Al hacer el corte de cuentas de sus primeros 100 días, el Gobierno Duque mencionó unos logros en la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, donde en marzo del año pasado una avalancha dejó 333 muertos, 76 desaparecidos y más de 22 mil damnificados.

En La Silla Sur le pasamos el detector de mentiras a los trinos que publicaron los ministerios de Vivienda y Agricultura y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez usando el hashtag #Primeros100días, dando a entender lo que han hecho en ese período de tiempo.

De las cuatro afirmaciones, una es falsa, dos dejan por fuera que las obras que están avanzando empezaron antes y no arrancaron en estos primeros 100 días y la otra es cierta, aunque tiene un matiz. Esto fue lo que encontramos.

“Garantizar el suministro de agua potable a 64.338 habitantes de la capital del #Putumayo las 24 horas los 7 días a la semana. Un logro más del gobierno del presidente @Ivanduque. #Primeros 100 días” (Trino del ministerio de Agricultura)

Falso

 

Explicación:

En Mocoa el servicio de acueducto sigue siendo intermitente desde que la avenida torrencial del 31 de marzo del año pasado destruyó las plantas de tratamiento y las tuberías que llevan el líquido a las casas. Inclusive hay barrios como Las Américas, que queda al norte de la ciudad, donde hay quejas de que el agua solo llega dos horas en el día.

La prueba de eso es que los propios habitantes de ese barrio y otro barrio que se llama Villa del Río se han quejado en la última semana en redes sociales con la empresa de acueducto Aguas de Mocoa porque no les llega agua a sus casas.

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Además, no se han hecho las obras de mitigación en los ríos Sangoyaco y Mulato que fueron los que generaron la avenida torrencial porque valen más de 130 mil millones de pesos y no está claro de dónde va a salir la plata. Por eso, cada vez que hay lluvias fuertes y los ríos se suben, hay daños en las redes improvisadas de acueducto y Aguas de Mocoa tiene que suspender el servicio.

En esas eventualidades, la empresa y la Alcaldía la llevan a los barrios en carrotanques, como lo muestran estas fotos de Aguas de Mocoa hace dos semanas en el barrio Centro.

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Así que tampoco es cierto que esté llegando agua potable las 24 horas, ni mucho menos los siete días. Tan falsa resultó esa afirmación que un periodista local cuestionó públicamente al ministerio.

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Además, mientras el Ministerio de Agricultura afirmaba que llevar agua potable a todos los barrios era un "logro" de Duque, el Ministerio de Vivienda en otro trino dijo que es un compromiso, no algo que ya han logrado.

Horas después, alguien borró el trino de la cartera de Agricultura. A través de un comunicado de prensa, desde el MinVivienda señalaron que se borró porque se trató de un trino que contenía un "error de redacción de tiempo verbal", y que "en ningún momento, se quiso dar por sentado que ya se hubieran terminado con éxito las obras". Pero en Mocoa sigue la indignación. 

 

"El proyecto de reconstrucción del acueducto de #Mocoa en #Putumayo tiene una inversión de $28.074 millones de pesos y llevará agua a toda la capital del departamento.#Primeros100Días #ElFuturoYaComenzó.” (Trino del ministerio de Vivienda)

Engañoso

 

Explicación:

Es cierto que el contrato para reconstruir el nuevo acueducto vale esa plata según el contrato de obra. Pero lo que no contó el ministerio es que ese contrato se firmó y se viene ejecutando desde el año pasado, por lo que no es un resultado de los primeros 100 días de Duque.

Como hemos contado, el contratista de esa obra es el ingeniero civil Germán García García, que firmó en mayo del año pasado un contrato con el Ministerio de Vivienda, entonces en cabeza de Elsa Noguera. Aunque tenía un plazo de 12 meses para terminar la obra aún no lo ha hecho.

A corte de junio, según Aguas de Mocoa, el avance era del 35 por ciento. De acuerdo con Ramón Apraez, coordinador de la veeduría ‘Por La Mocoa que Soñamos’, integrada por familias afectadas por la avalancha para vigilar que les cumplan con las obras prometidas, desde entonces no se han registrado mayores avances.

En lo que sí avanzó el nuevo gobierno en este caso es que llegó a un acuerdo con la comunidad indígena Inga la primera semana de octubre para que se puedan hacer unas obras del acueducto en su territorio, lo que tenía frenado ese tramo de las obras-

 

#Minvivienda le cumple a los habitantes de #Mocoa, #Putumayo Ya inició la construcción de 909 Viviendas VIP, que serán entregadas a familias damnificadas por la avalancha del año 2017. Serán 1.209 viviendas en total. Inversión: $81.500 millones #ElFuturoYaComenzó #Primeros100Días. (Trino del viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra)

Engañoso

 

Explicación:

Al igual que con el acueducto, el lote y el contrato para iniciar la construcción de esas 909 viviendas se consiguió en los últimos dos meses del gobierno Santos, por lo que no es un resultado de los primeros 100 días de Duque.

Además, el inicio de las obras que anunció el nuevo Ministerio de Vivienda está en veremos.

Primero, porque el proyecto aún no cuenta con las licencias ambientales ni los permisos del municipio, según Apraez, coordinador de la veeduría ‘Por La Mocoa que Soñamos’. Sin embargo desde el Viceministerio de Vivienda le dijeron a La Silla Sur que ese proyecto no necesita una licencia ambiental sino una de urbanismo que ya tienen. 

Segundo, porque a las potenciales familias beneficiarias no les han hecho ninguna socialización de qué se va a hacer.

“Desde que se incluyó el lote dentro del área urbana no es mucho lo que se ha avanzado, menos en estos 100 días”, añade el concejal liberal Yesid Montezuma, que fue el ponente del proyecto de acuerdo que incluyó esos predios al área urbana, para poder construir las viviendas.

Pero el viceministro de Vivienda, Victor Saavedra dice que sí están trabajando y que incluso el contratista ya montó campamento para empezar las obras. 

Lo que sí está andando es una convocatoria de la Alcaldía para que las personas afectadas por la avenida torrencial del año pasado se inscriban y se postulen para recibir los subsidios de vivienda.

Con estas 909 casas, más las 320 que ya se entregaron en julio (y que costaron 18.880 millones de pesos), el Gobierno podría cumplir con la meta de las 1.209 que prometió, con una inversión de 81.500 millones de pesos en total.

 

#ElFuturoYaComenzó | En Mocoa la @MinjusticiaCo @GloriaMBorrero nos ayudó a gestionar las obras de mitigación para reabrir la cárcel de Mocoa.(Trino de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez)

Cierto, pero

 

Explicación:

Es cierto que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijo en Mocoa que va a conseguir una plata para hacer unos muros y unas obras de contención para habilitar de nuevo el uso de la cárcel, aunque ese proceso se demorará por lo menos seis meses. Esto quiere decir que se comprometió a ayudar en la gestión aunque ésta todavía no se ha concretado.

Al Inpec le tocó trasladar a cárceles del Huila a los cerca de 500 detenidos que estaban en Mocoa, porque la cárcel local está en riesgo de sufrir una avalancha porque la quebrada La Taruca pasa cerca de ahí.

El compromiso de la ministra Borrero y que secundó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se dio después de que las dos funcionarias hicieran una inspección a la cárcel y escucharan a los familiares de los reclusos que desde abril vienen haciendo plantones para evitar el cierre del establecimiento.

Tras haber logrado apenas 52 mil votos en las pasadas legislativas, las primeras en las que participan como partido político nuevo que son, pocos dudan de que la Farc la tendrá cuesta arriba en las regionales del año entrante. En el Caribe, sin embargo, cuentan con un as cuya posible candidatura tiene cosas que mostrar.

Se trata de Milton de Jesús Toncel Redondo, mejor conocido por su nombre de guerra: Joaquín Gómez, cuya aspiración a la Gobernación de La Guajira se viene cocinando desde el año pasado, aunque aún no hay un anuncio oficial.

“No podemos seguir con el departamento vuelto nada, esto necesita un cambio, pero no un cambio para que todo siga igual, sino un cambio en las estructuras políticas, donde la gente tenga oportunidades” Joaquín Gómez candidato a la Gobernación de la Guajira por el partido FARC pic.twitter.com/nnnI5acIa7

— ETCRAmaury Rodríguez (@FARC_Guajira) 4 de diciembre de 2017

La Silla Caribe confirmó ayer que la posibilidad permanece y que se estaría evidenciando en la actividad social que Gómez está teniendo en la antigua zona veredal de Pondores, que podría ser parte de “su actividad proselitista”, como nos dijo una fuente conocedora.

Además, un político de izquierda de La Guajira, cuyo nombre nos reservamos a petición de la fuente, nos contó que Gómez está haciendo reuniones en su municipio, aunque todavía no campaña explícita.

Para mostrar, el exmiembro del Secretariado tiene el desarrollo que bajo su liderazgo ha alcanzado Pondores, una de las zonas veredales que se instalaron en el país para que los guerrilleros se concentraran a dejar sus armas, hoy llamadas oficialmente Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

Allí, los farianos han logrado levantar un pueblo con pinta de prosperidad, un asunto que contrasta no sólo con las dificultades que se viven en otros espacios territoriales sino en la propia Guajira, que es el segundo departamento más pobre de Colombia.

Pondores cuenta con agua potable que sacan de un caño cerca y energía gracias a plantas de diesel pagadas por el Estado. Además de su renta básica, sus habitantes viven de proyectos agrícolas y turísticos que han podido sacar adelante como confección de vestuario, recorridos por la Serranía del Perijá, visitas a campamentos y cabañas como las que se utilizaban en la guerra y venta de tomate, yuca, pimentón, frijol y abono orgánico.

Tienen guarderías para los hijos de los exguerrilleros, casas en concreto, tiendas en las que se consiguen desayunos a diez mil pesos y almuerzos a veinte, una casa de la memoria, sastrería y fincas en las que planean construir próximamente cerca de 200 viviendas más.

Aunque no es claro si esas credenciales podrían competirles a las maquinarias y demás aspirantes guajiros, o superar el lastre de imagen de la guerrilla, este posible jugador -quien estudió ingeniería agrícola en la antigua Unión Soviética- marcaría unas regionales distintas, en un departamento en el que el extinto AD-M19 llegó a ganar la Alcaldía de Riohacha en una ocasión.

Intentamos comunicarnos con Gómez para que nos diera más detalles de su aspiración y no fue posible.

En una reciente entrevista en el programa Los Informantes,  ante la pregunta de si será o no candidato él había respondido que está “esperando que las aguas se decanten”.

Además de Gómez, suenan como posibles candidatos a la Gobernación el exdiputado liberal Idelfonso ‘Poncho’ Medina, el exdirector de Planeación Departamental Delay Magdaniel y el exdirector del DPS a nivel nacional Nemesio Roys.

Hoy salió una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que arroja que el presidente Iván Duque tiene una mayor imagen favorable que desfavorable y que ya retomaron varios medios como Pulzo y El Tiempo. Esa información va en contravía de las de Invamer y Cifras y Conceptos que salieron el viernes y muestran un gran desplome de su imagen.

Pero eso no es lo único llamativo de una encuesta que parece favorecer al Presidente y que llevó a que su aliado más visible, el ex registrador Carlos Ariel Sánchez, renunciara a su alianza con la empresa por no estar de acuerdo con la metodología utilizada.

Estos son los hechos más llamativos:

1

Un consejero presidencial fue uno de los fundadores de Guarumo

Víctor Muñoz Rodríguez es el Alto Consejero para la Innovación y laTransformación Digital del Estado de Iván Duque, y también está relacionado con la encuestadora Guarumo.

Durante la campaña presidencial participó como vocero de Guarumo en un foro de El Tiempo y la Universidad del Rosario sobre el papel de las encuestas en la intención de voto, como se ve en la respectiva nota de El Tiempo y en las de otros medios que cubrieron el evento, como El Nuevo Siglo.

De hecho, en una nota de Dominique Lemoine y Santiago Parga para Arcadia, Muñoz aparece citado como “socio fundador de Guarumo”, mientras que El Tiempo, en otra nota lo presentó como “analista político de Guarumo”.

Al revisar el sitio web de la encuestadora aparecen tres fundadores (Alejandro Pinzón, Felipe Muñoz - hermano del Consejero - y Julián Villarreal) pero una captura de pantalla guardada por Archive.org y de diciembre de 2017 incluye también a Víctor Muñoz entre sus fundadores.

 

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Además, en la revista A de la Andi de agosto de 2016 aparece una breve reseña de Guarumo que dice que los empresarios responsables son los tres que aparecen hoy, Sergio Espinosa y Víctor Muñoz.

En los documentos de la encuestadora aparece que la creó en 2012 la empresa Cloud Based SAS, de la que por lo tanto es filial. Nació con el nombre Cloud Based Zona Franca SAS, y que a fines de 2014 cambió su nombre por Guarumo SAS.

Cloud Based no ha revelado en ningún documento oficial quiénes son sus accionistas, por lo que no es posible comprobar si Muñoz era formalmente accionista o no. Pero actuó como secretario de una reunión de su asamblea de accionistas de 2012, lo que sí documenta la relación del hoy consejero presidencial con la empresa que es dueña de Guarumo.

Esa relación es llamativa porque Muñoz es ahora el alto consejero presidencial encargado de algunos asuntos de comunicaciones, como la Urna de Cristal, y Guarumo es la única encuestadora que dice que la imagen de Duque está bien.

Muñoz le explicó a La Silla que participó de la creación de la empresa en 2012, como una start-up "dedicada a temas de tecnología, robótica, información y encuestas". También explicó que salió de su participación en julio, antes de llegar a la Casa de Nariño y que su relación fue de inversionista más que de directivo.

En todo eso coincide Andrés Pinzón, de Guarumo. "Víctor fue nuestro ángel inversionista", resume la relación, a la vez que confirma que Felipe Muñoz sigue siendo accionista.

 

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2

La están moviendo desde Presidencia

La Silla Vacía tuvo acceso a al encuesta porque la difundió la jefe de prensa del Centro Democrático en un grupo de periodistas que cubren a ese partido. Lo hizo diciendo que la están enviando desde Presidencia

 

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Eso abre varios interrogantes, pues si bien es usual que la Presidencia contrate encuestas para medir el pulso del país, no lo es que las filtre a los medios. Menos cuando le resulta positiva y sale justo después de encuestas que muestran una imagen desfavorable del Presidente.

La Silla Vacía contactó a la jefe de prensa, Stephanie Carrillo, para tener más información sobre cómo llegó la encuesta a sus manos y quién le pidió difundirla. Quedó en llamarnos y no lo ha hecho hasta el momento de publicar esa historia. La actualizaremos cuando podamos hablar con ella.

En todo caso, Pinzón, de Guarumo, explicó que ellos difunden sus encuestas entre sus amigos y conocidos vía WhatsApp, por lo que es posible que haya llegado a Presidencia y allá hayan decidido difundirla.

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La encuesta Invamer del viernes pasado mostró que Antioquia y el Eje Cafetero pasaron de ser bastiones de la aprobación del presidente Iván Duque a una de las regiones menos duquistas, pues la aprobación cayó 42.4 puntos y la desaprobación creció 45.1 puntos.

Eso es llamativo porque es una región tradicionalmente uribista, que le puso en las dos vueltas presidenciales una cuarta parte de sus votos en todo el país.

Para entender los resultados de esa encuesta le preguntamos a 45 votantes de Duque -diez políticos locales, cinco congresistas (dos de Antioquia, uno de Risaralda, uno de Caldas y uno de Quindío), 18 militantes del Centro Democrático y 12 ciudadanos sueltos-, cómo evaluaban el Gobierno y por qué creían que había salido tan golpeada su imagen en sus primeros 100 días en la región.

Una parte de la gran popularidad de la que goza el alcalde barranquillero Álex Char (que en varias encuestas ha aparecido como el de imagen más favorable en el país) podría entenderse a la luz de la pauta oficial que ha entregado su Administración en los últimos dos años: 68 mil millones de pesos a periodistas, medios y artistas, una cifra 22 veces mayor que la que ha dado la Gobernación del Atlántico y apenas 20 mil millones por debajo de la que ha entregado Enrique Peñalosa en Bogotá, que tiene más del triple de habitantes que Barranquilla. Ambas comparaciones en el mismo periodo.

Esa es la principal conclusión del informe sobre pauta oficial en Barranquilla que la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP presentará mañana y que hoy publica en primicia La Silla Caribe.

En total, la FLIP revisó 42 contratos, cuyos beneficiarios finales no pudieron ser establecidos en su totalidad, pues 50 mil de los 68 millones se ejecutaron a través de intermediarios, agencias de publicidad o fundaciones, que hacían subcontrataciones.

El 73 por ciento de esos contratos fueron entregados de manera directa o a dedo. Y del total de la contratación: el 58 por ciento quedó en manos de ocho agencias de publicidad, el 20 por ciento de fundaciones, el siete por ciento en tres medios (RCN Radio, El Heraldo y Win Sports), y el 15 por ciento restante se repartió entre cooperativas, productoras audiovisuales, iglesias y escuelas de fútbol, entre otros.

Más allá del destino de la plata, la FLIP llama la atención en su informe respecto a varios objetos contractuales de esta pauta que, en concepto de la Fundación, trata de unificar los mensajes de los periodistas en sus cubrimientos.

Por ejemplo, hay un contrato por tres mil millones de pesos con una empresa llamada Sin Filtro que busca “Sensibilizar a comunicadores y periodistas de los avances del Plan y la forma de evidenciarlos a través del buen uso de las herramientas de la comunicación”.

Y también hay un contrato con Discovery Channel por 600 millones de pesos en una modalidad que informalmente se conoce como “content marketing”, que consiste en publicar contenido institucional sin advertirlo, es decir, haciéndolo pasar como contenido periodístico del medio.

“Ese es el 2.0 de los publirreportajes y así lo comenzamos a ver con estas investigaciones que estamos haciendo en varias ciudades”, nos explicó Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP.

Según la investigación de la FLIP, “Char, más que medios, se ha empeñado en conseguir una orquesta que toque a su ritmo”, y para evidenciarlo usa ejemplos como una entrevista de más de 15 minutos al Alcalde para que explicara por qué usa gorras.

Dentro de la investigación, la Alcaldía  respondió que el total de la pauta oficial en estos dos años no representa ni el uno por ciento del presupuesto del Distrito y que la inversión se hace para “poder bajar y (hacer) llegar los mensajes” a los ciudadanos.

Este informe hace parte del proyecto Pauta Visible de la FLIP, que está rastreando 1.800 contratos en 50 entidades públicas de todo el país, para ver en qué se está gastando y a quién llega la plata pública que va a pauta oficial.

Esta semana saldrá el informe de la Gobernación del Atlántico (que entregó en estos dos años 3.300 millones de pesos en pauta oficial) y luego el de la Alcaldía de Medellín.

Este es el video en el que la FLIP presenta su investigación y aquí enlazados encuentran todos los documentos que la soportan:

Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura del quinto macrocaso que va a investigar sobre lo ocurrido en ocho municipios del norte del Cauca por las acciones de las Farc y de la fuerza pública entre 1993 y 2016.

Si bien no es la primera investigación con enfoque regional (el caso 002 es sobre Tumaco y el 004 de cinco municipios de Chocó y otros en Antioquia), es el más avanzado en el que la JEP trabajará en coordinación con la Justicia Especial Indígena.

La JEP deberá evidenciar quiénes fueron los responsables de actos violentos que causaron más de 100 mil desplazados y más de 7.500 asesinatos en estos 23 años, en lo que el enfoque étnico es relevante porque esos municipios tienen una alta población indígena (un 16 por ciento de toda la población del Cauca, alrededor de 233 mil personas) y afro (más del 20 por ciento de todos los caucanos, o unas 314 mil personas).

De hecho, al hacer el anuncio, la JEP indicó que había pedido información de los hechos a una organización indígena (Onic) y dos entidades estatales (Fiscalía y Centro de Memoria Histórica).

La importancia de la apertura del caso es tal que mañana jueves el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) entregará a la JEP otro informe de los hechos violentos que sufrieron en el marco del conflicto, con apuntes de cómo las comunidades indígenas lo vivieron y entendieron.

Hablamos con dos líderes indígenas de esta subregión, otro del Caribe y un investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica que estuvieron relacionados directa o indirectamente con la realización del informe que la Organización Nacional Indígena (Onic) presentó a la JEP donde relacionan algunos de los casos más graves que podrían ser investigados.

1.201 SúperAmigos en 2018.

1.201 personas que dedicaron parte de su tiempo y de su plata a apostarle a nuestro tabajo, que creen que hacemos una labor que merece su apoyo, que sienten que vale la pena hacer un esfuerzo porque existamos - además de los que intentaron y no pudieron o de los que quisieron pero no tienen con qué donar. El año pasado fueron 860 durante la campaña.

440 SúperAmigos habían donado el año pasado.

440 personas que confiaron hace un año con que haríamos un buen trabajo en 2018, con elecciones y gobierno nuevo, y que nos dicen que sienten que lo logramos con su renovado apoyo. El año pasado repitieron 288.

154 millones de pesos.

Recogimos algo así como uno de cada 12 pesos que sostienen a La Silla, o lo que vale al año sostener una de las sillas regionales. El año pasado, que era nuestro récord, sumamos 133 millones.

55 SúperAmigos van a donar recurrentemente.

Cada semestre, trimestre o cada mes se cargará automáticamente a sus tarjetas de crédito una cifra pequeña, con lo que reiterarán su apoyo cada mes. Es un cambio enorme para La Silla, pues nos permite tener un flujo permanente de recursos que inagurumaos en esta campaña.

Todo esos son récords en una campaña que llevamos seis años haciendo, y muestran que los SúperAmigos la rompieron este año. Eso nos llena de felicidad y agradecimiento.

Al revisar con más calma quienes son los SúperAmigos, encontramos el sentido de comunidad que rodea La Silla.

Además de los centenares que donaron por lo menos dos años seguidos y de los 29 que se animaron a donar entre 15 y 50 mil pesos todos los meses, nos apoyaron 92 expertos de La Silla Llena, solo hubo 63 donantes anónimos contra 108 del año pasado, y 50 personas también pidieron la chaqueta que diseñó Kupa para La Silla Vacía.

Además, cada vez tenemos menos grandes mecenas y más SúperAmigos: el 49 por ciento de los SúperAmigos de este año aportaron 50 mil pesos y otro 25 por ciento aportó 100 mil, mientras que menos del 2 por ciento donó un millón o millón y medio de pesos.

Este año, además, mantuvimos abierta la posibilidad de donar permanentemente. Sin hacer campaña, 55 SúperAmigos donaron a lo largo del año.

A pesar de todos esos avances, hay mucho espacio para crecer.

Solo 0,182 por ciento de quienes nos visitan son SúperAmigos. Imagínense si fuera el 1 o 2 por ciento y fuera suficiente dinero para cubrir la mitad de los gastos de La Silla Vacía.

(O, mejor, no se lo imaginen: ayúdennos a hacerlo realidad. Se puede seguir donando en el botón que aparece en nuestra página de inicio o en este link. Si no han donado pueden hacerlo, o si saben que tienen un ex novio, una prima, un tío o tía que podría donar pero se le olvidó o no supo o le dio pereza, ayúdennos a contactarlo.)

Con los 154 millones que hemos recogido vamos a meterle la ficha a nuestra apuesta de estar más presentes en Twitter, Facebook e Instagram, con contenidos propios para esas redes y más interacción, algo para lo que la campaña de SúperAmigos nos sirvió de campo de pruebas

La idea es llegarle a más gente con nuestros contenidos. Gente que no quiere venir a nuestra página, que cuando entra ve artículos muy complejos o muy largos, gente que quizás no busca proactivamente noticias complejas de temas públicos pero que cuando le llegan sí le interesan.

Esperamos ser exitosos con eso el próximo año, como lo hemos sido éste que ya va a terminar.

Y es que los SúperAmigos más los dos premios Simón Bolívar y el ser el medio más consultado en internet por los líderes de opinión en Bogotá, muestran que este año electoral dejó a La Silla Vacía fortalecida y nos llenan de motivos para apostarle, con el entusiasmo de siempre a cubrir, en 2019, las elecciones regionales.

Poner más impuestos nunca es popular. Hacerlo con un Congreso no aceitado, a menos de un año de unas elecciones regionales en la que muchos congresistas se juegan el pellejo, y con la popularidad en duda, es casi imposible.

Por eso, la chiva de El Tiempo de que el Gobierno aceptó retirar de su reforma tributaria la propuesta de ponerle IVA a 49 productos de la canasta familiar que hoy están exentos, es una noticia casi obvia, aunque no por eso menos trascendental.

El lento morir

La derrota del IVA es obvia porque recibió críticas de todos lados. 

Incluso desde antes de que la presentaran el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el ex presidente y senador Álvaro Uribe, padrino político de Duque, dijo que gravar la canasta familiar con el IVA era “una propuesta muy difícil” y que afectaría a la clase media.

En los días siguientes la criticaron, entre otros, los conservadores de la Cámara, que a pesar de ser gobiernistas afirmaron que no la iban a apoyar. Luego todos los partidos manifestaron su descontento, lo que dejó al Gobierno solo.

Por su lado, analistas financieros como Bloomberg y Fedesarrollo dijeron que era negativa porque podía disparar la inflación.

Y ayer, en una audiencia pública con voceros empresariales, solo apoyaron al Gobierno director de la Andi, Bruce Mac Master; el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba; el ex ministro Jorge Humberto Botero, cabeza de Fasecolda; y el representante de la OCDE, Álvaro Santos.

Los agricultores, agrupados en la SAC; los comerciantes, representados en Fenalco; y los pequeños empresarios, reunidos en Acopi, la criticaron. Lo mismo hizo el director de la Federación Nacional de Departamentos, el conservador Carlos Camargo.

Con esos antecedentes, Duque le dijo a Blu Radio el viernes pasado, tras conocer los malos resultados de su aprobación en la encuesta de Invamer, que estaba dispuesto a oír propuestas sobre el punto, lo que mostraba que la derrota era probable.

A pesar de ser tan esperable, es trascendental porque ese IVA era el corazón, en términos de recaudo, de la tributaria que presentó Duque con el argumento de que es necesaria para tapar un hueco de 14 billones de pesos en el presupuesto del próximo año.

Por eso en estas semanas se mantuvo en ella; por eso, según una fuente de Presidencia, la estrategia era que Duque se pusiera al frente del debate en lugar del viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez y el director de la Dian, José Andrés Romero, para ganarlo.

Nada funcionó y terminó hundida.

La reunión clave

Ayer en la tarde se reunieron todos los ponentes con funcionarios del Gobierno, incluido el Ministro, en el Ministerio de Hacienda. La Silla Vacía habló con siete de ellos, de diferentes partidos, y coincidieron en que hubo consenso en que el IVA a más productos de la canasta familiar no iba a pasar.

Según la representante verde Katherine Miranda, en la reunión “todos se sinceraron” al decir que no era posible incluirla en la ponencia. El primero en hacerlo fue el senador conservador David Barguil, y después todos coincidieron.

Ante esa posición, Carrasquilla aceptó finalmente que no irá.

Lo hizo tras una semana de trabajo conjunto, incluyendo el fin de semana en el que fue el único ministro ausente de la rendición de cuentas por los 100 días de Gobierno, en el que trabajó con dos subcomisiones de ponentes para salvarla.

Una subcomisión tenía el objetivo de encontrar soluciones para poder recaudar los 14 billones sin ese IVA.

La otra tenía el objetivo de revisar las proposiciones de los congresistas que tenían otros fines. Allí había funcionarios de Hacienda y de la Dian que examinaban si las proposiciones eran viables.

Este martes la primera subcomisión le presentó al Ministro 25 propuestas alternativas.

Según Fabio Arroyave, congresista liberal del Valle, Carrasquilla las examinó antes de la reunión y llegó a ésta a anunciar que con ellas propuestas no llegaban a los 14 billones.

Por eso, y porque el IVA ya no va, los ponentes quedaron en buscar alternativas, reunirse hoy a las 8 de la mañana para discutirlas o encarar un recorte parcial del presupuesto, y en no revelar lo decidido ayer, para salir hoy con un mensaje más positivo.

Por eso, seguramente hoy habrá nuevas noticias. Y aunque de ellas depende en parte el resultado de esta novela, algunas conclusiones ya están claras y tienen el mismo aire de derrota.

Efectos en la plata...

Sin la plata del IVA a los más productos de la canasta familiar, la tributaria solo tendría asegurados 3,4 de los 14 billones, según los cálculos del Gobierno. Eso significa que ahora tiene que conseguir reemplazos que sí puedan salir adelante en el Congreso o aceptar la derrota de no haber logrado tapar parte del hueco.

Lo primero resulta difícil porque no hay de dónde echar mano, como muestran que tanto esta propuesta como la última reforma del Gobierno Santos se centraron en el IVA para aumentar el recaudo.

Una de las opciones más obvias es que la reforma ya no baje el IVA del 19 al 18 por ciento en 2019 y al 17 en 2020, lo que daría 2,5 billones de pesos.

Esta propuesta, según el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, podría ser aceptada porque no implica un cambio en el costo actual de la canasta familiar, y ya sumarían 5,9 de los 14 billones.

Las propuestas para los otros 8,1 billones pintan más enredadas.

Según una fuente de Hacienda, está sobre la mesa ponerle IVA a algunos productos que no generen tanta controversia, pero con el antecedente de ayer no es claro que vaya a pasar.

También hay más de 200 iniciativas de congresistas que, según la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez, todavía no están totalmente sistematizadas, pues siguen llegando y algunas se repiten.

Entre las más visibles están poner un impuesto del consumo a las bebidas azucaradas, aumentar el 4 por mil, subir el impuesto a los dividendos a las personas naturales, poner impuestos adicionales a las viviendas nuevas de más de 800 millones de pesos o poner uno a las remesas.

El problema es que aún no se han hecho los cálculos de cuánto sumarían y por lo tanto no es claro que sean suficientes para terminar de llenar el hueco, aparte del rechazo que generarían entre los afectados, que en algunos casos como el de los cañicultores y productores de bebidas, el sector financiero, los constructores o los dueños de grandes capitales, tienen gran capacidad de cabildeo.

Otra propuesta es hacer un programa para, con incentivos y planes de normalización, los dedurores de la Dian paguen. Eso podría dar 3 billones de pesos adicionales, pero solo un año y dependería de que el programa sea exitoso.

En todo caso, algunos ponentes ven la situación con esperanza. “Yo calculo que con eso vamos sumados unos 6 billones de pesos” dice el ponente John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libre.

Por último, el Gobierno calcula que el próximo año recibirá al menos 5 billones de pesos que no incluyó en el presupuesto de ingresos porque son inseguros, pero que mostró en sus cálculos de los efectos de la reforma.

Son 1,1 billones de pesos adicionales por dividendos de Ecopetrol e impuestos pagados por las petroleras, por el aumento del precio del petróleo; 2,3 billones por la venta de sus acciones en Coltel -con el lío de que en su primera etapa nadie apareció para meterse en el negocio de las telecomunicaciones-; y 1,6 billones por los programas de modernización de la Dian.

Si aparecen y se suman a lo que se salva de la reforma, a no bajar la tarifa general del IVA y a los planes de normalización, ya habría 13,9 billones, por lo que la derrota puede terminar siendo menor en lo económico.

En cambio en lo político, sí hay una derrota segura del Gobierno, aunque puede resultar menos dura o incluso convertirse en una victoria.

...y en la política

Hoy, la decisión es una derrota para el Gobierno porque Duque se jugó parte de su capital político en la reforma.

Por eso varios analistas la han resaltado como principal factor de su mala imagen, hasta el punto de que El Tiempo tituló una nota “IVA a canasta familiar, principal causa del desplome de Duque”.

En eso coinciden tres altas fuentes de la Casa de Nariño con las que ha hablado La Silla Vacía en estos días. “Juemadre IVA”, fue la respuesta de una de ellas al preguntarle por los resultados de las encuestas.

Y también lo muestra lo que encontró La Silla Paisa al indagar entre 45 uribistas de esa región por qué la mala imagen de Duque entre ellos.

Parte del problema es que hay una percepción de que Duque incumplió una promesa, como explicó Afif Siman en la Red Caribe.

“La imagen del presidente está muy golpeada porque (hay) pérdida de confianza y credibilidad propiciada por la llamada Ley de Financiamiento”

Político uribista cercano a Duque

“La imagen del presidente está muy golpeada porque (hay) pérdida de confianza y credibilidad propiciada por la llamada Ley de Financiamiento”, opina un político uribista cercano a Duque.

Efectivamente, Duque criticó el IVA a la canasta familiar en la reforma tributaria de Santos de 2016; en campaña recordó su oposición al aumento del IVA del 16 al 19 por ciento en esa misma reforma; prometió bajar el IVA; y entre sus eslóganes estuvo “Menos impuestos, más salario mínimo para un país solidario”.

Aunque su proyecto incluye bajar la tarifa general del 19 al 17 por ciento en dos años, ponerle el impuesto a más productos de la canasta familiar tuvo más tracción entre la opinión.

A eso se refiere uno de los uribistas que entrevistó La Silla Paisa: “Hay una desilusión porque dijo que no iba a aumentar impuestos sino que iba a aumentar el salario”, dijo.

Ese golpe ya ocurrió, y que termine siendo a cambio de una propuesta que se hunde antes de primer debate es una derrota evidente.

Una que se suma a otras como que la reforma a la justicia de Duque haya ido perdiendo buena parte de sus propuestas más innovadoras en el Congreso o que la reforma a política ande con los tiempos muy apretados, que aunque son menos visibles también marcan la debilidad del Gobierno en el Congreso.

Sin embargo, la derrota trae dos trasfondos positivos, que podría cosechar Duque si logra transmitir dos mensajes.

Uno es que demuestra que no está dando ‘mermelada’ y que realmente está tratando de no jugarle al clientelismo para ganar gobernabilidad.

El Presidente ha reiterado su posición de no transar puestos o cupos indicativos por votos, pero no la ha convertido en su bandera política (en su discurso aparece cada vez más clara la equidad) ni ha entrado en choque por los congresistas por ello.

Que la principal reforma del inicio de su Gobierno y la gran apuesta del ministro más influyente se caiga por lo menos en parte por ello, es un argumento que muestra las consecuencias de esa apuesta pero también su apego a ella.

El segundo mensaje es que la idea de hacer pactos, de ceder en posiciones y buscar consensos, tiene contenido, pues es justamente lo que está haciendo su gobierno con la tributaria.

El problema es que, como en la lucha contra la corrupción que fue el primer gran ejemplo de esos pactos, el norte no lo tiene Duque.

A menos de que otra cosa digan los anuncios de hoy y conviertan la derrota que estaba anunciada en el punto de quiebre de un Gobierno que arrancó sin bandera y sin luna de miel.

Desde que empezaron a revelarse los informes del fallecido controller de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, han quedado expuestas presuntas irregularidades en pagos a varias empresas por esa concesionaria.

Una de ellas, Ingream SAS, es el eje de un escándalo de corrupción que hoy tiene presos a varios exfuncionarios de la Gobernación de Santander de la administración del hoy senador de Cambio Radical, Richard Aguilar.

Esa empresa fue la cabeza del consorcio que ejecutó las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Su representante legal, Octavio Reyes, prendió un ventilador sobre el pago de coimas por $3 mil millones a funcionarios para obtener ese contrato. 

La manera en la que esa empresa se quedó con el contrato de la Ruta del Sol, fue la que motivó las sospechas de Pizano sobre posible injerencia de paramilitares en los pagos.

La Silla Santandereana rastreó las dudas que Pizano plasmó sobre Ingream en uno de los informes sobre la contratación del consorcio integrado por la corrupta multinacional brasilera Odebrecht y Episol, una filial de Corficolombiana, la empresa de inversiones de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país. 

Las dudas de Pizano

La aparición de Ingream ha pasado desapercibida hasta ahora en el escándalo. 

Pizano la incluyó en uno de los cuadros en los que enumera las presuntas inconsistencias en pagos por más de $16 mil millones de la concesionaria a seis empresas que no hicieron aquello para lo que las contrató, las contrató para actividades que no necesitaban o que contrataron dos veces, o que no cumplieron el protocolo para que la concesión las eligiera como contratistas.

El caso de Ingream, según el informe de Pizano, es el último. 

El controller describe que pese a que el protocolo interno exigía pedir tres cotizaciones antes de elegir un contratista para asegurar el mejor precio, eso no habría pasado porque aunque Ingream en apariencia compitió con otras dos, la suya fue la única oferta válida y las otras dos dejaban dudas. 

El contrato era por $877 millones y tiene que ver con obras de estabilización para un tramo de la ruta que comprendía La Lizama - San Roque y la Transversal Río de Oro - Agua Clara - Gamarra.

Una de esas dos empresas, Argeu SAS, es central en los audios que reveló Noticias Uno y luego complementó El Espectador, y que muestran una conversación entre Pizano y Néstor Humberto Martínez, entonces abogado de Corficolombiana y hoy Fiscal General. 

En la conversación, Pizano dice que encontró que la cotización que presentaron a nombre de Argeu es falsa. 

Le detalla que lo advirtió cuando le enviaron los soportes de la contratación porque la firma del representante legal estaba escaneada y que lo corroboró cuando le preguntó directamente a la empresa vía mail.

Correos Pizano Argeu y facturas by Anonymous 5dGWFZxZD on Scribd

Además, Pizano le contó a Martínez sobre su preocupación se dio porque tras buscar referencias sobre la firma, encontró que había sido relacionada con paramilitares. 

“...Yo después dije: oye y esta firma de Argeu ¿qué? Fuera de toda esa vaina tienen líos con paramilitares. Argeu SA Constructora, que gerencia el ingeniero Andrés Rueda, ha sido mencionado en declaraciones en un jefe para...”, dice en un aparte de la conversación Pizano.

Pizano luego le explicó al Hoy Fiscal que la tercera empresa que pasó la cotización, Sercor Construcciones SAS, lo hizo tarde.

En el informe ya habría reseñado que esa oferta había llegado un mes después de la de Ingream y la de Argeu, pero en la conversación detalló que también le generó suspicacias que la firma también estaba escaneada y pertenecía a un contrato que anteriormente había obtenido esa misma empresa con la misma Ruta del Sol.

De hecho, en la reunión que reveló el viernes pasado El Espectador y que grabó Pizano, se vuelve a referir a Sercor y dice que hay inconsistencias en otros procesos en los que figura.

Por ejemplo, las facturas que han pasado a su nombre no tienen los mismos logos, las firmas están escaneadas, la letra con que la diligenciaron las facturas es exactamente la misma con las que llenaron facturas de otras empresas y las direcciones no corresponden. 

Dudas de Pizano sobre Sercor by Anonymous 5dGWFZxZD on Scribd

De esas dudas sobre las dos cotizaciones que compitieron con Ingream es que en la primera conversación se desprende la hipótesis de que la plata de la Ruta del Sol II pudo terminar pagando a paramilitares. 

“Pero yo creo que esto...es que jueputa, ¿sabe qué me hace pensar esto? Que esto es parte de lo que los paras de pronto están cobrando, y entonces ellos mismos arman las tres cotizaciones y todo y por eso utilizan una firma de un para. ¿Sí me entiende?”, dice el hoy Fiscal General.

Pizano lo secunda planteando que para él hubo inconsistencias en las respuestas que le entregó Argeu y en lo que pudo averiguar de Sercor. 

“Hay inconsistencias en la misma respuesta que el tipo da, porque el tipo me dice que no, que la oficina es un archivo. Y entonces yo fui hasta esta oficina, es de un abogado Jean Paul no sé qué, o sé que era la 611 porque no me dejaron entrar en la portería (risas). Ah no, bueno, fuera de eso, de esta otra firma, esta otra firma Sercor también tengo fotos, que yo mandé a uno a verificar allá, uno de Corfi que trabaja allá ¿qué vendían allá? Era una firma que (no se entiende), pero por acá hay unos carros de alta gama dentro del parqueadero, ¿sí me entiendes? Mira, ¿sí?”.

Los cabos

La tesis sobre el pago a grupos ilegales a través de facturación en la Concesionaria nace por la figuración de Argeu en la etapa precontractual de la obra que ejecutó Ingream. 

Como dice Pizano en la conversación, esa empresa para la época era de Andrés Rueda Gómez, quien fuera uno de los megacontratistas de Casanare -ejecutó, entre otras, la cárcel de mediana seguridad y el Hospital Regional de la Orinoquía- y fue uno de los miembros del consorcio que se quedó con la obra de la Vía de la Prosperidad, la megaobra llena de enredos de la administración del Mello Cotes en Magdalena.

Rueda es uno de los uribistas purasangre de Casanare, quiere ser candidato a la Gobernación el próximo año y desde 2010 la Fiscalía le abrió una investigación por declaraciones de cuatro exparamilitares, entre esos alias Don Mario, quien lo señaló de ser financiador y enlace de su grupo en ese departamento.

La Silla confirmó que tras poco más de siete años de investigación, en septiembre del año pasado (después de las conversaciones entre Pizano y Martínez) la Fiscalía archivó el proceso porque no encontró pruebas que sustentaran esa hipótesis y sí que varios de los testimonios se contradecían o no coincidían. 

Por eso, la hipótesis de posible intervención de ilegales en la Ruta del Sol 2 vía el contrato de Ingream se quedó sin piso.

Pero en lo que respecta al tejemaneje interno de la concesionaria, las investigaciones del controller sí toman forma.

En una de las conversaciones Pizano le dice a Martínez su conclusión: “...el tema es que esos dos contratos de Argeu y estos (Sercor) fueron chimbos para darle un contrato a la firma Ingream...”.

La Silla habló con Octavio Reyes, representante legal de Ingream, y con Andrés Rueda, de Argeu. En Sercor no contestaron ninguno de los números que están registrados.

Las versiones no coinciden. 

Rueda se mantuvo en lo que le respondió a Pizano vía mail: le dijo a La Silla que le falsificaron la propuesta y que hubo un uso abusivo del nombre de su entonces empresa.

“Cuando me entero me preocupé, y por eso respondo inmediatamente al señor Pizano”, explicó.

Pero Reyes aseguró que él le hizo la invitación a Rueda para que se presentara y compitieran.

“Yo le conté que estaba participando y le dije que pasara una propuesta. Tengo entendido que él responde así porque no se acordaba de que le había pedido el favor”, explica.

Sobre cómo llegó a ser contratista de la concesionaria, nos dijo que fue a través de dos ingenieros que estaban en la obra. Dice que les preguntó cómo podía participar para contratar porque ha hecho obras en la zona, y negó haber tenido algún contacto especial en la concesionaria.

La Silla no logró encontrar alguna prueba que contradijera esa afirmación y, tras rastrear el récord de contratación de Ingream, corroboramos que ha hecho obras pequeñas en el sur del Cesar. 

Reyes también nos dijo que desconocía el origen de la oferta de Sercor, negó cualquier favorecimiento de la Concesionaria y aseguró que tenía todos los soportes de la ejecución de las obras para las que fue contratado.

Cualquiera que sea la verdad sobre las otras dos ofertas, tiene sentido que Reyes hable de que le ofreció a Rueda presentar una cotización porque ya habían coincidido en negocios.

Reyes y Rueda nos dijeron que se conocieron por un amigo en común pero, cuando preguntamos detalles, el primero dijo que la relación nació en Bogotá y el segundo que fue Santander, porque tiene raíces en ese departamento.

Pero no solo son viejos conocidos sino que para la época en la que Reyes se quedó con el contrato, eran socios en una megaobra en Santander.

El lío del estadio de Bucaramanga

En febrero de 2015, cuatro meses antes de que arrancara el proceso del contrato que se quedó Ingream en la Ruta del Sol, esa empresa y Argeu se ganaron en la Gobernación de Santander (que estaba en manos del hoy senador de Cambio, Richard Aguilar), el contrato para reforzar el estadio Alfonso López de Bucaramanga por $15 mil millones.

En ese consorcio Ingream arrancó siendo el dueño del 40 por ciento, Argeu del 20, e Ingeniería Servicios y Asesoría de Santander, Ingesan, del otro 40. 

Esa repartición duró poco tiempo. 

A los pocos meses de adjudicado el contrato, Ingesan le vendió su participación a otra empresa de Bucaramanga llamada Movipetrol; y Argeu hizo lo mismo con Ingream.

Así la empresa de Octavio Reyes, que hasta ese momento solo había hecho obras medianas y pequeñas, se quedó con el 60 por ciento del consorcio.

El caso del estadio que terminó en medio de un escándalo de corrupción. Reyes le reconoció a la Fiscalía -buscando un principio de oportunidad- que pagó coimas por más de $3 mil millones a la secretaria de Infraestructura del departamento, Claudia Toledo, a su esposo, y al interventor de la obra para hacerla.

Además, tampoco coinciden en por qué estuvieron asociados y por qué se alejaron.

Rueda le dijo a La Silla que participó porque Reyes le había contado que iba a ejecutar ese contrato (aunque no se lo había ganado todavía) y él podía aportar parte de la experiencia que necesitaban para obtenerlo. 

“Yo quería más participación, pero al final acordamos que solo tendría el 20. Luego vendí mi parte por problemas con Octavio a los que no me voy a referir”, dijo Rueda a La Silla . 

Reyes, por su parte, nos aseguró que él le compró la experiencia de Argeu a Rueda para quedarse con el contrato del estadio, y que por eso al poco tiempo Argeu vende su parte. 

“Esa experiencia fue la que me habilitó para participar”, explicó el contratista. 

La Silla confirmó, con documentos del proceso que lleva la Fiscalía por ese contrato, que Reyes gastó al menos $300 millones en comprar la participación de Argeu (que ya no es de Rueda y se llama Construcciones CM7). 

Como la Fiscalía está investigando todos los hallazgos de Pizano en la Ruta del Sol II, seguramente Reyes y Rueda tendrán que dar las explicaciones sobre la figuración de sus empresas en ese escándalo, que con lo del estadio les suman dos líos en menos de un año.

El bloque de búsqueda que creó hace dos meses la Fiscalía para judicializar a los responsables de las talas masivas de bosque en el sur del país, más la arremetida del Ejército en la región para perseguir a la disidencia de Gentil Duarte, son los motores de una alianza entre varias organizaciones campesinas en Guaviare y Meta para impulsar pactos ambientales y, en el fondo, revivir lo más transformador del Acuerdo de La Habana, pues ven todos esos hechos como parte de una política de mano dura que se aleja de lo pactado.

Crecen las molestias

Este fin de semana en la vereda Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare, se reunieron más de dos mil campesinos en el “Primer encuentro de comunidades campesinas por la defensa de nuestro territorio". Eran miembros de las juntas de acción comunal del municipio y de la Asociación de campesinos trabajadores y productores de la región del río Guayabero (Ascatragua, que hace parte de la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA).

Del encuentro salieron con una declaración política en la que se presentan como la 'Alianza Comunitaria y Campesina del Guaviare y el Sur del Meta, por la defensa de nuestras tierras y el territorio'.

El trasfondo del evento, al que también fueron delegados de Parques Naturales, la Gobernación y la Alcaldía, es que esas comunidades quedaron dentro de la ampliación del Parque Nacional del Chiribiquete que hizo el Ministerio de Ambiente en julio.

Además, muchos de estos campesinos, que llevan años viviendo en esos predios sin títulos, firmaron acuerdos individuales de sustitución de coca con el Gobierno.

Según le contaron a La Silla dos personas que estuvieron en la reunión, varios campesinos dijeron que por los retrasos de la Oficina de Drogas de Presidencia en hacerles los pagos mensuales a los que tienen derecho, y porque no ha llegado la asistencia técnica que también deben recibir para tener proyectos productivos diferentes a la coca, están talando bosque en la zona ahora protegida.

Ese ingrediente de la susitución explica que la Alianza tenga el espaldarazo de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, que se volvió la dueña del micrófono para negociar los términos de la sustitución con el Gobierno y está calentando motores para un eventual paro cocalero.

“Muchos de nosotros estamos tumbando de a una o de a dos hectáreas, mientras hay grandes colonos tumbando de a cien, pero a los que persiguen son a nosotros”, dijo a La Silla un presidente de junta de San José que no quiso ser citado por su seguridad.

De ahí que en el comunicado en el que convocaban al encuentro decían “no podemos permitir que nos sigan persiguiendo, señalando y judicializando por trabajar y buscar el sustento de nuestras familias”.

Además, el encuentro se dio justo después de un operativo del bloque de búsqueda de la Fiscalía en otro Parque, el de Los Picachos, en Caquetá, donde viven 219 familias.

En ese operativo, a finales de octubre, la Fiscalía capturó a cinco personas y decomisó 600 reses de ganado.

El argumento de los campesinos de esa zona es el mismo que llevaron los de Guaviare al encuentro: que la Fiscalía está judicializando a los pequeños campesinos y no a los grandes colonos.

Pero la Fiscalía dice que los cinco capturados, incluyendo a un dueño de 140 reses, estaban siendo investigados como “presuntos responsables de la invasión, deforestación y ganadería extensiva en el Parque”.

El factor Gentil

Más allá de quién tiene la razón, los dos casos muestran lo difícil que es aterrizar una estrategia contra la deforestación en zonas donde desaparecieron los manuales ambientales de la Farc, que la hacían más costosa, y cuando la disidencia de Duarte presiona a los campesinos para que cultiven la hoja coca.

De hecho, según dijo a La Silla Luis Roberto Abril, el secretario de Hacienda de San José y quien estuvo en la reunión como alcalde encargado, “las comunidades nos dijeron que tenían a la disidencia ahí presionando y que les preocupa que algunos de sus jóvenes se han ido a engrosar esas filas”.

Por cuenta de esa presión de la disidencia, la Fuerza de Tarea Omega de las Fuerzas Militares está haciendo cada vez más operativos en la zona.

De hecho, de acuerdo al informe de la Fundación Ideas para la Paz sobre los primeros cien días del gobierno de Iván Duque, Guaviare es el segundo departamento en el que la Fuerza Pública ha hecho más operativos, detrás de Nariño.

La presencia es tan fuerte que se regó el rumor de que iban a instalar una base militar en Cachicamo, algo que el Ejército negó.

Lo más complejo es que a pesar del asedio de las disidencias, las comunidades no quieren Ejército en la zona. 

“No nos sentimos seguros con la presencia militar en el territorio. No reconocemos a la autoridad nacional del Ejército y lo que estamos planteando es la autonomía de las comunidades”,  dijo el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Fermín Oviedo.

En esa misma línea de la autonomía, según el alcalde encargado las juntas también dijeron "que quieren crear unas mesas a principios de diciembre a las que vayan todas las juntas para pensar cómo contrarrestar la deforestación, fijando ellos las condiciones”.

Algo parecido hicieron hace un mes unos 600 campesinos de La Macarena, en Meta, en representación de más de 30 organizaciones campesinas e indígenas durante un foro al que fueron Parques y Cormacarena, la autoridad ambiental allí.

En ese evento, las comunidades llevaron un  “Manifiesto Ecológico por una justicia ambiental para la Sierra de la Macarena” en el que, además de pedirle explícitamente al Gobierno que implemente el Acuerdo de La Habana y a la Fiscalía que frene su bloque de búsqueda, se comprometen a hacer “pactos ambientales en cada subregión de La Macarena”.

De hecho, las juntas de La Macarena enviaron una delegación de gente al Guaviare para la reunión de este fin de semana, lo que muestra que los eventos no son aislados.

La estrategia

La coincidencia en los reclamos de los campesinos de Caquetá, Meta y Guaviare muestra que hay es una estrategia que busca llenar el vacío que dejaron la ausencia de las Farc y sus manuales ambientales.

La idea, es “unificar unas normas ambientales y de respeto por la tierra en todo el territorio amazónico. Somos los mismos procesos de siempre, pero con un objetivo nuevo”, según le dijo Luz Perly Córdoba, vocera nacional de la Coccam, a La Silla Sur.

Las expectativas se centran en revivir lo más transformador del Acuerdo de La Habana.

Por ejemplo, como le explicó a La Silla César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y que ha acompañado a estas comunidades en el proceso, buscan que les cumplan con el fondo de tierras que creaba el Acuerdo, y que está en el aire.

También piden que les construyan carreteras, puestos de salud, colegios o distritos de riego. Es decir, los bienes públicos que la reforma rural Integral del Acuerdo proponía llevar a las zonas golpeadas por la guerra para sacarlas del atraso.

“Si arrecian los operativos y volvemos a las sanciones punitivas, que habíamos superado tras la negociación del Acuerdo, la situación va a empeorar”, agrega Jerez. “Ya había una ruta y no se está cumpliendo”.

Estos campesinos, a diferencia de Duque, sí quieren que el Acuerdo de La Habana siga siendo su hoja de ruta.

Tres meses después de haber perdido en su intento por ser Contralor, en parte porque el Gobierno no lo apoyó, José Félix ‘Pepe’ Lafaurie se anotará un hit en las próximas horas y podría meter un gol de aquí a unas semanas. Con ambos ratificará su poder.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán (la asocación de ganaderos más grande del país y de la que hacen parte más de 200 organizaciones del sector) será muy seguramente reelegido tras 14 años en el cargo, en un congreso que tendrá el gremio hoy y mañana en Barranquilla con presencia del presidente Iván Duque.

Como no tiene competidor, todo el mundo da por descontado que seguirá en el puesto.

Además, en enero, el uribista Lafaurie podría recibir una palomita del Gobierno uribista que no lo apoyó en su carrera a la Contraloría: la administración de los cerca de 90 mil millones de pesos que recaudan al año los ganaderos en parafiscales, cuya finalidad, en teoría, es ser invertidos en beneficio de todo el sector..

Fedegán perdió su administración durante el Gobierno Santos, lo que desató una larga puja que debe resolverse a principios de 2019, cuando el Gobierno elija qué asociación ganadera va a administrar esos dineros que, desde el 2016, están a cargo del Ministerio de Agricultura.

Según cuatro fuentes conocedoras del gremio y del Gobierno, ya hay señales de que la elegida será Fedegán.

La pelea detrás de los parafiscales

Detrás de este millonario fondo (llamado Fondo Nacional del Ganado) hay una pelea que arrancó a mediados del primer Gobierno de Juan Manuel Santos.

La plata sale de los aportes que cada ganadero del país paga por los litros de leche y las cabezas de ganado que vende. Contribuyen con 0,75 por ciento del valor del litro de leche vendido y poco más de 19.500 pesos por cada res sacrificada.

Desde 1993 lo manejaba Fedegán vía un contrato con el Ministerio de Agricultura que se renovaba cada 10 años.

El manejo que esa Federación, en cabeza de Pepe Lafaurie, le dio a esos recursos venía siendo fuertemente cuestionado por la Contraloría, la Presidencia, el Ministerio de Agricultura, casi todos los lecheros y ganaderos disidentes (o sea, los no asociados en Fedegán).

Los cuestionamientos se centraban, como contamos en el 2015 en La Silla Vacía, en los supuestos malos manejos que Fedegán le había dado al Fondo y en la ausencia de una estructura democrática al interior de la entidad que, desde el 2004, preside Lafaurie.

Esto, aunado al hecho de que el contrato por el que Fedegán administraba el Fondo se vencía el 31 de diciembre del 2015, el Gobierno Santos, en cabeza del entonces ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, decidió no renovarlo.

Pese a los ruidos sobre el Fondo, la movida fue interpretada por muchos como una jugada del entonces Presidente contra un dirigente uribista y contrario al Proceso de Paz, como lo es Lafaurie.

De hecho, para esta historia, el líder gremial nos lo aseguró: “A Fedegán le quitaron el Fondo Nacional del Ganado como retaliación por nuestras posturas frente a la paz”.

Desde entonces el Ministerio de Agricultura administra el Fondo a través de un encargo fiduciario con Fiduagraria S.A.

Aunque el Ministerio no podía asumir temporalmente el Fondo, el Plan de Desarrollo de Santos II lo hizo posible, un hecho que refuerza la idea de que el Gobierno de entonces tenía calculado quitarle la administración a Fedegán y a Lafaurie. 

Cinco meses más tarde la Superintendencia de Sociedades decidió liquidar el Fondo Nacional del Ganado debido a que éste no había presentado un acuerdo de reorganización que la Superservicios le había impuesto en agosto del 2015 por los problemas financieros que tenía.

Dado que, pese a la liquidación del Fondo, el Gobierno tenía que seguir recaudando los parafiscales, creó la Cuenta Nacional de Carne y Leche, como se llama hoy en día la bolsa a la que va a parar la plata que los ganaderos aportan por ese concepto y que el año pasado sumó 88 mil millones de pesos.

En septiembre de 2016 un grupo de ganaderos, que estaban en contra de la forma como Lafaurie estaba manejando Fedegán, decidieron asociarse en una organización que se llamó Nueva Federación Ganadera (NFG), liderada desde entonces por el ganadero Alfredo García Burgos, hermano de la senadora conservadora Nora García Burgos.

Esta Federación desde el comienzo respaldó el Acuerdo de Paz en La Habana y a los pocos meses de creada recibió un espaldarazo de Santos.

“Me identifico totalmente con esos principios que la nueva Federación tiene: de inclusión, de democracia, de transparencia, de no politización”, dijo el entonces Primer Mandatario en el ‘Encuentro de la prosperidad ganadera para consolidar la paz’ organizado por la NFG, en noviembre del 2016.

Desde ese momento, la NFG, y otras asociaciones como la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga) y el mismo Fedegán, están interesadas en participar en la posible licitación del fondo.

Sin embargo, en el Ministerio todavía no se ha definido si se hará licitación o cómo se le devolverá la administración de la Cuenta Nacional de Carne y Leche a los ganaderos.

Pero tiene que decidir pronto. El contrato por el que el Ministerio, a través de Fiduagraria, administra el fondo vence el 3 de enero y, por eso, desde ya se oye decir que el Gobierno Duque se lo quiere devolver a Fedegán.

Las señales del Gobierno a Fedegán

Dos personas que conocen de cerca lo que pasa en el sector ganadero nos contaron que hace unos días sucedió algo que se ha visto como una movida para favorecer a Fedegán.

El pasado viernes 16 de noviembre entraron a trabajar seis personas a la Subdirección Técnica de la Cuenta Nacional de Carne y Leche para tratar la problemática de los recientes brotes de aftosa. Todas vienen de Fedegán y la directriz de ponerlos vino desde el Ministerio.

A esto se suman las denuncias de algunos gremios de que el ministro Andrés Valencia estaría favoreciendo a Fedegán.

En una entrevista con El Meridiano, William Botero, vicepresidente de la junta directiva de la Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor), dijo "a nombre de este gremio expreso total rechazo a la posición asumida por el ministro Valencia, quien definitivamente ha hecho oídos sordos a todas las manifestaciones hechas por todos los que no nos sentimos representados por Fedegán”.

“Nosotros creemos que el Ministerio debe oír a todos los sectores y no solo a uno”, nos dijo Alfredo García, el presidente de la asociación ganadera que nació como contraria a Fedegán.

Consultado para esta historia, Lafaurie dijo que no sabía si les devolverían el manejo de los parafiscales (nos pidió preguntarle eso al Ministro de Agricultura, quien no contestó nuestros mensajes).

También dijo que, en todo caso, ese Fondo no debería “seguirlo manejando los que lo llevaron a la quiebra”, en referencia a la crisis de aftosa que atraviesa el país y por la cual la semana pasada hubo un debate en la Cámara de Representantes.

Lafaurie también nos dijo que no tiene ninguna investigación en contra por los supuestos malos manejos del Fondo cuando estaba en manos de Fedegán y que, de hecho, hace tres meses el exministro Iragorri tuvo que rectificar por haber afirmado en julio de 2017 que los recursos del Fondo Nacional del Ganado “antes se los robaban y ahora no”. Un asunto que sí fue rectificado por parte de Iragorri.

En unas semanas, cuando venza el contrato por el cual el Ministerio administra los recursos de los ganaderos, se sabrá si Pepe Lafaurie se quedó nuevamente con el manejo de un fondo millonario y, por ende, con más poder en su gremio. O si el Gobierno Duque que apoyó, de nuevo le hizo el feo a sus intereses.

Mientras estudiantes y el Ministerio de Educación siguen negociando en medio de un paro que lleva más de un mes de marchas masivas y constantes, para el próximo miércoles, 28 de noviembre, los universitarios junto a las centrales obreras, maestros, indígenas, campesinos e integrantes de otros movimientos sociales preparan la movilización más grande que hasta ahora vaya a enfrentar el todavía naciente gobierno de Iván Duque.

Será una suerte de bienvenida que le dará el movimiento social en pleno, como una muestra del llamado a “la resistencia” que desde distintos sectores sociales se hizo una vez ganó Duque y que está atizando el exalcalde Gustavo Petro desde su cuenta en Twitter.

Lo que está ocurriendo, sin embargo, tiene raíces más hondas que la coyuntura por la reforma tributaria, por el paro estudiantil o por los mismos llamados de Petro. En estos tres meses ha quedado al descubierto que Duque no la tendrá fácil en las calles, sea porque heredó compromisos que había adquirido Juan Manuel Santos, porque el movimiento social tiene muchas prevenciones con el regreso del uribismo, porque no ven al Presidente como a alguien que realmente respalda el proceso de paz y porque su contraparte en la segunda vuelta fue un candidato de izquierda que hace constantes llamados a marchar.

Estas son algunas lógicas bajo las cuales puede entenderse el agite del movimiento social con Duque:

Ayer Presidencia publicó la hoja de vida de Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario, para ser director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Más allá del debate que despertó por sus posiciones frente al conflicto armado, hay un detalle que ha pasado bajo el radar que tiene que ver con su experiencia profesional.

Torrijos nació en Florencia, Caquetá. Es comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tiene una maestría en estudios políticos de la Javeriana. En su hoja de vida oficial dice que tiene pendiente un doctorado en Relaciones Internacionales que se fue a hacer en 1986 a la Universidad Complutense de Madrid.

El lío es que en muchos lugares aparece que tiene ese doctorado, e incluso tuvo un contrato con el Estado por eso.

Aunque Torrijos le dijo a La Silla Vacía “yo hice el doctorado, pero no me gradué”, el año pasado la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares lo contrató por 45 millones de pesos para “prestar los servicios profesionales especializados de asesoría en el observatorio de educación superior”. Entre los requisitos que tenía ese contrato, está tener un doctorado en Relaciones Internacionales.

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La Silla Vacía le preguntó a Torrijos por ese tema, pero no nos contestó, pues dijo que debía irse.  

Curiosamente este año en su oferta para que lo contrataran en Presidencia como asesor del consejero de seguridad Rafael Guarín, no dice que tiene un doctorado, sino que tiene estudios.

Pero en varias publicaciones anteriores aparece que es doctor. Es decir, que terminó la tesis doctoral y se graduó.

Por ejemplo, en una entrevista para el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry de mayo de 2015 lo presentan así: “politólogo y periodista con especialidad en Opinión Pública, hizo su postgrado en Altos Estudios Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales, y el post doctorado en Asuntos Estratégicos, Seguridad y Defensa”.

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De nuevo, en el directorio de expertos en Colombia de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, aparece “con doctorado en Relaciones Internacionales”.

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O en la publicación de su paper ‘El terrorismo reactivado. Balance y perspectivas de la seguridad en Colombia y el área andina’, en la edición de septiembre de 2009 de la revista ‘Fuerzas Armadas de la Escuela Superior de Guerra’, aparece como “doctorado en Relaciones Internacionales”.

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Este caso es elocuente porque se trata de una revista académica, a las que investigadores envían sus artículos para que se los acepten y publiquen, incluyendo sus biografías. Eso es fundamental en sus carreras pues dan puntos en el escalafón e incluso ayuda a aumentar sus ingresos, según cada universidad.

Lo mismo pasó con un documento que publicó en 2015 para la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Heredia, en Costa Rica. Dice que “hizo su postgrado en Altos Estudios Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y el postdoctorado en Asuntos Estratégicos, Seguridad y Defensa”.

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Algo similar ocurrió en una edición de 2013 de la ‘Revista científica General José María Córdova’, de estudios militares y estratégicos, en la que el paper de coautoría de Torrijos aparece como “doctor en Relaciones Internacionales”.

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Lo mismo pasa en otro artículo que recopilaba las memorias de un seminario de la Escuela Superior de Guerra llamado ‘Evolución y Tendencias Recientes en el Estudio de las Amenazas: Hibridez, Simbiosis y Polimorfismo’, que publicó en mayo de 2017.

Ahí aparece como “analista político y Periodista con especialidad en Opinión Pública. Magíster en Estudios Políticos y Doctor en Relaciones Internacionales”.

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En las memorias del Seminario “El crimen transnacional y las redes del terrorismo internacional como factores de amenaza híbrida”, que se hizo en marzo de 2017 en Bogotá,  aparece como “Doctor Vicente Torrijos”

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En la contraportada de diciembre de 2015 de la revista Crees, del Centro Regional de Estudios Estratégicos de Seguridad,  también de la Escuela Superior de Guerra, lo presentan como “Doctor Vicente Torrijos Rivera, Ph.D.”

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Información que reitera el perfil de esa revista en Scielo, el repositorio de publicaciones académicas colombianas.

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La página web www.vicentetorrijos.com (que enlaza al inicio de su perfil en LinkedIn), decía en 2014 que “hizo” el doctorado en Relaciones Internacionales y el post doctorado en Asuntos Estratégicos, Seguridad y Defensa”, pero desde por lo menos 2016 cambió el verbo por “cursó” el doctorado en Relaciones Internacionales (y “culminó su estancia postdoctoral “).

Cuando le preguntamos por qué el cambio de “hizo” a “cursó”, nos dijo que son lo mismo. Al contra preguntarle por qué lo cambió si es lo mismo, respondió “cursar y hacer es lo mismo. Significa que se completaron todos los estudios doctorales pero no hubo grado”.

Su página oficial en la Universidad del Rosario y su perfil en LinkedIn también dicen que “cursó” doctorado.

Según la Real Academia de la Lengua, cursar significa “estudiar una materia” y efectivamente “hacer”, sí incluye entre sus varios significados, que es “cursar un estudio académico”.

Aunque dijo en todos los tonos que no lo haría, el presidente quiere relanzar su gobierno a punta de espejo retrovisor. Mientras tanto desde el Centro Democrático empiezan a abrir el paraguas.

Llega la Mesa de Centro Plegable No. 10

Dirige y presenta Carlos Cortés. 

Anoche se conoció que el exalcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro puede quedarse, por ahora, sin el único seguro que tiene para mantenerse en su curul.

Esto porque el magistrado del Consejo de Estado Oswaldo Giraldo tumbó la decisión de un magistrado del Tribunal de Cundinamarca del año pasado, que suspendió el cobro de una multa contra Petro por 217 mil millones de pesos, que le impuso la Contraloría de Bogotá por bajar el pasaje de Transmilenio cuando era alcalde.

Eso, en principio, revivirá la multa y sus efectos, entre los que estaría que Petro no pueda ocupar cargos públicos porque es un deudor moroso del Estado.

Una mala noticia que, a su vez, le puede servir a él para seguir personalizando, como ya había comenzado a hacerlo, la movilización social del próximo 28 de noviembre, que se prevé sea la más grande que enfrente Iván Duque en los tres meses largos que lleva de Presidente.

La multa (y su resurrección)

En noviembre de 2016 el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, ratificó en segunda instancia que Petro debía pagar de su bolsillo 217 mil millones de pesos. Eso porque, a juicio de la Contraloría, la ciudad suficó un detrimento patrimonial por ese monto cuando Petro, como Alcalde, decidió bajar las tarifas de Transmilenio y del Sitp en las horas valle (en las que menos gente usa el sistema).

El argumento del Contralor es que, en la práctica, Petro creó un subsidio que la ley le impide crear, y por eso le terminó generando millonarias pérdidas a la ciudad.

El exalcalde demandó esa decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en noviembre de 2017 suspendió la multa como medida cautelar mientras estudia el tema de fondo y decide si la decisión de Granados se acoge a la ley.

Esa suspensión le dio un seguro a Petro en la campaña presidencial, en medio de las dudas porque posiblemente no pudiera posesionarse en caso de que ganara.

(A cuestas Petro tenía otras dos multas, pero no estaban en firme porque el Contralor sólo las había decidido en primera instancia).

Como perdió las presidenciales, el seguro de la suspensión de la multa le sirvió para posesionarse como senador, una posición que para él es clave como plataforma para lanzarse a la Presidencia en 2022.

Por eso, que el Consejo de Estado haya tumbado ese seguro hace que Petro tenga un pie por fuera del Congreso.

Lo que dijo en su decisión el magistrado Oswaldo Giraldo, según informó anoche Caracol Radio, fue que la orden de suspender de la multa tiene un error de procedimiento porque la tomó un magistrado del Tribunal, y la debían definir todos los que integran la sala encargada de tomar la decisión de fondo.

Así que en el Tribunal deberán estudiar de nuevo la solicitud de suspensión de la multa, y mientras tanto ésta queda en firme y abre la puerta a que Petro se quede sin curul.

Ese golpe duro para él a la vez es un papayazo porque llega una semana antes de la masiva marcha que están preparando diversos movimientos sociales y de trabajadores contra Duque.

Aunque probablemente no todos se vuelquen a las calles a defender a Petro, él ha comenzado a personalizar esa movilización y volver su situación una causa más para salir a las calles.

Con eso queda claro que a pesar de que el movimiento por “la resistencia” que comenzó a forjarse cuando Duque ganó las elecciones no surgió como iniciativa de Petro, él lo quiere capitalizar.

La personalización

La movilización del 28 de noviembre nació como un acuerdo entre muchos movimientos sociales para darle una muestra de fuerza al Gobierno y reclamarle por motivos diversos: más plata para educación, la reforma tributaria (así ya no le vayan a poner IVA a toda la canasta familiar), que cumpla con compromisos que había adquirido Juan Manuel Santos y que respete el Acuerdo con las Farc, entre otros.

Sin embargo, desde antes de anoche Petro (que tiene una capacidad de convocatoria demostrada desde que era Alcalde y más ahora como líder nacional que quedó segundo en las elecciones) comenzó a personalizar esa marcha, argumentando las multas en su contra.

Eso ocurrió después de que Granados ratificó otras dos sanciones que le había impuesto por los que considera detrimentos patrimoniales derivados de la implementación de un nuevo esquema de aseo, y que suman 130 mil millones de pesos.

Ahí el exalcalde comenzó a ponerse a si mismo como una causa por la cual marchar.

Recordó que las sanciones se las impuso Granados, procesado penalmente por el escándalo de Odebrecht y cercano a Germán Vargas Lleras, lo que a su juicio hacía ver todo como una persecusión del establecimiento corrupto contra alguien que se le ha enfrentado:

La multa impagable puesta hoy por el Contralor busca quitarme los derechos políticos, de acuerdo al cambio de doctrina que hicieron 5 magistrados de la corte constitucional.

Solicito a todos los nodos de la ColombiaHumana organizar la movilizacion para el 28 de noviembre

— Gustavo Petro (@petrogustavo) 20 de noviembre de 2018

La decisión conocida anoche tiene un cariz diferente porque la tomó un magistrado del Consejo de Estado y no el Contralor de Bogotá.

Sin embargo, como en todo caso tiene el efecto de sacarlo del Congreso, Petro mantiene el discurso de la persecusión y por lo tanto sigue invitando a movilizarse en su nombre y del movimiento que él lidera:

Cuando un movimiento como la Colombia Humana retó el poder y obtuvó 8 millones de votos, no podía dedicarse a esperar en casa las elecciones próximas

Todos los poderes van a intentar destruirnos y es nuestro deber luchar e impedirlo.

Toda Colombia Humana debe salir a las calles

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2018

Y recibió respaldos bajo esa misma lógica:

Están urdiendo una sórdida estrategia administrativa para excluir de la política a @petrogustavo: se busca sacarlo del Senado, impedir su candidatura presidencial en 2022, e inhabilitarlo en forma definitiva. Invito a que expresemos nuestra solidaridad irrestricta con Petro.

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 23, 2018

En vivo por facebook live. Vamos a defender la Democracia en las calles.
Véalo acá:https://t.co/8tWs9S6P21https://t.co/FgoTRREisF

— Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) November 23, 2018

Eso plantea un reto para las movilizaciones, pues sectores afectos al Gobierno o cualquier otro observador pueden plantear reservas sobre las motivaciones de los que salgan a las calles.

En todo caso, no es claro que Petro logre que éstas giren a su alrededor porque, a pesar de que su discurso tiende a calar en el movimiento social, no todas las organizaciones le copian.

De  hecho, hay sectores que ya han cuestionado al exalcalde por aprovechar escenarios de ese tipo para visibilizarse.

Ejemplo de eso fue la división que generó su aparición en la Plaza de Bolívar en la primera marcha de universitarios, el 10 de octubre, después de lo cual, sobre todo de la organización de representantes estudiantiles Acrees, pidieron que los políticos no usaran el movimiento estudiantil como plataforma, aunque agradecían que los acompañaran.

Por otra parte, la reciente decisión de Petro de votar a favor del ingreso de Colombia a la Ocde también le generó críticas dentro de la izquierda (con la que el movimiento social tiende a identificarse), pues algunos consideran que esa organización profundiza el modelo neoliberal que tanto cuestiona el mismo Petro y por el que muchos vienen movilizándose por décadas.

Así es que la decisión del Consejo de Estado le da una oportunidad a Petro de resaltar que es una víctima del establecimiento en un momento en el que el movimiento social está agitado contra ese establecimiento. En una semana se sabrá si él se vuelve una causa visible de las movilizaciones.

El propósito central del artículo es el de analizar qué tipo de sentimientos morales serían los que deberían despertar los testimonios de las víctimas en los miembros de una comunidad política que pretende ser democrática, incluyente y respetuosa de los derechos humanos.

La Silla Académica habló con Camila de Gamboa, miembro del Grupo de Estudios Interdisciplinario sobre Paz, Conflicto y Posconflicto - JANUS de la Universidad del Rosario y con Wilson Herrera, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de esa Universidad, quienes han investigado sobre el rol del perdón y de las “disculpas políticas” que se dan a las víctimas en un contexto de justicia transicional como el colombiano.

Esas investigaciones han dado lugar entre otros a los artículos “Reflexiones sobre los riesgos del uso del perdón interpersonal en la construcción de la memoria social”, “El rol del perdón interpersonal en contextos de justicia transicional” escritos por Camila de Gamboa. También al artículo “Las Farc, el Castigo y el arrepentimiento: Comentarios a “Sobre democracia y justicia en las negociaciones de paz” de Francisco Cortés” de autoría de Wilson Herrera. Ambos son coautores, igualmente, del artículo “Representar el sufrimiento de las víctimas en conflictos violentos: alcances, obstáculos y perspectivas” y de un capítulo del libro que está por publicarse: “Cartografías del mal: los contextos violentos de nuestro tiempo”.  

De Gamboa y Herrera analizan cómo van, no sólo los principales actores del conflicto armado, sino la sociedad colombiana en general, en materia de arrepentimiento y reconocimiento de responsabilidades en la violencia, como presupuestos para que haya una verdadera reconciliación.

Ahora que se cumplen dos años de la firma del Acuerdo del Teatro Colón ¿cuál sería un análisis equilibrado de la evolución que ha tenido?

Wilson Herrera: Me parece que el Acuerdo de la Habana nos ha llevado por fin a enfrentarnos a los problemas del país. En este sentido es mejor no ser “optimistas ingenuos” de creer que la paz es una cuestión meramente de voluntades que se plasman en un acuerdo después de un diálogo racional, ni tampoco es conveniente pecar de pesimistas extremos creyendo que los colombianos somos inevitablemente violentos y no hay manera de cambiar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, lo que conlleva a quedarnos en la pasividad.

Camila de Gamboa: El balance del Acuerdo de Paz debe hacerse desde una perspectiva de largo plazo evaluando el pasado y el futuro.

Hacia el pasado es muy positivo pues el diseño integral que se logró a partir de las negociaciones de la Habana recogió las lecciones aprendidas en anteriores procesos como el de Justicia y Paz. Con esta ley se inauguró en 2005 el modelo de justicia transicional con el que los colombianos pudimos empezar a ver las atrocidades del conflicto, que antes no habíamos querido o podido ver.

Recuerdo una entrevista de Claudia Gurisatti a Carlos Castaño en la que aparecía como una celebridad. Después de que comenzaron las versiones libres de los paramilitares fue muy difícil seguir sosteniendo públicamente que se estaba de acuerdo con sus acciones pues constituía una apología al delito.

El proceso de Justicia y Paz, sin embargo, tuvo fallas y necesitó varios ajustes. Requirió de una ley de reparaciones administrativas para que el sistema judicial no fuera la única alternativa de reparación, de una ley de restitución de tierras y de una ley de víctimas.

El Acuerdo de La Habana es en ese sentido un mejor Acuerdo pues es integral y no tiene sólo un enfoque punitivo.

Hacia futuro hay también que adoptar una perspectiva de largo plazo, en el sentido que si vivimos en un país en paz a todos nos va mejor. Lo que estamos viviendo es un momento de gran peligro porque, como pasó en el siglo XX en Colombia, muchos grupos se oponen a la paz, que es una condición para la profundización de la democracia.

Así, nuevamente, hay grupos de poder, legales e ilegales, que no quieren perder su poder económico, político e, incluso, social e impiden que se logren hacer las reformas necesarias para modificar los factores que produjeron la violencia.

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L.S.A.: ¿A qué grupos se refiere?

C.deG.: A algunas organizaciones ilegales, grupos de poder y partidos políticos que no simpatizan con los Acuerdos de la Habana y no quieren que se reconozcan las responsabilidades que ellos han tenido en el conflicto. Tampoco quieren perder los privilegios que ganaron de facto o a través de vías legales o ilegales. Me parece que las razones que ellos aducen para estar en desacuerdo en público muchas veces son retóricas y que detrás está es la defensa de sus intereses particulares.

L.S.A.: ¿En qué estamos más crudos en la transición hacia una sociedad más pacífica?

Wilson: No hemos adoptado un ethos de una democracia que consiste, por un lado, en que cuando uno pierde, uno no trata de violar las reglas para ganar por otro lado. Y que los que ganan no avasallan a los que pierden, de hecho, la misión de los ganadores es protegerlos.

Por otro lado, no hemos aprendido a lo largo de los procesos de paz a escuchar a las víctimas sino más bien a instrumentalizarlas. Las víctimas con razón tienen resentimiento y no se puede caer en el perdón fácil ni tampoco en revictimizarlas. Los testimonios que se han dado en la JEP han mostrado que no era tan importante el castigo como que los victimarios se enfrentaran a los reclamos de las víctimas, al daño moral que le han causado a ellos y a la sociedad civil.

L.S.A.: ¿Sobre el ethos democrático no puedo dejar de preguntarle si el Acuerdo no está en sí mismo viciado cuando no se aceptó que ganó el No y se terminó acomodando las reglas como usted dice “para ganar por otro lado”?

W.H.: Justamente cuando me refiero al ethos de la democracia me refiero a que el que pierde no es excluido, no es silenciado. Lo que pasaba con la opción del No es que implicaba dejar por fuera del juego democrático a los ex guerrilleros y hacer caso omiso de los reclamos de las víctimas, y esta exclusión tiene que ver con que en algunos casos quienes han estado en el poder no han sabido perder y prefieren continuar en la guerra que asumir las consecuencias de lo que implica la paz.

C.deG.: Adicionalmente, el ethos democrático tiene una condición y es que haya juego limpio y en la campaña por el No al plebiscito se difundieron muchas mentiras acerca de los contenidos  del Acuerdo.

L.S.A.: Sobre no caer en el perdón fácil. En el capítulo del libro “Cartografías del mal” ustedes distinguen entre disculpas políticas en contextos de justicia transicional y el perdón interpersonal ¿Cuáles son las diferencias?

C.deG.: En el contexto de justicia transicional se habla todo el tiempo de perdón y se pone muchas veces como una condición necesaria para la paz.

En otras palabras, es responsabilidad de las víctimas perdonar a sus victimarios para que los colombianos nos reconciliemos y alcancemos la paz.

El perdón interpersonal está por fuera del derecho. Es un acto privado, íntimo, que se da entre una víctima y su victimario y pasa por un proceso de transformación mutuo.

La víctima tiene que sentir que el victimario se ha transformado y se arrepiente por lo hecho. La víctima debe observar que el victimario ha modificado su conducta y que sus actos son ahora diferentes.

En contraste con esta visión del perdón, en la Ley de Justicia y Paz se condicionó al perdón de las víctimas el acceso a beneficios penales y muchos paramilitares pidieron perdón para obtener dichos beneficios. En los Acuerdos de La Habana subyace algo de eso también.

Hay un documental maravilloso que se llama “Que los perdone Dios” y muestra cuando el Iguano le pide ‘perdón’ a las víctimas y es tan claro que no tiene un genuino arrepentimiento que una de las víctimas en una entrevista después dice ‘que lo perdone Dios’.

En el contexto de justicia transicional se habla todo el tiempo de perdón y se pone muchas veces como una condición necesaria para la paz. En otras palabras, es responsabilidad de las víctimas perdonar a sus victimarios para que los colombianos nos reconciliemos y alcancemos la paz.

Camila de Gamboa

L.S.A.: Y ¿Las disculpas políticas?

C.deG.: En el Acuerdo de víctimas se habla de reconocimientos tempranos de responsabilidad. Estas son formas de  disculpas políticas. Se dan en nombre y representación de una institución o un grupo, por los daños que estos cometieron en el pasado.

Puede ocurrir que quien ofrece las disculpas no sea quien realizó el daño. En Argentina, por ejemplo, sólo hasta el gobierno de Kirchner, el Estado pidió disculpas a las Madres de la Plaza de Mayo. También ocurrió cuando Ernesto Samper pidió disculpas en nombre del Estado por la Masacre de Trujillo y Santos por el genocidio de la UP, por citar algunos casos.

L.S.A.: Ustedes llaman la atención en su capítulo sobre el abuso que a veces se comete con las disculpas ¿a qué se refieren?

C.deG.: En las disculpas políticas son muy importantes las formas y las palabras. La forma en que se dan debe ser concertada con las víctimas, pues dado que se dan en un espacio público, el discurso determina cómo quedan las víctimas representadas ante la opinión y cuál es la narrativa que se impone en la sociedad sobre lo ocurrido.

W.H.: Hay que evitar al máximo que las disculpas políticas estén sujetas al juego político. Tanto éstas como el perdón interpersonal deben permitirle a la víctima y al victimario no quedarse en esa condición. No se trata de convertirse en amigos, sino de reconocer al victimario como miembro de la comunidad de nuevo, que si la víctima se encuentra con el victimario no salga corriendo, porque sabe que no es la misma persona; ello se da cuando el ofensor reconoce sinceramente la ofensa y en casos de graves violaciones cumpla voluntariamente con las medidas que se le imponen.

Como dice Camila, las formas son muy importantes aquí. Hay que escoger bien las palabras. Comúnmente usamos la expresión ‘con todo respeto’ para decir algo y realmente su función es el de crear una zona de distensión para luego atacar.

L.S.A.: En uno de los capítulos de ‘Cartografías del Mal’ muestran cómo quienes participaron en el conflicto armado construyeron diferentes identidades que les permitieron “transitar entre el bien y el mal y esconder sus acciones” y es a menudo una víctima quien los ha roto ¿Ustedes creen que eso puede pasar con las audiencias que están teniendo lugar ante la JEP y la Comisión de la Verdad?

C.deG.: El Acuerdo de La Habana, a diferencia de la Ley de Justicia y Paz, pone a las víctimas en el centro y eso demuestra la importancia de los diseños institucionales. Por eso en la JEP estamos oyendo primero sus testimonios, y esperamos que lo mismo ocurra en la CEV. La JEP tiene un componente restaurativo para enfrentar al victimario al daño que causó a las víctimas y a la sociedad y con ello lograr que repiense lo que hizo a partir de unos elementos de juicio diferentes y que desarrolle empatía con su víctima.

Una cosa es reconocer responsabilidad a las víctimas en abstracto y otra, tener las víctimas enfrente escuchando los daños que ellas sufrieron. Cuando este reconocimiento ocurre en un juicio, el poder simbólico que tiene es muy grande.  

Un momento de quiebre en la Habana para los miembros de las FARC fue la llegada de las víctimas. Ellos no pudieron ante las víctimas negar lo que habían hecho y es muy diciente cómo al inicio de las negociaciones las FARC no reconocían el Estado de Derecho, y luego terminaron firmando un acuerdo de paz que habla en clave de derechos humanos, algo extraordinario.

L.S.A.: Ya empezaron a oírse los testimonios desgarradores de los ex secuestrados de las Farc en la JEP. En el texto habla del “genuino arrepentimiento de las Farc”¿qué tan genuino cree que ha sido hasta ahora?

W.H.: Una parte central de este proceso es que los actores del conflicto logren pasar de la perspectiva de la sanción penal, a la de la culpa moral.

Hegel tenía una idea interesante del castigo penal como un derecho del victimario para volver a integrarse a la sociedad pues implica aceptarla, reconocer que violó unas normas y sentirse mal por ello. Eso lo lleva a pedir incluso el castigo como algo merecido y no como una imposición. Lo que le da el derecho legítimo posteriormente a esas personas a volver a la sociedad a la que lesionaron.

El peligro con la justicia transicional es que haciendo un cálculo racional las personas finjan sentirse culpables moralmente para que no los castiguen penalmente. Se necesita es un cambio en los corazones y esa transformación es la finalidad de la justicia restaurativa.

Tanto la ex guerrilla de las Farc como el Estado con sus Fuerzas Armadas tienen que reconocer su culpa.  

En este momento lo que más me preocupa son estas últimas y la narrativa de que lo que pasó fue obra de unos cuantos y no de una cultura que hizo que muchos de los soldados y oficiales cometieran acciones ilegales. A esa institución le falta decir: ‘yo soy culpable’. Tienen un espíritu de cuerpo que les impide ver que en su interior también hay víctimas y victimarios.

L.S.A.: ¿Usted cree que aunque falta de todos lados, la ex guerrilla ha avanzado más en el arrepentimiento que el Estado?

W.H.: No diría que unos están mejor que otros. Hay un hecho diciente que muestra que a la Farc todavía le falta mucho en materia de arrepentimiento y es haber puesto en sus listas al Congreso personas de la cúpula, que no creyeron necesario, antes de participar en política y como gesto para ganarse la confianza de los electores, confrontarse con el daño moral que causaron a las víctimas y a la sociedad en general a través de la JEP.

Recuerdo que las listas del M19 a la Asamblea Nacional Constituyente fueron conformadas con gente muy diversa y no sólo con sus principales cabecillas.

Me parece que en las Fuerzas Militares también prevalece la idea de que ellos fueron los buenos del paseo y hay un esfuerzo por reconstruir una memoria heroica, de sus gestas.

Les daría mucha más legitimidad reconocer que también hicieron cosas terribles, pedirles perdón a las madres de Soacha, por ejemplo.

C.deG.: Hoy todavía la gente tiene presente el ‘quizá, quizá, quizá’ de Jesús Santrich cuando le preguntaron en la Habana si las Farc pediría disculpas a las víctimas.

Si las Farc hubieran reconocido tempranamente que no cometieron simplemente “errores” sino que muchas veces fueron decisiones intencionales que causaron daño no habrían tenido tanto rechazo de los colombianos posiblemente, porque habría servido para desbaratar la imagen de villanos soberbios que muchas personas tienen de ellos.

El mismo rechazo produjo Ernesto Báez, ex jefe paramilitar, cuando dijo en el Congreso que no estaba dispuesto a pagar ni un día de cárcel y que en todo caso esperaba que lo perdonaran. Las formas son profundamente importantes.

 

 

Es paradójico que muchas personas en Colombia crean que el conflicto armado no tiene que ver con ellos

Camila de Gamboa

L.S.A.:¿En el artículo de Wilson se señala que no fueron sólo las Farc, sino las élites y los ciudadanos en general quienes promovieron el conflicto ya fuera por acción o por indiferencia. ¿Por qué es importante la responsabilidad colectiva?

C.deG.: Se puede asumir una transición como un proceso lejano, que concierne sólo a unos victimarios, a unas víctimas, que están  en unas regiones apartadas y así fácilmente los no concernidos pueden continuar con su vida privada. Los medios de comunicación son responsables de alimentar muchos de esos imaginarios.

Para nosotros es fundamental la responsabilidad política que cada uno tiene como ciudadano o ciudadana de una democracia y que implica asumir que esa transición tiene que ver con nosotros, no podemos ser indiferentes.

El trabajo que va a hacer la Comisión de la Verdad en ese sentido es muy importante, pero no va a trascender si no se traslada al sistema educativo la explicación de las causas de la violencia en Colombia. Los colombianos tenemos que conocer nuestra historia desde que somos niños, como parte de la enseñanza de las primeras letras. Y es importante que esa historia abarque su complejidad, que no sea una visión simplista de la realidad, en blanco y negro, distinguiendo buenos y malos, sino una historia crítica y responsabilizante.

Es paradójico que muchas personas en Colombia crean que el conflicto armado no tiene que ver con ellos, pero a su vez se sienten con autoridad para exigir que a los victimarios se les imponga el máximo castigo posible.

L.S.A.: ¿Decir que todos somos responsables no conlleva a qué los victimarios se descarguen de su responsabilidad?

W.H.: No todo el mundo tiene el mismo tipo de responsabilidad. Están los actores que cometieron atrocidades, por ejemplo, otros tenemos otro tipo de responsabilidad, el conflicto armado pasó ante nosotros y no hicimos nada.

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Las personas han construido una especie de orgullo moral a partir del cual creen que de estar bajo las mismas circunstancias habrían actuado diferente a los exguerrilleros aún cuando no hubiera sido así.

De la misma forma creen que todas las víctimas son inocentes, y tampoco eso es cierto. Muchas se encontraban en situaciones complejas, estaban indefensas y tuvieron que auxiliar a uno u otro grupo ilegal, por ejemplo.

Cuando alguien dice que una persona debe sufrir en carne propia pues en el pasado hizo algo que no se considera correcto, está justificando el uso de la violencia. Hay que combatir ese tipo de mecanismos de desconexión moral, que llevan a justificarla.

En una sociedad a cada uno le corresponde asumir parte de la culpa de lo que sucedió. Es difícil avanzar si cada uno piensa que hacia atrás y hacia el futuro lo que pase en su sociedad no depende de él, justamente esa indiferencia, esa invisibilización, también contribuyó al conflicto armado.

 

 

 

Es difícil avanzar si cada uno piensa que hacia atrás y hacia el futuro lo que pase en su sociedad no depende de él

Wilson Herrea

L.S.A.: Ustedes sostienen que todos los colombianos tenemos el compromiso político de que el proceso de paz sea exitoso. ¿Qué puede hacer un ciudadano del común?

J.P.: Hay una autora Iris Marion Young, que en su libro “Responsibility for justice”, plantea que la justicia no depende solo del sistema judicial ni de la visión tradicional de la justicia que es mirar un daño que se causó en el pasado para restaurarlo en el presente, sino que si existen situaciones estructurales, y cambiarlas compromete a toda la sociedad.

Hay unas cuestiones estructurales que conciernen a todos, eso no significa que yo sea culpable pero si yo sé que hay un grupo social que está sufriendo una injusticia, está muy mal de mi parte, o de otros grupos sociales, ser indiferente, porque ellos también son miembros de mi sociedad.

Por eso lo que todos tenemos que exigir como ciudadanos es la implementación de todos los puntos del Acuerdo, de forma que podamos atacar las injusticias estructurales y crear una sociedad más equitativa y con oportunidades para todos.

L.S.A.: ¿Hay algún rasgo de la idiosincrasia de los colombianos que, no sólo en el contexto del conflicto armado, sino en la vida cotidiana, les dificulta reconocer la responsabilidad?

W.H.: Los colombianos estamos jugando todo el tiempo de forma estratégica.

C.deG.: Además no somos autocríticos, no nos gusta que nos digan la verdad y tenemos a su vez una forma ladina, de decir las cosas. Nos molestan las personas disruptivas, que hablan fuerte.

Necesitamos ciudadanos ejemplares que vayan a la JEP y a la Comisión a contar lo sucedido.

Entiendo que esto es difícil pues nos hace profundamente vulnerables frente al otro y además puede tener efectos negativos jurídicos y políticos. Pero justamente el modelo de justicia transicional fue pensado para que todos los actores reconocieran su responsabilidad con penas muy bajas frente a las de la justicia ordinaria.

Lo que estamos viendo es que se está cerrando el espectro para dejar de únicos responsables a las Farc.

 

Se está cerrando el espectro para dejar de únicos responsables a las Farc.

Camila de Gamboa

L.S.A.: Además de los efectos legales y políticos, será que así como nos cuesta reconocer la culpa, cuando alguien la reconoce ¿también lo juzgamos severamente?

W.H.: Es problemático que una sociedad construya una imagen negativa de las personas que cuentan sus historias. Pensar bien del otro no se impone por ley sino que es una tarea educativa muy compleja.

C.deG.: El caso de Claudia Morales demuestra esto. Cuando denunció su violación, la sociedad en vez de acompañarla y aceptar la decisión que tomó de reservarse el nombre del violador, se dedicó a poner en duda la verdad de los hechos, a hacer estadísticas de cuál jefe podía tener más probabilidades de haber sido el ofensor y a llegar a sus propias conclusiones.

Como no hay canales suficientes para tramitar el resentimiento, la rabia, estos sentimientos afloran de una manera descontrolada.

L.S.A.: ¿Qué es crucial para no fracasar en el intento de la paz?

C.deG.: Para hacer una transición democrática tenemos que implementar todos los puntos del Acuerdo de manera completa y sostenerlo durante mucho tiempo. La Corte Constitucional habló mínimo de 12 años. Tiene que ser la apuesta de muchos gobiernos. Se trata de un círculo virtuoso.

Si se adopta la Reforma Rural Integral, se culmina el proceso de restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, se hacen las reformas para mejorar la representación política, lograríamos una sociedad más equitativa y democrática.

Hay que tener en cuenta en todo caso que los procesos transicionales son muy dinámicos. Tiene momentos de expansión donde hay el ambiente propicio para hacer grandes reformas y, en otros momentos se cierran las posibilidades y se imponen visiones más retardatarias. Eso ha pasado en otros países.

W.H.: El mayor riesgo es que no se hagan los cambios estructurales que la sociedad colombiana necesita para tener un sistema democrático incluyente y uno económico equitativo, que conlleve a que muchos miembros de la Farc vuelvan a tomar las armas de forma que se fortalezcan los grupos ilegales que ya hay y que tienen menos razones para acogerse a un proceso de paz.

En Colombia ha sido recurrente el ciclo de violencia - negociación - violencia.

Yo tengo la tesis de que es importante que los ciudadanos tengan un cierto deber de esperanza, que uno debe procurar ver los signos de que las cosas pueden mejorar y en eso los medios de comunicación tienen una labor importante.  

Las marchas estudiantiles de estos días tienen ese componente. Más allá de los errores que cometen es esperanzador que estén luchando para que todos tengan acceso a la educación y que no estén concentrados únicamente en sus intereses individuales.

 

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