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Lo que se perdió en estas vacaciones

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Para quienes tomaron un descanso el fin de año, estas son las noticias más importantes del arranque del 2020 que se pudo perder:

1

Se posesionaron los nuevos gobernantes locales, con mucho simbolismo en Bogotá

Como cada cuatro años, el primero de enero se posesionaron los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. La principal noticia suele ser los anuncios que hacen ese día, y más cuando hay figuras tan novedosas como Daniel Quintero en Medellín, William Dau en Cartagena, Jairo Yáñez en Cúcuta o Claudia López en Bogotá.

Justamente la posesión de ella fue la más significativa, porque no solo marca un cambio local sino nacional: es la primera mujer homosexual elegida alcalde de una ciudad grande, la primera alcaldesa de la capital y además es una persona que no viene de las élites sino de clase media. Y todo eso fue visible en su ceremonia de posesión.

López eligió hacerla en el Parque Simón Bolívar, el más grande de Bogotá y al que suelen acudir familias de clase media; lo hizo abierto a cualquiera que quisiera ir y con un ambiente de picnic; llegó cogida de la mano de su esposa, la senadora verde Angélica Lozano (con quien se casó en diciembre); y recibió la banda de alcalde de su madre, y no de una figura poderosa.

Con todo eso, marcó el tono de su alcaldía, que todo indica que no será el agresivo de la primera parte de su campaña sino el más moderado de la segunda: apoyó que su contendor a la alcaldía, Carlos Fernando Galán, sea presidente del concejo, y mantuvo al gerentes de la Empresa metro de Enrique Peñalosa, Andrés Escobar.

 
2

Con la primera ministra de Ciencia, Duque reitera su deseo de un gabinete técnico (y paritario)

El 30 de diciembre el presidente Iván Duque anunció que Mabel Torres será la primera ministra de Ciencia y Tecnología del país. Al haberlo reiteró su apuesta por un gabinete técnico, sin trayectoria ni representatividad política: Gasca es una científica afro y chocoana que combina la academia con un emprendimiento tecnológico en Quibdó.

Por eso, su nombramiento mantiene la línea de Duque de designar ministros que vienen de los sectores que tienen encargados (con excepciones con el ex de Defensa, Guillermo Botero) y además mantiene la paridad de género en el gabinete, algo por lo que ha sacado pecho.

Nunca ha hecho política y, de hecho, en sus primeros días salió a criticar el fracking y la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, lo que le valió críticas de uribistas como el senador José Obdulio Gaviria o el ex precandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza, pues el partido del presidente defiende ambas cosas. Con eso, Torres refuerza la distancia que hay entre algunos miembros del gabinete y los aliados políticos de Duque.

 
3

Bojayá y la Sierra Nevada recuerdan lo vivo que está el conflicto en algunas zonas

Por lo menos tres noticias recordaron la difícil situación de seguridad y la fuerza de los grupos armados en algunas regiones.

Por un lado, el asesinato de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve en Palomino, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre el mar Caribe, refrendó la presencia de una poderosa organización en la zona, a pesar de que los asesinaron delincuente4s comunes por robarles el carro, según la confesión de uno de los criminales.

La organización, conocida como 'Los Pachenca', reúne a herederos del extraditado narco y paramilitar Hernán Giraldo, que controlan las rutas de la coca y vacunan los negocios de la zona. Tras el asesinato anunciaron que no eran sus autores y que ayudarían a llevar a los responsables ante las autoridades, pues el crimen puede 'calentar' la zona, por la que exportan cocaína. 

Por otro, en Bojayá, Chocó, se conoció que una incursión de los Gaitanistas produjo que más de 600 personas quedaron confinadas, es decir, obligadas a permanecer en sus casas. Aunque no es la primera vez que ocurre, y en La Silla ya habíamos contado de denuncias similares en la misma Bojayá, esta vez tuvieron mayor eco.

Encima, el líder local Leyner Palacios denunció amenazas en su contra por haber hecho esa denuncia, lo que le dio todavía más visibilidad a la crítica situación humanitaria en esa parte del Chocó, que es crónica pues tuvo episodios similares en 2019, 2018 y 2017.

 
4

Cae el general Nicasio Martínez

El ahora excomandante del Ejército fue uno de los personajes del 2019 porque bajo su mando se reimplantaron algunas de las lógicas que llevaron a los asesinatos de civiles, conocidos como 'falsos positivos', que son probablemente la mayor violación de Derechos Humanos de los militares en la historia reciente de Colombia.

Además de ese hecho, el asesinato del desmovilizado Dimar Torres por militares; casos de corrupción que reveló la Revista Semana y que le costaron la cabeza a un general, una licencia prolongada al segundo de Martínez, general Adelmo Fajardo; la muerte de ocho menores en el bombardeo de un campamento de disidentes de las Farc; y el asesinato del líder indígena Flower Trompeta por otros militares empeñaron su comandancia.

Salió en diciembre, cuando suele haber relevo de la cúpula, pero no salieron los otros comandantes; sin embargo, el presidente Iván Duque lo defendió durante todo el año e incluso al anunciar su retiro, que dijo era decisión del general.

Su reemplazo es el general Eduardo Zapateiro, que viene de dirigir el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que organiza las operaciones militartes más importantes. De hecho, Zapateiro participó en tres de las más sonadas de fines del gobierno Uribe, incluyendo Fénix, la que llevó a la muerte a alias Raúl Reyes y que metió a Colombia en un lío diplomático porque se dio al otro lado de la frontera con Ecuador. 

El principal ruido en su contra viene de la desaparición del entonces soldado Jaime Enrique Quintero, cuando el entonces capitán Zapateiro lo envió de Carepa a Medellín por mal comportamiento, en 1995. El hijo de Quintero es Juan Fernando Quintero, futbolista que ha hecho parte de la selección Colombia.

 
5

Sale el tercer ministro del gabinete de Duque para 4 años

Juan Pablo Uribe renunció al ministerio de Salud por motivos personales, y así le dio un golpe más a la meta de Duque de tener "ministros de cuatro años" que le den estabilidad a su gobierno.

Dejó huérfana una de las carteras socialmente más sensibles, que suele ser objeto de apetitos burocráticos. De hecho, en diciembre se rumoró fuertemente que lo reemplazaría la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a pesar de que el grupo político de ella ha sido muy crítico de Duque y de que ella es una política tradicional, un perfil que no encaja con el de la mayoría de nombramientos de Duque.

Todavía falta por conocerse su reemplazo y si será, como se rumora incluso desde antes del nombre de Toro, parte de un remezón más amplio, y que incluya la llegada de ministros que representen o sean cercanos a fuerzas políticas diferentes al uribismo, lo que significaría un cambio grande en el Gobierno y posiblemente en la gobernabilidad. 

 
6

Duque da un paso más para fumigar con glifosato

El Gobierno Duque dio un paso clave para lograr su objetivo de volver a asperjar con glifosato: el Ministerio de Justicia publicó un borrador del decreto que debe sacar para ajustarse a las exigencias que hizo la Corte Constitucional en 2017 y que refrendó en lo sustancial en 2019, después de que el presidente Iván Duque le pidió flexibilizarlas.

Ese borrador muestra que avanza la idea de volver a asperjar, pero todavía faltan varios pasos más: que salga el definitivo, que el Ministerio de Defensa presente formalmente un programa de aspersión que se ajuste a ese decreto ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, que éste lo apruebe y que el Ministerio obtegna una licencia ambiental para ese programa. 

Todo eso le tomará varios meses, y probablemente la mayor parte del año, por lo que el debate del glifosato seguramente seguirá dando de qué hablar este año.

 
 
Silla Nacional
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Gilinski mueve a Semana más hacia la plata que hacia la derecha

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La llegada de Vicky Dávila como directora del nuevo canal de televisión digital de Semana, la contratación de Luis Carlos Vélez como entrevistador oficial de la edición impresa, y la llegada de Salud Hernández como columnista son solo tres puntadas de la nueva estrategia de Publicaciones Semana, orientada por el nuevo socio, Gabriel Gilinski.

El centro de esa estrategia es el canal, con la apuesta de que funcione como medios tipo Fox News y CNN, que soportan sus marcas en periodistas visibles y taquilleros que aportan su propia audiencia. Todo eso para crecer en ingresos vía publicidad. 

Según tres fuentes de alta confiabilidad y que tienen cómo saberlo, esa es la estrategia con la que llegó Gilinski a Semana, y tanto María como Felipe López están alineados con ella. 

Pero como significa un cambio estructural e implica una movida grande de poder, ha sido motivo de tensiones internas y también de críticas de afuera de quienes ven los cambios como un giro a la derecha.

El Fox dirigido por Vicky

Cuando le preguntamos a Vicky Dávila y a María López quién tuvo la idea de llevar a la primera a dirigir el Canal Digital, ambas nos dieron la misma respuesta: la periodista llegó en Semana por decisión de la empresa, es decir de los socios.

 

Pero otras dos fuentes que tienen cómo saberlo nos dijeron que la idea fue de Gabriel Gilinski, quien admira el trabajo de la periodista, sus 2,9 millones de seguidores en Twitter (Semana tiene 4,3 millones) y los 620.000 vistas que tenía su programa de mediodía en La W.

“El primer paso fue la llegada de Vicky, después vienen otros; un canal digital es una parrilla de programas. Los cuelgas en la página web y los distribuyes por redes”, nos dijo extraoficialmente un directivo de Publicaciones Semana.

La idea inicial es lanzarlo en enero, nos confirmó María López, presidente de Publicaciones Semana. Su parrilla inicial tendrá entre 5 y 8 horas de programación (todavía no está definido) con Semana en Vivo, el programa de debates que dirige María Jimena Duzán que saldrá de Cablenoticias y se transmitirá solo por el canal, como lo anunciaron aquí; un programa del columnista Daniel Samper Ospina, otro del Director, Alejandro Santos, y uno más de la columnista Salud Hernández.

“Cada periodista que haga su programa lo hará como quiera y bajo la línea editorial que quiera. Yo facilitaré el montaje de los programas, no intervendré en su contenido, ellos lo tienen claro”, nos explicó Dávila cuando le preguntamos cuál sería su rol.

Dávila también dirigirá un noticiero con un equipo de entre 15 y 20 periodistas, y le apostará a contar noticias, reportajes y hacer cubrimientos especiales, similares a lo que hicieron en la página web el 21 de noviembre, primer día del paro.

Este es el segundo medio grande que le apuesta a un canal digital de este tipo. A finales del año pasado Caracol Televisión lanzó Caracol Ahora, dedicado solo a dar noticias.

Además de tener una programación continua (a largo plazo quieren que sea 24 horas), Semana le apunta a tener periodistas taquilleros y reconocidos que traigan su propia audiencia y sean de diferentes orillas ideológicas, para así vender espacios comerciales.

El modelo a seguir es la televisión gringa de Fox News y CNN.

“Fox News ha creado una combinación de información y opinión que es exitosa y a eso le apunta la estrategia. No a que Semana sea de derecha o de izquierda, sino al modelo”, nos dijo una fuente que conoce la movida de primera mano.

De hecho, confirmamos que hubo conversaciones entre Gabriel Gilinski, Vicky Dávila y Jorge Acosta, gerente de Noticias Uno, para llevar ese noticiero al canal digital de Semana, pero Acosta nos confirmó que no se pusieron de acuerdo porque estaban buscando cosas distintas. Noticias Uno buscaba financiación para seguir haciendo su noticiero con independencia, y Semana esperaba conseguir, además del noticiero, otros contenidos para el canal producido por el equipo de Noticias Uno.

Este giro desde lo periodístico es particularmente relevante porque Semana priorizaba su marca sobre las personalidades de los periodistas, de lo que es una muestra que los artículos de la revista impresa no solían llevar firma, a diferencia de lo que ocurre en casi todos los otros medios.

Una muestra de ello es esta portada publicada a finales del año pasado, el artículo central venía firmado por el director de la revista, Alejandro Santos, una muestra del giro a esa dirección.

O la llegada de Luis Carlos Vélez al impreso, que se estrenó en la edición pasada como entrevistador de la revista con esta entrevista al presidente Iván Duque, o los reportajes publicados por Salud Hernández todas muestras de que la revista también se está reorientando a ese enfoque.

De acuerdo con María López, las cifras de audiencia de Vicky los tienen optimistas: va con un promedio de 400.000 vistas por programa, y tuvo un pico de 2 millones el día del paro. 

“Han superado las expectativas y continúan en crecimiento, así que a partir de enero, cuando salgamos con la programación al aire, consideramos que para cualquier anunciante será muy atractiva la opción de vincularse comercialmente al canal”, nos dijo.

Esa es la segunda parte de la apuesta: que los nuevos espacios les ayuden a vender más. Una fuente que conoce bien la parte comercial de Semana nos dijo que recientemente cerraron un negocio con el Éxito para que paute en el espacio de Vicky.

Esa misma fuente nos dijo que la periodista había sostenido reuniones con el equipo comercial para decirles que estaba dispuesta a tener reuniones con potenciales clientes y a ayudar en lo que pudiera para que vendieran más.

Para fortalecer el área de mercadeo también se llevaron al exgerente de audiencias de El País de Cali, Édgar Cuéllar, que en ese diario se encargó de afinar las bases de datos de los lectores y montar el área de suscripciones digitales. También invirtieron en un software de análisis de audiencias y comenzaron a mover toda su plataforma web a Arc, que es un sistema más ágil, propiedad de Amazon, donde alojan la página y lo usa, por ejemplo, el Washinton Post.

Además, están buscando con una firma cazatalentos un gerente digital que se encargará de articular todo. 

En todo esto Gilinski va a invertir cerca de 15.000 millones de pesos, de los que 4.000 millones serán para montar la infraestructura del canal digital. No conseguimos el dato de en cuánto tiempo se van a invertir estos recursos.

Para compensar esa inversión, este año arrancaron otro recorte de gastos que incluyó el cierre del call center, que tenía 150 personas, la fusión a mediados de año de la redacción digital con la de impresos, y de los equipos de logística de nuevos proyectos, de donde salieron otras 50 personas.

También cerraron Fucsia, revista de moda que estaba tambaleando y a la que Gilinski dio el empujoncito que faltaba, porque los números no daban.

Aunque no tenemos los datos oficiales, una fuente que tiene cómo conocer las cifras dice que 2019 cerraron con ingresos cercanos a los 90.000 millones de pesos, algo similar (aunque un poco menor) a lo que les entró en 2018, y utilidades de un poco más de 12.000 millones, algo que no se veía desde 2014.

Esto a pesar de que los ingresos por pauta en el impreso, que sigue siendo la mayor fuente de dinero, cayeron de enero a octubre más de un 20 por ciento frente al mismo periodo del año pasado. Según nos dijeron dos fuentes conocedoras, ese golpe lo compensó principalmente el recorte, más algo de suscripciones impresas, que a noviembre habían crecido 1 por ciento, y de la pauta digital que estaba estancada y empezó a despegar.

Aunque ese reacomodo pinta bien en lo financiero, ha causado una puja dentro de la revista y descontento en un sector de la redacción.

El sacudón incómodo

A finales del año pasado Alejandro Santos, el director de Semana, invitó a los editores de todos los medios de Publicaciones Semana a una reunión en un salón del hotel Hilton. 

Estaban en la reunión la gerente de la empresa, Sandra Suárez, y Gabriel Gilinski, quien les anunció la apertura del canal digital, y sin dar mayores detalles ambos reiteraron que la nueva estrategia está volcada a convertirse en un medio 100 por ciento digital, nos dijeron dos personas que estuvieron en la reunión.

Después de eso, en línea con esa idea, uno a uno los editores pasaron, dijeron cómo veían la empresa e hicieron propuestas de qué hacer para ganar más audiencias, como nuevos formatos y productos. De lo impreso, muy poco.

Eso, que muestra la apuesta a fortalecer lo digital sin mayores cambios en lo impreso, significa una reconfiguración de poderes porque Santos ya no tendrá injerencia en el contenido de todos los productos. 

En particular porque en el canal digital, que es la gran apuesta, tendrá un programa, pero no tirará línea ni tendrá injerencia en nada más porque la coordinación estará a cargo de Vicky Dávila.

“Alejandro Santos no es mi jefe, ni yo soy jefe de Alejandro. Nuestro jefe es Felipe López”, resume Dávila.

A eso se suma que, según cuatro fuentes de la redacción, hay un sector al que le preocupa que la cara de la nueva gran apuesta sea el formato del programa de Vicky, a quien ven como sensacionalista.

Por ejemplo, cuando le preguntamos a una alta fuente qué opinaba del programa, nos respondió: “juzguen ustedes”.

“No entendemos con qué criterio se entrevista a Petro dos veces en menos de dos semanas”, nos dijo extraoficialmente un periodista al que tampoco le gusta que el programa ocupe tanto espacio de redes y de la página, en detrimento del resto de la información.

Otra molestia es que cuando Vicky llegó y no tenía un equipo propio, los periodistas de la redacción debían hacerle notas a sus programas, lo que generó malestar, nos dijeron tres fuentes de adentro.

Una agregó: “Si pueden decir que es una exageración hacer ocho notas de una entrevista que hace otra periodista, sería lindo”.

Eso ha ido cambiando porque Vicky ha ido llevando a su propia gente y ha mermado la molestia, nos confirmó esa misma fuente.

El otro elemento incómodo dentro de la redacción es la llegada de Luis Carlos Vélez y de Salud Hernández, que son periodistas que suelen ponerse del lado del gobierno actual, mientras que la mayoría de periodistas de la redacción tienden a ser críticos al Gobierno.

Desde afuera estos cambios también incomodaron en un sector de izquierda que vio estas nuevas contrataciones como un giro editorial a la derecha. De hecho, el día en que se anunció la llegada de Vélez se popularizó el hashtag #YoBloqueoARevistaSemana, en el que usuarios de Twitter publicaron pantallazos que mostraban que habían bloqueado las cuentas de twitter del medio, argumentando en su mayoría que el medio ahora era de derecha.

El reemplazo de la editora política Lariza Pizano, conocida por sus posiciones públicas a favor del proceso de paz y crítica al uribismo, por el periodista Yesid Lancheros, que venía de trabajar en la administración de Enrique Peñalosa como director de Canal Capital, reforzó este argumento.

Entre los mensajes hay algunos como este que le atribuyen el giro a Gilinski, aunque la idea de llevar más figuras de derecha se venía pensando desde antes, más como una ampliación de voces que como un giro.

“Lo de Vicky fue una apuesta de Gabriel. En cuanto a Salud, hace rato la revista estaba buscando un columnista de derecha, una voz distinta, como José Manuel Acevedo, pero no le fue bien en lecturabilidad”, nos dijo una fuente.

Incluso, una fuente que estuvo en la revista en la época del plebiscito (octubre de 2016) nos contó que ese giro se venía notando desde ese entonces, y desde que ganó el No al acuerdo con las Farc tuvieron columnistas de ese perfil, como Sergio Araújo, Rafael Nieto y el mismo Acevedo.

Otra fuente cercana nos dijo que este trino de Salud Hernández resumía la visión de los socios de la empresa.

Algo similar opina Dávila: “yo aplaudo que Semana no le apueste a la dictadura de una sola opinión. Semana quiere darle el mismo derecho de opinar a todos los que estamos allí. Fíjate que los columnistas que más tiempo llevan siguen allí. Simplemente llegaron otras opiniones para tener un abanico más amplio, no para borrar las de los que ya estaban”.

Hasta ahora, esta nueva apuesta editorial se refleja más en la composición de los columnistas y los opinadores que en la línea editorial de los artículos centrales de la revista impresa, donde no se han notado mayores cambios y las voces de Santos y Felipe López siguen siendo dominantes, como muestra la portada sobre falsos positivos, o las investigaciones publicadas sobre corrupción en la Policía.

Pero ya que el impreso será menos relevante que lo digital, las nuevas contrataciones y espacios que se hagan para ellos determinarán si la Semana de Gilinski dará un giro a la derecha, o si el giro más significativo sea de modelo de negocios.

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La Silla se gradúa de nacional, y otros planes para 2020

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Hola todos. Terminó mi período de hibernación en Oxford y aquí estoy de nuevo ocupando mi silla, feliz de reanudar el diálogo con ustedes, nuestros usuarios. 


Aunque arrancaremos en forma nuestro cubrimiento de siempre a partir del lunes, quiero compartir con ustedes los planes que tenemos para este año.

Durante los últimos dos días, con los periodistas que vinieron de todas las regiones, más los que trabajamos en Bogotá, estuvimos reflexionando sobre lo que significa cubrir hoy el poder en Colombia e intentamos contestar de nuevo dónde está el poder, quién lo detenta, cuál es el orígen de ese poder y con qué fines se ejerce. Puede sonar raro que un medio que se creó con el fin de contar cómo se ejerce el poder en Colombia vuelva a plantearse preguntas tan básicas, pero después de todo lo ocurrido el año pasado, nos pareció que valía la pena hacerlo. 

La conclusión más fuerte a la que llegamos es que el poder institucional, que es el que ha cubierto primordialmente La Silla Vacía, sigue siendo importante, pero ya no es tan determinante como cuando nacimos hace un poco más de diez años. Y que, por el contrario, han emergido otros poderes más ligados a la participación de los ciudadanos que a su representación, que comienzan a marcar agendas en el país, a desatar las conversaciones de los colombianos y a provocar que se hagan ciertas cosas o se dejen de hacer.

Esos nuevos poderes -que van desde el que se expresa en las calles y la cacerola hasta el creciente poder empresarial y de las redes- son más difusos y más difíciles de cubrir periodísticamente.  

Sin embargo, hemos decidido asumir el reto de cubrir ese poder no institucional de manera más sistemática con la meta de que al finalizar el año por lo menos la mitad de nuestras historias reflejen ese nuevo punto de vista más cercano a las movidas y agendas de la sociedad, que de los políticos.  Para lograrlo, hemos redefinido los procesos y las fuentes que cubrimos.

Somos conscientes, en todo caso, de que cambiar nuestro punto de vista implica un aprendizaje que no se dará de la noche a la mañana. Por eso esperamos que nuestros usuarios nos ayuden con sus ideas y retroalimentación.

La otra conclusión es fruto de las metas que nos trazamos en nuestro plan estratégico hace casi cinco años y que cumplimos con creces. Después de cuatro años de aterrizar en las regiones con nuestras sillas regionales, y de haber duplicado nuestros usuarios totales, nos graduamos de medio nacional. Cuando decidimos irnos a las regiones a cubrir desde el Caribe, el Pacífico, los Santanderes  y el Sur lo que sucedía allí, más del 80 por ciento de nuestra audiencia estaba en Bogotá. Hoy es un poco menos del 50 por ciento. Lo interesante es que más de la mitad de las visitas a las historias producidas por cada silla regional no venían de esa región sino del resto del país, lo que nos ha convencido de que nuestra audiencia está interesada en leer historias de todo el país.

Por eso, a partir de hoy, todas las historias de las regiones, escritas desde las regiones, se publicarán en un único home principal junto a todas las demás historias de La Silla.  A los usuarios que desde el Caribe, los Santanderes, el Sur, el Pacífico se sumaron a La Silla y a los que desde Bogotá y cualquier otro lugar empezaron a seguir la movida en las regiones, ¡gracias! Sin ustedes no hubiésemos podido dar este nuevo salto. 

El tercer paso que damos será a partir del lunes, cuando iniciaremos una nueva sección, El País en Vivo, para contar con más frecuencia las movidas del poder con datos y hechos clave de todo el país.  Lo que nos anima a hacer este esfuerzo es la convicción de que para muchos usuarios es cada vez más difícil informarse de todo lo que está sucediendo por la creciente tendencia de los medios a erigir muros de pago. Esperamos que a los adictos a las noticias del poder les baste con Nuestro En Vivo y no tengan que buscar más.

Por último, reforzaremos nuestro equipo disruptivo que, gracias al apoyo de nuestros SúperAmigos del 2018, ha logrado llegarle a la audiencia más joven de La Silla en Instagram con formatos originales y sin perder profundidad. Ahora intentaremos mejorar nuestra presencia en Twitter y en un par de meses, salir con un nuevo podcast. 

Juan Esteban Lewin, quien hizo una gran labor durante mi ausencia, seguirá siendo el Editor General. Yo, como directora, estaré a cargo de temas estratégicos y también espero poder volver a escribir las historias de análisis. En La Silla estamos muy ilusionados con todos nuestros planes para este año y esperamos contar con ustedes para llevarlos a cabo.  ¡Feliz año para todos!

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Opinión

Las grandes historias del 2020

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Este año será el primero de los nuevos alcaldes y gobernadores, marcará la mitad del cuatrenio Duque y arranca con la pregunta de qué pasará con el descontento general que representaron las cacerolas. La Silla considera que estas serán las grandes historias del año que arranca y que esperamos poder cubrir en profundidad.

1

La evolución del descontento y su manejo

Las últimas encuestas del 2019 dejaron claro que detrás del país que salió a marchar y, sobre todo, a golpear cacerolas, hay un descontento que va más allá del presidente Iván Duque y su baja aprobación, y que golpea a todo tipo de instituciones.

La principal historia del año que arranca serán las formas en las que se manifieste ese desasosiego, que no necesariamente son marchas o cacerolazos; así como la búsqueda de las instituciones para manejarlo justo cuando su poder viene en caída.

Eso se verá en muy diversos espacios, empezando por la promesa del presidente Iván Duque de la conversación nacional, que debe concluir en marzo y, según dijo el Gobierno, se concretará en decisiones claras, pero posiblemente también en otras decisiones del Gobierno. 

También atravesará el inicio de las nuevas administraciones locales (por ejemplo, Claudia López inició la suya con el ruido de las cacerolas como brújula), la comprensión de la migración venezolana o el cambio de prioridades de una sociedad para la que asuntos como el medio ambiente o la desigualdad son cada vez más importantes.

 
2

La capacidad de Duque, y las instituciones, para salir del atolladero

Otro asunto central de este año es la búsqueda de gobernabilidad de un país desacostumbrado a tener un presidente con poco liderazgo y sin el Congreso a su favor. 

Esa historia pasa por los avances que logre Duque en concretar alianzas o pactos con partidos diferentes a los que lo acompañaron desde primera vuelta (cristianos, conservadores y uribistas), ya sea vía representación política, como piden ellos pero no quiere él, o vía pactos legislativos, como ha propuesto desde Presidencia; pero también por la definición de una agenda de reformas y logros que plantee el mismo Duque.

El reto de la gobernabilidad va más allá de la Presidencia y su relación con el legislativo, y toca otras entidades del Estado.

Por ejemplo, su definición también pasa por la capacidad de la Corte Suprema de evitar un bloqueo, pues si si el 15 de febrero termina su período Ariel Salazar sin que hayan elegido nuevos magistrados, quedarían solo 15 y para decidir cualquier cosa, incluyendo definir el nuevo fiscal de la terna de Duque, necesitan 16. Aunque ese bloqueo seguramente tendría alguna salida, sería de legalidad dudosa, y refrendaría la dificultad del Estado para tomar sus decisiones.

Además, también lo pueden afectar los avances en las investigación contra los dos expresidentes más recientes, pues si aparecen más indicios o pruebas contra ellos, el país probablemente sea más difícil de gobernar por el impacto simbólico pero también porque afectaría a otras fuerzas políticas.

En el caso de Juan Manuel Santos, no es solo lo que pase en la investigación que lleva directamente contra él el Consejo Nacional Electoral, sino también en los procesos penales contra varias personas cercanas a su campaña reeleccionista, que podrían impactar a otros políticos visibles que estuvieron en esa campaña o cerca de ella; en el de Uribe, tampoco es solo la decisión de la sala de instrucción de la Corte Suprema sobre si acusarlo o no, sino procesos paralelos de aliados suyos, y especialmente sobre su abogado Diego Cadena, que golpearía al uribismo, incluyendo a Duque.

 
3

El asentamiento de nuevos poderes

Con la debilidad de las instituciones y de la clase política, que en 2019 logró evitar una debacle electoral pero siguió perdiendo espacios de poder y capacidad de representar, este año probablemente lo marcarán la consolidación de otros poderes, al margen de las instituciones tradicionales, o por lo menos del Estado.

Eso va desde la creciente influencia de decisiones de poderes criminales en zonas como el Chocó o el Guaviare, que van ocupando cada vez más los espacios que no llenó el Estado tras la salida de las Farc, hasta la importancia de redes difusas de activistas virtuales como los que impulsaron el caos en Cali y Bogotá en las noches del 21 y 22 de noviembre pasadas, pasando por poderes más usuales como los cacaos u otros nuevos como la mayor presencia china en el país.

 
4

Los efectos del modelo económico de Duque

Después de un año con el esquema tributario del Gobierno Duque, y a medida que sus otras apuestas como el énfasis en esquemas con más fuerza privada para desatascar la infraestructura vial o de TIC, en 2020 se podrán ver los primeros resultados claros de su apuesta económica por un Estado pequeño y un mercado que ayude a mejorar el bienestar de todos.

Quizás la mayor atención estará en la capacidad de ese modelo para atajar el crecimiento del  desempleo a través de menores impuestos a las empresas, pero también se verán sus resultados en hasta dónde los empresarios mantienen su apoyo al Gobierno.

Eso porque si bien el modelo los favorece en lo inmediato, si termina creando inestabilidad social puede ser mayor ese costo que el beneficio de pagar menos impuestos o tener menos regulaciones. 

De hecho, seguramente seguirá enfrentando críticas no solo desde la oposición sino también desde el uribismo, que con propuestas como la prima extraordinaria para los trabajadores formales peor pagos, que hizo Álvaro Uribe, tiene lo que para algunos empresarios y defensores del modelo es un aspecto poco amigable a los empresario, que son otro efecto y una amenaza al modelo.

 
5

El aterrizaje de los nuevos alcaldes y gobernadores

El primer año de los nuevos mandatarios locales marcará la agenda, pero lo hará especialmente el de esos que de alguna manera ganaron gracias al descontento: sus logros pueden ayudar a moderarlo y a darle legitimidad al sistema, pero si les va mal la situación puede empeorar.

Por eso este año seguramente será noticia, y no solo en lo local, lo que pase con la cruzada de William Dau contra la clase política en Cartagena; lo que logre Claudia López en Bogotá, que arranca con muchas expectativas; lo que haga el antiuribista Daniel Quintero en la uribista Medellín; qué pueda mostrar Víctor Vidal en Buenaventura o lo que logre Jairo Yáñez en Cúcuta.

En el mismo sentido, para la supervivencia de la política tradicional será relevante lo que logren sus mayores exponentes, como los gobernadores de Antioquia (Aníbal Gaviria), Cundinamarca (Nicolás García), Santander (Mauricio Aguilar) o Valle (Clara Luz Roldán).

 
6

Los preparativos para 2022

Otro de los grandes procesos del poder este año serán el de los preparativos de las diferentes fuerzas políticas para las elecciones presidenciales y legislativas de 2022.

Después de que en 2018 terminaron mostrando tres grandes polos ideológicos, y que los resultados de las elecciones locales muestran que ningún partido logra ganar solo, y que el carisma, la comunicación y las ideas son centrales para ganar, este año seguramente habrá movimientos que vayan marcando el derrotero.

Por ejemplo, se podrá ver si la coalición de centroderecha que impulsó al victorioso No del plebiscito de 2016 y la victoria de Duque se vuelve a tejer y lo hace acercándose o alejándose del Presidente; si los partidos de origen liberal que ya han dado muestras de acercamientos (liberales, U y Cambio) tienden a una convergencia; o si la oposición de centro e izquierda logra asumir la vocería de un descontento que parece tener múltiples causas.

Esto en medio de las estrategias propias de los congresistas para lograr su reelección ese mismo año.

 
7

El impacto de Venezuela y los migrantes venezolanos

Los efectos del flujo masivo de venezolanos, que Migración Colombia calcula eran más de 1,6 millones a 31 de octubre (algo así como tres veces Bucaramanga o la suma de las poblaciones de Pasto, Ibagué, Manizales y Villavicencio), sumados a lo que pase en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, seguramente marcarán el 2020.

Frente a los migrantes, los brotes de xenofobia que quedaron a la vista tras el 21N pueden repetirse y crecer en la medida en que el flujo sigue -aunque menor que hace un año- , causa una presión visible por servicios sociales y el manejo del descontento puede buscar chivos expiatorios.

Y frente a Venezuela, porque algún cambio político allí puede cambiar la agenda nacional, darle un respiro a Duque (como pasó a inicios de 2019) y a la clase política, e incluso cambiar dinámicas económicas.

 
 
8

Los avances en la implementación del Acuerdo

Este año seguirá definiéndose qué significa exactamente la política del Gobierno Duque de lograr una “estabilización” en las zonas en las que estuvieron las Farc y hasta dónde eso equivale a aplicar o a desconocer partes del Acuerdo de La Habana. 

Uno de los puntos clave será el desarrollo de los programas de desarrollo especiales para las zonas más afectadas, los Pdet, a los que el gobierno les ha metido la ficha junto con la reincorporación de los exguerrilleros como forma de mostrar que sí está buscando lograr esa estabilización.

Pero también viene la tensión por la lentitud y los límites que ha puesto a la sustitución de cultivos que estaba en el Acuerdo, mientras avanza en volver a asperjar con glifosato; en su negativa a avanzar en los temas más transformadores como la reforma política (la de Duque se hundió el año pasado y en todo caso era mucho menos ambiciosa) o las reformas en materia de tierras que se acordaron; o en su relación tensa con la JEP.

Esa justicia transicional también será central, como lo fue en 2019, pero quizás menos por un caso tan polémico como el del ahora rearmado ‘Jesús Santrich’, y más porque deberá definir cuáles fueron los casos más graves o representativos de secuestros de las Farc y de los homicidios de civiles conocidos como ‘falsos positivos’; y podría alcanzar a emitir las primeras condenas para las personas que acepten su responsabilidad en esos casos, y por esa vía definirá qué tan parecida a la cárcel serán sus sanciones.

 
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La definición (o no) de un norte con Duque

Este año el Presidente y su círculo tendrán probablemente el último chance de definir un rumbo y mostrar resultados que moderen el descontento y mejoren su imagen y capacidad de maniobra., ya sea con una apertura mayor a otras voces y fuerzas políticas, o un movimiento a darle más fuerza al uribismo.

Esa historia definirá el 2020 inc,luso si no hay ninguno de esos giros y Duque se mantiene en su postura más institucionalista, moderada y distante (sin ser opuesta) de la clase política y de la gente.

Silla Nacional
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Cinco recomendaciones para hacer el Plan de Desarrollo

La justicia en manos del gobierno

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Una actuación, de naturaleza jurisdiccional, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una agencia estatal que depende orgánicamente de la Presidencia de la República, terminó con la declaración de la empresa Uber de que dejaba de operar su sistema de contactos entre conductores y usuarios en Colombia.

La situación es paradójica porque le pega en el ala a la que es casi la única bandera gubernamental: la llamada economía naranja, cuya principal expectativa es el crecimiento de los negocios que se desarrollan con base en nuevas tecnologías de la comunicación, la “economía digital”.

Uber y en general las denominadas plataformas de contacto conforman el que es quizás el sector más dinámico de la economía, aunque no esté medido formalmente. En los últimos cinco años se calcula que en Bogotá al menos 25.000 personas tienen como única fuente de ingresos su trabajo a través de Uber. ¿Qué empresa ha generado esa cantidad de puestos de trabajo en los últimos cinco años?

A través de Rappi y las otras empresas de domicilio o servicios de mensajería trabajan al menos otras 25.000 personas en Bogotá. Los comercios que venden sus productos a través de las mismas plataformas y la industria automotriz han crecido muy por encima de lo esperado por la dinámica que genera el uso de esas tecnologías para crear negocios.

Desde el punto de vista jurídico la decisión del funcionario gubernamental es muy preocupante, porque en la práctica se trata de una medida casi confiscatoria cuya única posibilidad de cumplimiento es el cierre de la empresa porque se ordenó la inhabilitación de la plataforma que es el equivalente a que en negocios no digitales se ordene la destrucción de las máquinas y la demolición del edificio donde funciona una empresa que ejerce prácticas de competencia desleal.

Esa orden, además de desproporcionada, viola el principio de neutralidad en la red, pero lo más llamativo es que, aunque de naturaleza jurisdiccional, fue tomada por un funcionario gubernamental, lo que pone en duda un pilar fundamental de la administración de justicia que es precisamente la independencia de quien toma la decisión que en este caso es un funcionario de libre nombramiento y remoción del Superintendente de Industria y Comercio, quien de hecho, aunque ha cometido la imprecisión de decir que la orden la dio un juez y no un subalterno suyo, se convirtió en el espadachín de defensa de la medida.

No deja de ser llamativo y fuente de suspicacias que el beneficiado con la decisión sea un gremio que se ha alineado con el partido de gobierno y cuyos voceros, según ellos han dicho, se reunieron permanentemente con el presidente de ese partido y con el propio Presidente de la República, mientras se desarrollaba la actuación y que el tema principal de esas conversaciones haya sido precisamente la materia objeto del litigio que un funcionario gubernamental resolvió unos días después de que ese gremio apoyara al gobierno durante la convocatoria del llamado paro nacional.

Uribe y Duque de lo que hablaban con los voceros de los propietarios de taxis era de la eventual competencia desleal que les generaba Uber y las plataformas similares. El apoyo que les ofrecían era protegerlos ante esa “competencia desleal” y de hecho sobre eso es sobre lo que se ha pronunciado públicamente el ex presidente en varias oportunidades.

Uribe dice que a pesar de su apoyo no se ha convertido en un lobista de los propietarios de taxis y que no intercedió para que la decisión de la superintendencia se diera en uno u otro sentido. No hay ninguna prueba de que Duque o Uribe hayan influido en la decisión, pero razones para dudar de la independencia de quien la tomo las hay todas. ¿Le consultó la decisión a su jefe el Superintendente? ¿El Doctor Barreto puede realmente sostener que se enteró de la medida por los medios de comunicación?

El contexto político en el que se expidió la decisión hace crecer las dudas. Se dio en el momento de mayor debilidad del gobierno y en el marco de una convocatoria de protesta en la que el propio gobierno mostró como un gran éxito que los transportadores no se sumaban a ella. Los gobiernos suelen hacer concesiones en esos momentos de crisis.

El ex presidente Ernesto Samper, por ejemplo, cuando se dudaba de su permanencia en el cargo por la revelación de que a su campaña habían entrado dineros provenientes del narcotráfico, hizo múltiples concesiones a gremios económicos que lo apoyaban y le concedió al sindicato de profesores la administración de un sistema de salud que aún padecen los maestros de Colombia.

Algunos han confundido esta decisión de la superintendencia con otras que ha tomado por ejemplo por cartelización de precios. Son completamente distintas, la una es de naturaleza administrativa y por tanto sometida a controles judiciales y la otra es jurisdiccional y por tanto de inmediato y obligatorio cumplimiento. Es la justicia en manos del gobierno, que, si bien está sustentada en una norma constitucional, el artículo 116, está sometida a estrictas reglas definidas por la Corte Constitucional cuyo cumplimiento en este caso es discutible.

El de Uber, que tiene una cantidad de interesantes debates jurídicos sobre la naturaleza del negocio jurídico que celebra con sus usuarios y si presta o no el servicio de transporte, es a mi juicio una alarma sobre las funciones jurisdiccionales que se le han otorgado a la Superintendencia, que no son precisas, excepcionales, restrictivas pero sobre todo no respetan los principios de autonomía e independencia judicial; la imparcialidad del juzgador; y un sistema de acceso a los cargos que prevea un nivel determinado de estabilidad para los funcionarios judiciales.

Las discusiones jurídicas hay que darlas y son muy especializadas en cada caso, pero la de la posibilidad de que el gobierno esté usando funciones jurisdiccionales para granjearse el favor de determinados sectores políticos nos pone en las puertas del temido castro chavismo.

Opinión
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El equipo de Claudia tiene trayectoria en sus temas, pero no tanto en Bogotá

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Hasta el viernes pasado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había dado a conocer 25 nombramientos en su gabinete.

Haga clic sobre cada cara para ver el nombre y cargo

Andrés Escobar
Gerente de la Empresa Metro
Martha Perdomo
Directora del Jardín Botánico
Hugo Acero
Secretario de Seguridad
Carolina Urrutia
Secretaria de Ambiente
Adriana Córdoba
Secretaria de Planeación
Xinia Navarro
Secretaria de Integración Social
Edna Bonilla
Secretaria de Educación
Diana Rodríguez
Secretaria de la Mujer
Nadya Rangel
Secretaria de Hábitat
David García
Director de la Orquesta Filarmónica
Margarita Barraquer
Secretaria General
Felipe Ramírez
Gerente de Transmilenio
Amanda Camacho
Directora de la Uaesp
Catalina Valencia
Directora de Idartes
Carlos Enrique Marín
Director Idiprón
Blanca Durán
Directora del IDRD
Luis Ernesto Gómez
Secretario de Gobierno
Alejandro Gómez
Secretario de Salud
Felipe Jiménez
Secretario Privado
Nicolás Estupiñán
Secretario de Movilidad
Juan Mauricio Ramírez
Secretario de Hacienda
Carolina Durán
Secretaria de Desarrollo Económico
William Mendieta
Secretario Jurídico
Patrick Morales
Director del Instituto de Patrimonio
Nicolás Montero
Secretario de Cultura
 
 

Aunque faltan cargos importantes como las cabezas del IDU, la ETB y el Acueducto, ya se pueden sacar algunas conclusiones:

Casi todos tienen trayectoria en su sector, pero la mitad no la tiene en el Distrito

Eso es importante porque a pesar de que el nivel técnico es alto, la curva de aprendizaje para 11 de ellos será más larga en asuntos directamente relacionados con el funcionamiento de la Alcaldía y con las movidas locales propias de los temas que van a manejar.

Es el caso de los nuevos secretarios de Ambiente, Movilidad, Salud, Gobierno, Mujer, Desarrollo Económico, Patrimonio, Cultura, Hacienda, Jurídico y Privado.

Uno de cada tres representa la coalición que ganó

El gabinete también refleja las fuerzas políticas que respaldaron a López en campaña.

En el ala con visión verde en la que están los secretarios de Planeación, Adriana Córdoba, y de Cultura, Nicolás Montero (que han hecho política al lado del senador y exalcalde Antanas Mockus); y el de Salud, Alejandro Gómez, que ha trabajado y hecho política con Sergio Fajardo y fue fórmula a la Cámara de López en Antioquia en 2014 por la Alianza Verde.

La Secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, además de haber trabajado en las tres alcaldías de izquierda, viene de trabajar en la campaña, primero con Antonio Navarro y luego en el equipo programático de Claudia López.

La Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, desde hace años ha asesorado en temas ambientales a candidatos verdes, desde Fajardo y Mockus en campañas presidenciales hasta el mockusiano Diego Cancino y el fajardista Martín Rivera al Concejo el año pasado.

Y mientras el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, representa al movimiento que él mismo fundó, Activista, el Polo tiene a Xinia Navarro como su cuota en la Secretaría de Integración Social.

La Secretaria de Educación, Edna Bonilla, es cercana al exalcalde Lucho Garzón (al que asesoró en su precampaña el año pasado, antes de que él adhiriera a Claudia López), mientras que Blanca Durán hace parte del grupo de mujeres de la Colombia Humana de Petro que respaldó a López.

Las mujeres tendrán a cargo asuntos estratégicos para la agenda de López

López llega con la promesa de ejecutar una agenda que responda no sólo al cambio de prioridades frente a Enrique Peñalosa, sino a las que está reclamando la gente que ha salido a marchar en los últimos meses. En buena medida eso estará a cargo de mujeres (en sí mismo un sector que reclama más y mejor representación en el poder).

Ahí están carteras como Ambiente y el Jardín Botánico (después del enfrentamiento constante de los ambientalistas con Peñalosa), Planeación (que tendrá a cargo la formulación del POT, que en buena medida reflejará la visión ambiental de López), Integración Social (que atiende a población vulnerable), Educación (ante la petición de mejores condiciones) y Mujer.

Así como hay gente de Peñalosa ratificada hay gente de Petro que vuelve

Después de cuatro años de confrontación entre Petro y Peñalosa, la agenda de López también podrá leerse a partir de las continuidades y rupturas con respecto a los dos exalcaldes, que en la mayoría de temas estaban en polos opuestos.

El gabinete no se adscribe ni con uno ni con el otro, pero tres nombramientos dejan ver que López también les dio cabida a esas miradas.

Del lado de Peñalosa están los gerentes del Metro, Andrés Escobar, y de Transmilenio, Felipe Ramírez, que trabajaron toda la anterior administración en sectores que eran bandera de Peñalosa y muy cuestionados por la izquierda, incluyendo el Polo que  también hace parte del gobierno.

Eso muestra autonomía de López con respecto a ese partido, por una parte, y que, más allá del ruido, ambos funcionarios conocen los proyectos que tendrán a cargo.

López, además, nombró a dos funcionarios que hicieron parte del equipo de Petro, aunque en cargos que no eran de primer orden: David García, que repite como Director de la Orquesta Filarmónica y sacó adelante un programa de orquestas infantiles y juveniles que se mantiene y por el que Petro saca pecho; y Blanca Durán, que fue la Directora de Espacio Público de Petro y gerenta de su campaña presidencial, y a quien López nombró Directora del Instituto de Recreación y Deporte.

Durán no sigue siendo petrista (a diferencia de García, que en octubre estaba en la lista de la Colombia Humana al Concejo, y es amigo personal del senador del Polo, Iván Cepeda), y hace parte del grupo de mujeres que era de Colombia Humana, pero tomó distancia cuando Petro decidió respaldar a Hollman Morris a la Alcaldía.

En todo caso, hay gente que ha trabajado en otras administraciones, y el nuevo Director del Idiprón, Carlos Marín Cala, ha trabajado en el Distrito desde el primer gobierno de Mockus (1995-1997).

Esos y otros datos, así como el perfil de cada funcionario, los puede consultar a continuación, haciendo sus propios filtros. Para eso haga clic en la categoría que desee:

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Claudia López

Claudia López

Alcaldesa de Bogotá

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Más que manzanas podridas

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Después de que la Revista Semana reveló la escandalosa evidencia de que desde el Ejército estarían chuzando a políticos de oposición, periodistas y magistrados encargados de llevar el juicio contra Álvaro Uribe, el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa se comprometieron a “ir hasta el fondo en las investigaciones contra las manzanas podridas” y a tener "cero tolerancia" con las violaciones a la ley por parte de uniformados.  Sin embargo, lo que muestran los casos denunciados valientemente por la misma revista en el último año es que más de cinco generales del Ejército que han tenido que salir de la Institución o ser trasladados tras ser denunciados por hechos presuntamente ilegales fueron ascendidos a altos cargos del Ejército durante el gobierno del presidente Iván Duque y algunos elogiados efusivamente pese a que traían cuestionamientos del pasado, como lo muestran estos casos:

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Chuzadas ilegales, que salpica al ex comandante del Ejército

La denuncia de Semana muestra que la salida del general Nicacio Martínez, el pasado 27 de diciembre, lejos de haber sido por razones personales como lo presentó el presidente Duque tuvo que ver con el seguimiento ilegal a políticos de oposición, periodistas que investigaban a los militares y a la magistrada que llevaba el caso de Álvaro Uribe.  Un escándalo similar al que llevó a la disolución del organismo de inteligencia DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, y que a juzgar por lo publicado en Semana este sábado involucró un nivel de coordinación institucional desde la misma comandancia del Ejército. Estuvieron involucrados, según la revista, entre otros:

  • El entonces comandante del Ejército Nicacio Martínez. Según la revista, ordenó entregar dos de los equipos que utilizaron para las chuzadas a dos coroneles, uno activo y otro retirado.  “No fueron destinados a misiones y operaciones oficiales, el solo hecho de que un retirado maneje uno de estos equipos ya es irregular. Sabemos que fueron utilizados para actividades políticas. Después de tres meses los devolvieron (finales del año pasado) sin ningún registro de lo que hicieron. Todo lo borraron”, dijo un alto oficial de Inteligencia militar a la revista.

  •  Unidades de dos batallones: el de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Ambos dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim). “Algunas unidades del Ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas”, dice una de las fuentes de adentro del mismo Ejército que habló con la revista.

  • Un coronel retirado por vínculos con narcos y paras, quien según la Revista decidió ayudar a la cúpula militar anterior, de la cual era muy cercano. Para ello acudió al servicio de matones de la oficina de sicarios de San Andresito quienes se alternaban con los militares activos las labores de seguimientos y vigilancias contra los periodistas de SEMANA.

  • Miembros del Ejército: “Esta operación ilegal de inteligencia se extendió al propio Ejército. Allí los involucrados desataron una persecución implacable contra los militares que no se prestaron para estas y otras actividades ilegales, y por el contrario denunciaron a los corruptos ante la propia institución y entidades de control. Ellos, oficiales honestos, condecorados y con las mejores calificaciones, terminaron fuera del Ejército. Oficiales con procesos penales y disciplinarios de todo tipo, y vínculos non sanctos, ocuparon sus lugares”, afirma la revista

Antecedentes del general

  • Human Rights Watch había denunciado abusos en su Brigada: el comandante del Ejército, que recién renunció en diciembre, fue ascendido por el presidente Duque para liderar las Fuerzas Armadas pese a un informe de Human Rights Watch, que denunciaba que cuando era coronel y segundo al mando de la Décima Brigada Blindada tenía al menos 23 casos investigados por falsos positivos, y varios de los soldados de esa unidad bajo su mando ya han sido condenados por asesinatos de indígenas, de personas protegidas y agresiones sexuales, según publicó el diario El País, de Madrid, justo en la víspera de la votación del ascenso de Martínez.

Decisión del gobierno Duque

  • Ascender al general y una efusiva despedida: fuera de ascenderlo a la comandancia del Ejército a pesar de los cuestionamientos que tenía, el presidente Duque despidió la última semana del año al general Nicacio Martínez con grandes elogios.  “Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales no solo he acogido, sino que los he acogido con un inmenso sentimiento de gratitud y de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia. Mi general Nicacio, de nuevo mi admiración, mi amistad, mi reconocimiento por su labor al servicio de Colombia”. 

  • Esas calurosas palabras ocurrieron después de que diez días antes, el 18 de diciembre, una comisión de la Corte Suprema de Justicia y casi un centenar de policías judiciales adscritos a la Procuraduría allanaron las instalaciones del batallón de ciberinteligencia en Facatativá en busca de evidencia sobre las chuzadas, que según la revista duró casi 16 horas mientras oficiales del Ejército intentaban esconder la información o sacarla subrepticiamente. También semanas antes del discurso del Presidente, el nuevo ministro de Defensa ya había sido informado de que la revista estaba investigando un escándalo de chuzadas en el Ejército. 

  • Según un comunicado del mindefensa Carlos Holmes Trujillo, emitido ayer, desde el 12 de diciembre del 2019 "siguiendo instrucciones del Presidente de la República" solicitó el adelantamiento de una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuado en los últimos años "ya que se tenía  conocimiento de versiones sobre nuevos casos de interceptaciones ilegales." Aún con esas sospechas y después del megaoperativo judicial de la Procuraduría en un batallón del Ejército, eso no fue un impedimento para los grandes elogios al general saliente.

 
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Persecución de militares, que salpica al ex jefe del comando de contrainteligencia del Ejército

El año pasado, la misma revista Semana denunció que el General Eduardo Quirós, entonces comandante del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, el 22 de mayo de 2019 estuvo en la Segunda División en Bucaramanga, “donde citaron a 15 militares con el fin de realizar algunas entrevistas y pruebas de polígrafo como parte de una cacería para saber quiénes dentro de la institución están contando lo que ocurre.  Tanto el entonces comandante del Ejército como el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército, desestimaron la denuncia de Semana pese a que los periodistas tenían en su poder testimonios de más de 20 militares, audios y fotografías que demuestran que sí los congregaron y varios fueron interrogados.

Decisión del gobierno Duque

  • Nombrar al general en otro puesto después del escándalo: Según reveló Caracol Radio en julio, el general Quirós, después de las denuncias de Semana, Quirós fue nombrado comandante del CEDE 3, una unidad militar que se encarga de  “asesorar y mantener informado al comandante del Ejército y al jefe de Estado Mayor en todo lo relacionado con las operaciones militares que se adelantan en el territorio nacional”.

 
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Desvío de recursos en el Cidoc, que salpica al que era el segundo comandante del Ejército

Este escándalo de desvío de dinero del Comando de Educación y Doctrina del Ejército para gastos personales, que fue denunciado por Semana el año pasado, involucró a Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército hasta que fue llamado a calificar servicios por Duque.  Fajardo fue llamado a calificar servicios junto con los generales César Augusto Parra León, jefe del departamento conjunto de planificación; Juan Vicente Trujillo, comandante de la división de Asalto Aéreo; y Francisco Javier Cruz, jefe del Departamento de Implementación y Estabilización.  Miembros de la Alianza Verde se habían opuesto al ascenso del generales Trujillo en 2018 por señalamientos en su contra de casos de ejecuciones extrajudiciales y en 2017 Human Rights Watch había advertido en 2017 que Cruz Ricci tenía investigaciones en su contra por falsos positivos en 2004. No obstante, fueron ascendidos a la cúpula.

Decisión del gobierno Duque

  • Ascender al general pese a denuncia de Daniel Coronell e investigaciones de la Procuraduría: el columnista de Semana reveló en 2014 que el general Fajardo, cuando era comandante de la Décima Brigada, le prestó un helicóptero Black Hawk al procurador delegado para las Fuerzas Militares que lo investigaba por corrupción y que luego archivó provisionalmente la investigación. En la Procuraduría cursaban otros dos casos en su contra, según Coronell: por presunto homicidio y nexos con paramilitares. Pese a ese antecedente, durante este gobierno lo ascendieron en diciembre de 2018 a segundo comandante del Ejército. Luego del escándalo, fue retirado del servicio.

 
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Corrupción en la entrega de salvoconductos, que salpica al ex jefe del Comando de Apoyo de Acción Integral del Ejército

La revista Semana denunció corrupción en la entrega de permisos de armas que involucraban al brigadier general Jorge Horacio Romero, cabeza del Comando de Apoyo de Acción Integral hasta que fue llamado a calificar servicios después de la revelación de la revista.

Decisión del gobierno Duque

  • Ascender al general pese a denuncias en Procuraduría y Fiscalía: Según Semana, la Procuraduría y la Fiscalía tenían denuncias en contra del general Romero desde cuando comandó la Cuarta Brigada del Ejército, entre diciembre de 2015 y 2017, en el sentido de que presuntamente le cobraba a los empresarios por entregar salvoconductos. También había denuncias de desvío de dinero y contratos amañados.Incluso había un trino en 2016 del abogado antioqueño Jaime Restrepo denunciando públicamente que la expedición de permisos de armas se había convertido “en la caja menor de la Cuarta Brigada. Sin embargo, la nueva cúpula del Ejército nombrada por Duque, lo puso de jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, que maneja un presupuesto grande. La Fiscalía lo arrestó y lo imputó por corrupción.

 
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Desvío de combustible y contratos amañados, que salpican al ex jefe del departamento conjunto de planificación y transformación de las Fuerzas Militares

El general Cesar Parra, ex jefe del departamento conjunto de planificación y transformación de las Fuerzas Militares, después de que la revista reveló las denuncias que cursan en su contra por irregularidades cuando era comandante de la Brigada 12, que opera en Caquetá. En particular, el desvío de millonarias partidas de combustible de sus unidades hasta la adjudicación de contratos amañados.  El general se defendió cuando salió, diciendo que lo sacaban por denunciar corrupción al interior de las fuerzas y que era víctima de una persecución por parte de miembros del Ejército.

Decisión del gobierno Duque

  • Ascender al general pese a ruidos de corrupción en su contra: Según el testimonio de un testigo a Semana, “Cuando llegó el nuevo comandante se armó el escándalo, eso quedó dentro del informe de inspección y abrieron una investigación y llegaron a organizar todo lo de combustible de vehículos (...) Como tocaba recuperar esos 15 millones, de los 30 millones que dio la alcaldía”. El mismo general le dijo a Semana que por un anónimo que había llegado a la comandancia del Ejército en contra suya, se había ordenadouna revista de inspección donde se pudo establecer que lo dicho en el anónimo no era cierto. Sin embargo, ordenaron abrir una investigación disciplinaria por los mismos hechos que terminó el 18 de mayo de 2018”.  Después del artículo de la revista, fue retirado del servicio.

 
 
Silla Nacional
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“Me estoy tragando sapos por Cartagena”: Dau

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William Dau es desde ya uno de los personajes de 2020 en Colombia. El nuevo Alcalde de Cartagena representa a la generación de mandatarios que llegó al poder el pasado 1 de enero por la fuerza del voto libre, evidenciando que una nueva realidad política se abrió paso en el país, y por ello el resultado de su gestión tendrá repercusiones no sólo en su ciudad sino en todo un proceso nacional.

Abogado de 67 años, en las elecciones regionales de octubre pasado se convirtió en protagonista al derrotar de manera sorpresiva a los clanes corruptos y parapolíticos que llevaban mandando más de una década en la Alcaldía cartagenera.

La Silla Vacía lo entrevistó en su casa en el barrio Bocagrande. Nos recibió una mañana a las 7:30, mientras escribía con sus ya famosos marcadores en una hoja blanca un mensaje para su cuenta de Instagram, que junto a la de Facebook fue la base de su campaña en contra de “los malandrines”, como les llama a quienes venció.

La Silla Vacía:Usted derrotó a unas poderosas máquinas que compran y amarran votos y lo hizo básicamente a punta de redes sociales. ¿Cómo comenzó todo?

William Dau: En enero de 2017 creé mis cuentas de Facebook e Instagram, fue mi manera de empezar contacto con la ciudadanía. Yo estaba por fuera, en 2004 arrancaron las amenazas en mi contra. Tenía muchas denuncias por hacer. Comencé poniendo plata para ganar mayor alcance. Todavía hoy a veces le meto 50 dólares, cuando quiero que algún mensaje llegue más.

LSV:Usted siempre dice que tenía un buen trabajo en Estados Unidos (llegó a ser vicepresidente en Capital Partners, entidad financiera que pertenece a un fondo de inversiones alternativo) y que se había tenido que ir de Cartagena por amenazas por las denuncias que hizo como veedor, ¿qué lo motivó a cambiar eso por una candidatura bajo las circunstancias de la ciudad?

W.D.:Yo tengo 67 años y lo que quería realmente era buscar a alguien a quien apoyar, quería tener contactos. En 2014 había constituido Honesta América, una corporación a la que quería sumar activistas anticorrupción, pero no funcionó porque no conseguí tracción. En 2017, con mi entrada a redes, nace Let’s save Cartagena (su movimiento). A mí me llegaba muchísima información de corrupción en la ciudad y la publicaba. Y yo pensaba ‘si en diciembre de 2018 no ha aparecido nadie idóneo, me lanzo’, y así fue. El 2 de junio de 2019 llegué a Colombia.

LSV: A nada de las elecciones…

W.D.:Sí y el primer mes se me fue tratando de formar un grupo. La primera persona que creyó en mí y que siempre estuvo fue Cynthia (Pérez Amador, hoy asesora del Alcalde y primera dama de la ciudad. Se conocieron porque ella participó en una campaña de Dau por redes para borrar publicidad en las legislativas). Yo ni siquiera sabía los requisitos para lanzarme ni tenía programa de gobierno. En tres días encontré 400 voluntarios y en tres semanas recogimos 106 mil firmas para inscribirme.

LSV: ¿Cuánto se gastó en eso?

W.D.:Entre 40 y 50 millones de pesos en lo de las firmas. Había varias personas a las que se les pagaba. El resto en fotocopias, almuerzos, mensajería. La publicidad de la campaña se fue casi toda en redes, creo que sólo tuve una valla electrónica. Fueron como 120 millones de pesos. La mitad me la gasté en dos semanas. Creo que el post al que más le metí fue uno de 150 dólares.

Yo pensaba ‘si en diciembre de 2018 no ha aparecido nadie idóneo, me lanzo’, y así fue.

William Dau

LSV: El día antes de las elecciones usted dijo que si no ganaba era porque había un fraude. ¿Cómo podía estar tan seguro de su triunfo si las encuestas no lo daban ganador y se enfrentaba a los compradores de votos?

W.D.: Aunque no creía en las encuestas, sí veía que cada vez que salía una me iba mejor y mejor, yo iba en curva ascendente y (el candidato William) García al contrario, A los compradores de votos no tenía cómo competirles con plata, pero sí armando un plan ‘puya ojo’ (compradores de votos que reciben la plata y luego votan por otro) para que la gente los denunciara. Hice bulla con eso para en redes que les hicieran fotos, les armé escándalo a los ‘puya ojos’. Faltando una semana, yo ya me sentía ganador.

LSV:¿Por qué?

W.D.: Era una locura: los estudiantes me paraban en la calle para tomarse selfies conmigo, los carros me pitaban. Yo me sentía como una estrella de cine, un artista de rock. Mira, en los debates nunca vi, jamás, un sólo estudiante que se haya acercado a otro candidato a decirle ‘hola, candidato, mucho gusto’, como sí me pasaba a mí.

Otra cosa fue que, faltando una semana, una universitaria me contó que ese día en clase un profesor les preguntó de la nada ‘¿por quién van a votar para Alcalde?’, y al unísono todos los estudiantes dijeron Dau. Todos esos eran indicios. Además, sé que mucha gente terminó votando por mí pensando: ‘por lo menos que quede de segundo y vaya al Concejo a armar el mierdero’.

LSV: Esa gente, al igual que la clase política tradicional, pensaba que a usted le daría máximo para quedar segundo…

W.D.: Ellos pensaban que yo no iba a sacar muchos votos, creyeron que sacaría unos 50 mil, y entonces sólo cuadraron hasta 100 mil votos de las dos maneras que tienen, y esto lo sabes tú mejor que yo porque tú lo investigas: comprándolos ‘chan con chan’ (efectivo) o amarrándolos con las OPS (Órdenes de Prestación de Servicios) que dan, ‘yo te doy la OPS y tu me llenas este formulario’. La gente me mostraba los formularios que les hacían llenar con nombre, cédula, celular y lugar de votación. Dos noches antes del día de las elecciones, comencé a escuchar un poco de cuentos, por redes y por mis informantes, de que William García no estaba soltando el billete porque ya tenía asegurados esos 100 mil votos. Entonces por ahí por redes comenzaron a rodar grabaciones anónimas, y había una que decía: “García nos está haciendo conejo, si es el caso tomen la plata y voten por Dau”.

LSV: ¿Eso lo puso a circular su campaña o quién?

W.D.: Eso llegó. Entre los mismos puya ojos dijeron: ‘No están dando la plata, voten por Dau’. Porque hasta los puya ojos saben lo que le conviene a Cartagena.

LSV: ¿Cuál es su expectativa de estas primeras semanas como Alcalde?

W.D.: Los malandrines ya tienen plan orquestado para sacarme del poder lo más rápido posible. Hace unas semanas, en Palacio de Nariño, una asesora del propio Presidente me dijo que hay unos que están apostando a que yo no voy a durar más de tres meses.

LSV: ¿Cómo lo van a sacar y quiénes?

W.D.:La intención de ellos es inhabilitarme, sacarme del poder. Me están atacando por todos lados. Los periodistas de estómago, los veedores de estómago, veedores extorsionistas. Me han puesto denuncias, tutelas, de cuanta vaina. Pidieron que anulen mi credencial y ahorita vendrán más acciones tratando de sacarme. Presiento que en mi caso van a hacer efectivas más órdenes de arresto por tutelas que en el resto de alcaldes. 

LSV:O sea, una suerte de guerra jurídica y mediática, ¿dirigida por quién en concreto?

W.D.:Prefiero decírtelo off the record.

William Dau, alcalde de Cartagena. Foto: Laura Ardila

LSV: A propósito, varias de las acciones en su contra hasta ahora han sido en respuesta a acusaciones suyas sobre las que le han exigido rectificar. Así lo hicieron el exgobernador Dumek Turbay y el empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca (quien está en juicio por varios delitos). Incluso le ha tocado pagar días de cárcel. ¿No le preocupa que se le vaya el mandato en esas?

W.D.: Yo no puedo seguir en el plan ese porque necesito poder dedicarme a gobernar a un millón de cartageneros y justamente por eso tuve que tragarme esos sapos. En el caso del exgobernador me reafirmé en los hechos denunciados, pero reconocí que no podía estar hablando ya de hechos fallados como delincuenciales y por eso pedí disculpas.

LSV: En cuanto a los medios, usted no ha hecho sino decir que cualquiera que lo critique juega para “los malandrines” o que todos los periodistas son corruptos. A nivel nacional, lo insinuó de la periodista de Caracol Radio Diana Calderón...

W.D.: Si, yo sé, reconozco que me pasé. Estaba emputado por la manera en que ella dijo que, por el hecho de haber tenido yo unas acciones en Acuacar (Aguas de Cartagena), ya eso era como si el Alcalde de Medellín tuviera acciones en EPM. Yo había comprado 500 mil pesos en acciones en Acuacar en mi calidad de veedor. ¿Te echo el cuento de esas acciones?

LSV:

W.D.: Fue hace más de 20 años, en el mandato de Gabriel García Romero, que estaba privatizando todo, robándose todo. Yo vi un aviso que salió en El Universal, en una página interior en letra bien menudita, convocando a las personas interesadas en conformar o asistir a la asamblea de constitución de Aguas de Cartagena. Creo que era en la Universidad Tecnológica. Yo dije ‘epa, esto me da la posibilidad perfecta para meter el pie en la puerta y ver cómo es la cosa’. En ese momento estaba en plan de formar la Corporación Cartagena Honesta. Compré 500 mil pesos en acciones, que era platica, pero tampoco era algo del otro mundo. No tengo acciones en ninguna otra vaina ni soy un ricachón, como algunos quieren decir.

LSA: ¿Y tener un pie adentro de Acuacar como veedor, sí le ayudó a averiguar algo? 

W.D.:Pues, en los primeros tres años recuperé en dividendos y utilidades los 500 mil pesos que invertí y las acciones valían cuatro veces más. Y así como funcionó para mí a nivel micro, funcionó a nivel macro para los españoles que tenían el 45 por ciento. Eso lo pude contar en un libro que hizo gente que trabajó lo de los Panamá Paper y que se llama ‘Los Barones del Agua’, sobre cómo las multinacionales se están apropiando del recurso natural más preciado. Me entrevistaron, me pidieron las pruebas de los dividendos, les mandé todo y me citan en el libro.

LSV: Y tras conocerse sus acciones estando electo las donó a la Liga contra el Cáncer…

W.D.: Sí y no tengo ningún impedimento ahí.

LSV: Volviendo a los señalamientos que hace, ¿qué reflexión le dejan estos episodios en los que le toca echar para atrás?

W.D.: En lo de Diana Calderón yo he debido reclamar sin hacer la pregunta: ‘¿Será que está con los malandrines?’. Eso fue en un momento ofuscado, con rabia. Hablé a la ligera, aunque ella también, yo me sentí atacado.

LSV: ¿Usted sabe que los personajes públicos, y más aún los elegidos para administrar los recursos de todos, son objeto de escrutinio del periodismo y de cualquier ciudadano? ¿Cómo piensa manejarse en ese sentido para cuando lo cuestionen o se enfrente a algún político?

W.D.: Yo ya me estoy mordiendo la lengua por el bien de Cartagena. No he vuelto a mencionar nombres, sólo una vez hace unas semanas en el empalme que mencioné el grupo de La Gata (Enilce López) porque Lidy Ramírez (hoy asesora de despacho), que estaba coordinando todo lo de salud, recibió una propuesta indecente para que ayudara a dejar la ESE Cartagena de Indias en manos de esa gente. Lo hice para desviar el peligro hacia mí y que no quedara en Lidy.

LSV: Efectivamente, en La Silla hemos contado que el combo de La Gata ha tenido influencia burocrática en la ESE, ¿cuál fue la propuesta y quién la mandó?

W.D.: Prefiero no mencionarlo porque ya me pidieron rectificación. Pero mandaron tres emisarios que yo saqué de mi comité de empalme.

LSV: Y¿Tres personas que estaban en su empalme aceptaron dar la razón?

W.D.: Sí, sí. Obviamente no les dio resultado. Les dije que por falta de confianza quedaban fuera.

LSV: ¿Y quién había metido a esas personas en su empalme?

W.D.: Yo.

LSV: ¿Las conoció por redes?

W.D.: Me habían medio colaborado en campaña. Pero mira que no digo nombres de nada, me estoy tragando los sapos de aquí para adelante porque yo tengo perfectamente claro que no soy el veedor sino el alcalde y tengo que cambiar el chip mental.

LSV: ¿El chip mental pasa por no dar papaya haciendo acusaciones sin los soportes?

W.D.: Ellos saben que yo me sublevo fácil, por eso no estoy dando nombres. Digo ‘los malandrines’, porque si digo ‘delincuente o ladrones’ ya eso da para cosas. Pero ‘malandrines’ cada quien lo interpreta. Por ejemplo: los malandrines están orquestando un plan para hacer que yo no pueda gobernar, pero sin mencionar nombres. Ahora, en muchos casos las pruebas están.

LSV: Hablemos de las OPS. Usted ha dicho -y es así- que son una herramienta de los políticos tradicionales para nutrir sus empresas electorales. Pero también son un drama para muchas personas que cada enero padecen tener que trabajar sin contrato. Según la Administración pasada, en Cartagena son unas cuatro mil...

W.D.: Creo que son muchas más de cuatro mil.

LSV: ¿Cómo se está moviendo su gobierno ahí?

W.D.: Las OPS las usan ellos (los políticos tradicionales) para mantener el poder, pero el propósito de la corrupción es robarse el dinero y eso viene a través de los contratos. Entonces mi enfoque va a estar es en los contratos. No soy enemigo de las OPS, soy enemigo de las OPS ficticias. Sergio Londoño (excandidato y exalcalde encargado) decía en campaña que él denunció que cuando llegó a la Alcaldía encontró un pico y placa de OPS, que unos iban a trabajar el lunes, otros el martes, otros miércoles, otros el jueves y otros el viernes. Yo le dije ‘y bueno, ¿cuántos de esos echaste a la Fiscalía?’. Cero. Eso es lo que yo tengo que eliminar.

LSV: Y¿Cómo piensa hacerlo?

W.D.: Se publica la lista con quién es la OPS, en qué dependencia, el valor, los servicios a realizar, que sean transparentes, porque yo sé que se necesitan. De hecho, voy a buscar mediante OPS contratar gerentes de proyectos para todos los grandes proyectos de ciudad. Por decir algo, para el Plan de Drenaje Pluvial. El secretario de Infraestructura no puede manejar el día día y demás de ese megaproyecto, entonces voy a buscar personas capacitadas y voy a sacar un aviso público. El Plan de protección costera, el aeropuerto nuevo, se pueden hacer mediante OPS.

LSV: ¿Cuál va a ser la diferencia entre lo que haga su secretaria general y la gerente o vicealcaldesa que nombró?

W.D.: La secretaria general tiene muchas funciones, pero no abarcan todo lo que yo quiero. Yo quiero que Mónica (Fadul, la gerente) maneje el día a día de la Alcaldía, que se cayó el árbol, que hubo un incendio. Obviamente reportandome todo a mí. Pero para yo poder dedicarme a cosas más grandes. Yo quiero coger Cartagena y sacarla de la mentalidad de pueblo. Pero para poder hacer eso necesito enfocarme en estas grandes debilidades que quiero sacar adelante. Por ejemplo, ser ambicioso y rebajar la pobreza absoluta a cero por ciento. Seguramente no alcance a hacerlo todo, pero soy ambicioso, quiero hacerlo. Para eso necesito un gerente de ciudad. En todas las grandes ciudades del mundo existe el cargo de gerente de ciudad.

LSV: ¿Con cuál de los dos se entenderá el Concejo? ¿Usted o Mónica?

W.D.: En estos momentos estoy pensando que sea Mónica. Claro, cuando yo tenga algo que decirle al Concejo voy y les digo.

LSV: Respecto al Concejo, en diciembre se reunió con los 11 concejales nuevos, entre ellos uno del grupo del parapolítico William Montes y otra que ha sido cercana al grupo de La Gata. ¿Cuáles serán las reglas de la relación con una clase política que, de todas maneras, en Cartagena siempre ha soportado su diálogo con los alcaldes sobre las transacciones clientelistas?

W.D.: Yo les he dicho que espero todos se porten bien, que todos sean honestos, que esta es una oportunidad de oro. Y como te dije hace un rato: me estoy tragando sapos por Cartagena. Porque sé que me queda muy difícil gobernar sin tener un Concejo a favor. Si toca, toca. Yo salí electo con coalición de uno, con Javier Julio Bejarano, que es el concejal mío.

LSV: ¿Qué le respondieron ellos?

W.D.: Ellos solicitaron esa reunión y yo traté de transmitir el mensaje. Les dije: ‘Dentro de cuatro años nadie va poder salir electo a punta de arreglos, de amangualarse, de los puya ojos, de las alianzas. El pueblo hoy día ha reaccionado. La gente se entera de quién es quién, quién es el bueno y quién es el malo, y se entera por redes sociales antes que por los medios de comunicación. Ya los días en que se hacían todas estas cosas tras bambalinas pasaron. Yo soy mayor, no estoy para hacer carrera, pero si ustedes quieren hacer carrera política trabajen por Cartagena’.

LSV: ¿Qué respondieron?

W.D.: Todos asintieron. Y también les dije ‘sé muy bien, y toda la ciudad sabe, que varios tienen vínculos con personas de dudosa procedencia, les pido a ustedes que abran los ojos y se independicen. Ya los concejales son ustedes, son ustedes quienes tienen el poder’. Un mensaje que me pareció bastante positivo para transmitirles. Puestos conmigo no tendrán, si quieren OPS, que se las den en el Concejo.

LSV: Hablando de puestos y de representación, su gabinete fue muy bien recibido en la ciudad (por ejemplo, su secretario del Interior es el exconcejal del Polo David Múnera, el Jorge Robledo cartagenero), a diferencia del de la Gobernación que quedó en manos de los clanes cuestionados de siempre. Cuénteme el detalle del concurso que abrió para armar su equipo...

W.D.: Hicimos una primera convocatoria para secretarios, creo que eran como 18 cargos, presentaron como 7.300 hojas de vida. Una firma de cazatalentos, de una señora que se llama Maria Claudia Bustillo, fue la que se encargó de recibirlas. La gente mandaba su hoja de vida al correo electrónico, inmediatamente le salía una respuesta sistematizada diciendo que había sido recibida, un grupo de 40 personas estaban trabajando para recibirlas. De los 7.300 pasaron el primer filtro como unos 700. Esos pasaron a entrevistas, luego de lo cual quedaron entre 70 y 75. Yo no quise participar, me decían ‘William, metí la hoja de vida, ayúdame’, y respondía que eso era con los cazatalentos. Eso sí, algunas personas que quería, les pedí que mandaran la hoja de vida a los cazatalentos.

LSV: ¿Y por qué si los quería no los nombraba directamente?

W.D.: Porque quería que pasaran los filtros. Obviamente, para mí lo más importante es que sea gente de confianza y por eso les pedía que se postularan, para de pronto si no quedaban al final poder ponerlos en otro lado.

LSV: En Cartagena, por poner sólo dos ejemplos, la Secretaría de Educación y el Instituto de Cultura estaban en manos de los grupos de los parapolíticos William Montes y Vicente Blel Saad (padre del nuevo gobernador Vicente Blel Scaff), respectivamente. Idas estas cabezas, de todas formas y tras tantos años, todavía quedan allí funcionarios mandos medios afines a estos grupos. ¿Qué va a pasar allí?

W.D.: El cáncer hay que extirparlo definitivamente. La gente que pertenece a los grupos de malandrines tiene que salir. Seguramente desde el primer día no se podrá porque no tendré suficiente gente, pero hojas de vida interesantes están llegando para que rodeen a los nuevos secretarios. También hay gente de los malandrines en algunos departamentos que son empleados de planta, no los puedo echar. Entonces esos empleados de planta de malandrines, moverlos a otras dependencias, que eso sí lo puedo hacer.

LSV: Dado que el sistema clientelista ha sido la principal forma de acceder a algunos cargos públicos, ¿cómo va a hacer para no cometer injusticias allí con gente que sí lo haya hecho bien?

W.D.: Claro, tampoco es así a la ligera porque simplemente tienen un vínculo, hay que mirarlos bien. A mí me estuvieron reclamando los concejales ‘es que tú nos tildas a todos los que estamos en política de malandrines’. Yo digo que hay muchos malandrines, quizá hasta la mayoría, pero no estoy estigmatizando a toda la clase política. Hay mucha gente honesta en la administración pública. Tendremos que mirar caso por caso las personas que hayan tenido algún vínculo. ¿Ves? Estoy cambiando, moderando el lenguaje.

LSV: Pocos días antes de irse, el alcalde saliente Pedrito Pereira tomó dos decisiones grandes que tendrán que ver con usted: prorrogó un año la concesión de alumbrado público y firmó la Alianza Público Privada para el corredor portuario y la Quinta Avenida de Manga. Comienzo por lo primero, ¿cómo va a hacer para que no lo coja el tiempo y pueda armar la licitación de alumbrado, negocio que viene siendo prorrogado desde diciembre de 2018?

W.D.: Mi propuesta era renovarlo unos meses mientras se licita.

LSV: Sobre la APP para el corredor portuario y la Quinta Avenida, un proyecto que no se había podido concretar desde la Alcaldía de Dionisio Vélez y de alguna manera expresa el desgobierno de Cartagena, hay gran malestar porque crea nuevos peajes. Usted ha dicho que no más peajes, ¿qué alternativa propondrá ahí entonces?

W.D.: Yo me manifesté rotundamente en contra de eso. Cartagena no quiere peajes. Están tratando meter los peajes por la vía trasera, por 30 años más. No solamente dejarían los actuales, sino que van a revivir uno que ya habían cerrado. Yo no sé ni dónde ni cómo porque todo esto es nuevo para mí, pero me paso estudiando temas de ciudad porque todavía no domino todo. Yo reconozco, así como un estudiante va a la universidad a aprender, yo estoy aprendiendo también. Lo importante es que soy honesto y tengo buena voluntad y dispuesto a trabajar 24/7.

Lo que me han dicho personas que saben es que la Quinta Avenida de Manga no va a solucionar el problema porque todo el tráfico va a salir embotellado en un mismo sitio y que además es una vía para abrirle paso a la Sociedad Portuaria. Tronco de negocio. ¿Por qué carajos Cartagena tiene que subvencionar ese tronco de negocio? No es justo. Si la carretera se deteriora por el uso de tractomulas, mi posición es que el peaje lo paguen esos vehículos y no todos los cartageneros. Cartagena está muy atrasada. Yo a los proyectos que ya existen les quiero agregar unos míos propios.

LSV: ¿Como cuáles?

W.D.: Principalmente la pobreza absoluta. Quiero uno para desarrollar la Ciénaga de la Virgen. Otro muy chévere que tiene que ver con el drenaje de los caños en canales para disminuir la cuestión de los drenajes fluviales, el proyecto vale 150 millones de dólares, que no me parece excesivo.

LSV: Dígame en qué consiste en concreto el de la pobreza (en su plan de gobierno de ocho páginas no estaban aterrizados)...

W.D.: Infraestructura, ambiental. Todo lo que tiene que ver con esa cuestión, creación de empleo y demás. También tengo uno propio que es un recinto de ferias. Tú vas a cualquier país del primer mundo y preguntas y todos vendrían a Cartagena a un congreso. La ciudad se vende solita, pero nuestra capacidad de recibir se quedó pequeña.

LSV: ¿Quién lo financiaría, cómo se lo imagina?

W.D.: Ya lo veremos porque ese es apenas uno de los tantos proyectos. Así como en Cartagena se está formando una nueva Cartagena estrato 20, que es el proyecto Serena del Mar (proyecto urbano privado a gran escala en el norte), hecho para lucrarse, yo quiero construir otra Cartagena para desarrollar en las zonas más vulnerables donde existe la pobreza extrema. Y crearles trabajo para que la gente no tenga que gastarse todo su sueldo en pagar un Transcaribe, para que no tengan que gastarse una, dos y tres horas yendo y viniendo. Yo quiero construir algo grande para que todas las demás ciudades queden comiendo polvo.

El nuevo alcalde ha sido celebrado por su gabinete. Entre sus secretarios se destacan figuras respetadas de la ciudad que no llegaron representando ningún grupo cuestionado. Foto: Laura Ardila.

LSV: ¿Pero financiado cómo? ¿estructurado en qué sentido?

W.D.: Todo eso es un proyecto por desarrollar. Para los proyectos yo quiero ser sumamente ambicioso. Seguramente no lograré hacer todo, pero tengo mis cuatro años. Quiero hacer un paquete grande donde entren todas las obras, que la protección costera, que drenajes fluviales, que el Canal del Dique, que el aeropuerto nuevo, el recinto de ferias. Todo esto lo quiero montar en un solo paquete bien grande porque plata hay. El Gobierno Nacional nos ha querido dar plata y no ha habido a quién dársela. Y con ayuda internacional. Con un equipo jurídico, los ingenieros, los financistas, un grupo de sabios que me diga: ‘Alcalde, ya tenemos resuelto cómo lo vamos a hacer’, entonces arrancamos. Algunas cosas las podré inaugurar y otras las dejaré avanzadas.

LSV: ¿Qué expectativa tiene en sus relaciones con el Gobierno Nacional y con el gobernador Vicente Blel?

W.D.: Nuevamente, estoy dispuesto a tragarme unos sapos por el bien de los cartageneros y de los bolivarenses. No tengo interés en hablar con Vicente Blel, pero si hay proyectos que conciernen a Cartagena y que también involucran al departamento, yo hablo con él. Y mientras no me propongan ningún torcido, yo estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda.

LSV: Y¿Y sobre el Gobierno Nacional?

W.D.: Mira, yo no les paro bolas a los asunto nacionales, lo mío es Cartagena y la corrupción de acá, pero sé que el Gobierno Nacional es absolutamente indispensable. Por eso yo trato de llevarme bien con el presidente (Iván) Duque a pesar de que no quiero ser vinculado con el Centro Democrático. No sé si te eché el cuento de las aproximaciones que han querido tener, dicen que si quiero apoyo del Centro Democrático me hable con el senador hijo de Fernando Araújo (Fernando Nicolás Araújo). La secretaria privada de (Álvaro) Uribe se tomó una selfie conmigo en Bogotá en una capacitación de la ESAP. Me dijo que en su bancada me querían conocer y se refieren a mí como muestra de algo positivo y de que sí se puede derrotar a las maquinarias. Yo no puedo estar en la calle más de 60 segundos sin que alguien me pida una foto. Yo creo que eso no pasa con ningún otro político porque el pueblo me ama.

LSV: Lo suyo es Cartagena, pero ¿si sabe que, como contempla la Constitución, se ha empezado a concretar la idea de desarrollo regional descentralizado y que ya está constituida incluso una Región de Administración y Planificación RAP Caribe en la que está Bolívar?

W.D.: Sí y mucha gente me ha dicho que Barranquilla está muy desarrollada, pero sí creo que a Cartagena la arreglan los cartageneros.

LSV: ¿Con Duque cómo le ha ido?

W.D.: Duque se me puso a la orden para todo lo que necesite para Cartagena. Me pareció la berraquera. Igual la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, todos los ministros se me han presentado, se pusieron a la orden para todo.

LSV: ¿Qué opina del paro y de la ciudadanía que se está expresando libremente y ayuda a entender su triunfo?

W.D.: El nuevo despertar de la sociedad civil colombiana. Simpatizo, pero no puedo apoyar públicamente porque yo necesito ser realista, ser práctico. Obviamente yo estoy con la gente pobre, yo estoy con el ciudadano de a pie, aquellos que nunca han tenido quien ponga la cara, el pecho y la vida para defenderlos. Eso es lo que yo estoy haciendo, pero me toca ser práctico.

LSV: Usted dice que no está para hacer carrera política, ¿qué futuro le ve a su movimiento Salvemos a Cartagena?

W.D.: Yo no quiero ser el que nombre al siguiente alcalde, sino inspirar a toda una generación nueva. Quiero que subsista Salvemos a Cartagena como movimiento político para darle estabilidad a Cartagena y a la vez extirpar el cáncer hasta que ellos (“los malandrines”) no puedan volver tan siquiera a aspirar.

LSV: ¿Cómo espera ser recordado después de estos cuatro años?

W.D.: ¿Me perdonas la falta de modestia? Yo quiero que la historia política y del desarrollo de Cartagena se divida en antes de Dau y después de Dau.

Silla Nacional
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Los que pueden aprovechar el papayazo de la salida de Uber

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El anuncio de Uber de que saldrá de Colombia al terminar este mes le abre el camino a otros poderosos para aumentar su negocio. Aquí contamos quiénes son y por qué pueden ganar:

Los dueños del negocio de los taxis

Los ganadores más obvios son los dueños de los taxis, que dicen que han venido perdiendo mercado con la entrada de Uber y otras plataformas.

Acá hay tres grandes grupos: los conductores de taxi, los dueños de los carros y sus cupos (que pueden tener un solo carro o muchos), y los dueños de las empresas afiliadoras

En este universo el ganador más visible es la amalgama entre Taxis Libres, la empresa afiliadora de taxis más grande de Bogotá, y Comunicación Tech y Transporte, Cotech, que maneja los radioteléfonos y la aplicación de Taxis Libres.

De hecho, Uber se va porque Cotech ganó una demanda contra ella por competencia desleal, que falló la Superintendencia de Industria y Comercio en diciembre.

El dueño y gerente de Cotech es César Hernández, hermano de uno de los fundadores de Taxis Libres, el excongresista José Eduardo Hernández. José Eduardo creó la empresa con Uldarico Peña (quien murió en 2018) y su hija Stefanía es la actual gerente.

Cotech y Taxis Libres tienen, juntas, un app para pedir taxis, llamada Red Amarilla. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad, ésta tiene más de 18.000 taxistas registrados, lo que da cuenta del tamaño del negocio que tienen.

Pero no es la única. Solo en Bogotá hay más de 30 empresas afiliadoras de taxis amarillos, que también se beneficiarían por la salida de Uber, más por lo menos seis aplicaciones de taxistas como Digitaxi, Etaxi, Me Voy, Mega Taxi VIP, Taxi Driver y T-Driver.

También las aplicaciones de taxis de lujo, los blancos, como Mi Águila, del empresario tecnológico Fernán Ocampo y Taxis Libres.

En el pasado, las amenazas de paro de los tres grupos han movido al Gobierno: en 2015, como contamos, el Gobierno Santos presentó un decreto para regular el transporte especial, incluido el que se presta a través de plataformas como Uber, con representantes de los dueños de los taxistas, como Uldarico, al lado, con una regulación que los beneficiaba.

Ese poder es tan claro que tras la decisión de la Superintendencia la versión que empezó a circular en redes fue que antes de la decisión de la Super hubo una reunión entre el Centro Democrático y los taxistas, en la que el partido de Gobierno les habría prometido apoyo para que sacar a Uber, a cambio de que no se metieran al paro nacional del año pasado.

El Centro Democrático lo desmintió, y además el Gobierno nada que regula las plataformas digitales en general, no solo para transporte urbano.

En todo caso, la victoria de los dueños del negocio es muy grande porque el golpe a Uber se puede extender: tienen respaldo legal a su argumento de que es desleal la competencia de los carros particulares, y su abogado Nicolás Alviar ya anunció que usarán el argumento para demandar a otras plataformas como Beat o InDriver.

Cabify

El año pasado la aplicación, creada en España en 2011, absorbió a la colombiana Easy Taxi, y con eso empezó a combinar el servicio de transporte con carros particulares con el de taxis amarillos.

Con eso, tiene una protección frente al argumento de los taxis, puede ganar lo que sus competidores como Beat, no. De hecho esa aplicación, la segunda más grande en Colombia con 50 mil conductores (Uber tiene o tenía 88 mil), es la única que se ha pronunciado oficialmente ante la salida de Uber.

Cabify, al no ser una aplicación de solo taxis, ni de taxistas, puede quedarse con los ex usuarios de Uber que rechazan a los amarillos.

También pueden ganar porque el año pasado lanzaron una alianza con Voom, una empresa de alquiler de patinetas eléctricas, para incorporar en su plataforma este servicio que puede servir de reemplazo a algunos usuarios de Uber, pues va creciendo.

El año pasado el director de Cabify en Colombia dijo en La República que le había planteado al Gobierno cuatro propuestas para regular las apps:

  • crear impuestos de rodamiento para taxis y apps por igual

  • que lo que paguen los taxis por el cupo sea parte de pago de dicho impuesto.

  • crear una licencia especial para los carros particulares que presten servicio de transporte y 

  • que el Gobierno se encargue de supervisar los estándares mínimos de calidad.

Estas propuestas están sobre la mesa pero no han prosperado.

DiDi

Esta aplicación china, fundada en 2012 por un exejecutivo de ventas del portal de compras por internet, Alibaba, llegó a Colombia el año pasado y es un peso pesado, pues compró Uber en China en 2016 por 7.000 millones de dólares.

En Colombia tiene 26.000 conductores y opera en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín, y como Cabify sirve para pedir taxis y no solo carros particulares. Su directora de asuntos públicos en Colombia, Juliana Pulecio, contó en noviembre que llevaban 5.000 taxistas registrados.

Eso les permitiría, como a Cabify, seguir funcionando en Colombia aún si prospera la demanda que anunciaron los taxistas contra ellos, y también con la ventaja de no ser un app de taxistas.

Los del negocio de bicicletas de alquiler

Otro de los negocios que puede aprovechar el hueco que deja Uber es el de las bicicletas eléctricas, porque sirven para distancias medianas, en ciudades ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali tienen buena infraestructura (y en Bogotá más del 5 por ciento de los viajes al día son en ellas) y están reguladas.

En Bogotá funcionan dos de estas aplicaciones de alquiler de bicicletas eléctricas.

La más conocida es Muvo, que a noviembre pasado reportaba 50.000 usuarios y anunciaron que esperaban multiplicar por cuatro el número de viajes en un año, gracias a un alianza que hicieron con los ensambladores de motos y bicicletas Auteco. El que no esté Uber les puede ayudar con esa meta.

También está BiciCo que es una aplicación que surgió de una alianza entre Enel, Codensa, Bicycle Capital, Carulla y ScotiaBank Colpatria. Aunque es una aplicación con menos cobertura, la salida de Uber le da más espacio para crecer.

Silla Nacional
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Los cabos sueltos sobre las chuzadas denunciadas por Semana

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Pregunta 1Pregunta 2Pregunta 3Pregunta 4Pregunta 5Pregunta 6 

Después de las escandalosas revelaciones de la revista Semana sobre los seguimientos ilegales a periodistas, políticos de oposición y magistrados por parte de miembros de Inteligencia del Ejército, ayer hubo reacciones de parte del partido de Álvaro Uribe, del presidente Duque y su ministro de Defensa y de las víctimas de las chuzadas. Entre las preguntas que persisten aún sin resolver, están estás:

 

¿El presidente Duque sabía de las chuzadas o no?

Tanto Casa de Nariño como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dicen que se enteraron de todo el escándalo el sábado cuando salió la edición de Semana.

“Con respecto a hechos concretos que hasta este momento hacen parte de una investigación de Semana, solamente tuvimos conocimiento cuando se reveló el artículo”, dijo Trujillo, quien dijo que el mismo sábado Duque pidió investigaciones internas.

La Silla confirmó que Semana llamó al ministro de Defensa el 12 de diciembre y le contó que tenían una investigación sobre chuzadas por parte del Ejército, sin darle detalles. Como la publicación se postergó por la otra historia que publicaron sobre el cementerio de Dabeiba, relacionado con los falsos positivos, no volvieron a hablar con el ministro hasta la publicación.  

Teniendo en cuenta el mega escándalo de las chuzadas ilegales del DAS que condujo al cierre de la entidad durante el gobierno de Uribe, ¿al ministro Trujillo no le pareció suficientemente relevante la alerta para querer indagar más con la revista ahí mismo y prefirió guardarse esa información durante casi un mes a compartirla con el Presidente, a sabiendas de que se venía un escándalo encima?

 

¿Por qué el ministro de Defensa no informó al presidente de un allanamiento de la Corte Suprema en un batallón del Ejército?

El 18 de diciembre la Corte Suprema adelantó con la Procuraduría una diligencia de inspección y allanamiento muy poco usual en el Batallón de Ciberinteligencia (Bacib) del Cantón de Comunicaciones del Ejército en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Se trataba de una diligencia de inspección y allanamiento a una de las unidades claves que funcionan dentro de esa instalación castrense: el Batallón de Ciberinteligencia (Bacib).

Desde el escándalo de las chuzadas del DAS no sucedía un allanamiento de esas dimensiones. Según el relato de uno de los uniformados que estuvo en la diligencia y que registró Semana, desde el Batallón llamaron al ministro de Defensa para que impidiera su realización:  “La inspección comenzó por las oficinas del Bacib. Algunos soldados, suboficiales y oficiales hostigaron a los funcionarios judiciales y trataron de dificultar el acceso. “Acá todo el mundo estaba pegado del techo. Hicieron que el ministro, mi general Navarro (comandante general de las Fuerzas Militares), mi general Martínez (excomandante del Ejército) llamaran a la magistrada para saber en qué estaba y qué era lo que buscaba con ese allanamiento. Como siempre, y para tratar de asustarla y que parara el allanamiento, le dijeron que había temas de seguridad nacional en ese lugar. Y aunque sí se manejan esos temas, también se manejan temas que claramente no son legales ni de nuestra competencia”, confirmó a SEMANA un uniformado que estuvo en esa diligencia”, relató Semana.

Si el ministro fue informado de esta inusual operación, que duró desde las 8:45 am hasta las 2 de la madrugada y en la que participaron más de 20 funcionarios de la Procuraduría y 25 investigadores de la Dijín e incautaron más de 20 memorias USB y 45 teléfonos celulares, así como los computadores de los oficiales que comandan algunas de esas compañías militares, ¿No le pareció relevante contarle al Presidente?

La postura oficial de la Casa de Nariño sobre el allanamiento ordenado por la Corte Suprema que ocurrió el 18 de diciembre en el Cantón de comunicaciones del Ejército en Facatativa es que el Presidente no tuvo conocimiento del mismo, según nos dijeron en la oficina de prensa.

 

¿Por qué Duque citó a la cúpula militar a preguntarles si habían utilizado equipos con fines ilegales?

Según la revista, “el lunes 16 de diciembre, toda la cúpula militar y el director de la Policía fueron citados a la Casa de Nariño a una reunión de urgencia. El presidente Iván Duque les dijo que estaba enterado de la inminencia de un escándalo por chuzadas ilegales. Le preguntó a cada comandante, incluido el general Nicacio Martínez, si alguien dentro de sus respectivas fuerzas había utilizado equipos, etcétera, con fines ilegales. Todos los generales le respondieron que no. Como prueba de ese compromiso, elaboraron un formato, en poder de SEMANA, que enviaron a todos los jefes de inteligencia y contrainteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas. En este los oficiales de su puño y letra firmaban que ellos no habían chuzado a nadie”.

La Silla Vacía le consultó a los jefes de prensa de Casa de Nariño y del Ministerio de Defensa sobre si esa reunión con los generales había existido y la respuesta del primero es que "ese día no hubo registro oficial de un encuentro". Mientras que el segundo nos dijo que verificaría con su jefe, el Ministro. Hasta la publicación de esta historia, ninguna de las dos entidades nos aclaró si más allá del registro de la misma, la reunión existió o no.  Si si existió, como dice tener pruebas Semana, ¿por qué Duque y el Ministro dicen que se enteraron del escándalo con la publicación de la revista?

 

¿Por qué el presidente Duque fue tan efusivo con el saliente general Nicacio Martínez, pese a los escándalos que lo rodeaban?

Dos periodistas que llevan más de diez años cubriendo fuentes militares y que lo vivieron de primera mano le confirmaron a La Silla Vacía que el presidente Duque le hizo un homenaje muy especial de despedida al general Martínez, que no habían visto antes en ceremonias de transmisión de mando. Normalmente, los comandantes que salen no van a la ceremonia de los que entran, pero en ésta de final de año, Duque le dedicó una parte del discurso al saliente general.

“Hoy cerrando el año 2019, el año del Bicentenario, hemos presenciado una bella ceremonia, una ceremonia donde se le rinde tributo y se despide después de tantos años de servicio a un gran héroe de la patria”, dijo el Presidente, y acto seguido se le declaró al General “su amigo incondicional”. 

Finalizado el discurso, las tropas desfilaron en frente del general durante varios minutos, mientras los asistentes se pararon y lo aplaudieron efusivamente. 

“Es la primera vez que yo veo eso en 10 años”, nos dijo uno de los periodistas. El otro dijo que había sido “apoteósico”.

La pregunta es si el Presidente ya había llamado a calificar servicios a otros 5 generales de la cúpula del general Martínez por los escándalos vividos bajo su mando y ya tenía alguna sospecha de las chuzadas hasta el punto de que los había hecho firmar un formato negando su responsabilidad, ¿por qué decidió hacerle una despedida tan efusiva?

 

Si el allanamiento de la Corte Suprema no fue por las chuzadas sino por el escándalo del hacker Sepúlveda, ¿se equivocó la revista?

Ayer, el diario El Tiempo publicó una historia en la que citando fuentes anónimas de la Corte Suprema y a Jaime Granados, abogado del senador Álvaro Uribe y del general Nicacio Martínez, establece que el allanamiento ordenado por la Corte al batallón de comunicaciones del Ejército en Facatativa el 18 de diciembre del que habla la revista no tenía que ver con las chuzadas que denuncia Semana.

“Una investigación en manos de la magistrada Cristina Lombana, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que busca establecer si existió alguna relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda fue lo que motivó, el 18 de diciembre pasado, el inusual allanamiento ordenado por la Corte al batallón de comunicaciones del Ejército en Facatativá, Cundinamarca”, dice el periódico.

La Silla confirmó que en efecto ese operativo se hizo en el marco de la investigación del hacker Sepúlveda, capturado en mayo del 2014, quien dijo a la Corte que sectores militares que no estaban de acuerdo con el proceso de paz le filtraban al ex presidente Uribe información sobre lo negociado en la Habana, incluso información obtenida ilegalmente. El allanamiento buscaba establecer la veracidad de esta aseveración.

Sin embargo, en el transcurso del allanamiento descubrieron que militares del batallón comenzaron a borrar información, a sacar discos duros, etc, porque supuestamente revelaban las nuevas chuzadas. Por eso la revista dice que la magistrada Lombana fue la primera sorprendida de ver que ella misma era víctima de esos seguimientos ilegales. 

En todo caso, las fuentes de información que respaldan la denuncia de Semana son múltiples, van más allá del operativo de allanamiento, y están directamente relacionadas con el uso indebido de una potente plataforma tecnológica para hacer seguimientos llamada Hombre Invisible.

 

¿Están los aparatos de inteligencia del Ejército capturados por el Centro Democrático?

Una de las denuncias más escandalosas de este episodio es el testimonio de uno de los uniformados entrevistados por Semana en el sentido de que la información de las chuzadas era entregada a un político reconocido del Centro Democrático. 

Después de la publicación de Semana, Noticias Uno dijo que ese político era Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial del Centro Democrático, y una persona cercana a los militares y al ala más de derecha del partido de Uribe. 

Nieto Loaiza negó haber recibido información de seguimientos ilegales y pidió una rectificación al noticiero, aunque aceptó que mantenía una “comunicación fluida” con miembros del Ejército y la Policía por su trayectoria y conocimiento en el derecho internacional humanitario.

El Centro Democrático cerró filas detrás de Nieto y exigió a la revista revelar el nombre del supuesto político.

Nieto trinó: "He confirmado con @revistasemana que ellos no tienen esa "versión" y que, en consecuencia, no se la entregaron a @noticiasuno. Acá, repito, no solo no hay información alguna sino que hay calumnia. Por su parte, el director de Semana ni aceptó ni negó que el político fuera Nieto, y dijo que se ceñían a la investigación publicada."

La Silla estableció que el director de Semana no ha dicho si es Nieto o no sino que simplemente se ciñen a lo publicado en la investigación. En la historia no citan el nombre del político porque siguen verificando algunos datos, según dijo el director de la revista en la radio.

El ex presidente Uribe trinó, por su parte, que “Tienen todo listo para acusar a un representante a la Cámara del CD y miembros de 2 UTL del CD que recibían reportes de supuestas chuzadas en el ejército y que esa información llegaba al  expresidente Uribe, esa informacion la entregaron a Semana.”  Esta supuesta información tampoco fue publicada por la revista.

La Silla entrevistó a cinco políticos reconocidos del Centro Democrático y todos coincidieron en que creían que el escándalo es un montaje para desprestigiar al partido y al general Martínez. El senador José Obdulio Gaviria, por ejemplo, afirmó que era un montaje en contra de su partido y que “va en contra de un precandidato obvio a las próximas elecciones”, en referencia a Nieto.

En Palacio tampoco creen la versión de Semana y respaldan al partido uribista. “Estamos seguros de que el Partido apoya al Gobierno siempre”, nos dijo un alto funcionario de Palacio.

Si se confirma en los próximos días que parte de la información de las chuzadas iba a parar en manos de alguien del partido de Uribe, como dice la revista, significaría que la politización dentro del Ejército ha alcanzado niveles insospechados con el peligro que eso implica. 

Quizás por la mención de que la información ilegal supuestamente llegaba a un político del Centro Democrático, entre todas las reacciones del partido que lideró la Seguridad Democrática no hay ninguna que demuestre curiosidad por indagar a fondo si, como dice la revista, equipos que le costaron al país 3 mil millones de pesos para con las disidencias y las organizaciones criminales que oprimen cada vez más poblaciones no se están destinando a recuperar la Seguridad.  Es decir, la bandera de Uribe, del Partido y una de las centrales de Duque.

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Tradicionales pero sintonizados con la calle

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Aunque el Congreso en general perdió el papayazo de mostrarse conectado con el paro, para siete congresistas y un conocedor del Congreso hay por lo menos cuatro representantes jóvenes que sí tienen como ejes de su trabajo asuntos que estaban en el centro de los reclamos de los manifestantes. Ellos muestran que incluso en los partidos tradicionales quedan canales entre la clase política y los jóvenes que protestan, pero también recuerdan que son pocos.

Juan Carlos Losada, un liberal animalista y defensor del Acuerdo

Losada es un representante a la Cámara por Bogotá, animalista y liberal, que ha sido cercano a la oposición, y a reivindicaciones y causas que forman parte del descontento.

Una clara es el animalismo: por ejemplo, en su primer periodo en el Congreso, del que tuvo que irse porque el Consejo de Estado anuló su elección al revisar los votos, impulsó la ley contra el maltrato animal que fue aprobada en 2016. 

También está la implementación del Acuerdo de La Habana, que ha apoyado desde hace años y es otro de los motivos del descontento. 

Por ejemplo, tras su salida del Congreso y la victoria del No en el plebiscito de octubre de 2016, hizo parte de las movilizaciones juveniles a favor de la renegociación.

En todo caso representa, por su familia, el poder tradicional bogotano, pues hace política con su tía la concejal liberal Maria Victoria Vargas. Su padre es Ricaurte Losada que fue concejal y es sobrino del exconcejal Jorge Losada, pero no hace política con este.

Carlos Ardila, santista defensor del Acuerdo y el medio ambiente

Este liberal de Putumayo llegó al Congreso como la ficha del último ministro del Interior de Juan Manuel Santos, Guillermo Rivera, con quien trabajó en el Ministerio como encargado de negociar los paros. 

Ardila se ha hecho sentir en el Congreso por ser un duro defensor del Acuerdo de Paz y el medio ambiente, dos de los temas más presentes en el descontento. Además, representa una región del país que históricamente fue azotada por el conflicto, y en esa medida de las víctimas de él:

Por eso, ha hecho cosas como citar a un debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre reclutamiento forzado a menores, un asuntos central en la salida del ex ministro Botero, luego de que se revelara que un bombardeo del Ejército a un campamento de disidentes mató a por lo menos ocho menores.

En el lado ambiental, Ardila ha impulsado la lucha en el Congreso en contra de la aspersión aérea con glifosato y se ha movido en contra de la megaminería en su departamento, dos de las grandes preocupaciones ambientales del país.

John Jairo Hoyos, víctima de las Farc pero defensor del Acuerdo

Hoyos es un representante valluno que llegó este cuatrienio por primera vez al Congreso como fórmula del senador Roy Barreras y por La U, luego de buscar los avales verde y liberal. 

Aunque es víctima de las Farc, pues su padre fue uno de los diputado del Valle que secuestró y asesinó ese grupo, ha hecho política en función del perdón a sus victimarios y lideró en su departamento la campaña por el Sí en el Plebiscito.  

Ha sido tan defensor que cuando Santrich llegó al Congreso, dio un discurso en defensa de su presencia que rechazaban incluso miembros de la oposición como Juanita Goebertus o Inti Asprilla. 

Aunque arrancó en el partido conservador, el de su padre, con el que fue concejal y precandidato a la alcaldía de Cali, acabó en el Congreso con las banderas de la defensa del Acuerdo.

Él mismo dice que varias de sus convicciones se alinean con las peticiones de la calle, como el respeto a la protesta social, el no al glifosato, o un mayor presupuesto para las universidades públicas.

José Daniel López, el purista del Acuerdo

Este representante bogotano de Cambio Radical, primíparo en el Congreso tras su primera candidatura política, ha sido uno de los más férreos defensores del Acuerdo con las Farc a pesar de estar en un partido que siempre ha sido distante de él.

Politólogo, comenzó en política de la mano de David Luna, cuando éste era representante a la Cámara: fue su coordinador político cuando buscó la Alcaldía de Bogotá en 2011 y luego trabajó con él en el Ministerio de Trabajo. 

Aunque se ha concentrado en temas de Bogotá como el proyecto del Estatuto Orgánico de Bogotá o la reforma constitucional que creó la segunda vuelta en las elecciones a la Alcaldía, su otro gran eje de la defensa del Acuerdo encaja en una de las grandes causas del descontento. 

Por ejemplo, en la discusión de las objeciones de Duque a la JEP fue quien más movió a su partido para irse contra el Gobierno, viene argumentando -incluso públicamente- que sería un error entrar a la coalición de Gobierno e internamente fue uno de los pocos congresistas de Cambio, con el senador Temístocles Ortega, que trataron de que el partido se fuera contra la tributaria de Duque.

Juan Carlos Losada, Carlos Ardila, John Jairo Hoyos y José Daniel López
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El detodito con 'Coco' que gobernará en tierra uribista

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La mitad de las 13 personas que puso Luis Antonio ‘Coco’ Cicery (Alianza Verde) en cargos clave en la Alcaldía de Florencia representan a sectores de izquierda o movimientos alternativos, lo que muestra que su gobierno dará un giro hacia la izquierda en una de las capitales más azotadas por las antiguas Farc y que era bastión del uribismo. 

La otra mitad modera ese mensaje, porque se dividen entre personas que vienen del sector privado, especialmente de los transportadores, y disidentes de partidos tradicionales como el liberal. 

También llama la atención que Cicery, que llegó con discurso de transparencia y lucha contra la corrupción, le haya entregado secretarías a dos de sus principales financiadores de campaña. 

Haga clic sobre cada cara para ver el nombre y cargo

Fidel Prieto
Secretario de Salud
Floralba Zambrano
Secretaria de Educación
Óscar Vásquez
Secretario administrativo
Fabián Camilo Escudero
Secretario de Inclusión Social
Juan Carlos Chamucero
Secretario de Medio Ambiente
John Filiar Silva
Secretario de Cultura y Recreación
Diego Ramírez
Secretario de Obras Públicas
José Andrés Medina
Secretario de Emprendimiento y Turismo
Tatiana Vargas
Secretaria de Vivienda
Héctor Eduardo Poveda
Secretario de Gobierno
Duberney Gutiérrez
Secretario de Movilidad
Carlos Enrique Polanía
Secretario de Hacienda
Wilkin Cuéllar
Secretario de Planeación
 
 

Acá están, en un solo lugar los perfiles de todos ellos.

Cicery anunció el equipo de trabajo de su primer año de mandato.
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Los antitaurinos comienzan a ganar poder con Claudia López

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El domingo 2 de febrero comienza la nueva temporada taurina de Bogotá. Irá hasta el 2 de marzo, como siempre, pero al tiempo, y por primera vez, se celebrará una “temporada antitaurina” que tendrá un respaldo amplio de la Alcaldía.

Los antitaurinos lo ven como un logro histórico, que alcanzan después de haber ganado espacios en los gobiernos de Gustavo Petro (2012-2015) y Enrique Peñalosa (2016-2019), y que muestra que aumentó su capacidad de incidencia con la llegada de Claudia López.

Ese apoyo le permite a ella comenzar a mostrar una relación más fluida con un sector que mantuvo tensiones con Peñalosa (a pesar de que él estaba en desacuerdo con las corridas), y probar la forma como quiere asumir la protesta social sin poner a la Policía como eje.

La relación tensa con Peñalosa

Los antitaurinos vienen de tener una relación agridulce y tensionante con la alcaldía de Enrique Peñalosa.

Durante su gobierno, en 2017 volvieron tras cinco años las corridas de toros a Bogotá. Gustavo Petro (2012-2015) había dejado de prestar la Plaza de Toros de Santamaría a los taurinos, y después de ires y venires judiciales, la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía prestarla, un fallo que le tocó cumplir a Peñalosa.

Aunque él siempre se mostró en contra de las corridas, el petrismo y buena parte del sector animalista consideró que al no impedirlas, como hizo Petro, facilitó el camino de los taurinos. De hecho, el día que regresaron (22 de febrero de 2017) manifestantes chocaron con el Esmad.

Después de eso se abrieron espacios de concertación con la idea de desincentivar las corridas, pero no todos los antitaurinos confiaron en ese gobierno. 

“Sentimos que se trataba de un espacio para legitimar el cerco que habían armado en la Plaza para que no pudiéramos acercarnos, no para construir con los antitaurinos ni para ver las condiciones en las que se había hecho el contrato para prestar la Plaza”, le dijo a La Silla Vacía Natalia Parra, lideresa de la Plataforma Alto que se retiró de esa mesa.

Otras plataformas, sin embargo, se quedaron, como Colombia Sin Toreo, que agrupa cerca de 40 organizaciones antitaurinas. Lina Lamus, una de sus integrantes, acordó con esa Alcaldía que le dieran un espacio en el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se coordina la atención de emergencias en cada corrida, con la idea de que verificara el cumplimiento de las normas por parte de los taurinos, como que no se consumiera licor dentro de la Plaza.

Además, el Instituto de Participación y Acción Comunal (Idpac) jugó un papel importante para los intereses de los antitaurinos. “Apoyó con gestión en Idartes, el Instituto de Recreación y Deporte y la Red de Bibliotecas Públicas, y por otra parte lideró campañas como Bogotá capital animal y Zoomos todos”, nos dijo Angie Chaparro, animalista que trabajó en el Idpac con Peñalosa.

Sin embargo, la conexión no fue completa, no sólo porque el grueso de los antitaurinos no estaba en contacto con la Alcaldía, sino porque los que sí lo estaban no sintieron que se tratara de una puesta frontal de esa administración, más allá de la oposición de Peñalosa.

El cambio con Claudia

Con la elección de Claudia López los antitaurinos sintieron un ambiente propicio para proponer cambios más de fondo, así no puedan prohibir las corridas.

López no sólo se comprometió en campaña a mantener la decisión de no invertir presupuesto público para fomentar las corridas (algo que se ha mantenido desde Petro), sino que su propuesta de cambiar la relación entre la Alcaldía y grupos sociales como ellos les daba la posibilidad de tener más eco.

A eso se suma que el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, comparte la causa antitaurina y tiene el antecedente de que como Viceministro del Interior presentó un proyecto de ley para prohibir las corridas de toros, que se hundió pero lo acercó a los antitaurinos.

Por otra parte, fue elegida una concejala animalista, Andrea Padilla (líder en Colombia de la ONG Anima Naturalis) que, como Claudia López, es de la Alianza Verde. Aunque es una sola, su llegada al Concejo es importante porque allí ha habido concejales afines a esa causa pero no eran militantes que conocieran el mundo antitaurino por dentro.

Fue Padilla la que, después de presentar el 3 de enero un proyecto para desincentivar las corridas de toros en Bogotá, pidió que la Alcaldía se sentara con los antitaurinos para comenzar a preparar sus manifestaciones de este año.

Eso aterrizó en una reunión el 8 de enero con el secretario Gómez, en la que se registró una asistencia mayor que la que hubo con el gobierno Peñalosa, coincidieron las tres fuentes antitaurinas con las que hablamos, todas asistentes. Allá llegaron unas 60 líderes, entre representantes de organizaciones y personas que mueven procesos afines.

Eso no es menor en un movimiento que, como dice la misma Padilla, es fragmentado, y en el que el choque de egos los ha dividido frecuentemente.

“Además de que siempre han existido rivalidades entre organizaciones, Peñalosa no gozaba del carisma para aglutinarlas ni para decir que la participación ciudadana sí funciona, y sentimos que eso cambia ahora”, le dijo a La Silla Chaparro, la animalista que trabajó en el gobierno pasado.

También incide, según Padilla, que posiblemente la mayoría de organizaciones se alinearon con Claudia desde la campaña. 

“Otra parte se fue con Carlos Fernando Galán, pero de forma más discreta, y otra parte más pequeña con Miguel Uribe, sobre todo la liderada por Clara Lucía Sandoval” (exconcejal cristiana de la Misión Carismática que fue directora del Instituto de Protección Animal con Peñalosa), agregó.

Sus peticiones se pueden resumir en tres. 

  • Que les den espacios no sólo para protestar, sino para hacer exposiciones y otras intervenciones culturales los días de corridas, para crear conciencia sobre el maltrato animal. Eso será la esencia de la “temporada antitaurina”. “Hoy (ayer) vamos hacer el radicado general de las actividades que queremos realizar”, nos dijo Lina Lamus, la líder de Colombia Sin Toreo.

  • Que tengan más margen físico para moverse los días de corridas. Eso se divide en dos: que no haya un despliegue policial tan amplio como los que hacía Peñalosa, que hacía dispositivos con entre 900 y 1.200 policías en los alrededores de la Plaza, incluyendo que el Esmad no esté visible (algo que lograron en los últimos años con Peñalosa).

Ayer en la tarde Gómez tenía reunión con los taurinos para estudiar sus requerimientos.

  • Que se haga una veeduría más rigurosa al contrato que firmó la Alcaldía (por medio del Idrd) con Casa Toreros, la empresa que se ganó el contrato para organizar la temporada. “Ya pude hablar con Blanca Durán (la nueva directora del Idrd, que trabajó con Petro) y le interesó mucho”, dice Lina Lamus.

Aunque falta que la Alcaldía diga definitivamente qué actividades se podrán hacer, tiene la intención de darles más cabida desde ahora, algo que se puede profundizar el año entrante, cuando será este gobierno el que ponga las condiciones del contrato para prestar la plaza.

Ese es un punto crucial para los antitaurinos ante la imposibilidad de que la Alcaldía prohíba las corridas (una tarea que la Corte le dejó al Congreso), porque con la contratación pueden incidir para desincentivar, así sea mínimamente, esa actividad.

Por ejemplo, Natalia Parra cuestiona que los ingresos que el privado le transfiere al Distrito sean un porcentaje de la plata que les entre por venta de boletas, y no un canon fijo. “Eso se puede prestar para que entreguen muchas más boletas de cortesía, por ejemplo. Es una de nuestras principales peticiones, sino la más”.

Esperan que con Claudia López cambie esa modalidad de contratación, lo que se sumaría a que calculan que para ese momento ya esté aprobado el proyecto de Andrea Padilla para desincentivar las corridas, que incluye que los organizadores destinen el 30 por ciento de su publicidad a piezas sobre el sufrimiento animal, y que se elimine el sufrimiento de los toros con banderillas y espadas.

Claudia López está de acuerdo con ese proyecto, con lo que este año el tema se mantendrá en la agenda. Y más si la “temporada antitaurina” funciona sin problemas y le llega a más gente.

Foto: Tomada de www.caracol.com.co
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Claudia López

Claudia López

Alcaldesa de Bogotá

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Cárdenas no pinta como un Rodolfo 2


La fumigación aérea alienta la cacerola cocalera

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El borrador de decreto del Gobierno de Iván Duque para retomar la fumigación aérea prendió la mecha para que los cocaleros se metan con más ganas al paro nacional, que tiene citada una movilización el próximo martes.

Aunque la cacerola ya se ha sentido en municipios pequeños como Tumaco, en el Pacífico; Maicao, en La Guajira o Barrancabermeja, en Santander; con esto puede resonar en zonas más alejadas, porque se suma a los incumplimientos del Gobierno con la sustitución de coca.

Eso puede pasar así el decreto sea apenas el primer paso para fumigar y aunque sólo hasta finales del año podría volar el primer avión. 

La mecha

Las principales organizaciones de cultivadores de coca, una base tradicional de las Farc que se organizó con más fuerza desde el Acuerdo de Paz,  ya estaban sintonizadas con el momento de descontento social que vive el país e incluso algunas se movieron en las marchas del año pasado. Pero con el decreto planean hacerlo con más fuerza, engordar las protestas del paro nacional y ganar vocería en el Comité Nacional del paro.

 

“La gente ya está organizada y dispuesta a salir aquí. Siguen los retrasos con la sustitución y lo del decreto ya fue el tope”, nos dijo Wilmar Madroñero, vocero de Marcha Patriótica y quien hizo parte de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Meros, que protagonizó el paro agrario de 2013 que paralizó a ese departamento. 

Él, y dos líderes más de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Putumayo, que nos pidieron no ser citados porque tienen problemas de seguridad, coincidieron por aparte en que se van a sumar a las marchas del 21E y en que las organizaciones cocaleras del departamento también tendrán una reunión el 30 de este mes para definir una agenda de marchas cocaleras.

Esperan mover a unas cuatro mil personas, que serían tres mil más de las que movilizaron el 21N en la marcha que comenzó en Puerto Caicedo y llegó hasta Villagarzón, municipios cocaleros del tercer departamento con más cultivos del país. 

En Nariño, el departamento con más coca, y Cauca, el cuarto, también están calentando motores sumándose a la agenda del comité nacional del paro. 

“Hemos estado en reuniones en el Cauca y en otras a nivel nacional mirando cómo participamos en las jornadas del paro, principalmente por el incumplimiento del Acuerdo y ahora por ese decreto que sacó el Gobierno”, nos dijo Leider Valencia, coordinador de Coccam en Valle, Cauca y Nariño. 

Nos contó también que ya tienen cuadrada una reunión, el 26 de enero, para “ir moviendo personal y cuadrar toda la agenda de movilización”. 

“No lo pensamos hacer como un paro cocalero, porque la aspersión no solo afecta cultivos de coca sino de pancoger, por eso articulamos con otros procesos sociales. Todo en conjunto con el paro nacional”, dice Valencia. 

En Norte de Santander, el segundo departamento con más coca, la organización que tradicionalmente mueve a los cocaleros (concentrados en el Catatumbo) es Ascamcat. Ya dijo que van a salir el 21E, pero está muy dividida y posiblemente no logré impulsar tanto las marchas. 

En cambio Cisca, afín al Congreso de los Pueblos y que le ha quitado base a Ascamcat, se va a movilizar y sacar a las familias cocaleras del Catatumbo a protestar en puntos estratégicos de esta subregión, como lo hicieron el año pasado. 

A esos planes se suma que en estos cuatro departamentos, como lo mostramos, los nuevos gobernadores están abiertamente en contra de la fumigación con glifosato, por lo que esa movilización cocalera tendría su espaldarazo, o al menos no su oposición.

Por ejemplo, en noviembre el entonces gobernador electo de Putumayo, Buanerges Rosero (ASI), firmó un compromiso con las organizaciones que promovieron las marchas allá -como Marcha Patriótica, Anuc, Meros y Coccam-, que incluye “el apoyo a la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito como la única alternativa que se logre para evitar la fumigación y erradicación forzosa”. 

Igual pasa en Nariño, donde el gobernador Jhon Rojas Cabrera (el primero que no es de izquierda en más de una década), no solo hizo campaña con un discurso anti glifosato sino que dijo en su discurso de posesión que se oponía a la fumigación y lo ha reiterado en medios nacionales. 

Hace una semana dijo en Blu Radio que con el uso del glifosato (con fumigación manual) “no se ha producido una disminución sustancial de los cultivos. Hay que reforzar y concentrar las reacciones en la sustitución y erradicación”. 

También en Cauca, donde el primer gobernador afro de su historia, Elías Larrahondo, dijo en campaña y después que allí aceptará la sustitución, no los aviones. 

A pesar de que el borrador de decreto ya calentó los ánimos, para el Gobierno es que el paro está dormido, como supimos por una alta fuente de Presidencia. Creen que, así se sumen más cocaleros, las marhcas serán menores que las del año pasado, y su estrategia se concentra en la ‘Conversación Nacional”. 

Como nos dijo Diego Molano, coordinador de esa ‘Conversación’, “en una de las mesas podría abrirse un espacio de conversación de este tema (el decreto)". Es decir, no tendrían una fórmula diferenciada para bajarle la caña a las marchas de los cocaleros.

Igual falta para los aviones

El borrador de decreto puede recibir comentarios de la ciudadanía hasta el 30 de enero, y solo saldrá en firme cuando el Gobierno los responda, pero eso no es lo único pendiente.

También faltan los conceptos que deben dar el Instituto Nacional de Salud, INS, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, sobre el programa de aspersión que espera reanudar la Dirección de Policía Antinarcóticos gracias al decreto.

Ambos conceptos favorables son obligatorios para volver a fumigar y en ninguno pinta fácil el examen.

El INS ya dejó claro que existe relación entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin en el informe que preparó para el Ministerio de Salud, para la audiencia de la Corte Constitucional en la que Duque le pidió al tribunal que rebajara sus exigencias para el uso del químico. 

La Anla, si bien no tiene un antecedentes similar y el 30 de diciembre arrancó a revisar una solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental que tenía la Policía Antinarcóticos, puede demorarse más de los 45 días hábiles que usualmente toma para dar una licencia ambiental, dada la magnitud del programa. 

Sólo con estos conceptos, el decreto y su reglamentación, el Consejo Nacional de Estupefacientes se reuniría a tomar la decisión final, algo que con los demás pendientes difícilmente pasará antes de junio.

A pesar de que en el Consejo el Gobierno tiene las mayorías, también hay voces críticas como la de la Procuraduría, como explicamos, por lo que la discusión tampoco será tan fácil. Eso también depende, por lo menos en parte, de quién quedé en el Ministerio de Salud, pues en el Gobierno Santos fue líder en parar la aspersión. 

Aunque en el Gobierno son conscientes de los costos sociales de retomar la fumigación, según una fuente que conoce de primera mano el manejo del tema en el Ministerio de Justicia y que no puede ser citada porque sólo está autorizada para hablar la ministra, Margarita Cabello, la aspersión es una de las principales apuestas de Duque este año.

Lo es no sólo por su meta de reducir en un 50 por ciento el área sembrada de cultivos para finales de 2022, sino porque “es un año en el que Estados Unidos estará muy pendiente, con Trump en campaña. Nos genera demasiada presión”.

Aunque igual Duque ya saca pecho porque el año pasado la Policía Antinarcóticos logró el récord histórico de erradicación de arrancar 100 mil hectáreas (lo máximo eran 94 mil), “nada muestra que nos estamos moviendo más que con el glifosato, una estrategia en la que siempre ha puesto todos los huevos Estados Unidos”, nos dijo la misma fuente.

Mientras tanto, los cocaleros tienen todos los huevos puestos en el paro. 

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Las mujeres en los concejos colombianos están en saldo en rojo

Arrancó la apuesta por cambiar la política en Buenaventura

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Victor Vidal comenzó su Alcaldía de Buenaventura, tras derrotar a las maquinarias que habían tenido el poder por décadas, con un gabinete con casi nulos nexos políticos y de trayectoria técnica. 

Esto es clave pues el primer alcalde cívico del puerto más grande del Pacífico busca gobernar por y para los acuerdos que logró el paro cívico de 2017 en medio de un déficit fiscal grande y sentar las bases para la transformar a Buenaventura dejando atrás el cáncer de la corrupción.

De entrada tuvo la presión de dos resoluciones que dejó el exalcalde (e) Alexis Valencia, de La U y quien llegó a un mes de terminar 2019, que atornilló en sus cargos a 200 personas, resoluciones que ayer Vidal revocó por ilegales

Si bien le falta nombrar a algunos funcionarios clave como el de Planeación, por lo que ha recibido críticas, y otros tienen un periodo fijo como el gerente del Hospital Luis Ablanque La Plata y el del Acueducto, ya se pueden sacar algunas conclusiones del equipo de Vidal.

Haga clic sobre cada cara para ver el nombre y cargo

Mauricio Aguirre
Jefe de oficina Jurídica
Ferney Hinestroza
Gerente EPA (Establecimiento Público Ambiental)
Humberto Celorio
Secretario de Educación
William Grueso
Desarrollo económico y rural
Maria Elcina Valencia
Directora técnica de cultura
Santiago Jory
Secretario de Vivienda
Lessly Salazar
Secretaria de Ambiente
Cristian José García
Prensa y comunicaciones
Nixón Arboleda
Secretario de Turismo
Yensy Murillo
Secretaria de Convivencia y Participación ciudadana
Libia Mosquera
Oficina de asuntos internacionales
Lino Herminsul Tobar
Director de Recursos Humanos y Servicios básicos
Manuel Vallecilla
Secretario de Hacienda
Francy Esther Cándelo
Secretaria de salud
Elizabeth Enríquez
Secretaria general /gabinete
Milner Medina
Gerente Inderbuenaventura
Arbinton López
Atención y prevención de desastres
Carlos Enrique Moreno
Secretario de Infraestructura vial y transportes
Ulpiano Riascos
Secretario de Seguridad Ciudadana
Onís José Riascos
Secretaria de Tránsito y Transporte
 
 

La mayoría del gabinete participó del paro, pero no son sus cabezas

12 de los 20 nombramientos que revisamos fueron a personas que participaron activamente del paro y de las mesas de los diversos ejes temáticos, pero no de algún líder del comité ejecutivo, que encabezó el paro

 

Entre esos nombramientos resalta el de su competidora en elecciones y también líder del paro Libia Mosquera en la oficina de asuntos internacionales, María Elcina Valencia de cultura, Yensy Murillo de la secretaría de convivencia, que tienen un perfil muy técnico mezclado con liderazgo social.

Esto quiere decir que Vidal gobernará con gente que viene del movimiento que lo catapultó y que conocen de las peticiones de la gente, pero que al no haber vinculado a las cabezas más visibles como el padre Jhon Reina, marca una independencia que es mutua.

“Tomamos la decisión de no aspirar a ningún cargo porque tenemos claro que el comité siempre va a ser comité, independientemente del Alcalde, y que la voz del pueblo no se puede perder”, le explicó a La Silla uno sus integrantes, Hernán Valencia. 

Agregó que estarán ahí para aprobar lo que el Alcalde haga bien, pero también para señalar lo que haga mal. “El paro debe seguir siendo cívico para no perder la vocería del pueblo”, dice. 

Esa independencia se nota también en que la mayoría de cargos estratégicos están en cabeza de personas que no hicieron parte del paro.

Más de la mitad no tiene experiencia en lo público

11 de los 20 no tienen experiencia en el sector público; de los nueve que sí, cinco de esos vienen del paro y cuatro no. 

Dos que no vienen del paro y uno que sí trabajaron con el cuestionado Bartolo Valencia. Se trata del secretario de infraestructura vial Carlos Moreno, el jefe de Atención y Prevención de desastres Arbinton López y la participante del paro y actual secretaria general, Elizabeth Enríquez.

Esa poca experiencia se puede leer de dos maneras: que son gente nueva que le pueden dar un giro y renovación a una alcaldía tan golpeada por la corrupción; o que la administración puede generar traumatismos mientras aprende.  

Es un gabinete diferente

Varios hechos muestran que es un gabinete diferente al de pasadas administraciones que han salido cuestionadas, como la reciente Eliécer Arboleda de La U.

Si antes La U que ponía a cuotas en los cargos más importantes, en el gabinete de Vidal solo hay dos personas con vínculos con partidos políticos, que no están ahí por pertenecer al partido o como cuota, si no por su propio trabajo. 

Libia Mosquera, directora de asuntos internacionales: se lanzó a la alcaldía por el Partido Conservador.

Ulpiano Riascos, secretario de seguridad: milita en el Polo Democrático. 

Esto demuestra que al menos de entrada Vidal tendrá total autonomía sobre sus funcionarios y no está amarrado a cumplir compromisos burocráticos. 

La mayoría conoce de sus temas 

Otra particularidad es que los 20 tienen un perfil técnico, 15 tienen larga trayectoria en sus temas, con varios estudios superiores y tienen trayectoria en Buenaventura. 

Pocos participaron de la campaña de Vidal

De los 20, solo tres hicieron parte activa de su campaña: Ulpiano Riascos de seguridad y William Grueso de desarrollo económico como parte del comité político y Cristian García le manejó las comunicaciones. En el gabinete también estará su esposa Edith Obando como gestora social.

Estos son los perfiles de cada funcionario.

 
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¿Quién va a tener el poder en 2020?

Entre más demorado, más se calienta el nombramiento del MinSalud

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Si nada cambia, al menos un par de semanas más se tomará el presidente Iván Duque para comenzar a cambiar varias carteras del gabinete, comenzando por la de Salud, que quedó vacante desde finales de 2019, cuando salió Juan Pablo Uribe

 

Mientras más tarda, más crecen los rumores, presiones y especificaciones sobre quién será el encargado de manejar uno de los sectores socialmente más delicados, en pleno descontento, y con chicharrones como definir la reglamentación del aborto y la posición del Ministerio frente a la renovación de la aspersión aérea con glifosato.

El nombramiento no sería inminente, según confirmó La Silla Vacía con cuatro fuentes del uribismo y de la Casa de Nariño. Dos coinciden por aparte en que Duque le pidió al viceministro Iván González que continúe en el encargo por unas semanas más.

En el Ministerio nos dijeron que no tienen plazos y que por ahora la orden es seguir trabajando en la línea que tenía Uribe.

Es una demora frente a lo que dijo Duque a por lo menos una alta fuente de Gobierno que nos lo contó: que habría nuevo Ministro la primera semana de enero.

Mientras tanto, el ruido crece.

El alboroto

El año arrancó con rumores de gabinetología con exmandatarios locales de La U y Cambio (como Dilian Toro y Alex Char) y hasta una pelea interna en el uribismo.

Ese alboroto hizo que varios actores de la salud, como los gremios de las EPS, los hospitales, la industria farmacéutica y las asociaciones médicas y de pacientes, pidieran el miércoles al Presidente no politizar esa cartera

Aunque para la fuente de Palacio es improbable que Duque lo politice, pues pudo dar una cartera a los políticos en el Ministerio de Ciencia, pero nombró en diciembre a la chocoana Mabel Torres, una técnica sin filiación política, los ruidos arrancaron horas después de que el Presidente y su jefe de gabinete, Maria Paula Correa, se reunieron hace semana y media con seis congresistas de Cambio.

Los alimentó la versión de que el partido entraría al Gobierno, algo que el sexteto ha negado. Admeás, cuatro de los seis congresistas nos aclararon que Duque no les pidió que les enviaran nombres.

Dos nos explicaron, por aparte, que el ruido arrancó porque los representantes a la Cámara de Cambio comenzaron a mover en medios nombres de exmandatarios, como el de Char, el de Jorge Rey (exgobernador de Cundinamarca) o el de Carlos Julio González (exgobernador de Huila) porque eran de sus regiones; otro nos dijo que era el mismo Germán Vargas Lleras que movía esos nombres en los medios.

Como fuera, se ha rumorado una y otra vez que Cambio se quedaría con el Ministerio de Salud, como el miércoles cuando sonó el nombre de José Fernando Cardona, gerente de la Nueva EPS y amigo de Enrique Vargas Lleras, hermano el ex vicepresidente.

En todo caso, los cuatro congresistas presentes en la reunión coinciden por aparte en que sintieron guiños de Duque a Cambio, empezando porque aceptó meter sus ajustes a la reforma tributaria, como contamos.

También en que los acercamientos han creado confianza. “Desde diciembre le dijimos al Presidente que había ministros que no servían”, nos dijo el senador Carlos Abraham Jiménez para mostrar esa fluidez en las conversaciones. 

Otro guiño que vieron es que Duque halagó públicamente a Char, la cara más visible de Cambio para 2022 junto con Vargas, en la inauguración del puente Pumarejo.

“Incluso en la reunión Duque nos dijo que le gustaba que Alex estuviera en su gabinete”, nos dijo el senador charista Antonio Zabaraín.

Aunque en Palacio nos negaron que Duque le haya propuesto a Char un puesto, ayer volvió a sonar:

Un ambiente similar se vive en La U, después de que a fines de año Duque se reunió con su director, el exministro Aurelio Iragorri, con quien también habló de la agenda legislativa para marzo.

Desde ese encuentro y la renuncia de Uribe a MinSalud cogió más fuerza el nombre de la exgobernadora Toro como posible reemplazo, algo que tendría sentido por su profesión, porque fue secretaria de salud del Valle y luego una baronesa de la salud en todo el país. Durante su mandato rescató financieramente el Hospital Universitario del Valle.

La fuerza del rumor fue tal que en diciembre, una fuente técnica de Salud le dijo a La Silla que era “inminente su llegada”, pero José Ritter López, senador de su grupo, nos dijo que la exgobernadora quiere “descansar e irse a estudiar”.

(Como hemos contado, Dilian quiere pesar para 2022).

Los rumores son fuertes, y para dos congresistas uribistas de la línea de Duque, es inminente la llegada de ambos partidos al Gobierno.

“Con la presión (de los partidos) creo que ese espacio (MinSalud) va a quedar para algún partido”, nos dijo uno, quien pidió no ser citado para no tener problemas con Duque.

El segundo incluso calificó a La U como “partido de Gobierno”, cuando oficialmente en el Congreso está registrado como tal, pero no todos sus miembros votan a favor de las propuestas de Duque y no tiene participación en el Gobierno.

La demora de Duque en definir no solo crea ese ambiente de rumores sino que incluso tiene alta la temperatura en el uribismo, en el que hubo fuego amigo a un posible candidato, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal.

El Superintendente suena porque es amigo del senador Álvaro Uribe desde hace 20 años, es uribista 1A y experto en el tema, y, según dos fuentes que lo saben de primera mano, desde el empalme quiere ese cargo.

Pero el domingo, el medio uribista Los Irreverentes publicó una muy dura nota contra él, después de su público choque con el abogado Abelardo de La Espriella, con lo que esa opción puede estar enredada y queda claro que no tiene el beneplácito de todo el uribismo.

La nota “El hombre de la $alud”, acusa al Superintendente de tener negocios en el sector que vigila; presenta varios documentos que demuestran que fue representante legal de Inversiones Zamtri (hoy lo es su exesposa) y afirma que Aristizábal tiene acciones en Zamtri, que ésta es accionista de otras tres y que ellas tienen negocios en el sector. 

Vía mail (porque está fuera del país) Aristizábal nos dijo que desde septiembre de 2017 no tiene nexos con ninguna de esas empresas, que no fue consultado por el medio uribista “como se espera en la aplicación del criterio de imparcialidad” y que la entidad que maneja no las vigila.

Que eso ocurra justo cuando está vacante el Ministerio, y cuando corren los rumores de los otros partidos, muestra que la demora alborota el avispero.

La disyuntiva al final

En Palacio -según una fuente del círculo de Duque- dan por hecho que además de Salud, habrá nuevo Ministro de Interior, y en el Congreso las especulaciones incluyen también a Cultura, TIC y Agricultura.

De todos, Salud es el único vacante. Por eso es el que crea expectativas más concretas, y en el que Duque tiene más presión por el posible cambio de un técnico por un político (en Interior, el cambio que pinta más probable, ser técnico es ser político).

De lo que decida, depende en buena medida sus relaciones con el Congreso y el éxito de su agenda legislativa, pero también el mantenimiento de su apuesta de no dar participación política.

Por ahora, para tener una agenda legislativa ambiciosa está definiendo el apoyo al paquete legislativo de Cambio, con al menos 10 proyectos como reformas a la justicia y a la salud, o las leyes de consulta previa y de cielos abiertos.

Si se concreta, repetiría su estrategia de buscar acuerdos programáticos, que ha logrado que salgan leyes como las tributarias o la ley TIC, pero demora su aprobación y ha fracasado en otros proyectos como las reformas política o a la justicia.

La semana que viene Cambio volverá a Palacio para revisar con la secretaria Correa qué proyectos quedan, y así quedaría sellado el acuerdo, probablemente antes de que haya nuevo nombre en MinSalud.

Incluso si eso pasa, la agenda puede hacer agua porque una cosa es una coalición entre varios partidos y otra un acuerdo de Duque con uno solo, que le ha dado la espalda al Gobierno y al uribismo en momentos clave como las objeciones de Duque a la JEP, que podría generar molestias en el sector más duro del uribismo.

Pero Duque también puede terminar molestando a los partidos que están alborotados si se quedan sin nombramientos.

La próxima semana Duque viajará al foro de Davos, en Suiza, desde donde es poco probable que un Presidente haga anuncios de gabinete. 

Mientras, seguirá el alboroto de los políticos por un puesto, mientras se reactivan las marchas del paro que ya arrancaron ayer en la Nacional en Bogotá, y cuando el martes está convocada una nueva jornada de protestas.

Silla Nacional
Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

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