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Duque arranca su gobierno con un mensaje de modernización política

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Ayer, en su primer día como presidente, Iván Duque presentó cuatro proyectos de ley o reforma constitucional, tres que retoman puntos de la Consulta Anticorrupción que han liderado figuras del Partido Verde y una reforma política que retoma los puntos centrales de la que se hundió el año pasado.

Con la suma de los cuatro y la importancia que les da al iniciar su gobierno con ellos, el nuevo presidente proyecta una imagen de reformista que busca modernizar la política y que trae prioridades diferentes a las banderas del uribismo.

El costo de hacerlo es que la reforma política puede alejar a los políticos tradicionales que hay en el Congreso y con los que se construyó la coalición legislativa que incluye a su partido, mientras los proyectos de la consulta se pueden leer como una forma de quitarle protagonismo a los opositores que llevan meses impulsándolos, como trinó Gustavo Petro.

Con eso, podría perder apoyos en el Congreso que necesita para pasar adelante ésta y otras reformas, aunque coseche réditos en la opinión.

Una reforma anhelada por todos menos los políticos

La reforma política que presentó esta tarde la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tiene cuatro puntos centrales: acaba el voto preferente, obliga a que haya paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales, exige que elijan sus candidatos en elecciones primarias y no a dedo, y le da autonomía administrativa al Consejo Nacional Electoral, CNE, que hoy depende de la Registraduría.

Se trata, en resumen, de una versión aguada de la reforma política que propuso la Misión Electoral Especial que creó el Acuerdo de Paz, que presentó el Gobierno el año pasado y que se hundió en el Congreso por falta de apoyo de la mayoría de congresistas, incluyendo los uribistas.

Esa reforma inicialmente eliminaba el CNE, que es muy criticado porque lo componen magistrados elegidos en representación de los partidos; aumentaba la financiación estatal de las campañas; limitaba la reelección de congresistas, concejales y diputados a un período; y hacía más fácil crear partidos políticos.

Todos esos cambios, que el año pasado se fueron desfigurando en el trámite en el Congreso, no están en el proyecto actual.

A pesar de eso, que elimine el voto preferente ya es un motivo para que cree resquemores entre los políticos tradicionales. Sin él, habría obligatoriamente listas cerradas por partidos, que hoy son opcionales. Eso tendría como efecto que la gente votara por partidos y no por candidatos específicos -es decir, por caciques-, lo que llevaría a una mayor coherencia en los partidos.

Podría partir el espinazo al clientelismo, pues la capacidad de negociar el voto de cada congresista se reduce.

Por eso, la propuesta de reforma arranca pisando callos y no en vano año pasado la lista cerrada fue uno de los primeros puntos en caerse, cuando perdió el apoyo del Gobierno Santos.

De hecho, en el mismo Centro Democrático hubo un debate grande el año pasado sobre la lista cerrada, que usaron para llegar al Senado en 2010. Como contamos,Álvaro Uribe delegó la decisión en su bancada, que finalmente no pudo ponerse de acuerdo y en una convención dejó la decisión en manos del ex presidente.

Uribe decidió abrirla. Entre los derrotados estaba el hoy presidente Duque, que en una carta que envió a las juventudes del Partido dijo que el sistema cerrado blindaba al partido de las “microempresas electorales”, y quien luego casi logra cerrar la lista a la Cámara de Bogotá.

Esa oposición se extiende a los caciques de otros partidos, incluyendo los de la coalición legislativa (conservadores, liberales, la U y Cambio Radical).

Eso abre la puerta para que Germán Vargas Lleras, que ya se movió con su bancada y la de La U para no dejarle la sartén por el mando a Duque, retome los contactos con esos congresistas a los que cortejó durante su campaña presidencial, y refuerce el grupo no duquista que está armando con parte de La U y Cambio agitando la bandera del voto preferente.

Como Duque ya ha dado pasos que lo alejan de los políticos tradicionales, como no repartir su gabinete con cuotas políticas excepto las uribistas o hacer muy pocas alianzas en campaña con ellos, el mensaje negativo para ellos puede ser más fuerte.

Por eso, aunque al retomar esa propuesta Duque se muestra coherente y da un mensaje fuerte de modernización política, podría empezar a gastar el capital político que tiene como presidente recién elegido. Más porque a la vez concretó su apoyo a las medidas de una consulta anticorrupción que se ha presentado como un rechazo a los políticos tradicionales.

¿Plan B o quitada de piso?

El nuevo presidente dijo en campaña que apoyaba la consulta anticorrupción.

Ayer, al presentar los tres proyectos que retoman la prohibición de reelección por más de tres períodos, la obligación de usar pliegos tipos en todas las licitaciones y el levantamiento de la reserva de las declaraciones de renta que presentan los funcionarios, todos puntos de la consulta, la ministra Gutiérrez explicó que eran prueba de ese apoyo.

Eso, sin embargo, no es tan obvio e incluso la Revista Semana se pregunta si le hizo conejo a esa promesa al presentarlos.

Los argumentos para decir que sí es apoyo, como le argumentaba a La Silla una fuente cercana a Duque, es que los proyectos lo que crean es un plan B para que salgan adelante algunos de los puntos de la consulta, vía Congreso, incluso si el próximo 26 de agosto no se alcanza el umbral de 12,5 millones de votos para que salgan adelante.

En esa línea, haber presentado los proyectos es concretar su compromiso con la consulta en una de las pocas acciones que puede tomar un presidente.

El contraargumento es que presentar un proyecto no asegura que se convierta en una realidad.

“Convocamos la consulta, en la que llevamos trabajando 19 meses, porque intentamos pasar varias veces esos cambios por el Congreso y los hundieron”, dijo la senadora verde Angélica Lozano, una de sus principales promotoras, anoche en Hora 20. “Una cosa es presentar proyectos y otra es aprobarlos”.

Esa duda tiene más fuerza porque el ex presidente Álvaro Uribe se ha manifestado contrario a la consulta, a pesar de que su bancada se comprometió a apoyarla a cambio de que se realizara después de las elecciones presidenciales.

Primero, en el video que reveló Noticias Uno de la reunión de senadores uribistas tras la posesión del martes, se congratula de que Duque no haya mencionado la consulta en su discurso.

Luego, ayer y debido al video, lo reiteró.

Anoche en una reunión privada hice algún comentario negativo sobre esa consulta, porque les tengo que decir a todos ustedes, con toda claridad, que yo prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas, que son de autoría del presidente Iván Duque”, dijo.

Como Uribe es el jefe político de Duque, ese mensaje debilita el apoyo a la consulta, pues deja la sensación de que es mejor no votar en ella porque igual el Congreso va a aprobar su contenido, a pesar de que faltan algunos puntos, empezando por el que quizás es el más llamativo, la reducción de los salarios de los congresistas.

“Hay un doble mensaje”, concluye Lozano.

En cualquier caso, que el presidente los haya presentado le da una salida al uribismo y a los congresistas, que pueden sacar adelante parte del contenido de la consulta, y así arroparse en la bandera anticorrupción sin bajarse el salario.

Justamente esa bandera anticorrupción la comparte Duque con estos proyectos, con lo que da un paso para impedir que la monopolice la oposición.

Más porque, sumándolos a la reforma política y a un gabinete con pocos políticos, ondea la bandera de presidente modernizador y distante de los políticos tradicionales. Falta ver si los proyectos avanzan, sus siguientes nombramientos mantienen esa línea o le dan más juego a los políticos (como el que ya tienen los uribistas en los cargos de más poder) y pasa del mensaje a lo concreto.

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Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

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El dilema del movimiento social con Petro y con Duque

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Estas son las historias de La Silla Vacía para arrancar el día:

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El dilema del movimiento social con Petro y Duque aterriza el 7 de agosto
La carrera por las fechas entre Uribe y la Corte
Las huellas del Ñoño Elías en la mermelada de Fonade
El cuñado de Uribe, prueba de la apuesta empresarial de Duque
En la tierra de Prada, el primer plantón uribista fue flojo

La terna de Cartagena fue aprobada por Quinto Guerra

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En la mañana de ayer en Bogotá, se reunió el directorio conservador para elegir la terna que el partido presentará al presidente Iván Duque, para que éste escoja de ahí el reemplazo del suspendido alcalde de Cartagena Quinto Guerra, quien llegó con aval azul.

La Silla Caribe confirmó que a la reunión asistió el cuestionado Quinto, quien además “avaló” los nombres de la terna, como nos lo ratificó el presidente de esa colectividad, el exsenador Hernán Andrade.

La terna quedó integrada por una persona que tiene vasos comunicantes y fue propuesta por el grupo que lidera un parapolítico, por alguien cercano a Quinto y por un político independiente: el exrepresentante godo de Bolívar, Pedrito Pereira.

Aparte de ellos tres, llegó a estar en el sonajero en la reunión conservadora de ayer el excanciller Fernando Araújo Perdomo, un nombre que también le sonaba a Quinto, pero que fue descartado porque Araújo ahora está más cerca del uribismo, dado que su hijo Fernando Nicolás es el senador del Centro Democrático.

Quinto Guerra fue elegido en atípicas el pasado mayo y suspendido en una medida cautelar (ratificada recientemente) dentro de una demanda de nulidad electoral que interpuso la Procuraduría, por considerar que estaba inhabilitado cuando se inscribió como candidato.

Además de eso, Guerra tiene ruidos a su alrededor, no sólo por haber sido elegido con apoyo de casas de parapolíticos y corruptos -como contamos en esta historia-, sino por ser considerado él mismo un símbolo del clientelismo en Cartagena.

Ahora habrá que esperar qué decide hacer Iván Duque, quien no tiene plazos de ley para designar al undécimo mandatario en ocho años en La Heroica, que se encuentra sumida en una crisis social e institucional.

La terna

Los nombres que avaló Quinto Guerra y que propuso la bancada bolivarense -compuesta por la senadora Nadia Blel (hija y heredera política del parapolítico Vicente Blel) y los representantes Emeterio Montes (sobrino y heredero político del parapolítico William Montes) y Yamil ‘Yamilito’ Arana- fueron los de Pedrito Pereira, Roxana López y Óscar Torres.

Pedrito Pereira

Es un abogado de la Universidad de Cartagena, con maestría en Gobierno Municipal, que fue representante de Bolívar por el Partido Conservador por 12 años.

Antes había sido concejal, personero, inspector de policía y secretario de despacho en la Administración de Carlos Díaz Redondo.

En términos de política menuda, sobre él hay que decir que tiene un grupo propio, no está vinculado a ningún cuestionado del departamento y no se le conocen cuestionamientos.

Su músculo económico viene de su padre, el empresario de transporte Pedro Pereira Ramos.

En las pasadas elecciones, Pereira no volvió a aspirar para lanzarse el próximo año a la Alcaldía de Cartagena.

Para las legislativas, apoyó al Senado a Efraín ‘Fincho’ Cepeda y a la Cámara a Yamilito Arana.

Si acepta estar en la terna y Duque lo elige, quedaría inhabilitado a partir de octubre para ser candidato en 2019.

Esa situación lo pone en un dilema entre aceptar la postulación y, posiblemente, ser alcalde por un año, pero quedar sin posibilidades él directamente el año entrante de aspirar.

En su grupo nos dicen que él lo está pensando y que le sonaría medírsele ahorita al reto Cartagena.

Su nombre es el que más consenso genera en el Partido Conservador.

Roxana López

La mujer integrante de la terna es Roxana López.

Ella es la actual jefa de competitividad de la Cámara de Comercio de Cartagena y, en la Gobernación del liberal Juan Carlos Gossaín (2012-2016), fue asesora de medio ambiente. Es hija del exconcejal conservador de Cartagena Willy López.

De acuerdo a lo que nos contó un conservador cartagenero y un político de la región, Willy López militó en el grupo del exsenador parapolítico William Montes, quien actualmente lidera un grupo que tiene una curul en la Cámara de Representantes en manos de su sobrino: Emeterio Montes.

Sin embargo, en la actualidad los López son más cercanos al grupo de Quinto Guerra.

De hecho, en las regionales del 2015 Willy López lo apoyó en su campaña a la Alcaldía y este año, cuando Guerra fue elegido alcalde, fue nombrado asesor de despacho.

Roxana López también está casada con el cantante cartagenero Jakobo Fonseca quien, en 2015, aspiró a la Asamblea de Bolívar con el aval del Centro Democrático y con el apoyo del senador Fernando Araújo.

Óscar Torres

Es un economista, con maestrías en Gestión Logística y Organizaciones y un doctorado en Ciencias Económicas.

Políticamente, tiene relación (y fue propuesto en la terna) con el grupo que lidera el parapolítico Vicente Blel.

La casa Blel, como ya dijimos, tiene representación en el Senado en cabeza de la hija de Vicente: la senadora goda Nadia Blel.

El vaso comunicante entre Torres y los Blel viene por el lado de su hermano, Adán Torres, quien aspiró con el aval del Partido Conservador y el apoyo de ese grupo a la Asamblea en 2015.

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La seguridad y la oposición muestran que Duque la tiene difícil en el Pacífico

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Con un consejo de seguridad en Tumaco mañana llega Iván Duque por primera vez como Presidente al Pacífico, luego de 48 horas en las que la región mostró que será el escenario de las dos pruebas ácidas del mandato uribista en seguridad y movilización social.

 

En las madrugadas del martes y el miércoles hubo cinco atentados con explosivos, cuatro en igual número de municipios del norte del Cauca y una en Aguablanca, en Cali. En la capital del Valle, el 7 de agosto, al menos 6 mil personas entre indígenas, sindicalistas, estudiantes, comunidades afro, salieron a marchar contra el nuevo Gobierno, mientras en Bogotá Duque estaba jurando como Presidente.  

Este escenario podría ser propicio para que el nuevo Gobierno muestre avances en la seguridad que dice que se perdió durante el gobierno Santos y probar si puede desactivar la oposición empoderada en la calle, tras la victoria de Gustavo Petro en los cuatro departamentos de la región. Pero no la tendrá fácil.

La prueba con la seguridad

En su discurso de posesión Duque dio puntadas de lo que hará en materia de seguridad, un reto que llamó “el retorno de la legalidad” y mostró como una prioridad de su mandato. La idea es volver a la consolidación territorial por parte de la fuerza pública.

En esa misma línea de reforzar la seguridad habló su ministro de Defensa, Guillermo Botero, en sus primeras declaraciones ayer: “El que la hace la paga. La lucha contra grupos armados organizados, delincuenciales, será objeto de lucha permanente”, dijo.

Aunque solo mañana se sabrá qué planes concretos tiene Duque ante el incremento de la violencia en Tumaco y en general del Pacífico (donde hay 14 disidencias y un ELN creciendo en zonas como el norte del Cauca o en Chocó, donde copó espacios que manejaban las Farc y tiene secuestradas a seis personas), ya se ha probado que la estrategia de mano dura no es suficiente.

En Tumaco la operación Hércules que desplegó en enero el gobierno Santos con más de 10 mil uniformados nuevos a la región para perseguir a los grupos ilegales no cambió mucho el panorama de lucha contra ellos, más allá de que aumentaron las capturas diarias contra miembros de las estructuras del grupo de Guacho.

Además, el panorama se ha hecho más complejo con el papel cada vez más importante de los carteles mexicanos y la violencia que producen, como contó nuestro experto de la red Pacífico, Dylan Herrera, en esta columna.  

Si bien esos carteles habían entrado antes de iniciar la dejación de armas en las Farc, ahora estarían copando espacios del negocio, como parte de las rutas y de la compra de la pasta. Eso, que cambia el escenario del microtráfico y la microproducción de drogas, puede explicar el aumento de la inseguridad en las ciudades de la región, como Cali, donde el índice de homicidios supera la media nacional.

La estrategia de mano dura de Duque no solo se enfrenta a esos retos sino que se afectará por los cambios que haga en los programas de sustitución de cultivos e implementación del Acuerdo, que están pensados para quitarle parte del piso a los grupos ilegales.

Duque dijo en su posesión que lo que hasta ahora se ha conocido como política de paz y que él llama de legalidad, consistirá en corregir “fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación”. Por ejemplo, según dijo el Ministro de Defensa, la erradicación de cultivos ahora será obligatoria.

Aunque no es claro todavía a que se refiere, pues bajo el Acuerdo es obligatorio sustituir so pena de que el Estado erradique los cultivos a la fuerza, dejaría en vilo los acuerdos que no estén firmados con las comunidades.

Más allá de esa duda, Duque le apuesta a meterle el acelerador al aterrizaje de los Acuerdos, que hasta ahora ha tenido problemas, y así poder mostrar resultados como menos hectáreas de coca.

Si Duque logra eso y además golpea a las disidencias en el Pacífico, esos logros posiblemente tendrían eco en el resto del país y ayudaría al uribismo a reforzar su discurso de bajo Duque llegó “la verdadera paz”.

Eso porque, con el Catatumbo, el Pacífico es un lugar icónico de los problemas del aterrizaje de los Acuerdos y de la explosión de grupos criminales y disidencias, particularmente en Tumaco, Chocó y Buenaventura.

Pero, si no lo logra, esas sus políticas de mano dura pueden devolverse como un bumerán, porque pueden afectar a las bases de los movimientos sociales que son fuertes en toda la región y están empoderados tras la victoria de Petro en los cuatro departamentos.

El nuevo diálogo social en tierra opositora

La marcha del 7 de agosto fue particularmente masiva en Cali. Llegaron más de 6 mil personas entre indígenas, sindicalistas y otros sectores sociales afines al petrismo y opositoras a Duque.

Con eso enviaron un mensaje al nuevo Gobierno que, en palabras de la líder caucana Francia Márquez, era que exigen “avanzar en el proceso de paz para que nosotros vivamos tranquilos en nuestros territorios”.

Ese mismo día, en su discurso de posesión, Duque dijo que gobernaría desde la calle y que construiría un “diálogo social” para identificar “soluciones viables” y ser “más efectivos y constructivos”. Todo eso, de funcionar, podría quitarle oxígeno a la movilización social que Petro prometió mantener desde el discurso que dio aceptando su derrota en segunda vuelta.

Sin embargo, no parece fácil que el nuevo Presidente le quite fuerza a esa movilización, por lo menos en el Pacífico.

Primero porque, como nos dijeron un líder indígena indígena y otro afro en esta historia, las protestas en la región continuarán sin importar el mandatario de turno, debido a que el Estado mantiene, a su juicio, deudas históricas con poblaciones afro, indígenas y campesinos, especialmente por titulación de tierras.

Efectivamente, su movilización no ha cesado a pesar de los cambios de gobierno, especialmente las indígenas que se movilizaron en los gobiernos de Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En menos de 20 años se han movilizado al menos 17 veces solo en Cauca.

En su mirada de largo plazo, la lucha es por una tierras que les arrebataron los españoles hace cinco siglos y que legitima el Estado. Por eso, la pelea se mantiene sin importar quién sea el Presidente.

Segundo porque luego de que en los paros cívicos de Chocó y Buenaventura la comunidad logró hablar con funcionarios de primer nivel y tener compromisos a largo plazo del Estado, dicen que no se conformarán con menos.

“Vamos a salir a lo que él (Duque) propuso ayer de los diálogos sociales, es importante, pero no queremos caer en la retórica. Hablamos con agendas construidas y una metodología que no caiga en los consejos comunitarios donde la palabra la tiene el Gobierno y uno escucha”, nos dijo el senador indígena Feliciano Valencia, en relación con los talleres ‘construyendo país’ que Duque arrancará el sábado en Girardot.

“Es un tú a tú entre gobiernos, porque él mismo lo dijo”, finalizó.

Tercero, porque esa movilización social es parte de la apuesta del petrismo de hacer oposición desde la calle, lo que le da aliados políticos más visibles que antes. Eso también significa que para Petro es importante que la movilización se mantenga y sea intensa, pues le da visibilidad -como mostró en su discurso del 7 de agosto en Bogotá, en la marcha de la Plaza de la Hoja-, mantiene sus bases activas y así ayuda a mantener vivo su capital político para las elecciones locales de 2019 e incluso nacionales de 2022.

“Si hay un gran pacto para que disminuya la desigualdad, para tener un capital productivo progresista, (Duque) tiene que sentarse con nosotros, ese pacto social tiene que incluirnos”, nos dijo Ferney Lozano, líder de los petristas en Valle y organizador, con los indígenas, de las marchas del 7 de agosto en el Pacífico.

Cuarto, por la reticencia que pueden producir en las comunidades varias propuestas del Gobierno que los tocan directamente y que son pruebas ácidas de qué tan cercano es el nuevo Presidente a los gremios.

Asuntos como una reglamentación de la consulta previa, la definición del futuro de los baldíos y la restricción a la protesta social pueden disparar nuevas movilizaciones.

En los tres casos hay expectativa, pues Duque ha hablado de reglamentar la consulta, a lo que consejos comunitarios afro se niegan en su mayoría; las declaraciones del ministro Botero sobre la protesta levantaron alarmas -aunque él luego haya dicho que habló como dirigente gremial y no como ministro entrante, y que el tema lo manejará el Ministerio de Interior-; y poco se sabe de cómo se moverá en el tema de las tierras, en el que hay preocupación por declaraciones pasadas de uribistas.

Al final la era Duque en el Pacífico no solo arranca por sus promesas concretas como reactivar la doble calzada a Buenaventura, sino por sus decisiones en materia de seguridad y de manejo de la movilización social.

Posiblemente la impronta de los primeros 100 días dicte un camino de cómo será su relación con el Pacífico.

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Iván Duque Márquez

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Duque arranca sin aplanadora en el Congreso

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El miércoles el presidente Iván Duque presentó sus primeros proyectos al Congreso, con propuestas que podrían ayudar a cambiar la política. En las siguientes semanas presentará otras reformas sustanciales, como la tributaria y la pensional, y cambios sonados como la cadena perpetua para violadores de menores.

El futuro de ese paquete ambicioso no está claro a pesar de que Duque tiene el capital político de estar recién elegido .

Eso porque su coalición de gobierno con conservadores, liberales, uribistas y congresistas del Mira y Opción Ciudadana no le aseguran mayorías amplias: empataría o gana por solo un voto en todas las comisiones del Senado y la sexta de la Cámara y arrancaría perdiendo en la séptima de la Cámara.

Eso es fundamental porque para que los proyectos se conviertan en leyes o reformas a la Constitución los deben aprobar por lo menos la comisión de Senado y la de Cámara que traten esos asuntos, por aparte.

Además, los liberales en principio no apoyarán reformas al Acuerdo con las Farc, lo que le quita margen de maniobra si busca esos cambios o apoya los que proponga el uribismo.

Así, Duque no arrancará con una aplanadora legislativa, como la que han tenido todos los presidentes en el pasado, a menos de que asegure el apoyo de La U y Cambio Radical, que tienen hasta el 7 de septiembre para hacerlo o declararse independientes.

Eso es un papayazo para Germán Vargas Lleras, que se ha movido con esas bancadas para convertirse en un contrapoder a Duque. Más cuando el Presidente presentó una reforma política que va contra los intereses de muchos de sus miembros y otros políticos tradicionales.

Comisión Primera

En la Comisión del Senado que discute las reformas a la Constitución, la disputa es reñida porque sin La U y Cambio Duque tendría 11 de los 22 votos, como contó La Silla. Eso proyecta un camino difícil para la reforma política que presentó el Gobierno el 8 de agosto y podría enredar la propuesta reforma a la justicia, si no llega con un consenso más amplio o no cambia el panorama político.

En la Cámara, hay 21 miembros de la coalición, uno por encima de la mayoría absoluta, lo que en principio le garantiza que pasen los dos proyectos de reforma constitucional que presentó el gobierno ayer, el que limita a a tres período la reelección de congresistas, diputados y concejales y el que levanta la reserva de la declaración de renta que presentan los funcionarios públicos.

Falta ver si esa mayoría la camina a esas dos propuestas que van contra sus intereses y si Duque logra armar una mayoría en el proyecto que impide que a futuro el narcotráfico y el secuestro sean delitos conexos a la rebelión, que si bien no aplican a las Farc sí mandan un mensaje de que el Acuerdo fomentó la impunidad.

 

Comisión Segunda

En la comisión menos querida de todas, que trata temas internacionales y los relativos a la fuerza pública copmo el ascenso de generales, el gobierno arranca con un voto por encima de la mayoría absoluta, tanto en Cámara como en Senado. Eso le puede ayudar si hay debates de control por asuntos internacionales, como la decisión de reconocer a Palestina como un Estado o la aspersión de cultivos ilícitos cerca de las fronteras, que en el pasado han creado roces diplomáticos.

 

Comisión Tercera

 

En una de las dos comisiones de la plata, clave  este año porque debe aprobar en primer debate el Plan de Desarrollo junto con la cuarta, Duque arranca con un voto por encima de la mayoría absoluta, tanto en Senado como en Cámara. Como depende de los liberales, y allí se tramita el presupuesto que -entre otras- define si hay plata para financiar la implementación del Acuerdo de Paz, es mayoría puede no estar tan clara. El voto definitivo puede ser el del senador cristiano Edgar Palacio Mizrahi.

 

Comisión Cuarta

En esta Comisión, que discute temas de plata y debe aprobar con la tercera el Plan de Desarrollo, el Gobierno tiene mayorías amplias en Cámara pero en Senado solo por un voto. Eso le da mucho poder de negociación a los senadores oficialistas de esta comisión, incluyendo el pastor cristiano John Milton Rodríguez.

 

Comisión Quinta

Las comisiones del agro, la minería y el medio ambiente, clave para sacar adelante temas de agro que hicieron falta en los Acuerdos de Paz como el catastro multipropósito, la mayoría en Senado y en la Cámara depende directamente de congresistas de La U y de los liberales.

En el primer caso el senador José David Name le afirmó a la Silla que él quiere hacer parte de la coalición de gobierno, lo que llevaría los votos a mínimo un empate en asuntos que no sean de paz, pero la decisión de la bancada podría obligarlo a votar contra el gobierno, por lo que lo dejamos en amarillo. 

En asuntos de paz, en temas que toquen el Acuerdo la brújula podría girar hacia la oposición, en la medida en que sin los liberales el Gobierno no tendría mayorías.

Tampoco es claro que los rojos apoyen al Gobierno en temas ambientales como el futuro del fracking.

 

Comisión Sexta

En las comisiones encargadas de servicios públicos y donde se deben tramitar proyectos o hacer debates de temas como la intervención de Electricaribe, Duque arranca con pie izquierdo.

En Senado no tiene mayorías de arranque por cuenta de Aida Merlano, que no se ha posesionado al estar detenida, y cuya silla probablemente se declara vacía y no tenga remplazo, y los senadores de su coalición son todos novatos y solo el liberal Iván Darío Agudelo ha sido congresista - aunque los de oposición también son nuevos en el Congreso

En Cámara la situación arrnaca en empate, aunque 3 de los 4 repitentes están en la bancada de gobierno.

 

Comisión Séptima

La Comisión que trata temas sociales y no es muy poderosa ni tan mediáticos, a simple vista parece empatada. Sin embargo, de los que están “en duda” el senador Eduardo Pulgar ha sido cercano al uribismo, además de que la presencia de Álvaro Uribe podría asegurar la fuerza del gobierno. En Cámara inicialmente Duque no tiene mayorías, aunque Hernán Puentes, de Cambio, es de origen conservador y por eso podría tender a votar de entrada con el Gobierno.

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Historias del salario mínimo (ridículamente alto)

'Martha Lucía, más que las ministras, puede ser la clave para las mujeres'

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Es un hecho histórico que tengamos paridad en el gabinete ministerial de Duque, como lo fue que en estas elecciones cuatro de cinco fórmulas vicepresidenciales fueran mujeres más una candidata presidencial.

 

Además de los sectores que cada ministra representa, la cuestión es si su condición de mujer en un lugar de poder se va a a traducir en reivindicación de los derechos de las mujeres y va a modificar la dinámica masculina que ha caracterizado el ejercicio del poder históricamente.

Para analizar estos temas, La Silla Académica entrevistó a Amalia Boyer profesora del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y cofundadora de la Red de Mujeres Filósofas de Colombia, quien ha estudiado la relación del cuerpo político con el cuerpo masculino y sus implicaciones, y a Claudia Lugo coordinadora académica de la maestría en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia quien ha estudiado la evolución de la estructura administrativa del Estado en función de los derechos de las mujeres.

Las dos coinciden en que más que en las ministras, la batuta de la defensa de los derechos de las mujeres estará en cabeza de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez quien dijo que "gobernará como mujer", está por verse qué significa eso.

Silla Académica
Marcela Becerra
Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez

Vicepresidenta de la República de Colombia

Medios partidistas avivan divisiones en Colombia


Devolver las funciones electorales a las Cortes

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La próxima semana será elegido un nuevo Contralor General después de surtir a las volandas un nuevo proceso de selección adoptado para seguir una recomendación en la que todos parecen estar de acuerdo: quitarle las funciones electorales que la Constitución les dio a las Cortes en 1991. Echa la prueba pareciera que era mejor como estábamos.

La Asamblea Constituyente se enfrentó a la misma pregunta: ¿cómo elegir al Contralor?, antes se elegía en forma libre por el Congreso y los contralores terminaban presos. Se optó entonces por pedirle a la Cortes que postularan cada uno un candidato y que el Congreso eligiera. El primero de los elegidos así, David Turbay, tuvo que dejar su cargo porque fue detenido y condenado porque estuvo involucrado en el Proceso 8000, que investigó la injerencia del Cartel de Cali en la política.

El uribismo, en su afán por deslegitimar la justicia, ha dicho durante 16 años que la justicia está politizada y todos lo hemos repetido en coro. Le atribuyen el hecho a las facultades que se le dieron a las Cortes para postular candidatos no solo a la Contraloría, sino a la Procuraduría y para participar entre otro en la elección del Registrador y el Fiscal.

Con ese argumento, que casi todo el mundo ha comprado sin beneficio de inventario, pasan a la siguiente afirmación: que la justicia los persigue por razones políticas, pero ese es otro tema, el punto ahora es que la elección del Contralor sin intervención del poder judicial puede resultar un desastre.

En la reforma de equilibrio de poderes se pensaron varias fórmulas. El entonces senador Iván Duque propuso, pero el Congreso no consideró la propuesta, que fuera la Junta Directiva del Banco de la República la que lo seleccionara. Los legisladores, como era obvio, prefirieron quedarse con la elección que ahora –paradójicamente- el Centro Democrático quiere convertir en una guachafita para volverla fortín burocrático, para vengarse de Santos y eventualmente -si necesario- para hacer una especie de control “light” al Gobierno.

El primer resultado negativo del proceso que se surte es el bajo nivel de los postulados. En la larga lista no hay un gran experto en finanzas públicas, ni una persona con un recorrido largo como para que nos deje tranquilos a todos. Hay un par de buenos economistas y otro par de destacados abogados o ex magistrados sin experiencia ni conocimiento en control fiscal. Hay varios profesionales de las postulaciones que aparecen en todas las listas y hay varios políticos sin brillo.

El segundo resultado negativo es la opacidad del procedimiento. Los términos de postulación han sido cortos, no ha habido posibilidad de objetar nombres, la Universidad Industrial de Santander no hizo públicos los criterios de selección ni los resultados individuales de la evaluación hecho por el que la Procuraduría reclamó, el Congreso corre y deja la impresión de que quiere eludir el control social de semejante elección.

En un solo día deberán entrevistar a 60 candidatos y tres días después deberán ya tener elegido al nuevo Contralor.

El tercer resultado negativo es que los candidatos aparentemente más opcionados tienen fuertes vínculos políticos que harían dudar de su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

A todo eso agréguele que el uribismo aspira a lograr la elección de José Félix Lafaurie, un férreo militante de ese Partido, que mantuvo una controversia con el anterior gobierno por el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado, respecto de los que un hombre serio como el ex ministro Juan Camilo Restrepo reveló en 2014 que una auditoría contratada con ese objeto había encontrado  un “manejo laxo, confianzudo y abusivo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado y la Leche por parte de Fedegán”.

Un año después una auditoría de la Contraloría en el Fondo Nacional del Ganado calculó en más de $40.000 millones de pesos el detrimento fiscal que podría hacerse presentado en el manejo de los recursos.

La Contraloría en manos de Lafaurie perdería toda credibilidad, por la misma razón que era un desatino nombrar a Claudia Ortiz en la Unidad nacional de Protección y por la misma razón que no han debido postularse a la JEP personas que participaron activamente en la controversia política en favor o en contra del proceso con las Farc.

Cualquier decisión de Lafaurie que afecte al gobierno de Santos será tenida como una venganza de ese dirigente gremial en cuyas manos Fedegan perdió la más importante de su función que era administrar el Fondo Nacional de Ganado. Las decisiones de Lafaurie relacionadas con el actual Gobierno serán vistas como el resultado de una manguala partidista para impedir el control de la oposición y ocultar eventuales irregularidades.

El Presidente Duque ha demostrado con sus decisiones que se quiere mantener alejado de la controversia partidista y ha tenido que salir a corregir desatinos de los miembros de su Partido, aquí le van a poner otra prueba de fuego, porque los Partidos que han dicho que lo apoyarán, estarán dispuestos a votar por el que diga Duque, pero no por el que diga el Centro Democrático.

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'Trabajar con el enemigo requiere sentir que hay algo más grande que el propio odio'

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Justo cuando el nuevo gobierno comienza a plantear cómo “corregir “ el Acuerdo con las Farc y justo cuando comienza un esfuerzo por diluir su importancia histórica, está a punto de salir el documental “La Negociación".

Su directora, Margarita Martínez, autora del famoso documental “La Sierra” y superamiga de La Silla, habló con nosotros sobre su película que se podrá ver en los cines en unas semanas.

Por lo pronto está haciendo una ‘vaca’ entre sus fans para terminar la posproducción y salir al aire.  En esta entrevista nos cuenta sobre lo que fue meterse en la intimidad de la mesa de negociación.

La Silla Vacía: Una conclusión de su documental es que es más fácil hacer la guerra que la paz. ¿por qué?

Margarita Martínez: Uno se imagina que todo el mundo quiere la paz.

Pero lo que para mí fue una revelación y - que luego aprendí es un secreto a voces que tienen los expertos en negociación - es que la guerra tiene una inercia y hay tantos dolores, odios, intereses, que pararla, cambiar la dinámica, es mucho, muchísimo más difícil que hacer la guerra.

Cuando tuve consciencia de eso, lo fui preguntando y hay un par de entrevistas en el documental donde están reflexiones al respecto.

LSV: ¿Cuando y con qué idea arrancó usted a hacer el documental y cómo fue cambiando con el tiempo?

Margarita Martínez: Arranqué a principios del 2014. 

El fracaso era lo que se esperaba. Como usted, yo había cubierto el Caguán y tenía escepticismo y un hilo, un hilito de esperanza que esta vez sí se lograra.  Así que arranque con cautela, sin imaginar nunca, ni en los más remotos sueños que la negociación iba a durar cuatro años, que se iba a lograr contra todos los obstáculos de una oposición feroz y sostenida y que en el último minuto, la gente lo fuera a rechazar, que le iba a decir no a la desmovilización de las FARC, y luego todos esos vericuetos hasta la posesión de Iván Duque como presidente de Colombia. 

Así que fui cambiando con los sucesos desde el escepticismo cauteloso del principio, a una esperanza cauta y luego en la montaña rusa que ha sido y sigue siendo la búsqueda y construcción de la paz en Colombia.

Primero, pensé que iba a ser infinitamente más corto, esa era la expectativa que había al principio, pero ni en el más alucinado de los sueños se me ocurrió que la negociación iba a durar cuatro años. 

LSV: ¿Como hizo para hacer un documental tan íntimo, con las restricciones que imponía una negociación tan confidencial?

Margarita Martínez: Contra toda clase de obstáculos, en una versión miniatura de lo que eran las negociaciones: herméticas, secretas, tensas, con oposición interna y externa, al borde de fracasar todo el tiempo. Nadie quería hablar en cámara porque las cosas eran  cambiantes, tan fluidas que lo que parecía hoy una verdad, mañana podía verse como una equivocación.

Así que me armé de paciencia, perseverancia, esperando ventanas de oportunidad y corriendo cuando se abrían, haciendo lo más que podía en esos cortos instantes y volver a esperar, esperar y esperar, hasta que apareciera otro momento. 

Como persona que ha cubierto/filmado la guerra toda su vida profesional, tenía la consciencia del momento histórico, de su trascendencia y el deseo enorme de dejar este testimonio que espero que sirva para la reflexión, la comprensión y una mirada de nuestra historia y la construcción del camino de paz que empezamos ahora con nuevo gobierno .

LSV: ¿Por qué vale la pena ver el documental después de que ya se fue Santos y justo cuando llega un gobierno que le quiere hacer modificaciones?

Margarita Martínez: Precisamente por eso. Ya terminó Santos su mandato, las elecciones pasaron y con ello bajan las pasiones.

La negociación le permitirá repensar lo que pensaba que sabía, le dará contexto, una ventana dentro de nuestro pasado inmediato y con ello herramientas para tener un criterio mejor informado sobre que se debería salvar, ignorar, quitar de lo que se acordó, para labrar el futuro.

LSV: Usted que vivió todas las etapas, ¿cuál fue la más estresante de la negociación?

Margarita Martínez: El punto de justicia. Por meses y meses no había avance, parecía muerta la mesa, las propuestas no lograban consenso de las partes y todo esto mientras el país sentía desesperación, desconfianza y escepticismo por la falta de resultados. Muy difícil, y era en gran parte el resultado del desgaste de trabajo y personal que había, y de algo que permeó este proceso de principio a fin: la falta de construcción de confianza entre las partes.

LSV: ¿Sentía usted que las partes se odiaban?

Margarita Martínez: Umm. Es una palabra muy fuerte, y tal vez cierta en algunos casos. Pero puedo decir sin dudar que por lo menos nunca se cayeron bien, ni se rompió el hielo. 

Claramente era totalmente diferente al Caguán y a las dos negociaciones anteriores a esas - de las que hay archivos fílmicos en el documental -.  Esas mesas, el lenguaje corporal, mi propia reportería en el Caguán, en que como usted, soy testigo, era claro que había una mayor cercanía, menos desprecio, desconfianza.

Pero no en La Habana, de principio a fin hubo hielo, tal vez menos, después del plebiscito. Esa derrota común sí los unió.

Esto además, es diferente a buena parte de los procesos de paz en el mundo, donde dicen los expertos, la construcción de la paz pasa por generar confianza entre las partes. Acá no. Acá se hizo buscando encontrar caminos comunes basados en la agencia, en los temas, sin generar gran empatía con la contraparte.

LSV: ¿Qué fue lo que más trabajo le costó a ambos lados de la negociación entender del otro?

Margarita Martínez: Yo creo que el equipo de gobierno en general nunca entendió a las FARC y en eso se parecen a buena parte de los colombianos.  Y las FARC lentamente, empezó a entender a lo que se llama la opinión pública, que es básicamente la gente de las principales ciudades.

Tal vez el abismo entre ellos es el abismo entre las varias Colombias que tenemos.  Los del gobierno eran urbanos, como la mayoría de los colombianos, muy técnicos, preparados, con mística, pero sin contacto real con lo que pasa en la periferia del país, que las FARC en parte representan.

Me contó uno de los gurús en negociación que estuvo en el proceso que cuando le pidieron al equipo del gobierno, buscando generar empatía, ponerse en los zapatos del otro, que escribieran como debería ser la carta que Timochenko debería escribir para su tropa, que lenguaje utilizar, que cosas resaltar, como ayudarles a dar el paso aceptar la desmovilización luego de 50 años, casi ninguno pudo. 

El mismo ejercicio se hizo con las FARC, con el mismo resultado.

LSV: ¿Cómo vivió usted, después de todos esos años de filmarlos, la derrota del Sí en el plebiscito?

Margarita Martínez: No me lo podía creer, pero al mismo tiempo tampoco me sorprendió.

En la última semana había signos por todos lados. Estuve en Cartagena para la firma y la parte de mi familia que vive allá iba a votar por el NO, porque habían visto a Romaña dando declaraciones, porque no les gustaba Santos, porque nos íbamos a volver como Venezuela… En los taxis pasaba lo mismo.

Cuando salió el tercer boletín de la registraduría  - todavía me acuerdo - que el NO empezó a ganar, ahí mismo salí a la calle a filmar. Tengo ese entrenamiento de periodista de cubrir cual es la realidad, cual es el pulso de lo que pasa y salí a registrarlo. Me amarré el corazón y me escondí en la cámara.

LSV: ¿Quiénes fueron las personas más claves de la negociación de lado y lado?

Margarita Martínez: Es una pregunta interesante porque obviamente las cabezas, los líderes siempre marcan. Es decir Santos y Timochenko, Márquez y De la Calle, Sergio Jaramillo, arquitecto de la negociación.

Pero curiosamente, se crearon equipos pequeños para sacar adelante temas puntuales y varios de ellos funcionaron increíblemente bien, tal vez por eso que llaman la inteligencia emocional.

En esos estaba el general Naranjo, Pablo Catatumbo, el general Flórez y Carlos Antonio Lozada.

El papel del general Mora es algo aparte, de otro nivel, y es la historia más interesante porque nadie cómo él había representado la lucha antiguerrillera, anticomunista, el oficial más respetado, el líder indiscutible de las fuerzas militares. Su papel heroico y trágico es una gran historia que pasarán años para que salga en todas sus dimensiones. Yo apenas vi un viso de ese conflicto profundo y reflexivo que él llevaba adentro.

LSV: Después de conocer la negociación por dentro, ¿cree que las Farc vayan a aceptar los ajustes que quiere hacer Duque, y en particular el de que no vayan al congreso los que cometieron delitos atroces mientras pagan?

Margarita Martínez: No se. Eso habría que preguntárselo a las FARC, pero evidentemente la estrategia de la oposición de atrasar la entrada de la JEP y que ellos llegaran al congreso sin haber pasado por la justicia, no era la idea y con razón la gente le indigna. Por el otro lado, sacarlos ya del congreso tendría un costo tan alto, que es una decisión muy difícil y puede desestabilizar aún más el proceso que parece al borde del abismo.

LSV: ¿Cómo le ha ido con su estrategia de crowdfunding para terminar la película?

Margarita Martínez: Inesperadamente, nos ha ido increíblemente bien. Pusimos una primera meta de 50 millones y en una semana llegamos a la mitad. Espero que logremos no solo ella sino la sobre meta para pagar toda la post producción. Y que este ejercicio le sirva a La Negociación y que abra la puerta para que proyectos culturales tenga financiación colectiva, de la comunidad que los va a disfrutar, a la que le va a servir. 

LSV: De todas las escenas, ¿cuál es la que usted valora más?

Margarita Martínez: Si le cuento le daño la película a la gente. Pero sin nombres, me gusta una en las que se ven enemigos de años trabajando juntos, enemigos del campo de batalla que tienen desarrollar una relación laboral para sacar adelante un propósito más allá de si mismos, como es que las muertes de soldados hayan bajado en un 97 por ciento y que hoy, en medio de esta incertidumbre sobre la guerra y la paz…. Todavía estemos en el punto más bajo en 42 años.

Trabajar con el enemigo, es algo extremadamente complejo, requiere de una madurez y sentir que hay algo más grande que el propio odio. Esa grandeza tan difícil  me conmueve, me da esperanza.

Silla Nacional
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El proceso con el ELN quedó secuestrado

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Tras la seguidilla de acciones violentas del ELN, especialmente el secuestro de tres militares en Arauca y la denuncia del reclutamiento de 24 menores que hizo el Defensor del Pueblo, el presidente Iván Duque le hizo una primera advertencia a ese guerrilla y le subió la tensión a la mesa de negociación de La Habana, que ýa tiene varios otros motivos para estar en ascuas. Lo que ocurra con esos hechos probablemente decida su futuro.

En medio del plazo de 30 días que definió para decidir el futuro de esos diálogos, y tras haber hecho campaña pidiendo más exigencias del gobierno a los elenos para seguir hablando, aseguró que solo con la liberación “rápida y sin condiciones” de los secuestrados mediría la “verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción” de esa guerrilla. 

Por eso queda en una posición de ventaja pues dejó al ELN con la papa caliente de soltar a los soldados o convertirse en el responsable del fin de la negociación, cuando todo indica que ese grupo no quiere cargar con el lastre de ser el que se levantó de la mesa. 

Más porque, a pesar de que las conversaciones no cerraron tan bien en la primera semana de agosto como se dijo, los mensajes del ELN y el saliente Gobierno de Juan Manuel Santos hace unos días es que estaban a punto de negociar un cese bilateral que le daría oxígeno a la negociación.

 

Faltan más que centavos para el peso 

Una semana antes de que acabara el Gobierno Santos se cerró el sexto ciclo de conversaciones con el anuncio de que que faltó muy poco para que se lograra un cese al fuego y se concretara la participación de la sociedad en la negociación. 

 

“Si bien no llegamos en este ciclo a acuerdos completos sobre participación y cese al fuego, el camino recorrido hacia ellos es muy significativo”, rezaba el comunicado. 

SIn embargo, dos fuentes que tienen acceso a información privilegiada de las negociaciones le dijeron a La Silla que lo que quedó pendiente era crucial y no tiene una solución fácil o cercana.

A pesar de que el ELN alcanzó a considerar renunciar al secuestro y las extorsiones durante el cese, algo a lo que se han negado porque dicen que son su fuente de ingresos, con el compromiso de que la comunidad internacional los auspiciaría económicamente, varias trabas diluyeron esa idea.

La principal es es cómo armar los protocolos del mecanismo de verificación y veeduría del cese. 

Según lo que nos relataron esas mismas fuentes por aparte, el ELN quería que se mantuvieran las condiciones del pasado cese bilateral de octubre a enero.

Eso no convenció al Gobierno porque hubo varias denuncias sobre violaciones que no se pudieron verificar por lo que era necesario afinar ambiguedades. “No había una definición clara de qué era una hostilidad, de qué era una violación al cese y así la ONU no se iba a comprometer a la verificación”, nos dijo una de esas fuentes. 

Según esa misma fuente, la renuencia del ELN a aceptar nuevas condiciones, como entregar información más detallada sobre las zonas en las que ejercen presencia y control, en parte estaba motivada en que hay regiones como el Catatumbo o Chocó en las que están en disputa territorial con otros grupos ilegales, y un cese más riguroso les quitaba margen de maniobra a la hora de defenderse o atacar a esos otros grupos.

Eso es difícil de resolver porque es inevitable que los grupos armados ilegales a los que se enfrenta el ELN en distintas regiones, se fortalezcan en un eventual cese al fuego. 

Precisamente eso ya pasó en el anterior cese al fuego en el Catatumbo por ejemplo. Allí el EPL aprovechó ese tiempo para buscar expandir su control territorial y por eso es que hoy están enfrentadas.

La segunda traba es que el ELN le exigió al Gobierno comprometerse a que no habría más asesinatos de líderes sociales, lo que naufragó porque el Gobierno sintió que era un compromiso imposible de hacer. 

Eso porque, como contó La Silla, en algunos casos los asesinatos se deben a dinámicas de poder locales sobre las que no tiene control.

Como eso no va a cambiar en el corto plazo, pues por ejemplo es imposible que el Gobierno se comprometa a que los choques entre disidencias no produzcan la muerte de líderes locales, es un obstáculo difícil de superar.

El tercer problema es la definición de la participación de la sociedad en la negociación, un punto que si bien es menos mediático, viene del ADN del concepto que el ELN tiene de si mismo. 

Según Víctor de Currea Lugo, profesor que le hace seguimiento a las negociaciones del ELN, en ese punto no se avanzó y la guerrilla quería que se priorizara antes de acordar un cese. 

“El punto del cese al fuego estaba muy avanzado pero la participación no. El Gobierno insiste en que el problema es el cese y no la participación (pero) eso no es un requisito más, es lo esencial (...) Sin esa metodología (de participación) no hay nada qué hacer”, dijo de Currea.   

 

La violencia suma más suspenso

A los tres obstáculos y la suspensión de las negociaciones se sumaron los recientes hechos de violencia, que dejaron la sensación de que el ELN no está jugado por la negociación o busca ganar fuerza en ella frente a un nuevo Presidente que llega con una postura más dura.

Así lo leyó Duque: “no voy a aceptar (...) que el secuestro se convierta en un mecanismo para chantajear al Estado colombiano”, dijo el viernes tras el secuestro de tres militares en Arauca. 

Pero hay otras dos lecturas posibles sobre la relación entre los secuestros y la mesa.

Por un lado Kyle Johnson, investigador del International Crisis Group y miembro de La Red de la Paz, dice que es probable que por lo menos algunos no tengan relación con la negociación pues pueden responder a disputas locales en las que está el ELN. 

Por ejemplo, a eso responderían el secuestro de cuatro policías y dos civiles en Chocó, que según Pablo Beltrán no fue planeado, y la masacre de El Tarra si se llega a comprobar que fueron ellos (han dicho que no tuvieron que ver pero las versiones en la región desde el primer día los señalan como presuntos responsables).

Sin embargo, ese argumento no explicaría todos los hechos. Por ejemplo, los secuestros de Arauca no están enmarcados en ninguna disputa territorial; se dieron en una zona que domina el frente Domingo Laín, el más poderoso militarmente del ELN.

Por eso hay una segunda lectura, que nos dieron tres fuentes que conocen y estudian el accionar de esa guerrill: que esos hechos, sobre todo los de Arauca, son el mensaje del ala más radical del ELN, que representa el Domingo Laín, al nuevo Gobierno.

“Es su forma de avisarle al Gobierno que tienen dos estrategias. Una de negociación y otra de resistencia armada (...) están listos para la guerra”, nos dijo una de esas fuentes que conoce cómo se mueve el ELN particularmente en Arauca. 

Eso concuerda con el mensaje que envió Gustavo Giraldo, alias ‘Pablito’, miembro del Comando Central y comandante del Frente de Guerra Oriental, que contiene al Domingo Laín, y que reveló Nocitias Uno un día antes de la posesión de Duque. 

Lo de ‘Pablito’ es especialmente llamativo porque a la par el ELN ha tratado de enviar mensajes de buena voluntad, como el comunicado del viernes en el que reconocieron que tienen un grupo de militares y contratistas secuestrados y aseguraron estar adelantando comunicaciones con el Gobierno para acordar su liberación. 

Ese mismo día también publicaron una prueba de supervivencia de José Leonardo Ataya, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca a quien tienen secuestrado desde marzo. 

 

De esperanza y zozobra

Esos mensajes de buenas intenciones muestran, como nos dijeron dos de las fuentes que conocen el proceso por dentro, que para el ELN podría ser muy costoso pararse de la mesa de negociación unilateralmente con una estela de hechos violentos detrás porque eso le restaría credibilidad a los ojos de la Iglesia Católica y la comunidad internacional, dos de sus aliados clave a la hora de negociar la paz. 

Ahora, qué tanto les funcione los mensajes de buena voluntad para seguir en negociaciones con Duque, dependerá en buena medida de cuál sea el desenlace de esos secuestros y si se recrudece o no la violencia en estos 30 días. 

Según las seis fuentes que consultamos, a favor de las negociaciones está que Duque no decidió echarlas por la borda como dijo en campaña, sino evaluar lo que hay, y que al frente de esa evaluación esté Miguel Ceballos, a quien el ELN conoce y ve con buenos ojos. 

En contra, juega que cada vez es más alto el riesgo de que la mesa se siga deslegitimando por la violencia del ELN y porque Duque prometió denunciar internacionalmente al gobierno de Nicolás Maduro, lo que aumenta la posibilidad de que Venezuela no siga siendo garante del proceso.  

Como Ecuador ya se retiró y Venezuela ha sido el país de resguardo histórico de varias de las cabezas del ELN, y por eso su presencia les da seguridad, esa eventualidad podría darle otro golpe a la negociación.

Además, Duque ya presentó un acto legislativo para que el narcotráfico y el secuestro no sean conexos a los delitos políticos que manda un mensaje de endurecimiento con el ELN y que, de aprobarse, implicaría que en un eventual modelo de justicia transicional para el ELN esos delitos quedarían por fuera. 

Aunque por ahora es un proyecto de reforma constitucional que se demora en ser aprobado, y en todo caso esa decisión se puede reversar, la mostrada de dientes del nuevo Gobierno puede desincentivar al ELN.

Por ahora, esa guerrilla no ha reaccionado negativamente por ese proyecto.

Habrá que ver si su tono conciliador se mantiene al menos hasta que Duque anuncie el resultado de su evaluación y si el Presidente termina apartándose del todo de su mensaje de campaña de levantar la mesa. 

Hacerlo puede costarle con su electorado uribista y en general con quienes votaron No en el plebiscito, y por eso es improbable que lo haga. Si, encima, los soldados siguen secuestrados, ese costo sería mucho más alto; si el ELN los liberal, tendría un camino para hacerlo recordando esa muestra de buena voluntad.

Por eso, lo que resulte del secuestro de Arauca y la denuncia de reclutamiento será crucial. 

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El Proceso con el ELN quedó secuestrado

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Estas son las movidas del fin de semana en Colombia.

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El proceso con el ELN quedó secuestrado
'Trabajar con el enemigo requiere sentir que hay algo más grande que el propio odio'
Devolver las funciones electorales a las Cortes
¿Qué le espera al Caribe con Iván Duque?
¿Qué puede esperar el Pacífico del nuevo Gobierno?

Así arrancó la microgerencia naranja de Duque

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Iván Duque llegó el sábado a Girardot a celebrar su primer taller “Construyendo País”, la nueva versión de los consejos comunitarios que hace más de 15 años hicieron célebre a su jefe político, Álvaro Uribe.

Llegó como “el que dijo Uribe”, a liderar un formato muy uribista y, a juzgar por la forma en la que daba órdenes a cada uno de sus ministros e iba anotando en una libreta, imitando la microgerencia del expresidente.

Pero Uribe no fue y nunca fue mencionado. Duque, además, nunca subió el tono ni se mostró pendenciero como en tantas ocasiones lo hizo su mentor. Y sobre todo, en la organización se notó la intención de darles a esos espacios una huella personal en la que predomina su discurso sobre la economía naranja.

El Presidente arrancó por Girardot porque allá empezó su campaña a la Presidencia el 13 de febrero de 2016, con un encuentro con habitantes de ese municipio y militantes del Centro Democrático al que llamó “Taller Construyendo País”.

Con la promesa de que si ganaba haría su primer taller como Presidente en Girardot, volvió y dio una muestra de cómo usará el espacio que más le servirá para interactuar con la gente. Al fin y al cabo, con los consejos comunitarios fue que Uribe concretó su apuesta por el diálogo popular y logró que el país conociera su carácter.

Entre el estilo uribista y el duquista

Pasado el primer anillo de seguridad con una requisa policial de trámite, cada asistente recibía un volante que explicaba qué es la economía naranja, una bandera de Duque desde que era senador y consiste en impulsar proyectos relacionados con industrias culturales y creativas.

Pasos más adelante se encontraba, precisamente, el “Festival de la economía naranja”, una feria con una veintena de stands que, le contaron a La Silla en la Gobernación, tuvieron que montar y contratar en tres días con indicaciones de la Presidencia.

Será el sello más visible de Duque en su versión de los consejos comunitarios, que plantea hacer cada semana.

La que se echa al hombro la logística de los talleres es la Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, que llegó a Girardot desde el jueves no sólo para coordinar los primeros encuentros con la gente que más tarde le habló a Duque, sino para definir los detalles del Festival, un montaje hecho, esencialmente, para que el nuevo Presidente lo visitara.

Allá llevaron a una niña que pinta con los pies, sombreros decorados con pintura al óleo, proyectos audiovisuales, de turismo, gastronómicos y desarrollo de aplicaciones; todo lo que en presidencia le dijeron a la Gobernación que cabía en la economía naranja (y todo lo que pudieron conseguirse en tres días).

Para cuando Duque se bajó de su camioneta a las 10:05 de la mañana, a pocos metros de los stands, el pueblo que fue a verlo lo esperaba adentro del Coliseo de ferias de Girardot, así que primero lo recibieron, sobre todo, funcionarios con camiseta de la Gobernación, que junto con los expositores comenzaron desordenamente a pedirle selfis y estrechones de manos.

Duque se presta. Es un momento para él y así está planeado.

Comenzó así su recorrido como único visitante del Festival, y en medio de ese espacio dominado por la narrativa naranja, su impronta 2.0, dejó ver que con la gente le interesa mantener como gobernante el trato carismático que caracterizó a Uribe, y que a Juan Manuel Santos se le dificultó tanto.

Duque entró a casi todos los 20 stands. Gente del común que iba llegando vio que era posible abrazarlo, él accedió y se tomó todas las fotos que le pidieron. No lució incómodo cuando lo empujaron. Era posible tocarlo porque los escoltas no juegan el papel de muralla. Se puso un sombrero que le regalaron, unas gafas de tercera dimensión. Dijo que sí, que recordaba que a aquél señor del que le hablaba una señora lo había conocido hace años en Louisiana, Estados Unidos. Ella feliz porque él se acordaba.

Y cuando llegó al stand donde exhibían guitarras eléctricas hechas en Pacho (Cundinamarca), se colgó una y, claro, tocó:

-Nos toca empujarlo para el Coliseo -le dijo una asistente a Karen Abudinen, inquieta porque adentro ya llevaban un par de horas esperando a Duque.

-Sí, pero que se demore 45 minutos aquí también puede ser estratégico -le respondió la Consejera en medio del tumulto.

Sillas llenas (de funcionarios y uribistas)

En el coliseo, donde se desarrolló propiamente el taller, a Duque lo esperaban unas mil personas.

En primera fila, todo su gabinete (como era habitual en los encuentros de Uribe) y la senadora Paloma Valencia. Él se sentó en la tarima al lado de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que es de Girardot; el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y el alcalde del pueblo, César Villalba (de Cambio Radical, que a comienzos del año salió de la cárcel porque se vencieron los términos de un proceso que enfrentaba por presunta corrupción electoral).

Las gradas se llenaron, en buena medida, gracias a funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía de Girardot que vestían camisetas con logos oficiales.

Se les sumó la militancia del Centro Democrático. “¡Claro, somos del partido!”, nos dijo de afán un hombre que seguía a Duque en un tumulto que le armaron para saludarlo en la entrada al Coliseo. “Aquí mismo lo trajimos a él hace como cuatro meses, cuando estaba en campaña”.

Entre ellos predominaban las camisetas y gorras con el lema “Duque Presidente” y el logo del Centro Democrático; también alzaron los afiches de Duque y Marta Lucía Ramírez juntos en campaña, y pancartas con mensajes de bienvenida a nombre del CD.

La Silla, sin embargo, también habló con varios asistentes, gente del común que nos dijo que fue a ver a Duque por su cuenta, después de la difusión que la Alcaldía hizo del taller en redes sociales.

El dejo de Uribe se vuelve naranja

La mecánica del encuentro consiste en que Karen Abudinen, lista en mano, da la palabra a alcaldes y representantes de diferentes sectores sociales y económicos para que expongan sus necesidades. Y Duque, que anota en una libreta, oficia como moderador (tal y como lo hacía Uribe) y les pide a sus ministros que se comprometan con algo para comenzar a solucionar esos problemas.

Es la esencia del consejo comunitario a lo Uribe, aunque hay matices.

El estilo del expresidente se notó, por ejemplo, en la forma como Duque dio algunas órdenes.

“Doctor Juan Pablo Uribe (Ministro de Salud)”, dijo, “no se vaya de Girardot sin darse una pasada por el hospital, que escucho muchas inquietudes sobre la atención allá”.

A la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, le pidió: “Esa glorieta de la que nos están hablando es un símbolo al desgreño. Quizás una reunión con el contratista sirva para acelerar la obra. Pero recordemos una cosa: la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Tratemos, Ministra, de que el contratista nos dé una fecha de entrega”.

“Ministra de Minas (María Fernanda Suárez)”, dijo Duque entrada la tarde. “Ahora que escucho al Alcalde del Guavio, recuerdo que hace dos años me quedé aterrado cuando allá una señora que se llama doña Elmira me mostró que tenía una tarifa de energía prácticamente de estrato 6 de Bogotá, sabiendo que allá tienen una central. Eso no es de un día, pero pensemos en cómo se puede solucionar poco a poco esa situación”.

El taller, sin embargo, también tuvo un componente duquista atravesado, una vez más, por el discurso naranja.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que es de Girardot, propuso crear en el Alto Magdalena, donde queda ese municipio, “un clúster de industrias creativas alrededor del cine y construir un estudio cinematográfico en la región”.

La complementó el director de cine Felipe Aljure (que grabó El colombian dream en Girardot), al que Duque directamente le dio la palabra y que pidió mantener los incentivos para hacer cine en Colombia.

Y el gobernador Jorge Rey, con la idea de pedir más ayuda para el campo, le propuso a Duque hacer en Cundinamarca un piloto de proyecto que combine el potencial agroindustrial con la economía naranja. “Sería el matrimonio perfecto, Presidente”, concluyó Rey.

Duque anotaba en su libreta.

Por otra parte, ante las inquietudes de la comunidad LGBT, Duque se comprometió a que en los primeros cien días presentará las propuestas que tienen para esa población.

Que no haya evadido el tema es por lo menos un mensaje, sobre todo un día después de que la senadora uribista María del Rosario Guerra armara todo un debate al cuestionar el nombramiento como Viceministro de Vivienda de Víctor Saavedra por ser, según ella, el “responsable de las cartillas de ideología de género lideradas por Gina Parody”.

Y por último, Duque no se mostró como el que puede solucionarlo todo.

Por ejemplo, cuando el Gobernador le pidió ayuda con más plata para los hospitales, Duque en su respuesta también le pidió que los despolitizara. Y cuando la gente comenzó a quejarse de la inseguridad en Girardot, le pidió al Alcalde que asumiera compromisos para mejorarla.

Clases de escenografía

Para hablar con Duque hubo dos vías.

La primera fue la que tuvieron los representantes de gremios y poblaciones como los afro, LGBT, ancianos, jóvenes, activistas del sector salud, profesores, entre otros.

Como la Alcaldía tiene contacto con los líderes de esos sectores, los convocó el jueves y, bajo la batuta de Karen Abudinen, armaron grupos de discusión de los que salieron las inquietudes para presentarle al Presidente.

El viernes los citaron a una jornada “de escenografía”, nos contaron por aparte la líder afro Cristina Reyes y el representante de los LGBT Paul Renne Cavanzo. “Fueron consejos para saber manejar la expresión corporal en los tres minutos que nos daban”, precisó él. “Aprendimos a manejar la voz para que no se nos fuera el aire”, agregó ella.

Ambos negaron que les controlaran lo que iban a decir.

La otra vía para hablar con Duque la debían tomar los que no asistieron a esas reuniones previas y llegaron directo al Coliseo.

Dos hombres en computador anotaban sus nombres, el tema y los dejaban en lista de espera. Pronto, frente a ambos funcionarios comenzó a alargarse la fila.

Ese fue un público que la organización no controló tanto, aunque Duque sí lo intentó.

Después de cinco horas, cuando el coliseo comenzaba a vaciarse, la tarde caía y Abudinen seguía dando la palabra según el orden de su lista, un grupo de personas comenzó a gritar: “¡Dejen hablar al pueblo!”.

Duque entonces se puso de pie, le dijo a su consejera que él mismo daría la palabra y comenzó a escuchar quejas sobre desalojos, sobre la presunta corrupción del Alcalde, sobre irregularidades en entregas de lotes y de casas, sobre la falta de pago a los ediles.

Duque les pidió a sus ministros que tomaran nota, aunque ya de afán sólo pasaba de uno a otro participante, con la idea de dejarlos hablar.

Al final no todos lograron hacerlo, a pesar del propósito de Duque de no irse hasta haber hablado con todo el mundo. Aunque como les anotaron el correo electrónico, se fueron con la promesa de que por ahí mismo la nueva Presidencia va a responderles.

Pasadas las 6 de la tarde, Duque se bajó de la tarima, volvió a ser abordado para que se tomara más selfis y volvió a estar metido en un tumulto de seguidores, aunque esta vez su escolta lo jaló hacia la parte trasera del coliseo, ya prácticamente vacío, y lo sacó para subirlo a la camioneta.

El próximo sábado irá a hacer lo mismo a La Unión (Valle), porque sus talleres, como los de Uribe, serán cada semana.

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Iván Duque Márquez

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Si no protegen a los líderes comunales el Acuerdo de Paz fracasa

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Entre la segunda vuelta presidencial, el 17 de junio, y el 27 de julio, fueron asesinadoas 21 personas que eran públicamente reconocidas por ser líderes en sus territorios. Trece de ellos eran líderes de juntas de acción comunal. Ellos son las principales víctimas del fenómeno que se ha llamado “asesinato de líderes sociales”.

Por ahora no hay datos para saber si esos homicidios fueron por ser líderes comunales. Pero su asesinato es un golpe mortal a la implementación del Acuerdo de Paz.

La llave para aterrizar en los territorios

Los comunales son el eslabón de base de la organización en barrios y veredas, y por eso son fundamentales para que el Estado pueda desarrollar sus políticas - y para que los grupos legales o ilegales controlen esos territorios, incluyendo los de la implementación.

Sin importar su filiación política -7 de los 21 tenían alguna relación con un partido o movimiento político ( )-, los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) ayudan a que en su barrio, vereda o corregimiento mejore la calidad de vida.

Gestionan obras como la construcción de una vía, un puesto de salud o un polideportivo; hacen veeduría a la ejecución de la plata por los alcaldes y gobernadores; denuncian corrupción o delincuencia; y en ocasiones se oponen a proyectos económicos que consideran que afectan la comunidad.

El Ministerio de Interior calcula, a partir de la cantidad de gente que participó en las elecciones a las JAC de 2016, que suman más de siete millones de afiliados en unas 64 mil juntas. De acuerdo con la Mapp OEA los únicos sitios donde no hay una JAC son San Ángel, Magdalena, donde las Autodefensas Unidas de Colombia las arrasaron, y en los territorios indígenas, por su autonomía organizativa.

Primer nivel:Juntas de Acción Comunal (JAC): La integran voluntariamente los residentes de un barrio, corregimiento, vereda, que unen esfuerzos y plata para gestionar todo tipo de necesidades dentro de ese territorio. Segundo nivel: Asociación de Juntas de Acción Comunal (JAC) agrupan las juntas de acción comunal dentro de un municipio. Tienen interlocución con el alcalde. Tercer nivel: Federaciones de Acción Comunal: agrupan las asociaciones de juntas de acción comunal. Tienen interlocución con los gobernadores. Cuarto nivel: Confederación Nacional de Acción Comunal: agrupan las federaciones de acción comunal. Tiene interacción con entidades del nivel nacional como presidencia, el Mininterior, el Consejo Nacional de Paz, entre otros.

“Es la principal forma de organización ciudadana y la única en los lugares más apartados y de conflicto” señala Guillermo Cardona Moreno, presidente del Observatorio Nacional Comunal e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación Nacional Comunal.

Por eso, son un aliado necesario para que el Estado pueda implementar el Acuerdo de La Habana en los territorios, especialmente, la sustitución de cultivos (en el programa conocido como Pnis) y el desarrollo desde una mirada local (con los llamados Pdet).  

“Las comunidades no cultivan coca ni marihuana por enriquecerse sino para subsistir. Le copian a la Acción Comunal para que se vincule al Pnis, erradique la coca y siembre aguacate”, es la forma en la que un líder comunal del Cauca explica la función de los comunales en ese tema. “Pero resulta que a ese campesino hay que apoyarlo mientras empieza a producir”.

En todo ese proceso, los líderes de las JAC ofician de intermediarios entre el Estado y los campesinos de base, que no le creen o no entienden a los funcionarios pero sí a sus líderes.

Sin embargo, la demora en que el Estado apoye a los cocaleros ha puesto a los líderes en una situación difícil, porque muchas veces los campesinos les reclaman por la lentitud que ha tenido la implementación del Acuerdo en asuntos que los afectan.

“Hay comunidades donde se ha dañado todo el cacao, todas las piñas, la caña de azúcar por falta de carreteras, de transporte, de distritos de riego, de centros de acopio. Cuando hay cosecha no hay quien les compre”: señala un líder de la Confederación Nacional.

Además, el riesgo de violencia ha crecido en las zonas en las que salieron las Farc y las reemplazaron diversos organizaciones criminales que se disputan el territorio.

Eso explica el pico reciente de sus asesinatos. Pero su posición es tan fundamental para trabajar en un territorio, que la agresión no es una novedad.

Una historia de liderazgo y muerte

El asesinato selectivo de líderes comunales fue una constante durante el conflicto armado, como lo señala el Centro de Memoria Histórica y es por eso que hoy son reconocidos como una víctima colectiva del conflicto.

Los datos de la Fiscalía, con cifras que ha recogido la Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas, es que desde 2016 han asesinado 65 líderes comunales, una cifra más alta que la de cualquier otro tipo de líderes.

Lo que parece estar haciendo más visible el fenómeno es que diferentes organizaciones están denunciando el asesinato de forma sistemática, según lo afirma un funcionario de la Fundación Ideas para la Paz que monitorea el tema.

De acuerdo con un líder de la organización comunal durante el conflicto armado los líderes comunales eran señalados por las Farc y por los paramilitares de auxiliar al otro bando, y por el Estado de auxiliar a aquellos, por lo que fueron judicializados en muchos casos.

Pero, como participan en asuntos muy diversos, potencialmente tienen muchos enemigos, desde el político corrupto local hasta la banda de microtráfico, pasando por mineros ilegales.

“Los victimarios son en mayor parte sicarios al servicio de las bandas de microtraficantes, de las empresas dedicadas a la minería ilegal” dice un líder comunal.

“La Fiscalía tiene que investigar y decir el por qué. Fue por faldas, por guerrilleros, por andar con los elenos, por votar por Petro (entonces guerrilleros), por votar por Duque (entonces paracos). Esas calumnias son lo que nos está perjudicando”: señala una lidereza de la Organización Comunal. “¿Por faldas? puede ser. Pero principalmente por minería, tierra, agua, narcotráfico, microtráfico (esta es la amenaza más grande) ¿Quién puede contra esas bandas?”

Y ese panorama complejo se enreda más por las relaciones con los actores armados.

Una fuente de una organización internacional que ha seguido en terreno la situación de los comunales nos decía que el instinto de supervivencia explica que acepten las reglas que imponen los actores armados y también que subsistan a través de los cultivos ilícitos, por ejemplo.

Eso, que también hace difícil saber el móvil y el responsable de cada asesinato, se agrava porque muchos ocurren en lugares donde convergen varios conflictos.

Esas dinámicas territoriales explican la complejidad de los perfiles de los líderes comunales asesinados, que en algunos casos son señalados de tener vínculos con organizaciones criminales o dedicarse a la siembra de coca, por ejemplo.

Un ejemplo es el de Antonio Vargas, asesinado en febrero y quien era tesorero de una JAC en Uré, sur de Córdoba. Como contó La Silla Caribe, cuatro versiones dicen que cuando lo mataron “estaba en su casa, picando hoja de coca de su cultivo para venderla al Clan, cuando le dispararon. Y también estaba acogido al programa de sustitución, de acuerdo a la Defensoría”.  

“En un territorio que estaba controlado por las Farc, se van y sus habitantes son tildados de ser guerrilleros” da como ejemplo Roberto Menéndez, jefe de misión de la Mapp OEA. “Cuando van a implementar el Pnis, el líder comunal hace el puente con la comunidad y choca con los narcos. Luego vienen las elecciones y hace campaña. Resulta asesinado. Cuál condición primó al final… es muy difícil saberlo”.

En esa diversidad de posibles asesinos, la causa política es la que ven como menos probable entre los comunales. Esto lo dicen los comunales, el Ministerio del Interior, la Mapp OEA, la Fiscalía.

Un líder comunal dice que cuando se le atribuye a las muertes una causa política cobran más relevancia pero se desvía la atención de que todo tiene su origen en su liderazgo en el territorio. “La Organización Comunal es pluralista por naturaleza, en las pasadas elecciones hubo una cantidad que votó por Duque, otra por Petro, otra en blanco”.

Una particularidad, que se puede explicar porque su muerte resuena poco por fuera de sus territorios y a veces no están ni en el radar de las organizaciones comunales de nivel superior, es que en un 80 por ciento de los casos los mataron sin haberlos amenazado.

Así lo afirma la Mapp OEA a partir de la información recolectada de los líderes comunales y lo ratifica la Misión de Observación Electoral: “A los líderes políticos los amenazan, a sociales los amenazan y los asesinan, mientras que a los comunales los matan”.

“En los espacios que dejó la Farc no vienen a decirle a usted no sea sapo como antes sino con plomo” dice una lidereza de la Organización Comunal.

Esa forma de asesinarlos hace más difícil que el Estado los proteja, porque el acceso a la protección de la UNP usualmente se da a través de denuncias de amenazas. De hecho, una alta funcionaria del Ministerio del Interior señala que según la UNP desde el 2016 sólo han asesinado a seis personas que tenían esquema de seguridad. Los demás no tenían esquema.

Esto confirma la necesidad del tratamiento diferencial que los comunales llevan pidiendo.

El impacto colectivo es igual

“El presidente de la JAL es un referente dentro de la comunidad, cuando se afecta, el impacto es colectivo, se busca desincentivar la participación en los liderazgos comunales.”, dice Roberto Menéndez, jefe de la misión de la Mapp OEA. “La gente suele hacer la siguiente reflexión: ‘no tengo claridad por qué mataron mi compadre pero no quiero tener el mismo destino”.

Por eso, los asesinatos tienen un impacto fuerte en lo local. Sin ellos, los funcionarios tendrían más difícil la interlocución con la comunidad, especialmente en las zonas más alejadas de los centros poblados, como las que son fundamentales para implementar el Acuerdo.

Eso es más grave porque, según el Centro Nacional de Consultoría, los líderes tardan entre uno y cuatro años en ser reemplazados por el capital social acumulado que tienen. Por eso, el golpe de los asesinatos actuales puede dañar todo el aterrizaje.

Eso porque el liderazgo se basa en la confianza que les tiene la comunidad y su capacidad de representar intereses ante el Estado, lo que se construye con el tiempo.

Por eso, más allá del debate de si los asesinatos se deben a la tendencia política de los líderes, a los "líos de faldas" que señaló el ex ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, a otros motivos o a una variedad de hechos, el daño al aterrizaje del acuerdo de paz es real.

Silla Nacional
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Carrasquilla aterriza el ‘lado oscuro’ del programa de Duque

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Los anuncios que hizo el viernes el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la política económica del Gobierno Duque ya han sido criticados por personas de ambos lados del espectro político.

Por ejemplo, sobre su propuesta de subir las tarifas de energía eléctrica en el Caribe para hacer viables inversiones de la nueva empresa operadora que reemplace a Electricaribe generó fuertes reacciones de opositores y gobiernistas, como la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra:

 

 

No es la primera vez que el presidente Iván Duque recibe los coletazos de una declaración hecha por uno de sus ministros, como la polémica declaración del nuevo Ministro de Defensa sobre la necesidad de reglamentar la protesta social. Y probablemente no será la última vez que Carrasquilla cree fuego amigo.

Eso, en primer lugar, por su perfil técnico y ortodoxo en materia económica. Ya en su paso anterior por el Ministerio de Hacienda, en la presidencia de Álvaro Uribe, mostró públicamente sus discrepancias con su jefe de entonces, quien públicamente lo desautorizó en temas que tenían que ver con presupuesto y reforma tributaria. 

En segundo lugar, muchas de las decisiones que debe tomar un ministro de Hacienda son impopulares o polémicas, pues en últimas decide (con el Presidente) para dónde se va la plata del Estado, que siempre deja a alguien inconforme.

Aunque el ministro aclaró que sus ideas del viernes no son proyectos definitivos y que deben ser socializadas en el Gobierno, como tiene buenas relaciones con Uribe, fue el director programático de la campaña de Duque, sus declaraciones tiene una fuerza todavía mayor que las de sus colegas en el Gabinete.

Además de anunciar que respetará la regla fiscal, que está revisando el proyecto de ley de presupuesto que presentó el exministro Mauricio Cárdenas, que no descartaba la venta del 10 por ciento de Ecopetrol y que le apostaría a una reforma pensional que dé más cobertura, hizo estas tres propuestas que muestran lo menos popular del proyecto económico de Duque:

Menos impuestos a las empresas, más a la clase media

Carrasquilla dijo que el Gobierno quiere reducir las cargas tributarias de las empresas. Para eso, entre otras cosas y como dijo Duque en su campaña, cambiaría el cálculo de la renta presuntiva (la presunción de que el patrimonio produce por lo menos 3,5 por ciento de utilidades al año), y permitir que las empresas resten de lo que le pagan a la Nación lo que le pagan a los municipios por industria y comercio.

En contraste, propuso aumentar la cantidad de personas que pagan renta, para bajar los ingresos mensuales a partir de los cuales se debe declarar y pagar renta, de 3,5 a 1,9 millones de pesos.

“Las personas que ganan tres veces el ingreso promedio de los colombianos (PIB per cápita) pagan renta de cero. La que gana un ingreso mayor al promedio [alrededor de 1,5 y 6 millones de pesos] debería pagar algo”, dijo.

Aunque esas propuestas las hizo Duque en campaña y van en línea con las de los expertos de la Comisión de Expertos que armó Mauricio Cárdenas, son impopulares.

Cambiar la lógica de los subsidios

El Ministro de Hacienda también habló de la necesidad de hacer cambios estructurales en el gasto público, y uno de los temas que evaluará en este sentido son los subsidios.

“No estamos seguros de si los subsidios en servicios públicos domiciliarios están llegando a los más pobres del país. Tenemos que buscar que los subsidios cumplan un propósito, no darle subsidios al que más grita sino al que más necesita”, dijo Carrasquilla.

Uno de los subsidios a los que hizo referencia fue el de servicios públicos a estratos 1 y 2, que de salir adelante la propuesta pagarían lo mismo que pagan los de estrato 4.

Esa propuesta, en la que están de acuerdo expertos porque no necesariamente llegan a los que más necesitan y se centran en el entorno de las viviendas y no en los ingresos de los hogares, se suele acompañar de la idea de reemplazarlos por otro tipo de ayudas a los más pobres.

Cobrarle más a los clientes de Electricaribe

El ministro retomó una propuesta que, según dijo, hizo el Gobierno anterior. Esta consiste en partir Electricaribe en dos, dejando de un lado sus deudas y de otro el resto. La idea es que esa última parte quede saneada para hacerla más atractiva para un comprador y que así se logre que le inviertan plata constante.

Hasta ahí, la propuesta no suena impopular, pero Carrasquilla dejó la idea de que sus clientes pagarían más.

“En ese escenario sería una empresa rentable en diez años, con unas inversiones sustantivas y accedería en virtud de sus inversiones a una trayectoria de tarifas mejores a las que tiene hoy en día, tarifas más altas que permitirían tener mayores inversiones como compañía”, dijo el ministro.

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Fabio Aristizábal, el uribista de la salud

Yahir Acuña le ganó a Petro su primera elección regional

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En las primeras elecciones en que participa su movimiento tras las presidenciales, Gustavo Petro fue derrotado por el cuestionado exrepresentante de Sucre, Yahir Acuña, conocido por haber llegado hace cuatro años al Congreso a punta de repartir whiskey y billete. Es una muestra de lo difícil que será para el excandidato presidencial vencer a los caciques en las regionales de 2019 para, así, consolidar su Colombia Humana de cara a las de Presidencia de 2022.

La derrota ocurrió en Betulia, municipio del departamento de Sucre en donde el pasado domingo se celebraron unas elecciones atípicas rodeadas de denuncias de presunta compra de votos por parte del candidato de Acuña.

Estas elecciones fueron convocadas, a mediados de junio, por el gobernador Édgar Martínez debido a que el anterior alcalde, Fernel Aviles de Opción Ciudadana, fue capturado en octubre del año pasado por irregularidades en la contratación.

El ganador de las atípicas fue Julio Rafael Díaz Ortega, avalado por el Partido de Reivindicación Étnica (PRE), con 3.792 votos. Tras él quedaron Juan Manuel Hoyos Angulo del Partido Conservador (3.567 votos), Elida María Ortega del Mais y apoyo de la Colombia Humana (567 votos) y Carmen Karina Gil del Partido Liberal (337 votos).

Aunque el recién electo alcalde Díaz también fue apoyado por otros políticos de la región como el representante Salim Villamil (primo del alcalde de Sincelejo Jacobo Quessep), el excongresista Héctor Pérez Santos y el excandidato liberal a la Alcaldía de Betulia, Felipe Aguas, pertenece al grupo político de Yahir Acuña que controla esa Alcaldía desde hace siete años.

El vaso comunicante entre Yahir y Díaz es el exalcalde de Betulia, Régulo Puentes, quien apoyó a Díaz y, aunque tiene un pequeño grupo propio en el municipio, pertenece al movimiento político de Acuña.

De hecho, Puentes llegó a la Alcaldía de Betulia en el 2011 avalado por Afrovides, un movimiento del que Yahir se apoderó en 2010 y al que luego le cambió el nombre a 100 por ciento por Colombia.

Cuatro años más tarde, Yahir mantuvo el poder en el municipio gracias a la elección del capturado alcalde Fernel Aviles, quien llegó avalado por Opción Ciudadana cuando Yahir ya hacía parte de este partido y lanzó a su esposa, la actual representante Milene Jarava, a la Gobernación.

Con el triunfo de Díaz, Yahir mantiene uno de sus fortines del departamento (en las pasadas legislativas su esposa fue la representante más votada) y se evidencia las dificultades que tendrá Gustavo Petro para derrotar a los caciques locales en sus tierras.

Una dura muestra para el petrismo

Sucre fue uno de los dos departamentos del Caribe en donde Petro le ganó a Iván Duque tanto en primera como en segunda vuelta.

En Betulia, específicamente, el candidato de la Colombia Humana superó en primera vuelta  al uribista por casi mil cuatrocientos votos. En segunda vuelta, esta diferencia se acortó, pero, de todos modos, Petro superó a Duque por casi mil votos. Sacó 3.727 votos y Duque 2.758.

Esos resultados hacían pensar a Petro que podría irle bien a su candidata, Elida María Ortega, en las atípicas a las que llegó avalada por el Mais. 

Incluso, el propio Petro viajó dos días antes de los comicios (viernes pasado) al pueblo para hacerle campaña.

Aun así, sus más de tres mil votos no se le transfirieron.

De hecho, Ortega, con 567 votos, sacó menos de la sexta parte de los votos que tuvieron los candidatos del grupo de Yahir Acuña y del Partido Conservador.

¿Por qué ocurrió esto?

Averiguamos y las campañas tuvieron sus contrastes.

De acuerdo a denuncias hechas por la MOE y fuentes en terreno, hubo compra de votos en las campañas del actual alcalde y del conservador Juan Manuel Hoyos. Incluso se dijo que en la casa de la mamá del exalcalde Aviles funcionaba un comando de compra de votos del candidato yahirista.

De la campaña de Ortega, hasta ahora no ha habido denuncias.

Jorge Rojas, uno de los principales líderes del petrismo a nivel nacional, reconoce que “el apoyo electoral a Petro presidente no se traslada automáticamente al debate político local (...) El voto local tiene más control por parte del clientelismo y de las mafias políticas”.

Nos contó, también, que están diseñando varias estrategias para derrotar a estos caciques que, tradicionalmente, gracias a estructuras políticas clientelares, han tenido el poder en las regiones.

Las estrategias serán establecer criterios para escoger los mejores candidatos y un mecanismo para escoger una sola candidatura, elaborar programas de gobierno con la comunidad, denunciar hechos de corrupción electoral, que los congresistas de la Colombia Humana acompañen a los candidatos y acudir a la vigilancia internacional.

Con estas estrategias, se la jugarán en ciudades como Barranquilla en donde el petrismo ya está barajando candidatos.

De esta forma, el triunfo o la derrota de los caciques medirá la fuerza y el rumbo que cogerá la campaña con la que Petro volverá a buscar la Presidencia en 2022.

Silla Caribe
Gustavo Francisco Petro Urrego

Gustavo Francisco Petro Urrego

Ex alcalde de Bogotá y excandidato presidencial

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Mocoa pone a prueba la capacidad de reacción de Duque

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Entre las 11 de la noche del sábado y la madrugada de este domingo, Mocoa, la capital de Putumayo, revivió la angustia de la avalancha que hace más de un año borró del mapa a barrios enteros y dejó 333 muertos.

La causa fue la misma: los ríos Sangoyaco y Mulato, que atraviesan a Mocoa, se crecieron con la lluvia. Esta vez, el barro se llevó 62 casas, dejó a 207 personas afectadas, tumbó un puente, dejó sin agua a media ciudad y volvió a dejar al descubierto que en este municipio el riesgo de una avalancha sigue más que vivo.

Por eso, lo que haga el Gobierno para evitarlo será el termómetro de la capacidad de reacción de Duque, que lo primero que hizo fue mandar a sus ministros de Vivienda, Jonathan Malagón, y de Ambiente, Ricardo Lozano, para que se pusieran al frente.

La nueva emergencia

Lo que han hecho hasta ahora los ministros de Duque es tratar de consolidar el censo de afectados, ampliándolo no solo a los afectados de Mocoa, sino a los habitantes de municipios vecinos de la capital como Villagarzón y Puerto Guzmán que también se han inundado por los desbordamientos de Sangoyaco y Mulato.

La idea es que este censo regional esté listo el jueves, y después de que la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres lo avale, se empiecen a tramitar las ayudas porque ya los alcaldes de estos municipios le dijeron al presidente Duque que no tienen plata para atender a los afectados.

Malagón y Lozano también han supervisado los trabajos de rehabilitación de las bocatomas del acueducto para que el agua vuelva a las casas este martes. Mientras tanto se reparten en carrotanque más de 18 mil litros de agua que llegaron de municipios de Cauca y Nariño.

Aunque con la presencia de los ministros los mocoanos sienten el acompañamiento del Gobierno Nacional, lo que más necesitan ahora es que se tomen las medidas de mitigación para que los ríos no se desborden cada vez que llueva en la ciudad. Y ahí es donde se medirá la capacidad de reacción del gobierno Duque porque de él dependerá que se consiga la plata para financiar estas obras.

Lo que se necesita

Esta vez no hubo víctimas mortales, pero la emergencia volvió a demostrar lo vulnerable que está Mocoa a que ocurran tragedias de gran magnitud.

Esto porque las obras de mitigación que se prometieron hacer desde el año pasado para evitar que los ríos se siguieran desbordando no se han hecho porque, según el alcalde de Mocoa, José Castro, el Departamento Nacional de Planeación no ha girado la plata.

Esas obras valen 130 mil millones de pesos.

Con esa plata se podría hacer la adecuación hidráulica y el encausamiento de las quebradas Taruca y Taruquita que desembocan en los ríos Sangoyaco y Mulato,  también el traslado de sedimentos en la quebrada San Antonio y la recuperación de la ronda hídrica de los ríos Mulato y Sangoyaco.

También se construirían diques y muros de contención para la intervención de los cauces.

Pero como la plata no la alcanzó a girar el gobierno Santos, a pesar de que está comprometida en un documento Conpes, depende de la gestión de Duque si el trámite sigue embolatado o se agiliza. Ayer, al hacer un balance de la emergencia, el Presidente se comprometió con la gobernadora Sorrel Aroca y el alcalde Castro a pedirle al DNP que libere los recursos.

Aunque la mitigación es la prioridad, con Mocoa también se pone a prueba la capacidad de gerenciar del nuevo gobierno porque el plan de reconstrucción que se prometió tras la avalancha del año pasado va a paso lento.

Como contó La Silla Sur, un año después de la tragedia lo único que pudo inaugurar el Gobierno Santos fueron 100 casas de las 1.200 que comprometió. El nuevo acueducto, la plaza de mercado, el hospital y las subestaciones eléctricas están a medias por dificultades que van desde la demora en la asignación de la plata y problemas para comprar los predios, hasta conflictos con comunidades indígenas.

Para destrabar esa reconstrucción Duque ya tomó la primera decisión: designar a Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, como el primer responsable de la reconstrucción. 

González, ingeniero civil, aunque viene de quemarse en las elecciones de Congreso donde aspiró al senado por el Centro Democrático, tiene experiencia en gestión del riesgo porque entre 1999 y 2006 se desempeñó como director de Prevención y Atención de Desastres - DPAD del Ministerio del Interior y de Justicia. 

Otro factor que se juega Duque en Mocoa es la confianza de los putumayenses, porque este fue el único departamento del Sur donde el candidato del uribismo no le pudo ganar a Petro. Si logra sacar adelante la reconstrucción y ayuda a evitar nuevas emergencias, no solo podría ganarse el respaldo de los habitantes, sino que le daría un empujón a su partido que el otro año quiere ser protagonistas en las elecciones regionales. 

Mientras eso pasa, con la emergencia del domingo en Mocoa quedó la sensación de que lo ocurrido el año pasado se habría podido prevenir.

Lo que funcionó y evitó otra tragedia

En la madrugada del domingo no se registraran víctimas mortales ni desaparecidos porque a las 3 de la mañana se activó una alarma que funciona desde el año pasado para advertir cuando los ríos sobrepasan los niveles normales.

El sistema comprende 12 sensores que están ubicados a lo largo de los ríos Sangoyaco y Mulato. Estos sensores le reportan información en tiempo real a cuatro estaciones que son monitoreadas las 24 horas en un puesto de mando que está a cargo del Sistema de Alertas Tempranas de la UNGRD.

Este trabajo de monitoreo es reforzado con lo que informan los campesinos que viven en las cuencas de los ríos y que comunican las novedades de los ríos vía radio teléfono o celulares.

Esa cadena fue la que permitió que ese día cerca de 30 mil personas evacuaran sus casas y se ubicaran en puntos seguros. Y aunque no evitó que las crecientes destruyeran casas y puentes, sí dejó claro que este tipo de emergencias se pueden minimizar.

Además de la alerta temprana, hace dos semanas en la ciudad se hizo un simulacro de evacuación en horas de la noche.

Esta experiencia, según el Ministro de Medio Ambiente, se debe convertir en ejemplo para otras regiones del país con condiciones de riesgo.

Pero aún con alarmas Mocoa sigue siendo vulnerable. De lo que hagan Duque y su equipo de gobierno dependerá si eso continúa así.

Más de 200 personas resultaron afectadas por las nuevas inundaciones de los ríos Mulato y Sangoyaco. (Foto @bluradio)
Silla Sur
Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

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Silla Sur
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Estos son los 10 candidatos a la Contraloría

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Los 10 finalistas para ser elegido como Contralor General, que definieron ayer dos comisiones accidentales de Senado y Cámara, muestran que los más opcionados a llegar a la Contraloría son de origen o tienen filiación conservadora, con excepción del ex Auditor General, Carlos Felipe Córdoba.

4 de los 10 tienen experiencia en control fiscal como el que hace la Contraloría, aunque la elección que hará el Congreso en pleno lunes festivo será política, por definir quién tendrá un poderoso puesto con la función de vigilar cómo gastará la plata pública el gobierno de Iván Duque.

Estos son sus 10 perfiles y la candtidad de votos que sacaron en la comisión accidental de 22 congresistas:  

 

José O'meara

El favorito conservador que era desconocido (20 votos)

O’meara, quien fue director de asuntos jurídicos y de asuntos políticos y electorales del conservador Carlos Holguín Sardi en el Ministerio del Interior y de Justicia en el segundo período presidencial de Álvaro Uribe, es un abogado independiente que se convirtió en uno de los favoritos después de que sacó la puntuación más alta ponderando la hoja de vida y el examen de la UIS.

Ayer tuvo 20 votos en la comisión accidental, la más alta, y ha caído bien, inicialmente entre los conservadores, además de que tiene entronque con gente cerca al Gobierno y de hecho hizo parte del equipo de empalme en temas de justicia. El senador Iván Marulanda, vocero del Partido Verde, le contó a la Silla que a su juicio el es el más idóneo y que eso era lo que iba a decir en la reunión de bancada.

Abogado de la Sergio Arboleda con maestría en Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, trabajó en Arrieta & Mantilla Abogados, y fue contralor delegado y director de vigilancia fiscal del sector social de Julio César Turbay Quintero en la Contraloría General.

No ha tenido ningún escándalo pero su hermano Luis Camilo, 10 años mayor que él, estuvo vinculado en el caso de la yidispolítica porque supuestamente pagó a cambio de quedarse con la notaría que el gobierno le entregó al representante conservador Teodolindo Avendaño a cambio de votar a favor de la reelección de Álvaro Uribe.

Wilson Ruiz

El conservador con credenciales de jurista (18 votos)

Ruiz, ex magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es uno de los candidatos más fuertes y una de las dos fichas conservadoras.

Abogado de la Universidad Libre con doctorado, nació en Florida, Valle del Cauca, ha hecho casi toda su carrera como litigante en derecho administrativo. También ha sido conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura, y es árbitro en listados en las cámaras de comercio de Cali y Bogotá.

Fue Procurador delegado del Consejo de Estado nombrado por Alejandro Ordóñez en 2009.

Es uno de los candidatos favoritos porque sacó uno de los puntajes más altos en las pruebas que realizó la Universidad Industrial de Santander, UIS,  para filtrar entre los más de 100 aspirantes iniciales y por los apoyos políticos que tiene, especialmente entre los conservadores y los congresistas vallecaucanos.

De hecho, el Senador de ese departamento por Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez le dijo a la Silla que a Germán Vargas Lleras le gusta este candidato y puede que su bancada lo apoye.

 

José Félix Lafaurie

La ficha polémica del uribismo (13 votos)

El actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) es el candidato más visible del Centro Democrático, no solo por ser esposo de la senadora María Fernanda Cabal sino porque ha sido firme defensor de las tesis uribistas en sus columnas de prensa y otras intervenciones públicas.

Por eso, su candidatura ha generado la polémica de que el órgano de control fiscal quede en manos del mismo partido del Presidente.

Ingeniero civil con maestría en economía de la Javeriana, proviene de una familia de la élite de Santa Marta y tiene una larga carrera pública combinando el sector público y el privado (ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar y empresario algodonero, empresario inmobiliario y ganadero), en la que se ha caracterizado como un conservador.

Por ese partido ha sido diputado del Cesar, gerente departamental de Seguro Social, director de Corpocesar (la CAR del departamento) y viceministro de Agricultura de María del Rosario Sintes.

También por ese partido lo nombró vicecontralor el entonces Contralor liberal Carlos Ossa Escobar en 1998, y en 2002 el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró Superintendente de Notariado y Registro.

Salió en 2004, cuando la Procuraduría lo sancionó por tráfico de influencias, una decisión que Lafaurie peleó en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pero perdió.

A ese tema polémico se suma que fue mencionado en los escándalos de la yidispolítica - en 2009 el procurador Alejandro Ordóñez lo absolvió, en AgroIngreso Seguro y por haber aceptado que Fedegan había financiado a paramilitares como mecanismo de autodefensa frente a la guerrilla. En todos esos casos ha sido absuelto.

 

Marco Velilla

El cercano a Ordóñez (13 votos)

Velilla, ex consejero de Estado, era uno de los magistrados más cercanos al ex procurador Alejandro Ordóñez en ese tribunal. y fue uno de los ternados por Álvaro Uribe a la Fiscalía que la Corte Suprema nunca aceptó.

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana con especializaciones en derecho civil y comercial, y maestrías en derecho privado y en derecho económico, ha hecho carrera como conservador.

Fue consejero presidencial de Belisario Betancur, director del departamento de Derecho Económico del Externado, Director de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, y abogado litigante.

En 2009 Uribe lo incluyó en la terna para Fiscal General que la Corte Suprema no tramitó por su choque con Uribe, y que Juan Manuel Santos a cambió al llegar al Gobierno.

Como consejero de Estado defendió la permanencia de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría mientras estuvo en su cargo pero finalmente no votó porque su período terminbó antes de que el Consejo anulara la reelección de Ordóñez.

Alonso Pío Fernández Angarita

El ex gobernador encargado (11)

Este abogado cesarense de la Sergio Arboleda, con maestría en derecho administrativo y especialización en gestión pública, ha hecho carrera en el sector público como conservador.

Fue jefe de la Oficina Jurídica de Ferrovías, asesor jurídico de Corpoica, director jurídico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y procurador ambiental durante más de 6 años, casi todo el período por Alejandro Ordóñez.

También fue asesor de Carlos Holguín en el Ministerio del Interior en temas jurídicos, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Estando en ese cargo, Uribe lo designó Gobernador encargado de Córdoba en el 2008, tras la salida de la liberal Marta Sáenz de ese cargo por estar inhabilitada.

Se ha desempeñó como coordinador de a “Voto Limpio” una campaña que organizó el gobierno para el Departamento de Córdoba en 2007  y fue delegado presidencial de Uribe para las elecciones en Córdoba, en 2003 y 2007.

 

Gilberto Rondón

El de César Gaviria (10 votos)

Rondón, político de carrera boyacense, nació en Tunja y es abogado de la Universidad Católica de Colombia. Tiene especialización en derecho constitucional, en derecho penal, en derecho administrativo, en gerencia pública y control fiscal.

Tiene una larga trayectoria política pues ha sido alcalde en varios municipios de Boyacá, defensor público, jefe de asuntos municipales de la gobernación de Cundinamarca  y ha tenido cargos como asesor jurídico en entidades públicas y privadas.

Fue representante a la Cámara en 2006 por el departamento de Boyacá y del Partido Liberal e hizo parte de la Comisión Tercera. Magistrado del Consejo Nacional Electoral del Partido Liberal entre 2010 y 2014.

En 2014 el Consejo de Estado lo ternó a y  pintaba como el más opcionado, pues tenía el apoyo del ex presidente César Gaviria y la bancada liberal, pero no quedó porque . Y en ese tiempo, lo señalaron de haber tenido relación con los Rodríguez Orejuela, acusación que él negó.

Según le afirmó a la Silla, no quería volver a postularse para ser Contralor, pero finalmente tomó la decisión de lanzarse por última vez y presentó el examen de la UIS  y no sacó un mal resultado. Así que, cuando pasó entre los 59 preseleccionados el ex presidente César Gaviria lo llamó y le dijo que le gustaba su nombre para la elección, por lo que él cuenta con el apoyo de algunos de los congresistas liberales.

 

José Joaquín Plata

El que fue del “Tuerto Gil” (11 votos)

Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con especialización en docencia universitaria, es un político de carrera que fue tres veces alcalde de Suratá, Santander, y viene del grupo político de Luis Alberto “El Tuerto” Gil.

En 2002 Plata estuvo en la lista cerrada de Gil al Senado, pero no quedó. En todo caso, en 2006 Gil lo impulsó para convertirse en magistrado del CNE como cuota de Convergencia Ciudadana.

De nuevo con el apoyo de Gil, y cuando el partido ya se llamaba Opción Ciudadana, en 2014 Juan Manuel Santos nombró Superintendente de la Economía Solidaria. Poco tiempo después, salió de ese cargo pues faltaban mujeres para cumplir con la cuota de género entre las superintendencias.

 

Carlos Felipe Córdoba

El ex Auditor que divide al uribismo (19 votos)

Córdoba es uno de los favoritos porque sacó 19 votos en la comisión accidental, porque ya fue vicecontralor y auditor general y por sus apoyos políticos en diferentes bancadas.

Pereirano, estudió Gobierno y Relaciones Internacionales en el Externado y tiene una maestría en Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Ha hecho carrera política pues fue secretario de gobierno de Pereira en la segunda Alcaldía de Juan Manuel Arango (2006-2007), de Cambio Radical; y de Risaralda del conservador Víctor Manuel Tamayo (2008-2011).

Además, es uribista de vieja data pues hizo parte de las juventudes de la campaña de Uribe en 2002, trabajó en varios programas de Presidencia durante su primer cuatrienio y apoyó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones de 2014.

También fue vicecontralor de Sandra Morelli entre 2012 y 2013, cargo en el que lideró estudios sobre la concentración de contratación en el país. Se alejó de Morelli en medio de la pelea de ésta con el entonces fiscal Eduardo Montealegre, quien  luego ayudó a que la Corte Suprema lo ternara para ser Auditor y el Consejo de Estado lo eligiera en 2015.

Además, está casado con Marcela Yepes, hija del cacique conservador de Caldas Omar Yepes Alzate, quien hizo carrera en la Contraloría hasta ser directora administrativa de Sandra Morelli. De allí salió a ser directora de apoyo a la gestión de Montealegre (y se convirtió en ficha clave de éste en su pelea con Morelli) de control interno de Néstor Humberto Martínez y antes había sido directora.

Desde su uribismo se fue acercando al vargasllerismo: en septiembre de 2017 le recogió firmas a Vargas para la candidatura a la Presidencia y fue el secretario privado de su campaña hasta diciembre, según nos contó. En febrero de 2018 salió a dirigir la Federación Nacional de Departamentos, elegido por los gobernadores de todo el país.

Esa carrera demuestra los apoyos políticos que pueden resultar fundamentales el lunes.

Julio César Cárdenas

El de la Contraloría (13 votos)

Cárdenas, uno de los menos conocidos en el ramillete, ha hecho carrera en el control fiscal.

Abogado del Externado y experto en contratación estatal, servicios públicos y control fiscal, fue Contralor Delegado para infraestructura y telecomunicaciones de Julio César Turbay Quintero y para el agro. También fue Gerente nacional Administrativo y Financiero de la Contraloría.

A pesar de esa experiencia concreta, no pinta fuerte para la elección del lunes.

 

Maritza Quintero

La única mujer (12 votos)

Aunque es poco conocida y no parece tener chances, entró a la lista porque la comisión accidental quiso que hubiera al menos una mujer en la lista y la metieron porque fue la mujer que mayor puntaje tuvo y no tenía cuestionamientos o problemas de inhabilidad.

Abogada con especialización en gestión pública e instituciones administrativas. Sabe sobre responsabilidad fiscal y ha sido docente. Además ha trabajado en Invías, Planeación Nacional, la Dian y ha sido contralora delegada para investigaciones juicios fiscales y jurisdicción coactiva de Edgardo Maya.

 

Silla Nacional
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Vargas tiene un papayazo en la elección del Contralor

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La elección, que se redujo a 10 finalistas, parece estar entre tres de ellos: el uribista José Félix Lafaurie, a quien apoya oficialmente el Centro Democrático; el ex Auditor Carlos Felipe Córdoba, que anoche obtuvo el apoyo unánime de los liberales; y el ex magistrado Wilson Ruiz, oficialmente candidato conservador.

Con esas tres bancadas con candidatos distintos, Germán Vargas Lleras tiene la oportunidad de unir a Cambio Radical y a La U, como ya intentó en la pelea por las directivas del Congreso, para definir quién será el próximo Contralor.

De hecho, Vargas estuvo anoche en una reunión de la bancada de Cambio con cinco candidatos (los tres que pintan fuertes, Julio César Cárdenas y José Andrés O’meara) para oírlos, y según le contaron a La Silla Vacía tres asistentes el que pinta más fuerte es Córdoba.

Quedan cinco días para la elección del lunes, en Cambio y La U hay quienes están más cerca de apoyar a Lafaurie y todavía faltan reuniones importantes, como una mañana entre congresistas de Cambio y La U o una el jueves del presidente Iván Duque con los vargaslleristas.

 

Los liberales y los conservadores marcaron el paso

Ayer al medio día, en una votación interna los conservadores decidieron apoyar casi por unanimidad (30 de 32 votos) a Wilson Ruiz, ex magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Eso le da, en principio el apoyo de 34 de los 280 congresistas que pueden votar el lunes

Por la noche, en una reunión que citó el ex presidente César Gaviria en su casa, la bancada liberal decidió apoyar por unanimidad a Carlos Felipe Córdoba, a pesar de que el ex Auditor es más cercano a Cambio (recogió firmas para Vargas Lleras hace menos de un año, por ejemplo) y es de origen uribista, y que Gaviria tenía en Gilberto Rondón un candidato de su entraña.

Con esa decisión, Córdoba tendría 49 votos asegurados por ahora.

Estas decisiones empezaron a aclarar el camino a la Contraloría, pues José Félix Lafaurie, que inicialmente parecía el  más fuerte, perdió protagonismo. Con el ruido de las denuncias de la Red de Veedurías de un ajuste a las reglas a su favor y la molestia de los partidos de la coalición de gobierno de que el uribismo se quedara con un órgano de control teniendo la presidencia, ya venía perdiendo fuerza.

Las dos noticias de ayer, que lo dejan sin el apoyo de los conservadores y el de los liberales, su camino se enreda.

Incluso si todos los congresistas uribistas contan por él (algo que no se ha definido pues la bancada no ha votado), tendría 51 apoyos. Estaría virtualmente empatado con Ruiz y Córdoba.

Ese triple empate, justamente entre los miembros clase A de la coalición de gobierno, le deja el camino servido a La U y Cambio, los miembros clase B, para armar un bloque y definir, juntos, el Contralor.

Es decir, repetir la jugada que intentó Vargas hace tres semanas para cambiar los acuerdos de la coalición, como reveló entonces La Silla Vacía.

En manos de Vargas

Según un congresista de La U y otro liberal, el partido del ex vicepresidente y La U se reunirán mañana para ir armando un consenso. Si se ponen de acuerdo, podrían sumar 85 votos en la votación del lunes.

En la reunión de anoche de Cambio, de hecho, conformaron una comisión de seis congresistas para negociar con otros partidos. Por el Senado irán el caribe Antonio Zabaraín, la cristiana Claudia Rodriguez, y la sucrense Ana Maria Castañeda; por la Cámara Ángela Sánchez; Leonardo Rico (del grupo del gobernador de Cundinamarca) y Hernando Padaui.

Oficialmente el plan es reunirse el jueves con Duque en Palacio a las 9 de la mañana y luego tomar una decisión.

Las preguntas son qué papel jugará Vargas, y si lograrán armar un bloque homogéneo con La U. Ninguna de las dos tiene una respuesta obvia.

Sobre el liderazgo de Vargas en su bancada, hay dudas después de su derrota en la primera vuelta presidencial. La Silla Vacía ha hablado en estas semanas con varios congresistas de Cambio y han dejado claro que no se sienten obligados a seguir las directrices de Vargas, como contamos hace tres semanas, un cambio sustancial en un partido que era muy vertical.

Además, su mensaje no parece haber sido tan claro hasta ahora.

Un congresista del Partido Cambio Radical, que pidió no ser citado, le contó a la Silla que Vargas y Lafaurie se reunieron el jueves pasado y que el ex vicepresidente le brindó su apoyo, pero que ayer no dio ninguna directriz a su partido. Intentamos buscar a Lafaurie para conocer su versión sobre el hecho pero hasta el momento de publicar la nota no había respondido las llamadas ni mensajes.

Otro congresista lo ve más cerca de Córdoba. Nos contó, con la condición de no mencionarlo para no ponerlo en aprietos en su bancada, que a su juicio lo había dejado claro en la reunión de anoche. “Yo vi a Vargas jugado con Pipe (Córdoba), pero fue amable con Félix (Lafaurie) y con Wilson (Ruiz)”.

Como hasta ahora no ha dado en mensaje claro, no es seguro que tome la oportunidad y el riesgo de enfrentarse al uribismo.

Además, no es el único que busca esa unidad. Del lado liberal, por ejemplo, el presidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón y el senador bolivarense Lidio García están impulsando un acuerdo con Cambio y La U para armar un bloque grande que elija a Córdoba y derrote al uribismo, pues sumarían 134 votos, a seis de la mayoría absoluta de 140.

La segunda pregunta, la unidad de ese bloque, tampoco tiene una respuesta clara hasta ahora.

Eso porque en Cambio y en La U hay congresistas que preferirían apoyar a Lafaurie, con la lógica de que es el candidato del Gobierno y así quedan bien parados con Duque. Eso, que se da especialmente entre quienes le hicieron campaña al hoy presidente, como José David Name en La U, se da a pesar de que el Gobierno no ha mandado un guiño, y asumiendo que Lafaurie tiene su apoyo.

Por eso, y porque quedan cinco días y todavía hay espacio para la negociación y el lobby, la oportunidad que tiene Vargas no es tan fácil de concretar.

Los escenarios

Si el ex presidente logra consolidar un apoyo a Córdoba con los liberales y La U, podría ganarle la primera puja al gobierno entrante. Incluso si los conservadores se suman a los uribistas y de forma unánime apoyan a Ruiz, las fuerzas estarían 134 contra 85.

Eso dejaría la decisión en manos de Opción Ciudadana, el Mira y los partidos de oposición.

Bastaría que 6 de los 58 congresistas de esas tres fuerzas se fueran con Vargas y Córdoba (que tiene la animadversión de por lo menos parte de los verdes porque, como auditor, en 2016 reveló un estudio que decía que Sergio Fajardo había gastado mucho dinero en publicidad, tema que usó Vargas en campaña contra Fajardo a pesar de sus debilidades) para que el uribismo sufriera su primera gran derrota.

Por eso, si se arma el bloque liberal-U-Cambio, la suerte estaría prácticamente echada.

Incluso si la oposición decide apoyar a otro candidato, las nuevas reglas de juego de la elección obligarían a que haya una segunda vuelta entre los dos más votados, y por eso debería finalmente decidir entre Córdoba y Lafaurie. Y probablemente pese el argumento de no darle al mismo partido del presidente el órgano que vigila el uso que el Gobierno hace de la plata.

A pesar de que ese escenario pinta hoy como el más probable, en los cinco días que faltan pueden cambiar muchas cosas.

Por ejemplo, el Gobierno sigue nombrando cabezas de entidades y viceministros, y ahí puede entrar un juego político como el que quedó claro al nombrar a Carlos Baena, ex senador del Mira, vice de relaciones laborales. También falta que La U y Cambio definan si van a votar en bancada o dejan en libertad, lo que cambiaría el panorama. E incluso falta saber qué harán los candidatos en estos días.

La tensión es tal que un congresista le dijo a La Silla Vacía que canceló sus planes de salir este puente para estar “en la jugada”.

Hace ocho años, el hoy magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas estaba prácticamente elegido pero un guiño del entonces recién elegido Juan Manuel Santos le dio la vuelta a la decisión de los congresistas y le ganó Sandra Morelli.

Por eso, con un panorama más incierto, si Vargas aprovecha la oportunidad y logra derrotar al uribismo, habrá demostrado que una cosa es perder las elecciones y otra perder el poder.

Germán Vargas Lleras
Silla Nacional
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