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En el caso de la Van der Hammen, la magistrada reculó atacando

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Esta mañana se conoció que la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, dejó sin efectos el auto con el que ella misma le había ordenado al Consejo Directivo de la CAR adoptar la propuesta del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de modificar el área de la Reserva Van der Hammen para meter vías y vivienda.

Villamizar tomó la decisión mediante otro auto, luego de que la Procuraduría le pidió aclarar la polémica decisión que había tomado el pasado 10 de octubre.

La magistrada terminó reculando al aceptar que el Consejo Directivo estaba en los tiempos para tomar una decisión. Su interpretación inicial fue que como la Alcaldía había radicado su propuesta el 2 de abril y hasta ahora el Consejo Directivo no decidía, se estaba tomando mucho tiempo.

Ahora tomó en cuenta la explicación de la CAR de que la Alcaldía sólo entregó la información completa el 3 de septiembre, y por eso sólo desde ese momento comenzó la discusión, al menos en lo que tiene que ver con sustraer 104 hectáreas de lo que hoy es la Reserva para construir vías.

La Silla Cachaca había advertido, precisamente, que la magistrada decía que la CAR estaba demorada pero no había tenido en cuenta que Peñalosa había incidido en esa demora.

Al incluir ese dato, dejó su auto inicial sin efectos. En el nuevo le pidió al Consejo Directivo cumplir con el plazo de 120 días hábiles que tiene formalmente para decidir sobre la sustracción.

En ese punto, la CAR, que reclamó mantener su autonomía como autoridad ambiental, le ganó el pulso a Villamizar.

Pero ella, en su nuevo auto, contraatacó y puede anotarse un punto.

El plan que se quedó en plan

En su primera decisión, Villamizar partió de que hasta ahora no se ha cumplido el Plan de Manejo que aprobó la CAR en 2014 para restaurar la zona donde queda ubicada la Reserva. Y por eso, consideró que la propuesta de la Alcaldía podía lograr recuperar esa zona para que realmente cumpla con la función ecológica.

Así que, a pesar de que se echó para atrás, en su nuevo auto dio un plazo de ocho días hábiles para que tanto la CAR como la Alcaldía y la Gobernación de Cundinamarca “acrediten acciones, obras y contratos” con los que hayan buscado cumplir con el plan de manejo de la Reserva.

Ese Plan estableció los proyectos que se deben ejecutar para que la zona donde se declaró la reserva cumpla su función como tal y habla, por ejemplo, de hacer ganadería sostenible, compra de predios para la conservación, recuperación de humedales, entre otros. Para cuando se formuló en septiembre de 2014, se calculó que costaría unos 205 mil millones de pesos.

Ese es un punto débil para la CAR y los gobiernos distrital y departamental porque muy poco han hecho en ese sentido, como lo admitió el propio Director de la CAR, Néstor Franco, en una entrevista que dio anoche.

“La Reserva cuando se constituyó no era porque allí hubiera un gran bosque o una gran riqueza ecosistémica sino porque se pretendía practicar una de las propuestas del profesor Thomas Van der Hammen, que era poder hacer procesos de restauración de largo aliento y convertir esos ‘potreros’ en unos grandes bosques a futuro, pero eso no se hizo y eso es con recursos”, le dijo a Claudia Palacios en Citytv.

La magistrada, precisamente, llama la atención en el nuevo auto por el retraso en la implementación de ese plan, y se queja de que “las autoridades dejan pasar el tiempo y nada se hace y por el contrario la situación cada día se agrava más”.

De hecho, ordena que si la CAR no aprueba la propuesta de Peñalosa, en seis meses “darles cumplimiento a las medidas adoptadas en el plan de manejo”.

Es decir: aplicó la máxima de que en guerra larga hay desquite y mostró que a pesar de que en este episodio la frenaron, tiene poder para seguir pidiendo cuentas.

Silla Cachaca
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Cauca muestra los dientes y Duque responde con mano dura

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Las asonadas en Argelia y Patía, en el Cauca, y la respuesta del Gobierno del lunes por la noche al anunciar una intervención militar y capturas masivas de los culpables, muchos de ellos campesinos, muestran el tono de la tirante relación que muy posiblemente habrá en los próximos cuatro años entre la administración de Iván Duque y los cocaleros de la región.

 

En el trasfondo de esto está una olla a presión cuyos ingredientes son: la histórica ausencia estatal en el sur del departamento, una ruta de coca que disputan disidencias, el ELN y grupos narcotraficantes con nexos con extranjeros; y las fallas de un acuerdo de sustitución que no han aterrizado en la región.

Las asonadas y la respuesta

Según las fuerzas militares, el viernes 19 de octubre al menos unas 500 personas retuvieron en Argelia a 60 soldados que realizaban un operativo en contra de una cocina de pasta de coca, para evitar la incautación de la mercancía.

Dos días después, también según versión oficial, el 21 de octubre, al menos unas 80 personas evitaron la captura de un presunto integrante del ELN, Didier Calvache Vásquez, alias Conejo, en la vereda El Pital de Patía.

Para evitar la captura las personas habrían rociado gasolina y atacado con palos, piedras y machetes al carro en el que se transportaban los militares.

”No había líderes sociales sino delincuentes”

Guillermo Botero, ministro de Defensa

Tras un consejo de seguridad del lunes en Popayán, el ministro de Defensa Guillermo Botero dijo que en esas asonadas “no había líderes sociales, sino delincuentes, personas que incurrieron por lo menos en cinco delitos penales, entre ellos unos agravados como secuestro extorsivo y terrorismo”.

Advirtió que al menos seis personas en Argelia y diez en Patía serán capturados en los próximos días -en operativos que arrancaron ayer- y que esos hechos responden a “una estrategia delincuencial de unas economías criminales” que las fuerzas militares van a combatir.

Estos anuncios tienen en zozobra a los campesinos de Argelia y a los de Patía que no quisieron hablar en micrófonos justamente por los anuncios de Botero.

En lo que coinciden cinco fuentes, entre funcionarios públicos y líderes sociales, con las que hablamos por aparte, es que este anuncio de fortalecer los operativos puede terminar desencadenando más episodios como los vividos este fin de semana.

La razón es que la realidad es mucho más compleja de lo que dice el Ministro. En terreno, las lógicas de los cultivos ilícitos abarcan mucho más que la criminalidad.

El olvido estatal y la relación con los ilegales

Tanto Argelia como Patía son dos municipios del sur de Cauca que, para empezar, han padecido un histórico olvido estatal que no sólo ha hecho malvivir a sus habitantes (Argelia tiene 26 mil y Patía 36 mil), sino que ha terminado generando que muchos de ellos creen unos lazos y legitimen actores armados ilegales que por años han administrado justicia y han hecho las veces de ‘Estado’ para muchos.

Ese olvido estatal se evidencia en que las vías destapadas de la zona rural de Argelia han sido hechas por las mismas Juntas de Acción Comunal, que las financian con parte de las ganancias de la coca.

”El 96% de la economía en Argelia es la coca”

Fuente gubernamental

Las veredas de ambos municipios no tienen acueducto, tampoco colegios en buenas condiciones -muchas aulas han sido construidas por la comunidad- ni tampoco tienen puestos de salud.

Las economías ilegales, del narcotráfico sobre todo, han estado presentes en ambos lugares y hoy son objeto de un conflicto que amenaza con subir como la espuma.

Argelia y Patía comprenden parte de la ruta del narcotráfico del río Micay por el sur del departamento que lleva hacia el Pacífico (la otra ruta es el corredor que va hasta la zona del Naya en Valle y pasa por el norte del Cauca).

Específicamente en la zona del sur del Cauca ha sido clave “la presencia dominante” del frente José María Becerra del ELN y también están tratando de llegar algunas disidencias de las Farc del antiguo frente 60, según nos dijo una alta fuente gubernamental que estuvo lunes en el consejo de seguridad.  

Según una versión de las autoridades recogida por El Tiempo, la vereda Los Picos de Argelia, que fue donde ocurrieron los hechos, es controlada por Pedro Luis Zuleta, alias el Inválido, que sería exintegrante de las Farc (aunque tres fuentes en terreno nos dijeron no haber visto nunca allá a ese personaje), además de ELN y carteles mexicanos que están intentando ingresar a la zona.

Según el diputado de Cauca Jonathan Patiño, de Marcha Patriótica, que hace parte de la Asociación de Campesinos de Argelia (Ascamta), la más fuerte de la zona, los campesinos involucrados en la asonada allá no son delincuentes.

”No hubo confrontaciones ni peleas”

Jonathan Patiño, diputado

Patiño nos dijo que los campesinos reaccionaron así para evitar capturas de personas que se encontraban en las cocinas y no para evitar la incautación de la droga.

“No hubo confrontaciones, peleas, ni retuvieron a ninguna persona. Lo que pasó fue que sacaron a los policías hasta el casco urbano”, nos dijo el Diputado.

Una reacción que encuentra explicación en que la única fuente de ingresos de esos campesinos es la coca y por eso su lógica es defenderla hasta tanto no lleguen otras alternativas económicas.

“Es una zona que vive hace muchos años en la ilegalidad. Calculamos que el 96 por ciento de la economía en Argelia se sustenta en la coca y ellos han tenido los referentes de autoridad en la guerrilla o en quien les cuide la economía ilegal”, nos dijo una alta fuente estatal que conoce del tema.

Hasta hace poco fue un negocio controlado por el frente 60 de las Farc, pero, con su salida, quedó a manos de los campesinos que la comercializan con carteles.

Esa histórica ausencia estatal explicaría, en parte, por qué la entrada del Ejército fue recibida con violencia en la zona.

Según ha dicho el secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, a esa zona están llegando carteles mexicanos que son los que estarían comprando la coca y el ELN ha intentado entrar a esa zona central de Argelia, aunque no lo ha logrado.

De hecho, en julio aparecieron ocho cuerpos en las afueras del casco urbano, y, según nos dijeron fuentes en terreno en ese momento, todo apuntaba a que era una ‘advertencia’ del ELN para entrar en la zona.

A esto se suma que allí haría presencia el frente Stiven González, una disidencia de las Farc que nació en Policarpa, Nariño y que, como hemos contado en historias recientes, estaría tendiendo nexos con Gentil Duarte, el disidente del Sur que quiere revivir el proyecto guerrillero y que lidera la única disidencia que reconoce la Farc.

Pero según nos dijeron las tres fuentes con las que hablamos en terreno, en la zona conocida como El Plateado, en la Argelia rural, aún no hay una disputa por el control del territorio.

Por eso es que el alcalde de Argelia, Diego Aguilar, pide una atención inmediata al municipio con alternativas a las economías ilegales e inversión social, antes de que la violencia crezca.

El concejal de Argelia, Disney Ulises Gallardo, que conoce la problemática de la región y ha impulsado el programa de sustitución de cultivos (Pnis) en el municipio, detalló que justamente este tema de la sustitución es otro de los ingredientes del conflicto social.

”Hasta que no haya avance en Pnis, no van a dejar erradicar”

Concejal de Argelia

“La posición de los campesinos es que ante tanto no haya un avance en los Pnis, no van a dejar ingresar a las fuerzas militares para erradicar, fumigar o hacer operativos”, le dijo el Concejal a La Silla. “La gente blinda el territorio porque no tienen otra alternativa económica y para presionar por el cumplimiento de los acuerdos de sustitución”.

El problema es que el Pnis allí no sólo no avanza, sino que además está parado por orden de Duque (Argelia es el segundo municipio con más coca del Cauca, luego de El Tambo, con 1.956 hectáreas).

Según nos dijo el coordinador del Pnis en Cauca, Luis Gabriel Rojas, el acuerdo colectivo, en el que los cocaleros manifiestan su intención de ingresar al programa, apenas se firmó en marzo con 11.400 familias y por la orden presidencial de no hacer vinculaciones individuales al programa, no han avanzado.

En cuanto a Patía, aunque sufren la misma violencia, ésta tiene allí algunas particularidades y además no viven tan fuerte el problema de la sustitución (hay apenas 350 hectáreas de coca y funciona más bien como parte de la ruta de la droga).

La zona donde ocurrieron los hechos que es cercana al Tambo (el municipio con más cultivos de coca del departamento con 6.661 hectáreas) fue controlada hasta hace poco por el frente octavo de las Farc, y no había una presencia histórica del ELN.

Pero lo ocurrido muestra que el ELN estaría entrando a la zona, según nos dijo el alcalde, Francisco Arias.

La Silla no pudo hablar con fuentes en terreno de allá más allá de la gubernamental, porque según nos dijo un periodista de la región temen hablar por el contexto en el que viven.

Una olla a presión en el futuro inmediato

La molestia de los campesinos cocaleros no es exclusiva del Cauca. Como contamos la semana pasada, en otras zonas productoras como Catatumbo y Caquetá ya estaban movilizándose en contra del Gobierno.

Además, mientras el fin de semana ocurrían las asonadas, en Popayán corrían rumores de un posible bloqueo en la Panamericana por parte de estos grupos sociales de campesinos, indígenas y estudiantes.

Mientras, por ahora, el Gobierno responde con mano dura, en momentos en que no da soluciones definitivas a los inconvenientes en la sustitución. La tensión permanece.

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Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

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Pérez piensa en grande, pero hasta ahora no logra en grande

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En medio del debate nacional sobre el regreso del glifosato para erradicar la coca, el gobernador Luis Pérez ya arrancó a usarlo en Antioquia, noticia que lleva generando titulares de prensa las últimas dos semanas.

Así como esa noticia, que no muestra hasta ahora resultados porque la Gobernación decidió no contar dónde está asperjando exactamente por seguridad -según le dijo a La Silla Lina De Los Ríos, la gerente del programa- las decisiones de Pérez dan bombo, pero no se ven.

El Gobernador anunció la erradicación luego de la reciente publicación de cifras oficiales de cultivos de coca que mostraron que en el departamento crecieron más rápido que el promedio nacional.

Son cifras que chocan con sus logros, pues según la Secretaría de Gobierno, durante el 2017 erradicó 7 mil hectáreas, más de la mitad de las que reportó el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) en diciembre de ese año, lo que implicaría que hay una resiembra alarmante, o que alguna de las dos cifras es errada. A eso se suma que 12 municipios donde Pérez erradicó no registran coca en el Simci, como contamos.

Esa es una prueba de que al Gobernador de Antioquia le gusta presentar medidas equiparables a las del Gobierno Nacional, que reflejen su eslogan “Piensa en grande” y su autoimagen de “visionario”. Pero también muestra de que una cosa es pensar en grande y otra lograr en grande, o por lo menos probar que cumplió las ambiciosas metas.

Le queda un año y dos meses para hacerlo.

Las drogas, el caballo de batalla reciente

Pérez propuso asperjar con glifosato en un evento con la Fuerza Pública el 21 de septiembre. Lo hizo al día siguiente de que la Ministra de Justicia presentara el informe de cultivos del Simci, con datos atrasados más de nueve meses, algo que el Gobernador criticó.

“Es vergonzoso que el gobierno nacional tenga un sistema de información caduco, vetusto, inútil. Eso (el Simci) no sirve para nada”, dijo en rueda de prensa. “Estamos luchando como lo hacía Don Quijote contra los molinos de viento. O como Olafo, en sus tiras cómicas, que cada vez que actuaba no era eficiente y hacía las cosas al revés”. Eso no solo por la demora del Simci de publicar sus datos sino porque a su juicio la erradicación manual es obsoleta e ineficiente.

Por eso, y como prueba de que piensa en grande, a finales del 2017 abrió su propio programa de erradicación, llamado “Antioquia libre de coca” y que organiza la erradicación forzosa que hacen más de 3 mil policías y soldados.

Según anunció en su relanzamiento el mes pasado, a esa fecha llevaba más de 8 mil hectáreas de matas arrancadas a mano. Es decir, por su cuenta habría eliminado más del 60 por ciento de los cultivos que el Simci encontró en el departamento, una muestra de que pensar en grande es lograr en grande.

El problema es que, según Lina De Los Ríos, gerente de “Antioquia libre de coca”, no se sabe cómo monitorear la efectividad de lo que se está erradicando. Eso porque Antioquia no tiene un programa de medición de cultivos propios y las cifras oficiales, las del Simci, tardarán meses en salir.

Por eso, en el evento de septiembre Pérez advirtió que “si el Gobierno Nacional no decide hacer un sistema de información sobre el aumento de los sembrados de coca en tiempo real, la Gobernación de Antioquia va a contratar uno con recursos propios”.

En todo caso, para seguir con pasos firmes en el tema, arrancó a asperjar con glifosato.

Para eso consiguió la aprobación del Gobierno, cuadró con la Policía Antinarcóticos un plan en el que la Policía erradica y la Gobernación financia, y contrató la empresa que usó el gobierno Santos para un piloto de aspersión con drones en Tumaco, en junio.

Su meta, según le dijo De Los Ríos a La Silla, es “rescatar a Antioquia de la droga”, y para eso comenzó el primer piloto en el Bajo Cauca, de 40 días, con dos drones.

Ese esfuerzo en el frente de drogas, que le ha servido a Pérez para marcar distancia del Gobierno Santos y mostrarse como un visionario que va un paso adelante del de Duque, no es el único que ha emprendido. Otras medidas que ha tomado dejan ese mismo mensaje, pero están todavía más cortas en resultados.

Más rey que reino

Pérez tiene varios proyectos que ha pintado como sus grandes banderas y que aún son invisibles, en parte porque no dependen de su voluntad política.

  • La escuela contra la drogadicción, cerca pero no tanto: desde abril está anunciando que va a crear esa escuela para investigar sobre drogas y tratar a jóvenes adictos.

    Empezó a mover la idea días antes de que el Gobierno Duque revelara su borrador de decreto de dosis mínima, y le sirvió para mostrar que sus movidas están sintonizadas con las del Gobierno pero un paso adelante, como con el glifosato. “Si nosotros no tomamos medidas distintas, nuestro país no tiene futuro”, le dijo a mediados de agosto a la Asamblea, que le dio luz verde a la ordenanza para crear la escuela sin mayores inconvenientes la primera semana de septiembre, la misma en que Presidencia publicó el decreto.

    El problema para Pérez es que su proyecto depende de que el Gobierno le ceda un terreno en el Oriente antioqueño para construir la escuela, y por eso le pidió al presidente Iván Duque públicamente que se lo ayudara a apalancar entregándole el lote. Hasta ahora no hay novedades.
     
  • El ferrocarril de Antioquia, sin plata por ahora: aunque es un viejo símbolo de la pujanza antioqueña, un sueño de más de medio siglo y fue la gran bandera de campaña en 2015, hasta ahora está dejando de estar embolatado.

    Luego de que la Junta le rechazara los diseños, el jueves 18 de octubre la promotora del Ferrocarril firmó un acta de intención de respaldo técnico y económico del gobierno de Canadá, lo cual se traduce en que van a poder terminar los diseños de la segunda etapa, entre Caldas y Barbosa, que vale 2.8 millones de pesos, y van a dejar en prefactibilidad en las otras dos etapas. Luego la Corporación Comercial de Canadá, una agencia que facilita negocios con otros países, le ayudaría a conseguir recursos en ese país, lo cual quiere decir que la plata no es segura por ahora.

    Además, el proyecto necesita que el Gobierno lo incluya en el Plan Nacional de Desarrollo con al menos 1,1 billones de pesos. Eso es porque el Gobernador contaba con la plata que le iba a entrar a Antioquia con el funcionamiento de Hidroituango desde fines de este año pues, al ser dueño de la mitad de la empresa que hace la obra, el departamento tiene la expectativa y el derecho a recibir ese dinero cuando la hidroeléctrica empiece a producir y a vender.

    Pero con la emergencia, eso ocurrirá por pronto en 2021, lo que llevó a Pérez a escalar el reclamo que le hizo a EPM, el socio de la Gobernación en el proyecto y quien lo gerencia, hasta una denuncia penal, y a cobrarle por los retrasos, como contamos.
     
  • La Universidad Digital, aún invisible: es una promesa más, que permitiría que más gente de todos los estratos estudien bachillerato y pregrado por internet, pero hoy no funciona.

    En diciembre de 2017 dijo que esperaba que quedara operando en el primer semestre de este año, designó en marzo como su rector al uribista Darío Montoya, ex director del Sena, y ya hay decanos y contratos andando. Sin embargo, no tiene sede y ni un estudiante matriculado, como ha denunciado el diputado del Polo Luis Peláez.

    Montoya le dijo a La Silla que falta que el Ministerio de Educación les dé el visto bueno a al menos los tres primeros programas para que arranque a operar, y el Gobernador le ha estado metiendo presión al rector para que abra las inscripciones el próximo mes. De lo contrario, dijo, “no nos sirve”.

    Con esa denuncia encima, apenas van a arrancar a construir la sede, y arrancaron a dictar cursos cortos homologables cuando la universidad empiece a operar.
     
  • El ‘central park’ del Valle de Aburrá, a los trancazos: es otra promesa de campaña, que incluye un autódromo por 70 mil millones de pesos, para el cual el Gobernador anunció apenas esta semana que ya había asignado 36 mil, pero le está pidiendo al Gobierno Nacional el resto.

    Falta la aprobación del municipio de Bello, la licencia de construcción del autódromo, su atractivo central de 37 de las 97 hectáreas que ocupa, según le dijo a La Silla el gerente de Indeportes, que lo administra, Hernán Elejalde. Pero más que eso, necesita resolver un lío jurídico en una parte del lote, en el que hay habitantes que reclaman para que no los saquen.

    Si bien puede que el autódromo se empiece a construir, o partes del parque, es difícil que Pérez lo alcance a entregar completo.
     
  • El puerto de Urabá, sin señales de humo: otra de sus grandes promesas desde que llegó a la Gobernación, no ha dado noticias nuevas sobre su financiación desde el año pasado 

    La excepción son los kilómetros de placas huella, que han sido noticia permanente durante su administración, y el túnel de Oriente, que conecta Medellín con el aeropuerto de Rionegro, que es una megaobra que si bien va cinco meses retrasada por cuestiones técnicas, estaría lista para que Pérez la entregue en mayo del otro año.
     

Con esas promesas en el aire, Pérez ha usado otra estrategia para mostrar que no solo piensa en grande sino que hace en grande: ha casado dos grandes peleas que le han ayudado a aterrizar su liderazgo. En ellas, sin embargo, hasta ahora no ha salido triunfante.

Peleas sin suerte

  • Belén de Bajirá, puro ruido: en la vieja disputa fronteriza por ese corregimiento con Chocó, Pérez le armó pelea al entonces Presidente, Juan Manuel Santos, después de que el Igac lo incluyó como territorio chocoano.

    Además de un rifirrafe epistolar que tuvo eco nacional, Pérez movió la opinión pública hasta el punto de recoger un millón de firmas para que el Congreso ayudara a dejar el corregimiento en Antioquia. A pesar de eso, Bajirá quedó en el Chocó, según un fallo del Consejo de Estado. Y, con la llegada de Iván Duque, presidente de sus afectos, Pérez dejó de alegar.
     
  • El choque con EPM y ‘Fico’, de varios rounds: el escándalo que desató hace semanas contra EPM y el alcalde Federico Gutiérrez, presidente de la junta de esta, no solo incluye una denuncia penal, sino que Pérez reveló las conclusiones de un estudio de la Universidad Nacional -que aún no es público- y que mostraría que ocho fallas en la construcción habrían ocasionado la emergencia de Hidroituango.

    Le explicó a la Asamblea, con diapositivas y tubos de plástico para simular la estructura de la presa, en qué se equivocaron los constructores, por qué se derrumbó una de las galería de desviación y cómo “EPM premió a un contratista incompetente”, entre otras cosas que demostrarían que esa empresa fue la responsable de la crisis. Luego le empezó a cobrar por los retrasos, y sacó varios titulares en prensa, aunque el monto no le entra a él directamente, sino a la Junta de Hidroituango, donde participa también EPM, y esta empresa no tiene que empezar a pagar ya, como contamos.

    Lo hizo aún cuando la empresa ha dicho que solo en noviembre -cuando finalice un estudio que contrató con una consultora de obras subterráneas- se va a saber con exactitud qué ocasionó la emergencia, y sin que aún las ías se pronuncien sobre presuntos responsables.

    En todo caso, la pelea sigue y, mientras tanto, Pérez busca cómo reemplazar la plata que no le va a entrar por la demora de Hidroituango para financiar sus megaobras.  

Con todo eso, a Pérez le corre el tiempo para probar que sus metas visionarias, como rescatar a Antioquia de la coca por su cuenta, pueden hacerse realidad, y capitalizarlas para ser Presidente, o al menos evitar que un candidato en unos meses utilice la falta de nueces para hacer campaña.

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Luis Pérez Gutiérrez

Luis Pérez Gutiérrez

Gobernador de Antioquia

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El Congreso de la moción a Carrasquilla le hace pasito a Duque

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Hoy a las 5 iniciará el debate de moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la Cámara. Las posiciones que hoy muestran las bancadas podrán refrendar que la relación entre Gobierno y Congreso no es un matrimonio ni es una pelea - o definir si la inédita relación sin mermelada, ni mayores cuotas burocráticas, termina en alguno de esos dos extremos.

Aunque esta noche no habrá votación para definir si Carrasquilla sigue en el Gobierno o los representantes lo sacan, pues la ley dice que se debe hacer una semana después de la discusión, las bancadas sí revelarán su posición. Al hacerlo, no solo mostrarán qué tan probable es que lo tumben, sino para dónde va una relación que la mermelada ya no endulza como antes.

Cinco hechos de las últimas dos semanas muestran que lo más probable es que siga una relación más respetuosa que amorosa.

 

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La “tecnomermelada” va avanzando

La semana pasada quedó armada la ponencia para segundo debate de la Reforma Política, en la que varios senadores, encabezados por Roy Barreras y Temístocles Ortega, incluyeron un artículo nuevo avalado por el Gobierno para que los congresistas definan a qué se destina una quinta parte del presupuesto de inversión de la Nación.

Eso crearía una “tecnomermelada” en la que los congresistas podrían llevar obras a sus regiones sin negociar con el Gobierno por debajo de la mesa.

Aunque le faltan siete debates para convertirse en parte de la Constitución, tiene el apoyo de congresistas de todas las vertientes y del Gobierno, por lo que no es imposible que sea aprobado.

Que Duque no se haya atravesado a perder parte del poder de la plata y entregárselo a los congresistas es una prueba de que quiere soltarle la rienda al Congreso, y que plantea una relación en la que ellos no pierdan a pesar de que el Gobierno no les dé nuevas cuotas.

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El ministro de la plata se reúne con congresistas que no son de Gobierno

Ayer al mediodía, según cuenta El Espectador, Carrasquilla se reunió con la bancada de los representantes liberales, invitado por el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón.

Aunque el diario asume que se logró un apoyo de la bancada liberal a Carrasquilla en la Moción, no cuenta qué se acordó ni si el Ministro ofreció algo a cambio de que no lo tumben.

Más allá de ese interrogante, el episodio demuestra que en algunos casos la relación del Gobierno puede ser cercana a los congresistas, algo muy elocuente porque Carrasquilla no es el ministro de la política sino quien maneja la chequera. Es decir, que el Gobierno y el Congreso no están necesariamente tan lejos como parece.

 
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El Gobierno prefiere quedar mal con la opinión a pisarle los callos a los congresistas

Ayer se hundió el proyecto para limitar a tres períodos la permanencia de los políticos en las corporaciones en la plenaria de la Cámara. Eso a pesar de que es uno de los proyectos que el Gobierno se comprometió a presentar y apoyar después de la Consulta Anticorrupción.

La votación duró menos de un minuto y ocurrió sin que la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, estuviera presente y saliera a defender un proyecto que no caía muy bien entre los congresistas, porque le ponía cortapisas a su vida útil como políticos.

Esto no solo revela que Duque no ha metido la mano en el Congreso para que sus proyectos prosperen, sino que el Gobierno no cumplió su promesa de darle un trámite de urgencia al paquete anticorrupción que salió de las mesas técnicas que lideró la Ministra del Interior.

De hecho, la exsenadora verde Claudia López ha venido reclamando a Duque que no deje morir esos proyectos por no tener mensaje de urgencia ni estaban en trámite.

Aunque la ministra Gutiérrez dijo ayer en el Senado y en medios que los proyectos se están moviendo en las diferentes comisiones, el hundimiento del de los períodos no tiene reversa. Y eso deja el mensaje de que el Gobierno no se la va a jugar por pisarle los callos a los congresistas.

 
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Los representantes recuerdan al Gobierno que tienen un garrote

Este lunes la mesa directiva de la Cámara decidió darle vía a la moción de censura que se va a debatir hoy. Al hacerlo, dejó el mensaje de distancia con el Gobierno, sobre todo después de que la mesa directiva del Senado había negado esa misma moción con argumentos jurídicos.

Aunque darle vía libre no implica que la moción triunfe, sí deja el mensaje de que en la Cámara hay una puerta abierta para usar el principal garrote que la de la Constitución al Congreso en su relación con el Gobierno, incluso cuando hay un debate jurídico sobre su aplicación.

 

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Los senadores no usan el garrote contra el Gobierno

Ayer la plenaria del Senado, decidió darle un espaldarazo a la decisión de su mesa directiva de no tramitar la moción contra Carrasquilla, con lo que marcó un contraste con la Cámara y mandó un mensaje de buena relación con el Gobierno.

El mensaje parecía ser urgente, pues la mayoría votó por cambiar el orden del día en medio de la discusión de la Reforma Política para definir si apoyaba la decisión de la mesa directiva de no tramitar la moción. La votación de 62 contra 24 acabó protegiendo al Ministro y dándole fuerza al presidente del Senado, Ernesto Macías.

 

 

Silla Nacional
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La verdad de los secuestrados recuerda la crueldad de las Farc

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Hace 22 años, cuando se tomaron a sangre y fuego la base militar Las Delicias en Putumayo y se llevaron secuestrados de ahí a unos 60 militares, las Farc comenzaron su carrera de hacer del secuestro de políticos y uniformados un arma política para conseguir despejes, intercambios y presionar negociaciones.

Hoy, cuando esa guerrilla está convertida en un partido político, algunos de los sobrevivientes de las cárceles que levantaron en las selvas están comenzando a detallar sus casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y recordando toda la crueldad de la guerra.

Estas primeras y simbólicas voces abren el camino para que se sepa la historia del secuestro, que cuenta parte de las memorias del país reciente, con todos sus detalles.

A esa herida le echa sal ‘El Paisa’, exjefe de la columna móvil Teófilo Forero, que fue el único de los 31 exmiembros jefes de la guerrilla que no envió su informe a la Sala de Reconocimiento de la JEP contando en qué estaba, como se lo exigieron sus magistrados.

La verdad

“Para mi este relato no es sobre una retención ilegal, es sobre mi descenso al infierno”. Esas fueron las palabras con las que la excandidata presidencial Ingrid Betancourt arrancó a contarle a la JEP desde Francia lo que fue estar secuestrada por las Farc seis años, cuatro meses y nueve días.

Fue un relato tan desgarrador que les sacó las lágrimas a algunos de los magistrados.

 

Detalles sin importancia. Íngrid usó ese término varias veces antes de narrar, con el dolor clavado en los ojos, las atrocidades de la exguerrilla en la cotidianidad de su secuestro.

Desde que le escupían en su comida, que casi siempre era arroz y si tenía suerte lentejas, hasta que le ponían la cadena más pesada en su cuello y la obligaban a extender su plástico para dormir justo encima de las congas, unas hormigas gigantes. Si no era ahí, muchas veces le tocó pasar la noche al lado de las letrinas o amarrada a un árbol sin poder dar un solo paso.

Narró cómo en medio de la selva se enteró por radio de la muerte de su papá.

“Yo acuso a las Farc de tortura psicológica a mí y a mi familia”, dijo en un punto.

En medio de todo ese dolor, quizás lo más esperanzador de su relato es que dijo que creía en el cambio en las personas y que esperaba que las sentencias que saque la JEP sean “sentencias que construyan para ser el paralelo de lo que ellos destruyeron”.

El dolor del secuestro mezclado con la petición de reconciliación ha sido el lugar común de los exsecuestrados que, hasta ahora, han ido a la Sala de Reconocimiento de la JEP a contar la verdad de sus casos.

Además de Íngrid, también hablaron esta semana el exgobernador del Meta Alan Jara, el excongresista Luis Eladio Pérez y el general (r) de la Policía Luis Herlindo Mendieta. Hoy lo harán Consuelo González de Perdomo, el exsenador Jorge Eduardo Géchem y Orlando Beltran.

Alan intentó resumir en una hora los siete años y siete meses que pasó en la selva.

Dijo que le tocó oír crecer a su hijo Alan Felipe por radio, gracias a los mensajes que le mandaba su familia, y que aun hoy -casi una década después desde que volvió a la libertad- sigue sin superar el miedo cada vez que oye el ruido de un helicóptero.

Más allá de los detalles de lo que padeció, el Exgobernador le dijo a La Silla que lo que espera de este ejercicio frente a la JEP (y que en esto sabe que coincide con los demás exsecuestrados) es que lo que vivió no lo viva más nadie y poder encontrar verdad.

“Por años mi lucha fue por volver a la vida, luego por reconstruirla, ahora yo creo que es momento de hacer preguntas sobre los hechos. ¿Quiénes participaron exactamente en mi secuestro?, ¿hubo terceros, distintos a la guerrilla, involucrados?, ¿por qué no se hizo entonces el acuerdo humanitario?”, afirmó Jara.

Aunque ninguno de los exsecuestrados esté dando testimonio para atizar el sentimiento anti Farc (de hecho, muchos apoyaron el Acuerdo de Paz y todos están hablando apelando a la reconciliación y a superar lo que les pasó), cada uno de los pormenores de las crueldades del secuestro es una gota más en el vaso de deudas de la otrora guerrilla.

Un asunto al que se le suma la posición que está teniendo frente a la JEP el exjefe de la Teófilo Forero, una de las columnas más temidas y secuestradoras que tuvieron las Farc.

Lo que viene con El Paisa

La JEP les puso un plazo de diez días a 31 exjefes farianos para que enviaran un informe contando en qué estaban.

Al vencerse ese término, todos lo mandaron, incluido Iván Márquez, que lleva más de un mes escondido, excepto ‘El Paisa’, exjefe de la columna móvil Teófilo Forero.

Lo que puede pasar ahora es que la Sala de Reconocimiento, que fue la que les puso el plazo, le abra un incidente de incumplimiento.

Ese incidente es un pequeño proceso dentro del proceso grande, en el que las dos partes pueden pedir pruebas, presentar alegatos y finalmente la Sala decide si hubo incumplimiento o no.

Si dice que lo hubo, debe sancionar a El Paisa según la gravedad del incumplimiento.

Por ejemplo, si comprueban que está trabajando para una disidencia, perdería todos los beneficios de la JEP por los delitos que haya cometido hasta el 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto.

La JEP lo seguiría procesando pero lo sancionaría con cárcel por hasta 20 años, la pena más dura dentro de esa justicia y, por los delitos que cometa en la disidencia, lo procesaría la justicia ordinaria. Si termina condenado por esos nuevos delitos, la JEP lo podría incluso excluir.

Pero si el incumplimiento es más leve, como por ejemplo que no presentó el informe porque no quiso pero igual está trabajando en una finca, la sanción debe ser menos fuerte, como una amonestación.  

Una fuente de primera mano que asesora a la exguerrilla dijo a La Silla que está segura de que El Paisa sí va a presentar el informe y que no lo hizo en el plazo que tocaba por “problemas logísticos, pero Óscar no está evadiendo. Él está metido en el proceso y lo último que supimos hace unos días es que iba a presentar todo”.

En cualquier caso, la presión sobre la JEP es muy grande.

El presidente Iván Duque ya le pidió que tenía que “certificar rápidamente” si estos exjefes siguen o no en el Acuerdo.

Incluso el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo ayer en la mañana que la Fiscalía podría reactivar una orden de captura contra El Paisa.

Su posición de, por ahora, no dar la cara ante la justicia especial, contrasta con los rostros que sí están poniendo las víctimas de la guerrilla de la que fue una de sus cabezas.

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Las 5 conclusiones del debate de moción de censura a Carrasquilla

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Durante siete horas, de 5 de la tarde hasta la medianoche, se realizó ayer la primera parte del debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; y aunque la votación será el próximo martes, desde ya se puede decir que se salvó pues recibió el apoyo de la mayoría de congresistas. Con ello, se evidencia que aunque el Gobierno no ha entregado mermelada, los legisladores que lo acompañan no están dispuestos a tumbar al que tiene el lapicero de la chequera.

Estas son las cinco conclusiones de la jornada:

1

Carrasquilla está prácticamente salvado

El debate de ayer estuvo centrado en escuchar las posiciones de los partidos, anunciadas por sus respectivos voceros. Los que están con el Gobierno (Centro Democrático, Conservador, La U, Mira y Opción Ciudadana) ratificaron el apoyo a Carrasquilla. Y los independientes (liberal y Cambio Radical) dijeron que, aunque se van a reunir en bancada a tomar la decisión oficial, van a apoyar al Ministro el próximo martes.

Además de eso, al final del debate pasaron una proposición firmada por 120 congresistas apoyando a Carrasquilla. El martes sólo se va a votar esa proposición.

Para que tumben al Ministro y la moción de censura tenga éxito, la oposición necesita la mayoría absoluta de la plenaria de la Cámara, que es la que va a votar.

Esos son 86 congresistas, así que si 120 ya están respaldando al Ministro, parece claro que éste se salvó.

La oposición está sola en la pelea por sacar a Carrasquilla y los políticos gobiernistas e independientes jugados a favor del Gobierno, por ahora, con o sin mermelada.

 
2

El Congreso sigue sin usar su garrote

Sin la acostumbrada mermelada, el Congreso no ha querido usar el otro recurso que tiene (además de la votación de la agenda legislativa del Gobierno) para presionar al presidente Iván Duque: el control político y la moción de censura.

Aunque, de todas maneras, sí hay que decir que los políticos sacaron el garrote y se lo mostraron a Duque, cuando el presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos Chacón, aceptó convocar el debate de moción de censura.

 
 
3

Las voces más respetadas fueron las de Petro y Carrasquilla

De las más de 20 intervenciones que hubo anoche en la Cámara, los representantes solo pusieron total atención, en silencio, a dos de ellas: la del senador Gustavo Petro y la del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. (Petro y Jorge Enrique Robledo fueron los únicos senadores que intervinieron).

Esto mostró que, por un lado, los representantes estaban pendientes de cómo se iba a defender el Ministro (que se defendió básicamente con los mismos argumentos que usó en el debate de control político, pues aseguró que él no se enriqueció con la asesoría que presentó y que la plata no la tiene entre el bolsillo sino que está en otra parte, pero no explicó dónde). Y, por otro, que Petro es una de las figuras más respetadas del Congreso.

En resumen, Petro dijo que Carrasquilla debía salir del Gobierno porque lo que había hecho como Ministro de Hacienda, aunque haya sido en el pasado, sigue teniendo acciones en el presente.

Todos lo oyeron concentrados. Un asunto que no ocurrió cuando habló Robledo, a quien no le prestaron tanta atención e incluso algunos uribistas le gritaron que se fuera de la plenaria de la Cámara.

Eso sucedió en concreto luego de que Robledo defendiera la intervención del  representante Edwin Fabián Díaz, de Alianza Santandereana, quien lanzó unos billetes falsos con la cara de Carrasquilla, lo que fue considerado por el uribismo como una ofensa al Ministro.

La poca concentración de los congresistas en el debate dejó la sensación de que había poco interés por saber qué pensaban las bancadas, como si ya se supiera que, en el fondo, Carrasquilla ya está salvado.

 
4

La moción de censura sigue siendo más tilín que paletas

Desde que existe la figura de la moción de censura, que nació gracias a la Constituyente para darle una herramienta a la oposición de poner a rendir cuentas a los Ministros y poder sacarlos si no sirven, no se ha podido tumbar a un solo Ministro.

Aunque, sí ha servido para presionar a los gobiernos de turno, como sucedió en el año 2000, cuando el entonces ministro del Interior de Andrés Pastrana, Néstor Humberto Martínez (hoy Fiscal General), renunció horas antes de que se le hiciera una moción de censura..

5

Hay uribistas que sin importar el tema no dejan de atacar a la Farc

Aunque el debate giraba alrededor de la moción de censura y todos los que intervinieron lo hicieron para argumentar en contra o a favor del Ministro, los uribistas demostraron que, sin importar el tema, ellos siempre encuentran la oportunidad para arremeter contra el partido Farc.

Puntualmente, lo hizo el representante  huilense del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada (investigado y llamado a indagatoria por la Corte Suprema dentro del mismo caso de supuestos falsos testigos en el que también está el senador Álvaro Uribe), cuya corta intervención estuvo destinada a atacar a los congresistas farianos.

Como la Farc en su intervención aseguró que por culpa de Carrasquilla no se pudieron terminar obras en muchos municipios del país, Prada les contestó instándolos a que dijeran dónde está la plata que le hicieron ellos perder al país cuando, siendo guerrilla, volaban oleoductos.

 
 

 

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¿Cómo formar ciudadanos para la vida democrática?

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Hoy en la Universidad Icesi de Cali charlamos con la ministra de Educación, María Victoria Angulo sobre el papel de la educación en la formación de ciudadanía. Durante el foro hablamos también de temas de coyuntura como el paro estudiantil, los recursos para las universidades públicas y el nuevo programa de incentivos de educación superior Generación E. 

Reviva la charla acá:

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Duque es agradecido y lo muestra con cargos diplomáticos

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Así como lo hicieron sus antecesores, el presidente Iván Duque ha pagado con embajadas y otros cargos diplomáticos apoyos en campaña y viejas lealtades con el uribismo. Así lo muestran los 15 nombramientos que ha hecho desde el 7 de agosto en ese tipo de puestos.

Así, mantiene la tendencia de no dar mermelada para asegurar nuevos apoyos pero sí dar cargos a los uribistas, como contamos con cargos medios en ministerios y departamentos administrativos y tirándole salvavidas a los uribistas quemados al Congreso.

Hasta ahora Duque ha nombrado a diez embajadores, dos terceros secretarios, un cónsul, un ministro consejero y un primer secretario.

De esos, solo siete tienen experiencia diplomática y apenas dos son de carrera diplomática.

Nueve le hicieron campaña activa, como el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos; el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez; la embajadora en Francia, Viviane Morales o el recién nombrado embajador en Suecia, Ubeimar Delgado.

Una de las nombradas hizo parte de su primer círculo en la campaña presidencial: la embajadora en Italia, Gloria Isabel Ramírez, quien fue su asesora de comunicaciones.

También hay viejos aliados del uribismo, como la embajadora en Perú, María Claudia Mosquera Jaramillo, amiga íntima del expresidente Álvaro Uribe (quien es padrino de uno de los hijos de la Embajadora), o el ministro consejero en Washington, Luis Ernesto Araújo, hijo del excanciller Fernando Araújo y hermano del senador uribista, Fernando Nicolás Araújo.

Solo hay un nombramiento de un quemado, la exsenadora Nohora Tovar, quien no logró reelegirse en marzo. Otro quemado, el exsenador Daniel Cabrales, no pudo llegar al cargo de embajador en Panamá por estar involucrado en el desfalco de recursos de salud en Córdoba.

Curiosamente, del Pacífico viene la cuarta parte de los nombramientos, pese a que en esta región Duque perdió en todos los departamentos. De allí es el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien ha nombrado a amigos en puestos diplomáticos, como Emilio Merino, exdiputado godo del Valle.

Acá puede ver los cargos nombrados hasta ahora, su trayectoria y filiación política:

 
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Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

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Las cinco cosas que dejó claras el debate petrolero en Barranca

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Ayer la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes debatió desde Barrancabermeja sobre el futuro del fracking en el país y la modernización de la refinería de Ecopetrol.

En él participaron el viceministro de Energía, Diego Mesa, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, el director de la Agencia de Licencias Ambientales, Anla, Rodrigo Suárez, y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano.

Estas fueron las cinco cosas que dejaron claras tras sus intervenciones.

 

1

Más que piloto, el fracking ya es un plan en ejecución

A finales de septiembre el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli, anunció que la prueba piloto del fracking en Colombia se desarrollaría en el Magdalena Medio a través de ocho contratos con mineras como la Conoco Phillips (tiene un lío social en San Martín, Cesar, por ese proyecto), la Drummond, Caracol Energy, Parex y Ecopetrol.  

Y aunque la versión oficial se ha mantenido en que dependiendo de lo que resulte se le dará vía libre al fracking o no en todo el pais, por lo que se mostró ayer, el desarrollo de Ecopetrol solo está pensado para los próximos once años con esa modalidad de explotación.

Bayón no solo arrancó diciendo que el Magdalena Medio era la región que tenía el potencial para aumentar la actividad operativa de Ecopetrol vía fracking, sino que habló de que a través de esa modalidad (que consiste en inyectar agua a presión a altas profundidades para romper piedras que contienen petróleo) esa zona cuadruplicaría la cantidad de barriles que produce actualmente el país.

Más adelante reveló que la proyección de la petrolera de aquí al 2030 es invertir $24 mil millones de dólares en la industria de la región, y que de ese dinero $6 mil millones serían para la refinería, $8 mil para producción y exploración y los $10 mil restantes para yacimientos no convencionales (los que se explotan vía fracking).

Y remató diciendo que los tres frentes de inversión no eran independientes sino que se complementaban entre sí, por lo que dejó claro que más que una prueba piloto, el fracking está en la espina dorsal de los planes de Ecopetrol.

 
2

Sin fracking no habrá modernización de la refinería

Como ha contado La Silla, la modernización de la refinería de Barrancabermeja, la más grande de Ecopetrol, fue la gran promesa rota del Gobierno Santos en la región.

Además de que se embolató por cuenta del escándalo de corrupción de Reficar, su aplazamiento se convirtió en el inicio de una espiral de depresión financiera para ese municipio, cuya economía está cimentada en la cadena productiva que genera la industria petrolera.

Hace algunos meses, el expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry dijo que la única forma de obtener los recursos para invertir en la modernización era aumentando la producción del país vía fracking, y ayer desde el Ministerio de Minas mostraron que van en línea con esa idea.

“Pensar en modernizaciones de la refinería sin tener el insumo para producir los productos refinados del petróleo crea un gran interrogante. El reto que tenemos es incrementar esas reservas”, dijo el viceministro de Energía, Diego Mesa, quien representó esa cartera en el debate porque la ministra, Maria Fernanda Suárez, no asistió. 

La fórmula que explicó que tenía el Gobierno para superar ese reto incluye el fracking, y, además, aseguró que el país no podía caer “en el falso dilema de escoger entre agua o petróleo” porque esa técnica se podía implementar sin contaminar los nacimientos de subterráneos.

Incluso aprovechó para hablar de una eventual bonanza presupuestal propiciada por el fracking y decir que ya que los no convencionales podían hasta cuadruplicar las reservas de petróleo, eran vitales “cuando estamos hablando de un déficit social”.

 
3

Barranca puede meterle gasolina al movimiento antifracking

La crisis económica en la que está sumida Barrancabermeja ha hecho que la modernización de la refinería sea el primer tema en la agenda de la ciudad.

De ahí que cuando Echeverry condicionó ese proyecto al fracking, la propuesta se leyó como un "chantaje" para que en la zona no se opusieran a esa modalidad de explotación. 

Sin embargo, en el debate quedó claro que con todo y la necesidad de la Pmrb, los barranqueños no quieren que empiece a haber fracking por los riesgos ambientales que supone su entrada y que están relacionados con la posibilidad de que se contaminen aguas subterráneas y se desabastezcan fuentes hídricas.

De las seis intervenciones que hicieron habitantes del municipio , solo una, la de la presidenta de la Cámara de Comercio de Barranca, Pilar Contreras, estuvo de acuerdo con esperar estudios para evaluar eventuales riesgos.

Los demás: un diputado, un representante de los comerciantes, un líder rural, un ambientalista y un sindicalista, se declararon abiertamente en oposición a que se implemente fracking en su municipio. 

Como Barrancabermeja es una ciudad con una fuerte tradición sindical basada en la movilización social, es considerada la capital del Magdalena Medio, y está a dos horas de San Martín, Cesar, el primer municipio en el que podría haber fracking en el país, tiene todo para convertirse en el epicentro de un frente regional en contra de es técnica.

 
4

La USO modera su discurso y se divide

Aunque, como contó La Silla, en la campaña presidencial la Unión Sindical Obrera, USO, se montó al bus de las energías renovables de Gustavo Petro y se opuso abiertamente al fracking, cambió el discurso ahora que está Duque en el poder.

En su intervención el presidente del sindicato, Cesar Loza, tras hacer su petición de fortalecer la industria petrolera y la refinería de Barranca, dijo que había "que hacer un acto responsable de tal manera de que el agua y el petróleo puedan convivir”.

Si bien dentro de la USO ha habido división por el uso del fracking y eso persiste (otro de los que intervino en la sesión fue el líder de ese sindicato Fredy Pulecio y se opuso a esa técnica), su mensaje es muy poderoso.

No solo porque ese es el indicato más fuerte del sector petrolero en el país, sino porque ya había sentado una posición institucional en contra del fracking y la salida de Loza se lee como un timonazo.

 
5

En la Quinta los santandereanos representan las dos orillas del debate

Otro hecho que quedó en evidencia durante el debate es que los dos representantes santandereanos de la comisión quinta, Ciro Fernández de Cambio Radical y Edwin Ballesteros de Centro Democrático, no van por la misma línea con respecto al fracking en el Magdalena Medio. 

Fernández, quien es barranqueño, tiene la mayoría de su caudal electoral en esa ciudad y fue el citante del debate, se fue en contra de esa posibilidad en la región.

“¿Quiénes son los que van a sufrir de esas contaminaciones (producto del fracking), problemas de salud pública, afectaciones de las actividades agrícolas de la zona donde se pretendan desarrollar estas perforaciones?”, dijo Fernández.

En cambio, Ballesteros aseguró que era necesario abrir el debate de los no convencionales y, aunque no dijo estar a favor directamente, hizo énfasis en que Barrancabermeja es de “vocación petrolera”, que el fracking representa una oportunidad de generación de empleo y desarrollo para la ciudad y que el dilema de “petróleo no, agua sí tenemos que eliminarlo”.

 

 
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¿Qué se puede esperar de "Generación E"?

“Es un desafío para la democracia que el activismo religioso esté camuflado”

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En los escasos tres meses que el presidente Iván Duque lleva de gobierno, ya visitó al Papa Francisco esta semana. Tras la visita, el secretario general de presidencia, Jorge Mario Eastman, causó revuelo por referirse al Papa como 'tocayo', pero curiosamente no, por haber retuiteado un mensaje que llama a la evangelización de la política siendo funcionario público en un Estado laico.

Lo que reabre la discusión sobre los límites entre Iglesia y Estado. Sobre este tema, La Silla Académica entrevistó a Lina Malagón, abogada y profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, quien ha investigado la forma como ejercen activismo político los movimientos católicos en Colombia.

Ella concluye que es difícil saber la influencia que tienen en las modificaciones a las normas porque sus argumentos no son religiosos sino que usan el lenguaje de los derechos humanos, y la forma como intervienen no es a través de la Iglesia sino como ciudadanos.

Malagón es autora entre otros de "La lucha del movimiento social católico en contra del matrimonio igualitario en Colombia: un medio para legitimar el estilo de vida católico (2009-2015)" y de "Contramovimiento católico y derecho constitucional en Colombia" que hace parte del libro ¿El Estado constitucional en jaque? Tomo IV La reconstrucción de los fundamentos del Estado constitucional. 

El presidente Duque estuvo esta semana visitando al Papa, lo que reabre cierta discusión sobre la cercanía entre religión y política en un Estado laico como Colombia. Usted estudia el activismo político de los movimientos religiosos, en la Corte Constitucional y en el Congreso, un tema poco investigado. ¿Qué encontró?

Lina Malagón: Encontré que en materias como el matrimonio gay y la adopción de parejas del mismo sexo, en las que yo he enfocado mi estudio, los movimientos católicos no están haciendo activismo a través de argumentos religiosos ni en nombre de la Iglesia, sino usando el lenguaje de los derechos humanos y, no sólo cuando el debate se ha ventilado ante un juez, sino incluso cuando la polémica se ha producido en el Congreso o en la plaza pública.

LSA: ¿Y por qué lo hacen así?

L.M.: A partir de unas entrevistas que hice y de un trabajo documental de análisis de las actas parlamentarias y de las intervenciones ciudadanas depositadas ante la Corte Constitucional, encontré que la primera razón tiene que ver con que creen que usar argumentos religiosos en el debate público es ineficaz e incluso contraproducente.

Aunque creen que es el colmo que los vetan cuando usan ese tipo de argumentos, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 señala que todos tienen el derecho humano a expresar opiniones religiosas pública y privadamente, por razones de pragmatismo han decidido reemplazar el lenguaje religioso por el lenguaje jurídico.

La segunda razón es que se dieron cuenta que lo pueden usar sin modificar sus creencias.

LSA: ¿Cómo pueden usar el lenguaje de los derechos humanos, que en principio es liberal, sin modificar sus creencias?

 

L.M.: Lo que pasa es que en mi investigación yo partí de la base de que uno tiene que hablar de derechos constitucionales en plural porque, como lo demuestran Zagrebelsky y otros autores, las tres tradiciones de pensamiento más grandes del siglo XX  (marxismo, liberalismo y catolicismo) proponen diversas teorías de estos derechos.

Un historiador maravilloso que se llama Samuel Moyn me ayudó a entender que el catolicismo tiene una larga teoría de los derechos fundamentales y humanos. Él muestra que en los 30’s los Papas son los primeros que usan el lenguaje de la dignidad humana, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos en la escena política mundial.  

Esa larga tradición católica se cristaliza en una de las Constituciones Pastorales del Concilio Vaticano II en la que la Iglesia invita a “los laicos” a evangelizar la política por dos motivos principales.

Primero, en plena Guerra Fría, la jerarquía católica se da cuenta de que la única forma de luchar en contra de la persecución de católicos en la Unión Soviética es defender el derecho fundamental y humano a la libertad de conciencia y de religión y, por consiguiente, aceptar finalmente la separación del Estado y de la Iglesia, uno de los dogmas liberales que inspiró la Revolución Francesa.

Segundo, el Concilio Vaticano II, fue una forma de tender puentes discursivos para que la Iglesia dialogara con el mundo moderno. Uno de esos puentes es el de usar el lenguaje de los derechos humanos que, además, como es hegemónico, es muy poderoso para influenciar las autoridades.

LSA: ¿Cómo hacen para dialogar las diferentes apropiaciones del lenguaje de los derechos humanos? ¿Se puede hablar de que la católica sea más válida que la liberal o viceversa?

L.M. Probablemente, un abogado te dirá que la validez depende de lo que digan las autoridades pero un sociólogo quizá señale que la validez está más relacionada con la concepción de los derechos humanos que le haya ganado el pulso a las demás, es decir, que haya prevalecido luego de un ejercicio de fuerzas. Por eso, la legitimidad social y política de que goce actualmente un uso determinado del lenguaje de los derechos humanos puede cambiar con el tiempo.

LSA: ¿Es poco transparente esta estrategia de los activistas religiosos?

L.M. La estrategia de activismo político más lógica para los movimientos religiosos es que se camuflen, dado que muchos de los activistas consideran que se encuentran inmersos en una cultura jurídico-política que juzga como irracional y antidemocrático los argumentos de tipo religioso. Ellos creen que ese lenguaje no es audible para las autoridades, más allá de que sí lo sea para el ciudadano del común.

Esto representa un desafío porque otra de las características del activismo que estudié es que muchas veces es realizado desde entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación.

LSA: ¿Usted hace una distinción en el análisis de las intervenciones de estos activistas católicos, entre los laicos que son ciudadanos y los laicos que son funcionarios públicos ¿Por qué?

L.M. Porque tengo la profunda convicción política de que los recursos públicos no deberían usarse, al menos deliberadamente, para promocionar, incentivar y/o imponer una forma católica de ver el mundo.

Y esta convicción está respaldada jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la sentencia C-350 de 1994, que ha reiterado que Colombia es un Estado laico en el que no puede haber una religión oficial ni un credo religioso prevalente, así la mayoría del pueblo lo profese. Además, en múltiples sentencias, la Corte ha dicho que, para garantizar la separación entre el Estado y las iglesias así como los principios del pluralismo y de la coexistencia igualitaria de las confesiones religiosas, es necesario que el Estado respete el principio de neutralidad frente a los credos religiosos.

En virtud de eso me parece inaudito que hayamos dejado que un católico lefebvrista como Alejandro Ordóñez haya usado los poderes de la Procuraduría General de la Nación para materializar su proyecto político de que Colombia vuelva a ser un Estado con una única religión oficial en el que el derecho, para ser válido, tiene que ser conforme al derecho natural divino.

Algunos países como Francia impone restricciones como que, un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, no debe expresar sus opiniones religiosas.

Me parece inaudito que hayamos dejado que un católico lefebvrista como Alejandro Ordóñez haya usado los poderes de la Procuraduría General de la Nación para materializar su proyecto político de que Colombia vuelva a ser un Estado con una única religión oficial.

Lina Malagón

LSA: ¿Algo similar podría pasar con la magistrada Cristina Pardo, aunque esté en un cuerpo colegiado como la Corte Constitucional?

L.M.: No sé si la magistrada Cristina Pardo es o no una laica católica comprometida con el deber religioso de evangelizar la política.

Héctor Riveros, de la Silla Vacía, señaló días antes de que fuera elegida magistrada que perteneció al Opus Dei que es una organización que adhiere a las ideas de Vaticano II en esta materia porque empuja a sus miembros a buscar la santidad y el apostolado en el ejercicio de sus actividades cotidianas y diarias. En otras palabras, los miembros de esa prelatura tienen el deber religioso de participar en la misión evangelizadora de la Iglesia a través del ejercicio de su profesión.

Al saber esto, la pregunta que uno se plantea es : ¿puede un funcionario público que defiende las ideas de Vaticano II en materia de evangelización de la política, garantizar el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa y, por lo tanto, garantizar la separación entre Estado e Iglesia? Yo pienso que no porque hay una exclusión necesaria entre ambos planteamientos.

LSA: ¿Si un juez acoge los argumentos de un activista católico eso lo hace automáticamente transgredir el principio de separación entre Iglesia y Estado?

L.M.: Yo no creo que eso sea así. El problema no es tanto que el juez acoja o no un argumento de un activista católico. El problema es que el juez quiera usar su cargo para evangelizar la política. En este sentido, considero que si un juez está, por ejemplo, en desacuerdo con el aborto por sus opiniones religiosas, no debería pronunciarse sobre el tema, so pena de violar el principio de laicidad y de neutralidad.

En consecuencia, según mi punto de vista, uno de los retos actuales es cómo asegurar el principio de separación del Estado y de la Iglesia cuando muchos de los laicos católicos en cargos públicos deciden camuflarse usando argumentos seculares y afirmando que su oposición al aborto, al matrimonio gay, etc. no depende de sus convicciones religiosas.

Uno de los retos actuales es cómo asegurar el principio de separación del Estado y de la Iglesia cuando muchos de los laicos católicos en cargos públicos deciden camuflarse usando argumentos seculares.

Lina Malagón

LSA: ¿Es diferente al desafío del activismo feminista o de otro tipo?

L.M.: Me gusta que, desde la sociedad civil, haya organizaciones católicas haciendo política, pues esto asegura que todos tengamos oportunidades para intervenir y enriquecer los debates públicos.

Sin embargo, considero que el activismo religioso hecho desde las entidades estatales es diferente del activismo feminista o Lgbt hecho desde el Estado. En términos simples, yo considero que no es lo mismo un magistrado que hace parte del contra-movimiento católico a uno que hace parte del movimiento Lgbt.

Y esto es así porque, repito, en Colombia hay un principio de laicidad y de neutralidad en virtud del cual los recursos estatales no deben usarse, al menos conscientemente, para promocionar, incentivar y/o imponer una forma religiosa de ver el mundo.

LSA: ¿Cree que el desafío es mayor en un gobierno conservador como el de Iván Duque, que en sus primeros tres meses de Gobierno ya fue a visitar al Papa?

L.M.: Yo pienso que sí. La gente interpreta que hay cambios en la Iglesia con el Papa Francisco: ‘quién soy yo para juzgar a los homosexuales’ dice etc., pero cuando lees los documentos del Vaticano, te das cuenta que uno de los objetivos sigue siendo que la ley civil siga los postulados de la Iglesia Católica.

De hecho el Papa en varios de sus mensajes llama a la evangelización de la política como el que precisamente retuiteó el secretario de Presidencia Jorge Mario Eastman tras la visita de Duque al Vaticano. Sin embargo, lo que registraron la mayoría de medios fue que le hubiera dicho ‘tocayo’ al Papa.

No se concentraron en lo realmente importante que es reflexionar sobre ¿hasta qué punto ese funcionario no violó el principio moderno de separación entre la Iglesia y el Estado?.

Con el tweet de Jorge Mario Eastman, secretario de presidencia, los medios no se concentraron en lo realmente importante que es reflexionar sobre ¿hasta qué punto ese funcionario no violó el principio moderno de separación entre la Iglesia y el Estado?.

Lina Malagón

LSA: ¿Lo opuesto a la laicización es la evangelización de la política?

L.M.: Desde una perspectiva católica, la palabra laico, contrario a lo que se piensa, hace referencia a una persona que hace parte de la Iglesia porque fue bautizada pero no está ordenada. Es decir, no hace parte de la jerarquía, pues no es ni cura ni monja.

De acuerdo a Vaticano II, uno de los deberes de los laicos es evangelizar la política. De hecho, así se llama uno de los libros publicado en 1998 por Laicos por Colombia, una de las organizaciones que componen el contramovimiento católico.

El concepto de “evangelizar” quiere decir comunicar el mensaje de Jesús en el mundo. En términos más concretos, consiste en hacer que las normas jurídicas concuerden con los principios católicos.

Por ejemplo, asegurarse de que el concepto de familia constitucionalmente protegida concuerde con el modelo católico según el cual la familia es únicamente posible entre un hombre y una mujer, quiénes, al ser dos seres complementarios y diferentes física, psicológicamente etc., son los únicos que pueden reproducirse.

O asegurarse de que en Colombia no exista el derecho fundamental al aborto o no que no sea posible hacer investigación sobre embriones y células madres, por ser prácticas contrarias a lo dispuesto por la jerarquía romana.

LSA: Usted dice en su artículo que la jerarquía de la Iglesia intervino muy poco en los procesos constitucionales estudiados ¿Por qué cree que fue así?

L.M.: Tiene que ver con ese respeto de la separación entre Iglesia y Estado que hace difícil que la jerarquía católica intervenga sin que sea considerado como una violación a la autonomía política. Como tiene las manos atadas, la estrategia es que sean los laicos los que, como simples ciudadanos, hagan política. En este sentido, muchas veces, los activistas católicos intervienen como ciudadanos, sin identificarse como católicos, situación que se presenta aquí y en otras partes como Francia.

LSA: En su investigación usted analizó los expedientes judiciales y las actas parlamentarias relativas al matrimonio y la adopción por parte de parejas gay ¿Cuáles fueron los católicos que se movilizaron ante la Corte Constitucional y el Congreso?

L.M.: A veces es muy difícil hacer este tipo de investigaciones porque, como te dije antes, los activistas no se identifican como católicos. Hay que hacer un trabajo de investigación que incluye, por ejemplo, mirar en los certificados de existencia y representación legal quiénes son los integrantes de las organizaciones, para así empezar a establecer conexiones entre los ciudadanos que intervienen ante la Corte y las organizaciones de laicos.

Cuando revisé el universo de gente que se opuso al matrimonio gay, concluí que hay unas organizaciones antiguas, abiertamente católicas como Laicos por Colombia que se creó después de 1991 para oponerse a la Constitución por haber eliminado la referencia de la de 1886 a que se dictaba en nombre de Dios. También está el Consejo Nacional de Laicos y la Fundación Cultura de la Vida Humana.

Hay una segunda generación de organizaciones católicas pero no abiertamente como Fundación Marido y Mujer o el Foro Nacional de La Familia que se describen como aconfesionales aunque están lideradas y conformadas por una mayoría de personas próximas al catolicismo.

Paralelamente, están las organizaciones lefebvristas o las próximas al catolicismo integrista. Dentro de ellas estuvo la Procuraduría al menos durante los períodos de Alejandro Ordóñez, así como la Asociación Colombiana de Juristas Católicos que fue creada por un antiguo procurador delegado de Ordóñez, llamado Juan Carlos Novoa.

LSA: De acuerdo a su artículo, entre 2009 y 2015, la lucha de la Iglesia Católica por imponer su modelo de familia fue llevada a cabo a través de “laicos intransigentes que evangelizan la política” y “católicos integristas que defienden el establecimiento de un estado confesional”. ¿Quiénes son?

L.M.: El catolicismo no es un bloque homogéneo. Simplificando mucho, se puede decir que, a partir de la Revolución Francesa, hay una gran división entre dos ramas : una que está de acuerdo en amoldar las creencias religiosas al mundo moderno y otra que no está dispuesta a transigir y que quiere que se mantengan las creencias sin ningún tipo de compromiso con los ideales de la modernidad.

Los laicos intransigentes, como su nombre lo indica, no quieren transigir con el mundo moderno. Se caracterizan, entonces, por ser muy apegados a las enseñanzas del Magisterio romano, sobre todo en los temas de ética sexual. Cariturizándolo de alguna forma, si el Papa dice que no hay que planificar, un católico intransigente no lo hace, mientras que uno transigente puede que sí lo haga.

Por estos motivos es que tú puedes encontrar organizaciones de laicos que luchan a favor del matrimonio gay o del aborto como pasa, por ejemplo, en Francia con la organización David et Jonathan o en Colombia con Católicas por el Derecho a Decidir.

En todo caso, yo ya no se si usar más la expresión “laicos intransigentes”, creada por el historiador y sociólogo francés Emile Poulat, porque tiene una connotación histórica ligada a la Revolución Francesa que, como ya mencioné antes, fue un golpe durísimo para los católicos porque supuso el triunfo del paradigma de la laicización que ha marcado muchísimo la vida política francesa, mucho más de lo que lo ha hecho en las sociedades colombianas o estadounidenses en donde no hay tanto problema con las manifestaciones públicas de las creencias religiosas.

Ahora, al menos en Francia, siguiendo a Philippe Portier, se está prefiriendo usar las categorías de catolicismo de identidad y de catolicismo de apertura. Los primeros son muy apegados a los mandatos de Roma y el Papa, “son muy juiciosos” mientras que los segundos son más abiertos en muchos temas y no necesariamente están en contra de que se modifiquen reglas como el celibato de los curas, la posición de las monjas en la Iglesia o la prohibición del divorcio.

LSA: ¿Quiénes son “los católicos integristas que defienden el establecimiento de un estado confesional” según su artículo?

L.M.: Son los católicos, si me permite la expresión, que son más papistas que el Papa. Son los llamados católicos lefebvristas que formaron su propia Iglesia luego de que Monseñor Lefebvre fuera excomulgado por su oposición a muchos de los acuerdos del Concilio Vaticano II. Desde el punto de vista de la liturgia(misa), quisieron seguir dictando la misa en latín y de espaldas, por ejemplo.

Y, dese el punto de vista político, no estuvieron de acuerdo con que se reconociera la separación entre el Estado y la Iglesia ni la libertad de conciencia y de religión. Por eso es que tienen un pensamiento de extrema derecha, un pensamiento antidemocrático.

LSA: ¿Por qué centra su investigación en los católicos?

L.M.: Porque yo empecé la investigación mirando todos los expedientes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio y adopción y me di cuenta de que los católicos tuvieron un papel preponderante en el marco de esas discusiones.

También intervinieron otras iglesias cristianas (pentecostales, neopentecostales etc.), pero mucho menos. En ese primer momento del debate, no hubo una participación tan fuerte de otras iglesias cristianas, situación que claramente cambió luego, con toda la discusión sobre la “ideología de género” en las cartillas de los colegios, con el plebiscito por la paz y con el referendo en contra de la adopción.

LSA: Usted dice que ellos defienden la legislación civil tradicional para que el derecho legitime una antropología religiosa ¿Cómo es eso?

L.M.: Los activistas que estudié parten de la base de que el derecho tiene un poder simbólico que impacta la forma de pensar de los ciudadanos del común.

Cuando el derecho dice, por ejemplo, que el marido tiene la patria marital sobre la esposa, está legitimando la antropología religiosa según la cual, como los hombres y las mujeres son diferentes desde el punto de vista anatómico, intelectual, afectivo etc., cada uno tiene que tener un lugar y unos roles específicos en la sociedad.

LSA: ¿Usted dice que esos laicos intransigentes y católicas integristas no lograron que triunfara la idea central del catolicismo de que el hombre no puede gobernarse a sí mismo ¿cuáles son los efectos de eso en nuestra sociedad?

L.M.: Para mi, los laicos intransigentes y los católicos integristas perdieron la batalla, al menos en el marco del matrimonio y de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Al permitir que esas parejas se puedan casar y puedan adoptar conjuntamente, el Estado está mandando el mensaje simbólico de que las nuevas relaciones conyugales y parentales encuentran su justificación en la voluntad de las personas que deciden vivir juntas o ser padres y no en una supuesta naturaleza humana que le imponga a uno determinadas formas de vivir.

Ese nuevo mensaje puede tener muchos efectos en la sociedad, comenzando por un mayor respeto hacia las familias diversas pero ojo porque un cambio en el derecho no se traduce per se en un cambio social.

LSA: ¿Los movimientos colombianos católicos están articulados internacionalmente?

L.M.: No podría afirmar que estén articulados pero el uso que hacen del lenguaje de los derechos humanos es igual en México, en Francia y en otros países y, en ese sentido, es un fenómeno internacional. En todos esos países, los activistas pueden aumentar su poder de convicción al usar un lenguaje que es hegemónico porque el modo de legitimación del poder político actual reposa en el respeto de los derechos fundamentales y humanos. Y esto con un segundo gran beneficio y es que que no tienen que cambiar sus creencias.

LSA: ¿Hasta qué punto en una sociedad que ha sido culturalmente católica como la colombiana, no sólo los activistas católicos que usted estudió son quienes hacen una apropiación religiosa del lenguaje del derecho, sino también muchos funcionarios públicos, de una manera quizá inconsciente?

L.M.: Quizá esto ayude a resolver esta pregunta. Como lo demuestran Vela Barba y Madrazo Lajous, muchos operadores jurídicos usan el método de interpretación “teleológico conceptual” que creó Santo Tomás de Aquino y que fue retomado por los teólogos y juristas de la Segunda Escolástica para sistematizar todas las reglas del derecho contractual romano.

Al hacerlo, crearon toda la doctrina moderna de los contratos, desde el de compraventa hasta el de matrimonio.

Esa doctrina moderna, que es la que le enseñan a uno en las facultades de derecho, presenta los contratos como esencias que tienen fines fijos. Desde esa perspectiva, muchos abogados que no son católicos, creen que el contrato de matrimonio sólo puede ser contraído entre un hombre y una mujer o que la compraventa implica necesariamente el intercambio de un bien por un precio, que es una cosa y no, una convención humana por lo que se pueden modificar sus elementos.

Entonces, aunque no lo quieran o lo sepan, vehiculan ideas católicas como que el contrato de matrimonio no es una creación del intelecto humano sino una institución natural, una cosa que nos es dada previamente, como un caballo o una cebra.

Silla Académica

El “problema grande” que el General Montoya quería ocultar

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El General Mario Montoya Uribe comandó el Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, el periodo en el cual ocurrieron la mayor cantidad de falsos positivos. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre el 36 por ciento de las bajas reportadas por el Ejército durante la comandancia de Montoya –muchas, quizás la enorme mayoría, son sobre falsos positivos.

Montoya consistentemente ha negado toda responsabilidad en estos casos. Pero las evidencias que hemos descubierto sugieren que él habría ordenado a sus tropas que ocultaran indicios sobre estos graves abusos. Veamos: 

En junio de 2007, según un radiograma militar al que tuvo acceso Human Rights Watch, Montoya le ordenó: “Ojo el celular nos está haciendo daño, la Fiscalía nos está investigando” (ver documento aquí). Seis meses después, en diciembre, insistió con una orden similar en su programa radial: “se debe tener mucho cuidado con lo que se habla por los celulares, estos medios no son seguros… además posibilitamos que nuestro léxico sea mal interpretado y usado en forma tergiversada en estrados judiciales” (ver documento aquí).

Montoya también parecía preocupado porque sus propias conversaciones con las tropas fueran usadas en procesos penales. En noviembre de 2007, cuando avanzaban las primeras investigaciones por falsos positivos, le dijo a sus subordinados que a partir de ese momento “grabar [su] programa se convierte en una falta disciplinaria (información reservada)” (ver documento aquí). La orden figura en un libro de programas bajo el nombre de “procer 6” que, según nos indicaron dos miembros de la institución, es el indicativo en el código de comunicaciones radiales del comandante del Ejército. Montoya repitió la misma advertencia en varias ocasiones posteriores, según documentos a los que tuvimos acceso.

A medida que los falsos positivos generaron mayor preocupación nacional e internacional, el Ejército fue desmantelando algunos de los incentivos perversos detrás de esos asesinatos. Por ejemplo, derogó una política que daba permisos a los militares que reportaran bajas en combate, así como una directiva que Human Rights Watch reveló en 2017 que establecía el número específico de bajas y capturas que debía reportar un comandante para recibir la “condecoración de servicios distinguidos”. (Presentaré más información sobre estos perversos incentivos en el próximo artículo de esta serie).

Lo llamativo es que Montoya ordenó que las copias de estos documentos fueran incineradas. En abril de 2008, ordenó a sus tropas: “desmontar la política de permisos por muertes en combate, incinerar esas directivas, sin actas”. Esa orden figura en un libro militar de la brigada 30 titulado “Programa Comandante del Ejército” (ver documento aquí).

De forma similar, en otro libro militar, encontramos una inscripción que indica: “orden. La directiva… donde se otorgaba medalla de orden público debe ser incinerada” (ver documento aquí). Según testimonios que Human Rights Watch develó en 2016, dos generales declararon ante la Fiscalía que incinerar las directivas no era la forma legal ni habitual de derogarlas. Uno de los generales dijo que la orden provino de Montoya. Y un documento que revelamos en 2017 lo corrobora. 

Los casos de Soacha, hace 10 años, obligaron al gobierno del entonces presidente Uribe a finalmente tomar cartas en el asunto para frenar los falsos positivos. El 29 de octubre de 2008, 27 oficiales y suboficiales fueron retirados del Ejército en relación con estos casos.

La reacción de Montoya frente al retiro de estos oficiales, que hoy damos a conocer por primera vez, deja en evidencia su nerviosismo por el hecho de que alguna vez tendría que rendir cuentas por estos crímenes. En el programa radial del Ejército de esa mañana, Montoya le expresó a los oficiales retirados su “dolor de comandante”. Dijo que “confiaba” en ellos y tenía “certeza absoluta que ninguno de ustedes cometió algún delito”. Podría tratarse, en todo caso, de “fallas administrativas”, dijo Montoya (ver documento aquí).

Pero antes de terminar su programa radial de esa mañana, Montoya ordenó: “comandantes, tómense el tiempo necesario para consolidar” la “documentación de las muertes de combates”. 

“Se nos viene un problema grande”, agregó (ver documento aquí). El General Montoya tenía razón: a medida que descubrimos más documentos, más grande parece ser su problema.

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La JEP, el personaje del año

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La Jurisdicción Especial de Paz ha sido perseguida desde su origen. El objetivo es deslegitimarla para que las cosas que allí se revelen queden siempre en entredicho. Algunos medios de comunicación, el uribismo e incluso el Fiscal General han construido la tesis de que ese tribunal está diseñado para proteger a las Farc.

Muchos le temen a la JEP, porque ahí se concreta ese hecho incuestionable de que en el marco del conflicto armado cometieron crímenes atroces no solo las Farc, sino agentes del estado, éstos últimos en connivencia con grupos paramilitares, empresarios y políticos.

El ataque ha sido sistemático y disciplinado: cuestionaron la forma de selección de sus miembros, propusieron y lograron que no todos los intervinientes en el conflicto estuvieran obligados a ir, han tratado de desmembrarla con salas especiales, todos los días la fustigan con los ejércitos de mercenarios que actúan desde las redes sociales, les cuestionan sus competencias, les recortan el presupuesto.

Eso y la restitución  de tierras es lo único que verdaderamente les molesta del acuerdo de paz, lo demás lo cuestionan para sintonizarse con los ciudadanos comunes y corrientes a los que les molestan los beneficios jurídicos que se concedieron a los miembros de las Farc. La verdad es que los que más se han rasgado las vestiduras por la “impunidad” que generó el acuerdo lo que quieren es mantener no solo en la impunidad, sino en la invisibilidad a otros actores que nunca han respondido como debieran.

Era mejor seguir como veníamos, es decir sin justicia así paradójicamente, también los ex guerrilleros de las Farc se favorecieran de esa impunidad. Pasaron casi cincuenta años y ni un solo miembro del Secretariado de las Farc estuvo en la cárcel. Tirofijo  y Jacobo Arenas se murieron de viejos sin haber pagado un día de cárcel.

Pasaron cincuenta años sin que las Farc, en su condición de victimarios, hubieran entregado un solo bien o el Estado se los hubiera quitado para reparar a las víctimas.

Pasaron cincuenta años y las víctimas no tenían donde hacer la catarsis de su dolor y reclamar justicia, una de verdad: reparadora. Allá llegaron las madres de jóvenes asesinados de la manera más indolente posible para hacerlos pasar por guerrilleros. Allá desahogaron su dolor los políticos que las FARC mantuvieron  secuestrados durante años sin ninguna consideración por la dignidad humana.

Allá han llegado delincuentes de todos los pelambres buscando beneficios convencidos que, sin aportar a la verdad, ni a la reparación los van a tener y se van a llevar una sorpresa.

Esta semana, como lo será durante muchas, la JEP fue permanente fuente de información y blanco de todo tipo de críticas incluso las más insólitas.

La senadora Paloma Valencia anunció una vez más que recogería firmas para derogar la JEP, después de fracasar en el intento de hacer aprobar en el Congreso un proyecto para desarmarla.

El Fiscal planteó un curioso conflicto de competencia cuyo resultado sería que los bienes que las Farc no hayan declarado pero que el Estado identifique no vayan a reparar a las víctimas como siempre todos han dicho que debe ser.

Le llovieron rayos y centellas a la JEP por darle una nueva oportunidad a la Fiscalía de enmendar la plana en el caso de la extradición de Santrich. No manda las pruebas y las que manda las manda mal, sin embargo, la JEP le da un nuevo término para no hacer lo que otro juez haría que sería certificar que no se ha probado el incumplimiento del acuerdo y que, por tanto, no procede seguir con el trámite de extradición.

Se presenta la decisión de la JEP como una prueba de querer favorecer al ex guerrillero cuando en realidad lo que busca es conseguir las pruebas que hasta ahora no tiene para facilitar la extradición.

No pasaron 24 horas desde cuando se le venció el término a alias El Paisa para responder a un requerimiento y la JEP inició el incidente que terminará con la declaratoria de pérdida de beneficios. Los innumerables delitos que ha cometido pasarán a ser de conocimiento de la justicia ordinaria y podremos comparar cuál resulta más eficaz para satisfacer el derecho a la justicia que tienen las víctimas.

La JEP seguirá en el ojo del huracán, entre más y mejor cumpla su tarea será más cuestionada y el esfuerzo para recoger firmas para derogarla será mayor.

Cuando dentro de algunas semanas se haga el balance del año, sin duda esa Institución tendrá lugar especial y así será también en el 2019 y en varios años más si es que no la logran acabar para conseguir que sigamos como veníamos: sin justicia para el conflicto armado.

 
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‘El Paisa’ quiere mostrar que no se ha salido del proceso de paz

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Alias ‘El Paisa’, el ex comandante de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc a quien la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, va a investigar para ver si le incumplió al proceso de paz, quiere demostrar que no es así. La Silla Sur tuvo acceso a parte de su estrategia que busca dejar el mensaje de que quiere seguir bajo el paraguas del Acuerdo, algo que pone a prueba la legitimidad de la JEP.

La semana pasada la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP decidió abrirle un incidente de verificación de cumplimiento.

Eso significa que arranca un pequeño proceso judicial para ver si está cumpliendo con los compromisos del Acuerdo o no, porque fue el único de los 31 ex jefes que no envió un informe sobre lo que ha hecho para cumplir con esos compromisos entre junio y septiembre, cuando la misma Sala lo pidió.

Durante el incidente, tanto la JEP como la defensa del ex comandante guerrillero y las víctimas pueden pedir pruebas y presentar alegatos, para que la Sala decida si incumplió o no.

Lo que pase con este caso va a ser clave para la legitimidad de la JEP porque, según como avance el proceso, puede fortalecer o dejar sin piso las críticas del uribismo y la derecha de que esta justicia supuestamente está montada para exonerar ex guerrilleros.

La defensa

‘El Paisa’ no solo no envió su informe la semana pasada, sino que lleva meses sin darle la cara a la JEP.

 

En el auto del viernes en el que explica su decisión, la Sala de Reconocimiento cuenta que luego de abrir el primer proceso macro de secuestros de las Farc citó a una diligencia pública el 13 de julio a los ex comandantes involucrados en ese caso. 'El Paisa' no fue ni mandó abogado, mientras que sí fueron comandantes como Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Carlos Antonio Lozada o Pablo Catatumbo.

A comienzos de septiembre la Sala se enteró por Andrés Stapper, director de la Agencia Nacional de Reincorporación (que le hace seguimiento a todos los proyectos productivos en los espacios de capacitación) que tampoco sabían donde estaba ‘El Paisa’.  A eso se sumó la alerta de la Misión de la ONU que decía que había seis dirigentes de unos espacios de capacitación del sur perdidos.

Por esas alertas el 10 de septiembre la Sala de Reconocimiento decidió pedirle a 31 ex comandantes informes individuales de qué han hecho.  'El Paisa' fue el único que no lo mandó, y por ello le abrieron el incidente de verificación de cumplimiento.

Ahora él y su defensa tendrán cinco días, contados desde que sean notificados de la apertura del incidente, para pedir y hacer llegar pruebas a la Sala de Reconocimiento para argumentar que sí está cumpliendo el Acuerdo, antes de que el mini proceso que es un incidente siga adelante y la Sala decida.

Es en ese punto en el que Diego Martínez, asesor jurídico y coordinador del equipo de defensa de la Farc, le dijo a La Silla Sur que ‘El Paisa’ sí va a defenderse.

Martínez explicó que ‘El Paisa’ sustentará su defensa en “mostrarle a la JEP todos los gestos públicos que después del desarme, muestran que él sí está comprometido con el proceso”.

En concreto, como la Sala de Reconocimiento dijo que desde junio de este año no hay evidencias que muestren que ‘El Paisa’ mantiene sus compromisos, porque así consta en un reporte de la ANR de finales de septiembre, mostrarán una carta de ‘El Paisa’ del 4 de julio, en la que le pidió a la Comisión de la Verdad hacer parte del proceso de esclarecimiento del conflicto (aunque su juez es la JEP y no la Comisión).

 

La Comisión le confirmó a La Silla que la carta les llegó y que le contestaron agradeciéndole su intención.

La defensa también va a presentar como prueba que el proyecto productivo del espacio de capacitación de Miravalle, en San Vicente del Caguán y que lideró ‘El Paisa’, es uno de los más avanzados del país.

También va a presentar la carta que él e Iván Márquez, ex jefe de la delegación negociadora en La Habana, le mandaron a la Comisión de Paz del Senado el 22 de septiembre en la que si bien critican a su partido y al proceso de implementación, dicen que su sueño “sigue siendo la paz de Colombia”.

El debate será si esas evidencias bastan para probar que está cumpliendo con el Acuerdo, porque entre las condiciones para que se entienda que sí está, además de dejar las armas, está la “obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral”.

Y, por lo menos hasta donde se sabe por la información pública y la que pudo recoger La Silla Sur hablando con tres fuentes de la Farc, no hay acciones de ‘El Paisa’ que muestren que siguió comprometido con la reincorporación después de que, en agosto, se fue del espacio y lo reemplazó en Miravalle alias ‘El Corcho’.

Ese debate jurídico, las pruebas que aparezcan y la decisión que tome la Sala impactarán la legitimidad de la JEP, que ha sido criticada desde que se conoció el Acuerdo por varias voces del uribismo. 

Los efectos

El solo hecho de tomar la decisión de abrirle un incidente de verificación de cumplimiento a uno de los ex comandantes más sanguinarios, recordado entre otras cosas por la toma del Edificio Miraflores en Neiva y por la bomba del club El Nogal de Bogotá, ha sido leído como una muestra de que la JEP no es blanda con los miembros de las Farc. 

Eso ha debilitado las críticas de la derecha de que ésta es una justicia hecha a la medida de los exguerrilleros.

Sin embargo, el debate sigue abierto. De hecho, solo frente a la decisión de abrir el incidente, se nota en el contraste entre las reacciones de la congresista Verde Juanita goebertus, quien trabajó en el equipo negociador del Gobierno en La Habana. 

Y el subdirector de RCN Noticias y crítico del Acuerdo, José Manuel Acevedo.

Esa percepción de que con El Paisa la JEP va supuestamente a mostrar que está del lado de la Farc se nota en otros casos.

Las reacciones muestran que la decisión que tome la Sala tendrá impacto en ese pulso sobre la legitimidad de la JEP, especialmente porque es la primera decisión de fondo, así no sea todavía una sentencia, sobre un ex comandante guerrillero.

Si concluye que no tiene pruebas suficientes para decir que hubo un incumplimiento, seguramente arreciarán las críticas de la derecha. Si decide lo contrario, probablemente aumente la tendencia que existe entre algunos sectores de la Farc, justamente encabezados por ‘El Paísa’ o Iván Márquez de decir que el Estado les hizo conejo, lo que debilitaría más la implementación.

Esos efectos probablemente serán menores entre más claridad haya sobre las pruebas y los argumentos, pero también las demás decisiones que vaya tomando la JEP.

Mientras tanto seguirán avanzando el proceso sobre secuestros, con audiencias que le dan legitimidad a la JEP porque recuerdan la barbarie fariana, el de los mal llamados falsos positivos, que seguramente molestará a algunos militares y sus defensores, y el de reclutamiento de niños, que de nuevo será negativo para los ex guerrilleros.

Del balance de todas esas noticias, y probablemente del proceso paralelo sobre Jesús Santrich, se irá fraguando una imagen que puede ayudar a sacar adelante la JEP, después de su difícil inicio rodeado de escándalos, o reforzar las dudas que la han acompañado desde que nació.

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La Reforma Política: el diablo está en los detalles

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La Reforma Política que se discute en el Congreso pone varias cosas en juego como el poder de los partidos o la cantidad de mujeres en el poder, entre otras. Aunque todavía falta mucho por definir hay varias cosas que podrían cambiar.

En el podcast de esta semana invitamos a dos expertas de La Silla Llena para pensar las implicaciones de esta reforma. Ellas son Alejandra Barrios, directora de la Moe, y Silvia Otero, profesora de la Universidad del Rosario.  

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher y Akörde FD.

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Los asesores de los senadores son más políticos que técnicos

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Los 106 senadores actuales tienen 862 asesores contratados oficialmente por el Congreso, con recursos públicos.

A pesar de que la idea de esos cargos es que les ayuden a hacer una labor más sólida, tanto legislativa como de control político a los congresistas, en la práctica no necesariamente les dan ese uso.

Así lo muestran la trayectoria y las relaciones políticas de todos esos asesores, que cuestan más de $4 mil millones mensuales.

Construímos los perfiles con fuentes en las regiones, información que nos entregaron los mismos asesores y lo que nos contaron algunos senadores. Otros como Rodrigo Lara, de Cambio Radical, o todos los de las Farc, se negaron a darnos información.

Como datos curiosos encontramos que aunque cada congresista puede tener hasta 10 personas en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en el Senado en promedio tienen 8. También, hay ligeramente más mujeres que hombres, pues son el 52 por ciento.

Y como dato central, que los perfiles de los asesores muestran, con excepciones notorias, que la mayoría de quienes le hablan al oído a las 14 bancadas del Senado son mucho más políticos que técnicos.

En la segunda entrega de esta investigación, que saldrá esta semana, daremos más detalles de los miembros de las UTL por senador.

 

1

Muchos asesores no tienen ni pregrado

Alrededor del 40 por ciento de las UTL no son profesionales. De las 14 bancadas del Senado, la que tiene más asesores con título es la del movimiento cristiano Mira y la que menos es la del Partido de La U.

 
 
 

El 39 por ciento sin pregrado no han culminado sus estudios, son bachilleres, o incluso y según la información reportada en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público, solo cursaron la primaria.

Aunque eso se debe en parte a que algunos congresistas incluyen en su UTL conductores o  asistentes de tareas varias como mensajería o cafetería, también tiene que ver con que otros lo usan para pagar favores políticos.

 

 
2

La oposición concentra a los más preparados

Aunque en esencia las UTL sirven para asesorar al congresista y elevar el nivel de sus debates, y por eso, lo ideal es que vinculen tantos expertos como sea posible, de los 525 que son profesionales, menos de la mitad tienen posgrado o maestría.

De los que hay, la mayoría están concentrados en las bancadas que se declararon en oposición al gobierno de Iván Duque, con al menos a una tercera parte de sus asesores.

 
 
 
 
 
3

Casi 5 de cada 10 han sido funcionarios públicos

El 47 por ciento de las UTL han trabajado con el Estado antes de asesorar al congresista que los contrató. De hecho, en 7 de las 14 bancadas la mitad o más tienen esa característica.

 
 
 
 

Además, en promedio 2 de cada 10 UTL han prestado servicios para una entidad pública en el país.

 
 
 

Eso puede tener dos lecturas.

Una es que son personas con experiencia en lo público, lo que ayuda a la labor legislativa. Otra, que han sido cuotas políticas como funcionarios y ahora lo son como asesores legislativos.

Como fuere, su cargo actual muestra que están cerca del engranaje de poder que son los senadores y, sumado a las otra conclusiones, muestra que es probable que muchos sean cuotas políticas.

 
4

Las UTL se usan para pagar favores políticos

El Partido Liberal es en el que más repite una práctica que refuerza más el clientelismo que el nivel del debate público, pues dos de cada 10 de los asesores de sus senadores son familiares de algún político local.

 
 
 

El Partido Conservador sigue de cerca al liberal en familiares de políticos locales y, con tres casos, es la bancada que tiene entre sus asesores a más familiares de congresistas actuales.

La nariñense Myriam Paredes  tiene de asesores al sobrino del representante, Felipe Muñoz, y a la pareja de la representante, Liliana Benavides, ambos sus ahijados políticos y elegidos con el aval azul. Además, el antioqueño Carlos Trujillo contrató al esposo de la representante Nidia Marcela Osorio, quien fue su fórmula en marzo.

Una tercera forma de este uso de las UTL, poner de asesores a los familiares de excongresistas, aparece no solo en el liberalismo y el conservatismo, sino en seis partidos más, incluidos los dos cristianos: Mira y Colombia Justa Libres.

 
 
 

Además hay favores interegionales, como el del senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien tiene de asesora a la esposa del parapolítico del Magdalena, Luis Eduardo 'Lucho' Vives, el de empresas del sur del país que pusieron plata en campaña y ahora tienen cuotas asesorando a los congresistas, los que se trajeron a sus exfórmulas  a trabajar con ellos, o los que heredaron las UTL de  sus copartidarios.

 
5

Todas las bancadas tienen excandidatos dentro de sus asesores

En las 14 bancadas con representación en el Senado hay al menos un excandidato a un cargo de elección popular como asesor. En los partidos tradicionales es en los que más cupos les abren.

 
 
 
 

Esos mismos partidos también son los que más tienen dentro de su nómina a políticos que ya han ocupado algún cargo de elección popular. En Cambio Radical y el Partido Conservador al menos 1 de cada 10 ya ha sido concejal, diputado, alcalde o gobernador.

 
 
 

 

 

Acá puede ver la base de datos por bancada.

 

Silla Nacional
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Los asesores de los senadores son más políticos que técnicos

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Resumen: 

Estas son las historias de La Silla para arrancar la semana.

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Los asesores de los senadores son más políticos que técnicos
‘El Paisa’ quiere mostrar que no se ha salido del proceso de paz
La Reforma Política: el diablo está en los detalles
La JEP, el personaje del año
Las cinco cosas que dejó claras el debate petrolero en Barranca

Más caramelo político y diplomático para uribistas del Pacífico

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El viernes quedaron confirmados dos nuevos nombramientos a políticos del Pacífico que ayudaron en la campaña presidencial del hoy mandatario Iván Duque. Ese día Presidencia publicó las hojas de vida de Brasilia Romero para dirigir Prosperidad Social en el Valle y del exsenador nariñense Manuel Enríquez Rosero como embajador en Ecuador.

Ambos cargos demuestran nuevamente la línea del Gobierno Duque de nombrar en cargos intermedios del DPS a aliados uribistas, y de pagar favores electorales con embajadas, como contamos la semana pasada.

La nueva cuota uribista en Prosperidad Social

 

Lo primero queda claro con el caso de Brasilia Romero Sinisterra, una contadora especialista en gerencia y política de carrera, que durante las últimas dos elecciones al Congreso ha intentado sin éxito tener una curul de la mano del uribismo.

En 2014 se quemó como candidata para la circunscripción afro a pesar de tener el respaldo del expresidente Álvaro Uribe. Este año quiso entrar al Senado pero sacó poco más de 4.600 votos.

Ha sido alcaldesa de Guapi, Cauca, y la década pasada fue candidata a varios cargos por el partido MIO, que en el Pacífico manejó el exsenador parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra.

Este es el tercer nombramiento en menos de tres meses el Departamento para la Prosperidad Social de funcionarios que son aliados del uribismo, el partido al que pertenece su directora nacional, la exsenadora valluna Susana Correa.

Allí ya están Carlos Bernal Díaz, director de infraestructura y hábitat, quemado en las elecciones a la Cámara del Valle, y Carolina Náder, directora de acompañamiento familiar y comunitaria, y exasesora de un senador uribista.

Ahora Romero será la encargada de manejar programas como Jóvenes en Acción y Familias en Acción, y en concreto deberá coordinar al ICBF, La Unidad de Víctimas y los programas de asistencia social para población de bajos recursos.

Un político de la frontera, camino de Quito

El caramelo más político es el nombramiento de Manuel Enríquez Rosero como embajador en Ecuador.

Enríquez es un abogado, especialista en derecho laboral y magíster en estudios políticos que ha hecho toda su carrera en el Congreso, primero como secretario de comisión y funcionario, luego como Representante y después como Senador del partido de La U, aunque del ala más uribista.

En estas elecciones legislativas decidió no buscar su reelección y, en su lugar, impulsó a su hermana Teresa Enríquez a la Cámara. Fue elegida con 53 mil votos.

Como contamos, Enríquez y su hermana le hicieron campaña a Duque desde el inicio, junto con la mayoría de la clase política nariñense. Teresa fue una de las congresistas que votó a favor de que su partido hiciera parte de la coalición de Gobierno hace tres meses.

Enríquez tiene la ventaja de conocer bien los asuntos de la frontera, como es común entre los políticos nariñenses, aunque no tiene trayectoria diplomática.

Probablemente tenga que manejar asuntos complejos como el paso de ciudadanos venezolanos por la frontera, el manejo de grupos criminales y narcotráfico como el de alias Guacho en la frontera sobre el Pacífico, o la reanudación de la aspersión contra los cultivos de coca, que en 2008 llegaron a una demanda de Ecuador contra Colombia por los daños del glifosato que arrastraba el viento al otro lado de la frontera.

 

Silla Pacífico
Susana Correa Borrero

Susana Correa Borrero

Directora del Departamento de Prosperidad Social

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Hoy se salva Carrasquilla

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Aunque la votación de la moción de censura contra el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, será hoy desde las 3 de la tarde en la Plenaria de la Cámara, ya está claro que se va a salvar.

Eso le va a dar un impulso político que pondrá en juego hoy mismo o mañana, cuando presente una reforma tributaria bajo la bandera de asegurar ingresos por 14 billones de pesos el próximo año para que el presupuesto que aprobó el Congreso al Gobierno no incumpla la regla fiscal.

La decisión es evidente por lo menos tres razones:

  • La estructural es que la oposición la tiene difícil para sumar la mitad más uno de los 171 votos de la Cámara, que necesita una moción para salir aprobada.

Aunque la Cámara no es tan gobiernista, si los independientes se suman a la oposición quedan a cuatro votos de la cifra mágica de 86 votos. Eso, que obligaría a convencer a algunos gobiernistas, hace que haya un menor incentivo para que los independientes se vayan contra el Gobierno que si hubiera mayores opciones de derrotarlo.

  • La política es quela mayoría de bancadas están en plan de mantener buenas relaciones con el Gobierno, incluso sin denominarse gobiernistas.

A pesar de que el presidente Iván Duque no les ha dado mayor juego burocrático, las bancadas siguen prefiriendo mantener buenas relaciones con el Gobierno.

Eso quizás porque su Alto Consejero para la Política, Jaime Amín, se ha comprometido a mantener la que hoy hay en las regiones; a lo mejor porque algunos congresistas recuerdan que Álvaro Uribe empezó sus gobierno sin darles puestos pero tras la derrota en el referendo de 2003 empezó a hacerlo; o sencillamente porque, como nos han dicho decenas de congresistas de varios partidos, están a la espera de que se defina cómo será esa relación, y prefieren estar del lado gobiernista que del de oposición.

  • La concreta es que lo que se va a votar una proposición que firmaron 120 de los 171 los representantes contra la moción.

Por eso desde el miércoles pasado, cuando se hizo el debate de la moción en la Cámara, quedó claro que Carrasquilla se iba a salvar.

Nada ha cambiado en estos días y de hecho el Gobierno ha postergado la presentación de la ley de financiamiento, que encierra una reforma tributaria y varias medidas para el programa que Carrasquilla y Duque han llamado de reactivación económica, para evitar que se cruce con la moción.

Probablemente cuando la presente, hoy o mañana, el debate se centrará en ese proyecto, que promete traer grandes discusiones sobre asuntos como el IVA a la canasta familiar, la reducción del IVA, la creación de beneficios tributarios, la reducción del impuesto de renta a las empresas o el impuesto al patrimonio.

Por esas razones, la votación de hoy no encierra sorpresas, pero eso no quiere decir que las cosas se pongan más fáciles para el Gobierno o para Carrasquilla.

Silla Nacional
Alberto Carrasquilla Barrera

Alberto Carrasquilla Barrera

Ministro de Hacienda y Crédito Público

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