Juan Daniel Oviedo, director del Dane, presentó hoy la segunda entrega de los resultados del censo de este año (que no se hacía hace 13), ya con casi todo el país cubierto. El dato de que a mediados de este año vivían 45,5 millones de personas en Colombia, y no los casi 50 que proyectaba el mismo Dane, cambia toda la foto del país, en algunos puntos con un panorama más esperanzador y en otro con uno más oscuro.

Falta por conocer más detalles de lo que arroje el censo, como exactamente qué edades tienen los colombianos, cuánta gente hay en cada municipio o cuáles son las condiciones de las viviendas, además de que faltaba sumar los datos de 0,2 por ciento del territorio (y de que, por fechas, no va a alcanzar a mostrar el efecto de la inmigración venezolana).

La información más detallada puede arrojar nuevas conclusiones, pero con lo que hay por ahora y asumiendo que el censo acertó, se ven estos 10 grandes cambios:

Durante la negociación de la semana pasada que llevó a un acuerdo improbable sobre militares en la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, el ex presidente Álvaro Uribe hizo una propuesta que va en contravía de lo que ha defendido estos últimos años: defendió darle más impunidad a los ex guerrilleros de las Farc siempre y cuando ese beneficio también cobije a los militares.

La posición anterior

El ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe hizo campaña entre 2012 y este año con la impunidad que según él, creaba el Acuerdo de La Habana para las Farc.

JEP, lo fundamental sigue sin cambio: impunidad total disfrazada, elegibilidad política sin justicia a delincuentes atroces, Farc política, corrupción amnistiable

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 15 de noviembre de 2017

Presentaremos proyecto Ref Constinal para restablecer penas adecuadas al secuestro y violación de menores, que requiere derogar arts de JEP, (AL 001 2017), que dieron total impunidad a Farc. Alegarán acuerdos inmodificables, ppio favorabilidad, etc

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 17 de agosto de 2018

Cuando los diálogos entre el gobierno Santos y las Farc apenas llevaban un año, Uribedecía“nuestra oposición al proceso de paz no es a la paz sino a la impunidad”. Su argumento era que concederles total impunidad a los responsables de delitos atroces es un mal ejemplo que promueve nuevas violencias.

En la campaña del plebiscito de 2016, uno de sus eslóganes era el de"paz sin impunidad". 

Siendo consecuentes, cuando ganó el No y arrancó la renegociación del Acuerdo con el Gobierno Santos, el Centro Democrático propuso, entre otras cosas como eliminar la JEP, aumentar la sanción de quienes no reconocieran sus delitos a un rango de 15 a 20 años de privación efectiva de la libertad.  

A esa postura fue la que le dio la espalda la semana pasada.

El viraje

El martes pasado, en medio de la discusión a puerta cerrada entre todas las bancadas sobre el procesamiento de militares en la JEP y según le contaron por aparte a La Silla cuatro congresistas que estuvieron allí, Uribe propuso que los militares y ex guerrilleros que no reconozcan su responsabilidad, pudieran salir de la cárcel tras estar en ella 5 años.

Eso sería menos sanción que lo acordado. Hoy solo pueden salir libres luego de pagar entre 15 años y 20 años de cárcel, sin derecho a libertad condicional, un castigo mucho mayor que tener libertad condicional a los 5 años (que incluso sería menor que la de la justicia ordinaria, en la que hay derecho a pedirla al cumplir tres quintos de la pena, el equivalente a 9 años en una sanción de 15 años de cárcel).

Es decir, el ex presidente propuso darle más impunidad a la exguerrilla, siempre y cuando también hubiera más para los militares.

Lo hizo con el argumento de que ese beneficio evitaría falsos testigos y auto incriminaciones falsas. Su lógica es que al tener un menor incentivo de reconocer la responsabilidad, se reducirían los casos de personas que incriminan a otras falsamente o los de personas que admiten hechos que no ocurrieron sólo para que les rebajen las penas.

La bancada pro paz se opuso porque no estaban dispuestos a más reducciones de penas generales y sin condiciones, pues los guerrilleros y militares que no reconozcan sus delitos tampoco van a contribuir a revelar la verdad ni a reparar a las víctimas.

Eso a pesar de que la JEP está montada sobre la base de que puede beneficiar a quienes cometieron delitos graves en el marco del conflicto, siempre y cuando lo hagan y reconozcan su responsabilidad.

Por eso, la propuesta de Uribe reduciría la satisfacción de los derechos de las víctimas, que podría abrir la puerta para que la Corte Penal internacional intervenga en el proceso, pues se acercaría a lo que tanto se dijo en La Habana que no iban a hacer: un intercambio de impunidades.

Eso fue tan claro que, a pesar de que los ex guerrilleros saldrían beneficiados, la Farc se sumó a esa posición. El senador Carlos Antonio Lozada le contestó que no estaban dispuestos a pactar más reducciones de penas de las que se negociaron en Cuba. 

Aunque al final la idea del ex presidente se hundió y no quedó incluida en el pacto que se selló en la Comisión Primera de Senado la semana pasada, queda la pregunta de por qué el viraje de Uribe.

Una posible explicación es que era la única forma de hacer viable el contentillo de menos cárcel a los militares, porque en el marco de la justicia transicional no puede haber un tratamiento más benigno para los agentes del Estado que para los exguerrilleros.

Otra es que estuviera buscando que haya menos verdad judicial, pues su propuesta desincentivaría que ex guerrilleros y militares contaran lo que ocurrió.

Y una más es que, al pasar de la oposición a ser el padrino político del Presidente, pasó de ser el de mano firme que exige mayores penas, al de corazón grande que muestra clemencia (es decir, a una postura que tuvo cuando fue presidente, como recordó hace dos años Daniel Coronell).

La Silla intentó comunicarse con el ex presidente por medio de su jefe de prensa, pero no contestó nuestros mensajes.  

En todo caso, como el pacto entre las bancadas dejó la puerta abierta para que cualquier congresista pueda presentar otras iniciativas sobre estos mismos temas en otras reformas, Uribe puede revivir su idea.

Con los SúperAmigos buscamos crear una comunidad para interactuar y también una que nos exija para hacer mejor nuestro trabajo. Por eso, Juan Esteban Lewin está respondiendo en vivo las preguntas que tengan sobre nuestro trabajo.

La Alcaldía de Bogotá va a incumplir el compromiso de que el Transmilenio por la carrera Séptima sirva inicialmente para recibir a los pasajeros que se verán afectados por la construcción del metro elevado en la Caracas.

Eso quedó claro después de que el Distrito dio a conocer el cronograma de construcción de la nueva troncal, que salió a licitación hace dos semanas.

Mientras el grueso de las obras del metro sobre la Caracas se hará entre el 2020 y el 2022, el primer tramo de Transmilenio por la Séptima se va a inaugurar en el segundo semestre del 2022.

Es decir: ambos proyectos, que están retrasados respecto de los planes iniciales del alcalde Enrique Peñalosa, se harán en simultáneo y eso implica que, así él cumpla con echarlos a andar y cumplir dos de sus más grandes promesas de gobierno, por cerca de dos años habrá un trancón y traumatismos para los usuarios mayores a los previstos.

Al tiempo, se incumple “un parrafito” del Conpes con el que la Nación garantizó la plata que pondrá para el metro.

El trancón (y la salida)

La troncal de Transmilenio de la Caracas se verá afectada por la construcción del metro en el tramo que va de la calle 26 a la 72, ya que la obra pasará justo encima y será necesario adaptar las estaciones a la nueva estructura.

Según el cronograma actual de obras del metro, si ese proyecto no se sigue retrasando, desde mediados del 2019 y casi todo el 2020 estarán cerradas entre el 20 y 40 por ciento de las estaciones de Transmilenio de la Caracas entre la 26 y la 72.

Pasará a ser entre el 10 y el 20 por ciento entre el 2021 y el 2022, cuando se espera terminar la obra y volver a poner en operación completa la troncal Caracas.

Bajo esa lógica, el Conpes que firmó la Nación en septiembre de 2017 para garantizar la plata para el metro dice que la troncal de la Séptima “será la vía complementaria para atender la demanda de pasajeros en el borde oriental mientras se realiza la ejecución” del metro por la Caracas.

Esa propuesta era clave porque, como lo recuerda el mismo documento, en el borde oriental se concentra la mayor actividad económica de la ciudad y porque se espera que la Séptima movilice la mayor cantidad de pasajeros mientras se construye el metro, pues no sólo para descongestionaría la Caracas sino la NQS.

Para eso la Séptima debería estar terminada antes que el metro, y de hecho la administración Peñalosa calculaba que así fuera: en 2016 anunció que esa troncal estaría lista en 2019

Sin embargo, los estudios se demoraron más de la cuenta. El IDU, que los contrató, esperaba que estuvieran listos en octubre de 2017 para abrir la licitación, pero tuvieron varios problemas que llevaron a hacerles hasta cuatro prórrogas. Finalmente, la Directora del IDU, Yaneth Mantilla, abrió la licitación hace dos semanas.

El cronograma prevé que el primer tramo de esa troncal estará listo a finales del 2022. Es decir: cuando las obras de mayor envergadura del metro en la Caracas deben haber finalizado.

Como ambos proyectos se construirán al tiempo, entonces, la Séptima no “atenderá la demanda” de la Caracas, como estaba previsto.

Por eso será más difícil manejar la demanda de pasajeros de Transmilenio mientras duren las obras, pues no sólo tendrá que existir una solución para los usuarios del sistema en la Caracas, sino para los pasajeros que se movilizan por la Séptima.

Lo que se prevé ahora, de acuerdo con lo que le respondieron en la Empresa Metro a La Silla Cachaca, es que por la Caracas, mientras se construye el Metro, quede andando Transmilenio por los carriles por los que hoy ruedan los carros particulares y buses tradicionales, que saldrían de esa vía.

Esa es una solución que, según una fuente del Departamento Nacional de Planeación que trabajó en el Conpes del Metro, no estaba pensada en el documento pero reemplaza la función que ellos esperaban que hiciera la troncal de la séptima.

Tras una reunión con el Consejo Gremial y la promesa de unas mesas técnicas de trabajo para estudiar ajustes puntuales a la reforma tributaria, Iván Duque empieza a montar a los gremios al bus de su propuesta, algo que sería fundamental para sumar voces de apoyo a un proyecto que arrancó con críticas de todos los sectores políticos, empezando por su propio partido.

Como contó La Silla Vacía, la semana pasada algunos gremios reaccionaron también criticando el proyecto, a pesar de los beneficios que da a las empresas en general, lo que marcó un inicio poco alentador para la reforma.

Sin embargo, tras una reunión esta semana con el Consejoo Gremial Nacional, tres cabezas de gremios anunciaron públicamente su respaldo: Jorge Humberto Botero de los aseguradores (Fasecolda); Santiago Castro de los banqueros (Asobancaria) y Juan Carlos Rodríguez de los grandes transportadores de carga (Colfecar).

Lo hicieron en videos grabados por el Ministerio de Hacienda que ésta entidad compartió en su grupo de Whatsapp de periodistas que lo cubren y en redes sociales, una manera de darle más eco a esos respaldos.

Además el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, salió con Botero en un vídeo elogiando la reforma.

Esto fue lo que pasó.

El encuentro con los gremios

La reunión con el Consejo Gremial fue el miércoles al mediodía. Asistieron 22 gremios y el Presidente, los ministros de Hacienda, Vivienda, Comercio y Agricultura y el Secretario General de Presidencia, Jorge Mario Eastman.

Aunque inicialmente la idea era que el Consejo Gremial se reuniera con el ministro Alberto Carrasquilla, de Presidencia propusieron que la reunión fuera con Duque.

El encuentro empezó con una introducción de Duque.

El Presidente argumentó que la ley se necesita por la falta de plata para pagar el gasto social y por la necesidad de mantener la regla fiscal (es decir, ir reduciendo el déficit). También argumentó que ayuda a la formalización empresarial y al crecimiento económico, pues el Gobierno estima que la economía crecerá 4 por ciento el próximo año gracias a la reforma.

Luego Carrasquilla la expuso, de forma muy parecida a esta presentación que hizo ante los directores de medios la semana pasada.

Después tomaron la palabra los directores de gremios, que se dividieron entre voces de apoyo y otras críticas, particularmente por la eliminación de las exenciones de IVA y el aumento de este impuesto a la canasta familiar. Y es que, como es común, los gremios llegaron con posiciones distintas.

De hecho, dos fuentes del Consejo Gremial nos confirmaron por aparte que en la reunión interna que tuvieron el martes para preparar el encuentro con el Presidente, hubo una propuesta para que el Consejo respaldara en bloque la tributaria, así como apoyó en bloque la elección de Duque antes de la segunda vuelta. Pero fue rechazada porque no había consenso.

Frente al Presidente, según nos contó una fuente que estuvo presente, los directivos que apoyaron la reforma fueron Daniel Mitchel de Acoplásticos, Julián Domínguez de Confecámaras, Castro (que es un político conservador) de Asobancaria, Botero (ex ministro de Comercio de Uribe, presidente del Consejo Gremial y quien ya la había apoyado públicamente en CM&) de Fasecolda y MacMaster (ex director del DPS de Santos) de la Andi. .

Otros gremios, sin embargo se mostraron preocupados por puntos que los golpean directamente.

Por ejemplo, Sandra Forero de los constructores de Camacol se quejó por el IVA a la vivienda usada y la eliminación de estímulos para construcción y venta de vivienda de interés social.

Por su lado, Pedro Marún de los comerciantes de Fenalco criticó el efecto del IVA en el consumo y el golpe que podría significar a las ventas. Luego de la reunión Fenalco sacó un comunicado en el que reiteró este punto, aunque también habló de algunos beneficios de la ley como la simplificación del sistema tributario y la reducción del impuesto de renta.

Así mismo, Javier Díaz de los exportadores de Analdex cuestionó el IVA a los productos exportables y lo que implicaría para la caja de las empresas tener que esperar a que la Dian les devuelva el IVA.

Y Jorge Bedoya, ex viceministro de Defensa de Santos y cabeza de los gremios agrarios agrupados en la SAC, atacó el aumento del IVA a los alimentos y la eliminación de las exclusiones a materia prima y servicios de asistencia técnica para el campo.

Incluso Juan Carlos Rodríguez de Colfecar criticó el IVA al transporte de carga, pero como el Gobierno aclaró que era un error de redacción -según nos dijo una fuente que estuvo presente en la reunión-, luego la apoyó.

Al final Duque les propuso armar unas mesas técnicas de trabajo con Hacienda para “construir consensos” en esas preocupaciones puntuales. Eso cayó bien porque abre un espacio para convencer al Ministerio de Hacienda de hacer ajustes en la ponencia, y por eso bajó el tono de las críticas.

Según tres fuentes gremiales y dos del Gobierno, al final en la reunión quedó en evidencia que en términos generales la reforma sí tiene la aprobación de la mayoría de los gremios, pero sus preocupaciones concretas son grandes.

Por eso es temprano para decir que se montaron todos al bus. De hecho, las críticas de muchos pueden arreciar.

Lo que falta

La estrategia del Gobierno para acercar a los gremios no pinta sencilla por varias razones.

Una es que los tiempos serán difíciles de manejar porque están muy apretados, la ponencia debe estar lista la próxima semana y no la define el Gobierno sino los congresistas ponentes en coordinación con él, y la reunión del Consejo Gremial Nacional para definir cómo trabajarán en las mesas técnicas apenas será el próximo martes.

Otra es que las mayores preocupaciones de los gremios están en el IVA, que es el punto central para que la reforma tributaria logre sus metas de recaudo y por eso no es fácil que Carrasquilla y Duque cedan mucho.

“Sabemos que hay voluntad de diálogo del Gobierno, pero no sabemos qué tanto estén dispuestos a ceder”, nos dijo uno de los dirigentes gremiales que estuvo en la reunión.

Al final de lo que pase en estas mesas se definirá qué gremios terminan jugándosela por la ponencia de la tributaria y qué gremios terminan buscando apoyos en el Congreso para hacer ajustes.

La tercera es que es difícil darle a todos los gremios lo que piden, incluso si el Gobierno intenta hacerlo, pues darle un beneficio a alguno suele despertar el deseo en otro de lograrlo también. Al Gobierno le queda difícil ceder a todas las pretensiones porque se le pueden terminar descuadrando las cuentas de la ley.

Por eso las mesas pueden terminar con algunos gremios descontentos.

Eso no es menor porque, para Duque, conseguir ese apoyo es fundamental porque compensa la mala recepción de una reforma que, sin haberse empezado a debatir en el Congreso, ha sido criticada por todos los partidos políticos.

Incluso el Centro Democrático ha dicho que no les gusta la idea de aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar, algo en lo que coinciden liberales, conservadores, la oposición y en general todas las bancadas.

Además, con voces técnicas como la de Fedesarrollo en cabeza de Luis Fernando Mejía (quien hasta la semana pasada fue director de Fogafín, nombrado por Duque) criticando por lo menos partes de la reforma, la necesidad políticas de voces de apoyo es mayor.

Va un hilo con algunos comentarios sobre la #LeydeFinanciamiento, que contiene elementos positivos para destacar, pero que también genera preocupaciones en diferentes frentes.

— Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) 7 de noviembre de 2018

Al Gobierno tampoco le favorecen que la apoyen públicamente los cacaos, con quienes Duque tuvo una reunión más favorable, pues podría reforzar la imagen de ser una reforma que favorece a los ricos y ‘clava’ a la clase media, lo que la debilitaría políticamente todavía más.

Por eso también está buscando apoyo en economistas destacados (varios también estuvieron en la reunión con los cacaos) para defender la tributaria y dar un debate técnico.

Pero si los principales beneficiados de la reforma, que son los empresarios representados por los gremios no la apoyan, le darían un golpe al corazón de la reforma tributaria.

El viernes pasado se venció el plazo para que los interesados en operar Electricaribe se postularan. Sólo una empresa, el Grupo Enel de Italia, pidió información sin hacer oferta formal, lo que muestra lo poco atractivo del negocio del operador por el que llevan años padeciendo en el Caribe.

Electricaribe tiene cerca de 2,5 millones de usuarios y presta el servicio de energía eléctrica en siete de los ocho departamentos de la región -el único en el que no está es San Andrés-. Pero la casi nula inversión a las redes locales por parte de sus antiguos dueños (los españoles de Gas Natural Fenosa) generaron una mala prestación que estuvo a punto de convertirse en una bomba social.

Por esa razón, y ante el fracaso de un plan de inversiones conjunto entre los privados y el Estado, en 2016 la empresa fue intervenida (por lo cual Fenosa demandó y le está exigiendo casi dos mil millones de dólares al Estado).

Electricaribe tiene deudas por aproximadamente 2,4 billones de pesos, un pasivo pensional de 700 mil millones y requiere inversión en infraestructura de 7 billones en los próximos 10 años para mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio. Para analizar esta problemática, La Silla Académica entrevistó a Judith Echeverría Molina, profesora de la Facultad de Derecho de La Universidad del Norte, quien ha estudiado la política de servicios públicos domiciliarios en Colombia durante 28 años y tiene publicaciones en la materia como "Participación comunitaria para el control ciudadano de los servicios públicos domiciliarios", “La prescripción de servidumbres de transmisión y de distribución de energía Eléctrica” y “Servicios públicos domiciliarios. Dos décadas de contrastes. Una mirada desde la academia y la empresa”.

Analizamos con la profesora Echeverría el modelo de prestación del servicio público de electricidad, sus complejidades en el Caribe y las alternativas que hay para que el mismo pueda ser un negocio atractivo para un inversionista, una de ellas, modificar la política de oferta de servicios por una de control de la demanda. Sus apreciaciones son a partir de su trabajo académico y no comprometen a la Universidad del Norte.

Una pelea en el gremio de los seguros podría convertirse en una de las papas calientes de la Presidencia de Iván Duque. 

Tiene que ver con la manera en la que se están negociando las pólizas de cumplimiento para contratistas en las grandes empresas, un negocio multimillonario que está dejando de lado a los intermediadores medianos y pequeños en todo el país. 

Aunque la puja lleva varios años, en los últimos meses se reencauchó por cuenta de una decisión de Ecopetrol, que, por ser la empresa más grande del país, afecta a centenas de corredores, y que tiene particular impacto en Barrancabermeja, cuya economía gira alrededor de la refinería. 

Ya va en una acción popular de intermediarios pequeños y medianos en un juzgado de ese puerto y en una demanda que debe decidir la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que depende del Presidente.  

El pulso es clave porque los seguros movieron el 2,9 por ciento del PIB el año pasado, afectan a empresas de todos los sectores y será difícil de ignorar para un Gobierno, que, como ha contado La Silla, habla en clave empresarial. 

La pelea

La puja está en el negocio de la venta de pólizas de cumplimiento, que son las que compran los contratistas para garantizarle a quienes los contratan que sí ejecutarán sus obligaciones, y que movió en el último año más de medio billón de pesos.

Aunque lo usual es que el contratista al que le exijan una póliza de ese tipo busque a su corredor de seguros para que escoja la póliza más favorable de las que ofrecen las aseguradoras, los intermediarios más grandes y las aseguradoras cambiaron esa dinámica. 

Introdujeron las ‘pólizas matriz’ o ‘para grandes beneficiarios’, para que las empresas con mucho músculo de contratación puedan aprovechar su tamaño y negocien en bloque las pólizas que la van a proteger de posibles incumplimientos de sus contratistas.

Con eso, pueden conseguir amparos especiales, que les paguen más rápido las aseguradoras u otras condiciones que pueden disminuir sus riesgos, además de que se quitan la carga de revisar las muy diversas pólizas que presentan sus contratistas para ver si son válidas y suficientes o no.

“Es como un traje a la medida que diseña quien tiene una posición dominante”, dijo a La Silla un experto que pidió la reserva de su nombre porque no está autorizado para pronunciarse.

El problema, es que eso saca del mercado a los intermediarios medianos y pequeños, porque concentra un negocio que era de decenas o centenares de corredores, en uno solo.

Si bien esas pólizas arrancaron en 1997, en 2013 estalló la pelea cuando el Grupo EPM, otra de las empresas más grandes del país, tomó una póliza matriz y anunció que todos sus contratistas debían acudir a un único intermediario para tramitar los seguros de cumplimiento.

Ante eso un grupo de corredores medianos y pequeños en Antioquia, que más adelante se agremiaron en la Asociación Colombiana de Intermediadores de Seguros, Acois, denunció ante la SIC esa modalidad, que los sacaba del negocio y que alegan que viola la libre competencia. También acudieron a la Superfinanciera para que investigara si había algo irregular.

Fue hasta 2016 que en la SIC admitieron la queja y la investigación empezó a andar. Eso, luego de un pulso de los pequeños corredores con esas dos entidades que incluyó denuncias ante la Procuraduría por las demoras. 

En estos momentos, el delegado para la Protección de la Competencia, Juan Pablo Herrera, está evaluando preliminarmente el proceso y recaudando pruebas. Una vez lo haga, definirá si archiva la queja o abre una investigación formal. 

Al tiempo, la decisión de Ecopetrol de entrar en ese negocio puso más caliente el pulso. 

La entrada de Ecopetrol

En diciembre de 2016 la empresa más grande del país abrió un concurso para contratar a un único corredor que intermedie la adquisición de todas las pólizas de cumplimiento de sus contratistas.

Es una negociación millonaria porque incluye el trámite anual promedio de 11.536 pólizas entre las refinerías de Barranca y Cartagena, sus sedes en todo el país y filiales como Cenit, que administra los oleoductos.

El concurso se lo ganó una unión temporal integrada por Aon Risks Services Colombia y Jardine Lloyd Thompson Valencia & Iragorri, dos de las intermediadoras más grandes del país.

Hace un año, en octubre de 2017, Ecopetrol anunció formalmente que el nuevo modelo arrancaría, y el pulso escaló. 

Un grupo de corredores locales apoyados por Acois empezó a discutir la idea de frenar jurídicamente la decisión de la petrolera. 

La aterrizaron con una acción popular que argumenta que les estaban vulnerando los derechos al trabajo y a la libre competencia económica, y que el 25 de septiembre aceptó el Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja.

Allí la pelea tiene una connotación adicional, porque, como ha contado La Silla, el segundo municipio más grande de Santander está en crisis económica desde que el precio del petróleo se desplomó y Ecopetrol aplazó indefinidamente la modernización de su refinería más grande para concentrar sus recursos en Reficar.

En Barranca hay 45 agencias de corredores de seguros que vivían principalmente de ese mercado, a las que la entrada del único intermediario les pega con fuerza. 

“No solo nos sacan de tajo porque seleccionan a un solo intermediador, sino porque las condiciones que exigen en las licitaciones no permiten que los medianos y pequeños se acerquen siquiera a la posibilidad de ejecutar el contrato”, dijo a La Silla Aibar Rincón, quien interpuso la acción popular. 

Como ambos procesos pueden tardar, y en el caso de la acción popular la respuesta solo se remitirá al caso específico de Ecopetrol; los intermediarios tienen las expectativas puestas en que la SIC tumbe las ‘pólizas matriz’.

Eso es lo que se convierte en una papa caliente para el Gobierno. 

La papa caliente

El Superintendente a quien eligió Duque es Andrés Barreto, quien, como contamos, es de su llavero y tiene experiencia en derecho internacional y no en competencia o propiedad industrial, los dos asuntos centrales de la Superintendencia.

Aunque no será él directamente quien tome la decisión en primera instancia, sí será Herrera, a quien Barreto nombró como delegado de competencia y por lo tanto encargado de este y otros procesos similares. Por eso, lo que ocurra será una señal política fuerte al menos por dos motivos.

Uno es que Duque tiene un apoyo fuerte del sector empresarial y ha mostrado que quiere ayudarle, como lo prueba su propuesta de reducir el impuesto de renta a las empresas.  

Esta decisión puede enviar la señal de si ese el Gobierno se inclina más por empresas pequeñas y medianas, como son los más de 23 mil agentes medianos y pequeños, o si más bien se la juega por las grandes empresas y los grandes intermediarios, que pueden hacer más eficiente pero más concentrado el mercado.

El segundo es que el Superintendente anterior, Pablo Felipe Robledo, dio varios golpes para defender la libre competencia con las sanciones a carteles como el de los pañales y el del papel higiénico y dejó priorizadas investigaciones sobre colusión (acuerdos entre contratistas para repartirse las licitaciones y así violar la libre competencia, y evitar que el Estado ahorra plata poniéndolos a pujar).

Con eso, la SIC volvió a demostrar lo poderosa que puede ser y que ya había demostrado como cuando Emilio José Archila casi evita la fusión de Aces y Avianca. La decisión del equipo de Barreto sobre los seguros, marcará el norte que seguirá ese súper poder.

¿En dónde estamos?

Después de 4 años de conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Farc, el 24 de noviembre de 2016 ambas partes firmaron el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Con no pocas dificultades políticas y de operación institucional, la implementación de lo acordado ha pasado a ser una realidad y están en marcha o han terminado procesos como la dejación de armas, el tránsito a la vida política, el inicio de la reincorporación de los excombatientes y la aprobación de algunos proyectos de ley que dan viabilidad jurídica y cumplimiento a la implementación.

Colombia está hoy en plena fase de transición, no solamente de transición política debido al reciente cambio de gobierno, sino en una transición histórica como resultado de haber dejado un largo conflicto armado atrás y haber entrado a enfrentar con mayor énfasis otros desafíos, que se han hecho evidentes en el surgimiento del pluralismo político y en las distintas tensiones sociales que se han venido haciendo cada más visibles en los territorios, y que el liderazgo y dirigencia del país deberá abordar con inteligencia en los próximos meses, años y décadas.

Además de los retos operativos de la implementación y los de avanzar en el cumplimiento del mandato de la institucionalidad ya creada, uno de los mayores desafíos de esta transición será enfrentar los efectos negativos de la polarización política en sus distintas manifestaciones. Algunos como resultado de las posturas opuestas entre sectores políticos frente a algunos temas estructurales del Acuerdo Final logrado con las Farc, o aquellos que reflejan las fuertes tensiones entre las distintas maneras de abordar el desarrollo económico y que involucran discusiones como las de extractivismo frente a conservación, o la agroindustria frente a la pequeña economía campesina, por citar un par de ejemplos.

La gobernabilidad será un desafío para los próximos años, tanto en el Congreso de la República debido al surgimiento del pluralismo político que está mostrando su vigor, como por las distintas tensiones sociales que se presentan en un país dividido y con ineficacias para recuperar y mantener la presencia plena del Estado y el control territorial.

En ese escenario, no serán suficientes acciones legislativas o ejercicios de planeación y emprendimiento de proyectos de la manera tradicional. Además de garantizar las condiciones de seguridad y legalidad, se requiere que en los territorios se avance en la generación de condiciones para la convivencia y reconciliación, que permitan desactivar los riesgos de violencia, y hacer realidad la premisa esencial de desligar el uso de las armas del ejercicio de la política, para con ello, asegurar la no repetición del conflicto armado en Colombia.

En ese sentido, desde las diferentes orillas políticas han venido creciendo las voces que proponen avanzar hacia un acuerdo o pacto nacional. Incluso, el presidente viene insistiendo en un ‘Pacto por Colombia’, y hasta en el mismo acuerdo con las Farc, por ejemplo, se plantea avanzar hacia un Pacto Político Nacional que involucra un esfuerzo regional.

No obstante, un pacto político o un acuerdo nacional no surge espontáneamente ni se decreta. Tampoco es una tarea exclusiva de las instituciones gubernamentales. Debe ser construido y validado desde los territorios y con una amplia participación, involucrando especialmente a las comunidades de las regiones más afectadas por el conflicto armado, y promoviendo procesos de diálogo y acciones colectivas que hagan frente a las conflictividades del territorio. Un acuerdo de esta naturaleza debe surgir del proceso mismo de construcción de paz territorial.

En un contexto de construcción de paz más amplio que el de la implementación de los puntos del Acuerdo, ya en el escenario natural del abordaje del futuro y desarrollo del país y sus regiones—incluso aquellas que relativamente fueron menos afectadas por el conflicto—es claro que éstas transitarán de manera cada vez más creciente por complejas conflictividades derivadas de las diversas y opuestas visiones acerca de las dinámicas de desarrollo económico y social en cada territorio.

Desde la perspectiva de la implementación del Acuerdo de Paz, el adecuado trámite de esas conflictividades territoriales será especialmente importante, por ejemplo, en las discusiones sobre el uso, la tenencia y la formalización de la tierra; en los diálogos regionales para encontrar conveniencias entre los diferentes modelos de desarrollo rural; y en los espacios donde es necesario acordar visiones de convivencia entre comunidades étnicas, campesinos y empresarios.

En el corto y mediano plazo, por ejemplo, la existencia de espacios de diálogo entre intereses diversos u opuestos será crucial para mejorar las condiciones y resultados de los ejercicios de participación contemplados en estrategias regionales institucionales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), o en diálogos sobre desarrollo rural en las regiones.

En la dimensión de la verdad y la reconciliación, el reto será lograr que esos procesos avancen en ambientes de desconfianza y pugnacidad entre los actores y de éstos con las instituciones encargadas de promover esos procesos, ante las profundas fragmentaciones que persisten especialmente en regiones todavía afectadas por lo que sucedió en el conflicto armado. Promover espacios donde se logre la concurrencia de liderazgos regionales -que representan o son expresión de sectores que estuvieron involucrados o afectados- puede contribuir a mejorar las condiciones para lograr escenarios de convivencia a partir de los cuales sea posible avanzar en la reconciliación y en la ‘no repetición’.

En el terreno del desarrollo y sus desafíos, hoy son visibles las tensiones sociales en distintos territorios y por distintas causas asociadas o a la histórica deuda social del Estado o a la definición de las apuestas económicas regionales para los próximos años. Las tensiones entre modelos de producción y conservación ambiental o aquellas discusiones 3 alrededor de las zonas de reserva campesina o modelos como las Zidres, son otro ejemplo de esto. Es por esto que es fundamental la creación de escenarios de diálogo constructivos, pero metodológicamente sólidos y eficientes en sus resultados.

En un contexto más amplio, el escenario de polarización política y ciudadana frente al acuerdo de paz y frente a algunos de sus componentes, así como la forma en que se viene haciendo la discusión de otros temas de la agenda pública, corroboran la necesidad de promover y emprender estos ejercicios de encuentro entre opuestos, no sólo como una condición necesaria para avanzar en los procesos de recuperación de confianza y reconciliación, sino también para generar el involucramiento de actores diversos y enfrentados en procesos territoriales, pues esto permite generar espacios civiles de contención de amenazas a líderes y organizaciones sociales, y de sanción/control social frente a prácticas violentas para resolver diferencias o preservar intereses o derechos.

Posicionar el diálogo entre opuestos en la agenda pública del país, como un mecanismo idóneo para el fortalecimiento de la democracia y el Estado Social de Derecho debe ocupar un lugar primordial en la agenda de los colombianos.

En esta apuesta, el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional será fundamental por el cúmulo de experiencias de países que ya han atravesado otros procesos de transición similares, y por su papel como garante de transparencia e imparcialidad.

Sí es posible

Hoy hay en marcha en el país diferentes iniciativas de diálogo, especialmente de tipo sectorial, o múltiples espacios de diálogos de organizaciones de base. Estas se caracterizan en general por no congregar actores con diferencias profundas, sino por ser diálogos de actores con intereses y expectativas comunes entre sí, lo que podría denominarse como diálogos del ‘yo con yo’.

Con excepciones valiosas como el proceso Gdiam y otros pocos, es escasa la existencia o promoción de espacios no institucionales de carácter nacional con participación de liderazgos divergentes para la discusión de temas estructurales, aun en el contexto de polarización al que se hacía referencia antes; o de espacios en el nivel territorial que congreguen liderazgos locales de alto nivel alrededor de los desafíos del posconflicto o de temáticas potencialmente conflictivas en el futuro inmediato de sus regiones.

Con la metodología de ‘Diálogos Improbables’ se vienen realizando desde hace un año dos procesos que muestran que sí es posible emprender ese camino.

En Cesar y Meta se ha logrado establecer un espacio con líderes con derechos e intereses sociales, económicos y políticos diversos y contrapuestos, y con posturas y visiones distintas frente a los temas relativos a la convivencia y el desarrollo. Los grupos están conformados por personas representativas en la región y con capacidad de influencia en la vida de sus territorios.

De manera confidencial, han establecido un espacio de confianza y en las próximas semanas saldrán a vincular más actores relevantes en sus regiones, para luego hacerle una propuesta a sus coterráneos y al país sobre cómo convivir en la diferencia y cómo abordar las conflictividades sobre temáticas críticas para el desarrollo del departamento.

En este tiempo, han podido no solo materializar que sí es posible juntarse a pesar de las grandes diferencias, sino que además es posible también llegar a consensos construidos colectivamente sobre como convivir de manera más inteligente en el mismo territorio, y aún más allá: cómo abordar, desde lo local, las problemáticas más críticas del desarrollo económico y social de la región.

Este ejercicio que deja muchas lecciones podrá ser replicado en otras regiones, gracias a la Plataforma de Diálogos Improbables que se está gestando como iniciativa desde la sociedad civil para contribuir al logro de consensos entre actores líderes y representativos alrededor de: a) los temas de convivencia social y democrática, y b) el trámite constructivo de las conflictividades derivadas de las dinámicas del desarrollo económico y social, en los ámbitos sectorial, territorial y rural.

Se trata también de promover, a través de la práctica, una cultura basada en el diálogo y el reconocimiento del otro como un interlocutor válido en lo político, lo social, lo económico, lo cultural y lo humano, y de potenciar la riqueza de la diversidad de pensamiento y contribuir a la no estigmatización.

Es difícil sobreestimar las bondades que pueden conseguir estos espacios: logran incluir, vincular y articular en procesos relevantes en sus territorios, a líderes locales que han estado excluidos de procesos de alto impacto en sus regiones; generan las condiciones para la creación de una masa crítica local de la sociedad civil, importante para ejercer el liderazgo local y para lograr una interlocución con las autoridades nacionales y locales; permiten crear o incrementar capital social y reconstruir tejido social; facilitan el logro de acuerdos mínimos de largo plazo; mejoran la calidad de la discusión pública; y reducen los efectos de los altos niveles de polarización.

Incluso, contribuyen a las condiciones colectivas de seguridad y prevención frente a amenazas a líderes o poblaciones vulnerables a través de redes de control social o de un relacionamiento activo y constructivo con los gobiernos y autoridades locales.

Los diálogos improbables son una pieza imprescindible en el rompecabezas de la transición que vive Colombia. 

El Presidente Duque completa por estos días los primeros 100 de ejercicio presidencial y arrancan los primeros balances y las comparaciones inevitables. Yo me anticipé a decir que podría ser un gobierno de transición como Carlos E Restrepo, Eduardo Santos o Alberto Lleras, pero he oído a votantes suyos que dicen preocupados que le encuentran cierto parecido con Andrés Pastrana.

La acusación no es menor, Pastrana es para muchos el peor presidente de la historia contemporánea de Colombia, sus resultados fueron desastrosos en temas económicos y sociales y, como consecuencia de su pésima estrategia con la guerrilla, durante su gobierno el conflicto armado escaló a niveles impensables.

Pero la comparación no la hacen por los resultados sino por el estilo. A Pastrana siempre se le criticó su banalidad. La opinión pública ha castigado ese estilo con las peores evaluaciones cuando se pregunta por la favorabilidad de quienes han ocupado la presidencia. La encuesta Gallup ubica consistentemente a Pastrana como el peor calificado.

En al menos cinco cosas le han encontrado parecidos de estilo a Duque con Pastrana: el estilo conciliador que la gente identifica con falta de liderazgo, su gusto por los viajes al exterior, su atracción por los personajes del deporte y la farándula, sus dificultades en la relación con los políticos y su tendencia a gobernar con los amigos personales.

A la mayoría de los colombianos parece gustarles un liderazgo más asertivo. Los propios funcionarios y políticos se desconciertan cuando Duque dice estar siempre dispuesto al diálogo. Cuando un Ministro está listo para dar una pelea, el Presidente hace una declaración diciendo que hay que oír y que no tiene dogmas. Así le ha pasado a Carrasquilla con la propuesta de reforma tributaria, a la ministra de minas con el fracking, al ministro de defensa con la protesta social.

La disposición al diálogo podría ser considerada una virtud, pero en Colombia son mejor valorados líderes del estilo de Uribe, o incluso de Petro, que los que son como Fajardo o Duque calificados como tibios.

En el Gobierno del Presidente Pastrana los ministros se quejaban de que les faltaba “línea” e incluso trataban de tomar decisiones arriesgadas sin consultar porque decían que si preguntaban en la Casa de Nariño los bloqueaban.

Un director de un medio de comunicación importante, en una expresión muy bogotana dijo: “le mata la vaina internacional”. Votó por Duque y fue el primero que me dijo alarmado: es como Pastrana. Se quejaba de que no había alcanzado a llegar a la Casa de Nariño cuando ya estaba en Panamá, igual que Pastrana lo había hecho en su momento que había ido a Ecuador.

El periodista hizo la afirmación porque Duque a la segunda semana alistaba un viaje a Paraguay a la posesión presidencial. Aún no se conocía el periplo por Estados Unidos con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni la criticada visita al Vaticano, en el que usó el método de las flotas: Roma e intermedias.

Hoy está, otra vez, en Europa, ahora para conmemorar el centenario de la terminación de la primera guerra mundial. Pastrana viajó 57 veces y por más de 220 días. Duque lleva 5 viajes y unos quince días. A ese ritmo el record de Pastrana está en riesgo.

Sin duda el mundo está cada vez más globalizado y los viajes del Presidente pueden ser importantes, pero a la mayoría de los colombianos les parece un derroche y mucho más si cometen errores de protocolo como los que cometieron en la visita al Vaticano.

A los medios bogotanos les parece un “oso” que el Presidente ande regalando la camiseta de la selección Colombia, en un momento de no mucho brillo del equipo del que seguramente Macron conoce pocos jugadores. Las fotos con Macron y el primer ministro de Canadá le parecen lo máximo.

A Duque le gusta el fútbol y todo el deporte, por eso en estos días ha habido espacio para Mariana Pajón y Nairo Quintana. También le gusta el vallenato. Ha cantado con Carlos Vives y dicen que recibió a Silvestre Dangond. Lo de Maluma, en cambio, parece un puro cálculo de los estrategas de comunicación de Palacio, quizás pensaron que esa imagen aflojaba a los miles de jóvenes que marchaban pidiendo mejorar las condiciones de la educación superior.

Pastrana también se fotografiaba con boxeadores, cantantes, actrices y toreros.

El parecido que le encuentran a Duque con Pastrana por no haber conformado mayoría en el Congreso es en realidad una injusticia.

Pastrana, cuyo partido -como el de Duque- era minoritario en el Congreso, armó una coalición llena de mermelada que después de rompió porque quiso lavarse las manos de un escándalo de corrupción que involucraba a esa coalición. Duque en cambio no consiguió armar coalición y, claro, tendrá dificultades similares y sus ministros enfrentarán mociones de censura como cuando Néstor Humberto Martínez, en épocas de Pastrana, debió renunciar para evitar que la estrenaran contra él.

Es cierto que Duque y Pastrana nombraron a sus amigos cercanos, a los compañeros de la universidad, a los partner de las fiestas de juventud, a los contertulios de los almuerzos en Washington, a los amigos de infancia. En ambos casos fueron personas bien formadas, aunque sin experiencia en el Gobierno.

En épocas de campaña, los contradictores nos amenazaban con que se iba a parecer a Uribe y que por ello tendríamos riesgos de debilitar la democracia. Otros, para desprestigiarlo, lo comparaban con Santos, cerraban las discusiones con un lapidario: “si es igualito a Santos”, en especial porque compartía –decían- su política económica.

Ahora nos dicen, como en la ley de Murphy, que la cosa podía ser peor y que en realidad se parece es a Pastrana.

Tras haber sido uno de los grandes derrotados de su departamento en las regionales de hace tres años, el cuestionado exrepresentante sucreño Yahir Acuña, nacionalmente famoso por repartir botellas de whisky y billetes a sus simpatizantes, quiere la revancha en 2019.

Al menos, eso evidencia el hecho de que esté moviendo una eventual aspiración suya a la Gobernación, en alianza con su otrora gran rival: el exsenador liberal, ahora cercano la casa Char de Barranquilla, Mario Fernández, quien aspira a la Alcaldía de Sincelejo.

El problema es que ya les armaron coalición en contra, integrada por casi toda la clase política local y liderada por el grupo de un nuevo poder emergente: el del alcalde sincelejano, Jacobo Quessep.

Desde las cenizas...

En las legislativas de hace cuatro años, Yahir Acuña (quien tiene desde 2011 una investigación abierta en la Corte Suprema por parapolítica) se coronó como el nuevo mandamás de Sucre, por encima del exsenador y parapolítico condenado por una masacre, Álvaro ‘el Gordo’ García, quien fuera el todopoderoso allí por poco más de dos décadas.

A punta de whisky y billete, Acuña logró quedarse esa vez con dos de las tres curules a la Cámara que tiene ese departamento (incluyendo una para él) y fijó alianzas con siete senadores a los que les puso votos.

El mismo año, se convirtió en el hombre fuerte de la reelección santista en Sucre, como lo detallamos en La Silla.

Pero el imperio le duró poco. Para las regionales de 2015, sus amigos santistas en el Gobierno Nacional le dieron la espalda y varios impulsaron un ‘Toconyá’ (todos contra Yahir) a nivel local para enfrentarlo por la Gobernación, pues Acuña había renunciado al Congreso para postularse a ese puesto.

Al final, no se lanzó él, sino que lanzó a su esposa (Milene Jarava), pero fue derrotado por una mezcla de voto de opinión y maquinaria, encarnada por el actual gobernador Édgar Martínez, de Cambio Radical.

En las elecciones a Congreso de este año, arañó poder con la curul a la Cámara que alcanzó su esposa Milene con el aval del viejo PIN. Aunque, para las presidenciales, ningún candidato aceptó tomarse foto con él.

Ahora, rumbo a las locales de 2019, quiere salir de entre las cenizas con una nueva aspiración a la Gobernación que ya empezó a mover por sus redes.

Está promocionando entre sus seguidores sondeos informales en los que pide votar por él y enviando mensajes en los que anuncia que está “con paso firme” para ese cargo y que su momento “ha llegado”.

Al tiempo, continúa haciendo oposición al Gobernador Martínez desde un medio virtual llamado La Voz, que dicen que es de él porque le da juego a todo lo que hace y anuncia.

De lo que saca La Voz, Yahir ha ayudado a difundir especialmente los detalles de la relación política entre el mandatario y el condenado y preso Gordo García, una liga que quedó confirmada luego de que se conociera el video de un encuentro entre Martínez y el Gordo en Bogotá.

Como la política es dinámica, para esta nueva empresa electoral Acuña ya armó alianza con el que fuera uno de sus principales rivales políticos en Sucre: el exsenador charista Mario Fernández, quien de hecho fue hace cuatro años uno de los líderes del Toconyá.

Fernández, cuya esposa Ana María Castañeda llegó este año al Senado con el aval de Cambio Radical y el apoyo de los Char, aspira a la Alcaldía y la idea que tienen él y su amigo Yahir es presentarse en fórmula, aunque no necesariamente por el mismo partido (aún no está definido, pero Fernández iría por Cambio Radical y Acuña por el PIN).

Pero al dúo Yahir-Mario promete atravesársele otra alianza, una más grande, liderada por el poderoso emergente de Sucre, que quiere ponerles competencia fuerte tanto para la Gobernación como para la Alcaldía.

El poder emergente de Sucre

El poder emergente actualmente en Sucre se llama Jacobo Quessep Espinosa, un abogado de 38 años que, con una corta carrera en lo público y tras haber sido Personero, en 2015 le ganó la Alcaldía al candidato de Yahir Acuña (llamado Carlos Vergara).

Lo hizo con el aval de la ASI y del Partido Liberal, que en ese momento dirigía en Sucre Mario Fernández, quien lo respaldó como su padrino político.

Mario y Jacobo, no obstante, comenzaron a distanciarse cuando el grupo de Fernández comenzó a hacerle al Alcalde exigencias burocráticas mayores a las que tenían pactadas; y rompieron relaciones del todo cuando el mandatario decidió independizarse y montar su movimiento político propio.

La independencia de Quessep se materializó en las de Congreso de este año, cuando su grupo decidió lanzar a la Cámara a Samil Villamil (primo del Alcalde) por Cambio Radical y no respaldar a la esposa de Fernández al Senado por el mismo partido.

Con ello, el Alcalde de Sincelejo pasó de ser un alfil de Mario Fernández a un dirigente con estructura propia y la curul a la Cámara más votada de Sucre con 70 mil apoyos.

Su ascenso se ha dado en medio de los tropiezos de Yahir y el ocaso de casas políticas tradicionales sucreñas, como los Guerra, que perdieron este año la curul de Senador de Antonio ‘Toño’ Guerra; y el Gordo García, que se ahogó tratando de llevar a su sobrina también al Senado y se quedó sin silla en el Legislativo por primera vez en décadas.

En el camino hacia arriba, el movimiento de Jacobo ahora quiere poner heredero a la Alcaldía y candidato fuerte a la Gobernación para competirle a la alianza Yahir-Mario.

La vía para hacerlo es una gran coalición que ya se está concretando entre Quessep y la mayoría de fuerzas políticas locales: el uribismo que lidera el exsenador Joselito Guerra (condenado por el proceso 8.000 y hermano de la senadora uribista María del Rosario ‘Charo’ Guerra y del exsenador Toño Guerra), el exrepresentante Nicolás Guerrero, los Pérez Santos y el grupo del Gobernador en cabeza de su sobrino Carlos Espinosa.

La Silla Caribe confirmó con cuatro fuentes que lo saben de primera mano que todas esas fuerzas ya se han comunicado y están de acuerdo con ir juntas en 2019.

Y aunque aún no ha habido una gran reunión de todos, la coalición ya se materializó con acuerdos burocráticos.

Por ejemplo, los uribistas acaban de entrar a la Alcaldía con representación en la Secretaría del Interior y a la Gobernación, en donde les dieron la Secretaría de Salud departamental este fin de semana.

Nicolás Guerrero tiene la Secretaría de Educación municipal y los Pérez Santos puestos en Metro Sabanas, la empresa que implementa el sistema estratégico de transporte de Sincelejo.

Según dos de las cinco fuentes dateadas con las que hablamos para esta historia, a la alianza Toncoyáma (Todos contra Yahir y Mario) también entraría el grupo del Gordo García.

El vocero de los intereses del Alcalde Quessep es el papá de éste: Ómar Quessep, excandidato al Concejo y quien le habla al oído al mandatario.

Los Quessep son los líderes de la coalición porque son los que tienen allí más poder, incluso más que el Gobernador, cuyo sobrino se ahogó este año intentando llegar al Senado; y que los Guerra, que aunque tienen Presidente uribista no cuentan con estructura fuerte a nivel local.

Los candidatos con los que competirán aún no están cantados, pero ya hay nombres de aspirantes: el excongresista Eduardo Pérez Santos, el empresario Julio Espinosa y el exsecretario del Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa; quieren ir por la Gobernación. De ellos tres saldría un nombre.

Para la Alcaldía están las aspiraciones del expersonero José Alejandro Revollo, del exasesor de la Alcaldía Samuel Álvarez y del exconcejal Juan ‘Juancho’ Torres Rico.

Las aguas de las regionales 2019 se agitan así en Sucre, cuando apenas estamos en época de precampaña.

En enero, cuando arranque la campaña, la marea seguirá subiendo con seguridad.

Esta semana el debate sobre la adjudicación de los nuevos contratos para renovar la flota más vieja de TransMileno estuvo al rojo vivo.

Con la llegada de 1.383 nuevos buses se renovará la tecnología de los que ya estaban obsoletos por buses a diesel con estándar Euro V y a gas Euro VI. Esto es algo positivo frente a lo que hay, pero también dejó de lado la posibilidad de sacar definitivamente el diesel, más contaminante y considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, y poder tener buses eléctricos.

En este podcast invitamos a dos expertos en temas de calidad del aire para entender el impacto de esta licitación en el aire que respiramos. Ellos son Boris Galvis, profesor e investigador de la Universidad de La Salle, y Néstor Rojas, profesor e investigador de la Universidad Nacional.

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher y Akörde FD.

En medio de la guerra sin cuartel entre el ELN y el EPL en el Catatumbo, se empezó a cocinar el nacimiento de una nueva organización social regional. 

Aunque ayer todo estaba dado para que se presentara en sociedad frente a los alcaldes y personeros de la región, ninguna de las autoridades se asistió. 

Eso en buena parte porque el origen de la iniciativa no es claro y su arranque rodeado de sospechas entre los mismos habitantes de la zona.

La misteriosa aparición

Hace 21 días hubo un hecho poco usual para la guerra que está encendida en el Catatumbo, que envuelve el nacimiento de esa organización entre brumas.

Un grupo de habitantes del corregimiento de Mesitas, en Hacarí, empezaron a desplazarse hacia Versalles, un corregimiento del sur de Tibú, a hora y media de distancia por trocha. Armaron un campamento entre el salón comunal y la iglesia. 

Lo raro no fue que llegaran a una zona en la que no hay una plomacera cada par de horas, sino que decidieron no dar detalles de lo que están haciendo allí. 

Además, en lugar de presentarse como desplazados por los combates, algo que se ha vivido en el Catatumbo, dijeron que eran líderes comunales que se movilizaban para llamar la atención sobre los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. 

Desde entonces han apartado a todo el que llega a preguntarles quiénes son y qué quieren, como pasó con autoridades locales y con organismos de cooperación internacional (que suelen tener más entrada en la zona).

De hecho, nos pasó a nosotros mismos cuando llegamos hasta allá para hacer reportería cuando se cumplían 12 días de su llegada.

Presenciamos cómo le negaban a cualquier personas que preguntara la información sobre sus nombres, de dónde vienen o exacto cuántos están en el campamento. 

Por eso, para ese momento lo único que estaba medianamente claro era que inicialmente llegaron unas 200 personas, que cada día eran menos y que la gran mayoría venían de Hacarí. 

Para entender qué era lo que estaban buscando, ese mismo día llegaron hasta el lugar los alcaldes de Tibú, Alberto Escalante, y Hacarí, Milciades Pinzón.
 
A ellos tampoco les dieron respuestas; los sentaron en el salón comunal y a puerta cerrada les dijeron que querían más inversión para el Catatumbo. 

A nosotros no nos dejaron entrar a esa reunión ni nos permitieron tomar fotos. Como nos ubicamos al lado de la puerta para escuchar lo que decían, en tres ocasiones salieron diferentes hombres a pedir que nos retiraramos. 

En una de ellas nos pidieron el celular. Como nos negamos a entregarlo, nos dijeron que los medios no son bienvenidos y pidieron que saliéramos de la zona, algo que nos negamos a hacer.

A pesar de esas prevenciones y del silencio del asentamiento, con el paso de los días ha empezado a circular información que ha generado dudas entre otros habitantes del Catatumbo. 

El nuevo movimiento

Cuatro fuentes que conocen por dentro el caso de Versalles le dijeron a La Silla que esa movilización busca crear una nueva organización social, similar a varias que hay en la región. 

Por lo poco que se ha podido saber, la idea es que el movimiento se llame ‘líderes sin fronteras’ o ‘comunales sin fronteras’, con las mimsas consignas de las de las demás organizaciones: inversión social para el Catatumbo y respeto por los derechos humanos en el marco del conflicto. 

La intención de hacerlo está reflejada en las pancartas que han colgado en el salón comunal de Versalles.

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Además, por lo poco que nos dijeron los que accedieron a hablar, la gran mayoría son víctimas del conflicto que han sido desplazados en varias ocasiones y han perdido familiares, propiedades, ganado y cultivos por la guerra.

Sin embargo, hay dos versiones que arrojan sombras ruidos sobre el surgimiento de esa organización. En ellas coinciden fuentes de cinco municipios del Catatumbo con las que hablamos por aparte y que conocen al detalle las lógicas políticas, sociales y militares de la región

La Silla no las pudo confirmar ni pudimos corroborar o descartarlas con los líderes del asentamiento porque no nos quisieron hablar, pero tienen sentido por la dinámica local.

La primera versión es que el nacimiento de esa organización es un camino para estructurar una base social para la disidencia del Frente 33 de las Farc que, como ha contado La Silla, está bajo el mando de alias John 40. 

Eso sería usal en la dinámica del Catatumbo donde, como ha contado La Silla, los grupos buscan tener organizaciones afines con sus postulados políticos para aumentar su control territorial. 

Por ejemplo, la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, es afín a la Farc; el Comité de Integración Social, Cisca, guarda afinidad política con el ELN; y el Movimiento Constituyente Popular, es más cercano ideológicamente al EPL.

La idea encaja en la presencia espacial de la disidencia del 33, que hizo su primer acto armado en Hacarí lanzando granadas a la estación de Policía, por lo que no sería raro que empiecen a establecer sus bases allí.

“Esto muestra que el crecimiento de la disidencia ha sido ignorado por el Estado. Si ya están haciendo trabajo de masas y consolidando base social, es muestra de que todo esto es muy grande otra vez”, dijo a La Silla una fuente que trabaja en derechos humanos en el Catatumbo.

La segunda versión es que el que estaría apalancando la organización social es el llamado EPL, para fortalecer sus bases y compensar el repliegue militar que está viviendo por su guerra con el ELN.

Esa versión tien fuerza porque la mayoría de los asentados vienen de Mesitas, un corregimiento que históricamente ha sido uno de los ejes de control de ese grupo.

“Hay mucha gente que está amenazada por tener afinidad, amigos o familia en ese grupo, reorganizarse socialmente les podría ayudar”, dijo a La Silla una autoridad local que nos pidió la reserva de su nombre por seguridad.

Un hecho adicional alimenta la posibilidad de que sean grupos armados -ya sea la disidencia del 33 o el EPL- los que estén detrás y es que no es claro cómo se están manteniendo las casi 200 personas del asentamiento.

La Silla supo que cuando llegaron grupos de cooperación internacional a ofrecer ayuda humanita los líderes de la movilización se negaron a recibirla y dijeron que tenían todo lo que necesitaban, algo que La Silla comprobó. 

En una zona dominada por esos grupos, no es fácil que una organización al margen de ellos y sin apoyo de la cooperación internacional tenaga la capacidad de sostener a 200 personas.

Cuando preguntamos en la zona por la fuente de alimentos y demás elementos necesarios, no hubo una sola respuesta.

Los pocos del asentamiento que accedieron a hablar nos dijeron que la comida la pone el padre Edwin Espitia, párroco de Versalles; pero cuando le preguntamos al sacerdote, dijo que no sabía de dónde estaba saliendo la comida.

Si en efecto hay un grupo armado apalancando la creación de esa nueva organización social, lo que está sucediendo en Versalles se convertiría en una de las pruebas más contundentes del reciclaje de la guerra en el Catatumbo, y justo en uno de sus lugares clave.

La estratégica Mesitas

Mesitas, el corregimiento de Hacarí de siete veredas, ha sido uno de los puntos más estratégicos para las guerrillas en el Catatumbo. 

El corregimiento conecta con El Tarra, Tibú y San Calixto; y desde los tiempos de Megateo era controlado específicamente por el EPL. Por eso, en su choque con el EPL, el ELN empezó a entrar a Hacarí en un conlflicto que sigue vivo y que ha afectado a cientos de campesinos.

Desde que lo hizo, los enfrentamientos entre las dos guerrillas se volvieron más recurrentes en toda la zona rural del municipio y, según reportes de la ONU, ya hay más de mil desplazados en el casco urbano. 

Para el momento en el que los desplazados de Mesitas cumplían 10 días asentados en Versalles, empezó a circular la noticia de que el ELN le había declarado un enfrentamiento de cuatro días sin parar al EPL en Mesitas.

En ese momento varios se devolvieron porque sus familias estaban solas e iban a quedar en medio del fuego cruzado. Los que se quedaron empezaron a enterarse de lo que pasaba por WhatsApp, lo que muestra la coincidencia entre la zona de combates y al surgimiento del asentamiento.

Solo el primer día de enfrentamientos hubo dos muertos del lado del EPL. No se sabe si en los demás hubo más o cuántos cayeron del ELN porque ningún grupo está entregando cuerpos. 

Después del cuarto día corrió la noticia de que el EPL se había replegado y volvió una relativa calma.

Eso, mientras en toda la región hay tensión porque el Ejército se está reforzando con la llegada de 2.500 hombres a través de una Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, que hace dos semanas activó el presidente Iván Duque.

“La llegada de la Fudra va a ser la pepa que le faltaba a la maraca. Todo puede empezar a empeorar y afectar a inocentes si por dar resultados pasan por encima de los campesinos”, dijo a La Silla un líder defensor de derechos humanos que nos pidió no ser citado por seguridad.

En ese panorama, la presencia de organizaciones sociales locales puede ser fundamental, ya sea para proteger los derechos de los campesinos o para definir qué grupo toma se fortalece en un conflicto que parece no tener fin.

Por eso, está por verse si la delegación de Mesitas que está acampando en Versalles es un nuevo ingrediente de la guerra que el Catatumbo no ha parado de sufrir.

En la pelea contra el azúcar y la comida chatarra, la industria va ganando por goleada. Un vistazo a los rounds: la publicidad engañosa, la ley de etiquetado y los impuestos. 

Dirige y presenta: Carlos Cortés 

Terminamos.

A falta de revisar las consignaciones directas, de ver si hay transacciones que sigan en el aire y de sumar las más recientes, sabemos que por lo menos 905 personas decidieron este año apoyar a La Silla Vacía con donaciones, además de decenas que nos dijeron que querían hacerlo pero no tenían con qué. A todos ellos, gracias.

Gracias no solo o no tanto por los más de 110 millones de pesos que nos donaron, sino porque le dan sentido a la lucha de todos los días para tratar de reportear contra nuestros prejuicios, para hacernos preguntas que ayuden a develar el funcionamiento del poder, para hacer lo que entendemos por periodismo.

Gracias especiales a los casi 50 que decidieron aportar no una vez, sino todos los meses, lo que empieza a crear un flujo de ingresos que, hasta donde sabemos, es pionero en Colombia. Gracias por ello a Social Mass, que nos prestó su plataforma para lograr esos ingresos constantes (quienes estén interesados en recoger fondos para sus proyectos sociales harían bien en buscarlos).

Ahora se viene el reto de siempre, el de pasar de las palabras de agradecimiento a los hechos.

El de estar a la altura de la confianza que nos demostraron una vez más, justo para el año de unas elecciones regionales en las que la clase política va a dar otra batalla por su supervivencia y en la que esperamos llegarle con nuestro periodismo a más personas a punta de mejorar nuestra presencia en las redes sociales.

Antes, sin embargo, les cuento que decidimos reabrir la campaña por unos días. Eso porque la Mesa de Centro salió hoy como si la campaña siguiera viva, porque varios SúperAmigos en potencia nos pidieron más tiempo, porque solo hoy nos donaron 28 de ellos y porque este jueves es la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, un momento en el que el periodismo y su importancia gana relevancia entre mucha gente.

Por eso, no solo les doy las gracias sino les pido que nos den otra manito, esta semana, pasando la voz a amigos o conocidos que crean que pueden unirse a los SúperAmigos.

A menos de un año de las elecciones regionales, varios medios tradicionales en las regiones que cubrimos han empezado a tirarles ayuditas a aspirantes a alcaldías o gobernaciones.

Esos caramelos van desde abrirles una columna de opinión, cubrirlos más que a otros aspirantes, hacerles entrevistas que destacan lo que han hecho antes o publicar artículos que usan adjetivos favorables para describirlos u omiten información que no les conviene.

Revisamos teniendo como criterio los medios que aparecen en el más reciente Panel de Opinión de Cifras & Conceptos, que incluye la medición de los medios regionales en 12 de los departamentos que cubrimos.

Esto fue lo que encontramos.

La Opinión de Cúcuta

En los últimos dos meses el diario La Opinión de Cúcuta ha publicado tres artículos en la página política sobre Cristian Buitrago, exsecretario de Planeación que está en el sonajero de la Alcaldía de la capital nortesantandereana. Uno de esos fue una entrevista. Además de que es el único precandidato a ese cargo que ha tenido esas apariciones, él viene del grupo de los hermanos Cristo, quienes son aliados de la familia Colmenares, dueña del periódico.

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En ese mismo periodo de tiempo, ha publicado tres artículos sobre el precandidato a la Alcaldía del municipio Los Patios Leonardo Gélvez. En ellos cuenta su decisión de aspirar por firmas, su visión sobre la Alcaldía y algunas de sus propuestas. Es el único con el que lo ha hecho.

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El País de Cali

Aunque ya hay al menos cinco aspirantes a la Alcaldía, al único al que El País ha entrevistado hasta ahora es al empresario Alejandro Eder, el domingo 23 de septiembre.

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El domingo anterior a esa publicación, Eder también tuvo despliegue en el diario con una columna  que hizo a propósito de los 18 años de una fundación caleña que él ayuda a financiar.

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Esa Fundación tuvo también una extensa crónica en El País ese mismo día. 

El resto de aspirantes han sido mencionados de forma tangencial.

El Diario del Huila

Después de entrar en el sonajero para las regionales de 2019, el arquitecto Armando Saavedra, exdirector de Planeación de la Gobernación y cercano a los hermanos González Villa que controlan la Gobernación, no solo estrenó columna en el periódico, sino que empezó a aparecer frecuentemente en el Diario del Huila. El 9 de septiembre en la sección de runrunes políticos, lo describen como un aspirante “visionario y una persona con gran proyección en la función pública”.

Una semana después le hicieron una entrevista que fue ilustrada con imágenes en las que aparece entregando obras y en la que hay elogios con frases como “y en los lugares que en esta administración ha podido representar al Huila, ha sido un digno embajador y representante que cuenta a propios y extraños que el ‘Huila es mucho más que un paraíso por descubrir’”. Ese tipo de historias no se las han hecho a ningún otro aspirante a la gobernación.

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La Nación del Huila

El diario La Nación le abrió espacio al precandidato a la Gobernación, Jorge Fernando Perdomo, para que exponga sus propuestas e ideas en una columna de opinión semanal. El dirigente conservador se estrenó como columnista el 4 de octubre, con un texto en el que destacó el discurso de posesión del presidente del Congreso, Ernesto Macías. Desde entonces ha sacado cinco textos más. Es el único candidato a gobernación que por ahora tiene columna.

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El Heraldo de Barranquilla

Como lo contó La Silla Caribe, El Heraldo, junto a otros medios de Barranquilla, ha estado sacando notas para visibilizar la aspiración de uno de sus accionistas: Jaime Pumarejo, el exministro de Vivienda que quiere ser Alcalde con la bendición de la casa Char. Le dedicaron una amplia cuando anunció su aspiración y lo ponen a opinar de temas y destacan su participación en eventos (cosa que no ocurre, por ejemplo, con Gonzalo Baute, la otra carta que aspira a ser el ungido de los Char).

Hace unas semanas, entrevistaron a la exalcaldesa Elsa Noguera y, pese a que la mayor parte de la entrevista tenía que ver con el nuevo trabajo de ella, titularon: ‘Jaime Pumarejo es el mejor candidato para la Alcaldía’. Ni ahí ni en las otras historias que revisamos aclaran que el aspirante es uno de los dueños del periódico.

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El Universal de Cartagena

A mediados de septiembre, El Universal de Cartagena sacó como noticia que un exgobernador de Bolívar, que está aspirando a serlo nuevamente en 2019, acababa de radicar una tesis doctoral. “Decirle doctor a alguien es algo común en Colombia, incluso para todo aquel que es político. Sin embargo, a uno de los políticos que la gente sí podrá decirle doctor, de forma acertada, será a Luis Daniel Vargas”, dicen en el primer párrafo.

Lo que nunca dicen en esa historia es que Vargas fue destituido e inhabilitado 10 años por la Procuraduría por irregularidades en la contratación y que, según asegura el portal Verdad Abierta, su campaña en 2000 recibió plata de alias La Gata (Enilce López, condenada por homicidio y concierto para delinquir). En julio, el periódico había sacado una historia en la que Vargas se explaya sin contrapreguntas explicando que ya no está inhabilitado y que su caso fue aprovechado políticamente.

De ningún otro aspirante se conoce que hayan registrado un logro personal sin relevancia pública como este. 

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Esta semana que se cumplen los primeros 100 días del mandato de Iván Duque los medios estarán sacando sus especiales sobre el tema. El fin de semana la Revista Semana, El Tiempo y RCN Radio se adelantaron con editoriales, análisis y entrevistas en general generosos.

Revisamos lo que sacaron para ver cómo están leyendo al Presidente y la conclusión es que esa lectura es que es un mandatario chévere “con tendencia al jean”, un conciliador, poco politiquero y que, si bien no tiene claro su rumbo a largo plazo, tiene avances para mostrar y varios problemas heredados.

(Noticias Caracol, Noticias RCN, Blu Radio, La W y El Espectador todavía no han hecho especiales).

El bacán

En el análisis que hizo, Semana dice que Duque “por lo general cae bien y él lo sabe”. Y agrega que “si a Santos lo criticaban por frío y lejano, Duque es cercano y cálido” lo cual le puede pasar factura ante “la opinión calificada”.

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El análisis de El Tiempo va por la misma línea. Le reconoce su juventud, que tenga “tendencia al jean” y que “ha mostrado su temple cuando ha sido necesario”, un asunto que ejemplifican con las denuncias sobre la situación de Venezuela, el ultimátum a los diálogos con el ELN y con su “obsesión” por la economía naranja.

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Ambas publicaciones le resaltan que quiera dejar de atrás la polarización del país, a través de la conciliación. Semana dice que por eso “deja la impresión de tratar de quedar bien con todo el mundo”.

El poco politiquero y poco criticable

El Tiempo dice que Duque tiene un talante “más sereno” y que “sorprendió” con la elección de sus ministros “en un afán de sacudirse de las viejas estructuras”.

Sobre esto último, los medios revisados resaltan el cambio de la relación del Gobierno con el Congreso que Duque impuso con su política de cero mermelada. Todos aplauden que no esté entregando estos cupos indicativos a los congresistas como lo prometió, pero reconocen que eso hace que sea más difícil pasar las leyes que ha radicado.

Más allá, El Tiempo resalta que, en su concepto, esta sea una propuesta “que difiere de las aplicadas por casi todos sus antecesores” y que “quienes hablan con él lo ven absolutamente convencido” de esa decisión y de “las bondades” de la misma.

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Semana en su análisis indica que “Duque ha cumplido su bandera electoral de eliminar la mermelada y le está costando sangre” porque los proyectos van lentos.

RCN Radio hace una radiografía en la que describe la relación del Congreso como de “de altas y bajas” y  sin mayorías que ponen “a prueba la gobernabilidad”.

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Todos los análisis mencionan retos para el Presidente, pero ninguno en tono de crítica.

RCN Radio dice que hay ambigüedad en políticas clave como la migratoria y que su relación con los gremios es “agridulce”.

Un poco más suave, El Tiempo dice que sus retos más inmediatos son “casi todos problemas estructurales heredados” y que “en algunos ya ha comenzado a actuar” como con su decisión de no retomar los diálogos con el ELN hasta que la guerrilla no muestre voluntad de dialogar.

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El que está cumpliendo

Semana y El Tiempo dicen en general que presentar un balance de los 100 días es prematuro. Incluso la Revista asegura que “no es necesariamente grave” que en este tiempo “muchos sectores tengan la impresión de que el Gobierno no ha arrancado”.

Aunque, en su editorial del domingo, el diario asegura en tono de balance que Duque ha cumplido lo que prometió el 7 de agosto, y pone como ejemplo su apoyo a la Consulta Anticorrupción (aunque, como contamos, los proyectos están a punto de ser archivados) y no usando el espejo retrovisor con su antecesor.

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En la edición del domingo, en una historia también El Tiempo puso a cada ministerio a resaltar sus logros, así no sean muchos, relevantes o no hayan arrancado. Por ejemplo, un programa de conectividad del ministerio TIC, el nuevo programa Generación E de Educación; una campaña de Comercio para eliminar trámites, el proyecto de economía naranja de Cultura, y así con cada cartera.

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Portafolio, medio especializado en economía de la casa editorial El Tiempo, publicó hoy una columna de los logros del Ministerio de Trabajo firmada por la jefe de esta cartera, Alicia Arango.

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Foto: César Carrión- SIG. Tomada de www.presidencia.gov.co

Ayer la Fiscalía publicó un comunicado en que reveló que Alejandro Pizano, hijo de uno de los testigos claves del escándalo de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano, murió por envenenamiento con cianuro.

Esa muerte, que aparte de eso sigue siendo un misterio, puso todavía más reflectores en el caso que, por la entrevista que Noticias Uno reveló el domingo de Pizano papá y que le hizo pocos días antes de morir, tiene muy mal parado al Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

Eso porque el Fiscal había dicho que antes de ser elegido no sabía del escándalo de la corrupta multinacional y los líos de su principal negocio en Colombia, la concesión Ruta del Sol 2, pero la grabación de Noticias Uno revela que Pizano le contó al hoy Fiscal irregularidades que había encontrado en ella antes de su elección.

La grabación de agosto de 2015, dos meses después de que Martínez saliera del gobierno Santos y ocho antes de que se inscribiera como candidato a Fiscal, muestra cómo Pizano le cuenta a su amigo personal Néstor Humberto de posibles pagos de coimas y relaciones con paramilitares de parte de la empresa brasilera en el proyecto de la Rutal del Sol 2.

Es decir, le habló de posibles irregularidades de una empresa en la que el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento, de quien Martínez era abogado de confianza, era la principal socia de Odebrecht.

Eso muestra que Martínez tenía datos relevantes sobre el escándalo desde ese entonces y abre el debate sobre lo que hizo con ellos, pues aunque dice que le informó a Sarmiento y que Pizano le dijo que no era claro que hubiera corrupción, no había contado esa realidad.

Eso se suma a los tres proyectos en los que ayudó a negocios de Odebrecht, algo en lo que han venido insistiendo varios de sus críticos y especialmente el senador Jorge Robledo.

El presidente Iván Duque dio un discurso en la entrega oficial de las bases del Plan Nacional de Desarrollo al Consejo Nacional de Planeación esta mañana. En los 40 minutos que duró su discurso, solo provocó aplausos cuando dijo que no va a dar puestos a cambio de apoyo del Congreso y al terminar su intervención.

“En estos 100 días le hemos mostrado al país que hay coherencia, hemos mostrado políticas (...) sin aplanadoras pero permitiendo la deliberación serena y necesaria donde se respeta el papel del Congreso (...) Yo prefiero no tener aplanadora pero tener con el Congreso un trato respetuoso donde permitamos que se construya sobre la base de la argumentación sensata, la argumentación posible, la argumentación necesaria”, dijo.

En ese momento los que estaban en el salón aplaudieron e incluso algunos se pusieron de pie. Eran funcionarios y exdirectores del Departamento Nacional de Planeación, ministros, la junta del Banco de la República y algunos directores gremiales y académicos

En contraste, seis personas con las que hablamos al final de la intervención nos comentaron que la presentación dejó preguntas sobre el Plan pues fue muy general y no dejó claro cómo se va a aterrizar con acciones concretas la fórmula “legalidad + emprendimiento = equidad”, que Duque presentó como el eje conceptual del plan.

Mañana Planeación publicará las bases del plan, con lo que habrá más detalles para entenderlo.