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El Clan del Golfo está golpeado, pero creciendo

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Aunque fue el grupo armado organizado del país que recibió más golpes el año pasado, el Clan del Golfo perdió protagonismo en la agenda nacional luego del fracaso de la ley de sometimiento hecha a su medida, y con los ojos del Gobierno puestos en el ELN tras la bomba de la Escuela General Santander.

Este año, las noticias hablan de que el Clan está débil por los golpes de la Fuerza Pública y de la guerra que le están armando una disidencia suya y ex Farc en Antioquia. Pero eso no quiere decir que ese grupo, residuo del EPL y las AUC, esté de capa caída.

La mano dura

Desde que llegó a la Presidencia, Iván Duque tomó dos decisiones que le dan duro al Clan.

  • Impulsó la Operación Agamenón, que se inventaron el gobierno de Juan Manuel Santos y la Policía en febrero de 2015 para atacar a los cabecillas del Clan en Urabá, y que comenzó su segunda fase en junio de 2017, con Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

    Agamenón impactó con la muerte de ‘Gavilán’, el cerebro de la estrategia para matar policías en Urabá y coordinador de operaciones de tráfico de droga en Córdoba, e ‘Inglaterra’ encargado militar en Urabá; y la captura de ‘Nicolás’, mano derecha de ‘Otoniel’, en una finca en el Oriente antioqueño.

    Duque relanzó la campaña como Agamenón 2 plus, que despliega los mismos 2.500 hombres de la operación anterior en el Darién, el Bajo Cauca, Chocó, Urabá y Córdoba, y en la que los militares trabajan de la mano de los comandantes de policía de los municipios para atacar cabecillas.

    El año pasado esa campaña logró la muerte de alias el Indio, hombre clave de la estructura Julio César Vargas del Clan, que se pelea el territorio en Tarazá con los Caparrapos.

    También la captura de tres cabecillas: ‘Guillermo’, primo de ‘Otoniel’ y encargado de las finanzas del Clan; y ‘Valencia’ y ‘El Mocho’, que movían la droga de la estructura de ‘Guillermo’, hacia zonas costeras de Antioquia y Córdoba.

  • Lanzó la fuerza de Tarea Aquiles, con 4.500 hombres para luchar en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, donde desde comienzos del año pasado crece una guerra entre el Clan y una disidencia suya, el frente Virgilio Peralta Arenas o “Caparrapos”; y donde hay ELN y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc.

    Aunque esa estrategia va dirigida contra todos, golpea al Clan porque con la salida de las Farc y mientras el Gobierno está enfocado en combatirlo en Urabá, encontró en esa zona un espacio de expansión y repliegue.

    Eso ayudó. Según una fuente de la Fuerza Pública, que no da su nombre porque no es vocera, “antes del 7 de agosto no dábamos abasto con unos 800 hombres, ni teníamos directriz clara, y luego del cambio de Gobierno nos triplicaron los hombres”.

    La nueva directriz es hacer mucha más inteligencia con infiltrados en los territorios e interceptación de llamadas, además de poner unidades militares y policiales en cada uno de los municipios.

    Ese aumento de hombres se ha sentido, por ejemplo, en Tarazá. Allí, según la alcaldesa Gladys Rebeca Miguel, pasaron de tener 15 policías a más de 80, y ahora hay presencia militar permanente en el casco urbano y en los corregimientos.

Los golpes

Las capturas y muertes han golpeado al Clan.

Según explicó a La Silla un experto en crimen organizado que pidió no citarlo por razones de seguridad, no es fácil reemplazar a cabecillas con experiencia, pues casi todos venían del EPL y las AUC, conocían los territorios, tenían contactos de narcos y credibilidad dentro de la organización.

“El estado mayor ha sido muy golpeado, han perdido una generación entera. Esta nueva cúpula no tienen el mismo perfil y estatus en el hampa”, le dijo a La Silla Jeremy McDermott, codirector del think tank de crimen organizado Insight Crime.

En eso coincide el general Jorge Mora, comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales, Fudat.

“Un ejemplo fue la captura de alias El Indio. A él lo reemplaza alias Cole, que estaba en el Occidente antioqueño controlando la minería ilegal; lo ponen a liderar la parte armada en el Norte. Empieza a cometer errores y muere también. Y así muchos otros”, nos dijo.

A esa debilidad de las cabecillas se suma que los hombres de camuflado y arma larga son cada vez menos a nivel nacional: según el general Mora en 2015 eran 3.126, y ahora son 1.590.

Los han tratado de reemplazar con integrantes que vienen de hacer sicariato en las ciudades, pero que, sin experiencia en el monte, son más fáciles de capturar.

La fuente extraoficial de la Fuerza Pública coincide en ese cambio: “cada vez son más fáciles los combates. Cuando les hacemos emboscadas, y ellos nos alcanzan a ver, tiran sus fusiles y arrancan a correr. Son muchachos sin experiencia”.

La mano dura no es la única que golpea

Otro factor que ha golpeado al Clan son sus disidencias y los aliados que se le voltean.

La disidencia más notoria son los Caparrapos, que opera en Tarazá y empezó a pelear con el Clan tras la muerte de alias Gavilán, que mandaba en la zona.

Prefirieron aliarse con otros grupos en su contra y se empezó a conformar un cargamontón que hoy suma a Caparrapos, ELN y grupos residuales de los frente 18 y 36 de las Farc.

Esa alianza buscar sacar por completo al Clan de la región desde el año pasado, según coincidieron fuentes del Ministerio Público y del Ejército.

Según cálculos de inteligencia de la fuerza pública, juntos triplican ya el número de hombres del Clan: el ELN tiene 200 hombres armados; los residuales del 36 tienen 120 y los del 18 otros 30; y los Caparrapos se han triplicado desde el año pasado, y ahora cuentan con unos 230.

Frente a esos 580 hombres, el Clan tendría unos 160 hombres en Cáceres, Tarazá, Nechí y Zaragoza; pero cuenta con el refuerzo de 850 hombres de la estructura central de Urabá.

Hay otra posible disidencia del Clan del Golfo en la rivera del río Nechí, en El Bagre, Zaragoza y Caucasia. Se trata del frente Francisco Morelos Peñate, que desde septiembre ha publicado panfletos amenazantes contra integrantes del Clan y se estaría uniendo a los Caparrapos, según una alerta temprana de la Defensoría de enero pasado.

También juegan contra el Clan los aprendizajes de pequeñas bandas urbanas que ha subcontratado para moverles droga a cambio de apoyo para su expansión en Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Cali, Barrancabermeja y Puerto Wilches.

Algunas de esas bandas, como contamos en esta historia, están haciendo negocios directamente con mafiosos extranjeros, a lo que antes tenían acceso exclusivamente los capos extraditados o muertos.

Eso ocurre, por ejemplo, con la banda Pachenca en Santa Marta, que les ha servido para coordinar la logística de la droga que saca y que recibe, pues se ha estado fortaleciendo de un año para acá, controlando la entrada y salida de cargamentos por la costa atlántica.

Pero justamente esa estrategia marca la otra cara de la moneda.

Aún así, hay expansión

A pesar de los golpes, y de que haya una fuerza dedicada a golpear a sus cabecillas, el Estado no ha podido dar con su máximo jefe, ‘Otoniel’ que, según la última información pública, se ha estado moviendo en las montañas del Norte antioqueño.

Mientras no den con ‘Otoniel’, “uno de los mafiosos más poderosos y con más historia en el país”, según el director de Insight Crime, Jeremy McDermott, el Clan seguirá con fuerza.

Prueba de eso es que en Urabá sigue teniendo el control de las rutas de narcotráfico, y de la extorsión y del microtráfico, según información de la Defensoría, además de que está controlando con mayor intensidad el tráfico de migrantes en la frontera con Panamá.

Para eso es clave la capacidad del Clan de moverse territorialmente.

“La violencia sigue siendo la misma, pero cambia de territorios. En la medida en que ocurren las operaciones militares, las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo se va moviendo entre municipios”, nos explicó un funcionario.

El fortalecimiento de otros grupos, más las incautaciones en los puertos y en Urabá principalmente, hace que el Clan se haya expandido al Occidente y el Oriente antioqueños, para controlar el microtráfico y la extorsión.

Eso, porque “la mercancía se puede perder y le sale más barato venderla acá”, nos dijo una fuente de la Policía.

“Entre más pierden la capacidad de sacar droga y mientras bajen sus rentas, más se meten a extorsionar y secuestrar para controlar el microtráfico en las regiones”, nos dijo el general Mora.

También han ido bajando del Darién chocoano al Bajo Atrato y el sur de Chocó, donde se están peleando el territorio con el ELN desde el 2017, luego de la salida de las Farc. Actualmente estarían en 15 de los 30 municipios del departamento, según la Defensoría.

Eso ha traído un aumento en las extorsiones a comerciantes en las cabeceras municipales y en la zonas rurales a las empresas madereras y ganaderos.

Lo mismo pasa en Norte de Santander, donde el Clan silenciosamente se ha ido expandiendo más allá del control de la frontera en el Área Metropolitana de Cúcuta, que comparten y se disputan constantemente desde hace nueve años con Los Rastrojos.

Según una fuente del Ministerio Público, desde que se fueron las Farc su accionar se ha hecho menos visible, y ya no aparecen panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas.

Sin embargo, eso respondería a una estrategia para mantener un bajo perfil y sostener el control sobre la frontera, que ha crecido desde que Venezuela la cerró en 2015.

De ahí, por ejemplo, que haya bandas mediáticas en Cúcuta, como La Línea que, aunque hacen parte de la estructura del Clan, operan sin mostrar esa relación.

“Entre ellos no se refieren a las Autodefensas Gaitanistas ni hablan de frentes sino a ‘la organización’, de forma muy genérica”, nos dijo la fuente del Ministerio Público que conoce la región.

Incluso en el Bajo Cauca, a pesar de la expansión de los Caparrapos, se está empezando a notar una movida del Clan para regresar a Cáceres, que en 2018 perdieron frente a sus disidencias.

Para eso “están llegando refuerzos de Chocó y Urabá”, le dijo a La Silla una fuente del Ministerio Público, y por eso los desplazamientos con los que arrancó el año, que habían bajado a finales del año pasado con la avanzada de los Caparrapos.

“En estos dos meses van 24 homicidios y todos los días se nos están yendo personas por la disputa entre Clan del Golfo y Caparrapos. Tenemos las declaraciones de 170 personas desplazadas”, nos dijo Ánderson Piedrahita, personero del municipio.

“Con la Fuerza de Tarea Aquiles, que ha logrado disminuir la confrontación abierta en zona rural, eso ha logrado bajar los desplazamientos. Pero el crimen más urbano, la disputa por las plazas de vicio, el microtráfico, entre otras, no las han podido combatir”, nos dijo la fuente del Ministerio Público.

En eso coincidió nuestra fuente extraoficial de la fuerza pública. Dijo que la presión que están metiéndole al Bajo Cauca, más allá de acabar con el Clan del Golfo, puede llevar a que sus hombres se quiten el uniforme y actúen como milicianos, para seguir delinquiendo pero con perfil bajo.

Todo eso porque el Clan tiene recursos, de narcotráfico y minería ilegal, para pagar 1 millón 500 mil pesos a quienes trabajan para ellos en el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño y el sur de Córdoba.

Algo parecido pasa en Nariño, donde en el último año el Clan ha tenido un crecimiento silencioso pero importante: de un 500 por ciento con respecto a años anteriores, pasando de 20 a más de 100 hombres en un año, según le dijo a La Silla Vacía una alta fuente militar del departamento.

Eso porque sus ingresos por narcotráfico les permiten “comprar armamento de última generación y pagar salarios de 1 millón y 1 millón 800 mil pesos”, según esa fuente.

El plan a futuro del grupo, según inteligencia del Ejército, es expandirse a Tumaco -el municipio con más coca del mundo con 19 mil hectáreas- y toda la costa nariñense retomando las alianzas que ya tenían con la disidencia de Guacho,.

De concretarse ese plan, la guerra que actualmente se libra en la zona rural de Tumaco podría ser más violenta aún, teniendo en cuenta que allá desde inicios de este año como contamos hay una guerra por la ruta narco entre las disidencias y el grupo que lidera el narcotraficante alias Contador.

Por esa guerra este fin de semana 150 colombianos llegaron desplazados a Ecuador.

Incluso, en Nariño y en el Bajo Cauca, el Clan está reclutando venezolanos sin experiencia en armas, que igual alimentan sus filas y mantienen viva la guerra.

Con ese panorama, el caso del Clan, el grupo armado organizado más grande del país, muestra las dificultades para terminar un conflicto que si bien se redujo con la salida de las Farc, sigue vivo en estas y otras zonas del país.

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Las conexiones políticas del detenido fiscal de la JEP

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El abogado Carlos Julián Bermeo Casas, el fiscal de la Unidad de Investigación y Análisis de la JEP que tiene en el centro de la polémica a la justicia especial por haber recibido 40 mil dólares para, según la Fiscalía incidir en la extradición de Jesús Santrich con el exsenador Luis Alberto 'El Tuerto' Gil, viene desde hace años tratando de ganar un espacio político en Popayán, donde nació hace 45 años.

Para eso se ha codeado -muchas veces sin éxito electoral- no solo con Opción Ciudadana, el partido que creó el exsenador parapolítico también detenido en este escándalo, sino ha logrado conectarse con políticos de Cambio Radical y La U.

Más recientemente con dos congresistas elegidos por primera vez el año pasado: el senador y barón electoral caucano, Temístocles 'Tito' Ortega (Cambio Radical) y el representante Faber Muñoz (La U), a quienes ayudó en la campaña a través de donaciones y votos, respectivamente, según nos dijeron, por aparte, 14 fuentes políticas de Cauca consultadas para esta historia.

Entre 'El Tuerto', Faber y 'Tito'

Bermeo aparece en la escena política payanesa cuando gana un puesto en el Concejo de la capital con el aval de Convergencia Ciudadana en 2003. El Partido, fundado en 1998 por Gil era una “colcha de retazos” en la capital del Cauca, como nos dijo un veterano político de allá.

En Convergencia, que cambió de nombre a PIN y luego a Opción Ciudadana en 2014, el control siempre ha sido de ‘El Tuerto’ y como hemos contado ampliamente en La Silla Vacía, en varias regiones se alió con cuestionados políticos como los excongresistas Yahír Acuña en el Caribe y Juan Carlos Martínez Sinisterra en el Pacífico.

Pero en Cauca el Partido ha sido liderado por Jaime Antonio Carmona, un líder comunal del municipio de El Bordo, según nos dijo un congresista del departamento.

Bermeo y Carmona son amigos y aliados políticos desde hace años.

Probablemente por esa cercanía fue que en 2015 Bermeo aspiró por el Antiguo PIN a la Alcaldía de Popayán, mostrándose como un político de renovación, “con una hoja de vida sin tacha, una carrera envidiable y un carisma atrayente”, como dice su video de campaña en ese momento.

No obstante, el PIN no era su primera opción para esas elecciones, sino La U. Su nexo allí fue el representante John Jairo Cárdenas, quien nos dijo que Bermeo lo apoyó en las legislativas de 2014.

“Era miembro de una iglesia evangélica. Él (Bermeo) tenía cierta relevancia allí, me llevó con el pastor, me reuní con la congregación”, nos dijo Cárdenas.

En agradecimiento por el apoyo Bermeo quería que Cárdenas le diera el aval de La U para la Alcaldía, pero el congresista lo negó porque “no le vi la suficiente fuerza electoral” y desde allí se alejaron.

Según nos contó el senador Roy Barreras, que para entonces era el Presidente de La U, Bermeo llegó con Cárdenas a la convención del Partido y “se tomó fotos con todo el mundo y nunca más lo volví a ver”. Pidió el aval pero no tenía derecho a él porque no era militante de la colectividad, que al final no tuvo candidato a la Alcaldía.

Si bien en la dirigencia no tuvo el apoyo, en La U lo respaldó públicamente la candidata Adriana Quiñónez, quien buscó la Asamblea del Cauca en ese momento (se quemó con 1.600 votos) y es esposa de Jaime Cardona, el del PIN en Cauca.

Bermeo se quemó en las elecciones con 3.003 votos, muy lejos del ganador César Christian Castro (70 mil) también metido en un escándalo judicial local que lo tuvo en prisión hasta la semana pasada.

De ahí Bermeo volvió a su negocio de litigar, a través de la firma Consorcio Mediar, de la que para ese momento decía que era gerente -aunque no encontramos registros públicos de la empresa-, en procesos contra el Estado por los que luego fue conocido, según nos contaron por aparte todos los consultados para esta historia.

En 2016 se postuló para contralor municipal ante el Concejo pero tampoco obtuvo el cargo y al mismo tiempo mantenía su cercanía con el PIN, según publicó en sus redes el propio dirigente Jaime Antonio Carmona, quien decía que la idea era apuntar a las circunscripciones especiales de paz.

Pero para las legislativas en 2018, Bermeo siguió cercano a miembros de La U y ahora de Cambio Radical.

Su aliado en la primera colectividad ahora es el representante a la Cámara, Faber Muñoz, de quien todas las fuentes nos referenciaron como un amigo de años de Bermeo y a quien apoyó con votos.  

Muñoz logró la curul luego de una puja en su propia lista con el candidato Felipe Muñoz, en un caso que llegó a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral por denuncias de supuesto fraude electoral en López de Micay.

Hasta la publicación de esta historia el representante Muñoz no respondió a nuestras llamadas ni chats para conocer la versión de su cercanía con el detenido fiscal.

Con Cambio Radical el vínculo es con el barón electoral del departamento, Temístocles Ortega, de quien, como hemos contado, es un poderoso allá por haber sido Gobernador dos veces (la última en 2012), ser jefe político de su sucesor Óscar Campo y tener cuotas en casi todas las entidades públicas del departamento.

El hoy detenido fiscal fue donante de su campaña al Senado por cinco millones de pesos como consta en el registro público de aportes de la Registraduría.

En una primera comunicación con el Senador el viernes nos dijo que no había conocido a Bermeo. Cuando ayer le preguntamos por los aportes nos dijo que Bermeo se acercó a su campaña a ofrecer una casa en Popayán que fue su sede electoral. "Lo conocí en la campaña", nos dijo Ortega. 

“Ellos dos son amigos. Todos nos movemos del mundo de la política y nos conocemos y a veces somos amigos y a veces rivales”, nos dijo a su turno uno de los excoordinadores de la campaña de Ortega en Cauca que pidió no ser citado para no tener problemas con el Senador.

Según tres políticos opositores a Ortega en el departamento, otro vaso comunicante entre Bermeo y el Senador habría sido la injerencia de éste último en el nombramiento de Ana Cristina Solarte Burbano, pareja de Bermeo y también detenida el viernes, como secretaria general de la empresa de servicios públicos de Cauca, Emcaservicios, cargo que tenía desde hace cuatro años.

 

El senador Ortega nos negó que conociera a Solarte y que tuviera injerencia en los nombramientos en la entidad, cuyo gerente nombra el Gobernador del Cauca.

La duda ahora es cómo llegó Bermeo al cargo en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en octubre de 2018.

En el Popayán político aseguran que fue por intermedio de Ortega, lo cual no es claro. El jefe la UIA, Giovanny Álvarez, dijo el viernes que lo escogió porque “cumplía todos los requisitos de ley”, pero no dijo cómo llegó a esa hoja de vida en concreto. 

Ortega nos dijo que no conoce cómo es el procedimiento de nombramiento en esa entidad.

Como contamos ese día, a sus amigos cercanos Bermeo les dijo que llegó por su hoja de vida.

Por ahora, la justicia será la encargada de aclarar cuál era el papel de Bermeo, para dónde iba la plata que recibió y cómo incidiría en la extradición de Santrich.

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1,2,3, Yepes otra vez… al mando del conservatismo

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Tras la renuncia del exsenador Hernán Andrade a la presidencia de directorio Nacional Conservador, todo está listo  para que el miércoles el barón caldense y exsenador Omar Yepes Alzate sea elegido, por cuarta vez, nuevo presidente del partido, como adelantamos la semana pasada.

Yepes será el interlocutor de su colectividad con el Gobierno en un momento en el que, como contamos, a pesar de las relaciones cordiales los godos no han obtenido aún representación política directa.Y estará encima de la entrega de avales en un año electoral, pues aunque no dependen enteramente de él, los debe firmar y posiblemente tendrá incidencia en algunos.

Para esas tareas tiene tres grandes ventajas, que pueden ser fundamentales para terminar ser elegido esta semana. Acá están:

1

La cercanía con Marta Lucía

La primera es la cercanía del barón caldense con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez,  a quien Yepes apoyó en 2014 para que fuera la candidata presidencial del conservatismo, cuando la mayoría de barones azules se opusieron.

Eso es clave porque, justamente, los conservadores quieren tener una mejor interlocución con el Gobierno, un asunto que podrían creer que logran más teniendo de jefe a alguien cercano a la Vicepresidenta.

En el mismo sentido, Yepes es cercano a uno de los principales aliados de Marta Lucía: el expresidente conservador Andrés Pastrana, quien de hecho lo está respaldando para ser elegido jefe del conservatismo, como también lo contamos la semana pasada.

 
2

No es un competidor

Otra razón que pesará para que los miembros del Directorio Nacional conservador elijan a Yepes es que, que se sepa, no tiene ningún gran interés electoral o burocrático para su grupo propio, como sí lo tenía Hernán Andrade.

El exsenador Andrade dejó a su hermana Esperanza de heredera en el Congreso y tiene candidatos propios para las regionales de este año, un asunto que incomodaba a otros políticos de la colectividad, debido a la ventaja que significaba estar en la presidencia azul (por ejemplo, tener mando en la entrega de avales).

Mientras que Yepes, aunque fue un barón electoral en Caldas y tiene experiencia en lo electoral, hoy no tiene estructura política: ni congresistas de su cuerda o apuestas en las locales, lo que garantiza a los congresistas conservadores cierta independencia a la hora de tomar decisiones al interior del partido. Ese factor es clave, según dos congresistas que nos hablaron fuera de micrófonos.

 
3

Es cercano al Contralor

La tercera ventaja de Yepes es su amistad y relación familiar con su yerno, el contralor general Felipe Córdoba, un funcionario que le ha entregado cuotas a los conservadores.

Teniendo como jefe de partido a un aliado y pariente de ese alto funcionario, es  probable que los godos sientan que pueden mantener esa puerta burocrática aún más abierta.

De hecho, el Contralor le ha dado cuotas incluso a Omar Yepes, al nombrarle un primo hermano como gerente departamental de la Contraloría en Caldas.

Yepes y Córdoba comparten hasta contradictor: el exmagistrado Wilson Ruiz, quien estuvo en la puja por la Contraloría y también está aspirando ahora a la jefatura conservadora (aunque todo indica que habrá consenso y todo el Directorio va a votar por Yepes).

 
Ómar Yepes Alzate
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Bermeo no es el único fiscal de la JEP sin experiencia penal y con relaciones políticas

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Este domingo la presidenta de la JEP, Patricia Linares, le pidió al director de la Unidad de Investigación y Acusación de esa justicia transicional, Giovanni Álvarez, revisar la hoja de vida de sus colaboradores, como reacción a la captura bomba de Julián Bermeo, tras recibir plata aparentemente para incidir en el trámite de la extradición de Jesús Santrich.

Con esa solicitud de Linares, que en esa misma carta le pidió a Álvarez desvincular a Bermeo, se podría desentrañar si hay otros fiscales con más relaciones políticas que conocimientos de derecho penal o justicia transicional. La respuesta es que sí.

Al revisar las 38 hojas de vida, aparece que nueve son de Santander, el departamento en el que nació Álvarez, y cuatro son nortesantandereanos.

Aunque por lo menos hay 12 que saben de justicia transicional o víctimas y 25 de investigación penal (incluyendo 21 que han trabajado en la Fiscalía), por lo menos 13 tienen conexiones políticas.

De esos, ocho no tienen trayectoria en asuntos vinculados a la Unidad de Investigación y Acusación, por lo que comparten el perfil de Bermeo.

Además de Bermeo son los fiscales de apoyo I, Gustavo Pinzón, Lady Katherine Morales; de apoyo II, Luis Fernando Robles, Diana María Mosquera, Karin Andrea Villamizar y Ayda Luz Acosta; y el Fiscal ante el Tribunal (el cargo más alto) Edgar Villamizar Fuentes.

Curiosamente, ese tipo de nombramientos fueron marginales inicialmente, cuando en febrero de 2018 Álvarez nombró sus primeros colaboradores, y se han hecho más frecuentes.

Estos son todos los nombramientos de alto nivel que ha hecho Álvarez:

Silla Nacional
jvelez
JINETHPRIETO
Ana Karietna
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Grupo de Kiko Gómez quiere seguir mandando en La Guajira

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Tras haber intentado sin éxito llegar al Congreso el año pasado (con la candidatura de su hijo, Fernando Gómez Bacci por el viejo PIN), el grupo del criminal exgobernador guajiro, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, volverá a apostar electoralmente este año. Esta vez la carta será la hija de Kiko, Juana Gómez Bacci, quien aspira a la Asamblea.

El kikismo, como se le conoce al movimiento del cuestionado Kiko, quien fue condenado a 55 años de cárcel por tres homicidios, además lleva candidato a la Gobernación: el exsecretario de Obras, Delay Magdaniel, aliado del prófugo gobernador Wilmer González (de La U y los conservadores).

De Juana Gómez Bacci sabemos que ya está en correrías, en algunos casos acompañada de Magdaniel, aunque aún no es claro si su candidatura será también por el viejo PIN, partido al que ha estado su familia vinculada en los últimos años.

Por ejemplo, en esta imagen se la puede ver junto al aspirante al Concejo de Riohacha, Eugenio Quinto Loperena, en un evento que hizo Delay Magdaniel.

Magdaniel trabajó como secretario de Obras Públicas y director de Planeación de Wilmer González.

Renunció en octubre del año pasado, en el plazo que estipula la ley para que los funcionarios que quieran aspirar en las próximas elecciones lo hagan sin incurrir en inhabilidades y nos contó, aspirará por firmas, por un movimiento llamado Adelante mi Guajira.

Pero su liga con el Gobernador prófugo es tan obvia, que la esposa del mandatario, Laura Andriolis, le está haciendo campaña de frente.

Aunque a estas alturas está prohibido hacer propaganda electoral en plazas públicas, el pasado sábado 23 de febrero en la Comuna 10 de Riohacha, Magdaniel realizó un multitudinario evento con publicidad de su campaña, en el que también estuvieron Juana Gómez y la gente del kikismo.

De esta forma, con un candidato propio a la Asamblea y en alianza con el cuestionado grupo de Wilmer González, el kikismo y su jefe, con al menos tres homicidios encima, intentará mantener poder en La Guajira.

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El puesto que demuestra la fe de Duque en los cristianos

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En los próximos días será nombrado como Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Ricardo Arias Macías, hijo del político cristiano y precandidato a la Alcaldía de Bogotá por Colombia Justa Libres, Ricardo Arias Mora. Con eso, ese cargo sigue escriturado para los cristianos en el gobierno de Iván Duque.

Reemplazará a Nayid Abu Fager, un abogado y activista cristiano que renunció hace dos semanas, con menos de cuatro meses en el cargo, después de las denuncias de sus subalternos por maltrato laboral y de que la Procuraduría comenzó a investigarlo por eso.

Fager, como reveló La Silla, era prueba de que los cristianos tienen cargos en el Gobierno Duque, algo que el inminente nombramiento de Arias Macías demuestra que es una decisión que se mantiene. Tanto Fager como Arias Macías tienen vínculos claros con Carlos Acosta, representante cristiano a la Cámara y parte de la alianza duquista en el Congreso.

Arias Macías es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado con maestría en estudios interdisciplinarios de Los Andes.

Comenzó su carrera en el sector público como asesor de Sergio Diazgranados, de La U, en el Ministerio de Comercio entre 2011 y 2013. En ese entonces su padre era Presidente del Fondo Nacional del Ahorro y militaba en La U.

Arias Macías llegó a temas de derechos humanos cuando Angleino Garzón se lo llevó a ser su secretario de despacho en la Vicepresidencia, en 2013, cuando la política de derechos humanos era un tema vicepresidencial.

En 2015 Alejandro Ordóñez se lo llevó a la Procuraduría Delegada para el apoyo a Víctimas del Conflicto, que manejaba el también cristiano Jaime Arias Galvis, y estuvo allí hasta 2017.

Al Ministerio del Interior llegará después de ser asesor en la Cámara del representante cristiano de Colombia Justa Libres por Bogotá, Carlos Acosta, que junto con Ricardo Arias padre fundó en la ciudad el movimiento Libres. Otro de los asesores de Acosta, como contó La Silla Cachaca, era Karla Enríquez, esposa y aliada política de Fager (y fallida candidata a la Cámara por el movimiento cirstiano Somos).

Para las legislativas de 2018 Libres se alió con Colombia Justa, un movimiento fundado por el pastor y hoy senador del Valle Jhon Milton Rodríguez.

En Colombia Justa Libres Arias Macías hizo sus pinitos electorales como segundo renglón de Acosta en la lista cerrada, y como parte de un partido que apoyó a Duque desde primera vuelta.

Aunque arrancó su vida profesional trabajando en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, como parte de Libres se opuso al acuerdo con las Farc. El rechazo quedó evidenciado cuando Libres inscribió un comité para hacerle campaña al No en el plebiscito de octubre de 2016, en parte porque consideraban que los acuerdos incluían la ideología de género.

Ahora Arias Macías manejara el área encargada, entre otras funciones, de dar los lineamientos para proteger a los líderes sociales amenazados, y de asesorar a gobernaciones y alcaldías en la en la incorporación de un enfoque de derechos en sus políticas.

También hará seguimiento a los proyectos de ley que toquen derechos fundamentales, incluyendo los que se refieran al aborto o al matrimonio entre homosexuales, a los que se opone, como su antecesor Fager.

Silla Cachaca
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La semilla del ToConDi está en Palmira

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El diputado de Chocó, Alizon Mosquera Palomeque, de La U, desapareció el pasado sábado y aún no se sabe nada de su paradero. Entre tanto La Silla Pacífico le cuenta las siguientes historias. 

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La semilla del ToConDi está en Palmira
La guerra rural en Tumaco se está acercando a la frontera
Bermeo no es el único fiscal de la JEP sin experiencia penal y con relaciones políticas

Las preguntas sin respuesta de la bomba de la Fiscalía en la JEP

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Ayer, la Fiscalía reveló sus argumentos y varias de las pruebas que sustentan la bomba sobre la JEP que soltó el viernes. Esas noticias dejan claras varias cosas pero también abren interrogantes que probablemente se irán despejando en el proceso.

En la audiencia de imputación, que continuará hoy, quedó claro que para la Fiscalía el exfiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, el exsenador condenado por parapolítica Luis Alberto ‘Tuerto’ Gil y otras tres personas, recibieron medio millón de dólares por incidir en el trámite de extradición de alias Jesús Santrich y a la vez coordinaron enviar 120 kilos de cocaína a Roma.

También, que hay audios y vídeos que muestran a Bermeo y Orlando Villamizar (hombre de confianza de Gil) recibiendo la plata, discutiendo cómo demorar la extradición, datos del envío de droga y, sobre todo, cuestiones logísticas del pago y de la confianza entre las dos partes.

Pero quedan, por lo menos, estas 10 preguntas.

1

¿Qué tiene que ver la DEA con un caso de presunta corrupción en la JEP?

Hasta ahora es claro que la Fiscalía utilizó un agente encubierto que supuestamente estaba interesado en frenar la extradición de Santrich, para dejar al descubierto una red de corrupción que estaría operando en la JEP.

Sobre cómo llegó a esa información, ayer la Fiscalía reveló que tiene una carta enviada por la DEA en la que le alertó sobre un presunto plan para enviar droga fuera de Colombia y al tiempo les advertían sobre esas irregularidades. Es decir, que todo el proceso se originó en el trabajo de la agencia gringa encargada de la lucha contra las drogas.

Según el fiscal del caso, en esa misma comunicación la DEA la pidió a la Fiscalía hacer un operativo con un agente encubierto, que fue lo que ocurrió. Eso también demuestra que la estrategia para indagar en lo que había encontrado la DEA, la ideó la misma agencia.

Sin embargo, no es claro hasta qué punto siguió involucrada la DEA, pues aún no se sabe si el agente encubierto que aparece en los videos, hablando con acento mexicano, es de la DEA o de la Fiscalía.

Tampoco, si es de la DEA, por qué buscó información de hechos diferentes al narcotráfico.

La Fiscalía fue clara en que el proceso se adelante por dos grandes crímenes: narcotráfico y corrupción judicial. Lo que no es claro es qué tienen que ver los dos.

En las conversaciones se nota que Bermeo y Villamizar hablan de los dos hechos, pero no queda claro por qué lo hacen, en qué momento el agente encubierto logra pasar de un tema al otro o por qué se plantean en paralelo esas dos posibilidades de negocios.

Eso es llamativo porque la DEA aparece en escena debido al presunto intento de narcotráfico, pero la bomba política es por la JEP. Y sin la DEA, no habría ocurrido lo segundo.

 
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¿Hasta dónde llegaron las acciones del agente encubierto?

Como explicó ayer el penalista Mauricio Pava en El Espectador, en Colombia está prohibido que un agente encubierto incite a otras personas a cometer un delito. Si lo hace, ese “agente provocador”, como lo llaman los académicos penalistas, no estaría exonerado de ese delito, y podría terminar siendo el responsable de él.

Eso a diferencia de Estados Unidos, donde esa estrategia, conocida como entrapment, es legal y muy usual (como se puede ver en series de televisión o películas). Por ejemplo, la usa la DEA al ofrecer comprar droga para saber si un sospechoso efectivamente la vende.

Por eso, es central saber cuál fue el papel exacto del agente encubierto. Por ejemplo, si fue quien propuso cometer alguno de los delitos, se podría caer todo el proceso - algo que no es solo una hipótesis, a juzgar por otro artículo de El Espectador que dice que hay versión de que el agente fue quien buscó con insistencia llegar a ese punto.

Aunque las pruebas de la Fiscalía ya demuestran que esa versión incurre en mentiras, como decir que nunca se habló de Santrich cuando las grabaciones y videos lo demuestran, hasta ahora ninguna ha revelado cómo se llegó a esos temas ni quién le ofreció cometer un delito a quién.

 
3

¿Cuánto tiempo duró la operación encubierta?

En una de las transcripciones que reveló la Fiscalía, y cuando el agente encubierto está hablando con Bermeo sobre la demora de la extradición, el agente dice “prácticamente ya nos has estado ayudando” y Bermeo responde “sí, desde que usted me dio la mano aquí el 28 de diciembre”.

Eso significa que la operación arrancó por lo menos en diciembre, cuando la JEP ya había pedido pruebas de los hechos imputados a Santrich en Estados Unidos y había hecho pública su postura de revisarlas a fondo para definir si se debía aplicar o no la garantía de no extradición al jefe fariano.

En eso coincide con la versión opuesta a la de la Fiscalía que reveló El Espectador ayer.

La importancia de la duración de la operación es que muestra desde cuándo la DEA y la fiscalía tenían claro que había un fiscal corrupto en la JEP.

 
4

¿Cuál era el rol del Tuerto Gil?

Del exsenador condenado por parapolítica, la Fiscalía señaló que era la cabeza de una organización criminal, junto con su mano derecha, Orlando Villamizar. Además detalló que él era el encargado de "hacer contactos, negociar, recibir dinero producto del cohecho propio y del tráfico de influencias”.

Más allá de eso, su rol en el caso concreto no es claro.

Eso, porque, aunque Bermeo y Villamizar hicieron parte de su extinto partido político, no es claro por qué lo contactan a él para intermediar en un caso en la JEP, cuando fue uno de los desinflados cuando el Congreso definió que los parapolíticos no se podían acoger a esa justicia transicional.

Tampoco es claro cómo llegó a liderar una red de narcotráfico que ofrecía enviar droga a Roma a través de Bermeo, pues ayer la Fiscalía no dio detalles de eso a pesar de imputarle cargos por narcotráfico a Gil.

 
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¿Hubo algo más que una oferta de llevar cocaína a Roma?

Lo que se sabe del episodio del presunto envío de 120 kilos de droga a una discoteca en Roma, Italia, está condensado en la transcripción de una conversación entre Bermeo, un tercero no identificado, y el agente encubierto.

En esa conversación, Bermeo dice que tiene una discoteca en Roma que desde hace un año administra su amigo Alexander Toro, y desde donde distribuirían droga en Italia.

Aunque no se refieren explícitamente a drogas, la Fiscalía dice que hablan cifradamente y era una operación de narcotráfico porque mencionan valores en euros y en pesos semejantes a los del costo del kilo de coca.

También reveló la Fiscalía que dicen que usarían la ruta Bogotá-Atlanta, Atlanta-Roma.

Como esa conversación habría sido grabada el mismo día de las capturas, eso significa que la intención de enviar droga solo quedó en planes, y eso abre la duda de si hubo delito de tráfico.

 
6

¿Para qué eran los 2 millones de dólares?

En la audiencia la Fiscalía mostró audios que hablaban de dos montos diferentes.

El primero, sobre el que hay claridad, es el de los 500 mil dólares que cobraban Bermeo, Gil, Villamizar y los otros dos capturados, por supuestamente demorar la extradición Santrich.

Ese dinero es el que aparecen recibiendo en los vídeos que reveló la Fiscalía desde el viernes, y que contó que había sacado de su fondo de bienes.

El segundo es de 1,5 millones de dólares adicionales que tenían la expectativa de cobrar ese mismo día, y que, en una de las conversaciones, el infiltrado dijo que tenía en una camioneta.

Sin embargo, no es claro si esa plata iba a ser para pagar por eso mismo o si tenía que ver con el delito de narcotráfico.

Eso, porque en una de las conversaciones que mostró la Fiscalía, Bermeo le dice al agente infiltrado que su tarifa era de 500 mil dólares, y el agente le responde que tiene 2 millones porque eso fue lo que acordó con el Senador (como se referían a Gil), sin decir respecto de qué.

Así que falta que la Fiscalía explique cuál era el destino específico de ese 1,5 millones de dólares.

 
7

¿Cómo habría hecho Bermeo para frenar la carta del proceso de Santrich?

Según las interceptaciones de la Fiscalía, Bermeo dijo que utilizó a un secretario de la JEP, encargado de recibir documentación, para frenar el envío de la carta en la que esa justicia le pidió a Washington enviar pruebas dentro del caso Santrich para que en Colombia se tomara una decisión sobre la solicitud de extradición.

Más allá de la versión de Bermeo no hay nada que por ahora pruebe que sí intermedió. Y más cuando la carta salió de la JEP con destino a la Cancillería a fines de noviembre, aparentemente antes de que empezara toda la operación, y la demora se debió a que la Cancillería tardó casi un mes en remitírsela al Ministerio de Justicia, y éste la envió por 4-72, no le hizo seguimiento y el operador postal tardó en llevarla a Estados Unidos.

Eso significa que ningún secretario de la JEP habría sido útil para demorarla, y que Bermeo tendría que haber tenido incidencia en alguno de los dos ministerios o en 4-72, algo que no aparece mencionado, por lo menos en las pruebas que ha revelado la Fiscalía.

De ser así, la corrupción no estaría solo en el fiscal de la JEP sino en por lo menos un funcionario o contratista de alguna de esas entidades.

 
8

¿Quién es el magistrado “Rigal”?

Según la transcripción de la Fiscalía de la conversación entre Orlando Villamizar y el agente encubierto, es el nombre de magistrado que dio Bermeo es “Rigal”.

Ninguno se llama así. En la Sección de Revisión, que es la que tramita directamente la extradición, son tres magistradas y dos magistrados, Jesús Ángel Bobadilla y Adolfo Murillo. Ninguno de ellos tiene un nombre o apellido similar a “Rigal”.

El único que tiene un apellido semejante es Roberto Carlos Vidal, un académico de la Universidad Javeriana que está en la Sección de Reconocimiento, que no tienen ninguna función respecto de la solicitud de extradición.

Tampoco hay en la JEP otros funcionarios de apellido Rigal, por lo que no es claro a quién se podría referir Bermeo.

 
9

¿Bermeo infiltró a la JEP y es narco, o es un cañador?

Según lo que reveló la Fiscalía en la audiencia, las principales pruebas sobre la presunta red de corrupción en la JEP son audios y videos en los que Bermeo le dice al agente infiltrado que tiene la capacidad de incidir en el proceso de Santrich.

Aunque como fiscal Bermeo no tendría acceso directo ni injerencia alguna en ese proceso, según la transcripción de la Fiscalía, dijo que había ayudado a extraviar la carta en la que la JEP le pedía a Estados Unidos que le remitiera pruebas para definir la extradición de Santrich.

También dijo que podía dilatar el proceso 90 días más porque tenía a un magistrado de su lado y podía hacer que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP sacara “varias órdenes judiciales” y le pidiera al magistrado una prórroga por 30 días (no se especifica para qué).

Pero no es claro cómo habría demorado la carta (ver pregunta 7), quién sería el magistrado (pregunta 8) ni qué órdenes o solicitudes de la prórroga podía hacer la UIA en un proceso en el que no interviene.

Es posible que estuviera convenciendo al agente infiltrado de que le pagara 500 mil dólares para comprar a más funcionarios, aunque la Fiscalía hasta ahora no ha revelado nombres y pruebas de que el secretario o el magistrado que menciona Bermeo en efecto existían y estaban coaligados con él en el delito.

 
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¿Por qué la Fiscalía no ha hecho lo usual en los casos grandes, que es revelar sus pruebas en público?

Normalmente cuando la Fiscalía da golpes duros despliega todo su aparato de prensa para dar detalles de las investigaciones, exponer pruebas y dejar que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, o en su defecto, alguno de sus delegados, entregue declaraciones a medios. Al tiempo redactan un comunicado de prensa, en varios casos, aún más detallado que todo lo anterior.

Lo común es que todo ese andamiaje se mueva a pocas horas de las capturas y antes de que se cumplan las diligencias de imputación.

Solo en los últimos días la Fiscalía lo hizo para:

- Anunciar las imputaciones a dos exgerentes de EPM por irregularidades en la contratación de Hidroituango.

- Para dar detalles del operativo de incautación de bienes por $150 mil millones que habrían sido adquiridos con recursos que le habrían robado a las arcas de San Andrés (entre otros el exgobernador Ronald Housni).

- Para anunciar la captura del denominado zar de los textiles por contrabando y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, en el caso de Bermeo, salvo el trino inicial del viernes y un par más con audios y un video que fueron revelados durante la audiencia de imputación (es decir, mucho después de lo que suelen hacerlo), no ha habido mayores detalles ni comunicaciones oficiales.

En eso se parece al caso Santrich.

 
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El ‘lord’ de los licores se llama Fabio Valencia Cossio

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Las grandes multinacionales de licores tienen un defensor poco visible. Se llama Fabio Valencia Cossio.

Según dos fuentes que han asesorado a esas empresas, desde hace varios años querían contratar a una persona de alto perfil para manejar sus relaciones con el Gobierno y el Congreso.

La más grande de las multinacionales, Diageo (que maneja marcas de whisky como Old Parr, Buchanan’s y Johnnie Walker, de tequila como Don Julio y la de vodka Smirnoff) suele contratar lords (nobles) para hacer lobby ante Parlamento y ha tenido varios entre sus directivos. Por eso, para Colombia estaban buscando el equivalente a un lord, según la fuente.

El que consiguieron es Valencia, a través de su empresa Valencia Consultoría Corporativa, gerenciada por su hijo Luis Eduardo.

Valencia equivale a un lord porque se mueve como pez en el agua en Congreso y Gobierno.

Eso por su trayectoria como Ministro del Interior y de la Justicia de Álvaro Uribe, fue presidente del Senado y congresista durante 16 años, primero como representante a la Cámara por Antioquia por dos períodos y luego Senador por otros dos períodos.

Además, es uno de los pocos políticos tradicionales que le apostó al Centro Democrático desde que Álvaro Uribe se lanzó a fundar su propio partido, en 2013. De hecho fue presidente del partido, redactó sus estatutos, conoce a buena parte de su militancia y su influencia para definir los candidatos del partido en Antioquia como contamos en esta historia.

Además otro hijo, Santiago, es senador uribista.

Por eso, desde el año pasado las cinco grandes multinacionales lo contrataron como asesor legal y legislativo, para mover sus propuestas y en particular la de unificar el cálculo el impuesto al consumo para los licores nacionales y extranjeros.

Además de Diageo, sus clientes son Bacardi, Pernod Ricard (Chivas, vodka Absolut, ron Havana y tequila Olmeca) William Grant & Sons (whisky Grant’s y ginebra Hendrick’s) y Brown-Forman Corporation (que comercializa Jack Daniels, tequilas Jimador y Herradura).

Antes, parte de esta tarea la hacía Acodil, pero este gremio se disolvió el año pasado por una división interna entre los importadores de vinos, que crearon su propio gremio, Asovinos, y los que que se vieron más golpeados por el cambio al impuesto de la ley de licores de Santos de 2016.

Valencia Cossio nos confirmó que desde el año pasado está a la cabeza de esta consultoría, que incluye la interlocución de las empresas ante entidades como el Dane y el Invima.

Su tarea será clave porque en esta discusión se mueven intereses opuestos a los de las importadoras como el de los licores nacionales, que es representado por la Asociación Colombiana de Licoreras dirigida por Juan Alberto Castro, quien fue director de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en 2010 y la Federación Nacional de Departamentos, liderada por el conservador Carlos Camargo Assis.

Más cuando el Ministerio de  Hacienda incluyó en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo unificar el impuesto a los licores. Eso beneficiaba a estas empresas pero afectaba a los departamentos, por lo que la propuesta fue descartada ante la oposición de los gobernadores.

En todo caso, sigue abierta esa discusión, igual que la forma como el Dane calcula uno de los componentes de la base del impuesto, que no tiene que pasar  por el Congreso.

Y esa es la prueba de fuego de Valencia Cossio.

Los artículos de la discordia

 

La pelea de los impuestos a los licores, que van para los departamentos y recauda directamente su Federación, es de vieja data. Pero tomó nueva fuerza con la ley de licores de 2016, que introdujo varios cambios que fueron criticados desde varias orillas.

 

Entre los cambios de la ley de licores, está que le quitó a los gobernadores la facultad de prohibir la venta de ciertas marcas en los departamentos. Esta era uno de los temas que pedían las importadoras de licores, porque les limitaba el mercado.

Pero el otro gran cambio fue en el cálculo de los impuestos. Antes de la ley, este se calculaba con base al grado de alcohol de los licores. Los que tenían menos de 35 grados de alcohol, lo que coincidía con los aguardientes y rones nacionales, pagaban 306 pesos por cada grado, y los que tenían más, como el whisky, el vodka y la ginebra, pagaban 502 pesos por cada grado.

Ahora todos pagan un IVA de 5 por ciento, los vinos y similares pagan 150 pesos por grado, y los demás 220 pesos por grado. Encima, los vinos pagan el 20 por ciento de impuesto al consumo sobre un cálculo del Dane del precio de venta, y los demás un 25 por ciento.

Con ese esquema, el Gobierno buscaba más equidad, haciendo que los más caros paguen más; mayor protección a la salud, con la idea de que el grado de alcohol es un indicador de los efectos negativos a la salud; y más recaudo, pues calculó recoger 300.000 millones de pesos más al año.

 

En ese entonces el hoy presidente Iván Duque, que era senador, fue uno de los críticos, como también lo fue el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, que propuso que se archivara la iniciativa.

Hoy los productores nacionales y los clientes de Valencia Cossio están de acuerdo en que el Dane no tiene la capacidad para definir los precios promedios que se usan para definir el impuesto que paga cada licor. Eso se nota en que ha cambiado varias veces su metodología para hacerlo.

La resolución actual, que rige para este año, volvió a alborotar el avispero porque por primera vez incluyó en el cálculo, lo que cobran los restaurantes y bares. Como suelen vender mucho más caro que un estanco o supermercado, subió la base del impuesto hasta en 300 por ciento, subió los precios finales, y afectó a nacionales e importados.

“No es que sean ineptos o malintencionados, sino que no debe ser función del Dane”, nos dijo Juan Alberto Castro.

“Después de la ley de licores es como si hubiéramos tenido cuatro reformas tributarias, porque ha habido cuatro resoluciones del Dane con distintas”, nos dijo una fuente de una de las importadoras.

Con esa inestabilidad ni las licoreras nacionales, ni las importadoras, ni los gobernadores saben cuánto van a tener que pagar o recibir por sus impuestos, y todos critican que el Dane lo haga.

En lo que no están de acuerdo es en cómo solucionarlo.

Los clientes de Valencia apoyaron, en un comunicado, la propuesta del Plan de Desarrollo de que el impuesto no se calcule sobre ese precio.

Pero a los gobernadores no les gustó porque eso bajaría la base y por lo tanto el se recaudo. Tras reunirse con el Ministro de Hacienda, lograron que sacaran del Plan esta propuesta.

 

De acuerdo con lo que nos explicó Mauricio Santamaría, ministro de protección social del Gobierno Santos y quien desde 2015 asesora a Diageo en temas económicos, la propuesta de los importadores es aumentar el IVA a cambio de eliminar la parte del impuesto que se cobra según su precio.

El problema es que el IVA lo recauda la Dian y no los departamentos o su Federación.  Por eso, no es claro cómo le llegaría la plata directamente a las regiones, por lo que no le suena a los gobernadores.

En paralelo, está la discusión de si los licores importados deben pagar más impuestos que los nacionales.

En su comunicado, los clientes de Valencia propusieron hacer una discusión amplia sobre el tema, con productores nacionales y gobernadores, para acordar una fórmula que beneficie a todos.

“Ese acuerdo es imposible porque ellos aducen un tema de discriminación que no es cierto”, nos dijo Castro.

Por ahora, Acil le pidió al Dane derogar la resolución para sacar los bares y restaurantes, y la Federación de Departamentos acordó con el Gobierno sacar un decreto que le ponga reglas al Dane para calcular el precio.

Los clientes de Valencia Cossio no han manifestado su posición, y él tendrá la tarea de representarlos importadores en esa y otras discusiones.

Silla Nacional
Fabio Valencia Cossio

Fabio Valencia Cossio

Ex ministro del Interior y de Justicia

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez

Ex presidente de la República y Senador

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Los costos humanos de la erradicación forzada ¿Es el glifosato la solución?

En la Corte, el Gobierno está casi solo en su defensa de la fumigación con glifosato

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Hoy es la esperada audiencia que citó la Corte Constitucional (y estamos cubriendo en vivo) para revisar qué tanto el Gobierno ha cumplido su fallo de 2017, en el que le puso requisitos para reanudar la aspersión con glifosato.

Aunque entre las 29 personas que pueden hablar (el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no estará, pero contestó las preguntas a la Corte por escrito) hay un balance casi perfecto. Eso se debe a que hay múltiples invitados del Gobierno.

 

De los 13 que probablemente den argumentos para reanudar la aspersión, 7 son del Gobierno. De ellos, solo el presidente Iván Duque y su Alto Consejero Emilio Archila tienen una intervención fija, pues los cinco ministros solo participarán si Duque decide ceder parte de la hora que tiene para intervenir.

Según supo La Silla por dos fuentes (una que asesoró al Gobierno en este tema y otra de afuera), posiblemente el Gobierno le pida a la Corte que flexibilice sus condiciones, mostrando el impacto de la suspensión en el crecimiento de los cultivos de coca y argumentando que con eso se ponen en riesgo otros derechos que deben ser ponderados.

Los otros 6 de la misma orilla son políticos que han defendido la aspersión, el director de la Policía Antinarcóticos y el académico Keith Salomon, que fue consultor de Monsanto, la principal empresa fabricante de glifosato en el mundo.

Como ellos son minoría, se puede decir que Duque está prácticamente solo en esa postura.

En cambio, del lado opuesto hablarán 13 personas de distintos sectores.

Aparte del personero de Nóvita, Chocó, Jarry Gómez, quien puso la tutela que motivó la sentencia de 2017, van otras voces conocidas en contra de reanudar la fumigación con glifosato, como el expresidente Juan Manuel Santos -que va a terminar su discurso diciendo “que la guerra contra las drogas no sea una una guerra contra la gente”- o su Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el abanderado de que el Gobierno suspendiera las fumigaciones con glifosato en 2015.

También habrá académicos como Christopher Portier, famoso por sus posturas antiglifosato; representantes de los cocaleros como Nidia Quintero; y miembros de ongs como Dejusticia.

Entre los políticos que van a ir el debate está inclinado hacia no reanudar la fumigación, aunque con poca diferencia 

 

 

Entre los académicos, que incluyen cuatro expertos internacionales, la diferencia será mayor

 

 

Donde más se inclina la balanza es del lado de la sociedad civil y organizaciones sociales.

 

 

Aquí están todos los que hablarán, quiénes son y qué elementos permiten prever sus posiciones

 

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El capturado fiscal de la JEP cantó... pero para senador de Cambio

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El detenido exfiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, de quien la Fiscalía dice que recibió plata para intermediar en la extradición de Jesús Santrich, apoyó activamente la campaña del hoy senador vargasllerista Temistocles Ortega.

 

Como revelamos en primicia en La Silla Pacífico, le puso la sede de campaña, y encima participó en una de las cuñas de la campaña del barón electoral del Cauca.

Es el segundo en aparecer en la cuña, en los segundos 2 a 3, después de una mujer que se parece a la también capturada y novia de Bermeo, Ana Cristina Solarte. Allí el ex fiscal de la JEP canta “hay que marcar el 21”, en referencia al número en el tarjetón de Ortega, que aparece a lo largo de toda la pieza.

En la misma cuña aparece, segundos después, Daniel Velasco Hoyos, actual coordinador departamental de juventudes de la Gobernación del Cauca (cuyo mandatario, Oscar Campo, es aliado político de Ortega), y quien en 2015 fue directivo de la fallida campaña de Bermeo a la Alcaldía en la que se quemó con 3 mil votos. 

Como contamos, en una primera declaración a La Silla Pacífico el senador Ortega (elegido con más de 60 mil votos, en gran mayoría en el departamento del que fue gobernador) nos dijo que no conocía a Bermeo. Después al consultarle por la donación, nos dijo que lo conoció en campaña.

 

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El asesinato de una fuente de La Silla en Sincelejo

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Sincelejo amaneció conmocionada el jueves pasado por un asesinato ocurrido en la entrada de un colegio a las 6:15 de la mañana, justo cuando los estudiantes estaban llegando. La noticia no pasó del registro de crónica roja en algunos medios locales.

Pero detrás de la misma está la particularidad de que la víctima tenía conexiones con el cuestionado exrepresentante sucreño Yahir Acuña y, de hecho, hace poco le había confirmado a La Silla Vacía los tentáculos de la fuerza yahirista en la contratación de dos municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Se trata de Jader Osuna Chávez, de 35 años, quien según la prensa local había sido policía, manejó por un tiempo el parqueadero al que llevan los vehículos inmovilizados por la Policía de Carreteras en Sucre, y actualmente se dedicaba al comercio de carros.

Era conocido como “El buñuelo” y fue asesinado cuando se encontraba llevando a sus dos hijos al colegio Bethel, que queda en la avenida Alfonso López, por un hombre que le disparó en cuatro ocasiones y luego huyó en una moto.

Enseguida, la Policía sacó un comunicado en el que informa que de inmediato recogió el contenido de las cámaras de seguridad del sector y detalla que Osuna registraba anotaciones como indiciado por fraude procesal, homicidio culposo y lesiones el año pasado; y que también había presentado denuncias por lesiones y amenazas contra su vida en los años 2013 y 2015.

Lo que nadie -ni en la Policía o la prensa sincelejana- ha mencionado hasta el momento es que, además de esos detalles, Jader Osuna tenía como característica el vínculo con Yahir, cuestionado porque actualmente tiene una investigación abierta por parapolítica.

Ese vínculo lo contó en detalle La Silla Vacía hace poco más de un mes, cuando revelamos los intereses de aliados de Acuña en la contratación de dos alcaldías por encargo (que fueron avaladas por el viejo PIN, partido en el que Yahir manda) en la subregión del Bajo Cauca, en Antioquia.

Esa revelación la pudimos hacer, entre otras cosas, porque en micrófonos el hoy asesinado Osuna nos reconoció haber estado fungiendo como asesor a la sombra de los alcaldes encargados de los municipios de Nechí y El Bagre y ser “amigo” de Yahir Acuña.

Días después de nuestra historia, la alcaldesa encargada de El Bagre (llamada María Yolima Madrigal) ratificó el sentido de esa versión, cuando denunció en la Fiscalía que Yahir Acuña la presionó por burocracia y contratos a través de unos aliados del excongresista que llegaron al pueblo para vigilarle la gestión. Entre esos aliados estaba Jader Osuna.

La mandataria también asegura en su declaración a la Fiscalía (que pueden leer completa haciendo clic aquí) que, cuando se negó a hacer lo que Acuña y sus aliados le decían, fue radicada en la Gobernación de Antioquia una carta falsa en la que ella supuestamente renuncia a su encargo y a su militancia en el viejo PIN.

En esta denuncia la acompañó el gobernador antioqueño Luis Pérez, cuando días después salió con ella en medios relatando que a la alcaldesa encargada la hicieron firmar un pagaré en blanco  al partido Opción Ciudadana a cambio de ser ternada.

Uno de los asesores de la mandataria le dijo a La Silla hace unas semanas que fueron emisarios de Yahir Acuña los que le hicieron firmar ese documento, como requisito previo para estar en la terna.

Los casos (que ayudó a revelar el asesinado)

La historia de los tentáculos de Yahir Acuña en el Bajo Cauca arrancan el 3 de octubre de 2017, con la designación del funcionario de la Gobernación, Esven Cortés, como alcalde encargado del municipio de Nechí, tras la captura del mandatario titular Miguel Franco por presunta malversación de plata pública, quien llegó con el aval del viejo PIN en 2015.

Desde el primer día como encargado, junto a Cortés estuvieron como asesores a la sombra dos costeños de la cuerda de Acuña: Carlos Erasmo Sánchez, oriundo de Sahagún, Córdoba, quien el año pasado aspiró a una curul por las negritudes en las legislativas con el apoyo de Yahir; y Jader Osuna, el asesinado, quien le hizo campaña a Sánchez en Córdoba y Sucre y, según nos contó Cortés, era su conductor mientras estuvo de alcalde encargado.

Teniendo como asesores a la sombra a Sánchez y Osuna, el encargado Cortés contrató de secretario de Hacienda un contador sucreño que habría intentado trasladar 3.500 millones de pesos de regalías a una cuenta en Sincelejo a una fundación que no tenía contratos con Nechí, como lo contamos.

En diciembre pasado, cuando regresó el alcalde titular Franco por vencimiento de términos, los asesores yahiristas Sánchez y Osuna se mudaron para el vecino El Bagre, donde habían acabado de capturar a su alcalde Ángel Mesa por por cambiar el operador del alumbrado público por uno que no cumplía con requisitos legales. Ese Alcalde también era del viejo PIN.

Ahí fue que resultó encargada la actual alcaldesa, María Yolima Madrigal.

Como nos contó una fuente que lo sabe de primera mano -y la alcaldesa lo menciona en su denuncia-, el 21 de diciembre cuando quedó de encargada, llegaron a recogerla Carlos Erasmo Sánchez y Jader Osuna a su casa en Planeta Rica para llevarla a Sincelejo, donde se encontró con Yahir Acuña.

En esa reunión, según estas versiones, Acuña asignó a Jader Osuna como asesor informal  permanente de la alcaldesa (e) Madrigal. Desde ese día su función fue acompañarla a todas las reuniones y citas, tomar nota, transportarla y recomendarle a quién nombrar de secretario de Gobierno, de Contratación Pública y de Hacienda.

Pero solo se quedó hasta el 15 de enero pasado, luego de que la alcaldesa declarara insubsistente como secretario de Gobierno a Briller Ochoa, uno de los aliados del grupo de Yahir, y les pidiera a este y a Carlos Erasmo Sánchez que no influyeran más en su administración, como dice la denuncia que hizo Madrigal ante la Fiscalía.

Osuna contactó a los demás secretarios de su cuerda recién nombrados para que dejaran sus cargos. Luego se fue del municipio.

Una semana después, el 24 de enero, llegó a la Gobernación de Antioquia la carta renuncia falsa de la alcaldesa Madrigal al partido Opción Ciudadana; y el 3 de febrero Luis Pérez denunció la existencia de la letra de cambio por 300 millones que le hicieron firmar para meterla en la terna.

El día que Madrigal estaba haciendo su primera rendición de cuentas como mandataria encargada, el pasado jueves 28 de febrero, mataron a Osuna.

Como lo hicimos en nuestra primera publicación sobre este caso, intentamos comunicarnos con Yahir Acuña para preguntarle por su respuesta a las denuncias de la alcaldesa encargada de El Bagre y el Gobernador, y por su relación con Jader Osuna; pero hasta el cierre de esta historia no nos había respondido.

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Twitterazo a la audiencia del glifosato

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Estamos en vivo, en la Corte Constitucional, contando el detrás de cámaras de la audiencia pública sobre la aspersión de glifosato donde, como contamos esta mañana, el Gobierno está casi solo argumentando que se debe reanudar. De hecho, el presidente Iván Duque, que ya habló, le pidió a la Corte que module la decisión de 2017 en la que le puso condiciones a esa forma de erradicar cultivos ilícitos.

Acá puede ver qué dicen otros intervinientes, para alimentar la decisión que tomará la Corte en las siguientes semanas, y otros detalles reveladores de la audiencia.

Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez

Fiscal General de la Nación

Guillermo Botero Nieto

Guillermo Botero Nieto

Ministro de Defensa de Colombia

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Duque le mete más gasolina al glifosato

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Ayer, durante la audiencia sobre fumigación con glifosato, el presidente Iván Duque se la jugó por pedirle a la Corte Constitucional que module la sentencia que sacó en 2017, en la que le puso condiciones a la aspersión con ese químico. Pero, como anticipamos, estuvo muy solo en esa posición y además salió golpeado, porque quedó en evidencia que el gobierno tiene problemas con sus propias cifras.

El resultado global de la audiencia y de lo que dijeron las partes, es que ahora el glifosato es un tema políticamente más sensible.

Estas son las conclusiones que dejó la audiencia que seguimos en La Silla en este twiterazo en vivo.

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Duque hizo una apuesta arriesgada

Al terminar su discurso, el presidente Iván Duque le pidió a la Corte “que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales”.

Es decir, le pidió a la Corte que reduzca las exigencias de su sentencia de 2017, algo que ha ocurrido en el pasado pero no en una audiencia de la Corte para verificar si la están cumpliendo.

Sí eso ya es arriesgado, lo es más porque el bloque pro-paz de seis de los nueve magistrados (Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, Cristina Pardo -que está impedida en este proceso porque fue secretaria jurídica de Palacio-, Alberto Rojas y Alejandro Linares) probablemente tengan en mente que la fumigación aérea es un punto muy sensible del Acuerdo de La Habana, en el que esa herramienta para atacar la coca quedó como último recurso.

De hecho, La Silla supo que en la Sala Plena de la Corte hubo debate y puja sobre los invitados a la audiencia de ayer justamente por lo sensible del tema.

Es probable que, como en otras decisiones que han tocado el Acuerdo, argumenten el deber de aplicar el Acto Legislativo 02 de 2017, que le da seguridad jurídica al Acuerdo y dice que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo”, con lo que Duque perdería la pelea.

Además, el solo hecho de pedir modularla abre otro frente de tensión con la Corte que, de sumarse a unas objeciones frente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, podría llevarlo incluso a chocar con la Corte.

Eso se sabrá a más tardar el lunes, cuando vence el plazo para que el Presidente defina si firma la ley o acoge las recomendaciones del senador Álvaro Uribe y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de objetarla por motivos puntuales que van en contravía de puntos que la misma Corte, con sentencia de esos mismos magistrados, ya revisó e incluso modificó a lo que salió del Congreso.

De hecho, un magistrado le dijo a La Silla que aunque hoy no ve clara la inclinación para la modulación, cree que si Duque objeta la estatutaria, la Corte se podría sentir desafiada, lo que haría más difícil que acepten la modulación que propuso.

 
2

Santos dijo que iba como ciudadano, pero se defendió como expresidente

El ex presidente Juan Manuel Santos arrancó su intervención diciendo que aceptó ir a la audiencia porque es una “instancia eminentemente técnica” y que intervenía “como ciudadano colombiano y como ciudadano del mundo en mi calidad de miembro recién nombrado de la comisión global de políticas de drogas”.

Pero pocos minutos después demostró que no se iba a quedar ahí, lanzándole un dardazo irónico al gobierno Duque: “Esta mañana escuchamos que ahora sí se va a aplicar una política integral. Qué bueno, así debe ser. Ese enfoque integral lo adoptó mi gobierno y el de Uribe y el de Pastrana y el de Samper y el de Gaviria”.

A partir de ahí empezó su ‘autobombo’ con un espejo retrovisor positivo.

Después de declarar que la guerra contra las drogas fracasó, dijo que su gobierno cambió la mirada del problema para verlo como uno global y que llamó al mundo a buscar estrategias no represivas para combatirlo, que tuvo cifras récord en erradicación de hectáreas, incautación de cocaína y desarticulación de jefes narcos, y remató diciendo que como eso no fue suficiente y el porcentaje de resiembra siguió siendo alto, logró un Acuerdo de paz que le dio fuerza a la sustitución de cultivos.

“En el caso de las 34 mil hectáreas sustituidas voluntariamente y de las más de 5 mil que fueron erradicadas por la fuerza pública, pero coordinada con los campesinos cocaleros la resiembra fue de menos del 1 por ciento”, dijo, para argumentar que ese es el camino para que los campesinos dejen la coca.

“Ahí está la clave del éxito señores magistrados, ahí está señores del gobierno … darle a los campesinos cocaleros alternativas legales, viables, no envenenarlos ni meterlos a la cárcel”, cerró, dando a entender que lo que se debe hacer es lo que él hizo al final de su Gobierno.

 
3

Ni el Gobierno sabe bien cuánto vale fumigar una hectárea de coca

Ayer quedó claro que no hay una sola cifra sobre cuánto vale fumigar.

Ante la pregunta del magistrado Linares sobre cuánto cuesta fumigar una hectárea de coca, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, respondió“la aspersión aérea es infinitamente más barata que la erradicación” y “estamos hablando de unos dos millones de pesos”.

Linares le contestó que tenía entendido que vale 100 millones de pesos por hectárea.

La confusión aumentó cuando el exministro de Salud de Santos, Alejandro Gaviria, dijo que cuesta 70 mil dólares (210 millones de pesos), pero al año, cuando nadie más habló de periodos de tiempo.

Y como si ya las cifras no estuvieran enredadas, en la tarde Diana Rodríguez, subdirectora de Dejusticia, soltó una bomba.

Después de esa bomba, como mostramos en nuestro twiterazo, el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, se le acercó a Rodríguez para que le mostrara el derecho de petición, según confirmó La Silla.

En él se lee que la oficina de drogas de Presidencia, durante el Gobierno Duque, dijo que cuesta 72 millones lo que su Ministro de Defensa dice que vale 2.

 

 
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La audiencia sirvió más para choques políticos que argumentos científicos

Aunque la audiencia se planteó como un espacio para presentar argumentos técnicos, los duelos políticos se tragaron los argumentos científicos, al menos de puertas para afuera.

La controversia sobre las cifras, que Archila haya dicho que “es una chambonada" como el gobierno anterior manejó el programa de sustitución y la reaparición de Santos, que venía de ser noticia fue porque toma malteada con la esposa o dicta una conferencia en Harvard, le quitó protagonismo a los académicos invitados.

Como lo mostramos en esta historia, eran siete académicos. Cuatro de ellos, incluyendo un extranjero (Christopher Portier) hablaron en contra de la fumigación y solo Keith Solomon dio munición a la posición del Gobierno, pues dijo que los estudios recientes muestran que la toxicidad del glifosato se ha reevaluado.

La prueba de que los académicos no estuvieron en el centro del debate es que varios medios cubrieron la audiencia desde ángulos como Santos versus Duque (aunque no se vieron) o para cubrir puntualmente declaraciones solo de ellos dos. Además, como contamos en nuestro twitterazo, después de que habló Santos la sala se empezó a desocupar.

 
5

La consulta previa, una de las condiciones de la Corte, pasó de agache

La Corte convocó la audiencia para hacerle seguimiento a una sentencia de tutela en la que el personero de Nóvita, pidió protección de varios derechos, como la consulta previa. En concreto, el magistrado Alberto Rojas la citó por un informe de la Defensoría del Pueblo que dice que todavía no se había dado un proceso de consulta adecuado.

A pesar de eso, la consulta previa casi no se mencionó.

Después del magistrado Rojas solo Víctor Darío Luna, representante del Consejo Comunitario de Nóvita, tocó el tema para decir que no habían quedado satisfechos en la preconsulta, sin contar qué había pasado con la consulta.

Del lado del Gobierno, Duque la mencionó de pasada una vez, en un listado de cosas, y su ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que era la que podía rendir cuentas sobre el tema porque depende de su despacho, nunca pasó al micrófono.

 
6

Duque se basa en que suspender el glifosato daña más unos derechos que lo que protege otros

Duque le apostó a fondo a demostrar que la suspensión de la fumigación con glifosato desde 2015 produjo la disparada de la coca y que “esa expansión tiene afectaciones en los derechos económicos, sociales y ambientales”.

“Esta discusión ya no está centrada en un herbicida,”, dijo. ”Aquí estamos hablando de una afectación a los derechos económicos y la gran afectación que se produce en el territorio cuando llegan esas economías ilegales a distorsionar, generando también una corrupción institucional tenebrosa, preocupante, con la posibilidad también de invadir las instituciones democráticas.”

Y para mostrar cómo la coca también afecta los derechos ambientales habló de los millones de litros de ácido sulfúrico que llegan a la selva para su producción y de la deforestación que traen los cultivos ilícitos.

Lo que hizo fue pedirle a la Corte que aplicara su ‘teoría de la ponderación de derechos’, un camino para definir qué derecho priorizar cuando en una situación chocan dos o más de ellos.

Pero eso implicaría que el Gobierno asume que la Corte no ponderó derechos en su sentencia de 2017

 
7

La Corte se volvió un espacio para careos de rivales políticos

Aunque usualmente el Congreso es el espacio para debates políticos candentes, ayer la Corte puso la tarima. Aparte del contraste entre Santos y Duque, se enfrentaron las visiones de dos ministros de Salud: el actual, Juan Pablo Uribe y el de Santos, Alejandro Gaviria.

En lo regional, la audiencia fue el escenario para que dos gobernadores, Luis Pérez de Antioquia y Camilo Romero de Nariño, presentaran visiones opuestas sobre cómo combatir el problema de las drogas.

Pérez ya arrancó un piloto con drones y quiere que el Consejo Nacional de Estupefacientes le dé luz verde para fumigar con helicópteros. En cambio Romero llegó con una camiseta en contra de la aspersión y como principal autoridad del departamento con más coca en todo el país, dijo que apostarle a ese camino era volver al pasado.

 
8

La Corte quedó con una papa caliente

La Corte actual ha hecho, hasta ahora, cuatro audiencias de seguimiento de procesos en los que ha declarado que la situación es inconstitucional, sin que luego haya tomado decisiones: las de Wayúu, salud, desplazados y cárceles. Pero en ninguna de ellas ha llegado el Presidente a pedir que cambie una decisión previa.

Eso deja a los magistrados con una presión nueva, pues a diferencia de los demás casos, si la Corte no hace nada estaría rechazando una solicitud de un Presidente.

Si bien un magistrado auxiliar de la Corte le dijo a La Silla “un proceso de cumplimiento no puede modular la decisión”, un magistrado explicó que se podría llevar esa solicitud a una reunión de la Sala Plena, para que ésta eventualmente sí decida modularlo.

Si lo hace, estaría abriendo un camino para modificar sentencias trascendentales en las que pone el dedo en la llaga en situaciones irregulares, que son las de las audiencias que ha citado.

 
9

La Corte y luego Duque le subieron el perfil (y la tensión) al tema

Con la convocatoria, la Corte buscó subirle el perfil al tema de la fumigación con glifosato, que hasta ahora no había sido tan central y que aunque Duque sí había mencionado, nunca tuvo tanto despliegue como ahora.

El presidente compró tanto la idea, que no fue solo él personalmente. También llevó a cinco de sus ministros, un alto consejero y a varios de sus asesores más cercanos (estaban Alejandro Salas, Francisco Miranda, Francisco Barbosa, María Paula Correa y Víctor Muñoz).

Que le haya dado esa relevancia a la audiencia contrasta con otros presidentes.

Más cuando pocas veces un presidente en ejercicio ha ido a una audiencia de revisión de una sentencia. Lo hizo Santos para defender el marco jurídico para la paz y luego para el plebiscito. Pero ni Pastrana lo hizo cuando su gobierno debía decidir si prorrogaba o no la zona de despeje del Caguán.

 
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Gaviria se fue contra Duque pero no se alineó con Santos

En su intervención, el expresidente César Gaviria defendió la suspensión de la aspersión con glifosato y criticó el enfoque de Duque de caerle al consumidor prohibiendo la dosis mínima y hasta le achacó la multa por las empanadas.

Pero también marcó distancia frente a Santos

Dijo que un gran acuerdo internacional contra la droga, que es bandera de Santos, no sirve de nada porque no incluye el consumo.

También argumentó que no es buena idea hablar de legalización porque da la impresión de que no hay que hacer nada y que no importa que la gente consuma. Y que el gobierno de Santos se equivocó dejando crecer excesivamente los cultivos ilícitos.

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El problema de las drogas tiene cara de mujer

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En nuestro #ViernesEnLaSilla de esta semana, hablamos con Isabel Pereira, coordinadora de investigaciones en la línea de Política de Droga - Dejusticia y con Silvia Puccini Montoya, abogada investigadora en Elementa.

Opinión
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Las colombianas le sacan el cuerpo a las ciencias y las matemáticas

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A las mujeres les va peor en el colegio en matemáticas y ciencias respecto a sus compañeros hombres y esta tendencia se mantiene en el tiempo y empeora en ciertos casos, limitando sus posibilidades de elección en el futuro.

Esto es lo que encontró Luz Karime Abadía directora de posgrados de economía de la Universidad Javeriana y coautora del artículo “Brechas de género en el rendimiento escolar a lo largo de la distribución de puntajes: evidencia pruebas saber 11°” y del artículo “Women in STEM: Does College boost their performance?” que está en proceso de publicación.

Hasta tercero de primaria a las niñas les va igual de bien que a los niños en matemáticas y ciencias, y les va mejor en lectura, según el análisis que hizo Abadía de las pruebas Saber en tercero, quinto, noveno y once grado.

De forma que no se trata de diferencias biológicas y lo que estaría mostrando, según Abadía, es que dado que en tercero de primaria las estudiantes todavía son muy pequeñas, no han interiorizado los estereotipos que las van a condicionar después.   

A medida que avanzan en el colegio, empieza a aparecer una distancia en matemáticas de 2 puntos en promedio de diferencia en contra de las niñas que se mantiene hasta el final del bachillerato.

En las pruebas Saber 11, el desempeño de las estudiantes mujeres en disciplinas como ciencias o matemáticas es menor que el de los hombres aunque mantienen un puntaje mayor en lectura.

La gráfica muestra que hay más mujeres que hombres que obtienen puntajes bajos. Si se observa la parte derecha del gráfico abajo, la línea punteada azul de las mujeres está por debajo y más hacia la izquierda, que la de los hombres.

Aunque no es muy diferente en otros países, lo que sí es particular de Colombia, dice la investigadora, es que en las pruebas internacionales Pisa 2012, la brecha de las estudiantes colombianas respecto a los hombres, en ciencias y matemáticas, es la más grande entre 65 países donde se aplicó y, en las Pisa 2015 está entre las tres peores. Además la ventaja que tienen las estudiantes mujeres en lectura es la menor.

Suecia y Finlandia, anota Abadía, en cambio, han logrado revertir la tendencia y eliminar la brecha en contra de las mujeres en matemáticas. China está apuntando en la misma dirección.

La distancia en contra de las mujeres en el desempeño en ciencias y matemáticas, se amplía entre los mejores puntajes -percentiles más altos- de las Saber 11, pasando de 2 puntos a 13 puntos en matemáticas, explica Abadía.

Al mismo tiempo que les va peor en lectura que a los hombres con puntajes altos similares, por lo que la ventaja que traían en esa materia se revierte.

Los resultados negativos para las mujeres en las pruebas estandarizadas contrastan con el hecho que las mujeres por lo general tienen mejores promedios que los hombres en la universidad.

Posiblemente, explica Abadía, porque para calcularlos se evalúan diferentes competencias como escribir ensayos, hacer presentaciones, presentar exámenes orales, etc. Por el contrario, en las pruebas Saber y en las Pisa la respuesta es correcta o no y eso implica tener que asumir un mayor riesgo.

Hay evidencia de que las mujeres prefieren dejar una pregunta sin respuesta antes que arriesgarse a marcar una de la que no están seguras, pese a que en la mayoría de pruebas de estado no se penaliza una respuesta incorrecta y, por el contrario, da un chance de acertar.

El problema es que el mal desempeño en matemáticas y ciencias se traduce en un puntaje global bajo en las Saber 11 dado el peso que tienen dichos componentes y, por ende, en una menor posibilidad de acceso a ciertas carreras y becas que exigen mayores puntajes. Es un círculo vicioso, que se traduce en menos mujeres matriculadas en estas áreas.

Lo que encontró Abadía es que sólo un 43 por ciento de los matriculados en carreras Stem (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son mujeres. 

Pero aún las que se meten a carreras científicas o intensivas en matemáticas les sigue yendo peor que a sus compañeros hombres y, por el contrario, pierden la ventaja en lectura que traían, quizá porque competencias como la escritura por ejemplo ya no son el fuerte, explica Abadía a partir del análisis que hizo de las pruebas Saber Pro que se aplican al final de las carreras y que miden no solamente áreas específicas de éstas sino áreas básicas como matemáticas y lectura.

Ese peor desempeño promedio de las mujeres en ciencias y matemáticas respecto a los hombres es mayor en las universidades acreditadas así como en las universidades públicas  respecto a las privadas.

En la Universidad Nacional, que exige una prueba de admisión de selección múltiple diferentes a las pruebas Saber 11, con un alto componente áreas relacionadas con matemáticas, cuenta Abadía, que sólo un 30 por ciento de las mujeres logra entrar, y de esas muchas tienen que optar por carreras que no estaban buscando inicialmente, pues no les alcanza el puntaje.

Lo que es grave, continúa la investigadora, teniendo en cuenta que esa universidad brinda educación de alta calidad, para personas de bajos recursos, en muchas zonas del país.

La explicación, continúa Abadía, estaría en el nivel de competitividad pues los estereotipos y la aversión al riesgo juegan en contra de las mujeres.

“A los hombres no les da miedo pedir la palabra y opinar, y posiblemente en ciertos casos los profesores también están más dispuestos a darles más la palabra y tener más en cuenta sus opiniones” anota Abadía.

En Colombia muy pocas universidades tiene declarada una política de género como la de muchas universidades extranjeras, en las que conscientes de ello, según Abadía, se presta atención incluso al tipo de lecturas que mandan los profesores a sus estudiantes de forma que no sólo muestren los avances o el conocimiento que han producido los hombres. También se forman clubes de mujeres para estudiar matemáticas y entre ellas se ayudan para aumentar su confianza.

Además de cerrar la puerta a ciertas carreras y universidades la brecha en contra de las mujeres en ciencias y matemáticas reduce la posibilidad de becas para estudiar en el exterior o en una universidad nacional.

Para Ser Pilo Paga, por ejemplo,  además de tener bajos recursos económicos se requería un muy buen puntaje de Saber 11. Dado el bajo desempeño de las mujeres, hay 4 mil mujeres menos que según Abadía podrían haber sido elegidas para ganarse la beca de un total de 10 mil beneficiarios si no existiera la brecha.

El que la curva de las mujeres esté desplazada hacia la izquierda implica que ellas puntuaron menos que los hombres y estuvieron más lejos del puntaje exigido.

Esa distancia en contra de las mujeres respecto a los hombres también les afecta la posibilidad de irse a hacer un posgrado en el exterior, pues para esto se requiere presentar exámenes como el GRE y el Gmat que tienen, de nuevo, un alto componente de matemáticas.

¿Qué explica todo esto?

Abadía en su investigación encontró que las estudiantes mujeres y los estudiantes hombres que presentan las pruebas Saber 11, que son prácticamente los de todos los colegios del país pues es un requisito para ingresar a la universidad, son muy similares entre sí en términos de estrato:

De tipo de familias de las que vienen

O de educación pública o privada

Por lo que la explicación estaría en variables que no son tan visibles pero que otros estudios han demostrado.

Una de las razones entonces para que las estudiantes mujeres puntúen menos en matemáticas y ciencias es la falta de motivación o el cambio en las preferencias, que de acuerdo con Abadía responde a creencias que reafirman su rol de cuidadoras de otros más desprotegidos, de la misma forma que reafirman la idea de que los hombres son los que estudian ingenierías y carreras en ciencias y tecnología, y los que ocupan las posiciones de poder.

“Colombia está plagada de estereotipos de género. Uno escucha frecuentemente frases como llorar es cosa de niñas por ejemplo. Hay publicidad también que refuerza los estereotipos de género. Siempre nos muestran que la mujer es la que cocina, la de todos los productos de la casa y del cuidado de los niños. Mientras que al señor lo muestran como el ejecutivo, está vestido de saco y de corbata y tiene su maletín. Desde pequeñas nos están diciendo que las mujeres vamos para la casa, mientras los hombres son los que ocupan posiciones altas” sostiene Abadía.

Las diferencias en el tipo de juegos también incide. Está demostrado por ejemplo que jugar fútbol, videojuegos, lego, montar bicicleta desarrolla partes del cerebro que favorece las competencias en matemáticas.

Por el contrario, que los papás le digan a las niñas constantemente que no se pueden ensuciar, que no pueden hablar duro, que tienen que tener cuidado con todo, las vuelve resistentes al riesgo y poco competitivas, y, en últimas, poco emprendedoras y dispuestas a luchar con la misma fuerza que los hombres para llegar a cargos muy altos de las organizaciones, de acuerdo con la investigadora.

Por esa razón en varios países de Europa se han implementado encuestas que indagan por ese tipo de estereotipos a través de preguntas como: ¿usted cree que las matemáticas son importantes para la vida? o ¿usted cree que la ingeniería es sólo para hombres y no para mujeres?

Además de las creencias, las pocas probabilidades de éxito también inciden en la falta de motivación para estudiar carreras fuertes en matemáticas y ciencias.

Pese a que hay más mujeres matriculadas actualmente en carreras universitarias, cerca de un 54 por ciento, de que se gradúan más que los hombres y son, en general, mejor preparadas que ellos, es decir, que tienen más años de estudio, ganan entre 5 y 25 por ciento menos de salario.

La gráfica muestra, que al comparar el salario de hombres y mujeres con las mismas características personales y laborales, las mujeres ganan menos y esta brecha se amplía entre aquellos trabajadores que ganan salarios altos. Tanto la línea azul como morada que representan la brecha muestran como va creciendo la distancia salarial entre hombres y mujeres a medida que se comparan cargos con salarios más altos.

Dice Abadía que un empleador que tenga que escoger entre un hombre y una mujer igualmente calificados es más probable que opte por el primero pues en teoría no tiene que preocuparse por licencias de maternidad, permisos para cuidar los hijos, etc. Y si contrata la mujer es muy probable que le pague menos como una forma de compensar por adelantado futuras faltas al trabajo.

Por razones de ese tipo en España, la licencia de maternidad es tanto para hombres como para mujeres. Una mujer puede tener su hijo y a las dos semanas, por poner un ejemplo, puede intercambiar con su esposo para que éste tome la licencia. De esa manera ambos padres pueden estar potencialmente en licencia de maternidad y de esa forma el sesgo de los empleadores en favor de los hombres disminuye.

Cuando las mujeres han interiorizado los impedimentos que tienen para ganar más y para alcanzar ciertas posiciones están menos motivadas a estudiar carreras que implican un nivel de competitividad mayor como las de ciencias y matemáticas. “De hecho están más dispuestas a sacrificar su propia carrera personal por la de su pareja o por el cuidado de sus hijos cuando tienen que escoger”, concluye Abadía.

Los modelos a seguir también escasean. Las mujeres tienen pocas mujeres visibles que a su vez les sirvan de referente y que les hagan pensar que vale la pena ser competitivas en matemáticas y ciencias y dedicarse a ello con el nivel de esfuerzo que requiere.

Un estudio de Ángela Fonseca para el Observatorio de Asuntos de Género de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, quien es también profesora de Economía de La Javeriana, a quien Abadía se refiere, muestra en gráficos los porcentajes de participación de las mujeres en cargos decisorios en el sector público, por ejemplo.

 

Catalina Monroy http://www.urosario.edu.co/Profesores/Listado-de-profesores/M/Monroy-Her..., profesora de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, y quien hace parte del programa WomanStats project http://www.womanstats.org/ y es autora del capítulo de libro “The Status of Women’s Political Empowerment Worldwide” ha estudiado el estado de empoderamiento político de las mujeres a nivel global a partir de la tesis de que una mujer que no se siente segura no se va a sentir ni a convertirse en una mujer empoderada.

El empoderamiento político de las mujeres implica, según Monroy, que haya un ambiente favorable en la sociedad para hacer cambios, una determinación por parte de las mujeres de hacerlos y la capacidad de materializarlos.

El empoderamiento político lleva implícita la capacidad de transformar el estado de cosas. Y la representación política, que ha sido el indicador más usado, no lograr medir eso y tiene el problema de que tiene en cuenta también mujeres que están empoderadas por un tercero como mujeres congresistas en “cuerpo ajeno” que en realidad representan esposos, hermanos o familiares con algún impedimento.

En ese sentido Monroy y su grupo de investigación desarrolló un índice que cruza variables de seguridad física, económica, legal, y de representación política, a partir de información del WomanStats project, del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial.

El top 10 lo encabezan los países nórdicos, Holanda, Bélgica, Alemania y Nueva Zelanda. Entre los países latinoamericanos que aparecen de primeros, a partir del puesto 30, está Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile y Nicaragua. Más abajo, en el puesto 46 de 125 países, está Colombia.

Toda esa sucesión de eventos marcados por la brecha entre mujeres y hombres en matemáticas y ciencias, que además en Colombia es acentuada afecta el crecimiento económico y el desarrollo del país. “Si hay menos mujeres en ciencia y tecnología estamos perdiendo un gran capital humano”, señala Abadía. “Personas muy capaces y con puntos de vista diferentes.” Colombia además tiene en general unos niveles muy bajos de desarrollo científico.

 

En 160 trillones de dólares calcula el Banco Mundial las pérdidas en la riqueza global precisamente por la pérdida de capital humano debido a la inequidad de género.

Está comprobado, además que los grupos de trabajo más diversos en términos de género innovan más. Y esa diversidad, continúa la investigadora, en los niveles directivos de las empresas conllevan a mejores resultados financieros.

En el sector público hay evidencia de que cuando una mujer está en un cargo público las decisiones de política pública tienden a mejorar la calidad de vida de las mujeres, invierten más dinero en el cuidado de los hijos, en la creación de más guarderías, por ejemplo, en la reducción del embarazo adolescente, y en últimas en el cierre de brechas sociales.

“Cuanto más rápido se rompan los estereotipos de género más rápido se corta el efecto sobre las siguientes generaciones, la posibilidad de que los padres puedan transmitir y seguir reforzando en sus hijos ciertos estereotipos de lo que debe ser el rol de las mujeres en una sociedad” concluye Abadía.

 

Silla Académica

La Ley Tic pone al regulador independiente en la Casa de Nariño

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*Esta columna fue realizada con el apoyo de Víctor Saavedra y Diego Mora, asesor y comunicador respectivamente de Fundación Karisma.

El trámite de la Ley de Modernización TIC se retomará en las próximas semanas en el Congreso. Aunque el proyecto inicial sufrió cambios, el Gobierno, en esencia, insiste en su versión y no da mucho espacio a las críticasAunque vienen cientos de propuestas de modificaciones y son muchas las críticas, me concentraré tan solo en un par, una en esta entrega y otra la semana que viene. 

Primero quiero hablar de la composición de la nueva Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC). Ésta unirá a la actual CRC y a la Autoridad Nacional de Televisión (Antv), una propuesta que no logra un balance que satisfaga la idea de un regulador independiente, como sugieren los estándares internacionales.

Ahora bien, tampoco es un intento por crear algo distinto a los estándares y justificar que, en la práctica, sí será independiente.

En la CRC propuesta, se sentarán el Ministerio TIC y cuatro comisionados elegidos por cuatro años de la siguiente manera: uno por el Presidente, dos en un proceso de selección por convocatoria pública que realice el Departamento Administrativo de la Función Pública, y uno elegido por los canales públicos regionales.

El Gobierno tiene al Ministerio sentado, participa en la elección de tres comisionados (el Presidente nombra libremente al director de Función Pública) y el cuarto se elige a través de importantes lazos políticos con el poder.

El Gobierno dice que esta composición da más autonomía que la de la actual CRC, pero no explica cómo, ni frente a estándares internacionales ni en comparación con el modelo de otros países. Es que, si se mantienen los lazos de los comisionados con el poder de turno, ¿cómo se puede decir que esta entidad será independiente?

El Gobierno también insiste en que profesiones como economía, derecho o ingeniería garantizan un carácter técnico en el regulador, su gran cambio es que ahora “permite” que la persona delegada de los canales regionales sea periodista o comunicadora. Eso no derrumba la crítica de que esta exigencia es una renuncia a promover pluralidad, diversidad y multidisciplinariedad en el órgano rector de las comunicaciones y garante de la libertad de expresión en el país.

Además, esto crea un lío en el mecanismo de elección porque exige cuatro profesiones en cinco personas. Si no se le puede imponer una profesión a la persona del Ministerio , y si la delegada de los canales “puede ser” comunicadora, las profesiones de las otras tres personas están atadas y amarran la elección a determinados perfiles. De modo que en el futuro al abogado lo reemplaza un abogado y así con las tres profesiones. ¿Alguien más anticipa líos?

Quizá lo mejor sería reconocer que el gobierno no está dispuesto a perder el control de la CRC y acabar con la farsa. Quizá lo mejor es que el presidente diseñe la CRC que quiere, una donde asume la responsabilidad de elegir a los comisionados directamente. Es decir, en la nueva CRC se sentarían el Ministerio TIC y cuatro comisionados elegidos por el Presidente mismo, punto.

Quizá eso no sea tan malo, pues nos permite entonces pasar a discutir los criterios de la selección de esas personas, los mecanismos para hacerles control y las obligaciones de transparencia.

Podríamos exigir un órgano diverso, con paridad de género y consideraciones étnicas, además multidisciplinario, en el que las elecciones sean escalonadas, por períodos largos (ocho o nueve años). Esto le daría prospectiva al regulador y haría que un gobierno amarrará a otros. Un solo presidente no podría nombrar a más de uno de los comisionados y supondría balance al menos en términos políticos al incorporar un poco de azar -ya que si hay rotación de partidos en el poder -que es lo que esperamos, habrá diversidad política en la composición-.  

En este supuesto además, se evita amarrar a los comisionados a profesiones, porque al final es asumir que el Presidente de turno lo que evalúa es las necesidades y no se amarra a flojas exigencias legales.

La otra ventaja es que aceptamos que el gobierno tiene el control pero lo obliga a garantizar mecanismos de participación que hoy brillan por su ausencia. Así en línea con los estándares internacionales, ampliamente desarrollados por Unesco, por ejemplo, podemos exigir participación, pedir instrumentos de rendición de cuentas que involucren a todas las partes interesadas, y tener herramientas de control con exigencias en materia de publicidad --como que todos los informes deben estar disponibles para consulta pública--.

Si nos vamos a cargar los estándares internacionales, al menos hagámoslo con altura. El Gobierno podría incluso justificarlo como una forma de ahorrarle dinero a Hacienda.

Sobre todo, recordemos que, sin autonomía, el riesgo es que la función regulatoria de la CRC quede atada a la política sectorial del gobierno de turno. Repito otra vez que estas no son palabras mías, son de la Ocde.

Otra opción, si el Gobierno no quiere soltar la composición de la CRC ni tampoco explicar y diseñar el mecanismo para que sus elegidos no caigan en esa trampa, sería la de pasar directamente todas las funciones al Ministerio y acabar con la ficción. Total, en la actual fusión de CRC y Antv las funciones de vigilancia, control y sanción de la Antv pasan todas al Ministerio.

En plata blanca, el Gobierno no cree que los órganos independientes desde su elección son los que ofrecen una estructura de gobernanza para enfrentar los desafíos de la convergencia. No le parece que sea así como se puede resolver tensiones de los múltiples intereses que existen en este sector. Insiste en mantener control.

Por eso el proyecto de ley necesita ajustes estructurales, necesitan seguir barajando sus opciones para cumplir estándares internacionales de libertad de expresión.

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La brújula sin Norte del Dane

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La primera sorpresa llegó hace unos meses cuando el Dane, luego de habernos contado a todos los que habitamos estas tierras macondianas, reportó que somos 45.5 millones. El dato resultó muy sorpresivo porque las proyecciones del mismo Dane basadas en la información hasta el censo de 2005 sugerían que la población de 2018 se acercaría a los 50 millones.

Se evaporaron más de cuatro millones de habitantes, lo que tiene enormes implicaciones para centenares de indicadores que guían las políticas públicas.

En países como Colombia la tasa de crecimiento poblacional tiende a reducirse paulatinamente. Por ejemplo, a mediados de los ochenta la población crecía a una media anual un poco superior al 2% mientras que en 2005 lo hacía al 1.2%. En el siguiente gráfico reporto la senda que tenía prevista el Dane antes del Censo de 2018:

Pero esa senda nos habría llevado a los 50 millones de habitantes en 2018 y el Dane dice que somos 45.5. Calculo entonces una senda de crecimiento poblacional que va cayendo a lo largo del tiempo de manera constante y que nos lleva en 2018 a los 45.5 millones reportados por el Dane. Este es el resultado de ese cálculo:

Si el crecimiento anual de la población cayó desde 2005 de manera constante y esa tasa es coherente con haber alcanzado 45.5 millones de habitantes en 2018, entonces la tasa de crecimiento poblacional colombiana es actualmente ¡negativa! 

¿Es eso lo que está ocurriendo? ¿Cómo se concilia ese dato con el hecho de que la de las Naciones Unidas todavía estima que nuestra población crece a más de medio punto porcentual anual? ¿Será que contamos mal en el Censo reciente? ¿O proyectamos MUY mal a partir del pasado? ¿O contamos mal en el pasado?

La segunda sorpresa del Dane vino la semana pasada cuando reportó los datos de crecimiento económico.

Buena parte de la atención mediática recayó sobre el cálculo para 2018. Sin embargo, a la par con esa información, también presentó la revisión del dato de 2017. Es estándar que las agencias estadísticas reporten los cálculos de actividad económica primero de manera preliminar y luego hagan una revisión definitiva. Lo que resulta perturbador es que en este caso el Dane bajó la tasa de crecimiento de 2017 de 1.8% a 1.4%.

De un tajo evaporó—ahora no unos millones de habitantes—sino más de la quinta parte del crecimiento de ese año. En plata blanca, el descache se acerca a 3,5 billones de pesos. El Estado tomó decisiones basadas en datos que apuntaban a un crecimiento de 1,8% y no 1,4%.

¿Habría el Banco de la República bajado más las tasas de interés si hubiera conocido ese dato a tiempo? ¿Le habría dado el Comité de Regla Fiscal más espacio al gobierno con esa información? ¿Nos habríamos ahorrado algo del incremento en el desempleo que estamos viendo si hubiéramos sabido ese dato a tiempo y actuado en consecuencia?

Parafraseando a Gabo en Cien años de soledad, “[es como si el Dane] hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad”.

Las estadísticas nacionales son la brújula con la cual navega un país. Si está mal calibrada caminamos en la dirección equivocada.

Estos episodios deberían desatar una autocrítica en el Dane y también llevarnos a retomar el debate sobre la conveniencia de darle a la institución una gobernanza similar a la que tiene el Banco de la República, que le permita una mayor independencia presupuestal y política del gobierno de turno y un refuerzo de su capacidad técnica.

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Duque se recupera del golpe del IVA a punta de Venezuela

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El viernes se conoció la Gallup Poll, que mide el estado de ánimo de los colombianos cada dos meses desde hace más de 20 años. La encuesta, que recoge la opinión de las cinco ciudades más grandes, ratifica lo que han venido anunciando las demás encuestadoras: que Iván Duque está saliendo de la luna de hiel en la que terminó el año pasado.

(Como explicamos cuando anunciamos la decisión de no usar las encuestas para analizar las elecciones de este año, seguimos cubriendo esta medición porque lleva más de dos décadas usando la misma metodología y no predice quién ganará elecciones, sino muestra el estado de la opinión. Acá puede ver su ficha técnica).

Estas son nuestras principales conclusiones:

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El factor Venezuela cambió el panorama

La crisis institucional en Venezuela, la decisión de Duque de desconocer a Nicolás Maudro como presidente y en su lugar hacerlo con Juan Guaidó, a quien además ha dado apoyo logístico y diplomático, y los eventos en la frontera cucuteña del viernes 22 de febrero (el concierto) y el sábado 23 (el fallido intento de ingresar ayuda alimentos e insumos médicos) cambiaron el panorama.

Esto se nota en varias preguntas de la Gallup.

Por ejemplo, el optimismo sobre el futuro de las relaciones entre los dos países se disparó y llegó a los mejores niveles nunca vistos desde el plebiscito de octubre de 2016, mientras la naciente xenofobia se redujo por la oleada de simpatía: el porcentaje de quienes apoyan acoger a los venezolanos llegó a su récord del 60 por ciento, y la opinión de los venezolanos que han llegado para quedarse mejoró, aunque sigue siendo más desfavorable que favorable.

También se ve en que uno de los campos en los que más mejoró la opinión es el de relaciones internacionales, que tiene sus mejores cifras desde la caída entre diciembre de 2016 y enero de 2017, con el primer cierre total de la frontera por Maduro.

Además, mientras éste sigue teniendo la peor imagen de todos los personajes o instituciones por los que pregunta Gallup, la de Guaidó es la mejor, más de 20 puntos por encima de la de Sergio Fajardo, el líder colombiano con mejor imagen entre los que pregunta la encuesta.

 
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Duque se benefició

Ese cambio de agenda, en el que ahora Venezuela es un asuntos prioritario, es el más claro para explicar los 13 puntos de mejora en la aprobación de Duque y la caída en 16 de su desaprobación.

Esas cifras, si bien no lo dejan en el terreno de la imagen positiva, sí dejan atrás la luna de hiel que vivió en diciembre y le dan un respiro, aunque también lo dejan en la posición de depender de factores externos que son los que definirán el futuro de Venezuela.

A ese respiro se suma que el 73 por ciento de los encuestados creen que sus Talleres Construyendo País ayudan a solucionar los problemas locales. Significa que tiene en sus manos una herramienta que puede ser poderosa para lograr y mostrar resultados.

 
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Y también afecta la imagen otras figuras

La mejora en la imagen de Donald Trump, que tiene porcentajes casi idénticos a la de la aprobación de Duque, muestra que Venezuela puede incluso afectar la opinión de personajes que vienen siendo muy impopulares - y se da a pesar de que la mayoría no apoya una intervención militar gringa en Venezuela.

En cambio Gustavo Petro, que estuvo estas semanas a la defensiva -explicando sus críticas al modelo económico de Maduro y su reticencia a decirle dictador-, profundizó la caída en su popularidad que arrancó en octubre. Llegó a la mayor desfavorabilidad y la menor favorabilidad desde que salió de la alcaldía de Bogotá hace tres años.

Curiosamente, ese efecto no se da en la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, cuya favorabilidad se reduce a pesar de que ha movido el tema de Venezuela desde hace años. Quizás le afectó su mención de la necesidad de cambiar los electrodomésticos viejos para enfrentar un aumento en el costo de la energía.

Tampoco en el del Canciller, Carlos Holmes Trujillo, que es más conocido pero no logró una opinión más favorable a pesar de su protagonismo en la relación con Maduro.

 
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A Duque también le ayuda que la economía se ha calmado

La percepción de la economía, que estaba muy golpeada en diciembre por la reforma tributaria, se recuperó de la caída, por lo menos parcialmente y a pesar de que el crecimiento económico no ha variado sustancialmente y a que la mayoría de analistas ven a la economía con crecimiento relativamente lento.

En esa misma línea, más gente está satisfecha con las cosas que puede comprar y hacer, con cifras que empatan el récord de agosto de 2015 (Gallup hace esta pregunta desde hace ocho años).

Esa calma también se nota en que mejoró la favorabilidad del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que si bien sigue siendo negativa está mejor que en octubre, cuando no había presentado la reforma tributaria pero todavía cargaba con el peso del debate de control político en su contra.

 
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El ELN también puede explicar la mejora

Además del apoyo por Venezuela, la mayoría de la opinión respalda la decisión de Duque de suspender las negociaciones con el ELN. Aunque ese apoyo es por un margen estrecho, muestra que un 10 por ciento de los encuestados no aprueban su gestión en general pero sí esa decisión en concreto, por lo que ésta la suma a su imagen.

Sin embargo, detrás hay nubarrones. La cantidad de personas que sienten que la situación con la guerrilla está empeorando  es la más alta desde junio de 2015, cuando las Farc cometieron una serie de atentados que puso en riesgo el apoyo a la negociación de La Habana.

Además, aunque sigue sin ser el mayor problema, la seguridad pasó de ser el último por mucho, a estar cerca de la economía y la corrupción, lo que muestra que si bien en el corto plazo la decisión de Duque ayuda a su imagen, a mediano plantea el reto de mostrar resultados que mantengan esa fe.

 
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Pero no hay sentimiento anti paz, ni gran movida a la derecha

A pesar de que la reacción contra el ELN parecía mover el péndulo de la opinión hacia la derecha, eso no pasó, según la Gallup.

Por ejemplo, solo un 4 por ciento más están de acuerdo con perder libertades para mejorar la seguridad, y la diferencia con quienes no es del 3 por ciento (dentro del margen de error), lejos de las cifras de la mayoría de los períodos de Álvaro Uribe.

Además, más gente cree que se debe sacrificar justicia para negociar la paz y más creen que se deben legalizar las drogas (aunque siguen siendo de lejos una minoría) o que debe haber matrimonio civil entre parejas homosexuales.

Sin embargo, la implementación del Acuerdo de la Habana se ve enredada: el 69 por ciento cree que va por mal camino y la mayoría siente que la reintegración de los desmovilizados va mal y empeora.

 
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Con todo eso, el pesimismo bajó

La Gallup de diciembre mostraba una opinión perdiendo confianza, que se está recuperando.

No solo porque se invierte la tendencia y hay más gente que cree que las cosas están mejorando y menos que esté empeorando, sino porque en temas muy variados hubo una tendencia similar.

Por ejemplo, la preocupación con el narcotráfico está en su punto más bajo desde mediados de 2016, a pesar de las noticias de regiones como el bajo Cauca o Tumaco (la encuesta no alcanza a capturar el aumento de importancia del debate del glifosato con la audiencia de la Corte Constitucional del jueves) y la opinión sobre inseguridad está mejorando y empata con el mejor momento del todo el segundo cuatrienio Santos.

Algo similar pasa con la salud, la asistencia a niñez y vejez, educación, transporte en carreteras o apoyo al campo y al agro.

También mejora la imagen de casi todas las instituciones, desde la Iglesia hasta el Congreso, incluyendo a los medios, la Junta Directiva del Banco de la República o la clase empresarial.

La principal excepción es la Policía, que empeora su imagen a los peores niveles en los 18 años que lleva Gallup haciendo esa pregunta, por escándalo de las multas por hacer compras o comer empanadas en la calle.

 
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Aunque hay dudas de la bandera duquista de la equidad

En contraste con la imagen general, hay más gente que cree que está empeorando el desempleo, sigue muy alto el del costo de vida a pesar de que la inflación está bajo control, y la percepción de que está empeorando la construcción de vivienda popular llega a su récord en casi 11 años de registros.

Además, casi la mitad de la gente cree que están empeorando la calidad y cubrimiento de los servicios públicos, algo que no ocurría hace dos años, y que puede deberse a la retirada propuesta del Gobierno de reducir o eliminar los subsidios en estos servicios para los estratos bajos

 
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Hidroituango pasa cuenta de cobro

Pero ese mismo problema de opinión sobre los servicios públicos se puede deber al impacto de la crisis de Hidroituango en la imagen de EPM, una de las principales empresas del sector en el país.

De hecho, coincide con un récord en desfavorabilidad de Sergio Fajardo, quien igual mantiene un amplio margen de imagen positiva.

Además, justo con el estallido de la crisis y con las imágenes al río Cauca seco, se rompió la tendencia de mejora de la opinión sobre el medio ambiente, que empeoró drásticamente.

 
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Y le va mal al Fiscal 

Néstor Humberto Martínez, en medio del escándalo de Odebrecht y a pesar de sus anuncios de imputaciones y capturas en casos como Hidroituango o el fiscal corrupto de la JEP, tiene peor imagen.

Eso afecta a la Fiscalía, que es una de las pocas instituciones cuya favorabilidad no mejora y mantiene las mismas cifras de diciembre, las peores en toda la historia de la Gallup Poll.

 
Silla Nacional
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Silla Cachaca
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