Mientras todo el país está encerrado por culpa de la pandemia, el conflicto sigue andando. El coronavirus no ha hecho que el valor de la tierra que causa la deforestación baje, ni que los líderes sociales dejen de estar amenazados -ni que dejen de ser asesinados-, ni tampoco que la lucha contra las drogas sea una agenda que deje de ser importante para este gobierno.  

En la charla de esta semana, que hacemos gracias a la Fundación Konrad Adenauer y a la alianza con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hablamos con María Alejandra Vélez, Directora del Cesed, en la Universidad de los Andes; Kyle Johnson, investigador y consultor en Kroc Institute; y Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto en la FIP. Los tres son columnistas de La Silla Llena. 

Con la suspensión por tres meses del gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, el viernes pasado, la Procuraduría deja al departamento sin cabeza en plena pandemia del coronavirus. Varios políticos del Chocó consultados, incluso rivales de Palacios, consideran que la medida es excesiva y que lo están cogiendo de chivo expiatorio para que los demás gobernadores y alcaldes sientan que están siendo vigilados durante la pandemia.

Algunos líderes cívicos, en cambio, consideran que es la oportunidad para que el Gobierno ponga a alguien con la capacidad y voluntad de enfrentar el desafío que tiene el departamento para enfrentar la crisis ocasionada por el Covid-19 y evitar así que haya corrupción con los recursos de la salud. 

El anuncio de la la suspensión se dio en la rueda de prensa del viernes en la que la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría dieron a conocer los avances de sus investigaciones sobre la contratación en medio de la emergencia. Solo la Procuraduría adelanta 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 entidades del orden nacional y territorial. 

Hasta ayer en la noche, Palacios no había sido notificado y seguía en el cargo. 

El contrato

La Procuraduría suspendió al Gobernador por un contrato para dar 1276 capacitaciones de prevención del coronavirus en tres comunidades de cada uno de los 29 municipios por un valor de 960 mil pesos cada una, más la impresión de miles de banners, afiches, cartillas, vallas y la realización de cuñas radiales y en televisión local por un valor total de 2091 millones de pesos. (Ver contrato). 

El contrato fue firmado el 15 de abril con la Fundación Chocó Saludable y debía ser ejecutado hasta el 30 de mayo o “hasta que dure la contingencia”.

Según la Procuraduría, aunque las campañas son de prevención, el objeto del contrato no contribuye a mitigar los efectos del coronavirus y los recursos deberían ser priorizados para atender asuntos urgentes en salud como, por ejemplo, el pago de salarios de varios meses que deben a funcionarios del Hospital Departamental San Francisco y la dotación de protección médica que no tienen, como contamos en esta historia, para evitar poner en riesgo la vida de la gente. 

Si bien el contrato no se ejecutó, está suspendido y la plata no se perdió, el proceso disciplinario contra el Gobernador continuará por presunto desconocimiento del principio de contratación pública de planeación.

La Procuraduría encontró también que en el departamento se vienen firmando contratos en el área de salud que ve con sospecha desde el año pasado. En este momento, está adelantando un proceso disciplinario por uno de más de 8 mil millones contra el actual secretario de salud, Carlos Tirso Murillo, lo que, en su opinión, demuestra que es una conducta repetitiva. Además investiga denuncias hacia otro contrato por 130 millones también para campañas de prevención de coronavirus.  

Por todo lo anterior, la decisión de suspender al Gobernador se dio como "medida preventiva" porque el mandatario podía reiterar la conducta de volver a contratar en condiciones similares, según dijo el Procurador el viernes en la rueda de prensa.  

Incluso gente cercana al Gobernador, coincide en que el contrato debería suspenderse. 

La primera razón es que las medidas son tardías dado que ya el país está en fase de mitigación, y las capacitaciones, además, contemplaban reuniones presenciales, cuando ya el país está en aislamiento obligatorio.

Segundo, dejaba en manos del mismo contratista encargado de la ejecución, la definición de los indicadores de evaluación. 

“Cualquier intervención en salud pública implica un ejercicio de planeación, diseño, implementación siguiendo criterios técnicos, implica tener un mínimo de evaluación frente a que esa intervención que se propuso logre los objetivos", dice el médico y magíster en salud pública, docente de la Universidad de los Andes y conocedor del tema de salud en Chocó hace años, Diego Lucumí. "En este caso es imposible hacerle un rastro a eso y tampoco aparece ninguno de los elementos propuestos en el contrato”. 

También le critican al contrato la pertinencia de invertir esa cantidad de dinero en campañas, cuando existen tantas otras necesidades.

Con esos dos mil millones, el Gobernador podía comprar otras nueve camas de Cuidados Intensivos como las que ya compró que deben llegar pronto y que serán las únicas del sector público del departamento, que costaron 1648 millones de pesos. O pagar otros dos meses de salarios que se le deben a todos los 230 empleados del Hospital Departamental de Chocó San Francisco.  Ya pagó los primeros dos. 

“Se requieren otro tipo de cosas y acciones en salud pública", agregó Lucumí. "Hay un frente que es mejorar la prestación del servicio de salud, pero hay una cosa muy importante en salud pública y es mantener todos los temas de vigilancia, en equipos que permitan hacer seguimiento a casos. Allí hay grandes debilidades. Además Chocó no tiene un laboratorio acreditado para hacer pruebas”. 

Hace menos de un mes, el mismo gobernador había dicho en una entrevista con El Tiempo: "Aquí no contamos con elementos de bioseguridad, eso es lo más urgente inicialmente para dotar a nuestro equipo médico. Me refiero a tapabocas, guantes, mascaras, botas, gorros, los necesitamos con urgencia", agregó. "Las personas van a entrar en pánico y van a requerir los elementos que mencioné, y no los tenemos".

Adicional a eso, el veedor ciudadano de la contratación Darwin Lozano, que alertó en redes sobre ese contrato, le dijo a La Silla que la contratista no era la idónea para ejecutar campañas de prevención, porque su Registro Único Empresarial no registra como actividad comercial nada relacionado con el tema de salud. 

La actividad registrada es un detodito en servicios: el manejo de papel de imprenta, publicidad, capacitaciones, logística de eventos, suministro de material de construcción. 

El Director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, dijo a Noticias Uno, que existen sospechas de que la representante legal de la empresa sea "testaferra" de otras personas pero no dio más elementos al respecto. 

En todo caso, la Fundación Chocó Saludable es una megacontratista. Tiene 27 contratos con la Gobernación del Chocó desde el 2017, sobre todo en actividades de logística de eventos y algunos de capacitaciones.  Según contó Noticias Uno ayer la misma Fundación Chocó Saludable tuvo un contrato en octubre de 2019 con la Gobernación con un objetivo similar de prevención en salud de varias enfermedades (no coronavirus) por 1499 millones.

El Gobernador le dijo a la FM el viernes, que “la justificación que me hacía el secretario (de salud, para firmarlo) era que esas acciones podían servir para promocion y prevencion del Covid”. 

Pero que decidió suspender ese contrato porque “afortunadamente no habíamos girado un peso todavía, se consideró que sería bueno revisar ese contrato”. 

A su turno, el secretario de salud, Carlos Tirso Murillo, dijo frente al contrato que tienen “elementos que establecen la necesidad de atender la zona rural, no sólo son ciclos educativos, hay más actividades en ese contrato que es en todos los 29 municipios y sus corregimientos, allá es donde más se debe mirar, a la zona rural y étnica.”

Tirso también fue secretario de Salud en el periodo del exgobernador Jhoanny Palacios, de la misma corriente del actual mandatario, cuyo jefe político es el representante liberal Nilton Córdoba (investigado por presunta participación en el Cartel de la Toga´).

El debate sobre la suspensión 

Ariel Palacios fue elegido como candidato del continuismo por el representante Córdoba. Al final, obtuvo no solo el apoyo de los liberales, sino de los conservadores, partido Verde y Colombia Justa Libres.

Palacios es especialista en finanzas y administración pública y en gerencia de servicios de salud y venía de ser gerente durante 14 años de la EPS Barrios Unidos, la segunda con más afiliados en el departamento. Esa EPS es una de las que le debe plata a algunos de los seis hospitales públicos de Chocó y el año pasado tuvo que dejar de funcionar en Valle por prestar un mal servicio.   Aunque es percibido como parte de la misma rosca política que ha mantenido al departamento a la zaga del país, no tiene fama de corrupto.

Por eso, más allá de los problemas que tenía el contrato, la suspensión del Gobernador fue percibida en los círculos políticos del Chocó como una medida exagerada, porque con la suspensión del contrato la investigación podía continuar y consideran que el Gobernador había hecho una buena gestión. 

“Queda en el ambiente que la Procuraduría está utilizando el caso del Chocó como chivo expiatorio de toda la repudiable corrupción”, según dijo en un audio Rodrigo Córdoba, excandidato a la Alcaldía de Quibdó por la Colombia Humana, que apoyó a Palacios. 

Para el abogado y político de Cambio Radical, Delcin Bejarano, que también apoyó a Palacios y hoy es secretario de Deporte, la suspensión “es un mensaje desproporcionado del Procurador de efectividad”. “Para qué apresurarse a suspender al Gobernador si podía investigarlo y dar resultados en 30 días”, dice.

Incluso, uno de los políticos opositores del Gobernador rechazó la medida. “Nos van a estigmatizar más de lo que estamos, los mas corruptos resultamos siendo los chocoanos, cuando hay casos graves en otros departamentos”, nos dijo César García, un exrival de campaña de Palacios. Eso porque hay otros contratos de publicidad criticados como este en Bogotá o con presuntos sobrecostos en mercados en Arauca, Meta y Magdalena, entre otros, en los que sí se ejecutó la plata.  

Las suspensiones de la Procuraduría no son tema nuevo.  Por ejemplo, en agosto de 2019, Carrillo suspendió al exgobernador de Norte de Santander por presuntas irregularidades en un contrato.

Según el profesor de la Universidad del Rosario y experto en derecho administrativo, Lucas Quevedo, las suspensiones se dan, por lo general, para evitar que los mandatarios puedan torpedear la investigación.  

Reconociendo que la Procuraduría tiene esa facultad, para los tres políticos la suspensión genera una desestabilidad en la Gobernación porque se queda sin su cabeza en plena pandemia. Ahora llegará un encargado de la Presidencia, seguramente desde Bogotá.

Precisamente, esa posibilidad de que llegue alguien nombrado por Presidencia genera ilusión en sectores cívicos por la falta de liderazgo que ha demostrado Palacios y que tanto se necesita para enfrentar la pandemia.

Como contamos acá, Chocó no tiene ninguna cama de UCI, tiene un alto déficit de camas de hospitalización y sus dos principales hospitales públicos funcionan a media marcha. El San Francisco, porque casi todo el personal está es cuarentena y en el local Ismael Roldán, porque sus trabajadores están en paro por falta de pagos. Además hay escasez de insumos de protección ante el coronavirus. 

Palacios tenía un plan de atención para el coronavirus, pero, como lo dejó claro en esta entrevista estaba esperando que el Gobierno pusiera los recursos para las camas que faltan, así como la dotación médica y las adecuaciones de hospitales.  Hay proyectos de regalías que aún no han comenzado a hacerse. 

“Es mejor alguien capaz que responda con liderazgo", dijo uno de esos líderes cívicos, que pidió no ser citado por evitarse líos con el mandatario. "Por eso es clave que el Gobierno nombre a alguien competente. Es una gran emergencia en salud no solo por el hospital sino porque el 80% de la gente por informalidad anda en la Calle, las pruebas se están demorando mucho y no se ha avanzado lo suficiente”.

"Es una administración mala porque es dedicada al continuismo y a la misma dinámica de esa línea, gobernar para sus patrocinadores y no para el pueblo. No hay plata para la gente, pero sí para contrataciones gigantes y no la invierten en lo que se requiere", le dijo a La Silla el veedor Lozano.

La llegada del encargado que nombre Duque mostrará si la suspensión del Gobernador en un momento tan crítico benefició a la población o terminó de agravar su ya precaria situación.

Con las medidas para abrir los sectores de la construcción y la manufactura, hoy comienza una nueva extensión de la cuarentena nacional por la propagación del coronavirus. Y aunque hace una semana el presidente Iván Duque dio a entender que la reapertura arrancaría de una, al dejar en manos de los alcaldes los controles y la potestad de definir las empresas que abren en realidad ésta será más gradual.  

La facultad se las dio el mismo Duque en el decreto de ampliación del confinamiento que sacó el viernes en la noche, y varios ya comenzaron a usarla dejando claro que habrá una gradualidad tal que a la construcción todavía le quedan unos días para entrar de lleno y la manufactura, en algunas ciudades como Bogotá y Cartagena, es posible que ni siquiera comience a operar de aquí al 11 de mayo, cuando termina este periodo.

Esto era previsible desde el lunes pasado, cuando Duque anunció la reapertura, pero no haberlo comunicado de manera clara, su demora en sacar el decreto y el reclamo de varios alcaldes y sectores políticos, encabezados por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, armaron un revuelo y una confusión que sólo se vino a aclarar en las últimas horas.

De la idea de reapertura total a la de gradualidad

El lunes pasado, cuando Duque anunció que la cuarentena se extendería desde hoy y hasta el 11 de mayo con el regreso a sus labores de la construcción y de la industria manufacturera, él no dijo que los alcaldes serían los protagonistas de esa movida.

De hecho, en su programa de las 6 de la tarde, dijo ese día: “Hay lineamientos puntuales para ellos (construcción y manufactura) y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí al 11 de mayo”.

Sin embargo, su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, sí dijo en ese mismo programa que la reapertura de esos dos sectores “no quiere decir que automáticamente salen, sino que hay que verificar. Por eso es tan importante el trabajo con los alcaldes. Empresa que no cumpla el protocolo es una empresa que no puede salir, no importa que no esté en un sector autorizado” (pero esto, por ejemplo, no quedó en el comunicado de prensa de Presidencia sobre la extensión de la cuarentena).

En todo caso, eso iba en línea con lo que un día antes había anticipado La Silla Vacía: que dentro de la preparación que estaba haciendo el Gobierno para reabrir la construcción, tenía planeado dejarle el trabajo de verificación de protocolos a las alcaldías.

Sin embargo, la alcaldesa Claudia López dejó en el aire un halo de incertidumbre sobre cuáles iban a ser en detalle los procedimientos de la reapertura, pues un día después del anuncio de Duque dijo que en Bogotá ambos sectores no podían salir al tiempo porque la Alcaldía no tendría cómo verificar en una semana los protocolos de todas las obras y empresas que retomarían sus labores.

Se quejó, en particular, de que el anuncio sobre la manufactura Duque no se lo había dado a conocer antes, por lo que no habían comenzado a trabajar con los representantes de ese sector, a diferencia de lo que ya había hecho con la construcción, con cuyos representantes ya llevaban dos semanas trabajando en los requisitos que debían cumplir, no sólo en protocolos de bioseguridad sino de movilidad: cuántos empleados tenía cada obra y cómo se movilizaban de la casa al trabajo y viceversa, con el fin de planear la operación de Transmilenio para no saturar el sistema.

Esa queja, por tratarse de Bogotá, la ciudad que más trabajadores mueve (entre esos dos sectores suman 700 mil), la que que desde un principio ha sido el foco de contagio (hasta ayer había 2.245 de los 5.379 casos confirmados), y por provenir de Claudia López, que desde el alto perfil que le da su cargo se ha convertido desde el comienzo de la emergencia en la contraparte más visible de Duque, generó un revuelo nacional por la forma como se estaba pensando la reapertura y le puso presión al Gobierno sobre las consecuencias negativas de sacar a mucha más gente.

López sumó aliados en su causa de exigir una reapertura gradual, por medio de una carta a Duque que además de ella firmaron alcaldes que tuvieron aval de su partido, Alianza Verde, como Jorge Iván Ospina (Cali), Carlos Mario Marín (Manizales), Luis Antonio Ruiz (Florencia), Jairo Yáñez (Cúcuta), Felipe Harmán (Villavicencio), Juan Carlos López (Popayán) y Alejandro Fúneme (Tunja); los gobernadores Ramiro Barragán (Boyacá) y Carlos Caicedo (Magdalena), así como alcaldes de otras 19 ciudades no capitales y los congresistas de la bancada verde en el Congreso.

Hasta el viernes en la noche, cuando el Gobierno publicó el decreto de extensión de la cuarentena, se conoció en detalle cómo era que pretendía manejar la reapertura, y ahí quedó claro que el control, efectivamente, lo tendrían los alcaldes.

Ya lo había venido ambientando en medios, pues por ejemplo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo esa mañana que el Gobierno daba lineamientos generales pero “los alcaldes tendrían la llave de la gradualidad”, y Duque se preocupó esa noche por hacer énfasis en esa idea durante su programa.

Y de hecho el sábado, ese espacio lo compartió con los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero; de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas; de Montería, Carlos Ordosgoitia y Trinidad (Casanare, Jesús Monroy); y ayer con los gobernadores de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa; del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, y de Cundinamarca, Nicolás García.

Eso significará, a la larga, que así en un primer anuncio haya quedado en el aire la idea de que desde hoy comenzaría en forma la primera parte de la reactivación económica en la que ha insistido Duque para que el coronavirus no le pegue tan fuerte al país, la cosa será a un ritmo lento que, de hecho, dependerá de cada ciudad.

Y políticamente muchos lo podrán interpretar como un triunfo de los alcaldes sobre Duque. Al menos, Claudia López así lo dio a entender anoche, cuando en un trino le agradeció al Presidente por “haber tenido en cuenta nuestras propuestas”, algo que ya había hecho ella cuando Duque decidió extender la cuarentena desde el 13 de abril y no aplicar desde ese momento el que el llamó el “aislamiento inteligente”, que es precisamente lo que pretende comenzar a aplicar desde la etapa que comienza hoy.

Las movidas de los alcaldes

Bogotá es la muestra más clara de cómo la potestad a los alcaldes de hacer el control sobre las empresas redunda en una desaceleración de los planes que inicialmente anunció Duque.

Allí Claudia López anunció anoche que, precisamente por la facultades que le dio el Presidente, hoy no arrancará a trabajar ninguna obra de construcción ni ninguna empresa manufacturera en Bogotá, ya que primero deberán registrar la información sobre el cumplimiento de los protocolos en una página web que pusieron al aire con ese fin.

Y agregó que los trabajadores de las obras de construcción privadas, en todo caso, sólo podrán entrar a las 10 de la mañana para que no coincidan en el transporte público con los trabajadores de los otros 36 sectores que ya hay en la calle desde un comienzo, como salud, abastecimiento y domicilios.

En Medellín, Daniel Quintero hará algo similar, y por ejemplo agregó entre sus medidas de control que la empresa que presente al menos dos trabajadores contagiados será cerrada.

Lo propio hizo Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga (que hizo énfasis en que el registro que haga una empresa de los protocolos no significa que de inmediato queda habilitada, pues la Alcaldía debe verificar).

En Barranquilla, el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, nos dijo anoche que no cree que hoy salgan muchas empresas a operar porque la Alcaldía apenas dio a conocer los protocolos ayer en la tarde. En todo caso, aclaró que los controles empezarán hoy “empresa que no cumpla se cierra. La multa es de más de 10 mil millones de pesos".

El alcalde Jaime Pumarejo también anunció que no todos los empleados de todas los sectores podrán comenzar a trabajar al mismo tiempo, para poder controlar los flujos de pasajeros en transporte público.

Y en Cali Jorge Iván Ospina dijo que quienes vayan a trabajar necesitarán el “pasaporte sanitario digital”, que es el permiso que se les da cuando sus empresas cumplen los requisitos.

Esos controles son los que marcan la gradualidad con la que comenzará la reapertura de la construcción y la manufactura, con la particularidad de que este último puede demorarse aún más, teniendo en cuenta que con él no se tenía trabajo adelantado.

En Cartagena, el alcalde William Dau ya dijo que para hoy ese sector no abrirá; Cárdenas en Bucaramanga dijo que será desde el 4 de mayo, y Claudia López dijo que será por poco, en tres semanas, lo que se sale de cualquier plan de Duque si se tiene en cuenta que eso implica no comenzar antes del 11 de mayo.

Así, los alcaldes siguen ganando protagonismo y control en medio del manejo nacional de la pandemia. Un protagonismo que han tenido (y reclamado) desde un comienzo, cuando antes de la cuarentena decretaron una ola de toques de queda y de medidas de restricción de la movilidad sin consultarlo con Duque.

Duque llamó al orden y exigió coordinación, aunque ha dejado ver grietas, como en este último episodio, en el que él anunció la reapertura pero ellos apenas se están engranando a su medida a última hora.

De hecho, ayer el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, se reunió con alcaldes y gobernadores y posteriormente sacó una resolución en la que aclaró que, además de los protocolos del Ministerio de Salud, los alcaldes podrán sacar más instructivos de bioseguridad para las empresas, que deberán cumplir antes de comenzar a operar.

En todo caso, que ellos mantengan y ganen más protagonismo los hace correr, al tiempo, con una responsabilidad mayor en caso de que tras la apertura gradual de la economía también se dispare el contagio. Porque, como ha contado La Silla, no tienen todo el sistema de salud listo en sus regiones para afrontar el pico más duro.

La semana pasada, falleció la primera persona infectada por el Covid-19 en el departamento, una residente de 46 años en Riohacha. 

Antes de que se confirmaran los tres nuevos contagios relacionados con la fallecida, de quien no se sabe cómo se enfermó, la secretaría de Salud de Riohacha, Viviana Flórez, ya había dicho que las investigaciones epidemiológicas realizadas hasta ahora “hacen sospechar que posiblemente el virus esté circulando libremente en nuestro Distrito”.

Aunque el virus solo se ha confirmado en Riohacha (tres casos activos, uno recuperado y una fallecida), esto también prende las alarmas en los otros 14 municipios de La Guajira porque si mantener la cuarentena ha sido difícil para todo el país, lo es mucho más en este departamento. Allí, el agua potable llega a menos de la mitad de los municipios, el 40 por ciento de la población no tiene energía eléctrica, y hablar de teletrabajo es una utopía. 

La crisis de agua

Solo en el último cuatrienio, el departamento tuvo ocho gobernadores entre titulares y encargados, y esta crisis institucional llegó a que desde 2017, los recursos de agua, salud y educación están intervenidos por el Gobierno Nacional.

Según el censo de 2018, más de la mitad de la población no tiene servicio de acueducto y, de acuerdo con el viceministro de Agua, José Luis Acero, solo seis de los 15 municipios (Riohacha, Maicao, El Molino, Hatonuevo, Distracción y San Juan) cuentan con agua potable. 

Incluso en lugares como Maicao, que según Acero reciben agua potable, la mayoría la gente compra pimpinas de agua por 3 mil pesos.  

“A las personas que no están acostumbradas esa agua les da diarrea, aunque acá algunos la consumen”, nos dijo la abogada y escritora wayúu, Estercilia Simanca Pushaina. Encima, el agua del acueducto solo llega una vez a la semana. 

Aunque para lavarse las manos, la medida de prevención más efectiva contra el coronavirus, se puede usar agua no potable, a veces tampoco tienen acceso a ella, porque las plantas desalinizadoras o muchos de los molinos, jagüeyes y pozos de donde sacan el agua en los corregimientos se encuentran deteriorados o dañados. 

“A eso súmale que no ha llovido en todo el mes y que el pozo artesanal que tenemos en la orilla del mar no abastece porque el nivel del mar está bajísimo”, añade Juan Luis. 

La falta de luz en la mitad del departamento también golpea el suministro de agua porque las máquinas que bombean el agua o las plantas desalinizadoras no funcionan sin luz. La docente Alicia Dorado nos dijo que en Nazareth sólo hay energía eléctrica entre 6 y 10 de la noche, por ejemplo.

Para garantizar el suministro de agua, el viceministro Acero dijo a La Silla Vacía que la Administración Temporal que maneja los servicios intervenidos en la Guajira, en coordinación con el Gobierno, contrató más de 100 carrotanques con cisterna para entregar 44 millones de litros de agua y se habilitó parte del caudal de la represa del río Ranchería y pozos en Manaure, Castilletes, Riohacha y Maicao.

Cuarentena y pobreza

Además de las escasez de agua, La Guajira debe cargar durante la pandemia con otros lastres históricos como la pobreza, un deficiente sistema de salud y una  informalidad generalizada que hace que la cuarentena se cumpla a medias. 

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, contrató 13 mil mercados que repartió en todos los municipios. Aún así, siguen siendo insuficientes para atender las necesidades de la población y lograr que cumplan la cuarentena.  

Nueve de cada diez guajiros viven del trabajo informal y solo el diez por ciento tiene acceso a internet, con lo cual el teletrabajo y el telestudio no son una opción.

Las ayudas humanitarias son fundamentales para que la gente no se vea obligada a salir, en especial teniendo en cuenta que es el segundo departamento con más pobres del país después de Chocó. El 53 por ciento de los guajiros -511.830- viven en la pobreza. 

La pobreza en el departamento es tal que, aunque se han reducido los índices históricos, aún los niños se mueren de hambre

Hasta febrero, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) registró 287 casos de desnutrición; la lideresa wayuu Rosa López ha alertado que en su comunidad en Uribia 45 niños están en estado crítico de desnutrición. 

Como se sabe, la desnutrición aumenta exponencialmente la vulnerabilidad frente al coronavirus.

“Los niños y niñas menores de cinco años podrían ser los primeros en morir si el virus se expande a países con una alta carga de desnutrición”, alertó Antonio Vargas, responsable de salud y nutrición en la ong Acción contra el Hambre.

La situación de los wayúu es tan dramática que durante las dos primeras semanas de este mes, algunos indígenas bloquearon la vía Troncal del Caribe que comunica a Riohacha y Maicao exigiendo alimentos y abastecimiento de agua, y de paso, también cobraron peajes ilegales. 

Como el bloqueo impedía el paso de los camiones que llevaban las ayudas humanitarias, 43 de ellos fueron arrestados. 

Pese a estas dificultades, el antropólogo y exgobernador encargado de La Guajira, Weildler Guerra, considera que para enfrentar esta pandemia los wayuu tienen la ventaja de que “no se agrupan en grandes concentraciones, son comunidades aisladas”. 

En general, esta baja densidad es la condición de la mayoría de los municipios de La Guajira. Pero, paradójicamente, el hacinamiento en las viviendas es altísimo, lo que dificulta el aislamiento obligatorio y facilita los contagios.

En varios municipios, sencillamente, no se está cumpliendo con el confinamiento.

Por ejemplo, Maicao, municipio fronterizo con Venezuela y reconocido en el país por su flujo comercial, ha mantenido el mercado a tope durante la cuarentena. 

“Eso ha sido un desorden todo estos días, he visto tanta gente como antes de la cuarentena”, nos dijo el periodista José Luis de La Hoz.

Debido a las aglomeraciones, el jueves la Alcaldía puso vallas y policías permanentes para que se cumpliera el pico y cédula. Pero aún así los amontonamientos son considerables. 

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En ese municipio y en Riohacha se forman colas para el pago de subsidios; en Uribia, se amontona la gente cuando llegan camiones con ayuda humanitaria; y en Villanueva, circulan fotos de jóvenes jugando en el agua lluvia. Hasta el momento, la Policía ha impartido 5.374 comparendos por el incumplimiento de la cuarentena. 

Y como si todo lo anterior no fuera ya suficiente, se le suma la migración venezolana, que por su condición fronteriza, hace de la Guajira el tercer receptor del país, solo superado por Bogotá y Norte de Santander. La frontera está cerrada, pero hay más de 150 trochas ilegales, con lo cual si del vecino país entran personas contagiadas pasarían bajo el radar de las autoridades.

La bomba de tiempo

La desnutrición, el hacinamiento, la migración y el incumplimiento del confinamiento, son una bomba de tiempo en un departamento con un sistema de salud tan débil.

La salud es uno de los rubros intervenidos por el Gobierno Nacional. No obstante, tras solicitud del gobernador Roys, el presidente Iván Duque firmó un decreto el 12 de abril que le devuelve a la Gobernación la competencia para ordenar gastos durante la emergencia.

El administrador temporal de Salud, Julio Saenz, nos confirmó que actualmente La Guajira cuenta con 93 camas de UCI y tiene proyectadas adquirir 55 camas UCI más, unas 40 menos de las que el mismo departamento cree que eventualmente necesitará para atender el pico de contagios si se cumplieran las medidas de aislamiento. 

El único hospital de alta complejidad de La Guajira es el de Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha y tiene dos de mediana complejidad en Maicao y en San Juan del Cesar. 

El jueves en Riohacha, trabajadores de la salud realizaron una caravana en la que pasaron por el hospital Nuestra Señora de los Remedios, por varias clínicas y por la Secretaría de Salud Departamental protestando por la falta de elementos de seguridad para protegerse del virus.

De expandirse el coronavirus, los lastres históricos de La Guajira pasarán su factura.

Desde hace unos días está circulando en redes una nota del portal MMM Oficial titulada: “China vuelve a cuarentena por nuevo brote de coronavirus”.

Como ocho usuarios de Facebook calificaron la nota como falsa y como ha sido compartida más de 19.000 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que la publicación es cierta pero su titular es exagerado. 

El artículo de MMM Oficial hace referencia a la cuarentena decretada en la ciudad de Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang (China), para detener un nuevo brote de Covid-19.

Es cierto que la decisión se tomó después de que un anciano contagió a 78 personas tras recibir asistencia médica en dos hospitales. Entre los contagiados están miembros de su familia, pacientes de estas clínicas y personal médico.

Para evitar una oleada masiva de contagios, el gobierno ordenó a todas las personas de Harbin a utilizar tapabocas. Además, antes de entrar a cualquier instalación pública o complejo residencial, deben usar una aplicación de celular aprobada por el gobierno para demostrar que no están contagiados. 

Quienes tengan Covid-19, se sospeche de ello o hayan tenido contacto con ellos, deben estar en cuarentena y someterse a pruebas en Harbin, y los matrimonios, funerales, espectáculos y conferencias quedaron prohibidos.

Como reportó La Tercera, de Chile, en Harbin se instalaron puntos de control en el aeropuerto y estaciones de trenes para testear a los ciudadanos con pasaporte chino que vengan de afuera, a quienes se les impuso una cuarentena preventiva de 28 días. 

Harbin está ubicada al norte de China y es fronteriza con Rusia, por lo que el país asiático cerró esa frontera para evitar más contagios. 

Calificamos la nota de MMM Oficial como cierta pero indicamos que si titular es exagerado porque no fue toda China la que volvió a una cuarentena, sino la ciudad de Harbin.

El aislamiento obligatorio para prevenir el coronavirus está aniquilando el sector cultural de la economía naranja, que el presidente Iván Duque prometió poner en el centro de su bandera política pre-pandemia. Y los artistas sienten que los decretos que ha sacado el Gobierno no les ayuda a revivirla. Es más, los decretos que ha sacado han convencido a muchos de las falencias de su concepción de lo naranja.

Aunque Duque ha ambientado con empresarios y gremios amigos sus medidas antes de anunciarlas públicamente, los decretos de MinCultura no fueron concertados con los involucrados, según nos confirmaron las 15 fuentes consultadas para esta historia.

Por eso, a raíz de la pandemia, ese sector artístico, que aporta 1.8 puntos del PIB, ha enviado más de diez cartas al Ministerio de Cultura pidiendo que les ayuden a congelar los gastos de sus sedes artísticas y de los pagos de su seguridad social y que se reajuste el presupuesto destinado para la economía naranja en el plan anual de estímulos para que puedan usarlos en becas y emprendimientos culturales. La Ministra no ha contestado ninguna.

El Ministerio de Cultura ha sacado dos decretos para acelerar la entrega de recursos para el sector. Son medidas viejas, que ajustaron a la pandemia:

• El primero, ordena a los alcaldes y gobernadores girar antes del 30 de abril la plata que les corresponde por la estampilla Procultura (que existe desde 1997) a los gestores culturales de cada ciudad para su seguridad social; crear programas de incentivos para que los artistas apliquen; y aplazar hasta septiembre, los pagos de impuestos parafiscales de las boleterías que los empresarios de espectáculos vendan este semestre.

• El segundo, ordena a las alcaldías y gobernaciones entregarle a los gestores culturales “que demuestren su estado de vulnerabilidad” la plata destinada a la cultura que sale del impuesto a la navegación por internet.

Según dijo en este video el viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, en eso gastarán 120 mil millones de pesos. De esos, ochenta mil millones irán al pago de seguridad social para los gestores culturales vulnerables, incluidos los de tercera edad, en subsidios de hasta 160 mil pesos.

Así mismo, el 1 de abril, el Ministerio sacó su plan anual de incentivos, que es la principal forma de apoyo a los artistas del país. Por la pandemia lo harán en dos fases -abril y junio- y los incentivos suman 24 mil millones de pesos, 9 mil millones más que el año pasado.

Las quejas

Los artistas tienen tres críticas a los alivios que ha sacado el gobierno, que profundizan las que ya traían en contra de la economía naranja.

El primero, es que el Gobierno tiene un subregistro de artistas, y por lo tanto el subsidio de la estampilla no les terminará llegando a todos.

Aunque en desarrollo del decreto, las ciudades comenzaron a correr para sacar planes de incentivos exprés para la creación de contenidos digitales que hagan los artistas, encontraron tantos gestores culturales que se puso en evidencia el subregistro del gobierno.

En Bogotá, por ejemplo, la Alcaldía dijo que tenía identificados a 191 gestores culturales que cumplían con los requisitos del Gobierno para la entrega del subsidio; en el Instituto de Cultura de Bucaramanga nos contaron que los beneficiarios serían 214; en Cali, la cifra sería de casi 300 personas.

Pero las mismas autoridades advierten que hay un subregistro en general para saber a quién llegarle con los subsidios, los incentivos y futuras medidas si la pandemia continúa.

“No es fácil en ningún lado del país enfrentarse a una informalidad tan grande como la cultural. Se filtra muchísima gente que dice ser artista, artesano, gestor cultural y hay una dificultad muy grande”, nos dijo Néstor Rueda, director del Instituto de Cultura de Bucaramanga, que desde el año pasado comenzaron a hacer un censo entre el sector. 

“Carecemos de plataformas tecnológicas y se hace muy complejo tener una base de datos confiable y acertada”, nos dijo José Lenis, secretario de Cultura de Cali.

En Bogotá no nos dieron cifras, pero según Daniel Bejarano, gestor cultural del festival de cine comunitario Ojo al Sancocho, las bases de datos de la ciudad pueden tener unos cinco mil artistas, “pero pueden haber hasta 70 mil”.

Con ese subregistro, ha quedado en evidencia que la pretensión que tenía Duque de formalizar el sector cultural para volverlo más productivo tendrá que comenzar desde identificar quiénes y cuántos son realmente los artistas.

“La economía naranja ha ayudado a invisibilizar la informalidad. Ese enfoque en lo comercial, en lo productivo, abarca algo muy mínimo del sector”, nos dijo Alejandra Sarria, curadora del espacio Odeón en Bogotá.

La segunda crítica a los alivios del gobierno es que la política de los estímulos no es nueva, y de los miles de aplicantes, una muy pequeña proporción es la que termina ganando esas financiaciones. Eso no cambia con la pandemia. La única diferencia es que el Ministerio planteó dos fases y facilitó que la inscripción de proyectos sea virtual.  

Con lo que, aquellos artistas que no clasifican para las becas, pero tampoco pueden exhibir en galerías o hacer sus conciertos, se quedan sin alivios.

Parte del problema es que los decretos del Ministerio no diferencian entre cada uno de los actores culturales, y por eso cada uno pide cosas diferentes.

ACA, el sindicato de actores, pide el congelamiento de pagos de servicios públicos y prestaciones sociales; los cirqueros, duplicar la cobertura y el valor de los subsidios; la mesa del gremio audiovisual pidió redestinar la plata de la economía naranja para garantizar fondos para el sector cultural. Y así un largo etcétera.

“No reconoce todos los actores vinculados. Cada sector en sí mismo es un ecosistema. Hay una falta de mapeo de lo que es el sector y eso es muy preocupante y muy grave”, nos dijo Alejandra Sarria, la curadora de Odeón, quien con otros seis gestores se movieron para mandar la última carta al Gobierno el jueves, firmada por más de 900 artistas plásticos y visuales.

”La economía naranja ha ayudado a invisibilizar la informalidad”

Alejandra Sarria, Espacio Odeón

Ellos, entre otras cosas, proponen que el 35 por ciento de la plata del plan de estímulos que está dirigida a la economía naranja sea usada para que más proyectos del sector cultural puedan aplicar y trabajar.

La tercera queja es que las ayudas van para los más vulnerables o para los grandes empresarios, pero que deja a los que están en la mitad sin nada y sufriendo por la imposibilidad que tendrán para trabajar durante lo que resta del año, y de pronto uno más.  

“El decreto hace parte de la línea de pensamiento de la economía naranja y eso pone al empresario primero”, nos dijo Rodrigo Rodríguez, director de Ditirambo, haciendo eco de una de las principales críticas a la política estrella de Duque.

Como contamos, la mayoría de artistas venían molestos con la política de economía naranja de Duque porque al meter en el mismo costal a las industrias creativas, compuestas por emprendimientos tecnológicos, arquitectura, publicidad y demás, centra su valor en el lucro económico y no en la creación de arte y cultura.

“Si antes había incertidumbre respecto a la idoneidad de juntar empresas de servicios creativos y el arte, definitivamente después de esta crisis es necesario separarlas del todo para la reactivación. Hay que ser más específicos en lo artístico, por la informalidad y los trabajos eventuales”, nos dijo el profesor de la Javeriana Javier Rodríguez, experto en industrias creativas.

Ditirambo, por ejemplo, que es una compañía teatral bogotana que lleva 30 años produciendo obras, cerró en marzo la primera de cuatro temporadas teatrales que tenía para el año y no tiene esperanza de reanudar labores en el 2020. 

Sus costos, sin embargo, se mantienen y los alivios no le sirven para reducir ninguno de ellos. 

”No es fácil enfrentarse a la informalidad cultural”

Néstor Rueda, director Imcb, Bucaramanga

Rodríguez dice que no le toca pagar un impuesto parafiscal porque su boletería es barata y a sus artistas no los cobijan los subsidios de vulnerabilidad. Su mayor costo son los 7 millones del arriendo mensual de una de sus dos sedes. La otra está en comodato.

El grupo de teatro PFU, de Bucaramanga, canceló sus tres giras nacionales y tiene un problema similar.  Odeón, una galería de Bogotá, sigue pagando la sede, los servicios y la seguridad.

Lo curioso es que a los empresarios de espectáculos ni les gusta lo que les dieron ni han podido hablar con el Ministerio. En eso, los tratan igual que a los artistas.

La única comunicación que han tenido los empresarios de espectáculos con MinCultura fue con un asesor jurídico que les explicó hace dos semanas lo del aplazamiento del pago parafiscal.

Pero eso no los deja satisfechos. “Lo que más necesitamos es una exención por dos años de la contribución parafiscal, que es el 10 por ciento de la venta de una boleta de más de 3 UVT (Unidad de Valor Tributario, que este año son unos 100 mil pesos)”, nos dijo Gabriel García, CEO de Páramo, quien en pagos de parafiscales se gasta 2 mil millones de pesos al año. La empresa ya entregó la plata que vendió en boletería a los artistas del Estéreo Picnic, por lo que la cancelación no está aún entre sus planes. Lo reprogramó para diciembre.

”Necesitamos es una exención por dos años”

Gabriel García, CEO Páramo Producciones

“El chiste es que no hay boletería vendida. Ese es mi enojo, que pareciera un poco altruista la medida, pero es que necesitaban sacar algo para decir que están respaldando la cultura”, nos dijo la mánager de eventos Johanna Uribe.

Según cifras de Ocesa, la empresa de conciertos más grande del país, cancelaron casi mil eventos previstos para este año; mientras mánagers de eventos como Johanna Uribe, que tenía planeados conciertos en discotecas y eventos en festivales regionales, tasa en 50 millones de pesos sus pérdidas.

Los recursos para los distritos naranja que era donde Duque pensaba aterrizar su versión cultural de la economía naranja en cinco capitales del país, mediante una alianza público privada se fueron para la pandemia.

Por ahora, y mientras esperan que el Gobierno los oiga, los artistas comienzan a apuntar solos a la reinvención virtual.

La reinvención no viene por el Estado

En Ditirambo, comenzaron a emitir por Youtube y Facebook las obras que ya tenían programadas y su idea es cobrar entradas vía paypal; en Odeón, van a reorientar sus proyectos para generar contenidos virtuales con la plata de becas conseguidas el año pasado; el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga ya comenzó clases virtuales; y los mánagers de músicos les están proponiendo conciertos virtuales en Instagram y Youtube para cobrar regalías.

En Cali, no descartan virtualizar el Petronio Álvarez para no tener que aplazarlo para 2021.

Hasta la Banda Baranoa de Atlántico, una de las que Duque pone como ejemplo exitoso de su naranja, le va a mandar un proyecto al MinCultura para que les ayude a ponerle internet a sus 600 estudiantes, todos niños, para que puedan seguir ensayando.

Hasta que el virus pase, el sector seguirá esperando y viendo cómo se reinventa. Lo que es claro es que no lo harán como parte de la economía naranja.

Bogotá entra hoy al segundo día de la cuarentena flexible y anoche la alcaldesa Claudia López entregó un balance positivo, en el que sacó pecho por estar aplicando la gradualidad que le pidió desde la semana pasada al presidente Iván Duque para sacar a la calle a los trabajadores de la construcción y de la manufactura.

Detrás de esa apuesta por la gradualidad, que pretende evitar una propagación descontrolada del coronavirus al tiempo que se va abriendo la economía en la ciudad, está un grupo de expertos que la acompaña desde el comienzo de la emergencia.

Es un grupo de médicos de diferentes especialidades a los que llamó desde antes de declarar la alerta amarilla en Bogotá el 11 de marzo.

También han incidido en la decisión de la Alcaldesa de hacer compras masivas de pruebas, el simulacro de confinamiento entre el 20 y el 23 de marzo, en la estrategia que adoptó para expandir el sistema de salud y en definir las dos condiciones que puso Bogotá para mantener la flexibilización de la cuarentena: que las unidades de cuidados intensivos estén llenas, como máximo, en el 70 por ciento, y que Transmilenio sólo opere con el 35 por ciento de viajes diarios (unos 875 mil).

Varios de estos médicos, como ya contamos, también han asesorado a Duque.

Y es que, como le dijo a La Silla Vacía el epidemiólogo Carlos Álvarez, que está en ambas partes, a pesar de las controversias “son más los acuerdos” en los procedimientos que han adoptado López y Duque.

“Son dos escenarios diferentes que tienen momentos diferentes de la pandemia; el Presidente no sólo debe tomar decisiones pensando en Bogotá, sino también en Chocó y en Arauca. Y aunque a veces la gente se centra en lo que es diferente, hay muchos temas que son de común acuerdo”.

La Silla Vacía presenta a continuación cómo ha incidido cada uno de estos médicos en las decisiones que ha tomado la Alcaldesa, y sus trayectorias.

Zulma Cucunubá

Luis Jorge Hernández

Fernando de la Hoz

Carlos Arturo Álvarez

Jorge Alberto Cortés

Juan Carlos Villar

Darío Londoño Jaramillo

Jairo Roa

Alejandro Mujica

El billón de pesos que los políticos y empresarios corruptos le roban al sector de la salud al año, según cálculos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, hace falta hoy para, por ejemplo, comprar las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que tanto se necesitan para atender a los pacientes críticos de coronavirus.

Es la factura que la corrupción pasa en tiempos de pandemia y cuyo peso se está sintiendo con fuerza en las regiones.

Históricamente, la salud ha sido considerada un botín porque su presupuesto es uno de los más grandes de la Nación y porque, como se trata de un derecho constitucional, el Estado debe estar invirtiendo constantemente millonarios recursos.

“Es un banco que siempre tiene plata”, como nos dijo una persona que conoce el sistema en las regiones.

Para este año, antes de la emergencia sanitaria, el presupuesto del Gobierno para todo el sistema era de 31,8 billones de pesos, el segundo más grande del 2020.

En las regiones, la administración de los hospitales públicos está, principalmente, a cargo de la gobernaciones y sus secretarías de Salud (manejan los hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel). Muchos de ellos se convierten en fortines de políticos que nombran en estos cargos a fichas suyas y se roban parte de su presupuesto.

Así, de acuerdo a lo que nos dijo el contralor Carlos Felipe Córdoba, 60 por ciento de los hospitales públicos hoy tienen problemas económicos.

Para detallar las consecuencias del tumbe a la salud, revisamos seis de los casos más sonados de corrupción regional de los últimos años y cómo el billete perdido podría servir hoy en cada una de esas zonas para atender la emergencia sanitaria.

Nota: promediamos el valor de una cama en UCI con ventilador entre 93 y 124 millones de pesos: una cama en UCI cuesta aproximadamente 12 millones de pesos y cada ventilador de los que ha comprado el Gobierno ha costado entre 81 y 112 millones de pesos.

Córdoba: plata que se robó cartel de la hemofilia solucionaría falta de UCI y ventiladores

¿Qué pasó?

Entre 2013 y 2016, el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y su sucesor, Edwin Besaile, les giraron poco más de 44 mil millones de pesos a dos IPS, manejadas por aliados suyos, para que atendieran a pacientes con hemofilia, una enfermedad rara que le da a una de cada 10 mil personas.

Las investigaciones de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría concluyeron, años más tarde, que estos pacientes eran falsos y que la plata había sido usada por los gobernadores para enriquecerse o financiar sus campañas.

¿Quiénes están involucrados?

Los dos exgobernadores fueron destituidos e inhabilitados. Lyons, quien confesó sus delitos, fue condenado penalmente por corrupción con plata de regalías. Musa Besaile está hoy detenido por haber confesado haberle pagado a magistrados de la Corte Suprema para desviar una investigación por parapolítica en su contra. En su confesión, Lyons asegura que 600 millones de los 2.000 que le dio a Musa de las coimas de la hemofilia se fueron al también condenado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno para pagar este soborno.

El costo de hoy.

En cinco municipios de Córdoba, incluyendo su capital Montería, se han detectado oficialmente 23 pacientes con coronavirus. Tres de ellos han muerto.

El departamento cuenta, en total, con 1.493 camas hospitalarias, 219 de ellas en cuidados intensivos. De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Salud, en el peor de los escenarios, Córdoba necesitaría, en total, 480 camas en UCI:

En una entrevista en W Radio, el gobernador Orlando Benítez aceptó esto. Criticó y lamentó los robos al sistema salud de las pasadas administraciones, aunque él se eligió con el apoyo de los Besaile.

San Andrés: con cinco camas en UCI pero pudiendo tener para 19

¿Qué pasó?

En 2018, el entonces gobernador del Archipiélago Ronald Housni (hoy condenado por corrupción), fue suspendido por la Procuraduría por haberle renovado el contrato de administración del único hospital de la isla: el Clarence Lynd Newball Memorial, a una IPS -Universitaria de Antioquia- que subcontrató el trabajo con otras instituciones que luego abadonaron el negocio y dejaron el ente de salud en manos de una IPS que lo llevó a la crisis.

En su momento, en La Silla Vacía contamos cómo, para entonces, las condiciones del hospital eran tan malas que no tenía sábanas limpias y los restos de procedimientos quirúrgicos, como biopsias, quedaban a la intemperie.

Según las investigaciones de la Contraloría, de los 2.205 millones de pesos que la IPS Universitaria debió haber invertido en el mantenimiento del hospital sólo puso poco menos de 438 millones. Para el ente de control, hubo, entonces, un detrimento de poco más de 1.767 millones de pesos.

¿Quiénes están involucrados?

Aunque actualmente lo maneja otra IPS, el personal del hospital ha denunciado que trabaja en precarias condiciones con falta de insumos e, incluso, en medio de apagones.

El costo de hoy.

San Andrés tiene hasta el momento seis casos confirmados de coronavirus, ninguno de los cuales ha fallecido.

Para atender la pandemia el departamento cuenta con 73 camas (15,11 por cada diez mil habitantes), según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, cinco de cuidados intensivos y tres de cuidados intermedios. Para afrontar el peor escenario, tendría que tener 36 en UCI.

Con los 1.767 millones de pesos que dice la Contraloría que no se invirtieron no sólo se habrían podido mejorar las condiciones del hospital, sino comprado ahora entre 14 y 19 camas UCI con ventilador.

El parapolítico que se robó la plata de la salud que hoy no tienen los indígenas zenú

¿Qué pasó?

Un parapolítico llamado Pedro ‘el Indio’ Pestana, quien falleció el año pasado y era dueño de la EPS indígena Manexka, desvió más de 30 mil millones de pesos que debían haberse invertido en la salud de los habitantes del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, ubicado en los departamentos de Córdoba y Sucre.

En 2017, la Superintendencia de Salud encontró, entre otras cosas, que Manexka había girado órdenes de más de 700 millones de pesos para atender pacientes que ya habían fallecido; y que había hecho pagos a la IPS Manexka (también de Pestana) sin evidencia de que el objeto del contrato se hubiese llevado a cabo.

En La Silla Vacía, hemos contado varias veces cómo ‘el Indio’ utilizó esta EPS para formar un grupo político que llegó a controlar ocho alcaldías, dos diputados y hasta poner de senadora a una hermana de Pestana. Contamos también cómo a los indígenas que no apoyaban a los Pestana los sacaban de la EPS y quedaban desprotegidos y sin un sistema de salud que los atendiera. Manexka está hoy en proceso de liquidación.

¿Quiénes están involucrados?

Pedro Pastana

Médico - Fundador de la EPS Manexka. Líder del grupo político de los Pestana.

Creó esta EPS en 1998 que, para el momento de su intervención, llegó a tener 210 mil afiliados y a recibir por ellos 144 mil millones de pesos ese año.
Fue condenado por sus vínculos con el paramilitar alias ‘Cadena’ y murió el año pasado prófugo y sin pagar un día de condena.

Saúl Lucas

Gerente de la EPS Manexka

Al momento de su intervención, cuando Lucas era gerente, la SuperSalud encontró entre otras irregularidades que Manexka:
- Autorizó la atención en salud a 513 personas fallecidas por 733 millones de pesos.
- Compró una nueva sede por 2.900 millones de pesos con plata que debía ser destinada a la atención de pacientes.
- Contabilizó ingresos ficticios por 13.800 millones de pesos .
- Pagó 304 millones de pesos en honorarios a la Junta Directiva sin autorización.

Domitilia Pestana

Gerente de la IPS Manexka. Hermana de Pedro Pestana.

En las auditorías que le hizo la SuperSalud a la EPS Manexka, encontró que en octubre del 2016 la EPS le pagó poco más de 10 mil millones de pesos por atención de pacientes, aunque no había nada que sustentara que había prestado el servicio.

Yamina Pestana

Exsenadora Partido Conservador (2014-2018). Hermana de Pedro Pestana.

Es investigada por la Corte Suprema y la Procuraduría por, presuntamente, haber usado plata de Manexka para financiar su campaña al Congreso en 2014.

Según la Fiscalía y la Procuraduría, el desfalco a la EPS para la campaña al Senado de la hermana Pestana habría sido de siete mil millones de pesos vía afiliados fantasma, personas fallecidas, quienes aparentemente seguían recibiendo servicios, y cobros de IPS a la EPS sin justificación.

El costo de hoy.

Hasta el momento se ha reportado una persona de la etnia zenú contagiada con coronavirus, quien, no obstante, no vive en el Resguardo de Córdoba y Sucre, sino en uno en Cartagena.

Aun así, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) asegura que, con 45.897 familias, la zenú es la segunda etnia con mayor población en riesgo. Esto, principalmente, por el número de contagiados que hay en Córdoba (20).

Con los 30 mil millones de pesos que la EPS Manexka desvió de la plata que le giraba la Nación para atender pacientes, el Gobierno nacional hubiera podido comprar entre 241 y 322 camas de unidades intensivos con su respectivo ventilador.

Quibdó: hospital público en cuarentena y centro de salud perdido

¿Qué pasó?

En septiembre del año pasado, la Fiscalía arrestó al entonces alcalde de Quibdó Isaías Chalá por presuntos actos de corrupción en la construcción de un centro de salud en El Caraño, un barrio en donde viven 7.500 personas en condición de vulnerabilidad.

El contrato se firmó el 7 de julio del 2017 y, para la fecha en que arrestaron al Alcalde, la obra, que supuestamente iba a durar seis meses, estaba a media marcha y abandonada, como contamos en La Silla Vacía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el contrato nunca cumplió con los requisitos del Ministerio de Salud y, para la fecha, la Alcaldía había pagado por la obra 1.226 millones de pesos al contratista de los cuales sólo se habían invertido 821 millones.

El predio en donde iba a construirse este Centro de Salud sigue abandonado y con la obra a medias.

¿Quiénes están involucrados?

El costo de eso hoy.

Chocó ya tiene 11 pacientes de coronavirus, uno de ellos falleció el viernes. Como su principal hospital, el Francisco de Asís en Quibdó, entró en cuarentena el pasado 18 de abril y no tiene plata ni UCI el departamento quedó en manos de la red hospitalaria que tengan las diferentes EPS.

Tener este Centro de Salud hubiera sido clave para ayudar a mitigar el impacto que implica que el principal hospital de la ciudad, y del departamento, no esté atendiendo gente (salvo unas urgencias específicas) en medio de una pandemia.

Así, nos lo dijo el hoy suspendido gobernador Ariel Palacios: “Sí se necesita el hospital, las instalaciones se requieren, se debieron haber invertido, hubiera servido para este tipo de situación para descongestionar el hospital Ismael Roldan”.

Si el contratista hubiese devuelto los 405 millones que la Fiscalía dice que no entregó, Quibdó hubiera podido comprar entre tres y cuatro camas con ventiladores que podrían sumar a las 10 que ya existen y disminuir el déficit, pues en el peor escenario necesitarían 83.

Mocoa: sin UCI, mientras un alcalde dilapidó 1.300 millones

¿Qué pasó?

El exalcalde de Mocoa, Mario Luis Narváez, y dos de sus funcionarios reconocieron haberle girado 1.355 millones de pesos del Sistema General de Participaciones -SGP- (una plata que da la Nación a todos los entes territoriales exclusivamente para invertir en salud, educación, agua y saneamiento básico) a una empresa que ni siquiera prestaba el servicio de salud. Su nombre era Comercializadora Internacional de Servicios Aduaneros Ltda. (Coinsa) y su principal actividad era el transporte de carga.

Eso sucedió en 2011, cuando Narváez estaba en el cargo. La Fiscalía, que los capturó en 2017, también encontró que Coinsa le giró 35 millones de pesos a una empresa cuya representante legal era Teresita Erazo Melo, quien era funcionaria de Narváez.

Por estos hechos, Narváez fue destituido e inhabilitado por 15 años.

¿Quiénes están involucrados?

Según la Procuraduría, tanto el exalcalde como el extesorero de Mocoa se enriquecieron con esa plata.

El costo hoy.

En todo Putumayo, en donde por ahora no hay casos de Covid, no hay una cama de UCI de entidad pública. Como contamos en nuestro último podcast, Mocoa tiene 9,9 camas por cada diez mil habitantes (48 camas hospitalarias).

Las 10 camas de cuidados intensivos que existen en el departamento están en una clínica privada en Puerto Asís.

Si esta plata del SGP, cuyo fin es invertir en la salud, no se la hubieran robado, la Alcaldía hubiera tenido para comprar entre 10 y 14 camas UCI que habrían ayudado a reducir el costo de las 53 camas que necesitaría todo el Putumayo para atender la crisis en su peor escenario.

Los sobrecostos de Arauca que hoy servirían para 7 UCI

¿Qué pasó?

El Hospital San Vicente de Arauca, el más grande de la red pública allí, ha sido saqueado y, según la Fiscalía, su corrupción es tan grande que hace cuatro años entró en el ranking de peores robos a la salud. 

El año pasado, dos de sus directores fueron hallados fiscalmente responsables de sobrecostos por 716 millones de pesos en la compra de insumos. La situación es tal que sus trabajadores han denunciado que a veces los pacientes tienen que llevar sus medicamentos.

Los políticos merodean la institución y, desde hace años, ha pasado que quien lo dirige consolida un grupo y luego aspira a los principales cargos del departamento. Así ha pasado con el exalcalde de la capital Arauca Jorge Cedeño, con el exgobernador Ricardo Alvarado y con el actual gobernador Facundo Castillo.

¿Quiénes están involucrados?

Luis Hernando Ballesteros

Exdirector del Hospital San Vicente. 2011.

Bajo su dirección el hospital incurrió en sobrecostos, que suman poco más de 716 millones de pesos, en la compra de insumos médicos.

Raul Fernando García Loyo

Subdirector Administrativo y Director del Hospital San Vicente. 2016-2019.

Cuando era subdirector Administrativo en 2011, incurrió en sobrecostos, que suman poco más de 242 millones de pesos, en la compra de insumos médicos. Por estos hechos, renunció el año pasado a su cargo de director del hospital.

El costo hoy.

El departamento de Arauca no tiene, hasta el momento, casos de coronavirus. Para atender la pandemia, la Gobernación cuenta con 168 camas (7,01 por cada 10 mil habitantes), de las cuales cuatro de ellas son de cuidados intensivos.

Según las cuentas del Ministerio de Salud, para el peor de los escenarios, deberían tener 41 camas en UCI en todo el departamento.

Si la plata que se fue en sobrecostos se tuviera hoy, el hospital podría comprar entre 5 y 7 camas de UCI con respirador lo que ayudaría a mitigar el posible impacto de la crisis.

Desde hace días se está moviendo en Facebook una noticia del periódico publimetro que dice que "podría haber 6 millones de bogotanos contagiados de coronavirus para 2022". 

Aunque la noticia es del diecisiete de abril, decidimos pasarle el Detector de Mentiras porque hasta el día de hoy se sigue moviendo en Facebook y 8 usuarios de esa red la denunciaron como falsa. Sin embargo, es cierta.

El 17 de abril en entrevista con Blu Radio, el secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo que según las simulaciones epidemiológicas, "probablemente, a la vuelta de uno o dos años" habrá "alrededor de cinco y medio, seis millones de contagiados" en Bogotá.

Esta es una aproximación derivada del concepto epidemiológico de la "inmunidad de rebaño", agregó Gómez.

La explicación

La inmunidad de rebaño, más conocida como inmunidad colectiva o de grupo, se da cuando la mayoría de una población -entre 70 y 90 por ciento- desarrolla defensas contra un virus en particular, ya sea porque se contagiaron y se recuperaron, o por medio de la vacunación.

Cuando esto ocurre, el virus empieza a contagiarse mucho más lento porque no hay a quién se lo pase una persona contagiosa.

Por eso, si no se desarrolla pronto una vacuna contra el Covid-19, el virus sólo dejará de ser una amenaza después de que unas siete de cada diez personas tengan la inmunidad por haberse contagiado, y de este modo, se genere una inmunidad colectiva. 

Eso bajo el supuesto de que haya una inmunidad de largo plazo frente a este virus, algo de lo que hasta el momento no hay certeza. 

La cifra

En el caso de Bogotá, si el setenta por ciento de los 7.181.569 habitantes se contagia, dentro de aproximadamente un año el número de personas infectadas estaría alrededor de los cinco millones. Sin embargo, si se parte de la base que Bogotá tiene 7.400.000 habitantes, como lo hizo el secretario de salud, el número de personas contagiadas de aquí a un año sería de mínimo 5.180.000.

Aunque las últimas cifras de censo del Dane son de 2018 y fueron actualizadas en noviembre de 2019, según esta misma entidad, a mediados de este año Bogotá contará con 7.743.955 habitantes. Por eso, asumir que Bogotá tiene a hoy siete millones cuatrocientos habitantes es aproximadamente correcto. 

De todos modos, la cifra que dio el secretario de salud es sólo una estimación basada en un concepto epidemiológico mundialmente aceptado.

En medio de la emergencia del coronavirus el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, le dio el contrato y la interventoría del programa de alimentación escolar a dos fundaciones de Tumaco, (a 800 kilómetros de Neiva), que tienen socios en común y están relacionadas con un poderoso político de Tumaco que, como el alcalde Muñoz, también es militante de Cambio Radical. 

Los contratos

Entre el 3 y el 6 de abril, el alcalde Muñoz adjudicó los dos contratos de manera directa, a dedo, porque así se lo permite el estatuto de contratación cuando hay un estado de emergencia como el de la atención al coronavirus. 

El primero, es para entregar unos 35 mil mercados, que es uno de los mecanismos que les autorizó el Ministerio de Educación a los alcaldes para garantizar que la comida que antes les servían a los niños en los colegios ahora la puedan preparar en sus casas. 

Ese contrato por 5.250 millones se lo dieron a la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño, Asoformando, un empresa que opera desde 2014 y solo ha tenido contratos para manejar hogares infantiles del ICBF en Nariño. 

El otro contrato es por 300 millones de pesos para hacer la interventoría, es decir, para vigilar que se entreguen esos mercados con los productos y la calidad establecidos. Se lo dieron a la Fundación Colombia Florece, que fue constituida en 2015 en Bogotá pero que desde el año pasado se trasladó a Tumaco. 

Aunque las normas de contratación como el estatuto anticorrupción establecen que el interventor y el contratista no pueden tener vínculos y deben ser totalmente independientes el uno del otro para evitar conflictos de intereses y garantizar que de verdad el interventor verifique que el contratista cumple con lo que se contrató, La Silla Vacía encontró que Asoformando y Florece están ligadas estrechamente.

El representante legal de Florece que firmó el contrato de interventoría es Mauricio Banguera, quien a su vez es socio y miembro de la junta directiva de Asoformando desde 2015.

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Banguera socio de las dos empresas

Según los registros de la Cámara de Comercio de Neiva, Banguera fue el que se encargó personalmente de hacer los trámites mercantiles tanto de Asoformando como de Florece para abrir sus sedes en la ciudad.  

De hecho, en la primera semana de abril, Banguera registró el mismo domicilio para las dos empresas en el norte de la ciudad. 

Coincidencialmente, es el mismo domicilio de  la Corporación Colombia en Paz y Social, Corsocial, igualmente de Tumaco, que se ganó el contrato de la Alcaldía de Muñoz para entregar unos mercados a adultos mayores por 2.389 millones de pesos. 

Y es la misma dirección donde funciona la Asociación Afrocolombiana de Víctimas del Conflicto, Asofrovic, una ONG que le hizo campaña de frente a Gorky Muñoz, y es cercana al secretario de Educación, Giovanni Córdoba. .

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Las cuatro organizaciones registran el mismo domicilio

Es decir, desde la misma casa, tres empresas y una ONG, aparentemente independientes entre sí, estarían coordinando contratos de la Alcaldía suscritos a dedo por la emergencia del coronavirus por cerca de 8 mil millones de pesos. 

La conexión entre Asoformando y Florece es tan estrecha que cuando llamamos a Carmen Castillo, representante legal de Asoformando y quien firmó el contrato de los 35 mil mercados, para preguntarle cómo se lo habían ganado, nos dijo que ella no nos podía dar información porque el encargado de coordinar todo en Neiva era justamente Banguera “porque él es socio”. 

Banguera nos dijo, inicialmente, que sí estaba al tanto de lo que firmó Asoformando pero que nos daba detalles más tarde. Luego, nos contactó para decirnos que él estaba era al frente de la interventoría.  

El político que está detrás

Además de Banguera, las empresas Asoformando y Florece tienen otro nombre en común: Haiden Otoniel Vergara. 

Vergara es uno de los socios fundadores de Asoformando y fue su primer representante legal. Cuando se creó, la organización se llamaba Asociación de Estudiantes Afrodescendientes e Indígenas Otto Vergara y luego en 2015 cambió de nombre. 

Vergara también es el revisor fiscal de Florece. Un cargo que también tiene en Corsocial.

Fuera de revisor fiscal, Vergara es un concejal de Tumaco que ha hecho toda su carrera política en Cambio Radical. Lleva tres períodos consecutivos en el Concejo.

En las presidenciales de 2018, fue uno de los coordinadores de Tumaco que le movió votos a la Presidencia a Germán Vargas Lleras. Igual que lo fue el ahora alcalde Gorky Muñoz en Neiva.

En las regionales de 2019, Vergara fue el concejal más votado de Tumaco, sacó 2.002 votos de los 5.236 que consiguió la lista de Cambio y fue el único elegido por ese partido en ese departamento. Banguera fue su gerente de campaña.

Esa condición política de Vergara es la que, según cuatro fuentes consultadas por La Silla en Tumaco, le permite gestionar ante entidades públicas de Nariño contratos para fundaciones con las que tiene vínculos, como Asoformando, Florece y Corsocial. 

Las fuentes consultadas por La Silla Vacía en Tumaco coincidieron en decirnos, por aparte, que esas organizaciones son vistas allá como las estructuras políticas de Vergara porque con ellas es que maneja personal y obtiene recursos. 

Se tiran la pelota

En la Alcaldía de Neiva no nos dieron una razón clara para explicar cómo fue que dos empresas desconocidas en el departamento y con vínculos entre sí, se quedaron con los contratos de la alimentación escolar.

El alcalde Muñoz nos dijo que hicieron invitaciones a ‘amigos’ para que presentaran propuestas y que evaluaron las de Asoformando y Florece porque cumplían con la experiencia y la capacidad. 

Nos dijo que los detalles de cómo llegaron esas propuestas y cómo se evaluaron, los tenía el jefe de la Oficina de Contratación, José Nelson Perdomo. 

La Silla Vacía buscó a Perdomo y nos dijo que él solo podía darnos razón del contrato de los mercados de adultos mayores de Corsocial, que lo de la alimentación escolar era asunto de los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación.

El asesor jurídico de Educación que se encargó de montar los contratos es el abogado Juan Felipe Molano pero nos dijo que no tenía permiso para hablar del tema. Entonces nos remitió con José Paul Azuero que es el líder para los programas educativos. 

Azuero inicialmente aceptó atendernos de manera telefónica, pero después nos mandó a hablar directamente con el secretario Giovanni Córdoba. 

Al momento de esta publicación, Córdoba no había respondido nuestras llamadas ni mensajes de WhatsApp. 

Más de 4 de cada 10 contratos que revisamos están arriba de los precios de referencia del Dane

Dentro de los 48 contratos a los que les revisamos detalladamente los precios (ver nota metodológica), encontramos que 21, equivalentes al 43 por ciento, los gobernantes pagaron valores por encima de la referencia del Dane.

Eso revela dos cosas: por un lado, que hay un porcentaje alto de plata que terminó invertida en productos que estuvieron por encima del valor negociado en las mayoristas; y por otro, que aún cuando ese porcentaje es alto, no es generalizado.

Así que aunque sí hay alarma por la entrega de plata, por lo menos en la muestra que hizo parte de esta investigación, la mayoría de los gobernantes -el 57 por ciento- no despilfarró recursos para proveer a las familias más vulnerables de sus territorios.

Los contratos en los que se pagó más, son 17 por ciento más caros en promedio

En los 21 contratos cuyo valor está por encima de los precios de referencia del Dane y después de la potencial utilidad del contratista, en promedio se pagaron mercados 17 por ciento más costosos.

Arauca fue el campeón de los mercados caros.

Más allá del valor del atún -que ha sido el más mediático-, La Silla encontró que los precios de los 13 productos de los 33.437 kits alimentarios que está entregando el gobernador, Facundo Castillo, están muy por encima de los valores de referencia del Dane.

Por ejemplo, pagó panela por encima del 200 por ciento, y pasta y sal arriba del 100 por ciento. Además, el precio del arroz, el azúcar, el aceite y el fríjol alcanzaron valores superiores en 50 por ciento al precio de referencia.

En total, cada mercado de Arauca costó un 33 por ciento más de los valores de las mayoristas en la semana en la que se denunció que se estaba especulando con los precios de la comida. Un mayor costo equivalente a $39 mil pesos por mercado.

El segundo lugar de sobrecosto con relación al precio de referencia, es para el departamento del Cesar.

En esa región, que está bajo el mandato de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, heredero del cuestionado clan Gnecco que ocupa por segunda vez el cargo, no se suscribió un único contrato para entregar los mercados, sino que decidieron repartir la ejecución de la plata por municipio y con distribuidores locales.

De los 19 contratos por $6.966 millones que estaban publicados cuando empezamos la reportería para esta historia y que entraron en la muestra, tres clasificaron dentro de los 10 más costosos.

El que se firmó para Chimichagua contabilizó la panela por encima del 100 por ciento, azúcar y harina por encima del 80, y arroz, aceite, frijol y atún por encima del 60 por ciento de los valores de referencia del Dane.

En el contrato de Tamalameque se pagó sal por encima del 60 por ciento, y chocolate, harina frijol y pasta arriba del 50; y en el de Aguachica hay panela con diferencia del 79 por ciento y sal del 39 por ciento.

La Gobernación de Gnecco pagó en total $30 mil más que el valor del Dane por cada mercado que se entregó en Chimichagua, y $24 mil más por cada mercado repartido en Tamalameque.

El podio de mercados caros lo finaliza Tumaco, municipio que desde este año es dirigido por María Emilsen Angulo, quien llegó a la Alcaldía por segunda vez -en la primera le anularon la elección porque estaba inhabilitada para aspirar al cargo-.

Angulo es de la cuerda del destituido representante liberal Neftalí Correa, a quien la Procuraduría sacó del Congreso en 2016 por irregularidades en contratación que tuvieron lugar justamente cuando fue alcalde de Tumaco.

Allí encontramos azúcar por encima del 100 por ciento de la referencia del Dane en esa zona de país, frijol por arriba del 90 y lenteja pagada arriba del 70 por ciento.

En total la Alcaldesa pagó 24 por ciento más por los mercados de un contrato con respecto a los precios Dane. En total 9 mil pesos de más por tk miles de mercado.

Este es el top completo.

Llamamos al gobernador de Arauca, Facundo Castillo, al del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a la alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, y al de Ovejas, Fredy Ricardo, para conocer sus versiones, pero no respondieron en los números que intentamos ubicarlos ni contestaron los mensajes dejados en su celular.

En Neiva, Barrancabermeja y Envigado nos dijeron que se ajustaron a los precios del mercado de la fecha, y que los valores del Dane no reflejaban la realidad de todos los comercios locales. (Ver detalles de las versiones en el detalle por regiones al final de la historia.)

Con lo que se pagó de más con respecto al Dane se podía comprar mercados para la mitad de Quibdó

Aún cuando encontramos que en 27 contratos el precio global de los mercados era más barato o estaba de acuerdo al precio de referencia del Dane, si se mira el gasto por producto es claro que se invirtió plata de más en la mayoría de los contratos.

En total encontramos que en la muestra de contratos que revisamos se pagaron por los 13 productos que la canasta familiar $5.901millones más con respecto a los precios de referencia del Dane.

Para tener una idea de cuántas familias podrían aprovisionarse con los casi 6 mil millones, armamos un mercado con los precios de referencia del Dane y le sumamos el costo de estampillas, pólizas y logística (Ver base de datos).

Esa operación nos arrojó que la plata adicional que se desembolsó alcanzaría para comprar 68.101 mercados adicionales, que alimentarían a unas 204 mil personas partiendo de cada familia tuviera tres integrantes.

Ese número de mercados equivale a la mitad de las personas que viven en Quibdó; todas las del Amazonas; el 90 por ciento de toda Arauca capital; más del doble de las de Inírida, capital de Guainía; o el 40 por ciento de todos los habitantes de la alta Guajira.

La cifra también es el equivalente a todos los habitantes de municipios medianos como la Dorada en Caldas, Fundación en Magdalena, Garzón en Huila o Corozal en Sucre.

Incluso, se podría dar tres mercados a los damnificados de la avalancha de 2016 en Mocoa.

Los funcionarios que se echaron para atrás mostraron que sí se podía comprar más barato

Los contratos de Coveñas en Sucre, Barrancabermeja en Santander y La Palma y Tabio en Cundinamarca cambiaron de precios mientras estábamos haciendo la reportería para esta historia.

Lo hicieron después de haber sido nombrados por algún ente de control como ejemplos de presuntos sobrecostos y todos estaban siendo auditados.

En la administración de John Jairo Pulido en La Palma, dijeron que para el momento en que firmaron el contrato había especulación y que se reunieron con el contratista para reajustar los valores de los productos. Los mercados pasaron de valer $65 a $48 millones.

En Barranca, bajo el mando de Alfonso Eljach, el acuerdo fue similar y el contrato que se modificó salió $220 millones más barato.

En Tabio, que está bajo la administración de Pablo Enrique Camacho Carrillo, dijeron que el contratista se dio cuenta que los precios eran más baratos cuando empezó a hacer las compras y el valor del contrato bajó en 13 millones.

Y en la alcaldía de Rafael Ospina en Coveñas quedó consignado en el acta que el supervisor había revisado los precios y se había dado cuenta de que había que reajustarlos, y al final se acordó aumentar el alcance del contrato en 550 mercados más (pasó de 6.000 a 6.550).

(En Guaduas, el alcalde Germán Herrera revocó los dos contratos que había suscrito cuando se conoció que estaban siendo investigados)

La referencia del Dane podría no estar completamente ajustada a la realidad en todos los productos

De los 577 productos que revisamos, 376 fueron pagados con una diferencia por encima del 10 por ciento sobre el valor de referencia del Dane.

Para hacer la comparación, tuvimos en cuenta los precios de referencia de la ciudad en la que se suscribió cada contrato. Contratos específicos podían tener uno o más productos con valores inusualmente altos, pero hay tres productos que en buena parte de las regiones se negociaron por encima del precio de referencia del Dane: la panela, la lenteja y el frijol.

Por ejemplo, la panela fue incluida en 43 de los 48 contratos que analizamos en detalle y se pagó en promedio 59 por ciento más cara.

Lo particular es que de esos 43 contratos, casi en la mitad, el valor de la panela estuvo 50 por ciento por encima de la referencia del Dane.

Que eso suceda tiene dos posibles explicaciones.

La primera es que, si en efecto hubo sobrecostos, todos los contratistas y gobernantes coincidieron en inflar el valor del mismo producto; la segunda, que es más plausible, es que la referencia no reflejó bien los precios de la comercialización local y por ende los sobrecostos son menores y menos frecuentes de lo que parece.

Según nos dijeron en el Dane, para establecer los precios recogen los valores de los productos en diferentes establecimientos de cada ciudad y promedian; sin embargo, en unos lugares, por la distancia con respecto a la capital -donde normalmente se recogen los precios-, por la producción propia o por otros factores externos puede haber una variación.

Cualquiera que hubiera sido la razón, con la lenteja y el frijol pasó algo similar: un poco más de la tercera parte de regiones que revisamos pagaron más del 50 por ciento más del valor del Dane.

En todo caso, en algunas regiones el precio de estos artículos fue más caro -en algunos casos el doble o el triple- que el precio promedio pagado por todos los que revisamos.

Con la leche en polvo sucedió lo opuesto: el 90 por ciento de los proveedores la vendieron por debajo de la referencia del Dane; fue, en promedio, 22 por ciento más barata.

De cualquier manera, como esos productos no son los que tienen más peso dentro del costo de los mercados, esa desviación no afecta sustancialmente el monto global de los mercados que revisamos, que fue en lo que nos basamos para determinar los más y los menos costosos.

Algunos gobernantes consiguieron gangas

En 12 contratos encontramos que el precio estuvo por debajo de la referencia del Dane.

Tabio que, como contamos atrás, fue uno de los contratos modificados después de suscrito, se quedó con el primer lugar de este top porque terminó comprando mercados que salieron 33 por ciento más baratos que las referencias del Dane.

Aunque compró una de las panelas más caras (169 por ciento por encima de la referencia del Dane), y aceite y azúcar por encima de la referencia (60 para el primero y 34 para el segundo producto), los cinco artículos restantes que incluía ese mercado estuvieron muy por debajo.

Por ejemplo, la lenteja fue 82 por ciento más barata, la pasta 33 y el chocolate estuvo 27 puntos por debajo de los precios recopilados por el Dane.

El segundo lugar fue para Montería, que este año empezó a ser gobernada por Carlos Ordosgoitia -llegó por la línea del senador Conservador David Barguil luego de una pelea entre el congresista y el exalcalde Marcos Daniel Pineda- y pagó mercados con precios por debajo del 13 por ciento. El frijol, el atún y la sal que compró costaron 30 por ciento menos.

La Guajira, departamento que solo en el cuatrienio anterior tuvo 8 gobernadores y este año es administrada por Nemesio Roys, quien viene de la línea del congresista de La U Alfredo Deluque, se quedó con el tercer lugar del top.

Los 13 mil beneficiarios recibieron los alimentos con 29 por ciento por debajo de la referencia del Dane. Salvo por la lenteja, que fue pagada 59 por ciento más cara, todos los demás productos se fueron adquiridos a precios menores que los de las mayoristas.

Además, Bucaramanga y Florencia, que están bajo gobiernos que llegaron al poder por grupos alternativos el año pasado, pusieron dos contratos cada uno dentro del top de los menores costos.

Entre otros, encontramos que el primero pagó fríjol y lenteja a mitad de precio, y que el segundo compró chocolate, pasta y sal por debajo del 20 por ciento.

El bonus fue Cesar, que así como puso dos contratos dentro del top de los más caros, también tuvo uno que en valores globales terminó por debajo de las referencias del Dane.

En Río de Oro pagaron café a mitad de precio y leche en polvo casi una tercera parte por debajo de lo que se negoció en mayoristas.

Hay dos contratistas que vienen de hacerle campaña al mandatario que les adjudicó el contrato

Encontramos 10 contratistas que tienen vasos comunicantes con la política regional, y dos de ellos apoyaron abiertamente al mandatario que este año les adjudicó la entrega de mercados.

En Cesar el caso es el de Jairo Alfonso Lobo Calvo, dueño de Inversiones Merk Jagua SAS.

Esa empresa de La Jagua de Ibirico recibió cuatro contratos de la Alcaldía de ese municipio entre 2013 y 2018 por suministro de kits nutricionales y elementos de aseo. También ha tenido varios contratos del Concejo, la mayoría para suministro de elementos de cafetería y aseo y mantenimiento de instalaciones.

Merk Jagua se quedó con uno de los 19 contratos de mercados de la Gobernación del Cesar que revisamos. Fue suscrito por $1.350 millones, pero no se especifica a el número de mercados o los municipios a los que van dirigidos ni cómo están conformados los mercados.

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Lobo Calvo fue candidato al Concejo de Valledupar por la ASI el año pasado y se quemó tras alcanzar solo 691 votos. Durante la carrera electoral, le hizo campaña al ahora gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco y a Ernesto Orozco, quien fue apoyado por la matrona del clan Gnecco, Cielo Gnecco, a la Alcaldía de Valledupar.

Además, el contratista es primo en segundo grado del senador de Cambio Radical Didier Lobo quien, como hemos contado, también es aliado político de los Gnecco.

Buscamos a Lobo Calvo en los números de contacto registrados en la Cámara de Comercio para pedirle su versión, pero no obtuvimos respuesta.

El segundo caso es Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de Servicios Integrales del Caribe SAS, la empresa que ejecutó el contrato para la entrega de mercados en El Copey, adjudicada por la Gobernación del Cesar.

Esa firma fue creada en 2008 y tiene dentro de sus actividades principales en la Cámara de Comercio “ arquitectura e ingeniería”, apoyo a la agricultura y la ganadería.

La Silla encontró que varios políticos de ese municipio son socios. Entre ellos está la actual presidenta del Concejo, la liberal Adriana Luz Ayala, quien es cercana al alcalde Francisco Manuel Meza (Liberal) y le movió votos al gobernador Luis Alberto Monsalve Gnecco, cuya administración adjudicó el contrato.

Otro de los socios de la empresa es Hernando Soroca, candidato al Concejo por el Centro Democrático en las regionales del año pasado. En 2017 promovió la revocatoria del mandato del alcalde de la época, José Luis Nieves, que al final no prosperó.

Además de ese, Servicios Integrales de Caribe se ganó la mayoría de contratos que entregó la Alcaldía de El Copey para atender la emergencia del Covid: uno para llevar otros mercados por $185 millones, y otro para ejecutar el plan de aislamiento en el municipio por $4 millones.

Intentamos comunicarnos con el representante legal de la empresa pero los dos números registrados en la Cámara de Comercio estaban apagados. También llamamos al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, para conocer su versión, pero no respondió ni contestó los mensajes dejados en su número de celular.

Dos de cada 10 empresas que ejecutaron la plata son toderas

Encontramos que 17 empresas que ejecutaron la entrega de mercados tienen objetos sociales tan amplios que en algunos casos pueden hacer desde obras civiles, hasta minería o desarrollar actividades científica.

Que sean organizaciones con un espectro comercial tan amplio es uno de los indicadores que prenden las alarmas sobre presunta corrupción porque se pueden volver comodines para contratar.

Ya ha habido casos ventilados, como el de La Palma, que fue ejecutado por la Comercializadora Sumitec Karch Ltda., una empresa cuya principal actividad principal es el mantenimiento y reparación de vehículos. La Silla encontró que solo 15 días antes de firmar el contrato incluyó en su objeto el suministro de alimentos.

En Medellín la Corporación Colombia Avanza, según registros del expediente en Cámara de Comercio, puede hacer desde actividades para mejorar calidad de vida y entregar comida, hasta formular proyectos ambientales de protección de cuencas hidrográficas y reforestación, o recuperar cartera de entidades públicas y privada.

En Arauca, Multiservicios Mael, empresa que se creó en 2018 y ha ejecutado contratos para actividades deportivas y entregar alimentos a la tercera edad, tiene la posibIlidad de brindar servicios de educación, hacer interventorías y hasta obras civiles.

También encontramos que en Sahagún, las actividades principales del proveedor Innova Servicios SAS son la elaboración de prendas de vestir y el comercio de productos farmacéuticos; y en Riohacha, la Fundación Mundo Verde tiene dentro de sus actividades la fabricación de muebles y la generación de energía.

Además, en el Cesar, Mechans Groups Asa Zomac tiene dentro de sus actividades principales la construcción de proyectos de servicios públicos, instalaciones eléctricas y silvicultura; y Servicios Integrales del Caribe tiene registradas actividades de arquitectura e ingeniería.

Y en Tabio encontramos que el contratista Talento Comercializadora SAS, que se dedica principalmente a la venta al por mayor de computadores y la venta de utensilios domésticos según el registro Rues, ni siquiera tiene dentro de su objeto incluida la venta de alimentos.

No todos los proveedores tenían experiencia con la distribución de alimentos

De los 79 contratos en los que le rastreamos el origen al contratista, encontramos que en 17 los proveedores no habían entregado mercados a gran escala.

La experiencia es clave porque dada la magnitud de los pedidos y los tiempos tan cortos de entrega, el proveedor tenía que disponer de la logística suficiente y tener los proveedores o las existencias en su bodega.

En el Cesar, Mechans Groups Asa Zomac, que repartió mercados en Aguachica, según los registros de la Cámara de Comercio, fue constituida en enero de este año.

Igual sucedió en Sincelejo con Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS, que nació formalmente en diciembre del año pasado, y que aún con esa poca experiencia, se quedó con el contrato para entregar poco más de 4 mil mercados.

Los 14 restantes que suministraron mercados no lo habían hecho antes, al menos con el sector público, pese a que sí han ejecutado contratos del Estado.

Por ejemplo, hallamos que la experiencia de de esos proveedores está en interventorías de obras civiles y suministros de uniformes para la Policía, venta de congeladores de páneles solares y hasta de elementos de aseo.

Los productos cobrados más caros

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Y más

 

Mientras el Erasmo Meoz, el hospital público más importante de Norte de Santander, se alista para atender la pandemia, la clase política de ese departamento está definiendo quién será su director durante los próximos 4 años. 

Esa decisión está mediada por un compromiso de campaña electoral entre el gobernador Silvano Serrano y el representante a la Cámara liberal Alejandro Carlos Chacón, un superpoderoso del Congreso.

Aunque ya hay dos candidatos sonando y por tiempos el Gobernador debe tomar la decisión prácticamente esta semana, aún no hay humo blanco. Otros dos barones electorales están detrás de ese cargo. 

El acuerdo

Como ha contado La Silla, en Norte de Santander cada congresista tiene una participación burocrática pactada con el gobernador de turno en los cargos de más relevancia del departamento. 

Eso se traduce en apoyo durante elecciones, que a su vez les permite mantener vivo su grupo político, a través de la burocracia que manejan con esos puestos. 

“En esa participación, el único que está pendiente por su parte, es Chacón”, nos dijo un político de las entrañas del grupo del actual gobernador Silvano Serrano. 

Según lo que nos dijo él y otros dos políticos que tienen cómo saberlo de primera mano, durante las pasadas elecciones regionales el acuerdo entre el ahora exgobernador William Villamizar y su entonces candidato Silvano Serrano con Chacón fue mantener a alguien de su línea política como director del hospital Erasmo Meoz para que también le garantice participación al grupo de Villamizar.

Ese hospital es importante en el poder regional porque tiene más de 1.500 trabajadores y un presupuesto anual de 205 mil millones. Aunque casi el 90 por ciento se va en funcionamiento, la contratación que eso conlleva también representa mucho poder en la región.

El Gobierno le debe 364 mil millones de pesos (Solo 64 mil millones es por la atención a población migrante venezolana). Por el coronavirus, del que ya hay 69 contagiados en Norte de Santander, hay expectativa en que buena parte de esa deuda sea saldada pronto, de modo que el hospital quede con liquidez.

El director saliente, Juan Agustín Ramírez, fue elegido hace 8 años y reelegido hace 4 como cuota del representante Chacón.  

Como los periodos de directores de hospitales inicialmente terminaban en marzo y con la llegada del coronavirus se alargaron 30 días más, hasta ahora es cuando el trato va a consumarse nuevamente. 

El sonajero ya se decantó. De los cinco candidatos que sabíamos que había hace un mes, hoy solo quedan dos: el médico Miguel Tonino Botta y la exconcejal de Cúcuta, Nelly Santafé.

Los candidatos

Botta es un urólogo afamado en Norte de Santander y aunque no hace política, sí tiene amigos políticos. Entre esos, Chacón, a quien apoyó en su campaña a la Cámara de 2018. 

Botta también es cercano al exalcalde Ramiro Suárez, preso por su participación en un homicidio. El vínculo nació cuando Suárez era Alcalde (2004-2007) y, por recomendación del excongresista Manuel Guillermo Mora, puso a Botta como director de la empresa social del Estado de Cúcuta, Imsalud. 

Esa cercanía, tal y como nos dijeron dos políticos aliados de Suárez, influyó para que Chacón pusiera la hoja de vida de Botta sobre la mesa del gobernador. 

Según esas versiones, Chacón eligió a Botta en consenso con Suárez, a modo de gana-gana. Suárez gana participación en el hospital, en momentos en que necesita puestos porque perdió la Alcaldía de Cúcuta, que controló desde La Picota durante el periodo pasado. Chacón, por su parte, gana un aliado clave para las legislativas de 2022. 

“Chacón quiere saltar al Senado y para eso necesita votos. Ramiro tiene unos 15 mil votos propios, nada despreciables”, nos dijo uno de ellos.

Por eso, aunque Botta tiene perfil apto para el cargo y también tiene buenas relaciones con el Gobernador, el padrinazgo de un político condenado para dirigir el hospital más importante de la región en medio de una pandemia, le juega en contra. 

“Ahí Silvano se puede estar ganando un problema mediático bravo...¿quién va a querer todos los ojos encima en plena crisis?”, nos dijo un político que conoce de primera mano la movida por el hospital.

Más allá de eso, La Silla supo que la razón para que la decisión siga embolatada, es que Serrano, quien es el que elige, quiere garantía plena de que el nuevo gerente también le rinda cuentas a él y a su grupo político y no se convierta en una isla dentro de su mandato. 

Es por eso que la otra candidata le está haciendo contrapeso. 

Nelly Santafé es una política, de profesión contadora, que ha estado en varios cargos públicos y en 2011 salió electa concejal de Cúcuta por La U con 4.917 votos. Intentó reelegirse el año pasado pero se quemó con 5.447 votos. Esos apoyos son los de su padrino Juan de Dios Negrón, un exconcejal y contratista poderoso, muy cercano al grupo del exgobernador William Villamizar. Es Negrón quien está haciendo lobby para que Santafé sea  la directora del hospital. 

Sumado al respaldo de Negrón, Santafé cuenta con la ventaja de ser de confianza del exgobernador Villamizar (fue directora del Instituto Departamental de Salud durante su primera Gobernación) y también es allegada al actual Gobernador. Además, como su perfil es más político, genera más empatía entre la clase dirigente. 

Santafé y su padrino Negrón también han sido aliados de Chacón en el pasado (lo apoyaron en las legislativas de 2018). La Silla supo que esa es una de las cartas con las que está jugando Negrón para llegar a un acuerdo con Chacón por el cargo, en la medida en que la votación que él mueve en Norte de Santander también ronda por los 15 mil votos y le podría servir al congresista. 

De cualquier forma, Chacón tiene la sartén por el mango.

En los últimos años, se ha convertido en uno de los congresistas más poderosos de la región y del país, como contamos en esta historia y si decide imponerse con Botta, el margen de maniobra del Gobernador queda muy reducido.

Principalmente, porque como hemos contado tanto Serrano como su padrino, William Villamizar, tienen fácil entrada entre la clase política porque son conocidos por respetar acuerdos, y si lo desconocen ahora pondrían en entredicho esa fama que fue clave para que se mantuvieran en el palacio de la cúpula chata.

Por eso, aunque no hay nada definido aún, dos fuentes de las entrañas de Villamizar y Serrano nos dijeron que lo más probable es que Botta sea el elegido. 

El nuevo director deberá asumir el cargo el próximo 15 de mayo pero, según le dijo a La Silla una fuente que lo sabe de primera mano, el Gobernador tiene previsto tomar la decisión entre mañana y el próximo lunes. 

Así que, por lo menos en Cúcuta, el coronavirus no ha detenido el teje-maneje político. 

Desde hace unos días está circulando en Facebook una publicación que habla de una supuesta receta que “neutraliza el Covid-19 en dos días”. 

Como varios usuarios de Facebook calificaron la publicaciones como falsas y como han sido compartidas más de 3.800 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que la publicación en efecto es falsa. 

Así se ve la publicación que está moviéndose en Facebook:

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No, la receta de limón, jengibre, cebolla y ajo no neutraliza el nuevo coronavirus. 

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay pruebas de que ningún alimento sirva para prevenir o curar el contagio del Covid-19.

La OMS recalca que “aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la Covid-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales pueden prevenir o curar la enfermedad”.

La misma organización ha recopilado varios mitos sobre el nuevo coronavirus y uno de ellos es de que el consumo de ajo sirve para prevenir el contagio del virus.

Según la OMS, el ajo es "un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no hay evidencia del brote actual de que comer ajo haya protegido a las personas del nuevo coronavirus”.

En definitiva, no es cierto que consumir la receta de jengibre, limón, cebolla y ajo sirva para curar o para prevenir el coronavirus. Por eso calificamos la publicación de Facebook como falsa. 

La decisión del Gobierno de flexibilizar la cuarentena es una apuesta que implica un cambio de comportamiento de los colombianos en el espacio público, del cual dependerá, en gran medida, el éxito o fracaso de la medida. 

Invitamos a esta “Charla en La Silla” a tres expertos en ciencias del comportamiento para entender las implicaciones de esta crisis en nuestros hábitos y vida en sociedad. Ellos son Santiago Borda, Socio en Instintivo, consultora en ciencias del comportamiento; María Cecilia Dedios, profesora e investigadora de la Escuela de Gobierno de La Universidad de los Andes y Carlos Scartascini, Líder del Grupo de Economía del Comportamiento del BID.

Anoche salió la encuesta Gallup, que mide cada dos meses el estado de ánimo de los colombianos desde hace más de 20 años. La medición fue hecha a 1200 personas, en las cinco grandes capitales, entre el 18 y el 26 de abril de 2020.  Es la primera que sale desde que llegó la pandemia del coronavirus a Colombia, lo que la hace particularmente interesante. Los resultados muestran algunas tendencias similares a las de otros países, y otras que son muy específicas de Colombia. Estas son nuestras diez grandes conclusiones:

1

Los colombianos estamos acostumbrados a vivir con el riesgo de la muerte

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Una de las particularidades que revela esta encuesta, es que quizás por los años de conflicto que ha sufrido Colombia, el país tiene una capacidad para sufrir más que otros. Mientras en países más desarrollados como Francia, Inglaterra o Estados Unidos, ver morir gente por decenas, quedarse sin empleo, y descubrir las limitaciones del sistema de salud ha sido un shock, en Colombia estamos acostumbrados a convivir con el riesgo de la muerte. Eso quizás explica que la gente no sienta que, pese a la pandemia, las cosas estén empeorando, y que en general, su nivel de satisfacción o insatisfacción con su estándar de vida no haya variado por el coronavirus.

Aunque el Covid-19 no ha tenido un efecto sobre el estado de ánimo, el alto pesimismo que ya traía el país se mantiene.

 

 

2

La pandemia focaliza el malestar

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Durante los últimos cinco años, los colombianos en esta encuesta identificaban como el principal problema del país uno diferente al de orden público, economía y corrupción. Con la pandemia, esos "otros" problemas se relativizan y dos ganan relevancia: la corrupción (visible en las noticias durante la semana de la encuesta por los sobrecostos de los mercados de la pandemia) y el del desempleo y la economía. El problema de seguridad alcanzó su nivel más bajo en 15 años, seguramente porque hasta los ladrones están encerrados. Será interesante ver si en la próxima encuesta y a medida que la crisis económica se extienda, esta percepción se mantiene. 

 

3

El golpe económico ya se siente

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El Fondo Monetario Internacional pronosticó una retracción de la economía colombiana del 2,5 por ciento mientras los pronósticos de Fedesarrollo son aún más pesimistas. El pesimismo de los colombianos frente al desempeño económico también alcanza su máximo histórico en esta encuesta. Esto representa un desafío gigante para el presidente Iván Duque, que había fincado su programa de gobierno en la idea de promover una estabilidad económica jalonada por un impulso al sector privado. Esta encuesta se realizó la semana anterior a la decisión del Gobierno de comenzar a reactivar paulatinamente la economía. De qué tan rápido lo pueda hacer, dependerá que esta tendencia negativa que viene desde el 2014 no se siga agudizando más.

 

4

Las noticias de que el coronavirus ha sido bueno para el ecosistema, han calado

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Las fotos del mar azul en Cartagena, el aire más limpio en Medellín, la recuperación de las playas de Santa Marta y el regreso de los delfines, conejos, serpientes y todo tipo de aves a sus hábitats se han convertido en las noticias positivas en medio de la pandemia. Por eso no es extraño el súbito optimismo que registra esta encuesta frente a la mejoría del medio ambiente. La encuesta también muestra que se dispara en más de 20 puntos la gente que siente que la seguridad está mejorando, alcanzando un récord en más de diez años: con todo el mundo en su casa, los hurtos han caído drásticamente, y también los homicidios. Es tan alta la violencia en Colombia, que paradójicamente el coronavirus ha 'salvado' vidas en Colombia.

 

5

La salud: la única mejoría estructural

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Los brotes de optimismo que refleja la encuesta frente al medio ambiente, la seguridad, la atención a los viejos y a los niños, son probablemente pasajeros pues estructuralmente nada ha cambiado en esos campos. En cambio, la percepción de que el sistema de salud está mejorando sí tiene un asidero en la realidad: el gobierno está pagando las deudas de años de los hospitales, se están creando nuevas salas de cuidados intensivos, se está dando dotación al personal médico y está quedando en evidencia el valor estratégico de un sector que durante años fue usado como botín político. Cuando pase el coronavirus, el sector de la salud habrá salido fortalecido.

 

6

El país va mal, pero los gobernantes van bien

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A pesar de la pandemia y de que Bogotá tiene la mitad de los contagios, la popularidad de Claudia López alcanza el nivel más alto que haya tenido algún alcalde capitalino desde que se hace la encuesta en 1994. Su nivel de desaprobación es tan solo del 9 por ciento. (Aunque la medición se hizo antes de que se supiera que había violado su propia cuarentena).

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que había comenzado su mandato con solo el 55 por ciento de aprobación, ya logró los altos niveles de aceptación de su antecesor Federico Gutiérrez y solo un poco por debajo de los mejores que tuvo Sergio Fajardo en su época.

La popularidad de ambos mandatarios se refleja también en que, a pesar de los tiempos tan extraños que vivimos, tanto en Bogotá como en Medellín la gente siente que las cosas "están mejorando". No sucede lo mismo en Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Especialmente, en la capital del Atlántico, el alcalde Jaime Pumarejo se desplomó 30 puntos a pesar de que Barranquilla es la ciudad que está más lista para atender la pandemia. "A él lo eligieron por ser el de Char pero no ha trabajado en construir un imaginario propio", dice el analista Carlos Suárez. "Lo puede estar haciendo bien administrativamente, pero la conexión con la gente que tenía Álex y la misma Elsa no la tiene Pumarejo".

De los cinco gobernadores, solo la del Atlántico, no ha reforzado su imagen con la pandemia. Una mala noticia para las aspiraciones presidenciales de Álex Char, si la tendencia se mantiene.

 

7

El Covid-19 le dio la agenda al gobierno Duque

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La crisis provocada por el coronavirus ha beneficiado al presidente Iván Duque de dos maneras: por un lado, le ha permitido brillar con luz propia en un escenario que, porque no está atravesado por la polarización política, no lo fuerza a escoger posiciones entre el centro que lo eligió y el uribismo que lo catapultó a la Presidencia. Por otro, le ha dado una agenda y un norte a su gobierno anclado en los problemas centrales de los colombianos y no en los periferales como sucedía con su bandera de la economía naranja. El 70 por ciento de los entrevistados aprueba la forma como está enfrentando la pandemia y considera que el gobierno está trabajando de manera coordinada. Aunque sus niveles de aprobación son considerablemente menores que los de todos los alcaldes, salvo el de Bucaramanga, y también a los de los gobernadores, por primera vez su aprobación supera el rechazo de los colombianos, que fue uno de los grandes motores de las masivas marchas del 21N.

Su prueba de fuego será ahora que ha comenzado a flexibilizar la cuarentena a pesar de que las tres condiciones definidas por los epidemiólogos para hacerlo aún no se han cumplido; y cuando, según la encuesta, 3 de cada 4 encuestados quisiera que el aislamiento obligatorio se prolongara hasta finales de mayo.

 

Con un Congreso cada vez más en la irrelevancia, la justicia con sus términos suspendidos y unas regiones padeciendo el mismo encierro pero cada una bajo sus circunstancias particulares, en tiempos de pandemia los mandatarios locales se han crecido en su relación con el presidente Iván Duque.

En un país históricamente centralista y presidencialista, como nunca son ellos hoy la cara del Estado que resurge y está llamado a resolver localmente las urgencias de la crisis sanitaria: 

Alistan los hospitales, determinan las condiciones del transporte público, entregan las ayudas en mercados y, en general, tienen que volver prácticas en terreno todas y cada una de las decisiones que la tecnocracia define en escritorios en Bogotá, un asunto que siempre ha sido complejo.

Los gobernadores también, pero, por su cercanía a la gente, sobre todo se sienten los alcaldes. 

La más mediática -por las razones obvias de su cargo, por su reconocimiento y porque tiene que lidiar con casi la mitad de los contagios de toda Colombia- es la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien tiene un ya conocido contrapunteo con el Presidente y cuyo partido le hace oposición al Gobierno Nacional.

Pero en todas las regiones hay ejemplos de mandatarios que, sin necesariamente ser de oposición o contar con la misma influencia o tono, toman medidas más allá de las de Duque, hacen reclamos e inquieren altos funcionarios del centro incluso sin la tradicional intermediación de los congresistas que fungen como sus jefes políticos.

La situación no sólo evidencia una novedad -probablemente temporal- en la dinámica del poder, sino que parece en contravía de los deseos originales del Gobierno, que al principio de la emergencia (cuando varios dispusieron acciones más propias de un estado federal, como el cierre de fronteras de departamentos) sacó un decreto básicamente para recordar que sus decisiones en el orden público priman sobre las de gobernadores y alcaldes.

Casi mes y medio después, el Presidente reconoce y comparte abiertamente la responsabilidad de las medidas contra el coronavirus con los mandatarios locales, como pasa en este momento con la extensión de la cuarentena nacional con reapertura gradual de los sectores de la construcción y manufactura, que terminó desacelerada justamente por las disposiciones particulares de cada alcalde.

Duque dejó en manos de ellos el control y la potestad de decidir qué empresas abrirán, tras cumplir unos protocolos, y decidió además socializarlo en público, al empezar la semana pasada a invitar a varios a su programa de todas las tardes para hablar de la crisis, llamado Prevención y Acción.

En privado, y en el mismo sentido de la comunicación constante que en todo caso ha mantenido el Gobierno con alcaldes y gobernadores desde el día uno de la emergencia, como nos lo confirmaron dos alcaldes y un secretario de despacho; Presidencia intensificó por esas horas sus llamadas a los mandatarios para explicarles el decreto de extensión de la cuarentena.

Lo hizo en cabeza de la jefa de gabinete María Paula Correa y de la saliente consejera para regiones Karen Abudinen (nueva ministra de Tic), quienes les preguntaron a los funcionarios con qué ministro necesitaban hablar para despejar cualquier duda que tuvieran.

Eso sucedió luego de que la alcaldesa bogotana López y otros mandatarios y sectores políticos reclamaran públicamente por la poca claridad que hubo tras el anuncio de Duque de la reapertura de dos sectores de la economía por un asunto que suele pasarle mucho al Primer Mandatario con esta crisis y es que: informa una medida y pasan días hasta que ésta aterriza en un decreto con todos los detalles. 

Así pasó también, por ejemplo, el mes pasado, cuando el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla anunció la creación del fondo FOME para financiar la emergencia del coronavirus y a los días, cuando salió el decreto, se armó un problema porque se supo que prestaba plata de los entes territoriales para darles liquidez transitoria a los bancos. 

Las críticas a la medida las encabezó Claudia López, pero fueron varios los alcaldes que se quejaron. 

Analistas como Carlos Suárez consideran que ese empoderamiento desde lo local está relacionado con el hecho de que Duque y su partido, el uribista Centro Democrático, hayan perdido en general las elecciones regionales del año pasado. Es decir, que como los alcaldes no son de él, se sienten más libres de actuar y algunos hasta de oponerse.

Mientras, Héctor Riveros, por su lado, cree que más bien podría tratarse de una estrategia política y jurídica calculada desde el Gobierno para crecer el papel de los alcaldes y no quedar Duque como el único responsable (tanto Carlos como Héctor escriben en La Silla).

Independientemente de las intenciones de ambos lados, está el peso de las realidades regionales que cae con fuerza frente a este virus y ayuda a entender por qué, así haya medidas generales, en Nariño preocupa más la frontera con Ecuador, en La Guajira la falta de agua y en Norte de Santander la migración venezolana.

Esas circunstancias, y otras más micro, son lo que conocen bien y tienen que frentear los mandatarios locales. 

“El coronavirus nos pone a los alcaldes en la primera línea de batalla, políticamente hablando”, dice al respecto Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, “porque finalmente la gente espera que seamos nosotros los que solucionemos”.

Ordosgoitia es conservador uribista y, hace unos días, fue uno de los primeros mandatarios invitados por el Presidente a su programa de las tardes.

Y aunque, claro, elogia a Duque y dice que siente que desde el primer momento hubo concertación con el centro y que la línea nacional ha sido clave para, por ejemplo, evitar la eventualidad de que el vecino Sucre cerrara sus fronteras y disminuyera el suministro de leche en Córdoba; también firmó una carta junto al resto de alcaldes capitales del Caribe en la que señalan que las medidas del Gobierno en materia de servicios públicos y créditos para el sector informal “no están teniendo el efecto deseado”.

O sea, una queja en tono no tan alto por un reclamo ciudadano que llega directamente a oídos de los dirigentes en terreno.

“Es que aquí, por mucha visibilidad que se tenga, ni uno ni el ministro es el que aplaza el predial, ni el que reparte el mercado, ni el que anuncia el detalle del acceso al microcrédito”, afirma por su parte un congresista que es jefe político de un alcalde capital y prefirió no ser citado.

El Congreso, por cierto, pese a que llevaba todo el periodo presidencial actual mostrándole los dientes a Duque y tiene la facultad para revisar y aprobar o no los decretos presidenciales amparados en el estado de emergencia, hasta ahora se ha sentido más bien encuarentenado.

Después de una larga discusión sobre si debía sesionar o no virtualmente, esta semana por primera vez fue aprobado a distancia un proyecto (Comisión Primera de Cámara aprobó en el quinto de ocho debates la reforma constitucional que crea la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca), pero aún no hay consenso sobre el voto virtual de iniciativas y, aunque sí hay debates, la sensación general es que en esa corporación no pasa nada. 

(Seguramente comenzará a pasar cuando se decidan a controlar los decretos presidenciales de la emergencia, como escribió Héctor Riveros, pero no es claro qué día vaya a suceder eso).

La Corte Constitucional, por su parte, empezará a pronunciarse en dos o tres semanas sobre la revisión automática que debe hacerle al decreto que declara el estado de emergencia y todos los demás que han salido amparados bajo éste. Así nos lo contó una fuente de ese tribunal.

Mientras, los mandatarios locales sin hacer propiamente control pero sí adueñados de su rol, aplican las medidas nacionales según sus consideraciones, más allá de la reapertura gradual de los dos sectores que comenzaron a trabajar.

Por ejemplo, la alcaldesa de Santa Marta Virna Johnson y el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, ya anunciaron que, independientemente de lo que suceda el 11 de mayo, que es el día en que se acaba el actual periodo de cuarentena; para sus respectivos ciudadanos se mantendrá el toque de queda el resto del mes, todos los días de 8 de la noche hasta la madrugada siguiente.

Y estos días de aislamiento obligatorio también tienen sus matices en otras ciudades como Cartagena, en donde hay toque de queda las 24 horas tres veces a la semana.

(El alcalde de Cartagena, William Dau, por cierto, fue el primero del país en decretar toque de queda).

“Hay que tener en cuenta que los alcaldes ya tenían la facultad constitucional de manejar en sus respectivas ciudades el orden público, la salud y la atención social, que son las que en gran parte determinan las condiciones de una cuarentena”, dice el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.

Eso que parece obvio es clave para entender no sólo el empoderamiento frente al Gobierno Nacional, sino también la popularidad que -según se ha registrado en medios como Semana citando encuestas y mostró hoy la Gallup- muestran algunos mandatarios, incluyendo el mismo Duque.

En una situación en la que la ciudadanía ha cedido hasta su libertad de moverse, súbitamente se relegitima y resurge con fuerza el Estado representado en los funcionarios del Ejecutivo. 

“El Covid resolvió la discusión económica entre mercado y Estado, la mano invisible no es la que está resolviendo, sino el Estado”, agrega al análisis el secretario de Gobierno capitalino.

Aparte de poder y popularidad, otra consecuencia de la situación podría ser que los clanes políticos tradicionales que mandan en algunas regiones -y que han sido golpeados con los resultados de las últimas elecciones en Colombia- terminen reivindicándose con su gente, si lo hacen bien.

Evidencia de ello, por ejemplo, es que en Santander entre algunos ciudadanos del común que suelen ser críticos recientemente hayamos oído elogios al manejo que ha dado a la crisis el gobernador Nerthink Mauricio Aguilar, heredero de uno de los clanes más cuestionados de ese departamento.

Igual, todavía falta bastante agua por correr bajo el puente de este drama que tiene replegada a la humanidad, al límite a los dirigentes y cuyas dimensiones aún no se conocen del todo.

Por ahora, es claro que el ordenamiento territorial se reivindica en el país.

Desde hace unas horas está circulando en WhatsApp y Facebook una cadena que asegura que el presidente Iván Duque dijo que desde el 11 de mayo no habrá más cuarentena y que se reanudarán casi todas las actividades laborales.

Como varios de nuestros usuarios nos pidieron verificar la veracidad de la cadena, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es falsa porque presenta información que Duque aún no ha anunciado. 

Así se ve la cadena que está circulando en WhatsApp y Facebook:

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Por lo anterior, calificamos la cadena como falsa. 

Ana Gómez es una madre soltera de 32 años, residente del barrio San Bosco, un barrio comercial, pero pobre, en el centro de Cali.  Vive con su hijo de 16 años, su pareja de 40, un perro y un gato. 

Es una persona reconocida en el barrio, donde ha vivido gran parte de su vida. Por eso la busco, para que me ayude a entender cómo están viviendo esta cuarentena. Nos encontramos el martes a las diez de la mañana.

Su casa es de un piso; tiene dos habitaciones pequeñas, una sala, también pequeña y con dos boquetes en el techo, un baño y una cocina con una nevera vieja, los estantes prácticamente vacíos. Está cocinando frijoles. Una libra, que les alcanzará para comer tres días si lo racionan bien. 

Desde que arrancó la cuarentena, solo comen granos, harinas y huevos. Decidieron racionar las frutas y las verduras, y cancelaron la carne, que antes comían tres o cuatro veces por semana. Obviamente, ya no comen fuera de casa. Todos, incluso sus mascotas, han adelgazado considerablemente, dice Ana.  

“Ahora nos toca dormir más para que no nos dé hambre”, dice. Ellos - su hijo y su pareja - se despiertan a la 1 o 2 de la tarde, desayunan y vuelven a comer en la noche, se acuestan como a las 2 de la mañana, distraídos con la televisión y el internet (que tendrán hasta esa semana, porque se lo van a cortar por no pago). “Yo a veces como sólo una vez en el día para hacer rendir la comida, y no duermo, no puedo dormir con tanta cosa pasando por mi cabeza”. 

Su cotidianidad ha cambiado drásticamente desde que se ordenó la medida de aislamiento preventivo. 

Hasta ese momento, Ana y Luis, su pareja, vivían del día a día, pero no vivían mal. 

Trabajaban vendiendo comidas a domicilio; ella las preparaba, él las entregaba. En las noches, ella administraba un bar del centro de la ciudad, el mismo en el que los fines de semana Luis era contratado como bartender. 

Ahora, con el bar sin funcionar, y sin clientes a quién venderles sus comidas porque temen contagiarse, sus ingresos se han reducido a prácticamente cero. 

“Prefieren pedir en un lugar de comidas reconocido, que a un pequeño emprendedor”, me dice.

Ana ha querido reinventar su negocio, incluso empezó a confeccionar tapabocas, pero nadie le compra. Cree que tiene que ver con la predisposición y el miedo que la gente tiene con el virus. 

Los días de pico y cédula, Luis se las ha arreglado para ofrecerse como mensajero a cualquier persona que necesite alguna diligencia. Steven, el hijo de Ana, que hasta antes de la cuarentena estaba cursando bachillerato acelerado, no ha podido continuar con sus estudios debido a que no tiene computador; tampoco un celular para acceder a la educación virtual que está dando su institución. 

Su mayor preocupación es que no han podido abonar nada para sus deudas, que hoy ascienden a 3 millones. 

De arriendo deben dos meses, pronto se les cumplirá el tercero; y la dueña de la casa insiste en que al menos le den un adelanto, pues ella vive de eso y también está empezando a pasar necesidades. Además, deben dinero de un crédito que pidieron  y de otros dos préstamos de amigos. Ya están empezando a cobrar. 

A pesar de sus deudas y de que los alimentos en su casa son muy escasos, Ana no ha querido poner un trapo rojo en su ventana, que se ha convertido en un símbolo para las personas que necesitan ayuda.

“No he puesto el trapo rojo porque no quiero quitarle la ayuda a alguien que pueda necesitarla más que yo. Al menos aquí estamos sobreviviendo con lo mínimo, pero hay gente que ni eso tiene”, dice Ana, mientras abre la puerta de la casa. Quiere que la acompañe a visitar a sus padres, de 82 y 70 años, que viven a muy pocas cuadras de su casa.  Los visita día de por medio, para cuidar que estén bien. 

Los trapos rojos y los sin techo

El barrio San Bosco está ubicado en el centro de Cali, entre las carreras 10 y 15 y las calles 5 y 13. Es un barrio comercial, con varios talleres de carros y sus proveedores. Viven unas 5 mil personas, de los cuales casi 900 son mayores de 60 años. Es estrato 3, pero según Ana, esa estratificación no da cuenta de las necesidades que hay allí. 

En las cinco cuadras de camino que hay entre la casa de Ana y la de sus papás, hay más de 30 trapos rojos colgados de ventanas y puertas; en una cuadra, hay tres casas seguidas con trapo. 

Afuera de ellas, dos mujeres, sentadas en sillas rimax, frente a su casa con la puerta abierta de par en par, me miran expectantes. Cuando les pido permiso para tomarles una foto me dicen que tienen hambre.  

Ni ellas, ni los niños que juegan alrededor, usan tapabocas. Tampoco conservan el mínimo de distancia requerido para prevenir el contagio. 

“Ese es el otro mal que nos está aquejando”, dice Ana. “La ignorancia. La gente insiste en salir, a pesar de que sabe el peligro que corre. Pero si a esa ignorancia, le sumas el hambre, no hay mucho que se pueda hacer para controlarlos”. 

Más trapos rojos. 

Cada cuadra suma 5 o 6 casas con este distintivo. En esas casas, dice Ana, viven unas cinco personas; en algunas, hasta diez.

Hasta el 28 de abril, la Alcaldía de Jorge Iván Ospina había entregado ayudas a casi 130 mil familias en Cali, entre mercados, bonos de plata y kits de bioseguridad. Planean seguir entregando estos alivios hasta el 11 de mayo, y superar la cifra de 200 mil hogares beneficiados. Sin embargo, muchas personas de este barrio dicen que todavía no les ha llegado nada.

Y es que no son sólo las familias más vulnerables las que pasan necesidades. En el barrio de Ana hay muchas personas que hasta antes de la cuarentena vivían bien, como su familia, gracias a emprendimientos, ventas ambulantes y negocios, que también se han vistos obligados a sacar un trapo rojo; en ese pedazo de tela guardan su esperanza. 

Varios talleres de mecánica están abiertos, a la espera de clientes. Uno de los dueños, quien se expresa a la defensiva, como escapando de un cuestionamiento, me dice que de su taller dependen las familias de sus nueve empleados, la mayoría de ellos muy jóvenes. Viven de lo que ganan en el taller y con eso mantienen a sus familias. 

Empezaron a trabajar desde el lunes. “El trabajo ha estado escaso, estamos esperando a ver si llega algo”, dice un trabajador del lugar.

Las medidas de bioseguridad que tienen son mínimas; algunos empleados cuentan con tapabocas.  No tienen guantes, caretas y tampoco desinfectante. 

Todos concuerdan en que prefieren correr este riesgo a que sus familias mueran de hambre, esperando una ayuda que quizá nunca llegue. 

Ana dice que con la reapertura de estos talleres, varios vendedores ambulantes, que viven en el sector, han empezado a salir. 

“Controlar el hambre es muy difícil, mucho más cuando la gente desconoce los alcances de una pandemia como ésta. ¿Pero qué se puede hacer?”, se pregunta. “O se mueren de hambre o intentan sobrevivir, de eso se trata todo”.

También regresaron los habitantes de calle. En ese trayecto hacia la casa de los papás de Ana, vimos más de 50, deambulaban por ahí. Uno que otro con tapabocas, la mayoría sin ninguna protección. Casi todos descalzos, rebuscando en las basuras sin ningún cuidado. 

En una cuadra, se concentran la mayoría. Es un expendio de drogas. En poco más de 100 metros, hay otros cuatro expendios donde venden basuco, coca, marihuana y ‘pepas’. 

En una de las esquinas, una habitante de calle, sentada en el andén, con 7 u 8 meses de embarazo, un oso de peluche sucio entre las piernas, intercambia objetos con otros cuatro indigentes, sentados a su lado. Ninguno tiene protección

Son indiferentes a lo que está sucediendo en esta ciudad, la segunda con más casos de contagio de coronavirus en el país: 696 casos confirmados hasta el martes, y 42 fallecidos. 

Cuando intento tomar una foto, Ana me recomienda no hacerlo, y apretamos el paso. 

Al otro lado de la acera, un indigente, acostado en el pavimento está sudando a borbotones; hace mucho calor, está deshidratado, y con dificultad, balbucea un par de palabras. Ana se acerca y le da dos naranjas, que se engulle. “Los habitantes de calle son un foco gravísimo de contagio”, dice Ana. 

Según la Secretaría de Bienestar Social, la Alcaldía de Cali ha prestado una atención especial durante la pandemia a los habitantes de calle de las comunas 3, 18, 9, 6 y del Centro de la ciudad, sectores en los que hay mayor concentración de ellos.  

Durante el fin de semana pasado, les tomaron la temperatura y chequearon si presentaban algún síntoma. Además, les explicaron cuáles son los puestos de atención donde podrán ir a recibir alimentos y participar en los programas diseñados por la Alcaldía. Como contamos en esta historia, cuatro fundaciones fueron contratadas para este fin, una de ellas, Samaritanos de la Calle, que también ofrece alojamiento para más de 200 personas de calle en San Bosco.  

El padre José González, líder de esta fundación, dice que diariamente están dando comida a 1600 habitantes de calle. “Es muy difícil atenderlos a todos porque son demasiados, pero estamos garantizando su alimentación en este tiempo tan duro”, dice el padre. 

El alojamiento sólo se está dando a las personas que quieran iniciar un proceso de resocialización.  Según él, al barrio San Bosco migraron muchos habitantes de El Calvario y de San Judas, de donde fueron expulsados para construir un centro comercial, una terminal del MIO, una ciudadela de la justicia con un búnker de la Fiscalía y edificios. Es imposible saber cuántos son.

Finalmente llegamos al edificio de los papás de Ana. Viven en un tercer piso. La atienden por la ventana, para evitar cualquier tipo de contagio.

A ellos también les cambió la vida en este mes y medio. 

Antes, su rutina empezaba a las cuatro de la mañana, hora en la que armaban los buñuelos, pandebonos y hojaldras que vendían en un puesto ambulante afuera de un supermercado, donde guardan la freidora, y otros enseres que utilizan para su trabajo . 

Trabajaban hasta la 1 de la tarde, almorzaban en un restaurante y volvían a casa para descansar. Ahora están todo el día encerrados; comen gracias a las ayudas de la dueña del supermercado y al subsidio del Gobierno para los adultos mayores. Sin embargo, la comida es escasa.

A ellos dos les han ofrecido volver a trabajar, la dueña del supermercado les ha dicho que pueden atender desde adentro; y ellos, con el deseo de tener de nuevo ese ingreso, planean salir pronto. Ya lo habrían hecho si no es porque Ana se opone rotundamente, y esa es otra de las razones por las que tiene que ir a vigilarlos, para que estén en la casa. 

Su madre, de 70 años, tiene problemas de presión y de corazón, por lo que un contagio sería peligroso. Su padre, de 82, “tiene la fuerza de un roble”, dice Ana, pero a esa edad la posibilidad de sobrevivir a un virus de estos es baja. 

Hasta el momento, de los 269 fallecidos en el país, 196 han sido mayores de 60 años, tres de cada cuatro.

Ana no sabe qué hacer. El desespero se nota en su voz; no sólo le preocupa su situación y la de sus papás, también carga, voluntariamente, con el sufrimiento de todas esas personas de su barrio que no han recibido nada de nadie. 

“Aunque nadie debería cargar con el sufrimiento de otros, yo sí creo que con esfuerzos colectivos, se pueden hacer grandes acciones, no sólo aquí en mi barrio, sino en tantos otros que están igual o incluso en peor condición. Sólo debemos empezar a pensar y a actuar más allá de nuestro individualismo”, concluye Ana.