Hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes se medirá en segundo debate el proyecto de reforma constitucional que pretende unificar las elecciones legislativas, de presidencia y locales, que contempla como medida temporal la extensión de los periodos de los actuales alcaldes, gobernadores, concejales, ediles y diputados.

Con ello se va a volver a prender la polémica que se viene sintiendo en redes. Y se volverá a oír la voz del congresista atlanticense César Lorduy.

Ese legislador es otro férreo defensor de la iniciativa desde la orilla de Cambio Radical (una de las principales impulsoras del proyecto es Luz María Zapata, directora de la Asociación de Ciudades Capitales y esposa del exvicepresidente, Germán Vargas, jefe natural de ese partido).

Además de la de Zapata, la de Lorduy es una de las voces que más se ha hecho sentir, en medios y en el Congreso, en defensa de esta polémica reforma, que para el jurista Rodrigo Uprimny es inconstitucional en su medida transitoria y en general “marchita la democracia local”.

(Otros, como el periódico El Espectador en su posición editoral, opinan que la reforma es buena pero la idea transitoria de alargar los periodos mala).

Lorduy es autor del proyecto junto a otros 13 congresistas y no es ponente.

Visto por encima, parecería sencillamente que este representante primíparo arrancó su primer periodo en la Cámara con fuerza: dándose a conocer mojando prensa nacional, con un tema que, para bien o mal, lo pone en el radar.

Pero más allá de eso, con su movida el legislador se está convirtiendo en uno de los hombres fuertes de la bancada que recién estrena el grupo Char de Barranquilla, que en las pasadas legislativas logró sacar, entre senadores y representantes, 11 congresistas que suman 400 mil votos. Un asunto que convirtió a su líder, el alcalde barranquillero Álex Char, en el cacique regional más poderoso del país.

La razón para el fortalecimiento de Lorduy dentro de la bancada charista es que justamente el mandatario Char sería uno de los principales beneficiados si el proyecto se aprueba con el artículo de la extensión de periodos a los actuales mandatarios, hasta el año 2022.

De hecho, recientemente Char se pronunció a favor de la unificación de periodos (aunque lo hizo sin referirse específicamente a la medida del alargue de los actuales, que es lo que lo beneficiaría en concreto).

Eso, en contraste con el gobernador de Nariño, Camilo Romero del Partido Verde, quien advirtió que en caso de que le prorrogaran el periodo él renunciaría a su cargo.

Las movidas

César Lorduy es un abogado, que no tenía ni experiencia en cargos de elección popular ni estructura propia, que se eligió en fórmula y gracias a los votos del senador Arturo Char (hermano del Alcalde Char).

Entre las fortalezas de su candidatura tuvo, no obstante, sus sólidas relaciones con los gremios y el sector privado del Atlántico, por su carrera como dirigente gremial y miembro de distintas juntas directivas.

Su campaña estuvo marcada por un mini escándalo local, cuando se conoció que hace 40 años tuvo que ver con el homicidio de una joven de 16, aunque el caso no se resolvió por vencimiento de términos, un asunto que él mismo le reconoció a los medios.

Su camino como defensor de la unificación de periodos (y su medida provisional de darle más tiempito a los actuales mandatarios) arrancó en la audiencia pública que se hizo antes de que el proyecto llegara a la Comisión Primera.

Esa jornada, precisamente, fue presidida por el representante Lorduy, por delegación del presidente de la Comisión, Samuel Hoyos, del Centro Democrático.

“Asistieron delegados de la Federación de Municipios, de Asocapitales, de la Federación de Departamentos, de la Contraloría, de la Registraduría, de la Fiscalía y también ciudadanos. Y tanto Asocapitales como la Federación de Departamentos y de Municipios estuvieron de acuerdo con el proyecto”, le dijo Lorduy a La Silla.

Luego, tras la aprobación del proyecto en primer debate (24 contra 8 en la Comisión), el pasado 16 de octubre, Lorduy empezó una seguidilla de apariciones en medios nacionales, como abanderado del proyecto de reforma, muy por encima de los otros 13 autores.

Ha salido en La W con Julio Sánchez, en La Noche de RCN.

Debate en Colombia por reforma que ampliaría periodo de alcaldes y gober... https://t.co/RTyzQgFIup vía @YouTube@NTN24@JeffersonNTN24pic.twitter.com/Uo3AHl21IO

— César Lorduy (@clorduy) 22 de octubre de 2018

En la sección Sí o No de José Manuel Acevedo.

Este debate apenas comienza. Los invito a darse una vuelta por los argumentos de @JuanitaGoe y @clorduy hoy en nuestras emisiones 12:30 m y 7pm. ¿Ustedes de qué lado están? #SíoNo@NoticiasRCN y @rcnradio : https://t.co/2ptJE3qtty

— Jose Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) 19 de octubre de 2018

En el programa de Vicky Dávila, también en La W; en Noticias Uno y en NTN24.

Según dos congresistas, uno de Cambio Radical y otro del uribismo, que nos hicieron el comentario por separado, Lorduy ha sido un abanderado del tema dentro de la Comisión Primera, y hacia afuera, en los medios, ha aprovechado “el papayazo” para mostrarse aún más, como afirmó una de las fuentes.

Aunque, de todas maneras hay que decir que, pese a ser Lorduy el claro abanderado, hay otros congresistas que defienden el alargue de mandatarios y también tienen alcaldes amigos. Uno de ellos es, por ejemplo, el representante del Meta Jaime Rodríguez Contreras, cercano al actual alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa.

Rodríguez y Barbosa también son de Cambio Radical.

Igualmente patina la iniciativa el representante guajiro de La U Alfredo Deluque, quien -como lo contó La Silla Caribe - tiene amigo candidato en las atípicas de Riohacha que se realizarán el próximo 2 de diciembre. Si ese aliado de Deluque gana, se podría ver beneficiado también si los periodos se alargan.

Consultado al respecto, el representante del Atlántico Lorduy le dijo a La Silla que su postura “nada tiene que ver con Char”, aunque seguramente “el 99 por ciento de los barranquilleros” estarían de acuerdo en que ese Alcalde se quedara un tiempo más.

Según el Congresista, la razón por la cual defiende el proyecto es porque podría hacerles “ganar tiempo” a los gobernantes para que nada les quede inconcluso.

Agregó que entró a defender el tema “por casualidad”, luego de que un periodista de La W, que según Lorduy nos aseguró es “amigo” suyo, le pidió que contara al aire lo que se había aprobado en la Cámara porque “nadie más había sido capaz de hablar del tema”.

Hoy, a partir de las tres de la tarde, cuando arranque la plenaria de la Cámara y esta iniciativa vuelva a calentar a la opinión, este alfil charista peleará un nuevo round por la primera bandera que decidió levantar apenas pisó el Congreso.

Al finalizar la tarde de ayer la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, y la bancada valluna en el Congreso acordaron con el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, medidas para mejorar la seguridad en Cali. Eso, en el marco de una nueva puja por la seguridad en la capital entre la Gobernadora y el Alcalde, que tienen una relación tirante desde el primer año de sus gobiernos, y ad portas de la campaña para elegir sus reemplazos, en las que hay candidatos de continuidad en los dos cargos.

El tema es importante porque Cali es la capital con más homicidios del país pues el año pasado sumó cerca de 1.200, y salió con la buena noticia de que van a planear una agenda que permita tener más funcionarios judiciales que investiguen los asesinatos que este año, hasta el domingo, suman 955, un 3,7 por ciento menos que el mismo periodo en 2017.

Una puja reencauchada

Dos semanas después de que fuera asesinado su jefe de seguridad, el teniente de la Policía Duver Orlando Daza, en un intento de robo en Cali a principios de octubre, la gobernadora Toro pidió incorporar un grupo de fuerzas especiales para Cali que ya patrulla en otras regiones de Valle como Jamundí y Palmira (y que dijo que Cali no ha pedido esa medida), y propuso que el Ejército patrulle la ciudad.

La respuesta de la Alcaldía vino a través del secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, quien además de invitar a la Gobernadora a “trabajar juntos”, dijo que la Policía Militar que tiene Cali (una de las pocas ciudades que cuenta con este grupo) ha hecho más de 150 patrullajes y que ya el Gobierno Nacional quedó comprometido con traer cerca de 1.500 uniformados a la ciudad, a través del Ministro de Defensa.

No es la primera vez que la mandataria se ‘mete en el rancho’ de la Alcaldía de Cali.

Ya lo había hecho al inicio de su mandato cuando comenzó a recorrer comunas de la ciudad para escuchar a la comunidad y al aprobar, vía la Asamblea (cuya coalición controla), una sobretasa a través del recibo de energía (que está demandada) para invertir en la seguridad del departamento, lo que generó críticas del mismo Armitage y de opositores uribistas de la mandataria.

A eso se suma que la relación entre ambos mandatarios arrancó mal porque Armitage no le dio representación a Toro en la Alcaldía con puestos, pese a que ella lo apoyó con votos en las regionales.

Y por este historial es que las peticiones que hizo la Gobernadora sobre la seguridad en Cali revivieron las molestias dentro de la Alcaldía, como corroboró La Silla Pacífico con dos altas fuentes de la administración.

“Claro que hay una intención política y el Alcalde cree lo mismo”, nos dijo una de las fuentes y la otra nos habló de forma muy similar.

Como prueba, una de las fuentes nos contó que sintieron que la Gobernadora en medios llamó más la atención con las peticiones en seguridad que ya habían hecho el Alcalde y el Secretario de Seguridad.

Algo parecido, dice la fuente, ocurrió con la cuadrada de la reunión de ayer con el Fiscal.

Si bien en algunos medios, como Caracol Noticias, se ambientó que la reunión fue pedida por Toro, lo cierto es que lo hizo el representante uribista Christian Garcés (exrival de Dilian en la carrera a la Gobernación) tras un encuentro con el Fiscal hace 15 días.

La sensación viene desde hace un buen tiempo.

Como contamos en su momento, en la Alcaldía existía la sensación de que Toro quería meterse políticamente en Cali, donde históricamente no ha sido muy fuerte con respecto a otras ciudades del Valle, como Palmira.

La Gobernadora nos negó que hubiera interés político detrás de sus actuaciones.

“Me da pena de las personas que solo piensan en que todas las actuaciones de un gobernante sean sólo para temas políticos electorales. Seguiré opinando y seguiré actuando como gobernante, para eso me eligieron y lo seguiré haciendo independientemente de lo que piensan los contradictores”, nos dijo.

Más allá de la movida detrás, lo que tienen en común Armitage y Toro es en la necesidad de llamar la atención sobre Cali, que se ha convertido en epicentro de la recepción de todos los problemas del Pacífico, incluido el tráfico de armas y drogas y la minería ilegal.

”Claro que hay intenciones políticas (de la Gobernadora)”

Fuente de la Alcaldía

Incluso, supimos que en las dos administraciones y entre políticos caleños hay cierto descontento con el presidente Iván Duque porque creen que pese a los índices de inseguridad y de las peticiones de los mandatarios, en Bogotá no hay una dimensión del problema de la región.

“Es que uno ve que (Duque) se la pasa por Bogotá, por Catatumbo, por Antioquia y ¿por acá qué? Lo necesitamos también”, nos dijo un congresista aliado del Gobierno que habló fuera de micrófonos para no tener problemas con el Presidente.

La seguridad no es un reto menor

Paralelo a la intención política que puedan tener los actuales jefes de los secretarios de Seguridad, la idea a partir de la reunión de ayer es “limar asperezas y arrancar a trabajar”, como nos dijeron por aparte el secretario Jesús García del Valle y Villamizar de Cali, quienes hoy tendrán una reunión para planear una estrategia conjunta.

“Es el peor momento para estar nosotros distraídos en una polémica que no se vuelve conveniente y no contribuye a la solución del problema. Hay un mejor clima tras la reunión (con el fiscal Martínez), creo que es mejor no darle largas a la situación”, nos dijo García, al reconocer la tirante relación entre Alcaldía y Gobernación.

“Vamos a tomar acciones conjuntas para Cali”, apuntó Villamizar.

Por ahora, lo claro de la reunión entre Fiscalía, Gobernación y Alcaldía es tener una nueva reunión el 19 de noviembre y el compromiso de lograr tener al menos 650 funcionarios del CTI para ser más ágiles en las capturas y resolución de delitos.

Y es que Cali es, como nos dijo Villamizar, “receptor de todo lo bueno y lo malo del Pacífico”.

La capital está ubicada en la mitad de la ruta del narcotráfico que viene desde el norte del Cauca, pasa por Jamundí en el sur del Valle y desemboca por la región del Naya hasta Buenaventura.

”Seguiré opinando y actuando como gobernante”

Dilian Francisca Toro

Esa situación, según han dicho varias autoridades, incluyendo Armitage y el ministro de Defensa Guillermo Botero, está relacionada con la alta tasa de homicidios.

“La idea es cerrar esos corredores donde se trafica lo que se produce en esos territorios.

El litoral pacífico impacta mucho a Cali, por el mismo corredor donde se usan rutas para traficar droga, armas y productos de la minería ilegal”, nos dijo a su turno el secretario de Seguridad del Valle, Jesús Antonio García.

Y es que como reportamos, en Jamundí, a solo 15 minutos de Cali, hay más de 400 hectáreas de cultivos ilícitos de las que dependen económicamente cerca de 1.400 personas que no firmaron acuerdos con el Gobierno para la sustitución.

Allí, la Policía reportó la presencia de Los Pelusos -autodenominados EPL- provenientes del Catatumbo. Por esa situación fue implementado el llamado Plan Militar Atalanta.

”Vamos a tomar acciones conjuntas para Cali”

Andrés Villamizar, secretario Seguridad Cali

Además, como nos dijo una alta fuente de la Alcaldía, las autoridades en la capital tienen conocimiento de la presencia de comercializadores de carteles extranjeros que desde la capital planean la salida de la coca desde los puertos de Tumaco y Buenaventura.

De lo que pase de acá en adelante en esta materia también depende qué tanto impactará el legado de las medidas de Armitage y Dilian de cara a la precampaña para 2019.

Seguridad en campaña

Una vez la Gobernadora comenzó a trinar sus peros sobre la seguridad en Cali, al menos dos de los aspirantes a la Alcaldía, Jorge Iván Ospina y Roberto Ortíz, aprovecharon para lanzar puyas y críticas a la administración caleña.

El asalto, el robo, el sicariato demanda de todos una alerta un llamado de atención a la autoridad municipal y de policía, Aclde @MauriceArmitage lo que vivimos es atroz, es más q una fría estadística, nos están matando, amenazando, dañando y queremos de usted #SeguridadparaCali

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) October 25, 2018

Los caleños quieren que la ciudad tenga buena Seguridad Ciudadana,al salir de casa la gente pide que sus seres queridos regresen sanos y salvos,que no sean víctimas de atracos,ni extorsiones,ni bandas de jiraros,ni asesinatos.
El miedo en las calles,en casa se debe acabar. pic.twitter.com/1qdpqKhkwu

— Roberto Ortiz (@robertoortizu) October 26, 2018

Esto muestra que la seguridad será uno de los ejes del debate de la campaña que arrancará en menos de tres meses, en la que tanto Dilian como Armitage tienen intenciones de crecer y mantenerse en Cali.

Por el lado del grupo de Dilian, que controla La U acá, si bien no hay claridad de si tendrán a un aspirante a la Alcaldía, ya tienen aspirante a la Gobernación con Clara Luz Roldán, exdirectora de Coldeportes y una de las personas más cercanas a la Gobernadora, quien arrancó campaña precisamente por Cali, como revelamos en agosto.

Y es que paulatinamente, el grupo de la mandataria ha ganado terreno en la capital.

En las legislativas de marzo, las manos derechas de la Gobernadora, el senador Roosevelt Rodríguez y la representante Norma Hurtado, fueron los más votados de La U con 31 mil y 22 mil votos, respectivamente.

En ambas cámaras, La U fue el segundo Partido más votado de la capital mientras que en 2015 fue el tercero.

A eso se suma su bancada propia de cuatro concejales de La U, similar a su bancada propia en el Congreso, que también tiene planes de crecer en 2019.

Por el lado de Armitage, como contamos, si bien le habría dado el guiño a su exsecretario de Salud, Alex Durán, quien la semana pasada arrancó campaña a la Alcaldía, a diferencia de Dilian no tiene votos propios, por lo que su apoyo sería vía empresarios, que no han definido a quién apoyarán.

De todos modos, el resultado de las estrategias de seguridad que planeen de acá en adelante la Gobernación y la Alcaldía podrá ser usado como caballo de batalla en la próxima campaña.

Muy posiblemente si la estrategia funciona y hay buenos resultados en el corto y mediano plazo, quienes estén más cercanos a los dos mandatarios usarán la estrategia como una bandera.

Un escenario contrario ocurriría si la estrategia falla o no da resultados contundentes.

Con el fantasma de la campaña ya rondando y con una puja en ciernes, la seguridad en Cali posiblemente seguirá en el debate político y electoral.

Hoy a las 3 de la tarde el Gobierno de Iván Duque presentará ante la Cámara de Representantes su ley de financiamiento. A partir de la presentación que hizo ayer ante directores de medios con su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quedó claro que esa reforma tributaria -que incluye recorte de gastos del Gobierno- arranca con buenas noticias para las empresas y otros grupos, y unas malas para la clase media y otros sectores.

Es posible que el texto completo que se conocerá hoy, cuando el Gobierno lo radique, cambie algunos puntos de lo que presentó el Gobierno ayer en esta presentación. El proyecto va en línea con las propuestas de Duque en campaña, que parten de la premisa de que facilitar a los empresarios hacer negocios con menos impuestos y menos tramitología, va a beneficiar a todo el país con mejores salarios y más puestos de trabajo formal.

El proyecto augura un debate caliente en el Congreso, en particular por su idea de ampliar la base del IVA a casi toda la canasta familiar, una medida que golpea directa e inmediatamente el bolsillo de los votantes en un año de elecciones regionales. Ayer el Partido Liberal se opuso a subir el IVA y en septiembre el expresidente Álvaro Uribe criticó públicamente esta idea.

"No aprobaremos ningún IVA a la canasta familiar... que nos digan que lo pueden devolver a los más pobres pero queda afectada la clase media", dijo Uribe en septiembre.

Vean, de nuevo el CD a la oposición: pic.twitter.com/vS3KKOdBas

— Ruge Chamucero (@DanielRuge) 30 de octubre de 2018

Aunque el Gobierno seguramente tratará de compensar esas críticas con la necesidad de conseguir plata para financiar el gasto social, la reducción de la tarifa de todo el IVA del 19 al 18 por ciento en 2019 y a 17 en 2020, y el mecanismo para subsidiar el IVA que pagan los hogares más pobres, el resultado final de esta ley una vez pase por el legislativo es incierto, y más por la falta de aplanadora duquista en el Congreso.

Independientemente de lo que pase, éstos son los sectores que arrancan la discusión con motivos para oponerse o para defender la reforma.

Los que pierden

La clase media

Los cambios en el IVA golpearán a los consumidores de clase alta y media. Pero mientras los primeros en general tienen un colchón para que no los afecte, los segundos no, y por eso arrancan como grandes afectados por la propuesta.

El punto neurálgico de la reforma, en materia de recaudo, será ponerle IVA del 18 por ciento a 49 productos que hoy no tienen ese impuesto, como la papa, la yuca, el tomate, el pollo y los huevos; y a 10 que hoy tienen impuesto de 5 por ciento, como la harina de maíz, las pastas, el azúcar o las carnes frías. Seguirán exentos varios servicios clave como la educación, la salud y el transporte de pasajeros y servicios públicos domiciliarios, los productos farmacéuticos y la bienestarina.

Eso, más el efecto de bajar el IVA de los demás productos del 19 al 18 por ciento (incluyendo otros 98 productos de la canasta familiar que ya tienen IVA a full), le daría 11,3 billones de pesos más al Gobierno el próximo año y 12 en 2012, según sus cálculos. Es decir, el grueso de lo que necesita.

Para que eso no golpee a los más pobres, el Gobierno plantea girar un subsidio mensual de 51.300 pesos al 30 por ciento de hogares más pobres, medidos según un puntaje del Sisben.

Ese dinero compensaría lo que van a pagar por la ampliación del IVA, y lo pagaría como hoy entrega los subsidios sociales de programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Le costaría al Gobierno unos 2,6 billones de pesos al año.

El problema viene para los que no estén en ese 30 por ciento de hogares más pobres, y que se pueden llamar clases medias. Según los datos del Dane que usó el Gobierno para presentar la política, son familias que tienen ingresos promedio que arrancan en poco más de 800 mil pesos mensuales. De allí a los que tienen unos 1,9 millones en ese rango hay, según los datos del Gobierno, cerca de 5,8 millones de hogares.

Ellos pagarían más IVA que hoy, por ejemplo, los que tienen ingresos de 970.000 pesos tendrían que pagar el otro año 26.500 pesos mensuales (318.000 pesos al año) más de lo que pagan hoy, incluyendo lo que se ahorran por pagar un punto menos IVA por otros bienes. Estos hogares no recibirían subsidios, y gastan 40 por ciento de su dinero en productos de la canasta familiar por eso serían fuertemente afectados.

Aunque el presidente Duque dijo ayer que son probablemente los mismos beneficiarios de programas sociales como los 320 mil nuevos cupos en educación superior estatal, no hay una relación directa entre pagar más IVA y recibir esos beneficios. Al final, así el gasto público los beneficie, sí cargarían buena parte del peso de la reforma.

Es posible que este punto cambie en el trámite de la reforma, por la presión política que ya se empezó a sentir y por que Duque ha dicho públicamente que quiere proteger la clase media.

Las personas con plata

El proyecto también propone que las personas de altos ingresos, especialmente los trabajadores, y las que tienen patrimonios grandes, tendrán que pagar más.

Por un lado, los que tengan ingresos mensuales por encima de 33 millones de pesos tendrán que pagar un 4 por ciento más de los ingresos a partir de esa cifra de lo que pagan hoy. Es decir, una persona con un ingreso de 50 millones de pesos mensuales podría pagar hasta 8 millones de pesos más de renta al año.

Por otro lado, la propuesta incluye dejar vivo el impuesto a la riqueza para las personas naturales, que hoy es temporal y se iba a eliminar a partir del próximo año. Eso haría que quienes tengan entre 3.000 y 5.000 millones de pesos de patrimonio, paguen un 0,75 por ciento de éste; y los que tengan más de 5.000 millones, el 1,5 por ciento.

Con estos impuestos el Gobierno espera recibir 3,3 billones de pesos, con el gran desafío de evitar la evasión y la elusión que son usuales entre los que tienen recursos para contratar asesores y pagar esquemas complejos, como los que ha explicado el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega.

En cualquier caso, falta ver los detalles de cómo serán la normalización de activos (una suerte de amnistía parcial para que quienes tienen bienes ocultos los declaren y paguen un impuesto), el manejo de las rentas de capital (las que vienen de tener bienes, como arrendamientos y dividendos) de las que Duque y Carrasquilla dijeron que tendrán cambios y otros ajustes que pueden cambiar el efecto final sobre los más ricos.

Los agricultores

Según lo que explicaron Duque y Carrasquilla, los alimentos básicos que hoy no pagan IVA pasarán a hacerlo. Eso quiere decir que los agricultores y productores de carnes (ganaderos, avícolas, etc.) tendrán que vender más caros sus productos, eso unos de los primeros en criticar esa propuesta fueron los agricultores agremiados en la Sociedad de Agricultores de Colombia.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad, dijo que ese gremio (que fue uno de los primeros en dar su apoyo a Iván Duque para segunda vuelta) no apoyará este punto de la reforma, por lo menos con la información que tiene.

“Cuando el presidente era candidato eso de grabar la canasta básica no estaba sobre la mesa. Haremos un llamado al Congreso de la República para que no apruebe esto”, le dijo Bedoya a La Silla.

Los agricultores, sin embargo, salen ganando por otro lado, porque la reforma incluye una exención de impuesto de renta por 10 años a los nuevos proyectos agrícolas que creen empleos.

Qué tan grande sea ese contrapeso depende de los detalles de la reforma, pues aunque Duque explicó que solo se aplicará a proyectos que surtan un trámite ante el Gobierno y demuestren que realmente son nuevos y aportarán nuevos empleos, falta ver exactamente cómo será ese visto bueno.

Los que ganan

Las empresas

La reforma propone que sea más barato tener una empresa, especialmente porque propone bajar las tasa nominal de renta de 33 por ciento este año a 30 en 2021, reduciendo un 1 por ciento al año. Para 2019 se mantendrá en 33 por ciento, pero sin una sobretasa de 4 por ciento que se venció este año y no renovarán.

También propone que todo lo que paguen por IVA, la mitad de lo que paguen por el impuesto municipal industria y comercio y la mitad del 4X1000 se lo puedan restar al impuesto de renta que pagan cada año.

Pero los mayores beneficios empresariales se van para la industria naranja y para el sector agrícola. Aunque no han dado detalles de cómo funcionará este mecanismo, lo que se ha dicho es que para los proyectos nuevos del sector naranja que generen empleo se les eximirá por cinco años del pago de renta, y para los agrícolas se les eximirá por 10 años.

Pero no se conoce la letra menuda, qué sectores quedarán incluidos dentro de lo naranja y dentro de lo agrícola, qué tipo de proyectos podrán recibir la exención y cómo se vigilará el cumplimiento de los requisitos de empleo. Tampoco existe un cálculo de cuánto podrían costar estas exenciones.

De acuerdo con Duque estas exenciones y la modificación del IVA son el corazón de la ley y van a permitir un crecimiento del PIB de 4 por ciento el próximo año.

Manufacturas, infraestructura y mineroenergéticos

De las propuestas planteadas ayer por Duque, una de las que más le costará al erario beneficiará a las empresas que más necesitan comprar maquinaria o equipos para funcionar, como la industria manufacturera y los sectores minero, petrolero y de infraestructura.

La idea es que puedan restar de su impuesto de renta todo el IVA que paguen al comprar esos bienes de capital, lo que ayudaría a que sea  más barato invertir en ellos, porque se ahorrarían el 18 por ciento del IVA. El objetivo de una exención como esta es que las empresas inviertan en tecnología y modernización .

Como ya no aplicaría para el impuesto de renta de este año que se paga en 2019, el impacto se notará en 2020, cuando el Gobierno calcula que dejará de recibir 6,6 billones de pesos. Esto es más de la mitad de lo que recibirá por el aumento del IVA en este año o casi medio hueco fiscal.

El sector financiero 

En primer lugar, si las empresas pueden descontar de renta la mitad de lo que pagan por 4X1000, el desincentivo para utilizar el sistema bancario para sus transacciones y pagos se reduce, pues al final les va a costar la mitad de lo que les cuesta hoy. Eso permite que los bancos puedan vender más servicios a empresas..

En segundo lugar, las compensaciones que crea la reforma para compensar el mayor IVA a la canasta familiar para las personas más pobres pasarán por el sistema bancario. Eso son 2,3 billones de pesos en 2019 y más de 2,6 en 2020 que pasarán por el sistema financiero a través de 4,6 millones de famiias, lo que les daría no solo más capital para manejar sino acceso a nuevos clientes potenciales, entre los beneficiarios de ese subsidio.

Los alcaldes

Uno de los impuestos más importantes para los distritos y municipios es el de industria y comercio (ICA). En Bogotá, por ejemplo, significó el 43 por ciento de los ingresos del Distrito en 2017.

Como el proyecto propone que la mitad de lo que las empresas paguen por él se reste de lo que deben pagar de renta, es un incentivo para que las empresas lo paguen. Eso beneficiará a los municipios, que en el fondo recibirán un subsidio de la Nación pues ésta va terminar asumiendo esa mitad del ICA para bajar la carga tributaria de las empresas sin recortar los ingresos locales.

Este texto fue escrito en coautoría con Julián Arévalo.

Como antes asociábamos la seguridad con la guerra, nos cuesta pensar que hoy es necesaria para la paz. Pero la estabilidad del Acuerdo no solo depende de que no lo hagan trizas, sino también de que lo logren proteger de todas las amenazas que suele traer el postconflicto.  

Son varios las realidades que actualmente preocupan: grupos como el ELN, ahora fortalecido, el crecimiento de las disidencias de las Farc, las bandas criminales, los carteles mexicanos que actúan en territorio colombiano, los cultivos ilícitos que han crecido a picos históricos y la situación de los líderes sociales que siguen siendo asesinados o amenazados.

No es una realidad única a Colombia: tras procesos de paz como el de Irlanda del Norte, Sudán e incluso nuestro país en negociaciones anteriores, surgieron nuevos grupos armados y se fortalecieron otros después de la firma.

La situación actual, en todo caso, es alarmante. La cifra de disidentes de las Farc oscila entre 1.100 y 1.500, hay 25 estructuras en proceso de rearme, la guerrilla del ELN ya cuenta con más de 1.700 hombres en armas y los cultivos de coca llegaron a la cifra más alta desde que hay registros. La combinación de estos problemas es quizás el mayor obstáculo para que se termine el conflicto armado.

Aún así, la visión de la seguridad hoy debería ser distinta a la del 2002 y reconocer las diferencias entre los territorios de Colombia, entre los riesgos y en la manera como pueden verse afectados. Esta visión debería hacer uso de herramientas como las que ofrece el Acuerdo de Paz con las Farc y vincular a los ciudadanos para que participen más activamente en su diseño, se apropien de ella y ayuden a ponerla en marcha.

Desde el Instituto para las Transiciones Integrales reunimos las cinco recomendaciones principales al gobierno en materia de seguridad para la paz:

1. Cada territorio tiene necesidades distintas en seguridad

En algunas zonas donde operaban las Farc avanza la presencia del Estado, en otras ha crecido la presencia del ELN, de otros grupos armados o de disidencias de las Farc, o están siendo disputadas por varios grupos. En el Pacífico, por ejemplo, hay 14 estructuras armadas asociadas a disidencias de las Farc, mientras que en Norte de Santander están Los Pelusos, con cerca de 1.600 hombres, quienes recientemente han incursionado en el sur del Valle y en el norte del Cauca.

En cambio, en departamentos como el Cesar o regiones como el sur del Tolima, las condiciones de seguridad han permitido que avance la implementación de los acuerdos.

Por eso, el gobierno debería darle una respuesta distinta a la situación y las amenazas de seguridad en cada territorio. En algunos casos habrá que fortalecer la presencia militar y en otros la de una policía que trabaje de la mano con la ciudadanía.

2. La seguridad en el campo debe escuchar a la ciudadanía

Pensar la seguridad en el campo tiene muchos retos: dejar de lado la visión urbana que ha predominado, entender las necesidades especiales de las zonas rurales, fomentar la convivencia y promover nuevas reglas de juego.

Se requiere pensar desde lo local. Esto significa que deben ser los alcaldes, gobernadores y la comunidad quienes identifiquen los problemas de seguridad de cada sector y la manera como pueden responderse. Cada comunidad tiene una visión distinta de lo que su territorio requiere para el retorno de exguerrilleros, el acompañamiento a las victimas o las amenazas de grupos ilegales de distintos tipos.

Para eso se podrían aprovechar las medidas que están en el Acuerdo Final sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. Igualmente, podrían ponerse en marcha aquellas orientadas a la protección colectiva a las comunidades o los pactos regionales orientados a buscar la convivencia pacífica.

3. Atender las necesidades de los excombatientes de las Farc

Como resultado del proceso de paz con las Farc se desmovilizaron cerca de 11.384 miembros de la organización (incluyendo milicianos y personas que estaban privadas de la libertad). Sin embargo, genera zozobra la situación de las disidencias, especialmente en Cauca, Nariño, Guaviare, Caquetá y Meta.

Colombia debe aprender de su experiencia de 15 años de trabajo en reincorporación, especialmente en apoyo psico-social y en el acompañamiento a estas personas a crear nuevos proyectos de vida. Sin embargo, la realidad es que hoy todavía no existe un camino claro que identifique todos los elementos de la reincorporación en el tiempo y que atienda a las necesidades de los excombatientes de manera integral.

Si rápidamente los exguerrilleros de las Farc no cuentan con suficiente información sobre su reincorporación económica y su situación jurídica, será muy difícil que cuenten con la motivación y los incentivos suficientes para permanecer en la legalidad.

4. Atacar con fuerza a grupos armados y actividades ilegales

En el postconflicto, diferentes grupos tratan de arrebatarse los negocios ilícitos, lo que afecta el contexto social, económico y de seguridad de las regiones y les impiden cualquier transformación que pueda venir por cuenta de la paz.

Los disidentes de las Farc, por ejemplo, se han concentrado en consolidar estructuras de financiamiento como el control de cultivos ilícitos y de las rutas de narcotráfico, la minería ilegal y la recuperación de caletas no declaradas.

En el sur del país, por ejemplo, las disidencias lideradas por Gentil Duarte están involucradas en la negociación de cocaína con los carteles de México y Brasil. En el Meta, el cobro de extorsiones ha vuelto a ser un problema, y en Nariño los enfrentamientos con el ELN dejaron hace poco 13 personas muertas en Magüi Payán.

Por eso, cualquier estrategia debe complementarse con acciones fuertes para combatir las actividades ilegales que mantienen en vilo a las regiones. En particular frente al narcotráfico y lavado de activos, para controlar la comercialización e importación de insumos y precursores químicos requeridos para la producción de drogas, y contra la extorsión, la minería ilegal, el contrabando de gasolina y los ataques contra la infraestructura.

5. Cambiar el enfoque hacia el problema de los cultivos ilícitos

Durante los últimos 5 años las hectáreas cultivadas de coca en el país se han multiplicado por cuatro. En este tiempo se han cometido errores en la forma como se ha tratado el fenómeno, como la política fundada en subsidios a los cultivadores a cambio de su promesa de erradicar, la intermediación de las Farc en los compromisos entre las comunidades y el Estado, y una escasa inversión en bienes públicos rurales como las vías.

Esos esfuerzos aislados que ni controlan el crecimiento, ni ofrecen alternativas a las comunidades, evidencian la necesidad urgente de unificar las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, pensando en que estas sean a la vez efectivas, secuenciales, sostenibles en el tiempo y tengan en cuenta las características diferentes que tiene cada territorio.

Es necesario que desde el gobierno se piense en políticas que combine incentivos y castigos. Esto puede ser, por un lado, pactando acuerdos de sustitución con las comunidades afectadas y, por otro, haciendo uso de la erradicación forzosa cuando no se logre llegar a acuerdos, o cuando se pueda comprobar que el dueño del cultivo no es un campesino sino un narco.

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Por último, y no por eso menos importante, el gobierno necesita enviarle un mensaje claro a la fuerza pública frente a cuál es la política sobre la que se está trabajando y cuál su rol en el contexto actual, que incluya las transformaciones de la paz pero también la contundencia.

Que el gobierno de Duque le meta la ficha a la seguridad no quiere decir que va a hacer trizas el Acuerdo.

La decisión de darle trámite a la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que se hundió ayer, puso, como nunca antes, los reflectores sobre el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, un político de Norte de Santander que en los últimos años ha ido ascendiendo en la escala de poder del Congreso.

Su capacidad para alinear gente dentro y fuera de su propia bancada, de tenerlos a todos contentos, de saber qué peleas caza  y, en palabras de dos congresistas, de tener claro cuándo tiene que tensar o aflojar la pita, hoy lo tienen como uno de los políticos que pueden torpedearle o hacerle más sencillo el camino al presidente Iván Duque en un año clave para él.  

Las movidas

El hecho de que no haya mermelada en el Congreso pone al presidente de la Cámara en una posición en la que puede brillar.

A diferencia de sus antecesores, Chacón tiene mucha más independencia en su cargo, porque como la relación del ejecutivo y el legislativo ha cambiado, no tiene encima ni la presión ni acuerdos con el Gobierno que lo lleven a buscar que se agilicen los trámites de una reforma que le convenga al Presidente o a un Ministro o para frenar una reforma que al Gobierno no le guste. Por lo que tiene la capacidad de utilizar esa independencia del Congreso a favor de la Cámaras.

Una de esas muestras de poder autónomo fue la forma en la que manejó el trámite de la moción de censura a Carrasquilla que terminó ayer en la tarde con 120 votos por el no y 22 por el sí, una votación que estaba prácticamente cantada.

Por un lado, permitió que avanzará la moción a pesar de que su par del Senado, Ernesto Macías, había alegado previamente que no era jurídicamente viable.

Con eso, Chacón permitió que la oposición tuviera su espacio, pero al mismo tiempo, como contó La Silla, llevó al ministro Carrasquilla a una reunión de la bancada liberal en la que según El Espectador le aseguraron que no lo iban a tumbar.

Efectivamente todos los liberales, a excepción de Juan Carlos Losada, Jose Luis Correa y Ángel María Gaitán (los únicos tres que firmaron para que se tramitara la moción), votaron en contra de tumbar al Ministro, por lo que ese empujón de Chacón, aunque no es claro si fue solo por su gestión, se hizo sentir en la votación, en la medida en que él llevó a Carrasquilla a hablar con su bancada.

Las luces apuntan a la Cámara

“Chacón es una persona que entiende el poder del Congreso, entiende que hay contrapesos y que para eso es necesario el debate”, le dijo a La Silla el segundo vicepresidente de la Cámara, el representante por Bogotá de los verdes, Inti Asprilla.

Al tramitar la moción ganó, y obtuvo para la Cámara, un protagonismo que no es usual, pues por lo general el Senado es más mediático. Eso le suma fuerza con sus colegas.

De hecho, en los tres meses de este Congreso, Chacón ha logrado que la Cámara le lleve la ventaja al Senado en otros temas, con la ventaja de que esa corporación empezó a trabajar más rápido porque logró conformar las comisiones antes y la decisión de quién sería su presidente fue más fácil.

“Usted puede ver el poder de Chacón en que no hubo discusión frente a quién debía ser el presidente de la Cámara” le afirmó a La Silla el representante liberal bogotano Juan Carlos Losada.

Logró, por ejemplo, que allí se hiciera el debate del senador Iván Cepeda sobre el caso del senador Álvaro Uribe y los falsos testigos o el de la crisis de Hidroituango, o que se aprobara primero el Presupuesto General de la Nación.

Eso le ha permitido a Chacón estar en una línea lo suficientemente lejana al Gobierno que no solo ha quedado en evidencia con la hundida moción de censura a Carrasquilla, sino también esta semana cuando le dijo en un foro a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que no tenía “ni idea” de la rama.

Ocho representantes del liberalismo, Cambio Radical y el Partido Conservador, le contaron a La Silla por aparte que el hecho de que no se pliegue ha calado bien porque como aún no es clara la relación del Gobierno con el Congreso, en palabras de una de las fuentes, “envía el mensaje de que podemos rebelarnos en cualquier momento y que solo nosotros tenemos el control”.

Todo eso refleja que ha leído el momento político y que lo ha usado para lucirse en su presidencia.

Algo que se debe a su experiencia, porque a comparación de Macías cuenta con más tiempo en el Congreso (este es su tercer periodo), y según cuatro congresistas con los que hablamos ese tiempo en el Congreso le ha permitido ser más hábil que el presidente del Senado.

Y porque en su bancada todos los primíparos le copian -19 de los 35 están estrenándose-, según nos contaron 5 representantes liberales, porque les ha dado juego a todos los sectores en las plenarias, y porque dentro de su partido es reconocido como uno de los aliados clave del expresidente César Gaviria.

“Chacón llegó a ese cargo con la bendición de Gaviria y lo que hemos visto es que se mantiene leal a él”, un representante liberal que hace parte del círculo cercano de Chacón.

Ese protagonismo de Chacón, como contó La Silla, se hizo sentir en que fue fundamental para que Felipe Córdoba llegara a la Contraloría y en que dentro de su bancada logró mover todas las fichas para poner a su propio magistrado en el Consejo Electoral.

Pero esos logros solo se deben a un camino que ha ido pavimentando con el tiempo.

El ascenso al poder

A Chacón hay tres cosas que le reconocen todos los políticos que lo conocen, y que incluso no son de su cuerda: es sagaz, tiene estrategia, y sabe dar suficiente caramelo como para que los que lo rodean crean que son sus amigos.

“No es de los que se mete en una pelea si no está seguro de que la va a ganar”, dijo a La Silla un congresista que ha sido su compañero desde que 2010, cuando entraron por primera vez al Congreso.

Prueba de ello ha sido la manera en la que ha crecido políticamente.

Como ha contado La Silla, él empezó a militar en el Partido Liberal desde que era estudiante de derecho de la Universidad Libre de Cúcuta, pero en la medida en que fue avanzando se acercó a diferentes líneas dentro de esa colectividad.

Arrancó bajo el ala del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien es amigo personal; luego, cuando Vargas Lleras se apartó del liberalismo para crear Cambio Radical, se acercó a la línea del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y más adelante aterrizó en las toldas del expresidente César Gaviria.

Todos tienen en común que en algún momento han sido la voz principal del liberalismo en el país, lo que deja claro que Chacón tiene claro a quiénes busca de amigos.

Al tiempo aprendió cómo amasar su propio poder.

La primera muestra la dio en su natal Norte de Santander cuando se desmarcó de los Cristo una vez tuvo la visibilidad suficiente para pelear espacios, y empezó a recoger a una parte de las bases del liberalismo que le dieron los votos suficientes para pasar en 2010 de elegirse como el apoyo de los Cristo y del condenado alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, a en 2014 desmarcarse en la mitad de la campaña de Andrés Cristo y elegirse con caudal propio.

En adelante le ha peleado a esa casa política todo el poder burocrático que tiene en la región.

En el Congreso también aprendió a escalar.

Su primera aparición mediática fue en 2012 cuando siendo representante primiparo fue presidente de la conciliación de la fallida reforma a la justicia que hizo célebre al entonces representante Simón Gaviria porque cuando se conocieron los micos dijo que la había aprobado sin leerla.

Desde su entrada al Congreso, Chacón tuvo a su favor la cercanía con Vargas Lleras, de quien jamás se desligó pese a su acercamiento con los Cristo.

Eso lo convirtió en una suerte de puente entre los rojos y Cambio Radical, y lo dio a conocer dentro de la bancada como el “hombre más cercano al vargasllerismo dentro del liberalismo”.

Además, al tiempo fue estrechando relaciones con congresistas de todas las regiones y de diferentes partidos que le permitieron robustecerse cuando aún no era tan visible.

Todos esos pasos, según cuatro fuentes que conocen su carrera política desde que arrancó, fueron premeditados.

“Chacón es muy sagaz entendiendo momentos políticos. Sabe en qué momento actuar”, dijo a La Silla un político de Norte que pidió la reserva de su nombre.

Fue eso lo que le sirvió para meterse como una tercería en la pelea por la Presidencia de la Cámara en 2016, reventar a la bancada liberal y hacer que hasta Juan Manuel Santos enviara delegados a calmar la pelea.

Y fue eso mismo lo que le pavimentó el terreno para quedarse con la nominación de su partido para la presidencia el primer año del Gobierno de Duque.

“Es el arte de capitalizar apoyos, de no dar puntada sin dedal”, nos un dijo un representante de su partido que pidió la reserva de su nombre.

La recién nacida sala de primera instancia de la Corte Suprema condenó el pasado 24 de octubre al gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito (de La U y del conservatismo), por corrupción electoral y otros delitos. Ahora, seguidores suyos están difundiendo una versión según la cual lo que hizo hace parte de las tradiciones wayuu. Y el asunto, que no es preciso, tiene molesto a parte de ese pueblo.

El lío de Wilmer

González, quien no es wayuu, salió elegido en elecciones atípicas el 6 de noviembre de 2016, con el apoyo de la cuestionada cacica de Uribia, Cielo Redondo Mindiola.

Eso ocurrió luego de que a la entonces gobernadora Oneida Pinto Pérez (investigada por corrupción y exmilitante de Cambio Radical) le fuera declarada nula su elección por haber candidatizado estando inhabilitada.

Como lo contamos, poco tiempo después, el 17 de febrero de 2017, el mandatario cayó detenido por supuestamente haber cometido varias irregularidades electorales para elegirse.

Según la Fiscalía, la investigación en su contra surgió a partir de intercepciones de unas llamadas -entre Wilmer y varios de sus aliados- en las que queda claro que su triunfo estuvo mediado por la entrega de mercados, chivos, transporte y refrigerios.

El día de esas atípicas, en un twitterazo y crónica en vivo, en La Silla Caribe habíamos revelado la repartija de refrigerios y todo el trasteo de votantes que se vió en esa jornada a favor de González.

Sigue la 'descarga' de votantes traídos de rancherías. Aquí, en puesto de votación institución Eusebio Septímo de Manaure #lasillaguajirapic.twitter.com/chZWCzpRAA

— La Silla Caribe (@lasillacaribe) 6 de noviembre de 2016

En Riohacha, carro con refigerios en la sede de Wilmer González. Líderes reciben cajas que contienen pasteles, jugos y agua.#lasillaguajirapic.twitter.com/uaNvlaHfU4

— La Silla Caribe (@lasillacaribe) 6 de noviembre de 2016

González permaneció detenido hasta el 11 de septiembre de este año, cuando quedó en libertad por revocatoria de la medida de aseguramiento.

Luego de eso, volvió al cargo, en el cual permanece -según nos confirmó su jefe de prensa-, debido a que la condena en su contra (que en concreto es por los delitos de cohecho, corrupción al sufragante, falsedad en documento y fraude procesal) por ahora es en primera instancia.

La versión rosa de las dádivas

La versión con la que quieren colorear de rosa las dádivas que, según la Fiscalía, entregó Wilmer González, arrancó el pasado 24 de junio.

Ese día, el portal laguajirahoy.com publicó un artículo titulado: “Wilmer González está preso por seguir una antigua tradición wayuu”, en el que la escritora wayuu apshana, Vicenta Siosi Pino, asegura que en las comunidades wayuu llevar obsequios cuando se va a hacer una visita es una antigua costumbre llamada “Okorojushi”, que traduce obsequio o presente en wayuunaiki.

Según la autora, el “Okorojushi” hace parte de una una práctica ancestral vigente que equilibra la dieta en las rancherías y ejercita “la magnanimidad entre clanes, pues quien más tiene más da”.

El texto de Siosi Pino (a quien no le encontramos ninguna relación política con González y de quien se sabe trabajó como Secretaria de Cultura durante la Administración por encargo del antropólogo wayuu Weildler Guerra), comenzó inmediatamente a ser difundido en redes por seguidores del Gobernador.

Esa difusión regresó y se incrementó hace una semana, justo cuando la Corte emitió su condena contra González.

A La Silla Caribe llegó por cadena de Whatsapp.

Por ello comenzamos a averiguar y encontramos que no todos los wayuu expertos están de acuerdo.

La molestia wayuu

Consultada para esta historia, la escritora Siosi nos reiteró su tesis de que las dádivas de Wilmer González a la comunidad wayuu durante su elección en 2016 hacen parte de una tradición y además: “No es Wilmer González, han sido todos, todos lo han venido a hacer y era necesario que lo hicieran porque esto es la costumbre y la costumbre se tiene que respetar”.

Y prosiguió: “No es que Wilmer esté comprando votos porque esté dando comida y transporte. Eso lo ha hecho todo el mundo todas las veces que se ha votado aquí”.

Esta clara defensa a González va en la misma vía de lo que, en febrero de 2017, argumentaron los abogados defensores del Gobernador frente a la justicia, como lo contaron en su momento algunos medios. 

Sin embargo, los argumentos son imprecisos, no sólo porque esa costumbre de repartir cosas y poner transporte y refrigerios es una costumbre más política que wayuu, sino porque no hay ninguna evidencia de que las dádivas hayan sido entregadas exclusivamente a ese pueblo indígena.

Un estudio titulado "La Economía Política de La Guajira y el Proyecto de Infraestructura de Agua Potable" elaborado por el antropólogo wayuu Weildler Guerra (Gerente del Centro Cultural de San Andrés del Banco de la República y considerado uno de los wayuu más reconocidos y respetados del país) en 2016 con el investigador Gustavo Duncan describe que las dádivas hacen parte de las relaciones clientelistas entre los wayuu y los actores políticos e históricamente se han dado debido a la cantidad de necesidades urgentes de este pueblo.

Además de esto, La Silla Caribe le preguntó al respecto a Estercilia Simanca Pushaina (escritora wayuu, reconocida por traducir sus libros del español al wayuunaiki).

En su concepto, estas acciones de los políticos pueden interpretarse como un uso indebido y desdibujado de una práctica wayuu sobre su sistema de reciprocidad e intercambio. “Una cosa es la contextualización que hace Vicenta Siosi sobre el protocolo wayuu y otra es la práctica política, no sólo en La Guajira sino en toda Colombia", dijo.

Por último, Jasmin Romero Epiayu, reconocida líder wayuu que ha recorrido el mundo dando conferencias sobre los riesgos que tiene la extracción de carbón de la multinacional El Cerrejón en su tierra ancestral, y una de las voces más representativas a nivel nacional de su etnia, considera “falso decir que estas dádivas hicieron parte de un acto tradicional wayuu”.  

De todas maneras, Wilmer González ha demostrado tener de su parte a varios simpatizantes dentro del pueblo wayuu.

Cuando fue detenido hubo manifestaciones indígenas a su favor y en La Guajira política se rumora que, el próximo 13 de noviembre, fecha en la que supuestamente se conocerá el monto de su condena, se presentarán otras más, incluso en la capital.

Habrá que ver si algunos de sus seguidores siguen insistiendo en la versión romantizada de los actos que lo llevaron a enfrentar a la justicia.

Ayer en la tarde, luego de horas de debate y mucha tensión, se selló en la Comisión Primera de Senado el primer pacto político alrededor del Acuerdo de Paz desde que ganó Iván Duque. Un pacto que luego de perder el plebiscito en 2016, Juan Manuel Santos no logró.

Ese pacto, que parecía improbable pero terminó uniendo a casi todos los partidos, puede ser el primer paso de un camino que le de más legitimidad a la justicia transicional pactada en La Habana, de otro que lleve a más implementación del Acuerdo, y de un tercero hacía menos polarización política.

El acuerdo

19 de los 22 miembros de la Comisión más visible del Congreso (José Obdulio Gaviria no estaba, Julián Gallo de la Farc estaba impedido y Alexander Maya del Polo votó en contra) sellaron un pacto que mantiene vivo el camino de modificar la JEP mediante un acto legislativo, como quiere el uribismo, pero sin crear una sala especial que juzgue a los militares, como pretendía la senadora uribista Paloma Valencia.

En su lugar, acordaron dos cosas: que a las salas que ya existen puedan entrar 14 magistrados nuevos seleccionados por un nuevo mecanismo (aunque el uribismo dejó la constancia de que pueden pedir que sean más) y que la sola confesión de una persona ante la JEP no puede ser la única prueba para que se condene a otro que no acepte su responsabilidad ante ella, como puede pasar con muchos militares.

Además de eso se comprometieron a trabajar conjuntamente para que salga adelante ese pacto en los siete debates que le faltan al proyecto para fortalecer la legitimidad de la JEP, no meterle ningún tema nuevo, llevar todas las discusiones del nuevo texto a una ‘comisión multipartidista’ que reúna a todas las fuerzas políticas del Congreso, y dejar la puerta abierta para que las bancadas puedan presentar otras iniciativas sobre estos mismos temas, pero en otras reformas.

Eso significa que el uribismo todavía puede revivir su idea de una sala paralela pero en otro proyecto que probablemente tendría menos fuerza al haber logrado lo que acordaron.

Ese punto muestra que tanto el partido de Duque como la oposición tuvieron que negociar.

La fórmula para que Uribe y Petro se pusieran de acuerdo

En la tarde del martes el proyecto de la senadora Valencia estaba a punto de morir en la Comisión.

El ex presidente Uribe entró al salón a hablar con los tres liberales miembros de la comisión -a la que no pertenece-, Luis Fernando Velasco, Miguel Ángel Pinto y Fabio Amín. Ellos eran clave porque desde el lunes quedó claro que sus tres votos definían las mayorías, ya que hay 8 uribistas y aliados, contra 14 senadores pro paz.

Luego de esa conversación, Velasco logró que la Comisión aprobara un receso. Allí toda la comisión se fue a la oficina del presidente del Senado, Ernesto Macías, para tratar de llegar a un acuerdo a puerta cerrada.

A ellos se unieron algunos congresistas más, dada la importancia del tema, como la representante verde Juanita Goebertus, el senador del Polo Iván Cepeda y la senadora de la Farc Victoria Sandino.

“Fue un encuentro en el que todas las fuerzas hablaron con sinceridad y abrieron las heridas”, le contó a La Silla la representante verde Goebertus, que jugó un papel clave en la negociación por su conocimiento del Acuerdo que ayudó a negociar.

En ese ambiente de franqueza Roy Barreras, senador de La U, trajo una propuesta para destrabar el asunto.

Su idea era que en vez de crear una nueva sala para los militares, se metieran nuevos magistrados en las salas ya existentes. De esa manera aliviaba el temor del uribismo de que los magistrados de la JEP son de izquierda o pro Farc, y también evitaba el miedo de la otra orilla de que se creara impunidad para los militares, se pusiera en riesgo su seguridad jurídica y se rompiera la lógica de la justicia transicional.

Al uribismo le sonó, pero pidieron que quedara que los militares y los guerrilleros que no reconozcan su responsabilidad puedan salir libres a los 5 u 8 años de cárcel, un beneficio que argumentaron que podía evitar falsos testigos y auto incriminaciones falsas, y que a su juicio podía generar confianza en la JEP.

La bancada pro paz se negó e incluso la Farc, que saldría beneficiada si eso pasara, dijo que no le interesaba tener más rebajas de las que ya se pactaron.

Todo eso porque conceder ese beneficio extra sin que los militares o guerrilleros hubieran cumplido las condiciones de la JEP para tener beneficios (contar la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición) podía debilitar la seguridad jurídica de los condenados.

Por eso al final solo ganó la idea de meter nuevos magistrados a las salas ya existentes y, para apaciguar los temores a falsos testigos que podrían buscar beneficios señalando a otros, se incluyó la exigencia de tener pruebas adicionales para condenar a alguien en la JEP.

En la redacción del texto buscaron que rimara bien con el Acuerdo.

Para eso fue clave Goebertus quien, como nos dijo un senador, “no habló mucho,  pero sí ayudaba a resolvernos las dudas a todos por su conocimiento en el tema”.

Además, según supo La Silla, Humberto De La Calle y Sergio Jaramillo, los cerebros detrás del Acuerdo, estuvieron enterados de la fórmula.  “No es que nos tiraran línea, pero cuando ya vimos que los uribistas estaban cediendo, comenzamos a llamarlos a ellos para consultarles su opinión”, nos dijo Velasco.

Al final la reunión terminó sin acuerdo en cuántos serían los nuevos magistrados, ni en quienes conformarían el comité para elegirlos, pero con las bases de la fórmula lista para la sesión de la Comisión de ayer.

A ella la bancada pro paz llegó con un texto sin definir ninguno de esos dos puntos, y Valencia con otro que decía que debían ser 25 nuevos magistrados, más de la mitad de los 38 actuales, y con un comité de escogencia en el que el uribismo podía poner dos de los cinco miembros (los delegados del Presidente y del Congreso, que se sumaban a los del Defensor del Pueblo, del Procurador y del Consejo Superior de la Judicatura).

Antes del medio día la Comisión hundió esa propuesta, lo que amenazaba con convertirse en la muerte del proyecto, una victoria para la oposición que habría roto la idea de llegar a un acuerdo.

En ese momento Velasco salió con una fórmula intermedia: 14 nuevos magistrados y un comité de escogencia sin delegados de origen netamente político (dos de la Judicatura, uno de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y otro del Procurador).

En todo caso, las bancadas pro paz iban ganando y pudieron moverse para reducir su temor de dejar vivo un proyecto al que el uribismo le podía meter cosas nuevas más adelante.

La senadora verde Angélica Lozano y Barreras animaron a sus compañeros de oposición a que se salieran de la Comisión para romper el quórum. Eso habría hundido el proyecto que tenía que salir hoy so pena de naufragar.

Sin embargo, los tres liberales se quedaron sentados, con lo que dieron una nueva prueba de poder y de su intención de salvar el acuerdo. Y Velasco pidió un receso para lograrlo.

Las puertas de la comisión primera se cerraron y adentro se quedaron todos sus miembros más Uribe. Según supo La Silla, Velasco le pidió al senador Gustavo Petro, acérrimo opositor de Uribe, que juntos le pidieran al ex presidente comprometerse públicamente a no meterle nada nuevo a la reforma en el proceso que falta.

Lo lograron.

Reabrieron las puertas y, ante micrófonos y cámaras, Uribe dijo que se comprometía a eso, aunque recordó que el Centro Democrático puede tramitar cambios en otros proyectos. Además, dijo que no cedían en buscar que haya más magistrados nuevos.

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Así se llegó a un acuerdo para el que fueron centrales Goebertus, que durante todo el debate corría de un senador a otro para despejarles las dudas; Velasco, el pivote para que la discusión se mantuviera y no se impusiera ninguna de las dos partes; y Uribe y Petro, que no antagonizaron como suelen hacerlo y se la jugaron por el consenso.

Lo que viene

Lo que se logró ayer abre tres caminos paralelos y positivos.

El primero es que la JEP, que ha sido criticada desde el uribismo, puede ganar legitimidad.

Eso, que ya está en juego con sus primeras decisiones , podría recibir un gran impulso si el uribismo logra sacar adelante este proyecto y queda una JEP con su clara impronta.

Aunque faltan siete debates para que ese camino se recorra, el solo hecho de que haya un acuerdo político para cambiarla sin romper sus lógicas muestra que ese horizonte existe.

Eso, a su vez, puede llevar a que mientras tanto las críticas sean más sosegadas y a que sus decisiones, como las del caso Santrich o las del incidente por posible incumplimiento contra alias El Paisa, tengan una recepción menos crítica desde la derecha.

El riesgo es que ese camino se desvíe porque en los debates que faltan no se mantenga el acuerdo. Eso podría llevar al uribismo a criticar con más ahínco, si pierde, pues tendría el argumento adicional de no haber podido cambiar la JEP actual a pesar de haber cedido; o romper la lógica de toda esa justicia, si el uribismo logra revivir la idea de las salas especiales para los militares.

El segundo camino viene de que fue un acuerdo frente a la implementación del Acuerdo sin antecedentes, y además en un tema tan sensible como los militares en la JEP, un punto casi de honor para muchos uribistas.

Eso abre una ventana de oportunidad para que los partidos encuentren ese tipo de fórmulas intermedias para sacar adelante otros puntos del Acuerdo que faltan por desarrollar, como el nuevo sistema de catastro multipropósito o las 16 circunscripciones especiales de paz.

Eso encajaría, además, con la visión del Gobierno de modificar el Acuerdo sin dejar de implementarlo, aunque sea a su manera, que se concreta no solo en el “sin trizas ni risas” de Duque en campaña sino en decisiones concretas como haber nombrado a Emilio Archila, que votó Sí en el plebiscito de 2016, para implementarlo.

El tercer camino, que justamente tiene que ver con otro mensaje de Duque, es que el pacto envía un fuerte mensaje político de no polarización, como lo que ha propuesto el presidente con su idea de los “pactos por Colombia”.

Aunque en éste el Gobierno no haya sido protagonista, encaja en la idea de que todos los sectores políticos, a pesar de sus diferencias, se pueden poner de acuerdo. Y eso, en un ambiente que muchos -medios internacionales o nacionales, han dicho que está polarizado desde la segunda vuelta, puede ser la semilla de un posible cambio.

Los tres caminos pueden parecer positivos. Pero aún quedan siete debates para saber si todos van a cumplir su palabra y si el acuerdo sobre los militares en la JEP hace escuela.

En medio de todos los retrasos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Pnis, la molestia de los cocaleros que advierten irse a paro y la amenaza del Gobierno de la fumigación aérea, otro ingrediente se suma a la cuesta arriba de erradicar la coca: 13 mil de las 97 mil familias cultivadoras con las que el Gobierno Santos firmó acuerdos individuales están suspendidas dentro del Pnis.

Eso quiere decir que con esas familias no pueden avanzar en la sustitución hasta que no aclaren sus casos.

El problema es que esos casos no se reducen a uno o dos municipios. Los casos están regados en los todos los departamentos donde ha entrado hasta ahora el programa.

El lío, que hasta ahora no se conocía, le pone gasolina a la advertencia de paro de los cocaleros. Pero también, en los casos en los que las suspensiones se deben a que las familias no cumplieron y resembraron coca, podría eventualmente servir de argumento al Gobierno de Iván Duque para seguir impulsando su idea de la aspersión aérea con glifosato.

El lío

Estas 13 mil familias están suspendidas del Pnis por varias razones y aunque pedimos en Presidencia las cifras para saber cómo están repartidas por departamentos y cuantos casos corresponden a cada razón, nos dijeron que aún no tienen las cifras actualizadas porque pueden resultar siendo más o menos.

Las razones menos graves son, por ejemplo, que en la base de datos de la Oficina de Drogas de Presidencia aparece un nombre del cultivador, pero en el Sisbén o en la cédula aparece otro. O también que dice que vive en Caquetá, pero resulta es que vive en el Catatumbo, en Norte de Santander.

Hay también casos de familias que al momento de firmar el acuerdo individual en el que a cambio de arrancar las matas reciben unos pagos, tenían que presentar un soporte del predio donde está cultivada la hoja. Es decir, un documento que demuestre el arraigo de la familia con el predio. Pero muchas no lo han presentado todavía.

Y hay casos más graves.

Por ejemplo, el de veredas donde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc (que es la que tiene que ir a verificar si los campesinos arrancaron la hoja) fue hasta la finca de una familia a verificar pero no había nadie y no han podido regresar por las amenazas de las disidencias de las Farc. Eso ha pasado, como ha contado La Silla, en municipios como Paujil en Caquetá y también en Norte de Santander.

Eso puede resolverse más fácil en sitios donde no hay actores armados porque la Unodc puede reprogramar una visita. Pero en sitios donde no hay parte de seguridad para ir no puede entrar a verificar y esas familias podrían quedarse en el limbo.

Los casos más difíciles de resolver son los de familias que el Gobierno tiene probado que volvieron a sembrar coca a pesar de firmar el acuerdo en el que se comprometían a no hacerlo. A esas familias sí van a sacarlas del Pnis porque están incumpliendo lo pactado.

Si este fuera el caso de un alto porcentaje de las 13 mil familias suspendidas, el asunto podría convertirse en un argumento más a favor de la aspersión aérea en la que tanto insiste el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y que tanta protesta genera entre los cocaleros.

El tono radical de Botero en favor del glifosato ya se había recrudecido tras la muerte de un policía que pisó una mina durante una operación de erradicación en Tumaco la semana pasada.

Luego de ese hecho, Botero salió a decir que ese caso corroboraba la necesidad de regresar a este químico que rechazan al unísono los cocaleros.

Aunque no sabemos cómo están repartidas estas familias suspendidas por departamento, confirmamos que Caquetá es una de las zonas más críticas, pues tiene más de cinco mil familias suspendidas.

De hecho, esa fue una de las razones por las que los campesinos del municipio de San José del Fragua se declararon en asamblea permanente y salieron a las carreteras a protestar hace un mes.

Al final, Claudia Salcedo, que es la directora encargada de la Oficina, logró bajarle la caña al paro viajando hasta allá para explicarles a los cocaleros que hasta que no tuvieran claro el panorama de los suspendidos, no podían avanzar en los pagos.

El problema es que esas familias suspendidas, casi todas agrupadas en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, no están para nada contentas con estos retrasos.

La Silla supo por tres fuentes (una del gobierno  y dos de la Coccam) que para ellos este va ser el nuevo caballito de batalla del Gobierno para no cumplirles porque dicen que por cuenta de eso es que van a terminar sacando a muchas familias del programa.

Por ejemplo, el viernes pasado, en una audiencia pública en Yarumal, Antioquia, se sentaron representantes de Coccam y de organizaciones sociales del Norte y del Bajo Cauca con congresistas de la Farc, la Secretaría de Gobierno de Antioquia y el representante del Pnis.

En ella, cocaleros de Cáceres y Tarazá manifestaron que sienten que el Gobierno tiene la estrategia de dilatar el proceso de sustitución sacando a las familias del programa. “Nos están poniendo trabas para hacernos aburrir”, nos dijo Jorge Ríos, líder de la Coccam en Tarazá.

En Cáceres, Tarazá, Anorí y Briceño hay un aproximado de 1.500 familias suspendidas porque no hubo reporte completo de las matas en algunas fincas, porque hubo familias que registraron a un mismo beneficiario, pero la mayoría son por la inscripción del Sisbén, según nos dijo José David Hernández, coordinador de la Coccam en Antioquia.

En Norte de Santander algunos de los que aparecen suspendidos no fueron notificados y no entienden la razón por la que están por fuera del programa.  

La posición del Gobierno es otra. Según confirmamos con dos fuentes de la Oficina, no es que a todos los suspendidos los vayan a sacar. Solo lo harán con los que confirmen que sí resembraron.

Con el glifosato a la vuelta de la esquina y este lío de los suspendidos, los cocaleros están sumando más ingredientes para el paro que se está cocinando en varios departamentos del país.

A pesar de que se han declarado al borde de la quiebra como concesionarios del SITP (los buses azules que se meten a los barrios), cinco grupos empresariales se metieron a competir por las licitaciones para renovar los buses más viejos de Transmilenio y operarlos por la próxima década. Y es probable que la mayoría se quede con alguna de las seis nuevas concesiones, que se adjudican mañana.

Su participación, según Transmilenio, no se podía impedir mientras presentaran todos los documentos en regla. Y según le explicaron extraoficialmente a La Silla Cachaca en la Superintendencia de Sociedades, donde tres de esos grupos tienen empresas en procesos de reorganización para que paguen deudas, es preferible que ganen más contratos para que tengan con qué responder. (Pedimos hablar con el Superintendente pero nos dijeron que estaba fuera del país).

En todo caso, que esos grupos en crisis financiera estén en la puja refleja varias cosas, como que el gobierno de Enrique Peñalosa no logró, como pretendía, que más empresas con mayor solidez financiera se metieran en el negocio; que las de siempre encontraron, con dudas de por medio, la fórmula para mantenerse; y que el negocio de los buses rojos seguirá siendo rentable, a diferencia del de los azules.

Bancos extranjeros, la fórmula

Cuando Transmilenio comenzó hace 18 años (en la primera administración de Peñalosa) hubo una sola licitación en la que los ganadores se encargaban de comprar los buses, traerlos y operarlos.

La principal novedad del proceso actual para renovar los buses más viejos está en que quedó dividido en dos licitaciones: una para escoger a las empresas que comprarán los carros y otra para escoger a las que los operarán en la próxima década.

Peñalosa decidió hacerlo con la idea de lograr que los bancos prestaran la plata para comprar los buses, ya que eso pintaba muy difícil.

La lógica detrás de eso fue que si se presentaban las mismas empresas que hoy están en el negocio, y que a su vez son casi las mismas que están en el SITP, los bancos no les iban a prestar porque el SITP, que arrancó en 2011, no ha sido rentable para esas compañías.

A diferencia de Transmilenio, que siempre les ha dado ganancias a sus concesionarios, el SITP fue mal diseñado y los ingresos de sus concesionarios no logran cubrir los costos, por lo que las empresas ahí metidas están casi quebradas, sentadas con la Alcaldía discutiendo cómo cambiar los contratos, con pérdidas que rodean los 8 billones de pesos y, por eso, con las puertas cerradas en los bancos colombianos.

Al hacer una licitación sólo para escoger a quienes comprarán los buses, la Alcaldía esperaba asegurar que otras empresas diferentes a las que hoy están en el sistema y con mayor solidez económica, se metieran a competir y fueran a la fija ante los bancos para que les prestaran con qué comprar los carros.

Bajo esa lógica, en la otra licitación (la que escoge a quienes operarán esos buses) sí era previsible que se presentaran los actuales operadores debido, que son quienes tienen la experiencia, y lo único que tendrían que hacer sería acoplarse con las empresas que compraran los buses.

Sin embargo, los actuales operadores, con todo y sus dificultades financieras, se presentaron a las dos licitaciones “tratando de buscar la rentabilidad de ambos negocios”, nos dijo el asesor de una empresa metida en la puja y que nos habló bajo la condición de reserva.

Finalmente, Transmilenio es rentable y mantendrá la esencia de su modelo de negocio, como contó La Silla Cachaca.

Que participen en ambas licitaciones tiene sentido en tanto el ganador de cada contrato, sea para comprar o para operar buses, tendrá un margen de ganancias (este se conocerá mañana, una vez sean escogidos los ganadores), por lo que la apuesta de esas empresas es a ganar por punta y punta.

Por otra parte, en la licitación de compra de carros, que era en la que supuestamente podían tener dificultades para que los bancos les prestaran, no tuvieron mayor problema.

La explicación a eso tiene dos aristas.

La primera y más evidente es que lograron el respaldo de bancos extranjeros, con lo que le hicieron el quite a la banca nacional, que es la que les tiene las puertas cerradas.

De los siete grupos empresariales en la puja, seis participan actualmente en el sistema (el único que no es el chino BYD), y de esos, cinco consiguieron garantías de bancos en el exterior, así:

Bogotá Móvil Provisión: Consiguió garantía de 71,8 millones de dólares de los bancos Société Genéralé (francés) y JP Morgan Chase (estadounidense). Bogotá Móvil es de la francesa Transdev y del grupo caleño Fanalca, que en conjunto hoy son operadores de Transmilenio con las empresas Ciudad Móvil y Connexión Móvil. Y Fanalca participa en el SITP con Gmóvil y Etib.

Masivo Bogotá: Garantía de 54,7 millones de dólares del banco francés BNP Paribas. A este proponente lo controla Transmasivo, el actual operador que controla a su vez la familia Baquero. A su vez, participan en el SITP con Masivo Capital.

Express del Futuro: Garantía de 63 millones de dólares del banco brasileño Itaú. Express es actualmente operador de Transmilenio y del SITP. Lo controlan las familias Hernández y Rodríguez Socha.

Sistema Integrado de Provisión de flota SI 2018: Garantía de 70,2 millones de dólares del banco francés BNP Paribas. A este proponente lo controla SI 99, que actualmente es operador de Transmilenio, y también del SITP con la empresa Suma.

Mc Masivo, Millenio, Missandei, Baquero Torres y Arias Reyes: De este grupo de empresas, Inversiones Baquero y Arias Reyes consiguieron garantías con el Banco Santander, de España, cada una por 5 mil millones de pesos. Baquero, de una familia de ese apellido, actualmente tiene participación en el SITP con Transmasivo. El resto se apalancarán con plata que pondrán fondos de capital privado, el principal de los cuales es el británico Ashmore, que aporta 43 millones de dólares.

Entre los bancos franceses, gringos, españoles y brasileños entregaron garantías de préstamos por unos 260 millones de dólares (unos 780 mil millones de pesos), serán los principales financiadores de la compra de buses y le mostraron una luz a los “quebrados” del SITP.

Las dudas con Scania

La otra explicación para que al menos tres de esos cinco grupos empresariales hayan obtenido el respaldo de los bancos a pesar de que han dicho que están al borde de la quiebra es que haya sido el fabricante de buses Scania, y no esas compañías, el que realmente haya puesto la cara ante la banca.

Como contó El Espectador, Volvo hizo esa denuncia como parte de las observaciones al proceso.

Ambas son fabricantes suecas de buses con intereses en la actual licitación, aunque cada una con una apuesta diferente: Scania como proveedora de buses a gas, y Volvo, a diesel.

Volvo asegura tener información de que Scania “respaldó de manera directa o indirecta las cartas de crédito” de tres grupos empresariales que ofrecen traer buses a gas: Express del Futuro, Masivo Bogotá y SI 2018, cada uno de los cuales tiene empresas metidas en el SITP y por lo tanto con dificultades financieras.

De hecho, en los dos últimos hay empresas propietarias de concesionarios del SITP que están en proceso de reorganización con la Superintendencia de Sociedades, con la idea de que hagan acuerdos de pago y se pongan al día en sus obligaciones porque ya ni los proveedores de repuestos les quieren fiar.

Si es cierto lo de Scania, se incumpliría una condición que puso Transmilenio en la licitación: que “los fabricantes no pueden emitir una garantía ni pueden asegurar ni respaldar el capital” de las empresas que se presenten a competir por traer los buses, pues la idea de esas garantías es que demuestren que estas compañías tienen con qué responder.

Para Volvo, entonces, Scania violó esa norma porque fue el que en últimas garantizó que habrá plata para que esos tres proponentes, que recuerda están en crisis, cumplan. Sin embargo, Scania lo niega y Transmilenio, hasta ahora, sólo ha pedido pruebas, pero no ha dado ningún veredicto.

Eso sería mañana, en la audiencia de adjudicación.

Lo que ya está claro es que mientras las empresas del SITP están sentadas renegociando sus contratos con la Alcaldía para dejar de perder plata, sus dueños se las ingenian para mantenerse en Transmilenio, el negocio que nunca les ha fallado.

Hoy salió el noveno panel de opinión que hace todos los años la firma Cifras y Conceptos con base en 1.812 encuestas a líderes de opinión, entre políticos, periodistas , académicos, directivos del sector privado y organizaciones sociales en todo el país.

Este año, en conmemoración a sus diez ediciones, suma a sus preguntas tradicionales que le toman el pulso a las élites del país sobre diversos temas, otras sobre los cambios del país en esa década.

Éstas son algunas conclusiones que llaman la atención:

Seis años después del descalabro de Interbolsa, cuyo aniversario fue ayer, un grupo de profesores de la Universidad Externado realizó durante dos años una investigación sobre ese caso que se encuentra condensada en el capítulo “El Fraude en Interbolsa y el Fondo Premium en el caso Fabricato” delTomo 3 “Corrupción en Colombia. Corrupción Privada” de la serie “Así habla el Externado”.

Para esta investigación los profesores Luis A. Orozco, César Y. Beltrán T., José Vargas C., Luis F. García C. y Mario A. Ruiz V se basaron en documentos periodísticos y judiciales de la Fiscalía y de las Superintendencias.

A partir de la lectura de ese texto y de la conversación que tuvo La Silla Académica con Luis Antonio Orozco, mostramos uno de los principales resultados de esa investigación que consistió en la reconstraucción de las redes sociales que los “emprendedores corruptos”, como los llaman en la investigación, usaron para llevar a cabo el fraude a gran escala evadiendo varios controles internos y externos y diluyendo la responsabilidad de los cerebros, lo que arroja luces sobre las medidas que puede tomar el Estado en estos casos.

Según la investigación académica citada, durante 2011 y parte de 2012 un grupo de inversionistas realizó 28.139 operaciones de compraventa sobre el 97 por ciento de las acciones de Fabricato que ascendieron a cerca de 1.6 billones de pesos. Esto logró que la acción de Fabricato fuera la más valorizada de ese período, al aumentar su valor en un 214 por ciento, pasando de 26.90 pesos por acción a 89.50 pesos por acción.

Algo anormal. Comparativamente, las otras dos acciones más valorizadas durante 2011 fueron las ordinarias de Almacenes Éxito S.A. con sólo un 9 por ciento y las ordinarias de Ecopetrol con sólo un 2.8 por ciento.

Dichas operaciones fueron posibles con recursos de los inversionistas de Interbolsa que se destinaron para ese fin sin su autorización y del Fondo Premium, quienes le prestaron esa plata a Alessandro Corridori y su grupo, para desarrollar su idea de inflar el precio de las acciones de Fabricato a través de operaciones de compra y venta, de la misma forma como él ya lo había hecho con éxito con las acciones de Acerías Paz del Río y Coltejer.

Aunque el 21 de diciembre de 2011 la Superfinanciera solicitó a Interbolsa SAI (una de las filiales de Interbolsa Holding S.A.) desmontar los préstamos al grupo Corridori, no tuvo la capacidad para descifrar el entramado que llevó al desplome de Interbolsa por la falta de liquidez, cuando no pudo pagar el 1 de noviembre de 2012 un préstamo inter-día al BBVA.

¿Cómo lo lograron?

Al principio los “emprendedores corruptos” tenían control sobre todas las operaciones

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Gráfico del profesor Luis A. Orozco elaborado con NetMiner 4.0.

Rodrigo Jaramillo tenía poder absoluto en Interbolsa según el capítulo del libro consultado.

Entre sus hombres de confianza estaban Jorge Arabia Watemberg (vicepresidente financiero de la Holding), Álvaro Tirado Quintero (presidente de la Sociedad Comisionista de Bolsa), Jorge Mauricio Infante Niño (presidente de la Sociedad Administradora de Inversión) y Juan Felipe Ruiz (gerente técnico de la holding, quien manejaba el riesgo y quien había sido un alto funcionario de la Superfinanciera) y debajo de ellos muchos empleados más, los denominados “culpables por asociación” que no conocen la totalidad de la operación y realizan actos corruptos en virtud de la delegación u orden de sus superiores.

Por otro lado, Tomás Jaramillo Botero (hijo de Rodrigo Jaramillo) y Juan Carlos Ortiz (quien fue expulsado de la Bolsa de Valores de Bogotá en 1997 y sancionado disciplinariamente por esa entidad) crearon en el año 2000 Premium Capital Appreciation Fund en Curazao, del que también era accionista Rodrigo Jaramillo Correa.

Las personas de confianza de Tomás Jaramillo Botero que administraban el Fondo eran Juan Andrés Tirado (estudiaron juntos en el Columbus School en Medellín) y Rachid Maluf, cercano a Víctor Maldonado (que llegó a ser el mayor accionista de Interbolsa) porque había estudiado con su hijo en el Nueva Granada. Ellos también tenían muchas personas más a su cargo.

Según se señala en el capítulo, la idea de manipular la acción de Fabricato se la vendió Alessandro Corridori a Juan Carlos Ortiz quien empezó a ejecutarla a través de las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil en 2008 (filiales del Fondo Premium) y se extendió luego a Interbolsa a través del mismo Rodrigo Jaramillo, de Jorge Arabia (vicepresidente financiero de la Holding) y Juan Andrés Tirado (administrador del Fondo Premium).

Los profesores del Externado encontraron que los modelos para explicar las corrupción, especialmente los del triángulo y el diamante del fraude no son suficientes para entender un fenómeno tan complejo como el de Interbolsa que no dependió solamente de la formación, experiencia y posición jerárquica de algunas personas en las organizaciones, sino que estuvo dado por el manejo de redes de relaciones sociales entre personas jurídicas y naturales que construyeron los “emprendedores corruptos”.

Estas relaciones de “intercambio, reciprocidad y lealtad” les permitieron distribuir el riesgo, hacer operaciones de mayor impacto y evadir controles, según el profesor Luis Orozco.

Después los “emprendedores corruptos” se empiezan a dispersar

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Gráfico del profesor Luis A. Orozco elaborado con NetMiner 4.0.

A medida que pasa el tiempo los “emprendedores corruptos” empiezan a dispersarse para buscar menores implicaciones en caso de una investigación, al tiempo que aumentan el grado de delegación de funciones en sus subalternos, muchos de ellos representantes legales de empresas, quienes responden jurídicamente al firmar documentos en nombre de las sociedades que representan (según el profesor Orozco, sin estar conscientes muchas veces de ello).

Esto lo facilita, según el profesor Orozco, el hecho de que de acuerdo con la teoría del “Pensamiento de Grupo” desarrollada por el psicólogo Irving Janis, las personas de mayor poder en un grupo suele no ser cuestionadas por los demás, quienes se congracian con ellos para ganar aceptación y además confían en que ellos asumirán la responsabilidad.

“Confiaba en mis jefes… en que al final si algo salía mal ellos responderían por los negocios y las operaciones del Fondo. … me es claro que los directivos de Interbolsa y el Fondo, trataron de mantenernos, a los mandos medios, aislados. Yo ahora soy consciente, de las irregularidades que se cometieron dentro del Fondo, pero no concerté ni fui responsable directo de algunos de los delitos que me fueron endilgados, como la manipulación de acciones, pero que debí aceptar por la responsabilidad que tenía como representante legal. ...Llega un momento de dilema en el que se obvia el razonamiento moral y se pierde el juicio ético…”. (Entrevista de Luis Orozco a Ricardo Martínez, representante legal de Rentafolio Bursátil una de las filiales del Fondo Premium).

Al mismo tiempo, a los “emprendedores corruptos” cada vez les es más difícil detenerse. Siguen el curso de acción así sepan que están haciendo algo malo debido a la vergüenza social de aceptar que se cometió un error y a la proyección de que algo que antes fue exitoso lo será en el futuro. Corresponde a la teoría del “Escalamiento de Compromiso” de Barry M. Staw, profesor de Berkeley. Eso explicaría en parte, de acuerdo con Orozco, por qué los cerebros de Interbolsa terminaron hundiéndose por 20 mil millones de dólares en un negocio de billones.

Al final formaron comunidades cerradas con una débil intercomunicación entre sí

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Gráfico del profesor Luis A. Orozco elaborado con NetMiner 4.0.

En el caso de Interbolsa, los investigadores del Externado encontraron que fue clara la dispersión de las operaciones entre grupos sociales cerrados entre sí que conforman pequeñas comunidades y que son manejadas desde la periferia por los “emprendedores corruptos”. Estos son los únicos que tienen la visión completa del fraude.

Una primera comunidad (en la gráfica G5) estaba conformada por los directivos de Interbolsa, quienes a través de sus corredores (fuerza comercial - en la gráfica recuadro G2), destinaron fondos -sin autorización de los clientes- para la operación de repos de Fabricato.

Una segunda comunidad se desprendió del seno de Interbolsa. Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz utilizaron una red de empresas desde el Fondo Premium para fondear la compra de acciones de Fabricato.

Una tercera comunidad estaba integrada por las empresas del Grupo Corridori que tenía como finalidad inflar el precio de las acciones de Fabricato con su compra y venta.

En todo caso, en el capítulo del libro se señala que el control de las operaciones y de la información estaban en cabeza de Rodrigo Jaramillo y de sus hombres de confianza en la holding.

También de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz en el marco del Fondo Premium quienes tomaban las decisiones sobre las operaciones y delegaban funciones en Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf, y éstos a su vez, en los administradores de Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados. Y, de Alessandro Corridori y las empresas de su grupo, según la información que consta en el Capítulo tres del Libro.

“Como directora administrativa (de Valores Incorporados), y por orden de Rachid Maluf y Juan Andrés Tirado ejercía funciones directamente para esa compañía (que era filial del Fondo Premium) ... Funciones que me fueron delegadas paulatinamente” (declaración de Claudia Patricia Aristizábal en la Fiscalía General de la Nación tomada del capítulo). Aristizábal está siendo procesada por captación masiva e ilegal de recursos del público, negativa de reintegro, concierto para delinquir, manipulación de especies inscritas en el mercado nacional de valores y estafa agravada.

Por su parte, Rachid Maluf afirmó en la Superintendencia de Sociedades que:

“… las órdenes venían de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, que eran nuestros jefes, los que nos pagaban el salario, los dueños de la gestora, los dueños con las acciones con derecho a voto, ellos nos daban instrucciones a nosotros y así dábamos nosotros las órdenes en línea con los deseos y las instrucciones de ellos”.

Juan Carlos Ortiz en una entrevista dijo “Yo no soy administrador ni hago parte del comité de crédito ni de inversiones y por normas internacionales, Julio (Sánchez Cristo), es mejor y debe ser así que el management y los encargados del fondo den respuesta a esos temas” como consta en el capítulo. Sin embargo, de acuerdo con el profesor Orozco, las comunicaciones que reposan en los expedientes de la Fiscalía, entre Juan Carlos Ortiz y Natalia Zuñiga, administradora de Valores Incorporados, muestran lo contrario. 

Rodrigo Jaramillo negaba públicamente que hubiera una actuación coordinada pese a que dicho Fondo operaba a través de sus filiales, Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, en el mismo edificio de Interbolsa y los clientes lo veían como la misma organización, de acuerdo a la investigación del Externado, que señala también que después la misma Supersociedades encontró que Jaramillo Correa fue socio fundador del Fondo Premium. En esa línea declaró una vez: “... soy considerado un ‘delincuente por omisión’, por no haberle dado una delegación excesiva de poder a Jorge Arabia” (González, 2013:93).

Dicho manejo de las redes de relaciones sociales, aunado a la cooptación, por parte de los cerebros del fraude de Interbolsa, de algunas autoridades regulatorias (puerta giratoria) o con información privilegiada, para evadir los controles o aprovecharse de un mercado, han dado lugar a que, según el profesor Orozco, en algunos casos, los subalternos tengan que responder por más delitos que sus jefes.

"El “problema grande” que el General Montoya quería ocultar" fue la primera entrega de esta serie.

Muchos soldados han declarado ante la Fiscalía que las presiones para reportar resultados en combates –y los premios a quienes los reportaban– fueron un incentivo perverso detrás de los miles de falsos positivos. Human Rights Watch ha tenido acceso a documentos hasta ahora inéditos que prueban al detalle como operaba este retorcido sistema.

El factor más importante para evaluar el rendimiento de los comandantes era el número de muertos en combate que reportaban sus tropas. Así lo comprueba un documento militar de abril de 2006, llamado “políticas del señor mayor general Mario Montoya”. El documento señala que “los comandantes se evalúan por sus resultados”. Además, el general aclara con una franqueza brutal: “las bajas no es lo más importante, es lo único.”

De igual forma, el plan de campaña 2007-2010 de la Séptima División, una de las siete divisiones del Ejército en esa época, señala que las unidades se evaluaran, primero, por las bajas enemigas, segundo, por la disminución de actos terroristas y, tercero, por la cantidad de bajas en las propias filas (ver documento). En marzo de 2006, un comandante de la Trigésima Brigada les resumió la política a sus tropas con gran simpleza: “la política del comandante del Ejército es dar chumbimba, ya que estamos en guerra” (ver documento).

Los altos mandos elaboraban de forma periódica un ranking de las divisiones, brigadas y batallones, según sus resultados. Estos incluían el número de tropas enemigas que se reportaban como muertas en combate, capturadas, o que se entregaron. Pero los rankings se basaban casi exclusivamente en las supuestas muertes en combate. Así, en julio de 2006, por ejemplo, la Séptima División estuvo primera en el ranking, con 379 muertes en combate, 285 capturas y 32 entregas voluntarias. La Quinta División, por su parte, estuvo en el séptimo lugar, aunque reportó muchas más capturas, 671, y entregas voluntarias, 105; pero sólo 67 muertes en combate (ver documento). Descubrimos patrones similares en muchos otros rankings.

Llama la atención que al menos algunos comandantes comparaban las bajas actuales de sus unidades con las reportadas en años anteriores. Por ejemplo, un documento de marzo de 2007 de la Séptima División menciona que los resultados de la Cuarta Brigada eran “muy bajos” porque obtuvo “71 muertes” [menos]… en relación con el 2006” (ver documento). El documento, que lleva la firma del entonces comandante de la Séptima División, Gen. Luis Roberto Pico Hernández, también menciona que el Batallón de Infantería No. 32 de la Cuarta Brigada presentó una reducción de “17 muertos en combate” en comparación con el año anterior (ver documento).

Ahora bien, ¿qué debían esperar los comandantes de brigadas y batallones en función de estas evaluaciones?

Si no lograban la cantidad esperada de “muertes en combate”, la consecuencia era clara: podían ser destituidos. Mi general Montoya fue enfático al respecto en su programa radial de febrero de 2006: “si hay un Cdte que no de bajas hay 250 tenientes coroneles haciendo fila [para reemplazarlo]” (ver documento). La orden figura bajo el código “procer 6” que es el indicativo de comunicaciones radiales que pertenece al comandante del Ejército.

Por el contrario, si lograban las bajas exigidas, los comandantes y soldados podían recibir jugosos beneficios, incluidos los siguientes:

- Dinero. En un libro militar de la Trigésima Brigada, por ejemplo, descubrimos que un comandante señaló en marzo de 2006: “la unidad que de 6 bajas o más en una sola acción $30.000.000” (ver documento). Otro documento, de la misma brigada, incluye este mensaje radial de abril de 2006: “por dar de baja 2.000.000 de pesos por fusil, 500.000 por pistola, y se cancelará 30.000.000 por la baja de seis enemigos en adelante” (ver documento).

- Permisos. Por ejemplo, en agosto de 2007, el general Montoya le dijo a varios comandantes en un programa radial: “…unidad que entra en combate y obtenga buenos resultados debe salir con permiso, hay que motivar la tropa” (ver documento). La orden figura en un libro militar de la Trigésima Brigada titulado “Programa Comandante del Ejército”. Tuvimos acceso a numerosas ordenes similares del general Montoya, así como a varios radiogramas donde efectivamente se concedían permisos por bajas reportadas. Por ejemplo, en septiembre de 2006 una unidad recibió 20 días de permiso por “muerte en combate de un sujeto NN al parecer integrante de la cuadrilla 35 ONT-FARC”.

- Comisiones en el extranjero. Encontramos un documento de la Séptima División, por ejemplo, donde un coronel propone asignar a 9 soldados al batallón de Colombia en la península del Sinaí. Al lado de cada nombre, se indica cuántas bajas reportó cada uno de los soldados.

- Premios. Una directiva que revelamos el año pasado, al parecer de 2003 o 2004, crea una fórmula para determinar cuándo los soldados podían recibir una “condecoración de servicios distinguidos”. Por ejemplo, para recibir este premio los comandantes de brigadas debían reportar al menos 150 combatientes enemigos muertos y otros 500 capturados.

- Felicitaciones. Human Rights Watch ha tenido acceso a decenas de felicitaciones dirigidas a soldados y oficiales que reportaban muertes. En junio de 2007, por ejemplo, el comandante de Séptima División felicitó al entonces teniente coronel Luis Fernando Borja Aristizabal y a otros soldados por dar de baja a “unos terroristas.” Borja Aristizabal luego fue condenado por más de una decena de falsos positivos ocurridos entre el 2007 y el 2008.  

La evidencia que damos a conocer corrobora las nefastas políticas detrás de los falsos positivos. La pregunta es si los generales que diseñaron y pusieron en práctica estos perversos y retorcidos incentivos alguna vez responderán ante la justicia.

A diferencia de lo que ocurre con empresas manufactureras, gran parte de los empleados de Amazon no tienen que estar cerca de nada, ni de una carretera, ni de un puerto, ni de grandes mercados, solo necesitan una buena conexión de internet, que incluso, según ellos mismos han dicho, pueden tener en su propia casa. 

Si eso es así, ¿por qué no hubo una política pública para lograr que el centro de servicios que van a poner en funcionamiento próximamente se ubicara en Puerto Tejada, o en Villa Rica al norte del Cauca o en Quibdó y no en Bogotá?

Son en total 600 trabajos iniciales, 400 se ubicarán en el Centro empresarial Conecta de Bogotá y 200 lo harán desde la casa. En la práctica es un call center con un potencial de crecimiento gigantesco que, con pequeños incentivos estatales o incluso privados, podría estar en lugares donde el impacto social positivo sería enorme, pero para eso hay que tenerlo en la cabeza y moverse y hasta ahora ni lo uno, ni lo otro.

Primero, digo, hay que meterlo en la cabeza, registrar lo que parece una paradoja que no se identifica rápidamente: en lo que son más competitivas las regiones con carencias de infraestructura, o con déficits de personal altamente calificado es en servicios que se prestan a través de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Si las condiciones técnicas y el personal formado que se requiere para que funcione un centro de servicios como el que Amazon va a operar en Bogotá se puede lograr fácilmente en cualquier municipio del Norte del Cauca o en Quibdó, ¿qué se necesita para que Amazon se instale allí?, muy simple: incentivos económicos, tributarios o de otro tipo.

En el gobierno nacional no se ha cumplido la primera condición, la de meterlo en la cabeza. Quizás alguien le pueda decir a la Ministra de trabajo, que es una funcionaria con una gran capacidad ejecutiva y que le gustan los resultados rápidos y los programas con impacto, que su Ministerio, con la aplicación de pequeños subsidios, ya facilitó que Quibdó aparezca en la lista de ciudades donde se ubican empresas de call center y que ahí hay desde hace casi cinco años doscientos jóvenes trabajando en un centro de servicios de Movistar.

En Quibdó, calladamente y con aportes pequeños de cooperación internacional y del programa de primer empleo y la voluntad de Telefónica opera un centro equivalente al 50% de lo que tendrá Amazon inicialmente en Colombia.

La Cámara de Comercio del Cauca y la Gobernación lo tienen en la cabeza y se están moviendo. Con un primer contacto, el Presidente de la Nueva EPS, una de las más grandes y serias del país, ofreció evaluar la posibilidad de ubicar una parte de la operación de sus centros virtuales de atención en el Norte del Cauca. Un cálculo rápido indica que podrían ser 200 o 300 puestos de trabajo casi inmediatos.

Cuando la Ministra Arango y el Presidente Duque firmaron con entusiasmo un pacto para promover el teletrabajo con Amazon no tenían en la cabeza que esos empleos se pueden proveer igual desde Bogotá que desde Guachené, Guapi o Quibdó.

Si lo hubieran tenido en la cabeza le hubieran podido explicar a los representantes de Amazon que si la nueva empresa tiene su domicilio y sus actividades principales en alguno de esos municipios tendría unos beneficios tributarios (que tampoco tienen en la cabeza) y podrían estar pensando en flexibilizar esos beneficios que fueron condicionados exageradamente por lo economistas ortodoxos que se tomaron Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda hace cuarenta años.

La experiencia de Quibdó probó que, con menos de tres millones de pesos de incentivo, por una sola vez, se puede lograr crear un empleo permanente. Eso no se compara con el costo de ningún programa de los que hay para promover emprendimiento, o para atender jóvenes infractores, o para sustituir cultivos ilícitos o para combatir la informalidad laboral y sin embargo Telefónica está ahí lista, esperando que se reviva el programa para crear otros 200 puestos de trabajo en Quibdó y duplicar lo existente

En el norte del Cauca, ese del que hablan todos los días en los medios de comunicación por los cultivos ilícitos, el mismo donde el Ministro de defensa propone fumigar glifosato y el Fiscal quitarle la luz, podría ser receptor de otras empresas distintas a las de BPO porque además tiene las condiciones de infraestructura, la cercanía a Buenaventura, la cercanía a Cali, las zonas francas y los beneficios tributarios que se aprobaron con la idea de promover economías legales en las zonas afectadas por el conflicto y las economías ilegales.

Para crear miles de empleos, digamos 25.000, solo el 10% de los que hoy se ocupan en servicios BPO, que, insisto, pueden estar en cualquier parte, bastaría que se le quitara el IVA a ese tipo de servicios que se presten desde esos municipios. Eso ahorraría algunos consejos de seguridad de los que el Presidente ha convocado en zonas con similares condiciones.

Amazon ya ocupa en Costa Rica, con una población equivalente a la del Valle del Cauca, más de 8.000 personas y en el mundo suma casi 500.000. 

El sector del call center y bpo ha crecido en Colombia en promedio al 15% anual, ocupa jóvenes que no llegan a la educación superior o que desertan de ella, es decir esos que deambulan por Puerto Tejada (o Buenaventura, o Quibdó, o Tumaco) y conforman pandillas que el Estado gasta miles de millones de pesos combatiendo. 

Los 862 asesores que nombraron los 106 senadores con recursos públicos, para que les ayuden a hacer mejor su trabajo legislativo y de control político, son muy diversos en preparación educativa. En general, los que más le apuestan a asesores preparados son de oposición.

Así se nota de la la investigación que hicimos sobre los 863 integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL, cuyos resultados ya presentamos por bancada y ahora aterrizamos con las caras de los senadores.

Como ya explicamos, los datos provienen de derechos de petición, revisión de hojas de vidas oficiales del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público y llamadas a los senadores o sus UTL para verificar los datos.

Desafortunadamente la información no está fácilmente disponible al público. Senadores como Rodrigo Lara y Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical, Andrés Cristo del Partido Liberal, o los de las Farc, se negaron a darnos información. Otros como Jorge Robledo del Polo, Antonio Zabaraín de Cambio, Andrés García y Armando Benedetti de La U, y Samy Merheg del conservador, nos prometieron los datos pero hasta el momento de publicar esta nota no nos los entregaron.

Con los datos que recogimos encontramos varias conclusiones interesantes.

Solo 20 de los 106 senadores tienen más del 80 por ciento de los cupos de sus UTL ocupados por profesionales. Esos que le apuestan a la preparación son de varios partidos, pero la mayoría (13) son de bancadas gobiernistas y los otros 9 de oposición. Ningún senador de los partidos independientes tiene tantos profesionales.

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Eso deja a la oposición sobrerrepresentada, pues incluye a 9 de sus 23 senadores, un 39 por ciento de esas bancadas, contra el 26 por ciento de los 53 de las bancadas de la coalición mayoritaria y ninguno de los 30 liberales o Cambio Radical, los partidos independientes.

Al mirar qué senadores tienen más asesores con posgrados, las UTL de solo 18 senadores están compuestas en la mitad o más por personas que lo cumplen.

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De nuevo, ahí está sobrerrepresentada la oposición, pues 8 de los 18 son de partidos de oposición (más de un tercio de todas esas bancadas). 6 son gobiernistas (menos del 13 por ciento de sus senadores tienen UTL así) y 4 de partidos independientes (alrededor del 20 por ciento).

Eso reitera que los senadores opositores tienden a tener UTL más preparadas que los demás.

Y lo mismo lo confirma que de los 16 senadores que tienen menos del 40 por ciento de sus UTL con profesionales solo hay un opositor. 9, poco más de la mitad son gobiernistas, y los otros 7 son de bancadas independientes.

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(Acá puede ver la base de datos de todos los senadores y el nivel de estudios en sus UTL)

En concordancia, solo uno de los 13 senadores que tienen asesores que parecen venir de favores políticos, pues son familiares de congresistas o ex congresistas, de contratistas o de políticos locales, es de oposición.

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Los que más concentran más favores a políticos son el liberal Miguel Ángel Pinto y la conservadora Myriam Paredes.

(Acá puede ver la base de datos de todos los senadores que nombraron familiares de políticos en sus UTL)

Incluso al revisar en qué UTL hay más políticos de carrera, entendidos como personas que se han medido en las urnas, la oposición pesa poco: son solo 2, el 11 por ciento de sus miembros - y eso incluyendo a Jonathan Tamayo, 'Manguito', que a pesar de haber salido elegido por la lista petrista de la decencia, se ha declarado uribista.

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En cambio hay 5 independientes, casi el 17 por ciento de sus senadores, y 10 gobiernistas, el 20 por ciento de ellos. 

Esa tendencia de la oposición de usar las UTL menos para darle puesto a políticos de carrera se nota en que ninguno de los siete que tiene asesores que han sido concejal, alcalde, diputado, gobernador o congresista - aunque eso tiene sentido en la medida en que los partidos de oposición han gobernador menos.

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(Acá puede ver la base de datos de todos los senadores que nombraron ex candidatos )

En cambio, al revisar si los asesores han trabajado antes en el sector público, la oposición aparece más.

Ésa es una característica, que puede tener dos lecturas: pueden ser personas con experiencia en lo público, lo que ayuda a la labor legislativa o antiguas cuotas políticas como funcionarios o contratistas, que ahora lo son como asesores legislativos.

Cualquiera que sea, 11 tienen la mitad o más de sus unidades de apoyo llenas con antiguos contratistas, y de esos 4 son de oposición, 4 gobiernistas y 3 independientes. En este caso, la oposición vuelve a estar sobrerrepresentada.

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La única manera de mirar los asesores en la que la oposición no parece tener los más preparados, es si se entiende que haber sido funcionario público muestra preparación y no trayectoria como cuota política, pues entre los 15 senadores cuyas unidades de apoyo están integradas en más de un 80 por ciento por asesores que ya han sido funcionarios públicos, solo hay 2 de la oposición contra 11 gobiernistas y 2 independientes.

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(Acá puede ver la base de datos de todos los senadores que nombraron exfuncionarios y excontratistas.)

Estamos a una semana de cerrar nuestra campaña de SúperAmigos, gracias a la cual hemos logrado hacer los proyectos que más nos hacen sacar pecho y que nos convierten en un referente entre los líderes de opinión de este país.

La cultura de donación no es demasiado fuerte en el país y por eso cada aporte que ustedes nos hacen nos hace sentir el doble de orgullosos.

En este podcast invitamos a dos expertos de La Silla Llena para hablar de este tipo de campañas y cómo otros proyectos con buenos propósitos pueden sumarse. Ellos son Rafael Rizco, director de SocialMass y Raissa Joao, directora de Vaki.

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher y Akörde FD.

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A más de un gremio el articulado de la ley de financiamiento le cayó como un balde de agua fría.

A pesar de que como contamos en La Silla en general el proyecto alivia a las empresas y pone la mayor carga del recaudo de dinero sobre las personas naturales, al menos tres gremios han hecho público su descontento por los efectos que tendría en sus sectores y en el consumo la propuesta presentada por el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda,  Alberto Carrasquilla, si es aprobada tal como está.

Cuatro directivos de gremios con los que conversamos, que hacen parte del Consejo Gremial Nacional, nos dijeron que también hizo falta socialización previa a la radicación del articulado y que los mensajes dados sobre la tributaria en escenarios como congresos y foros fueron confusos.

Una sensación similar parecen tener los analistas de calificadoras internacionales y fondos de inversión, como lo reportó Reuters la semana pasada.

Esto es un indicador de que alinearse con las empresas en general, no necesariamente significa estar a tono con los gremios, que deben defender intereses de sus sectores particulares. Y muestra que en la discusión de la tributaria, Duque no solo tendrá que buscar apoyos y lidiar con el Congreso (donde incluso su propio partido el Centro Democrático se ha manifestado en contra de la propuesta sobre el IVA), sino también con organizaciones gremiales.

Una ley en secreto

La formulación del articulado de la Ley de Financiamiento se hizo con hermetismo.

Aunque en el congreso empresarial de la Andi, el Ministro de Hacienda dio varias pinceladas de lo que sería su programa de reactivación económica, aterrizado en la ley de financiamiento, y en varios congresos gremiales como el de Analdex (exportadores) y Asobolsa (comisionistas de bolsa), hubo poca socialización sobre los detalles.

Esto, según nos confirmaron dos directivos de gremios de manera extraoficial, no es usual.

“Este proyecto se ha estado trabajado desde la elección del presidente y ha habido mucho secretismo”, nos dijo un directivo gremial extraoficialmente, quien nos dijo que este tipo de proyectos se suelen consultar con empresarios y en particular con el Consejo Gremial Nacional, CGM, para revisar los impactos y medir el ambiente.

Una fuente de Presidencia y una fuente de Hacienda nos confirmaron por aparte que en efecto la intención era controlar los mensajes de la ley de financiamiento y por eso no se socializó el documento ni con los congresistas ni con los gremios, para evitar filtraciones del documento.

Ese hermetismo lo rompió este lunes el director de la Dian, José Andrés Romero, que en una presentación hecha en el Congreso de la Federación de Agentes Logísticos de Comercio Internacional, confirmó uno de los puntos más polémicos de la ley: la unificación del IVA en 18 por ciento (lo que baja 1 punto porcentual a la mitad de los productos de la canasta familiar y le sube entre 18 y 13 puntos a la otra mitad).

Esta declaración molestó en el Ministerio de Hacienda (nos lo confirmaron dos fuentes conocedoras del proceso) porque la declaración se dio cuando todavía no habían terminado de redactar la ley y “chivió” la rueda de prensa que tenían programada para el miércoles y una reunión con directores de medios para el viernes pasado.

La reunión con medios finalmente se adelantó para el martes y el miércoles se presentó el articulado de la ley al Congreso y se dio la rueda de prensa. Conocidos los detalles empezaron los ‘peros’ gremiales.

El malestar gremial

Uno de los primeros en manifestarse en contra de la ley fue la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que reúne a los arroceros, cacaoteros, avicultures, lecheros, porcicultores, floricultores, entre otros. Lo que resulta paradójico porque también fue este el primer gremio en apoyar a Duque en la segunda vuelta presidencial.

Los exportadores y los constructores también le salieron al paso a la ley. A los primeros les preocupa que al quitar el IVA de los alimentos les retengan más plata en la Dian por las devoluciones a las que tienen derecho los productos exportados; a los segundos les preocupa principalmente que se quiten los estímulos tributarios para vivienda de interés social y prioritario.

“Nos sorprendió porque habíamos pedido que tuvieran en cuenta lo de la vivienda de interés social y porque desde la campaña el Gobierno hablaba de la importancia de estos”, le dijo Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol a La Silla.

Ahora bien, no es inusual que haya gremios con preocupaciones puntuales sobre la reforma.

Como nos dijo un exfuncionario de Hacienda del gobierno anterior nos dijo medio en broma  y medio en serio: “Si Andi, Fenalco, la SAC y Camacol no se quejan es por que hay algo raro”.

Fenalco no se ha pronunciado todavía, según nos confirmaron en la oficina de comunicaciones están revisando la ley y se pronunciarán este martes. La Andi, por su parte, emitió un comunicado escueto en el que invitó a evaluar la propuesta en su totalidad y no por partes.

El presidente del gremio, Bruce Macmaster, nos dijo que en la Andi estaban evaluando la ley y que todavía no tienen un balance completo de la misma. Macmaster nos dijo también que su prioridad es mirar a futuro pero que lamenta que no se hubiera dado una conversación con los empresarios antes, y le preocupa que se de un debate más político que técnico sobre un tema tan delicado.

Mientras tanto el Gobierno está jugado con la propuesta presentada, tanto el viceministro Luis Alberto Rodríguez como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dicen que es lo que necesita para recoger los 14 billones faltan en el presupuesto y corregir inequidades del estatuto tributario que es complejo y que pone la mayor carga de la tributación sobre las empresas y no sobre las personas naturales.

Pero lo que viene en la negociación con los gremios y el congreso no será fácil.

Lo que viene

El proyecto de ley fue radicado el pasado miércoles en la Cámara y todavía no hay fecha para los debates.

Pero el Gobierno ya empezó su estrategia de defensa y socialización de la ley. Para empezar el viceministro Rodríguez ha estado atendiendo medios de comunicación y se reunió el sábado con periodistas, mientras el Ministro dio una entrevista este fin de semana a El Tiempo y se encontró con directores de medios. La razón por la que Rodríguez ha estado más expuesto en medios es porque su imagen es más fresca y no tiene el desgaste de un debate de moción de censura reciente.

Este miércoles, el Ministro y el Presidente, se reunirán con el Consejo Gremial Nacional, CGN, para escuchar las preocupaciones y principalmente para buscar en ellos apoyo.

De entrada ya tiene uno. El presidente del CGN y de Fasecolda (gremio de aseguradores), Jorge Humberto Botero (quien fue ministro de industria y comercio de Álvaro Uribe), dijo que le gustaba la ley y que el efecto que puede tener en los precios al consumidor será momentáneo.

Pero la presión gremial seguirá. Dos gremios nos confirmaron que además de dialogar con el Gobierno conversarán con congresistas para mostrarles sus argumentos y apuntarle a modificaciones en el proyecto de ley.

Además, porque al Gobierno le quedará difícil argumentar que las exenciones sectoriales se eliminarán, cuando en el proyecto contempla algunas gabelas para el sector hotelero (que podrá pagar renta de 9 por ciento para nuevos hoteles y remodelaciones de ciertos montos por 20 años), para nuevos inversionistas del sector agrícola y para la industria naranja.

La discusión apenas comienza y todavía hay varios gremios que no se han pronunciado porque siguen haciendo cuentas del impacto que tendrá la reforma en sus respectivos sectores.

Ahora, el balón está en el Congreso pero los senadores y representantes no son los únicos que le podrán presionar cambios en esta nueva reforma tributaria.

Ser periodista, y sobre todo liderar un medio, equivale a tomar decisiones cuyas consecuencias conocen todos, a equivocarse a la vista, como un jugador o un árbitro de fútbol. Es ser humano y errar pero con decisiones que importan a miles. Eso, como en el fútbol, puede crear hinchas y odiadores, incluso con personas que uno no conoce.

Por mucho que puedan perturbar los que odian y llegan al equivalente a insultar al árbitro en el calor del estadio (o de las elecciones), el cariño de los que apoyan llena de razones para seguir trabajando, para tratar de aprender de los errores y repetir los éxitos.

La campaña de SúperAmigos, desde que nació hace seis años, se ha tratado un poco de eso: de preguntarle al viento si lo que hacemos es importante para alguien, de buscar saber si hay hinchas, ponerlos a gritar cantos de apoyo al equipo, crear un lazo con ellos. Armar una comunidad.

A eso le hemos apostado con los Viernes en La Silla, que nos han permitido conocer a decenas de nuestros Súperamigos, o con las invitaciones a nuestros consejos de redacción.

A una semana de que termine nuestra campaña, ya estamos felices. Unas 500 personas le han apostado a nuestro periodismo, decenas más han apoyado la campaña con publicaciones en redes sociales, muchos otros han respondido nuestros mensajes diciendo que van a donar apenas puedan.

Todo eso refleja lo que Juanita llamó hace un año“el lado lindo de la humanidad”: la generosidad, la capacidad de construir en conjunto, de valorar lo que recibimos, de apoyar incluso teniendo desacuerdos. El lado lindo de la humanidad vuelve a brillar este año.

Esa es una de las cosas más gratificantes de trabajar en La Silla: conocer ese lado lindo de centenares de personas, incluyendo anónimos que nunca sabremos quiénes son.

Incluso más allá de las cifras y de la plata, el esfuerzo que le hemos dedicado a los SúperAmigos ha funcionado.

O por lo menos eso parece cuando otros medios independientes están haciendo campañas iguales. Medios casi nuevos como Cuestión Pública, o con larga trayectoria como Razón Pública. Medios totalmente innovadores como Mutante o tan críticos como La Oreja Roja.

Ellos están en campañas como la de SúperAmigos estos mismos días. Todos ellos buscan saber si tienen hinchas, crear comunidades, financiarse gracias al cariño. Esperamos que a todos les vaya muy bien.

Porque si a todos nos va bien, el periodismo puede ser más como el fútbol en su mejor cara: un espacio donde hay muchos colores, muchos equipos y muchos hinchas que se sienten dueños de los equipos. Y hará posible que, como el fútbol, el periodismo sea un oficio que le importe a multitudes.

En campaña el presidente Iván Duque dijo que no tenía compromisos burocráticos con nadie. Y puede que no sea por compromisos, pero sí le está dando puestos de entidades nacionales en las regiones a sus copartidarios del Centro Democrático, a los conservadores y a los cristianos que conformaron la coalición que lo acompañó desde primera vuelta.

Así lo demuestran por lo menos 13 nombramientos en proceso o ya hechos, según las hojas de vida que publica Presidencia como último trámite antes de nombrar a alguien, de personas que vienen o son cercanas a esos partidos y van para cargos directivos de libre nombramiento en cuatro entidades nacionales que tienen oficinas territoriales poderosas: la Unidad de Víctimas, el Departamento de Prosperidad Social, el Dane y el Ministerio de Trabajo.

Las cuatro entidades las manejan uribistas (Alicia Arango en MinTrabajo y Susana Correa en DPS) o gente muy cercana a uribistas (Juan Daniel Oviedo del DANE es cercano a la senadora María del Rosario Guerra y Ramón Rodríguez, director encargado en la Unidad de Víctimas, depende de Susana Correa).

De los 13, 8 le hicieron campaña a Duque, lo que refrenda que agradece a sus aliados con cargos, como lo ha hecho con las embajadas.

Sin embargo, no encontramos fichas de políticos de otros partidos y por lo menos 10 de los 13 cargos eran cuotas de políticos liberales y de La U, que ahora las pierden.

Por eso, esos nombramiento no son el tipo de burocracia que se ha llamado “mermelada”, que es dar cargos a cambio de asegurar apoyos de políticos que no eran amigos. De hecho, estos cambios van en contravía de lo que ha prometido el Alto Consejero para la Política, Jaime Amín, de mantenerle a los partidos no duquistas lo que tienen para aceitar la relación con el Congreso (para lo que parece estar la tecnomermelada).

Aquí están los 13 casos.

En 40 días terminará el primer periodo legislativo del presidente Iván Duque. Sin mermelada y con un Gobierno alejado del Congreso, es difícil que pueda mostrar resultados legislativos.

Aunque impulsa las reformas a la justicia y a la política, la reforma tributaria y un paquete de siete proyectos anticorrupción que prometió tras la Consulta Anticorrupción, los tiempos están muy apretados para esas reformas.

Lo que puede hacer, como es usual, es convocar a extras para que el Congreso tramite proyectos después del 16 de diciembre, cuando termina su período ordinario. Sin embargo, no puede usarla para tramitar reformas a la constitución, como son las reformas a la justicia y política, y eso suele molestar a los congresistas, que terminan con menos vacaciones en pleno período navideño, por lo que que difícilmente sirven para sacar más de una ley.

Los otros proyectos quedarán para que se discutan en marzo, cuando tampoco hay buenas perspectivas porque estará en trámite el Plan de Desarrollo y los congresistas estarán pendientes de las elecciones locales de octubre.

A ese panorama se suma el proyecto que busca que haya un trato diferenciado para los militares que se sometan a la JEP, que no presentó el Gobierno pero es una bandera de su partido, el Centro Democrático, y que ha concentrado parte de la atención del Congreso y seguramente lo seguirá haciendo hasta diciembre.

Así pinta el futuro de las leyes:

Reforma tributaria

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Cuál sería el resultado deseable para el Gobierno: Que quede aprobada

En qué va:No ha empezado primer debate

Cuándo sale si ocurre un milagro:2 de diciembre.

Los detalles:Duque presentó la tributaria el miércoles pasado y  es improbable que se empiece a discutir, en las comisiones conjuntas terceras y cuartas, antes del 13 de noviembre. Si lleva mensaje de urgencia y si se aprueba ese día, podría llegar a las respectivas plenarias el 2 de diciembre, aprobarse ese día y conciliar al día siguiente.

Por el trámite reducido de una ley de financiamiento para llenar un hueco en el presupuesto, si las comisiones trabajan todos los días de la semana, los plazos se quedan en lo mínimo y todo se aprueba a pupitrazo,  podrían estar aprobando la ley de Financiamiento hacia comienzos de diciembre.

Pero es casi imposible que no se alarguen los debates, sobre todo en una reforma que le pone IVA a casi toda la canasta familiar mientras le rebaja impuestos a las empresas, o que trae un subsidio para que los más pobres paguen el IVA sobre el que no es claro que tan fácil será de aplicar.

Por eso, es casi fijo que al Presidente le tocará convocar a extras y llevar la discusión hasta fines del año.

De hecho la reforma tributaria más reciente, la del expresidente Juan Manuel Santos de 2016, se presentó el 19 de octubre y se concilió en la madrugada del 29 de diciembre.

Las leyes anticorrupción más lentas

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Cuál sería el resultado deseable para el Gobierno:Que queden aprobadas cuatro leyes antes del 16 de diciembre.

En qué van:cuatro de las leyes no van ni en primer debate y otra dos se hundieron.

Cuándo sale si ocurre un milagro:podría terminar los cuatro debates el 16 de diciembre y conciliarse en sesiones extras.

Los detalles: Cuatro iniciativas que vienen de la Consulta no se han discutido: contratación transparente, presupuestos públicos, rendición de cuentas de los congresistas y declaraciones de renta públicas. La que buscaba limitar los congresistas repitentes a estar tres períodos por corporación y la de reducción de su salario se hundieron, la primera en la plenaria de la Cámara y el segundo, hoy, en la Comisión Primera de Cámara. 

Esto refleja que la poca presencia del Gobierno en el Congreso no solo ha perjudicado a los políticos tradicionales sino también a los partidos de oposición, en la medida en que las promesas del Presidente, de meter mensaje de urgencia y garantizar que en este periodo se sacaran adelante esos proyectos, fue más tilín que paletas.

La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez le afirmó a El Espectador que le pondría mensaje de urgencia a los proyectos anticorrupción, pero según una funcionaria del Ministerio y su asesor político Francisco José Chaux le dijeron a La Silla que no han definido ni cuándo ni a qué proyectos pedirán trámite de urgencia.

Reforma al juzgamiento de militares en la JEP

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Cuál sería el resultado deseable para el Gobierno: Que quede aprobada en cuarto debate, la primera de sus dos vueltas en el Congreso

En qué va:Aprobada en primer debate

Cuándo sale si ocurre un milagro:el 4 de diciembre terminaría su primera vuelta.

Los detalles:Esta reforma llegó al Congreso a raíz de una alianza entre el expresidente y senador Álvaro Uribe y el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras. La idea inicial era crear una sala especial para que unos magistrados diferentes juzgaran a los militares pero, como eso implicaba reformar el Acuerdo de Paz que es criterio de constitucionalidad para los asuntos de su desarrollo, la Comisión Primera tomó seis sesiones para discutirlo.

Solo el miércoles logró llegar a un acuerdo de casi todas las fuerzas políticas, algo que parecía improbable, con lo que aprobó su primer debate.

Solo a partir del 8 de noviembre la plenaria podría empezar a discutirlo. Si ese día lo aprueba a pupitrazo podría estar llegando a Cámara el 25 de noviembre. Si su Comisión Primera trabaja sin parar y se aprueba ese mismo día,  podría llegar a la plenaria el 3 de diciembre y por muy bien que le vaya no alcanzaría a volver al Senado antes del 16 de diciembre.

Encima, como quedó demostrado en primer debate, el trámite puede ser muy largo y correr el riesgo de tener que discutirse durante la campaña del año entrante.

Reforma a la Justicia

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Cuál sería el resultado deseable para el Gobierno:Que quede aprobada en cuarto debate, la primera de sus dos vueltas en el Congreso.

En qué va:En segundo debate.

Cuándo sale si ocurre un milagro: Podría concluir su quinto debate el 16 de diciembre. Saldría en abril.

Los detalles: La Reforma a la Justicia sigue en segundo debate en la plenaria del Senado y hoy puede salir votada. Si se aprueba hoy martes, avanza con los tiempos mínimos y en Cámara sesionan los fines de semana, antes del 16 de diciembre podría estar en discusión en su quinto debate, de nuevo en la Comisión Primera de Senado.

Sin embargo, el panorama, al igual que con todas las leyes, implica mucha discusión y mucho más si es una reforma constitucional. Tan es así que la Reforma a la Justicia lleva en segundo debate toda esta semana y tuvo sus demoras a raíz de que la Comisión Primera de Senado se ha prolongado en sus debates, sobretodo por el que se llevó a cabo esta semana sobre la la reforma al número de  magistrados de la Justicia Especial de Paz.

Así que el panorama, con los tiempos en contra, podría llevar a que el proyecto llegue hasta tercer debate y tener por delante, desde marzo, cinco debates más y con las elecciones locales encima y con un Gobierno que no ha querido presionar a los congresistas para que le saque adelante sus proyectos.

A eso se le suma que a la ministra de Justicia no le ha ido tan bien en el Congreso, a raíz por ejemplo de las críticas del presidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón, lo que podría demorar la reforma cuando llegue a la plenaria de la Cámara.

Reforma Política

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Cuál sería el resultado deseable para el Gobierno:que queda aprobada para que aplique en las siguientes elecciones.

En qué va: Aprobado en segundo debate

Cuándo sale si ocurre un milagro: Podría concluir el sexto de sus ocho debates el 16 de diciembre. Saldría en abril.

Los detalles: La Reforma Política ya superó dos de los ocho debates que requiere una reforma constitucional, el más reciente el 29 de octubre. Empezaría su tercer debate en la Comisión Primera de Cámara por temprano el 12 de noviembre. Si sale con la máxima rapidez, se vota a pupitrazo y sesionan los fines de semana, podría lograr salir también de la plenaria de la Cámara, arrancar la segunda ronda en el Senado y salir aprobado allá en comisión y plenaria.

Con eso el Gobierno podría mostrar una reforma consolidada y que, cuando se inicie el siguiente período legislativo el 20 marzo, estaría a dos debates de cambiar la Constitución.

Sin embargo, el Gobierno esperaba que esta reforma aplicara para las elecciones de octubre del entrante, algo que sería virtualmente imposible si es aprobada en abril o mayo, porque sería cambiar las reglas de juego cuando ya estaría andando el calendario electoral.

Cárcel a corruptos (ley anticorrupción)

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Cuál sería el resultado deseable para el Gobierno:Que quede aprobada antes del 16 de diciembre.

En qué va: En el tercero de sus cuatro debates

Cuándo sale si ocurre un milagro:Podría aprobarse el 13 de noviembre.

Los detalles: El proyecto que busca que los corruptos, como los de Interbolsa u Odebrecht deban pagar cárcel, va a pasar a cuarto debate, pero gracias a que fue un proyecto presentado por la Fiscalía, por lo que su trámite ha tenido mucho más éxito.

El proyecto salió de tercer debate de la Comisión Primera del Senado el 8 de octubre por lo que a la fecha de hoy ya podría estar en Plenaria, pero no está en la agenda legislativa de esta semana y según su coordinador ponente, el senador de Cambio Radical Germán Varón, se podría empezar a discutir la semana entrante.