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En sus primeros 100 días como presidente, Iván Duque ratificó lo que se veía venir desde que arrancó el empalme: es un gobierno en el que los empresarios y gremios están recargados y que tiene un especial énfasis en el regreso a la mano dura.

Eso se nota luego de revisar todos los eventos públicos a los que ha ido desde su posesión el 7 de agosto.

De los 169 eventos públicos que ha registrado en su Twitter, 33 (casi el 20 por ciento) han sido con gremios y empresarios en congresos, foros y conferencias. De hecho, hoy estará inaugurando la Cumbre de Petróleo y Gas en Bogotá, un evento que reúne a cinco gremios del sector de hidrocarburos.

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A la Fuerza Pública también le dedicó mucho tiempo, pues fue a 31 eventos con miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada o la Policía.

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En contraste, en su agenda pública solo hay seis eventos exclusivos con organizaciones sociales como representantes de organizaciones indígenas u organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de Colombia.

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Lo mismo pasa con políticos, pues solo ha tenido tres eventos exclusivos con ellos, lo que refuerza su mensaje de cero mermelada: una reunión con la bancada del Centro Democrático para revisar la agenda legislativa del Gobierno; la famosa reunión de todas las bancadas, incluido Rodrigo Londoño de la Farc, para hablar sobre la consulta anticorrupción; y la mesa técnica que se hizo después con representantes de todos los partidos también sobre anticorrupción.

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Aunque en redes le han cobrado cuando salió a cantar con Carlos Vives o la visita de Maluma a Palacio mientras en el Congreso estaba discutiendo la reforma a la justicia y en medios el tema era el IVA a la canasta familiar, en los cien días no se ha reunido tanto como parecería con deportistas o artistas.

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Además, pese a que una de las grandes apuestas del gobierno son los talleres ‘Construyendo País’ a los que Duque va cada sábado en distintos municipios (van 15, incluyendo uno en Queens, Nueva York), la mayoría de los 169 eventos han sido en la capital. De los 100 días, 15 ha estado por fuera del país.

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Estas son las regiones que ha visitado.

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Aquí está la base de datos con toda la información.

En Mosquera, municipio vecino de Bogotá, se abre paso un nuevo proceso para tumbar el Plan de Ordenamiento Territorial, como ha ocurrido en otros municipios de la Sabana de Bogotá; pero a diferencia de Chía, Cajicá, Madrid y Facatativá, donde los opositores a esos planes los han demandado, allí quieren hacerlo mediante una consulta popular para la que ya recogieron el mínimo de 7 mil firmas que tienen que presentarle a la Registraduría.

Es un mecanismo inédito para tumbar un POT, mucho más político que una demanda, y por eso mismo es más vistosa una movida que tiene que ver con las elecciones locales del año entrante: los cuestionamientos a ese Plan recaen, a su vez, sobre el Alcalde de Mosquera que lo impulsó y firmó en 2013, Nicolás García, hoy precandidato a la Gobernación de la entraña del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Las críticas

La idea de tumbar el POT de Mosquera la lideran la Veeduría Transparencia por Mosquera y el colectivo Mosquera Territorio Sostenible, que nacieron el año pasado.

Éste último, como contamos en La Silla Cachaca, hace parte de la ola de colectivos que nacieron en Chía, Cajicá, Tabio y Cota con la idea de tumbar o modificar esos planes porque consideran que afectarían el medio ambiente de sus municipios, o porque consideran que hubo irregularidades y hasta corrupción.

El principal argumento de los promotores es que Mosquera no tiene cómo soportar la expansión prevista en el POT, ya sea porque no hay suficiente agua para garantizar la llegada masiva de viviendas o porque sus vías no están en capacidad de albergar el crecimiento del municipio.

Lo del agua es central porque el 80 por ciento del agua que consume Mosquera se la compra al Acueducto de Bogotá (en lo que comunmente se llama venta de agua en bloque), y en el municipios hay cortes constantemente.

A finales de 2016, cuando apenas comenzaban a explorar la posibilidad de tumbar el POT, los promotores le pidieron al Acueducto que les dijera si en un futuro le podía vender mucha más agua a Mosquera, ya que eso es necesario para expandir el municipio tal y como lo prevé el POT.

La respuesta fue que la infraestructura ya estaba copada dado que el tubo de transporte de agua no es lo suficientemente amplio como para surtir más agua. Ese es un argumento de la Veeduría y el Colectivo para vender su idea de que es imposible que el municipio se expanda como lo propone el POT.

Así se fueron llenando de argumentos, además porque consideran que el POT lo que hace es favorecer a las constructoras a costa del crecimiento desordenado del municipio.

Por eso, tras una consulta al Consejo Nacional Electoral, decidieron hacer un referendo. De acuerdo con Carlos Sabogal, vocero del comité promotor, una demanda “es muy complicada y se demora unos cinco años. Además, queremos involucrar a la gente”.

Sabogal fue candidato a la Alcaldía de Mosquera en 2015, y se quemó con 1.250 votos. Él dice que que no tienen un objetivo político y que ningún político apadrina la iniciativa, pero es inevitable que las consecuencias de este proceso toquen intereses de ese tipo.

La movida política

Salir a buscar firmas les ha dado visibilidad en un municipio donde los líos por los cambios en los usos del suelo y en los POT son sensibles porque han sido de resonancia nacional. Sobre todo por cuenta del exalcalde Álvaro Rozo, que al parecer benefició a Jerónimo y Tomás Uribe, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, con el cambio del suelo en unos terrenos del municipio. Rozo fue imputado por la Fiscalía recientemente por otro enredo en Apulo.

El exalcalde Álvaro Rincón también fue imputado por volteo de tierras porque, según la investigación de la Fiscalía, multiplicó por cuatro el valor a un predio de su esposa en un cambio que le hizo al POT.

El Tiempo contó que el día de 2009 en que la Alcaldía autorizó ese cambio, Rincón estaba fuera del cargo y el Alcalde encargado era Nicolás García, que posteriormente fue el alcalde que firmó el POT de 2013 que quieren tumbar los promotores del referendo, y hoy es el precandidato a la Gobernación más cercano al gobernador Jorge Rey.

García no tiene investigaciones por ese caso, pero la sola idea de tumbar el POT que él firmó le termina generando ruido a su candidatura.

Él es, como ha contado La Silla Cachaca, un alfil del Gobernador, pues éste lo nombró Jefe de Gabinete para ser un puente entre Rey y sus secretarios, y a finales del año pasado renunció para gerenciar la campaña de Germán Vargas Lleras en Cundinamarca, también como una apuesta de Rey por esa candidatura.

Terminadas las elecciones, García, que milita en el Partido de la U, comenzó a trabajar en su campaña para la Gobernación en 2019, el año en el que también se haría el referendo que están impulsando los opositores al POT que él firmó.

Él considera que aunque lo que están haciendo “es legítimo, a la gente la están malinformando”, le dijo a La Silla Cachaca.

“Los estudios para hacer ese POT no los hizo la Alcaldía, sino la Universidad Nacional”, agregó. “Ellos (los promotores) le han dicho a la gente que son hasta 500 hectáreas de expansión, cuando en el POT se habla de 370 y, de esas, yo sólo habilité 60. El resto se incluyeron porque vienen de planes de ordenamiento anteriores”.

En medio de ese rifirrafe ha avanzado la recolección de firmas, que en sí misma es un hecho político porque el fin de semana pasado, le dijo Sabogal a La Silla Cachaca, alcanzaron 8 mil, y la idea es llegar a 12 mil para presentarse de aquí a enero ante la Registraduría.

Los promotores tienen el reto de que les validen al menos las 7 mil que son necesarias, y luego de que su apuesta por el referendo, que por ser nueva para estos casos no deja de ser un paso sobre un terreno cenagoso que alguien podría intentar hundir acudiendo a la justicia.

“Si esto no funciona, pues acudimos a las vías legales”, nos dijo Sabogal. Eso sería, en todo caso, el año entrante, en medio de la campaña por la Alcaldía de Mosquera y la Gobernación de Cundinamarca.

Foto tomada de la cuenta de Twitter @IvanDuque

Hoy Iván Duque cumple 100 días en la Presidencia y presenta formalmente las bases de su proyecto de Plan de Desarrollo al Conpes, con lo que el norte de su Gobierno debería estar claro. Pero no lo está.

Hacer esa pregunta hoy no es gratuito. Por un lado, desde el empalme de Duque los equipos hicieron énfasis en llegar a esta fecha con logros concretos.

Por otro, en los primeros 100 días los presidentes anteriores ya habían marcado el derrotero de sus administraciones y ya estaban los elementos que serían la principal marca de sus gobiernos.

• César Gaviria ya había convocado la elección de la Constituyente, había hablado del ‘revolcón’ y había dicho la frase insignia de su ánimo reformista (“Colombianos, bienvenidos al futuro”).

• Ernesto Samper ya tenía encima el escándalo de los narcocasettes que se convirtió en el proceso 8 mil y marcó su gobierno, y había presentado su propuesta del ‘salto social’.

• Andrés Pastrana ya había despejado los municipios que liberó para su fallido diálogo con las Farc.

• Álvaro Uribe ya había innovado la forma de gobernar con sus consejos comunitarios y había lanzado varios puntos clave de su seguridad democrática como las zonas de rehabilitación, las redes de cooperantes y los soldados campesinos.

Incluso Juan Manuel Santos, quien sufrió los efectos de no tener una bandera clara ni un discurso consistente -pasó por la prosperidad democrática, las locomotoras y el país justo, moderno y seguro, por ejemplo-, había dado pruebas claras de su ruptura con Uribe al nombrar como ministros a antiuribistas como Germán Vargas, Rafael Pardo y Juan Camilo Restrepo, y ya había dicho en su discurso de posesión“La puerta del diálogo no está cerrada con llave“, con lo que había marcado el camino de su principal legado político.

Hasta ahora Duque no ha mostrado nada similar.

“A este Gobierno le falta un relato que explique de qué se trata”

Político uribista cercano a Duque

“A este Gobierno le falta un relato que explique de qué se trata”, le resumió la situación a La Silla un político uribista cercano a Duque bajo la condición de no revelar su nombre para no chocar con el Presidente.

Aunque Duque está empezando a mostrar una bandera.

La equidad todavía no encaja

En su reciente entrevista a la Revista Semana, Duque dijo que su bandera es la equidad.

Eso encaja con el nombre de su Plan de Desarrollo, “Un pacto por Colombia, un pacto por la equidad”, y en que el más grande de sus tres “pactos” o ejes es el de la equidad. Como explicó Duque en su presentación del Plan, el 47 por ciento de la inversión propuesta iría para él, y el resto para los pactos de legalidad y emprendimiento.

Sin embargo, la bandera todavía no está clara ni siquiera en sus discursos, en los que compite con otros conceptos fuertes como legalidad o la idea de misma de pactar.

Por ejemplo, el discurso de presentación del Plan, Duque usó 9 veces la palabra equidad (tres de ellas en “Pacto por la Equidad”) contra 30 veces la palabra desarrollo (la mitad de ellas en “Plan de Desarrollo”), 15 de pacto (7 de ellas por el nombre del Plan), 8 veces inversión, 8 veces informalidad y 7 veces legalidad o cultura.

Algo similar pasa en sus intervenciones más recientes, como la de los 90 días de Gobierno cuando habló 9 veces de regiones, 9 de equidad y 7 de legalidad; en sus palabras tras reunirse con el Consejo Gremial la semana pasada, cuando dijo 4 veces equidad contra 6 veces empleo; o en su más reciente Taller Construyendo País, en Leticia, cuando dijo “Hablar de equidad es mi mayor motivación” y mencionó 6 veces la palabra, las mismas que mencionó la inversión, y solo dos más que empleo.

Y hay casos más claros: solo ayer después de presentar el Plan, Duque habló en la Primera Cumbre de Petróleo y Gas, y no mencionó siquiera la palabra equidad; tampoco lo hizo en su última intervención del día, al posesionar a cuatro embajadores.

Encima, la bandera de la equidad no suena particularmente uribista.

De hecho, un discurso que se centre en la idea de equidad se aleja del usual uribista, que tiene su centro más en la seguridad, es menos económico, más adversarial y menos conciliador.

Además, Duque ha dicho que entiende la equidad como la igualdad de oportunidades económicas, algo que se asemeja a la idea de igualdad, que suele ser más propia de la izquierda que de la derecha.

Quizás por eso el escrito de Álvaro Uribe para defender sus 100 días de Gobierno no refleja esa prioridad: solo usa la palabra equidad dos veces, en puntos no centrales, con lo que la defensa del principal apoyo político del Presidente no le ayuda a crear ese relato.

Un relato que arranca débil porque tampoco es claro que se concrete en las acciones y propuestas que hasta ahora ha tomado Duque.

Una idea todavía difusa

En estos 100 días, el Gobierno ha planteado un puñado de propuestas que no es fácil unificar como propuestas de equidad.

La economía naranja, bandera propia desde que era Senador, no ha aterrizado ni ha emocionado. De hecho, es un tema de segundo orden en su propio Plan de Desarrollo, por lo que dista de ser el eje de su relato.

Ya como presidente su primera gran apuesta fue la reforma política que presentó a pocos días de la posesión, buscaba más modernizar la política que mejorar la equidad.

Con eso dejó un primer mensaje, uno de distancia con la política tradicional que ha reforzado al no dar puestos a cambios de votos y reiterar su convicción en esa forma de relacionarse con el Congreso, que no dejó la idea de que su relato fuera la equidad.

Luego empezó a hablar de la importancia de lograr acuerdos, algo que ha aterrizado en la idea de lograr pactos. Pero como conciliar es un medio y no un fin que demuestre una visión de país, tampoco había una bandera clara, y llegar a acuerdos no implica mayor o menor equidad.

La lucha contra la corrupción a la que se subió al apoyar la consulta e impulsar el primer pacto, tampoco se relaciona directamente con lograr mayor equidad.

Tampoco es fácil encajar en la idea de equidad otras propuestas del Gobierno, como la desfalleciente reforma a la justicia, del decreto para prohibir la dosis personal o la propuesta de reforma del sector de las TIC.

Las excepciones son Generación E, la política de educación superior que habla explícitamente de equidad como uno de sus tres pilares, pero que tiene el problema del malestar estudiantil expresado en el paro; y la política de vivienda digna, que tiene el problema de que es menos impactante que las 100 mil viviendas gratis de Santos y Germán Vargas.

Sobre todo, es difícil darle fuerza a esa idea con una reforma tributaria que proponer ponerle IVA a más productos de la canasta familiar, más cuando el Gobierno la presentó sin antes darle cuerpo y fuerza a esa bandera.

A pesar de eso Duque ha dicho, desde su presentación ante directores de medios, que la reforma busca mayor equidad.

Para defenderlo recuerda que propone reducir del 19 al 17 por ciento el IVA a la mitad de los productos de la canasta que ya lo pagan y un subsidio para compensar el golpe del IVA las familias más pobres, pero el golpe de cobrar más IVA o de solo darle subsidio al 30 por ciento más pobre, o el de a la vez disminuir la renta a las empresas hacen más difícil vender la equidad como bandera.

Además, el Gobierno no se ha montado en la propuesta de varios uribistas -incluyendo a Álvaro Uribe- de crear una prima para el próximo año a los empleados que ganen hasta 3 salarios mínimo para compensar el golpe del IVA, que podría darle fuerza a la idea de la equidad.

Por eso el Plan de Desarrollo es la gran apuesta para concretar la bandera, como lo muestra incluso su nombre. Por ahora no es claro que lo logre: al revisar los titulares ayer tras la noticia, ningún medio grande mencionó la equidad.

Al final, la idea nada que encaja.

“El Gobierno no tiene mensaje, tiene muchas ideas muy interesantes pero ¿cuál es el mensaje con el que va a pasar a la historia? En Planeación pueden ayudar a que priorice”, dijo Cecilia López Montaño, ex directora de Planeación, en la presentación de las bases del Plan ayer.

Sin bandera, más difícil conseguir la fuerza

El problema de la falta de tener un relato que unifique un Gobierno es particularmente grave para un Presidente sin claros sostenes políticos, más allá del respaldo del ex presidente Uribe.

Duque, a diferencia de sus antecesores, llegó a la Presidencia sin grandes factores de poder.

No tiene la popularidad que llevó a Uribe a la presidencia, ni el apoyo de los grandes medios y las relaciones personales de Santos. Tampoco tiene el partido mayoritario como Gaviria o Samper, o el rechazo al antecesor que impulsó a Pastrana.

Ganó gracias a la suma del uribismo y el antipetrismo, más que por una ola duquista como tal, y por eso ha sido costosa su distancia con por lo menos parte del uribismo.

Con algunos, como la senadora María Fernanda Cabal y otras voces de derecha dura, la distancia es tan evidente que ayer Luigi Echeverri, una de las personas más cercanas a Duque, lanzó una diatriba en su defensa en la que no solo critica a la oposición de izquierda sino a “antagónicos dinosaurios maldosos, como son algunos mediocres derechistas”

Con otros sectores la distancia es menos visible y ha establecido buenas relaciones pues el Gobierno sí les ha dado puestos, como hemos revelado en varias historias.

Sin embargo, la brecha se nota en que ningún congresista del Centro Democrático salió a defender la tributaria, y en la bancada salieron propuestas diferentes a las de Duque de las reformas política y de justicia.

Eso muestra que Duque no tiene lo que en Colombia se ha entendido como un partido o una coalición de Gobierno, que apoyan al Presidente en las buenas y en las malas.

Además, decidió no usar la burocracia para asegurar apoyos como hicieron sus antecesores, aunque su Alto Consejero para la Política, Jaime Amín, prometió a algunas bancadas darles o mantener los puestos regionales intermedios.

Si no cumple, y el discurso antimermelada de Duque se sostiene, eso puede cambiar la política para bien, pero también puede dejar al Gobierno todavía más débil en el Congreso, algo que perjudica su capacidad de sacar adelante su reformas, empezando por la tributaria

Sin esos respaldos, Duque tiene más necesidad de tener una narrativa que le dé sentido a su Gobierno para tener un chance de poner de su lado a la opinión pública, algo que según las encuestas no ha ocurrido.

En ese panorama, es particularmente costosa la falta de un relato o una bandera que unifique el discurso del Gobierno, le de sentido y coherencia a sus decisiones y le de un significado entre la gente.

Un mes después de iniciado el paro estudiantil en 26 de las 32 universidades públicas del país, los estudiantes vuelven hoy a las calles de las principales ciudades, como lo vienen haciendo cada semana, a insistirle al gobierno de Iván Duque que se siente con ellos para definir cómo tapar el déficit histórico de esas instituciones, que calculan en 15 billones de pesos.

Lo harán una semana después de que se pararon de una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación porque la respuesta a sus peticiones fue que no había más plata, y de que en las calles se vivió una jornada de protestas que, a pesar de que fueron en su mayoría pacíficas, involucraron ataques del Esmad y de grupos de encapuchados que se llevaron la atención de los medios y tensionaron aún más la relación entre el Gobierno y los estudiantes y profesores.

Hoy vuelve a haber sobre la mesa mensajes de lado y lado pidiendo diálogo, con la dificultad de que Duque considera que ya cedió todo lo posible e insiste en que no hay más plata, y con la posibilidad de que en las calles tanto el Estado como los estudiantes puedan radicalizarse.

Los rectores le dieron un as a Duque

Las protestas para exigirle al Gobierno que atienda la desfinanciación de la educación superior comenzaron el 10 de octubre. Aunque el liderazgo lo asumieron los estudiantes (agrupados en su mayoría en las organizaciones Acrees y Unees), los rectores, que venían haciendo activismo frente al Gobierno y el Congreso, hicieron eco de sus exigencias.

Sin embargo, fueron los rectores los que llegaron primero, y por separado, a un acuerdo con Duque cuando iban dos semanas de paro.

Para ese momento, el Gobierno sólo había aceptado adicionar 500 mil millones de pesos en el presupuesto del año entrante para educación superior, pero estudiantes y rectores quedaron inconformes porque además de que consideraban que eso no solucionaba el problema de fondo, tampoco estaban de acuerdo con la distribución de esa plata.

“Pedíamos que se fuera el 60 por ciento para inversión (300 mil millones de pesos) y 40 por ciento para funcionamiento (200 mil millones)”, le explicó a La Silla Cachaca Jairo Torres, Rector de la Universidad de Córdoba y Presidente del Sistema Universitario Estatal, que agrupa a los rectores de las universidades públicas. “Sin embargo, nos generó mucho resentimiento que el Ministerio destinara 220 mil millones para inversión, 55 mil millones para funcionamiento, y metió 120 mil millones para garantizar gratuidad y 101 mil millones para financiar su programa de excelencia”.

Fue ahí cuando los rectores le pidieron una cita a Duque, y él accedió.

El 26 de octubre en la noche, los noticieros los mostraron rodeando al Presidente en una alocución en la que anunció el acuerdo: para los próximos cuatro años, 2,2 billones para inversión y 1,2 billones para funcionamiento.

“No contábamos con eso”, agrega Torres. “Entramos allá con 500 mil millones y salimos con 3,4 billones de pesos. Eso no resuelve todo, pero superó nuestras expectativas. Tampoco significa que hayamos desconocido a los estudiantes, pero nosotros somos los que debemos responder cuando hay carencia de recursos”.

Los líderes estudiantiles sí quedaron muy molestos.

Por un lado porque a ellos nos los recibió el Presidente, a lo que se sumó que un par de semanas después Duque se reunió con los cantantes Carlos Vives y Maluma, lo que a los estudiantes les dejó el mensaje de que los estaba minimizando.

Por otro, porque a partir del acuerdo con los rectores el Gobierno construyó un discurso para resaltar que ya puso de su parte.

Según Duque, los estudiantes deberían “valorar el esfuerzo que se hizo, que ya lo valoraron los rectores, que decían que nunca habían visto una respuesta tan rápida, en tan corto tiempo, para mejorar integralmente la atención a la educación superior”.

Y, además, los estudiantes consideran que ahora los rectores quieren “parar el paro para que el Gobierno no sienta esa presión”, como le dijo a La Silla Cachaca Julián Baez, vocero nacional de la Unees.

En la Nacional, por ejemplo, la rectora Dolly Montoya pasó de marchar al lado de los estudiantes a pedir el levantamiento del paro, al punto de que, creyendo que son más los que quieren seguir en clases, mandó a hacer una consulta virtual en la que, sin embargo, ganó la posición de mantener el cese de las clases.

El martes, en todo caso, los líderes estudiantiles y de profesores le enviaron una carta abierta a Duque diciéndole que estaban dispuestos a volver a la mesa, y ayer los rectores terciaron para que el diálogo se reanude.

Eso abre de nuevo las puertas a un acuerdo que no pinta fácil porque, precisamente, el Gobierno considera que ya jugó sus cartas en lo que a plata se refiere, que es lo que más les interesa a estudiantes y docentes.

Así que estos quieren meterle más presión para que se siente y ceda, por medio de marchas que ahora también juntan el rechazo a la reforma tributaria.

Una mesa diferente (si es que hay mesa)

La ministra María Victoria Angulo le dijo a La Silla Cachaca que espera que se “se restablezcan los mecanismos que habíamos acordado hace tres semanas y que nos llevaban por una ruta de construcción colectiva hacia el encuentro de soluciones”.

Sin embargo, los estudiantes quieren volver a sentarse en otras condiciones.

La principal es que la mesa sea para tomar decisiones.

Alejandro Palacio, Presidente de Acrees, le dijo a La Silla Cachaca que por eso esperan que se defina como una mesa de negociación, lo que implica que ambas partes deberán estar dispuestas a ceder para sellar acuerdos, y no sólo será un espacio de diálogo.

“Necesitamos reformar el carácter de la mesa para asegurar que lo que se acuerde se cumplirá", agregó Báez, de Unees.

También piden que en la negociación esté la Ministra de Educación y no su viceministro, Luis Fernando Pérez; y que asista el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, algo esencial para ellos porque les permitiría discutir con el que maneja la chequera las salidas para conseguir más plata, pues exigen 580 mil millones de pesos para terminar el semestre; 3,2 billones para funcionamiento y un plan de pagos a 10 años del déficit de 15 billones.

Como anoche la Ministra insistía en que no había más plata, el sentido de una mesa se difumina y los estudiantes mantienen su apuesta de hacerse sentir en las calles como mecanismo de presión.

Y lo harán con más apoyos recargados.

Hoy lo harán acompañados de las centrales obreras y los indígenas de la Onic, que aprovechan la coyuntura no sólo para sumarse a la causa por la educación superior, sino para movilizarse contra la reforma tributaria que radicó Duque en el Congreso.

“Y ya los camioneros nos dijeron que nos acompañan y que también están preparando un cese”, le dijo a La Silla Julián Baez, de la Unees.

Por ahora, entonces, habrá más marchas que acuerdos.

Eso también plantea un reto para ambos lados porque ya hay varias señales de que a medida que se intensifica la movilización social es probable que, de lado y lado, algunos sectores se radicalicen.

Ayer, por ejemplo, el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, informó que no aceptó los recorridos que propusieron los estudiantes para protestar en el norte de Bogotá, y que si vuelven a afectar la movilidad, particularmente Transmilenio, ahora será más severo que la semana pasada cuando mandó al Esmad para quitarlos.

De otra parte, en las marchas se han metido grupos violentos, como el que atacó a un policía con una bomba incendiaria en Bogotá.

Estudiantes y profesores han planteado la posibilidad de que sean infiltrados; y aunque es posible, también hay casos como el del movimiento Jaime Bateman, que defiende la acción violenta como forma de hacer sus reivindicaciones por la universidad pública y ya ha incursionado con sus encapuchados, desde que comenzó el paro, en las universidades de Córdoba y en la Distrital de Bogotá.

Por eso, las protestas podrían tensionar más las relaciones entre Gobierno y estudiantes que, de hecho, ya incluyeron un componente de derechos humanos en la agenda de una eventual negociación porque consideran que el uso de la fuerza por parte del Gobierno ha sido desmedido.

Todo esto se termina convirtiendo en un medidor de aceite para Duque, un presidente que apenas lleva 100 días y que hasta ahora, como contamos en La Silla, ha privilegiado el diálogo con gremios, militares y empresarios, y no con organizaciones de base.

Siguiendo con nuestro especial de 'Los 100 días de Duque', hicimos este quiz para poner a prueba sus conocimientos sobre lo que ha hecho el presidente hasta ahora.

La Silla Vacía se ganó dos premios Simón Bolívar: La Mesa de Centro, de La Silla y Carlos Cortés, obtuvo el premio en la categoría Análisis y opinión en TV por los capítulos “Martínez se escribe con W”; y Juan David Ortiz obtuvo otro en la categoría de periodismo investigativo y titulado “La Bodega de Fico”, que editó y publicó La Silla Paisa.

Eso nos pone felices.

La Mesa de Centro es un proyecto de La Silla y Carlos, quien trabajó como periodista con nosotros entre 2009 y 2010, y a pesar de solo llevar un año y 6 meses, se ganó el premio con estos dos vídeos:

Juan David, profesor de la Universidad de Antioquia y director del periódico universitario De La Urbe, reveló las cuentas falsas de tuiter dedicadas a intervenir en política y creadas por el equipo de redes de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín  en el artículo titulado La Bodega de Fico  . Dada la calidad de su investigación (no solemos publicar historias de periodistas externos) y tras un proceso de edición, La Silla Paisa publicó la historia conjuntamente con De la Urbe.  

Los dos premios nos dan un motivo de orgullo adicional, pues muestran la fuerza del periodismo colaborativo. Y se suman al Simón Bolívar de Periodista del Año que se ganó nuestra editora Caribe Laura Ardila el año pasado.

En sus primeros cien días como presidente, Iván Duque ha mostrado que frente al Acuerdo de Paz su lógica es tenderles la mano a las bases guerrilleras pero apretar a los de arriba. Con eso, ha reforzado el mensaje de que no hará trizas el Acuerdo, una expectativa que tenían buena parte de su electorado y de su partido, y que ya está claro que no les va a cumplir.

Lo que está haciendo es crear una narrativa propia de la paz que se sustenta, por un lado, en la idea de la estabilización, que significa que las zonas más golpeadas por la violencia se igualen a las demás y que el Estado le apueste a la reinserción de los ex combatientes; y, por otro, a endurecer el manejo de los reincidentes.

Eso no cambia el corazón del Acuerdo, porque ambas cosas ya están en otras palabras, pero le pone una impronta propia que se complementa con algo que excluye esa narrativa: el fin del conflicto ya no es el derrotero para transformar la política y el campo colombiano, como también estaba en el Acuerdo.

Esa mirada de la paz, que sigue existiendo pero es más chiquita, se refleja en que quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo con el ‘Pacto por la construcción de paz’, pero en lugar de ser un eje central es uno de los 11 pactos tranversales que acompañan a tres que sí son estructurales y a otros 10 con lógicas regionales.

En todo caso, que la palabra ‘paz’ haya sobrevivido en un Gobierno elegido por el uribismo y que incluye muchas personas que niegan el conflicto armado, fue una dura discusión interna. Al final Duque la zanjó en un consejo de ministros en el que, según supo La Silla, defendió que la paz tuviera un capítulo propio en el Plan.

Por eso hay cosas que se mantienen.

Lo que hace, para las bases

Duque ha mostrado que para él la paz se concentra en gerenciar mejor la implementación, sobre todo con las bases guerrilleras.

Para eso mantuvo un cargo en presidencia encargado del tema y con más dientes. Aunque cambió el nombre a Alta Consejería para la Estabilización, nombró a Emilio Archila, que votó por el Sí en el plebiscito, por su fama de buen gerente.

Archila le ha metido el acelerador a los proyectos productivos en los espacios de capacitación para que sean formulados más rápido.

Por ejemplo, ayer anunció que el Consejo Nacional de Reincorporación (en el que se sientan 2 representantes del Gobierno y 2 de la Farc) aprobó cinco proyectos productivos, que durante la era Santos estaban empantanados, para cinco espacios de capacitación, donde se mantienen partes importantes de las antiguas bases guerrilleras.

“El gobierno es consciente de la responsabilidad histórica de cumplirles a los ex combatientes, dentro del propósito de estabilizar los territorios golpeados por la violencia”, dijo Archila en el comunicado que reveló la noticia.

Bajo esa misma lógica de priorizar las bases, Duque viajó a la zona veredal de Pondores, en La Guajira, y dijo a los excombatientes “les vamos a cumplir a los que genuinamente estén en este proceso”.

También se nota que mantiene ese impulso cuando le pidió a la ONU que mantenga la misión encargada de hacerle monitoreo a la implementación o en que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo está impulsar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, que se pactaron en La Habana para sacar del atraso a los 170 municipios más afectados por el conflicto.

Pero su gran apuesta llega hasta ahí.

Lo que dice pero no hace, para los jefes

En su viaje a Francia esta semana, el Presidente dijo en una entrevista para el diario Le Monde “si los ex guerrilleros que hoy son miembros del Congreso resultan condenados por violación de derechos humanos, tendrán que cumplir sentencias proporcionales a sus delitos y ceder sus curules a otros miembros del partido”.

Esa idea no es nueva, pues es justo uno de los ajustes que el uribismo quería hacerle al Acuerdo. Éste no contempla expresamente que deban cederlas pero sí que no puedan ser elegidos los responsables de delitos de lesa humanidad.

La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, habla de un “esquema para la armonización de las sanciones con las actividades políticas” que está sujeto a condiciones que definirá la misma JEP. Eso muestra que la idea es que haya un camino para que la sanción no impida que sean elegidos y actúen como tales, algo que rechaza Duque.

Al final la JEP tomará la decisión en cada caso, y para que el Gobierno pase del dicho al hecho y lo evite de tajo, tendría que proponer cambios legales. Cosa que no ha hecho.

Eso se puede deber a la general falta de iniciativa del Gobierno en cambiar, en cualquier sentido, el statuo quo legal del Acuerdo.

Lo que no hace, que es lo transformador

Por ejemplo, no incidió en el pacto que se selló hace quince días en la Comisión Primera de Senado con todos los partidos menos el Polo y la Farc, que evitó que el uribismo mantuviera viva su idea de crear una sala especial que juzgue a los militares.

Sobre las 16 circunscripciones especiales de paz, este miércoles su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no intentó evitar que se hundiera por falta quórum aunque tampoco lo desarmó.

O, por ejemplo, el Gobierno no se ha movido para que salga adelante en el Congreso la ley que crea el sistema de catastro multipropósito, que es clave para aterrizar el punto agrario del Acuerdo.

Todo eso muestra que si para el Gobierno Santos la dejación de armas por parte de las Farc era solo el primer paso de una democratización más profunda del país, especialmente en participación política y cuestiones del agro, para Duque no es así.

Por eso, si bien para el Gobierno hay que aterrizar el Acuerdo, como se veía venir ya no es la hoja de ruta del futuro del país sino una política más para garantizar que los desmovilizados no retomen las armas. Es decir, una paz chiquita.

José Fernando ‘el Gordo’ Bautista, uno de los lobbystas más exitosos del Congreso, decidió dejar de moverse fuera de los reflectores en temporada electoral para salir al ruedo en 2019 y buscar la Alcaldía de Cúcuta.

Con su entrada en la baraja de candidatos, el hombre que fue el pegante de la Unidad Nacional de Santos, que fue uno de los estrategas de la segunda vuelta de la reelección, que apalancó la llegada de Fernando Carrillo a la Procuraduría, y medió para la elección de Felipe Córdoba en la Contraloría, le pone un nuevo ritmo a la precampaña en Norte de Santander.

Eso no solo porque es amigo de parte de la clase política del departamento, sino porque como su carrera la ha hecho en las grandes ligas del poder, tiene a varios súper poderosos de su lado que podrían inclinar la balanza a su favor en la carrera.

El lobbysta

El ‘Gordo’ Bautista es uno de los hombres que suele pasar debajo del radar de los medios, pero que es muy influyente dentro del tejemaneje del poder. 

Aunque creció en Cúcuta, su carrera la ha hecho principalmente en Bogotá donde aprendió a moverse al poco tiempo de haber arrancado en la política regional. 

Es en esencia liberal. Viene de una familia que militó en ese partido y que en Norte de Santander es cercana a los Cristo. 

Lo hizo de la mano del excongresista liberal Jorge Cristo Sahium, quien fue asesinado por el ELN y es papá del ex ministro Juan Fernando Cristo y del actual senador Andrés Cristo, que debutó como militante activo del liberalismo.

Desde muy temprano se hizo conocido adentro del partido porque entiende los recovecos de la política, hace aliados, y sabe cómo mover los hilos del poder para conciliar posturas y salirse con su cometido.

Por ejemplo, fue cercano tanto al gavirismo como al samperismo e hizo amigos en los dos lados, que le sirvieron para haber sido Secretario General del partido a sus 30 años. 

Esa cercanía con todos los liberales también le sirvió para tener, muy joven, en cargos diplomáticos y haber tenido varios altos cargos la Nación, entre esos el de Ministro de Comunicaciones en la era Ernesto Samper.

Bautista fue quien concilió el paro del sindicato de Telecom en 1998 a raíz de la Ley 100, cuando logró convencer a los trabajadores que terminaran el paro después de 11 días, y justo antes de las elecciones presidenciales que amenazaban sabotear.

Por ese talante conciliador fue que a mediados de la primera década del 2000, tras una disidencia liberal liderada por Juan Manuel Santos, lo llamaron para que ayudara a fundar el Partido de La U.

En ese entonces fue el mismo Santos, a quien ya había sido cercano, quien lo buscó para que se convirtiera en el secretario general del nuevo partido, apoyara la estrategia de la campaña reeleccionista deÁlvaro Uribe en Bogotá, y ayudara a conformar las listas al Congreso, que arrasaron en ese momento.

Cuatro años después, cuando Santos fue el candidato presidencial de La U, nuevamente Bautista fue clave. No solo le coordinó la campaña en la región centro-oriental del país, sino que en la segunda vuelta se encargó de las adhesiones políticas para asegurar la victoria.

Esa es la razón por la que el senador Roy Barreras lo llamó el “arquitecto de la Unidad Nacional”, algo que tomó fuerza cuando en el Congreso de ese momento él se convirtió en el componedor de varias decisiones políticas, entre esas, la elección de Sandra Morelli en la Contraloría, y la presidencia de Senado.

Aunque luego Santos lo nombró como embajador en Venezuela, renunció al poco tiempo debido a que resultó vinculado al controvertido Grupo Nule, para el que trabajó como intermediario de firmas extranjeras que licitaron junto a ellos, justo cuando el escándalo por el carrusel de contratación de Bogotá estaba en auge. 

Desde entonces desapareció del espectro, pero para la segunda vuelta de la reelección de Santos volvió para ayudar en la campaña luego de que perdiera frente a Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta. 

La tarea de Bautista fue diseñar la estrategia para voltear los resultados en los departamentos donde Santos había perdido. Todo eso en momentos en los que la campaña fue aceitada con la plata de la corrupta multinacional brasilera Odebrecht.

Luego volvió a figurar cuando fue el lobbysta de la aspiración de Fernando Carrillo a la Procuraduría General.

Como contó La Silla, en esa campaña se encargó de conseguir citas con los senadores, contar diariamente los votos, y estar atento a las reuniones parlamentarias para reconfirmar los apoyos. La ganó.

En las presidenciales pasadas asesoró a Germán Vargas Lleras en Bogotá, pero se la jugó finalmente con Iván Duque, eso debido a que pese a su cercanía con el santismo no perdió los amigos de vieja data en el uribismo.

Su última movida, según le dijo a La Silla el mismo Bautista, fue la de la elección de Felipe Córdoba en la Contraloría General. En esa campaña los uribistas terminaron cediendo a la movida  de liberales y Cambio para quedarse con ese cargo.

“Bautista guarda buenas relaciones con todos, porque las peleas que casa no son personales”, dijo a La Silla un político que lo conoce hace 30 años y ha trabajado con él.

Todas esas conexiones son su principal carta de presentación.

La reaparición

La última figuración del Gordo Bautista en Cúcuta fue hace 18 años cuando, tras la destitución por irregularidades en contratación de José Gélvez Albarracín, fue nombrado por el entonces gobernador Jorge García-Herreros como Alcalde de la ciudad. 

Llegó a ese cargo porque lo apalancaron todas las relaciones que para ese momento había tejido con el liberalismo y que ya lo habían convertido en Ministro.

Su nombramiento estuvo metido en demandas porque su nominación se hizo en contra de la voluntad del entonces congresista Miguel Ángel Flórez, cabeza y fundador de Apertura Liberal, el partido que le había dado el apoyo más fuerte en campaña a Gélvez.

Por esa razón, tuvo que renunciar a dos meses de que se terminara el encargo, y además contó con una férrea oposición que lo dejó con varias denuncias andando sobre su gestión, pero al final ninguna prosperó.

Aunque después desapareció del escenario regional, y solo hasta ahora vuelve a figurar en Cúcuta, varias cosas favorecen su aspiración. 

Una son sus relaciones relaciones con poderosos, no solo en lo nacional sino con buena parte de la clase política regional. 

Eso por sus orígenes generales, y porque siendo alcalde nombró en varios despachos a políticos que también escalaron y hoy son influyentes en Norte.

Por ejemplo, el hoy presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos Chacón, fue su secretario de desarrollo; Carlos Luna, hoy presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, fue su secretario privado; y Hernando Angarita, una de las manos derechas de Vargas Lleras en Norte, fue su asesor.

De esos, el que tiene votos y es más cercano a él es Chacón. De hecho, en el Norte político es leído como quien sería el aliado estratégico de Bautista en la campaña.

Según le dijo a La Silla Bautista, su intención es lanzarse por firmas, hacer una campaña en “contacto con la gente”, y mostrarse como la antítesis en Cúcuta del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, quien es el poder detrás del poder de la administración de César Rojas.

Eso le da entrada porque, como ha contado La Silla, Suárez Corzo ha perdido fuerza entre las bases comunales debido a que César Rojas no ha cumplido con las promesas de empleo y de inversión; además le funciona porque al no matricularse con ningún partido no genera fricciones entre quienes eventualmente podrían apoyarlo. 

Sin embargo, como esta será la primera vez que se medirá en las urnas, y no tiene mucha recordación más allá de los círculos de poder de Norte, la expectativa está dada en cómo capitalizará el apoyo de los líderes comunales de la ciudad.

Sobre todo porque sobre la mesa ya están las aspiraciones de al menos una decena de candidatos que llevan incluso meses haciendo precampaña y sumando respaldo en las comunas, con miras a lograr la bendición de los poderosos locales.

Además, Bautista tiene en contra que aunque dice que va a pelear contra la clase política que representa Suárez, su carrera está cimentada en el apoyo a políticos que también han resultado emproblemados, e incluso él ha tenido sus propias sombras, como la de las relaciones con el Grupo Nule.

Así que será en estos meses cuando se medirá, con su nombre en juego, su capacidad de aterrizar en Cúcuta lo que ha logrado en Bogotá.

“Las lógicas no son las mismas en lo nacional que en lo regional. Aquí puede tener quién lo aprecie pero si no despega en estos meses puede que termine solo”, nos dijo un congresista de Norte que pidió no ser citado. Otro congresista y dos políticos locales que conocen al dedal la dinámica electoral de Cúcuta nos dieron una versión similar.

Su debut electoral será la prueba ácida de esa afirmación.

In this article, we present the results of a qualitative study on representations of social classes and social mobility between classes. The self-identified middle-class group attributes itself positive characteristics such as perseverance, entrepreneurship, work ethic, and consecration to an improvement plan. Staying in the middle class is perceived as a constant struggle to survive in an adverse economic, political and social context. The social relations between the classes are perceived as highly differentiated, with little mixture and a net desire to demarcate one from the others.

Se está tramitando la ley de financiamiento en el Congreso y una de las reformas que más revuelo ha causado en la opinión es la de extender un IVA del 18 por ciento a toda la canasta familiar, en un momento en que los resultados del último censo del Dane confirman la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en el país.

Hablamos con Consuelo Uribe Mallarino investigadora del grupo de “Política Social y Desarrollo” y vicerrectora de investigación hasta 2016 la Universidad Javeriana, y quien ha escrito entre otros artículos “Fronteras de la Pobreza en Bogotá” en coautoría con Jefferson Jaramillo, director del departamento de Sociología y, How we get here, sobre movilidad social, en coautoría con Jaime Ramírez y Katerin Ariza del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.

Analizamos con Uribe que tan viable es la propuesta de Duque de que haya un subsidio para el Iva para las personas pobres y los efectos que tendría en la clase media una reforma como la propuesta dado que su estatus es muy vulnerable.

El presidente está proponiendo extender el IVA a toda la canasta familiar y darles un subsidio a las personas de estratos uno, dos y tres ¿cree que crear más subsidios es positivo teniendo en cuenta que según su investigación las personas fijan las fronteras de pobreza teniendo en cuenta si son o no beneficiarios de ayudas estatales?

Consuelo Uribe: El proyecto de ley no habla de utilizar la estratificación como mecanismo para la devolución del IVA a los alimentos que va a pasar de cero por ciento a 18 por ciento, sino de usar los programas existentes de asistencia social como sistema de focalización. Eso quiere decir programas como Familias en Acción o Colombia Mayor que usan el Sisbén.

Es cierto que en el momento que le pedimos a una persona que se ubique en relación con la pobreza el hecho de recibir subsidios puede contribuir a que se identifique como pobre, pero el peso de esto es insignificante con relación a la importancia que tienen para su bienestar.

En todas partes del mundo el grupo que se considera pobre recibe subsidios. Hay gasto público que en Colombia no se percibe como subsidios como los centros públicos de educación y de cuidado de la primera infancia. Estos servicios son fundamentales en una sociedad y si un grupo de población no accede a ellos, hay que lograr las condiciones para que lo haga. Pero otros subsidios son más evidentes y se perciben como aquellos para los más pobres. Eso sucede con el régimen subsidiado de salud, los programas de Familias y Jóvenes en Acción o la ayuda a la población mayor.

No son visibles, pero están subsidiados, los servicios públicos domiciliarios: la electricidad, el gas, el agua, la recolección de basuras, de buena parte de las viviendas.

LSA: ¿Cuál es el problema entonces con los subsidios?

C.U.: Lo que puede ser problemático es la forma como se canalizan los subsidios.

En el caso de la ley de financiamiento del presidente Duque, la devolución solo cubriría a los que están por debajo de la línea de pobreza -cerca del 27 por ciento de los hogares- y quedarían por fuera el 73 por ciento restante, entre los que hay gente con dificultades.

De los sistemas de focalización que tenemos, a saber, el Sisbén (que opera para acceder al régimen subsidiado de salud) y la estratificación socioeconómica (que se usa para subsidiar el acceso a los servicios públicos domiciliarios), ambos tienen errores de inclusión y de exclusión y no han sido actualizados.

El sistema de estratificación socioeconómica (estratos uno al seis)  funciona bien en las ciudades, pero es muy impreciso o inexistente en el área rural. En particular, la estratificación de residencias de grandes propiedades rurales y la actualización del catastro rural son tareas pendientes.

Usar esos sistemas de focalización para la devolución, requiere una administración, unos recursos, un conteo permanente, y se puede prestar para corrupción en la calificación para acceder al beneficio.

LSA: De acuerdo a los resultados del censo ha aumentado la clase media en el país, sin embargo, en su artículo se señala que la gente percibe difícil mantenerse en ese estatus y que las políticas estatales dificultan avanzar a partir de ese punto ¿las medidas tributarias de Duque son un ejemplo de ello?

C.U.: Hay un acuerdo general de que gravar los alimentos de la canasta familiar es sumamente costoso para las personas más pobres porque su gasto en alimentos representa un porcentaje mucho mayor en su gasto total que el que representa para las personas de mayores ingresos. Si eso implica pasar de cero a 18 por ciento del IVA, pues con mayor razón. En los países más ricos esos alimentos o no tienen impuesto o este no sobrepasa el seis por ciento.

Y respondiendo a su pregunta, buena parte de la clase media, la que todavía es muy vulnerable porque acaba de llegar ahí, es la gran sacrificada de la reforma propuesta, porque para ella no habría devolución del IVA. Las políticas que ayudan a la clase media incluyen la educación y la salud públicas, pero es menos claro que se beneficie con el sistema de estratificación y definitivamente no aplica para los programas de protección social y está gravada con impuestos.

En el artículo “How we got here” que escribí con Jaime Ramírez y Katerin Ariza del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana mostramos que la percepción de la clase media es que puede perder su estatus fácilmente si pierde el trabajo por ejemplo o si el Gobierno modifica la política tributaria, como es el caso con esta reforma propuesta.

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Foto tomada por la Universidad Javeriana

LSA: ¿Qué relación hay entre la estratificación de las viviendas y el hecho que las diferentes clases sociales en Colombia no interactúan entre sí?

C.U.: El sistema de estratificación que existe en Colombia desde los años 80, ha dado lugar  a una configuración urbana de segregación y segmentación social. En el artículo en el que analizo la política de subsidios a los servicios públicos domiciliarios señalo que van en contravía de la mayor integración social porque segmentan la ciudad de forma que las residencias de los distintos estratos prácticamente no se mezclan.

Las personas no tienen incentivos para cambiar de casa pues si se mueven a una, dos cuadras más allá, que es un estrato más alto, se va a incrementar la tarifa de los servicios públicos y entonces prefieren no hacerlo.

En las ciudades la gente rica casi nunca cohabita con gente pobre. Esos estratos en la representación social se extrapolan a cosas a las que no deberían aplicar.

LSA: En su artículo se dice que en estricto sentido hay residencias estratificadas y no personas estratificadas, pero en el imaginario colectivo la estratificación se extiende a las personas ¿por qué cree que pasa esto? ¿Qué implicaciones tiene que sea así?

C.U.: En Colombia, lo que se estratifica por política son las viviendas, pero en las representaciones sociales se estratifican desde los colegios, hasta el hablado y la ropa, pasando por los centros comerciales.

Hemos producido un método de focalización de subsidios para servicios públicos domiciliarios que constituye un esquema nocivo de diferenciación social.

Cuando miramos en el estudio sobre estratificación social cómo era la vida de las personas de los distintos estratos, encontramos que no solo el mapa de la estratificación mostraba una clara segregación socio espacial que daba lugar a que existieran vidas paralelas: los de estratos superiores van a colegios privados, se mueven en carro, van a los centros comerciales en barrios del mismo estrato, se relacionan con personas de estratos similares y, en Bogotá, no van al sur de la ciudad.

Espacios como el Simón Bolívar o el estadio, donde se cruzan personas de diferentes estratos sociales, son pocos.

Hemos normalizado, vuelto natural, el sistema de diferenciación social. Cuando aplicamos las encuestas como parte de la investigación de la Javeriana, y le preguntábamos a las personas por los estratos, muchos nos decían que ‘siempre han existido, desde la Biblia’.

En Colombia, lo que se estratifica por política son las viviendas, pero en las representaciones sociales se estratifican desde los colegios, hasta el hablado y la ropa, pasando por los centros comerciales.

Consuelo Uribe

LSA: La semana pasada el Dane hizo la segunda entrega de resultados según la cual la pobreza se ha reducido ¿tiene que ver con lo que usted llama la década ganada? ¿Qué tan importante es esa reducción y por qué la gente no lo percibe como un logro?

C.U.: La reducción de la pobreza, como el aumento de la clase media, son fenómenos generalizados para toda Latinoamérica. Los 80 se calificaron como “la década perdida” por el aumento de la pobreza y, la primera década del siglo XXI se denominó “la década ganada”. Es importante que el país tenga menos pobres y más personas de clase media, no solo por el bienestar y mayor consumo que ello implica, sino también porque indica avances en el nivel educativo, mayor capacidad de crítica y de participación política y de movilización. También, mayor uso de internet y mejor utilización de información.

Lo que es especial para Colombia es la concentración del ingreso, que comparte con otros países como el Salvador o Brasil, el alto Coeficiente de Gini. Éste ha disminuido en los últimos diez años por algunas medidas como la formalización del empleo y porque los empleos menos calificados, a los que pueden acceder más personas, han tenido mayor crecimiento que los calificados. Sin embargo, en Colombia todavía la mayoría de la población en edad de trabajar tiene que recurrir al autoempleo y eso no contribuye a mejorar el coeficiente Gini.

En todo caso, con el censo no se puede medir la pobreza o mirar su evolución.

El censo no se puede medir la pobreza o mirar su evolución.

Consuelo Uribe

LSA: ¿Por qué?

C.U.: Porque no le pregunta  a las personas cuáles son sus ingresos. El censo sólo cuenta población y viviendas y su distribución en el territorio. En ese sentido, el nuevo censo va a tener efectos sobre la cantidad de recursos para salud y educación que se distribuyen en las regiones vía el Sistema General de Participaciones creado desde 1993.

LSA: ¿Cuál es un mejor instrumento para medir la pobreza y para mejorar la equidad?

C.U.: La forma de establecer la pobreza en un país es a través de encuestas de hogares, en Colombia, particularmente, la encuesta de calidad de vida.

La limitante que tiene ese instrumento, y que debería corregirse, es que se aplica por muestreo y en éste rara vez queda cobijado el uno por ciento más rico del país. La recomendación de Juan Pablo Jiménez, en su artículo “Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre altas rentas en América Latina”, es tener en cuenta las declaraciones de renta de ese uno por ciento.

Esa idea fue introducida por el economista francés Thomas Piketty quien se especializó en el estudio de ese rango de la población en todo el mundo, dado el enorme impacto que tiene en la distribución de los ingresos. Es un grupo que percibe un ingreso tan alto que ello tiene efectos sobre la producción y distribución de la riqueza del resto de las personas, pues no necesariamente lleva a generar nueva riqueza o a crear nuevos empleos.  

Colombia, que tiene una desigualdad tan marcada, está llamada a trabajar en ese uno por ciento más rico. El problema es que sólo un porcentaje reducido de la gente presenta declaración de renta, si más personas lo hicieran podría saberse cuáles son los colombianos que puede aportar más impuestos.

No es fácil tapar el hueco fiscal que hay, pero hay medidas tributarias que se podrían adoptar menos regresivas que el IVA, esto no es un paso adelante en el objetivo de que haya mejor equidad. Se debe ubicar a quienes están evadiendo y ampliar la base tributaria.

Y hay otras medidas no tributarias que se pueden realizar. Una de ellas es atacar la inequidad de las pensiones, pues ahí se está gastando casi dos terceras partes del gasto público en protección social. Las pensiones del régimen público tienen un alto componente de subsidio que está yendo a aquellos pensionados que perciben altas pensiones. En otras partes del mundo hay límites a las pensiones públicas para que los recursos alcancen a un grupo más amplio. Además, hay recortes en el gasto público que se pueden proponer.

Colombia, que tiene una desigualdad tan marcada, está llamada a trabajar en ese uno por ciento más rico.

Consuelo Uribe

LSA: ¿Duque está haciendo lo contrario bajándole los impuestos a las empresas?

C.U.: Eso se está haciendo en muchos países con el argumento de que las empresas puedan generar más trabajo. En Estados Unidos con el gobierno de Trump y en Alemania, por ejemplo, al bajarle la tarifa a las empresas del 35 ó 33 al 28 ó 27 por ciento. Pero en la propuesta de la ley de financiamiento para las empresas solo hay buenas noticias y en cambio, para los asalariados y para la parte de la población que no recibe subsidios de asistencia social, solo hay malas.

LSA: Según los resultados del Dane la población creció más lento que lo proyectado. El Director lo explica por una fuerte movilidad social y la inserción de las mujeres en el mercado laboral con la consecuente reducción del tamaño de los hogares. ¿está de acuerdo con esa explicación?

C.U.: La principal causa del desfase es que Colombia hace los censos cuando tiene plata para ello y no cuando toca. Se supone que los censos son cada diez años, todos los países se han puesto de acuerdo para hacerlos en años terminados en ceros y de esa manera tener resultados comparables entre sí. El censo debió hacerse en el 2015 y nos tomamos 13 años para hacer uno nuevo.

Las proyecciones de población que se hicieron con base en los presupuestos que había en el 2005, se desfasaron porque dichos presupuestos ya no están vigentes. Si las proyecciones preveían 50 millones de habitantes para el 2018, los datos del censo arrojan poco menos de 43 millones. Uno de estos presupuestos para las proyecciones fue la tasa de fecundidad (número promedio de hijos por mujer), que fue más baja de lo pensado. El otro, fue la distribución de la población en los territorios.

LSA: ¿Qué cambió?

C.U.: El acceso a la educación de la población en general y, como lo indica el director del Dane, el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Lo cual impactó la tasa de fecundidad y el tamaño promedio de los hogares.

Uno de los principales cambios es la reducción del tamaño de la población de 0 a 14 años del 31 por ciento al 22.5 por ciento y el incremento paralelo de las personas mayores a 60 años. La tasa de dependencia se incrementó, es decir, el número de personas que depende de los que están trabajando. Eso da un país muy distinto.

Por otro lado, algo que no es positivo es que aumentó el porcentaje de hogares que tienen jefatura femenina, era del 30 por ciento en el 2005 y ahora es del 41 por ciento. Si se tratara de que ahora mandan más mujeres que hombres en la casa, pues no sería mala cosa. Pero lo que quiere decir que en esos hogares una mujer está respondiendo sola por un hogar, lo cual constituye una situación de vulnerabilidad para esa familia al depender de un sólo ingreso.

LSA: Su estudio muestra que las personas que se ubican en clase media consideran que tienen el derecho de estar ahí por ser perseverantes, emprendedores ¿qué tanto incide el esfuerzo personal en la movilidad social en Colombia?

C.U.: En el artículo sobre “How we get here” encontramos que las personas de los grupos focales de clase media que eran nuevos en dicha clase, tenían en común que todos habían aprovechado oportunidades que se les presentaron asumiendo el riesgo de hacerlo y con mucho sacrificio. Ese riesgo incluyó migrar a la ciudad, cambiar de barrio, estudiar o tomar un crédito de vivienda.

La movilidad social en todo caso es algo que puede tomar más de una generación. Varios decían que no son ellos mismos sino sus hijos, que están en la universidad, quienes verán los beneficios de llegar a la clase media.

Las tasas de rentabilidad de estudiar, que también se conocen como las “tasas de retorno” de la educación, sin embargo, son cada vez menores. Estas se calculan sobre el costo de oportunidad entre no trabajar y estudiar, porque estudiar implica el costo de no estar percibiendo un salario. Estas tasas, en todo caso, van siendo menores a medida que el acceso a la educación se vuelve masivo. Así, tener bachillerato y, pronto, un título universitario, ya no va a hacer tanta diferencia en los salarios posteriores como lo fue en el pasado.

LSA:¿Cuál ha sido el rol del Estado en la movilidad social?

C.U.: Mencionaba antes que las medidas de formalización del empleo han sido efectivas, como también la ampliación del acceso a la educación pública. Programas de subsidios condicionados como Familias en Acción y de cuidado a la primera infancia y la alimentación escolar han tenido un impacto importante para que otros salgan de la pobreza. También han ayudado cambios en la economía, como el incremento en los precios de los commodities, del café y el petróleo.

La movilidad social no es un proceso que se pueda atribuir a las políticas públicas solamente. Hay ganancias que las personas logran a lo largo de su vida y que, gracias a cambios en la economía y a políticas progresivas, consolidan ese paso. Es el caso de políticas de vivienda, educación o acceso a servicios de salud. Pero si es muy frágil y sujeta a vulnerabilidad, puede volverse movilidad descendente. Y una reforma tributaria del tipo propuesto no es un aliado de la movilidad social.

Este artículo es el tercero de una serie producida exclusivamente para La Silla Vacía con el propósito de conmemorar y recordar los 10 años de los casos de Soacha. Puede encontrar aquí, la primera y la segunda entrega.

Muchos en Colombia asocian al general Mario Montoya Uribe con los “falsos positivos” que se cometieron mientras él fue comandante del Ejército. En efecto, la mayor cantidad de casos se registró durante ese periodo.

Pero las evidencias de falsos positivos cometidos por subordinados de Montoya son mucho más antiguas. Así lo deja en evidencia el informe sobre falsos positivos que la Fiscalía le presentó en junio a la JEP y al cual tuvo acceso Human Rights Watch.

El asesinato del campesino Henry Palencia Antúnez en El Zulia, Norte de Santander, hace 26 años —el 14 de octubre de 1992— fue uno de los primeros falsos positivos, asegura el informe. Soldados del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 5 “General Hermógenes Maza” asesinaron a Palencia Antúnez y lo reportaron como un miembro del ELN dado de baja en combate.

En 2011, dos soldados fueron condenados por este asesinato, tras haber confesado. Un dato que llama la atención del informe de la Fiscalía es que el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 5 —y quien firmó la orden para esa operación en particular— era el entonces teniente coronel Mario Montoya (ver documento).

Los falsos positivos se convirtieron en un fenómeno generalizado 10 años más tarde, en 2002. Sin embargo, el informe indica que, entre 2002 y 2005, estos abusos se “concentraron”, entre otros, en la Primera División del Ejército (ver documento). Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003, Montoya estuvo al mando de la Cuarta Brigada, que entonces pertenecía, precisamente, a la Primera División. Como lo ha demostrado Human Rights Watch, la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos 44 ejecuciones cometidas por soldados de la Cuarta Brigada durante ese período.

En diciembre de 2003, Montoya se convirtió justamente en el comandante de la Primera División, un cargo que tuvo hasta abril de 2005. Según el informe de la Fiscalía, los falsos positivos cometidos por la Primera División se alejan de la “tendencia nacional”. En efecto, mientras la Primera División muestra un “número significativo” de falsos positivos antes de 2005, en otras unidades no se advierte un aumento drástico sino hasta 2006 (ver documento).

Muchos de los homicidios cometidos en este periodo por la Primera División se cometieron en connivencia con paramilitares, según el informe (ver documento). El negocio era macabro. El informe lo describe así: “durante estos años algunos integrantes de los batallones analizados… realizaron acuerdos con el Bloque Norte de las AUC. Al parecer, a cambio de la colaboración en los resultados operacionales irregulares, integrantes de estos batallones dieron armas a las AUC y toleraron su actividad delictiva”.

En abril de 2005, Montoya asumió como comandante del Comando Conjunto Caribe, una nueva unidad especial con jurisdicción en la costa caribe y los departamentos de Antioquia y Chocó. Según datos de la Fiscalía a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch, los fiscales han iniciado investigaciones por posibles ejecuciones extrajudiciales perpetradas por muchas de las brigadas adscritas al Comando Conjunto Caribe—las brigadas segunda, cuarta, décima, décimo primera y décimo séptima— mientras Montoya estuvo al mando.

La más comprometida parece ser la Cuarta Brigada, que actuaba principalmente en Antioquia. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre más de 80 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 2005 por esa unidad militar, según un informe de 2016 de la Fiscalía (ver documento).

En febrero de 2006, Montoya asumió como comandante del Ejército Nacional, y precisamente ese año empezó a registrarse un marcado aumento de falsos positivos en todo el Ejército. Según el informe que la Fiscalía le presentó a la JEP, en 2006, la cantidad de casos en todo el Ejército prácticamente se duplicó respecto del año anterior: hubo al menos 470 presuntos casos de falsos positivos. Las cifras aumentaron considerablemente de nuevo en 2007, cuando llegaron a 733 casos (ver documento).  

Desde inicios de 2006, la actuación de las unidades militares “mutó”, afirma el informe de la Fiscalía. A medida que estos asesinatos se propagaban a más unidades militares —y nuevos municipios—, el método para conseguir víctimas cambió. Muchas víctimas fueron engañadas, a veces con falsos ofrecimientos de empleo, para que aceptaran trasladarse desde zonas urbanas hacia descampados en zonas remotas del país, donde eran asesinadas y reportadas como tropas enemigas dadas de baja en combate (ver documento).

El informe señala que se redujo la cantidad de víctimas campesinas, mientras que “los habitantes de zonas urbanas, dedicados a labores informales” se convirtieron en “el tipo de víctimas más representativas”. Los ejemplos más conocidos son los casos de Soacha.

El escándalo de Soacha alcanzó tal magnitud que obligó al gobierno de Uribe a tomar medidas para frenar estos abusos. El gobierno pasó a retiro a 27 oficiales y soldados del Ejército y creó una comisión para investigar los falsos positivos. Montoya renunció poco después, en noviembre de 2008. A partir del año siguiente, según la Fiscalía, la cantidad de casos de falsos positivos descendió a niveles que no se veían desde 2001: menos de una decena al año.

Montoya, que actualmente está siendo investigado por falsos positivos, pero curiosamente nunca ha sido imputado, ha declarado ante la Fiscalía que él tomó medidas para que sus soldados no mataran civiles. Si ello realmente es cierto, entonces ¿por qué tantas unidades bajo su mando están implicadas en estos atroces delitos desde hace tanto tiempo?

Está probado que el hoy Fiscal General de la Nación en su condición de ciudadano conoció de la comisión de delitos y que no los denunció. Está probado que el hoy Fiscal General de la Nación intervino, como abogado, en hechos que hoy investiga la Fiscalía y él ahora intervine institucionalmente en los casos, tanto que incluso, según él dice, funge de vocero de la Fiscalía.

Son, entonces, al menos esas dos preguntas básicas las que Néstor Humberto Martínez debería contestar con claridad: ¿por qué no denunció? y ¿por qué interviene en asuntos en los que ha debido declararse impedido?

Hay varias otras claro, pero me refiero a lo que no está en discusión, a lo que está probado.

Juan Roberto Vargas, en una extraordinaria entrevista que le hizo en Noticias Caracol, le insistió en la primera pregunta: “señor Fiscal, ¿por qué no denunció?”, le dijo varias veces. Martínez le dio tres respuestas distintas:  porque no estaba seguro que fueran delitos, porque los particulares – y él lo era en ese momento- no están obligados a denunciar y porque los abogados están amparados por el secreto profesional.

La primera respuesta no resiste análisis. Que de lo que hablaba con Jorge Enrique Pizano, según lo reveló el audio publicado en gran primicia por Noticias Uno, era de delitos no cabe duda. Él mismo lo asume así en la conversación en la que indaga, no sobre si había delito, sino qué tipo de delitos y quiénes, además de Odebrecht, participaban.

El audio publicado por El Espectador ayer demuestra que la hipótesis de que no se sabía de delitos no tiene ningún sustento, tanto que Martínez, según dice él ahora, salió de ahí para donde un penalista a que le dijera qué delitos se cometieron y le hicieron una larga lista, pero además, aún si tuviera dudas, después cuando tuvo certeza, no los denunció, ni le recomendó a quien era su cliente que lo hiciera sino, todo lo contrario,  promovió un acuerdo que amparaba los intereses de su representado y generaba la consecuencia de invisibilizar los delitos.

La respuesta de que los particulares no están obligados a denunciar no es cierta, porque claro que sí hay un deber, que está en la propia Constitución, que en el artículo 95 le impone a todas las personas la obligación de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia” y la ley lo convierte en el delito de omisión de denuncia cuando se trata de unos determinados delitos, algunos de los cuales podrían configurarse aquí como el lavado de activos, que un abogado le dijo a Martínez que podría haber ocurrido.

En la tesis de que podría estar amparado por el secreto profesional, el Fiscal se enreda desde el origen en el que dice que recibió la información de un amigo y no de un cliente, pero además está suficientemente claro que Pizano le entregaba la información no para que la tuviera oculta sino todo lo contrario para que la divulgara, en principio, al menos al “Doctor Sarmiento Angulo”.

Más allá del deber legal de denunciar o no, el cuestionamiento es ético y claro que se vuelve demoledor de cualquier campaña que adelante la Fiscalía, como la ha hecho centenares de veces, pidiéndole a los ciudadanos que denuncien los delitos.

La respuesta y la actitud respecto de la segunda pregunta es también ética, pero con implicaciones legales, ¿por qué Néstor Humberto Martínez a pesar de estar, sin duda ninguna, incurso en una causal de impedimento interviene en las acciones que la Fiscalía adelanta en ésos casos?

Martínez, acude a tecnicismos jurídicos que son ciertos: que no hay una causal genérica de impedimento como del tipo: “los delitos que hubiera cometido tal o cual”, sino que opera en casos concretos, que el solo ha tenido que conocer formalmente de un caso que es el de las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez que se declaró impedido y que los demás casos los conocen fiscales según las reglas de competencia.

Pero, el Fiscal se contradice, inmediatamente, en la siguiente palabra, en la que revela que ha pedido información, “me han informado” dice. De modo que Martínez, en uso de su rol institucional, le pide información a un subalterno suyo de casos en los que claramente está impedido para actuar.

“La Fiscalía ha tomado las siguientes determinaciones”, dice Martínez, asumiendo su papel de vocero de la Fiscalía. Alguien que le recuerde que él no puede actuar en ésos casos, en ninguna condición, la causal de impedimento no es solo para asuntos judiciales, sino incluso para asuntos administrativos, a él no le podrían revelar las pruebas, hace mal en pedirlas, tiene que apartarse del caso, como cuando a los congresistas que se declaran impedidos en un asunto les toca salirse del recinto y no quedarse ahí hablándoles en voz baja a sus compañeros.

En éste caso que adquirió ribetes de “House of Cards”, como lo califica hoy el Financial Time , las dos preguntas a las que me refiero parecen menores, pero tienen a mi juicio dos connotaciones que las hacen las más relevantes, por ahora: que se trata de hechos que no están en discusión, están totalmente probados y que cuestionan dos comportamientos del Fiscal que podrían erosionar definitivamente su legitimidad como Fiscal: sus estándares éticos y su disposición de abusar o no del poder de la Fiscalía.

Lo que más impacta al que no está acostumbrado a entrar a un laboratorio para el procesamiento de la pasta base de coca es un olor que produce ardor en la nariz, dificulta respirar, y penetra en minutos la ropa, piel y cabello.

Es una mezcla de gasolina, petróleo, nutrimon, el olor de la hoja de coca picada -similar al que se siente cuando se poda el césped- cemento, cal y ácido sulfúrico, que son los insumos que se usan para producir la pasta.

Ese es el producto que luego se lleva a las cocinas o cristalizaderos en los que, con más químicos, se extrae el clorhidrato de cocaína que es la droga que se consume en las calles.

Este laboratorio que visité la semana pasada es propiedad de un habitante de Argelia, el segundo municipio con más cultivos de coca en Cauca, con 1.956 hectáreas, después de El Tambo, que tiene 6.661.

Ambos municipios hacen parte de la ruta del narcotráfico que desemboca por el municipio de López de Micay en el Pacífico, pero Argelia tiene una particularidad: a diferencia de otros pueblos cocaleros, desde que se fueron las Farc los que quedaron controlando el negocio son los campesinos que tienen una suerte de Estado paralelo y aún no hay una disputa armada por el territorio, pese a que los están cercando varios grupos.

Aunque, al igual que tantas otras poblaciones del país, la sustitución contemplada en los acuerdos de paz no se ve por ahora: 11.400 familias de Argelia expresaron su voluntad de sustituir (de un total de 26 mil habitantes), pero aún no hay acuerdos firmados individualmente, que es el paso previo para que empiecen a recibir los pagos. Y el Gobierno de Iván Duque ordenó suspender el proceso de las firmas individuales.

Rumbo a un pueblo con los armados al acecho

Llegamos a Argelia tras siete horas de recorrido en carro desde Cali. Pasamos por Popayán, tomamos la Panamericana hasta el municipio El Estrecho, en el sur del Cauca. De ahí nos desviamos rumbo al municipio de Balboa, por una vía estrecha, pavimentada y rodeada por inmensas montañas de la Cordillera Occidental y de las aguas cafés del río San Juan de Micay.  

Continuamos durante una hora por una vía destapada y en mal estado. En ese trayecto encontramos el único control militar de la zona con no más de cinco soldados que requisan todo vehículo que transita por allí.

Pocos minutos antes de llegar a la cabecera de Argelia ya se comienzan a ver las montañas de color verde amarillento con cultivos de hoja de coca. De las 72 veredas del pueblo, solo en dos no se siembra la hoja porque están en el páramo y allí no se da con facilidad.

Entre uno más se adentra en la zona rural, más cultivos aparecen y, pese ser el motor de un negocio ilegal, hay que decir que el color de las matas hacen bonito el paisaje.

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El laboratorio queda al pie de la vía que une a las veredas de El Plateado y El Mango. Hay por lo menos seis laboratorios más en el trayecto desde el casco urbano hasta la zona rural que no dura más de una hora. En el camino también vi, por lo menos, tres camionetas repletas de bultos con hoja de coca.

El que los laboratorios estén tan visibles es una muestra del nivel de penetración del negocio de la coca y de la ausencia de Estado en esta zona.

En los últimos meses, Argelia ha sido epicentro de hechos de violencia que -en su mayoría- tienen un común denominador: el narcotráfico.   

El primero fue la aparición de siete muertos en julio. En octubre hubo un enfrentamiento entre campesinos y militares que realizaban una incautación de droga. Hace dos semanas apareció muerto un médico de Cali que hacía su año rural allí (aunque aún no se sabe la causa de su muerte). Y en el último mes han sido asesinados tres excombatientes de las Farc.

El último fue el ocho de noviembre, un día antes de mi visita al laboratorio.

Desde que salió de la escena el Frente 60 de la otrora guerrilla de las Farc, varios grupos armados ilegales tienen bajo su acecho a este pueblo. El ELN, disidencias y carteles extranjeros, según nos contaron en la zona.

El gobernador del Cauca, Oscar Campo; un investigador que conoce la zona y el alcalde Diego Aguilar, lo reconocen y advierten que podrían entrar en cualquier momento.

La zona norte del municipio, que queda de El Plateado hacia El Tambo, está controlada por el Frente José María Becerra del ELN, según dos fuentes institucionales ya intentaron expandirse al sur del municipio, pero las organizaciones sociales lo impidieron.

Al municipio de Balboa, al sur de Argelia, están llegando las disidencias de las Farc Stiven González que operan en el norte de Nariño. Según los mismos campesinos de El Plateado, ya se habla de al menos 500 hombres.

Al occidente, por la parte costera, se habla de un posible avance de los disidentes que provienen de Tumaco y están al mando de alias Guacho. Y por último, las autoridades militares han señalado que en Argelia hay presencia de narcotraficantes de carteles mexicanos, aunque no supimos qué cartel específicamente.

La llegada de grupos armados al municipio podría generar un disputa territorial similar a la que se vive en Tumaco. Por lo que el Alcalde Aguilar pide que el Gobierno tome en serio la situación de Argelia para evitar que vuelvan la épocas de los combates y desplazamientos.

Por poblados cocaleros como este, que no sólo existen en Cauca, es que el fiscal general Néstor Humberto Martínez propuso quitar la energía en zonas de producción de cultivos ilícitos como coca, amapola y marihuana.

“Si se corta la energía los dueños de los laboratorios compran plantas que funcionan con combustible”, me dice uno de los campesinos en el laboratorio mientras se ríe. Dice que los que realmente se verían afectados son los negocios comerciales lícitos que dependen de la luz eléctrica.

Es por esto, por los problemas con la sustitución y porque la economía de la coca se volvió un estilo de vida en este municipio, que Argelia es un ejemplo de la cuesta arriba que tiene el Gobierno en la lucha contra la coca.

El laboratorio

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El laboratorio, que queda a dos metros de la carretera, está repleto de tarros plásticos de 200 litros, el techo es de eternit y está sujeto por guadua, hay motos parqueadas a un costado, y no mide más de once metros de ancho.

Cuando llegué había dos campesinos echando cal y cemento a 24 arrobas de hoja de coca (272 kilos aproximadamente) que estaban tiradas en el suelo previamente trituradas.

Me siento tranquila en la zona. No veo Fuerza Pública. Nunca la vi la media hora que estuve allí. Los que están en el laboratorio no tienen armas y parecen no necesitarlas para defenderse.

Un kilo de hoja de coca que venden los campesinos de la zona cuesta cuatro mil pesos. Es decir que esa tanda de 24 arrobas costó 1.088.000 mil pesos.

Un líder de la vereda Puerto Rico, cultivador de la hoja, me cuenta en las afueras de su casa de fachada sencilla y mientras vemos llover -poco antes de llegar al laboratorio-  que se cosecha cada tres meses y que de una hectárea, descontando costos de producción, se gana poco más siete millones, que dividido en los tres meses da ganancias por encima de dos millones mensuales por hectárea.

El olor es insoportable así que intento respirar por la boca. “No va aguantar”, me murmura uno de los campesinos.

“Claro que tiene que hacer daño (el olor) porque esto es muy fuerte, nos da carraspera en la garganta, gripes, pero uno está tomando vitaminas, alguna cosita para evitar mayores problemas. Hasta ahora no hemos sabido que cause enfermedades graves, pero de pronto con los años sí”, me dice con acento golpeado y mientras pide que no le tome fotos, excepto a sus manos.

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“Pero que no salgan las huellas ni los tatuajes, uno nunca sabe”,  me dice mientras se ríe.

Los químicos les abren el apetito y tienen que estar comiendo a menudo. Y el contacto con el petróleo les pela la piel. Algunos usan guantes, pero el que me habla no. Ya tiene la piel curtida.

La pasta de coca es comprada por campesinos de la zona que la llevan a los cristalizaderos, que están más escondidos y en dónde sí hay presencia de hombres armados. Allí se hacen otros procedimientos químicos para sacar la droga.

Un par de horas antes los cinco líderes con los que hablé en El Plateado me aseguraron que no saben quiénes son lo que compran la cocaína. “Nuestro conocimiento llega hasta la pasta, de allí para allá solo sabemos que son gente de mucha plata”, me dijo uno de ellos.

Aunque en los cristalizaderos sí hay campesinos trabajando, e incluso algunos son administradores, los líderes aseguran que ellos solo responden a otras personas que también son intermediarios. “La cadena es muy larga y los duros no están aquí”, concluyó un líder.

Vivir de la coca

En Argelia los campesinos que cultivan la mata ilegal están asociados principalmente en dos organizaciones, la de juntas de acción comunal, Asocomunal, y la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, Ascamta; que tienen legitimidad y en algunos casos control sobre aspectos de la vida social de Argelia.

Ellos defienden que por ahora necesitan el negocio.

En El Plateado, cerca al laboratorio que visité, viven nueve mil personas, cinco mil más que en la cabecera municipal de Argelia. Es uno de los corregimientos más grandes y con más cultivos según los líderes y el Alcalde, aunque no hay una cifra oficial. Es mitad de mañana, llueve levemente pero no hace frío.

Este corregimiento no tiene las calles pavimentadas y ahora están llenas de barro por la llovizna, pero sí cuenta con tiendas, restaurantes y bares que no tienen nada que envidiar a los de una ciudad.

Uno de ellos, en donde me reuní con los líderes con los que hablé, tiene licores de todos los tipos, instalaciones en cerámica, mueblería elegante, y equipado de bafles y luces.

Aquí en este corregimiento es donde el pasado 19 de octubre más de 500 campesinos sacaron al Ejército que quería incautar droga, lo que dejó en evidencia la tirante relación que hay entre las Fuerzas Militares y los cocaleros, cómo contamos.

Un integrante de la Junta de Acción Comunal de El Plateado me dice que no permitirán el ingreso de la Fuerza Pública porque la coca es el sustento de toda la economía del municipio.

(Esa persona, al igual que la mayoría de fuentes que hablaron para esta historia, me pide no ser citado por seguridad y “para evitar quedar en el radar del Estado”).

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Y es verdad. Más del 90 por ciento de la economía de Argelia depende directa o indirectamente de la coca, según me dice más tarde en el pueblo el alcalde, Diego Aguilar.

Directa, los que raspan la hoja de coca, los que la procesan en los laboratorios, los que que trabajan en los cristalizaderos y los intermediarios que compran la pasta de coca y la llevan a los cristalizaderos más conocidos como comisionistas.

E indirectamente, todo el municipio.

De la plata de la coca, por ejemplo, hacen obras para el municipio. Así me lo cuenta Wilmer Bolaños, quien es constructor y exvicepresidente de la JAC, que es una autoridad máxima en El Plateado.

Cobran un impuesto a los cocaleros y al comercio en general. También hacen eventos para recoger fondos y tienen un peaje comunitario en El Plateado que vale en promedio cinco mil pesos por vehículo.

Nada de eso está mediado por una autoridad local. La plata la manejan ellos y deciden cómo gastarla.

Con eso han hecho carreteras (en mal estado) en dirección hacia el Pacífico, por donde desemboca la ruta del narcotráfico; salones para un colegio y arreglaron el puesto de salud en el que un solo médico atiende a la población.  

El nivel de poder de la JAC es tal que en septiembre lanzaron un manual de convivencia para su corregimiento en el que establecen los horarios para las discotecas, multas para los que ocasionen riñas, desórdenes o venta de drogas. También regulan el uso del espacio público, prohíben establecer cultivos de uso ilícito a menos de 200 metros del área de la población o contaminar al ambiente con los residuos de los laboratorios de coca, entre muchas otras cosas.

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El mismo Alcalde de Argelia me reconoce que no podría hacer las obras que esas organizaciones hacen porque no cuenta con los recursos.

Los de la Junta dicen que ese liderazgo se lo aprendieron a las otrora Farc del Frente 60.

“Ellos (las Farc) pusieron el orden aquí, nos enseñaron a organizarnos, a defender y reclamar nuestros derechos, incluso frente a ellos mismos”, dijo un líder que ronda los cincuenta años.

Estos apoyos y defensas eran una táctica de las Farc para crear apoyo social y organizaciones afines a ellos. En este caso Ascamta fue una de ellas y pese a la salida de las Farc la organización sigue fuerte.

Sin sustitución a la vista

Los líderes de la JAC de El Plateado me explican que el punto más favorable del comercio de la hoja de coca es que tiene una salida asegurada.

El valor de la hoja nunca es fijo, siempre está subiendo o bajando, pero nunca falta quien la compre. La arroba (11 kilos) cuesta en promedio 50 mil pesos.

El campesino no tiene que salir de su casa porque la llegan a comprar allí. Al igual que la pasta.

“Vea, es que acá sí se pueden dar otros productos lícitos, pero el problema es a quién le vendemos. No tenemos el comercio asegurado de otros productos como cacao, caña o plátano. Además es costoso y demorado sacar el producto hasta las ciudades, las vías no son pavimentadas. Cuesta más producir los productos que lo que nos pagan por ellos”, me dice un líder que trabaja con la coca.  

Mientras, un campesino que me acompaña en el recorrido agrega por su lado: “Los más jóvenes empiezan como recolectores, pero quieren ascender hasta estar en los cristalizaderos. Entre más arriba de la cadena estén, más estatus social”.

De los 30 jóvenes que se gradúan cada año en El Plateado solo ingresan a la universidad tres o cuatro, según Nancy Hoyos la coordinadora del colegio Miguel Zapata, el único del corregimiento. “El resto se va a los cultivos que usted ve ahí”, agrega señalando su rostro hacia las montañas todas de color verdoso de la mata de la coca.

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Pero pese a que hay tanta plata Argelia sigue siendo pobre. Y lo es, en parte, porque así como los cocaleros pueden llegar a tener recursos muy rápido, es común que los gasten de la misma manera. “Son ricos por un tiempo y luego quedan sin nada”, me lo resumió un poblador.

Los cinco campesinos con los que hablamos, incluido Diego Rodríguez, coordinador municipal de la organización de cultivadores de coca, amapola y marihuana, Coccam, me dijeron que sí están dispuestos a sustituir, pero con propuestas claras y concretas por parte del Gobierno.

“Primero queremos inversión y luego si sustitución”, nos dijo Rodríguez.

“Es necesario que el Gobierno haga políticas públicas fuertes para que la gente cambie su economía”, añadió por su parte el Alcalde. Y eso requiere mucha inversión, tiempo, y entender las lógicas del territorio.

El mandatario y los campesinos creen que las actuales políticas se quedan cortas.

La única salida, según Rodríguez de Coccam, son los planes de sustitución voluntaria (Pnis). Pero por ahora no hay futuro para el Pnis en Argelia.

El Gobierno Duque ordenó suspender el proceso de los acuerdos individuales de sustitución hasta no crear una ruta definida de cómo se hará, según nos dijo hace días el coordinador del Pnis en Cauca, Luis Gabriel Rojas. Así las cosas, esa opción no se ve posible por ahora entre los argelianos.

En el laboratorio del corregimiento Puerto Rico otro de los hombres del lugar, con un costal envuelto en su cintura y no más de 30 años, comienza a triturar la hoja nuevamente con una máquina o guadaña. Vuelan pedazos por el aire que en cualquier momento se podrían meter en los ojos, pero el cortador no tiene ningún tipo de protección ni máscaras para el olor, al igual que los otros tres jóvenes que lo acompañan.

En un radio suena un reguetón.

El Consejo de Estado suspendió la regulación que permitía la exploración y explotación de hidrocarburos con fracking. Esto va en contra del Plan de Desarrollo que presentó esta semana el Gobierno de Duque donde incluye esta técnica dentro de su portafolio para construir la matriz energética del país.

Para entender las implicaciones de esta decisión invitamos a dos expertos de La Silla Llena a nuestro podcast. Ellos son Juana Hofman, abogada de Aida y coordinadora de la red por la justicia ambiental y a Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga y Asociados.

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher y Akörde FD.

Hace un año y medio el escándalo de Odebrecht parecía estar en su mayor fuerza y Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país y socio de la corrupta multinacional brasileña en su mayor contrato en Colombia, pintaba fuera de peligro a pesar de que era claro que una de sus empresas se había beneficiado de los sobornos.

Ahora, tras las extrañas muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, y de algunos avances en las investigaciones, esa inmunidad no es tan obvia porque tiene varios cuestionamientos directos. Ese riesgo se concreta en estos cuatro puntos:

El Concejo de Bogotá aprobó al mediodía el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa para hacer un nuevo cobro de valorización por 906 mil millones de pesos. Para eso fue fundamental el respaldo de 6 de los 9 concejales de Cambio Radical, a pesar de que el jefe máximo de ese partido, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, se declaró en contra y así le había pedido votar a su bancada.

El respaldo de la mayoría de la bancada de Cambio se dio esta mañana, después de una reunión en la que se esperaba que definieran si votaban en conjunto por el sí o por el no. En ese encuentro con el Secretario del partido, Germán Córdoba, acordaron, sin embargo, quedar en libertad para votar.

Fue un giro con respecto a lo que habían definido hace una semana en una reunión liderada con Vargas Lleras, pues acordaron votar que no, con una votación de 5 en contra del proyecto (Roberto Hinestrosa, Juan Felipe Grillo, César García, Pedro Julián López y Yefer Vega) contra 4 a favor (Julio César Acosta, José David Castellanos, Jorge Lozada y Rolando González).

Hoy sólo votaron en contra Vega, Castellanos e Hinestrosa, mientras los otros seis le ayudaron a Peñalosa a conformar el quórum que necesitaba y que no tenía hasta la semana pasada.

La votación terminó con 27 votos a favor y 16 en contra.

Con eso, Peñalosa terminó alineando a los concejales a sus intereses, y ganándole el pulso a Vargas, que desde hace cerca de un año, y ayer lo reiteró en una columna en El Tiempo, ha cuestionado al Alcalde por sus bajos niveles de ejecución. Y se ratificó que la voz del ex vicepresidente ya no influye como antes en su partido y su distanciamiento de Peñalosa, a quien impulsó en su candidatura en 2015.

Hoy, La Silla Cachaca contó cómo se llegó a este escenario y cómo esto le pega al liderazgo de Vargas en su partido en Bogotá, tal y como lo ha sufrido. Aquí la historia.

@JulianLopezM

Durante años, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios careció de herramientas suficientemente eficaces para cambiar el comportamiento de los prestadores de servicios públicos. En general, esta Superintendencia imponía multas por valores irrisorios. Con un tope máximo de 2.000 salarios mínimos, se trataba de sanciones que podían estar muy por debajo de los beneficios económicos obtenidos por algunas empresas con el incumplimiento de la ley.

Afortunadamente, hace tres años, con la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), el Congreso de la República autorizó a la Superintendencia a imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos, para las conductas más graves.

Con estas nuevas reglas, la Superintendencia pudo tomar decisiones ejemplarizantes. Por fin, empresas que afectaron o que pusieron en riesgo la prestación de servicios públicos como energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo a un número importante de personas (afectando grandes ciudades o incluso departamentos) fueron investigadas y sancionadas con multas acordes con su conducta. Y, aún más importante, gracias a este tipo de decisiones hubo cambios significativos en el comportamiento de los prestadores.

Por ejemplo, hubo un aumento de casi un 130 por ciento (entre el 2016 y el 2017) en el reporte de planes de emergencias y contingencias de las empresas de aseo.

Infortunadamente, hace unas pocas semanas, la Corte Constitucional decidió declarar inexequible el artículo que aumentaba el tope de las multas de la Superintendencia. Sus principales argumentos fueron violación de la unidad de materia (no encontró relación entre los objetivos del plan y el aumento), así como de la legalidad y tipicidad de las sanciones (la Corte criticó la delegación en el gobierno nacional).

Todavía no podemos conocer el texto completo de la sentencia (C-092 de 2018), sino apenas un comunicado (No. 39 del 3 de octubre de 2018). En todo caso, es posible reflexionar sobre sus posibles efectos y empezar a plantear algunas observaciones en relación con el fundamento de la violación de la unidad de materia.

El efecto directo de esta sentencia es que la Superintendencia quedó sin dientes. Y con ello, la Corte redujo la capacidad del Estado colombiano de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional (artículo 365 de la Constitución). De nuevo, los colombianos quedamos inermes frente a empresas que afectan no sólo los derechos de ciertos usuarios, sino la productividad de regiones enteras. 

Y, sobre la unidad de materia, genera cierta perplejidad que la Corte afirme en su comunicado que las “disposiciones de tipo sancionatorio son por su propia naturaleza completamente ajenas a una norma general de planificación económica.”

En 1991, la Constituyente decidió abrir las puertas para que el Estado no estuviera limitado a la prestación directa de los servicios públicos, sino que pudiera recurrir al sector privado (lo que facilitó un histórico aumento en cobertura y calidad). Pero, como ocurrió en otros países, reservó para el Estado la facultad de regularlos de manera que se cumplieran los objetivos de calidad y accesibilidad. E incluso se ocupó directamente de la Superservicios en un artículo de la Constitución. En otras palabras, entendió que el “Estado Regulador” (como se denomina esta forma de acción estatal) era un medio aceptable para construir el desarrollo.

Sin embargo, en esta sentencia, la Corte consideró que un elemento tan importante en la configuración del “Estado Regulador”, como las sanciones que puede imponer la Superintendencia, no tiene cabida en un plan de desarrollo. Otro viaje al pasado, por cuenta de esta decisión judicial.

En síntesis, la sentencia C-092 de 2018 de la Corte Constitucional deja dos malas noticias: una Superintendencia sin herramientas adecuadas para incidir en la conducta de las empresas de servicios públicos (sobre todo de las más grandes) y un pésimo mensaje en plena preparación del plan nacional de desarrollo sobre las posibilidades del “Estado Regulador”. Ojalá el gobierno nacional y el Congreso enmienden pronto esta situación.

El fin de semana el Departamento Nacional de Planeación, DNP, publicó las bases completas del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que propone el Gobierno de Iván Duque para los próximos cuatro años.

En el documento de 945 páginas el Gobierno deja ver que Duque aspira a convertir a Colombia en un país con más equidad, legalidad y emprendimiento, que son sus tres principales apuestas, apostándole a las empresas.

Aunque muchas de las estrategias delineadas en el Plan no están del todo aterrizadas (varias consisten en que un ministerio o una entidad se encargue de fortalecer o implementar un programa) las empresas están en el centro del diagnóstico en el que se basa el Plan y de las soluciones que plantea en sus 25 pactos o estrategias.

Las bases del plan son el punto de partida de la discusión y seguramente se ajustarán en su socialización antes de que llegue al Congreso en febrero, en parte porque es normal que las propuestas del plan se vayan acomodando con las recomendaciones distintos sectores, y en parte porque los datos con los que se hicieron estas bases corresponden a información del censo de 2005 y, como ya ha anticipado el Dane, las cifras del censo de 2018 serán distintas.

Esta semana continúan las reuniones entre los 36 ponentes de la Reforma Tributaria que el presidente Iván Duque presentó al Congreso el 31 de octubre. Entre tantos ponentes hay pocos congresistas que han liderado las discusiones, ya sea por su experiencia en las comisiones económicas o porque su formación les da insumos para liderar el tema.

Para armar esta lista de congresistas cancheros consultamos a 13 congresistas y excongresistas. Aunque hubo varios nombres, los congresistas coincidieron en los que les presentamos, que tienen un papel muy apetecido porque en el pasado eran los que más ‘mermelada’ recibían, dado el poder de ayudar al Gobierno a pasar la fuente de sus ingresos.

Por eso, en una discusión que pondrá en juego no solo la sostenibilidad financiera de la Nación sino la política anti mermelada de Duque, estos serán por lo menos algunos de los principales protagonistas:

Óscar Darío Pérez

Juan Felipe Lemos

Fernando Nicolás Araujo

María del Rosario Guerra

Rodrigo Villalba

David Barguil

Mario Castaño

Alejandro Carlos Chacón

Gustavo Bolívar

Carlos Cuenca