. A Escalante no le alcanzaron los votos para obtener una curul.

Aida Merlano

Aunque en 2014 llegó a la Cámara como fórmula del reconocido cacique godo Roberto Gerlein, pasó prácticamente de agache hasta el día de las elecciones a Congreso de este año, cuando la Policía encontró en su sede de campaña 268 millones de pesos, cuatro armas y documentos que al parecer son de fraude electoral.

Además de Merlano algunos de su círculo también terminaron capturados (incluida una hermana) y con cargos imputados por la Fiscalía. Esta semana la Corte Suprema concluyó la investigación en su contra y la próxima semana definirá si la precluye o si la llama a juicio. Por ahora el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la curul que se ganó en el Congreso, a pesar de que la Procuraduría pidió que no declarara su elección como senadora.

Alfredo Rangel Suárez

Aunque más de un uribista que entró al Congreso en 2014 con los votos del expresidente se quemó en las últimas elecciones cuando el Centro Democrático decidió abrir la lista y que cada uno se midiera en las urnas, Alfredo Rangel se chamuscó.

A diferencia de varios que entraron en la lista de hace cuatro años, Rangel era una cara medianamente conocida por la cancha que se había hecho como analista político. Pero ese reconocimiento y los cuatro años que estuvo en el Senado como alfil del uribismo en temas de seguridad y en la oposición al proceso de paz y después a la implementación de los acuerdos, no le alcanzaron para superar los 7 mil votos.

Aunque con los más de 800 mil votos que tuvo Uribe los candidatos de la lista que salieron elegidos no tuvieron que sacar una votación tan alta, el último de ellos tuvo 27 mil votos, casi 5 veces los de Rangel.

Viviane Morales

Después de cotizarse con las 2 millones de firmas que recogió para el referendo contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la exsenadora del Partido Liberal se estrelló con una campaña presidencial que nunca despegó ni la llevó a tener protagonismo en los resultados. Terminó apoyando a Iván Duque sin que, hasta el momento, la haya nombrado en un cargo en el Gobierno. Aunque se ha dicho que Morales puede terminar en una embajada, el camino que recorrió en el Congreso y en la campaña para llegar hasta ahí la convierte en una estrellada porque aspiraba a más y las apuestas que hizo le salieron caras.

Además, aunque con el referendo le apostó a convertirse en la líder política de los diferentes movimientos políticos cristianos, que ella llamó la ‘Colombia creyente’ y las ‘mayorías morales’, solo logró los apoyos de Colombia Justa Libres, el movimiento político del pastor Jhon Milton Rodríguez, y de Somos, antiguo Alas Colombia sin convertirse en su líder. Todos terminaron en donde Duque, pero la excandidata llegó por su cuenta y no con un grupo político consolidado.

Esa apuesta por representar a los cristianos la radicalizó y le costó su imagen de técnica, su salida del Partido Liberal y su aterrizaje a un partido del que nunca hizo parte (Somos) y que solo sacó 92 mil votos al Senado.

El viejo Pin

Aunque la debacle de Opción Ciudadana, el viejo Pin, era crónica de una muerte anunciada desde que la mayoría de sus miembros terminaron condenados por parapolítica y se convirtió en una fábrica de avales para sobrevivir, en las pasadas elecciones el partido del parapolítico Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil Castillo, finalmente, se quemó.

Una serie de movidas lo sentenciaron: partir cobijas con el clan Aguilar en Santander (que salvó el umbral en 2014 con los votos que sacó Mauricio Aguilar), distanciarse de la casa del exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García y perder a varios congresistas que se fueron a otros partidos o que no se presentaron al Congreso.

Tampoco funcionó la gira que emprendió en las últimas elecciones ‘el Tuerto’ Gil para sumar aliados en varias regiones y contrarrestar la desbandada del partido. Sin un congresista, al viejo PIN le queda el 2019 para ver si logra resucitar.

Olga Suárez Mira

La senadora saliente que le heredó hace 8 años los votos a su hermano Óscar Suárez Mira, líder de la cuestionada casa azul de Bello y condenado por nexos con grupos paramilitares, fue una de las grandes quemadas en las últimas elecciones. Pasó de sacar 122.472 votos en 2014 a 49.681.

Los resultados del representante electo León Fredy Muñoz, que ha denunciado y acusado varias veces al clan Suárez Mira y que hizo campaña señalándolo, también fueron parte de su derrota.

Roy Barreras y Hernán Penagos

Estos dos Senador de La U, que llegaron a este cuatrienio con el partido más fuerte e impulso electoral (Roy con 80 mil votos y Penagos con 29 mil), fueron los consentidos del gobierno por el protagonismo que tuvieron en los temas de paz y los medios de comunicación. Ambos fueron ponentes de muchas de las leyes del Acuerdo de Paz, lo que los convirtió en los lazarillos de Santos dentro del Congreso por abanderar el proceso y les dio visibilidad en medios y ante la opinión.

Roy fue tan consentido que en abril de 2016 Juan Manuel Santos lo envió a La Habana para acompañar al equipo negociador y le dio la posibilidad de hacer parte de la negociación en la construcción del blindaje jurídico del Acuerdo. Por su parte, Penagos fue protagónico hasta el final de este Congreso en los temas de paz, porque como ponente logró que se aprobara la Ley de Procedimiento de la JEP en Cámara antes que en el Senado y sin las modificaciones que los senadores uribistas le metieron. Penagos se quemó en la debacle del Partido de La U, pero está sonando para ser Magistrado del CNE.

Bernardo Elías y Musa Besaile

Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile los grandes electores del 2014 que se reeligieron con la segunda y tercera votación más alta para Senado fueron en Santos I los consentidos de la mermelada. Que fueron los consentidos de Santos también en su segundo tiempo (aunque trató de mantenerlos como tinieblos en la primer parte de su campaña) quedó claro en junio de 2016 cuando unas semanas antes de que comenzara la campaña al plebiscito, el presidente fue a Sahagún para inaugurar las obras que los ñoños habían gestionado con la mermelada. “¡Aquí están las obras que gestionaron sus senadores!,” dijo el presidente en tarima.

Más tarde su cercanía con el gobierno se ratificó cuando Santos nombró a Ariel Aduén, uno de sus aliados, como gerente del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade. Además, ‘Ñoño’ Elías tuvo la puerta de Palacio abierta, se sentó durante 7 años en los manteles del Presidente y se subió al avión con él.