Motos quemadas a la entrada de un pueblo. Homicidios por violar la cuarentena. Un retén del que salió un carro quemado porque había sospecha de que llevaban un infectado de coronavirus. Una granada a un billar porque ya les habían advertido que lo cerraran y como no hicieron caso, tres muertos. Retenes, algunos presionados por ellos, para que nadie entre o salga sin su permiso. 

Así se vive el coronavirus en muchas regiones de Cauca, Nariño, Guaviare, Meta, Caquetá, Catatumbo y Arauca desde que el presidente Iván Duque declaró la emergencia sanitaria a inicios de marzo. Grupos armados de todos los colores, desde disidencias de las Farc, hasta ELN, EPL y autodefensas gaitanistas, han comenzado a presionar a las comunidades para que cumplan la cuarentena.

Lo hacen no sólo por evitar una infección en sus propias filas, algo que no podrían controlar porque los expondría a terminar en un puesto de salud delatándose, sino también como una forma de seguir expandiendo su control social y como una oportunidad para ganar más legitimidad.

“El gran cambio que yo veo, que no es una reconfiguración, sino un cambio en la relación entre grupos armados y la población civil, es que varios grupos ven que prevenir que el coronavirus llegue a los territorios y a sus filas, es una oportunidad para ganar algo de legitimidad entre la población local”, explicó Kyle Johnson, investigador en temas conflicto armado y paz en una charla de La Silla.

“Los grupos están tratando de aprovechar que el virus no ha llegado para luego decir el virus no llegó acá por nosotros y ese es un factor clave a futuro”, dijo.  

De videos, panfletos y paros armados…..

Este tema está tan complicado que ayer la Defensoría del Pueblo sacó una alerta temprana que le mandó a la Ministra del Interior, Alicia Arango, que dice que hay 72 actividades de grupos armados relacionados con el coronavirus. De estos, 41 son hechos violentos, justificados en la emergencia sanitaria.

AT N° 018-2020 (1) by La Silla Vacia on Scribd

De los 41, 14 son atribuibles a las disidencias de las Farc; 11 al ELN; 6 a grupos posdesmovilización de las autodefensas, dos al EPL y los demás son de grupos armados de delincuencia organizada o de los que que aún no es clara la autoría. 

Incluso alertan que hay 10 homicidios  “que presuntamente fueron cometidos como retaliación por la transgresión de medidas impuestas”. Siete de ellos sólo en Cauca, uno en Arauca y otro en Nariño.

“Todo esto es una manera de acentuar su poder. De adjudicarse y legitimarse en el territorio a través de imponer medidas asociadas con el virus”, dijo a La Silla Mateo Gómez, de la Defensoría. 

Son hechos que van desde videos en los que se ponen del lado de las comunidades que están haciendo retenes como una forma de ganárselas, o panfletos en los que dicen hasta qué horas salir, hasta homicidios para quienes incumplan. Y en ese péndulo, entre lo menos violento a lo más, es que también se pone en juego su legitimidad.

Están los que saludan que las comunidades se tomen la protección por su cuenta.

Por ejemplo, en zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander, donde aún no hay casos registrados, la disidencia del frente 33, que según dos fuentes en terreno (una fuente de una ONG que trabaja en esa región y otra del Ministerio Público que se mueve allá) está coordinada con la banda de Iván Márquez, sacaron un video, al estilo de la Segunda Marquetalia, en el que felicitan a las comunidades por ellas mismas tomar medidas para evitar la propagación del virus.

“Saludamos a todos los pobladores de esta hermosa región, felicitandolos por las medidas de prevención aplicadas desde la sociedad civil. Si no fuera por ellos, las condiciones serían diferentes porque ha sido una región abandonada por el Estado”, lee en un computador un hombre de camuflado. Incluso le reclaman a los alcaldes por “la forma folclórica en la que están manejando la situación”. 

Alegan que el Gobierno está “tildando a personajes de guerrilleros por interlocutar y pedirnos apoyo a nosotros”, algo que puede estar relacionado con la forma en la que los campesinos  están manejando los puestos de control en la zona. 

Un líder social y un Personero de la región nos contaron, por aparte, que en algunos retenes ha habido choques por controles radicales de parte de las comunidades. 

“A la Misión médica la paran a revisar si de verdad lleva pacientes de gravedad y solo dejan entrar y salir dos carros para traer mercado para abastecer el municipio”, nos dijo uno de ellos. 

Como en el Catatumbo las guerrillas son autoridad y a través de las armas dirimen problemas de convivencia, han circulado rumores de que algunos puestos de control en realidad son de los grupos ilegales, pero en La Silla no pudimos confirmarlo. 

Además de ese video, que tiene un discurso político que utiliza el coronavirus, hay por lo menos doce panfletos que han sacado los grupos armados desde que arrancó la cuarentena, en los que ponen reglas relacionadas con la pandemia. 

Son una extensión de las normas sociales que regulan la vida de la gente y que estos grupos, como una forma de control social y de expandirse, utilizan hace años, sólo que ahora sumaron a su arsenal el coronavirus, cuando antes no se metían con temas sanitarios o hacían toques de queda por un virus. 

Hay panfletos del ELN, del EPL, de disidencias de las Farc en Cauca, como la Dagoberto Ramos o la Carlos Patiño; o de las Guerrillas Unidas del Pacífico, GUP, en Nariño. 

“Se prohíbe la entrada y salida de lanchas que venga de otros municipios del Pacífico y que vayan a otros municipios” o “las personas de las veredas sólo pueden venir a mercar”, “a todo el hijo de puta que habra (sic) negocios de bebidas, billares, y discoteca, juego de naipe, dominó, parqués y bingo, se atienen a las consecuencias. No estamos jugando”  dice uno de las GUP, que salió el 2 de abril. 

Sólo en Tumaco, por ejemplo, La Silla confirmó con dos líderes sociales que grupos que están ahí, desde el Frente Oliver Sinisterra, FOS, y el Alfonso Cano, están imponiendo sus reglas en las zonas rurales.

“No sé si es estrategia de ellos para acercarse a su comunidad, pero si ellos nos ayudan a cumplir que la gente se cuide, no tengo objeción”, nos dijo un líder de un consejo comunitario en Tumaco, donde viven con el FOS respirándoles en la nuca. 

“Están haciendo eso porque ellos (armados) también le tienen miedo al virus. Esta es una oportunidad para ejercer fortaleza, ganar legitimidad”, nos dijo un líder de otro consejo comunitario en Tumaco.

El control llega al extremo de que en zonas como Candelilla, que queda al lado de la vía que comunica a Tumaco con Pasto, “la guerrilla ha quitado teléfonos, ha quitado la llave de los carros públicos para que no se movilicen”, nos contaba el padre Arnulfo Mina, que vive en ese municipio. Nos explicó que les quitan los teléfonos para "evitar que se comuniquen con otras personas. Eso puede motivar a la gente a salir, moverse, o que denuncie o grabe lo que esta pasando en la zona".

“Ellos dicen quien entra, quien sale. Entonces la gente se está confinando, desafortunadamente, pues por una parte para prevenir el virus, pero no es la autoridad competente, es al márgen de la ley”, agrega el padre Mina. “Entonces desde ese punto de vista está grave la ausencia del Estado y hay gente que todavía no les ha llegado ayuda, es decir, gente que está aguantando hambre”. 

Hay otros panfletos en los que la intención también es sacarle plata a la gente por violar la cuarentena. Como una forma de sustituir las extorsiones, que son más difíciles cuando todo el comercio está cerrado.

Por ejemplo, hay un panfleto de la disidencia Carolina Ramírez de las Farc en Putumayo, en el que cobran como ‘multa’ dos millones de pesos si son personas que vienen de otros departamentos. Igual con las lanchas que lleven más de dos personas abordo. 

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Panfleto de la Carolina Ramírez en Putumayo

Hay grupos armados que han ido incluso más allá, pasando de los panfletos con normas generales y multas, a amenazas de paro armado.

El ELN, que anunció que retomará operaciones militares a partir de hoy, ya pasó del panfleto con normas generales a la declaratoria de paros armados en zonas como Santa Rosa del Sur, en Bolívar, como una forma de imponer la cuarentena. Ahí sacaron un panfleto titulado ‘Paro Armado’ que dice que, “en vista de que no se han acatado las órdenes de prevención en contra del covid 19, nos vemos forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas”.  

Algo parecido está pasando en Arauca, donde además del ELN está la disidencia del frente 10 de las Farc. 

Una fuente del Ministerio Público que nos habló a cambio de no citarla, nos contó que el 9 de abril, guerrilleros del ELN amenazaron a unos migrantes venezolanos por no tener protección para el virus y les advirtieron que si no pasaban a Venezuela serían declarados objetivo militar.

Una semana después, la disidencia de Farc en la zona sacó un comunicado en el que se sumaban al llamado de prevención al coronavirus y amenazaron con paro armado si la gente no cumplía sus reglas, como toques de queda.

“¿En qué sentido esto legitima a los armados? pues sobre todo en la zona rural, donde no llega ni Fuerza Pública ni hay sistema de salud que aguante si el virus llega, es una forma de ellos de encontrar otra forma de control y cumplimiento de sus normas”, nos dijo esta fuente del Ministerio Público. “O si no, aquí la gente haría lo que se le da la gana y como ya no es sólo toque de queda, sino paro armado, la gente tiene más miedo y acatan”, agregó. 

Pero en otros casos las cosas han escalado incluso más.

Hasta homicidios, quemas de motos y granadas

El caso que más ha disparado las alarmas de la Defensoría es el de Buenos Aires, en Cauca, donde la disidencia Jaime Martínez de las Farc había sacado un panfleto advirtiendo que nadie podía andar en billares o tiendas y una semana después, el 26 de abril, lanzaron una granada a un billar que estaba abierto y dejaron cuatro heridos y tres muertos. 

O en Bolívar, también en Cauca, a principios de mes, hombres del ELN llegaron a una tienda y dispararon para asustar a los que estaban tomando, pero mataron a un señor. 

En Argelia, el grupo Carlos Patiño hizo un retén cerca de la entrada de la cabecera del pueblo y quemó varias motos. Lo mismo en Caloto, donde la Dagoberto Ramos puso un retén y quemó una moto por estar violando la cuarentena. 

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“Entre más severa la violencia, mayor costo puede tener para la legitimidad del grupo armado”, nos decía Kyle Johnson. “El asesinato, por ejemplo, puede minar cualquier consentimiento por parte de la población. En el caso de las motos quemadas, el costo sería bastante bajo o casi nulo, pues la severidad es baja”.

Estas medidas también muestran algo muy complejo y es la relación entre la población civil y los grupos armados ante este panorama y más cuando estos últimos viven del narcotráfico. 

En norte del Cauca, por ejemplo, se ha fortalecido el ejercicio de control de indígenas, afros y  campesinos, que son quienes arman los retenes en las entradas de los pueblos para prevenir que foráneos lleven el contagio, y eso le ha causado problemas a los armados en el tránsito de droga a los grupos. 

“Los armados están presionando en Caldono y Morales a la guardia, ellos no han podido hacer incursiones militares, presionan para que no hagamos controles y pensamos que también es para que ellos puedan pasar sus cargamentos de coca y marihuana”, nos dijo Giovanni Yule, delegado de la parte política del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. 

Incluso otra lideresa afro que nos pidió no citarla nos decía que a los puestos de control de las comunidades, “les ha llegado el ofrecimiento de grupos armados diciendo que ellos quieren ayudarlos, pero como lo de la Guardia es un ejercicio autónomo, dijeron que no”. Y por negarse, según ella, han crecido las amenazas de retaliaciones.

Verificamos la autonomía de estos retenes con la Defensoría del Pueblo y con una fuente de una organización internacional que está en la zona y en ambos casos nos dijeron que no tenían pruebas de que las disidencias o el ELN por ahora estén permeando estos retenes.

Sin embargo, hay zonas donde si se llegan a presentar, como por ejemplo en El Tambo, donde están en la mitad de una confrontación entre el ELN y la disidencia Carlos Patiño, “sería imposible que no esté mediado por armados”, nos dijeron en la Defensoría. 

Incluso en su alerta temprana dicen que encontraron “estrategias de instrumentalización de líderes/as para la difusión de normas de conducta, así como la puesta en marcha de retenes ilegales, instrumentalizando también a miembros de la comunidad para tal efecto, especialmente en el sur occidente del país”. 

En otros departamentos como Guaviare, la incidencia de la disidencia en los retenes sí es más evidente, lo que muestra cómo usan el coronavirus no sólo como una forma de aumentar su control. También que ponen a los campesinos como la carne de cañón para evitar que entre el virus.

En zona rural de San José del Guaviare y en La Macarena, en Meta, La Silla supo de retenes que hacen los presidentes de juntas de las veredas, pero “los hacen con la amenaza de la tercera instancia. Es decir, si la gente no les hace caso a ellos, pues ya saben con quién les toca entenderse después”, nos dijo una fuente humanitaria que no citamos por su seguridad y se refería a la disidencia de Gentil Duarte. 

Incluso otra fuente que trabaja en una organización internacional con presencia en terreno, nos confirmó que en uno de estos retenes había milicianos y como en estos pueblos prácticamente todos se conocen, fue fácil reconocerlos. “Estaban ahí controlando que el retén sí estuviera funcionando bien”, nos dijo.

Casi la misma foto la vimos en Milán, Caquetá, donde una fuente que lo sabe de primera mano nos contó que la alcaldesa no sabía si poner toques de queda, porque las disidencias tenían eso controlado y estaban presionando a los presidentes de junta para hacer los retenes.

Con todos estos métodos, el coronavirus pone nuevamente en evidencia que en muchas zonas los armados son la autoridad. Ahora, sanitaria. 

Si el virus no entra a estas zonas como hasta ahora, tal como mostramos, seguramente lo cobrarán como una victoria propia en el futuro. 

Con la llegada de Karen Abudinen al Ministerio TIC en reemplazo de la saliente Silvia Constaín, el presidente Iván Duque pone a una de las mujeres más poderosas de Palacio y de su confianza a cargo de la cartera encargada de su bandera de modernización tecnológica del país; y manda un guiño a la bancada costeña, especialmente a la poderosa casa Char de Barranquilla, a la que el Presidente se ha ido acercando desde el año pasado y que son de la entraña de la nueva Ministra.

Pero la falta de experiencia de Abudinen en una cartera donde se requiere un conocimiento muy específico puede complicar las apuestas modernizadoras del Presidente, teniendo en cuenta que están en entredicho dos de los retos de ese Ministerio: el dominio .co cuya firma de contrato está en veremos y la polémica subasta del espectro electromagnético de los operadores de celular, ambos en la mira de la Procuraduría.

La apuesta política

La salida de la ministra Constain era un rumor en el sector TIC desde inicios de año. Arrancando esta semana se hizo efectiva, luego de aceptar un alto cargo en una multinacional gringa que hará el anuncio la próxima semana. Duque aceptó la renuncia el martes en la noche y solo horas antes de hacer el anuncio, Constain supo quién era su reemplazo.

Con este nombramiento, Duque continúa cambiando el perfil de sus ministros que arrancó este año, al posesionar a personas con nexos y experiencia en lo político, con la esperanza de ganar así gobernabilidad en el Congreso, tras el fracaso de su primera agenda legislativa.

Así ocurrió con los nombramientos de un político de la U en el Ministerio de Trabajo; de un aliado de los conservadores en el Ministerio de Agricultura y de una cuota técnica en Cambio Radical en el Ministerio de Salud, como contamos.

Si bien el MinTic no es un ministerio políticamente relevante, desde que se expidió la Ley TIC, que le da más control al gobierno en aspectos como la regulación de comunicaciones, la cartera ganó más dientes. Además, tiene presencia con 949 puntos ‘Vive Digital’ de acceso a Internet en todo el país, una nómina de contratistas en el servicio postal 472 -que en época de Santos fue un fortín de Cambio Radical- y 1.4 billones de ejecución anual.

Quien llega

Abudinen es una abogada barranquillera, que ha hecho la mayor parte de su carrera en el sector público, arrancando en 2001 como auxiliar de la Corte Constitucional; entre 2002 y 2008 trabajó como consultora del BID y luego por un año como consultora del Banco Mundial; para 2011 era secretaria de Educación de la alcaldesa barranquillera y charista Elsa Noguera; en 2013 fue directora de primera infancia del Icbf y en 2015 volvió a Barranquilla para asumir la secretaría de Educación en la alcaldía de Alex Char. 

En 2017 fue la última directora del Icbf del gobierno de Juan Manuel Santos y a partir de agosto de 2018, entró al gobierno de Iván Duque como consejera de las regiones en Palacio.

Tiene la doble condición de ser amiga del Presidente desde hace 20 años porque trabajaron juntos en el BID y al mismo tiempo ser parte de la poderosa casa Char de Barranquilla, a quien Duque se ha acercado y cuya bancada en el Congreso de diez miembros eventualmente puede necesitar para sacar adelante sus proyectos.

También es muy cercana a los hermanos Daes, unos de los supercontratistas de Barranquilla.

Por esa cercanía es que dentro del Barranquilla político y del Congreso, Abudinen fue vista como cuota de los Char durante el gobierno de Santos y ahora con Duque.

En Palacio, dos fuentes nos dijeron que su llegada no hace parte de las componendas políticas de Cambio Radical (el partido de los Char) con Duque. “Es una decisión de absoluta confianza del Presidente”, nos dijo uno.

Una versión similar nos dieron los seis congresistas de ese partido con los que hablamos para esta historia. “Eso es enteramente de Duque, a nosotros no nos dijeron nada”, nos dijo uno del ala charista y los cinco más, entre charistas y vargaslleristas, respondieron de la misma manera.

En todo caso, las intenciones de que el clan entre formalmente al Gobierno no son nuevas.

Como contamos a inicios de año, el Presidente le propuso al saliente alcalde Alex Char formar parte de su gabinete, que él rechazó por la baja popularidad del mandatario y su posible aspiración presidencial en 2022. 

Y cuando el MinSalud fue asignado a Cambio Radical, los Char se quedaron con el Viceministerio de Salud, a cargo de Luis Moscoso, quien venía de ser secretario de Salud de Jaime Pumarejo, actual y el tercer alcalde charista de Barranquilla. 

El jefe de la cartera, Fernando Ruiz, es visto dentro de la bancada como un aliado de Germán Vargas Lleras, el contrapeso de los Char dentro del partido.

La Silla no conoció de una intención explícita de Duque de darle todo un Ministerio a los Char, pero la cercanía de Abudinen a esa casa y a los políticos charistas sí le ayuda al Presidente para mantener una relación estrecha con el clan. Y en general, con los políticos del Congreso, porque Abudinen como consejera regional y consejera política encargada hasta hace unos meses, logró convertirse en los últimos dos años en una figura clave para los políticos en regiones y en el Congreso para acercarse a Palacio.

Como consejera fue la encargada durante dos años de hacer los talleres Construyendo País, con una agenda que ella misma armaba con cada gobernador y alcalde del municipio que visitaba Duque cada sábado.  Así mismo, con los congresistas de la zona. 

“En la consejería uno le podía decir: ‘mira hay una situación en tal municipio, por qué no hacen un consejo de esos del presidente allá’, y a veces lo hacía”, nos contó un político charista.

Más recientemente en la pandemia, como contamos ayer, era con la jefe de gabinete y otra poderosa de Palacio, María Paula Correa, la encargada de llamar a los alcaldes y gobernadores para conectarlos con los ministros del gabinete para enfrentar las emergencias que surgían.

En el Congreso también fue una figura clave para sacar adelante los proyectos bandera del Gobierno. Así fue con la ley TIC, donde comenzó a acercarse al sector que ahora va a manejar, y fue uno de los apoyos que mandó Palacio a la ministra Constain para que la ley no se hundiera.

Según nos contó un exasesor que estuvo en la movida de esa ley y nos lo corroboró por aparte un congresista, Abudinen ayudó a que la bancada costeña del Senado aprobara la ley, al sentarse con cada uno de los senadores a contarles en qué consistía cada artículo.

Para ese momento, el Gobierno tenía la estrategia de concertar cada artículo con los ponentes y los congresistas interesados en plenaria, que eran casi todos, para que la ley pasara, como contamos.

En este caso, “Karen se fue con uno a uno y les decía cómo la ley le convenía para su región, con datos les mostraba cuántas conexiones habría, les hacía las cuentas. Ella fue artífice política de eso”, nos dijo el exasesor. “Eso ayudó, porque la Ministra regañaba a los congresistas”.

Eso también contribuyó a acercarla al gremio, como nos dijo el presidente de la cámara colombiana de informática, Alberto Yohai, un poderoso del sector, que aplaudió la designación.  

Otro miembro del sector de telecomunicaciones dijo que "Karen va a darle una visión regional importante...Y sobre todo, parece que va a ser más eficiente en que los procesos puedan salir bien sin que todo quede en manos de abogados".

La apuesta oficial de tener a Abudinen en ese cargo, según dijo Duque ayer, es cumplir su promesa de gobierno de aumentar del 50 al 70 por ciento la cobertura de redes de internet y telefonía al terminar su mandato, un salto necesario para implementar el teletrabajo, la educación virtual y la telemedicina en un mundo en pandemia.

Abudinen llega con la habilidad política pero sin los conocimientos a una cartera de corte eminentemente técnico, clave ahora para enfrentar dos retos complejos.

Dos megaproyectos son retos

Una vez hecho el anuncio de Duque en Palacio, asesores de la oficina de Abudinen comenzaron a pedir informes de cada dirección del Ministerio, los procesos de los viceministerios, las finanzas de la cartera y demás, para arrancar hoy viernes el empalme con Constain.

Posiblemente porque no tiene experiencia y conocimiento en el sector, según supimos, dentro del primer grupo de asesores de la saliente ministra Constain -quien venía de trabajar en Apple y Facebook- hubo molestia por el nombramiento.

No es una novedad tampoco que esa cartera sea dirigida por un político: tras la salida de Diego Molano, experto en el tema, de ese ministerio en la época Santos, el entonces presidente puso a David Luna, un político de carrera liberal. Lo raro es que Duque, que se precia de tener técnicos, ponga a alguien que no tiene más experticia política que tecnológica en el ministerio encargado de aterrizar su bandera tecnológica.

Si bien la idea de Palacio, según las fuentes consultadas allá, es que el Ministerio tenga un corte más regional, dos retos inmediatos que distan de ese objetivo.

El primero y más inmediato es la entrada en vigencia del contrato de comercialización del dominio .co, que fue adjudicado a la empresa CO Internet el 3 de abril. 

Ese contrato permite hasta 2025 que la empresa comercialice el dominio .co ante otras empresas y le dé ganancias por esas ventas al Estado.

El dominio .co le pertenece al Estado colombiano y a su vez es una de las direcciones más apetecidas del mundo porque se relaciona con marcas, compañías y corporaciones comerciales. 

En los últimos años, según registros del MinTic, ha habido 2.2 millones de ventas de ese registro en internet y ha representado 41 mil millones de pesos para el fondo público de las TIC.

La saliente ministra Constain presentó la venta del dominio como un gran logro para Colombia porque la Nación recibirá el 81 por ciento de las regalías de las ventas que se hagan de las páginas de Internet con la sigla .co.

Sin embargo, el 20 de abril la Procuraduría pidió suspender el proceso, abrió investigación a la secretaria general de la entidad, Luisa Trujillo, por irregularidades en la adjudicación y pidió revisar cómo se llevó a cabo la asignación de las ofertas económicas de los proponentes.

Eso porque el oferente que perdió, el consorcio colombo-inglés-alemán DotCo, denunció que el Ministerio erró su cálculo en la evaluación de las propuestas económicas durante la audiencia, al parecer, por un error en el excel que usaron para la licitación.

El Ministerio, en respuesta, alegó que no hubo irregularidad, que los oferentes estuvieron en tres sesiones previas y no presentaron quejas de la fórmula aritmética y pidió revisión de todos los procesos.

Como la adjudicación no se puede echar para atrás jurídicamente, el Ministerio suspendió la firma del contrato hasta este 8 de mayo, fecha límite que, por norma, se tiene que firmar la adjudicación. Así que firmar el polémico contrato será una de las primeras labores de la nueva Ministra.

El segundo desafío es mucho más técnico y tiene que ver con la subasta del espectro electromagnético, que también investiga la Procuraduría.

Esa subasta permitía adjudicar las licencias a los operadores de telefonía móvil, ampliar la cobertura de señal celular para que sea de última tecnología y conectar a más regiones y usuarios en el país.

Arrancó en diciembre y terminó en febrero con controversias porque la firma islandesa Partners compitió con los operadores Telefónica, Claro y Tigo para quedarse con un pedazo (bloque) de la banda del espectro de 700 megahertz y otro de los 2.500 megahertz. En el primero hubo un presunto error.

La empresa propuso comprar ese pedazo por 1.7 billones de pesos, 10 veces más de lo que se estaba ofreciendo por ese bloque (174 mil millones). Tras ganar la subasta, que dejó por fuera a Telefónica, Partners dijo que hubo un error de tecleo, que no ofertó 1.7 sino 174 mil millones y que retiraba su oferta. El Ministerio sancionó a la compañía con 42 mil millones de pesos, pero le mantuvo los otros bloques donde ganó la puja.

Por eso, la Procuraduría le abrió una investigación al director de industria del Ministerio, Jorge Barbosa, quien organizó técnicamente la subasta. 

Además, la decisión provocó una cascada de críticas de las demás compañías operadoras y de expertos como el crítico Omar Rincón, por lo bajo de la multa y porque Partners no iba a salir del negocio a pesar de que le había beneficiado haber apostado tan duro por la frecuencia menos apetecida. Además de demandas de las demás compañías.

Así las cosas, si bien Abudinen entra a la entidad con una gran cercanía a su jefe, con el apoyo de poderosos regionales y respaldo político, lo técnico de acá en adelante podría pasarle factura.

Varias mujeres alrededor del mundo han liderado el manejo de la crisis generada por el coronavirus: desde Jefas de Gobierno como Ángela Merkel en Alemania o Jacinda Ardern, en Nueva Zelanda, hasta la alcaldesa Claudia López, que tiene la popularidad más alta de todos los alcaldes capitalinos desde 1994 según la última encuesta Gallup, pasando por la epidemióloga Zulma Cucunubá o la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina.

Para analizar si hay un estilo de liderazgo femenino más allá de la pandemia, si varía dependiendo los contextos, las sociedades, las culturas o las condiciones de la mujer, La Silla Académica entrevistó a Alba Nubia Rodríguez, quien hace parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle y es autora del artículo “Entre la violencia, la no violencia y la construcción de poder” producto de la investigación “Experiencias de violencia política y participación de mujeres en procesos organizativos en el centro y norte del Valle”, con base en el cual hacemos esta entrevista.

La crisis venezolana se está agravando con la del Coronavirus. No solo por los riesgos de la migración en términos sanitarios, sino también por hechos como que es una frontera viva por donde sigue habiendo un intercambio de mercados ilegales o la crisis del petróleo que le pega muy duro al vecino país. 

En esta Charla en La Silla, que hacemos gracias al patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la alianza con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hablamos con María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP; Andrew Selee, Presidente del Migration Policy Institute; y Ligia Bolívar, coordinadora de AlertaVenezuela.

Finalmente, el ministro Alberto Carrasquilla aceptó que la única posible salida a la debacle económica producto de las medidas de aislamiento adoptadas para afrontar la pandemia son los subsidios estatales. La próxima semana el Gobierno decretará una nueva emergencia económica y abrirá la llave de esos instrumentos que hasta ahora se había negado a usar. Para muchos será tarde, ya se habrán perdido decenas de miles de empleos y muchas empresas han optado por el cierre definitivo o por procesos de insolvencia.

Cuando se empezó a quemar la estantería muchos de los afectados llamaron al bombero, pero, como ocurre en muchos call centers de llamadas de emergencias, no hubo respuesta. Este ministro en particular no contesta. No responde a los medios, no participa en las comunicaciones gubernamentales, solo a veces atiende llamados del Congreso y “negocia” para contestar de último y sin interpelaciones. El viceministro hace de vocero mientras Carrasquilla en una actitud arrogante y antidemocrática se niega a la deliberación pública. “Déjelos hablar que yo tomo las decisiones” ha sido su actitud en estos dos años.

Y sí, él toma las decisiones. El Presidente parece que solo las avala. Él tampoco ha logrado que Carrasquilla vaya siquiera una sola vez a los programas oficiales que se han transmitido con todo el gabinete en esta época de crisis. Tampoco lo había logrado llevar antes a un encuentro ciudadano. Ya esta semana Carrasquilla llamó al Presidente a contarle las conclusiones que por fortuna son que dará créditos condonables a cambio de preservar el empleo y otras similares que para la mitad de los agentes económicos serán tardías. Pequeñas y medianas empresas ya se quemaron. Hicieron lo que pudieron con los extinguidores que tenían, intentaron ir a los bancos, pero el fuego iba más rápido y Carrasquilla no contestaba.

El ministro de Hacienda ha autorizado muy poco: tomó unos ahorros que eran de otros para financiar el FOME, anticipó el pago de unos subsidios monetarios ya programados para adultos mayores y jóvenes, “permitió” que los trabajadores que se quedaran al menos transitoriamente sin ingresos usaran sus -sí sus de los trabajadores- ahorros depositados en los fondos de cesantías, adelantó la devolución del IVA con el objeto no de paliar la crisis social sino de abrir la puerta para grabar a toda la canasta familiar, acudió al viejo e inútil instrumento de las líneas de crédito y se ha negado a reconocer que ha ocurrido un hecho imprevisto que cambió totalmente las condiciones de los negocios y las obligaciones.

Los recursos para mejorar la capacidad del sistema de salud son los mismos que le debían antes de la pandemia que han ofrecido, ahora sí, pagarlos, pero tampoco los han pagado aún. El ingreso solidario de 160.000 pesos a tres millones de familias es realmente lo único adicional que el Gobierno ha adoptado para semejante tragedia.

No en vano Colombia es uno de los países de América Latina que menor porcentaje del PIB ha destinado para financiar programas dirigidos a atender la crisis. Perú destinó el equivalente al 12%, Chile al 7%, Brasil otro tanto y Colombia menos del 2%. Ni qué decir países con economías más robustas que han llegado hasta el 20%.

Decretar una renta básica universal (ingreso solidario para todos los afectados); subsidiar la nómina, a los trabajadores independientes y por cuenta propia; asumir parcialmente los costos de servicios públicos de poblaciones afectadas; condonar créditos; reconocer indemnizaciones para actividades económicas que se vuelven transitoriamente prohibidas; adoptar remedios legales para resolver las contingencias de negocios como arriendos y contratos de crédito con los bancos y no dejarlos a la deriva del “pónganse de acuerdo” son decisiones que han adoptado gobiernos de todos los colores y que han recomendado hasta los economistas más ortodoxos. El Gobierno, por decisión de Carrasquilla se ha negado a acogerlas y solo a partir de la próxima semana empezará a adoptar algunas de ellas, cuando ya el desempleo estará llegando al 18% según los cálculos más optimistas.

Los nuevos decretos de emergencia económica coincidirán con la ampliación de la cuarentena que el Presidente ordenará para después del 11 de Mayo y hasta el final del mes y con el anuncio de que una importante cantidad de actividades económicas quedarán prohibidas transitoriamente por varios meses. Las empresas de turismo, las de entretenimiento, los bares y un largo etc estarán notificadas formalmente, o al menos eso esperamos, que por varios meses no podrán ejercerlas.

A otros como el transporte aéreo y el intermunicipal los mantendrán expectantes, no tendrán que creer las fechas de los decretos porque valdrán más los trinos presidenciales o del superintendente de industria y comercio como ocurrió en estos días con Avianca, empresa a la que el decreto presidencial le advertía que el tráfico aéreo estaría cerrado hasta el 11 de Mayo y ayer le comunicaron por televisión que no, que su actividad estaba suspendida indefinidamente.

La ampliación de las excepciones a la prohibición de circulación que incluirá algunos otros sectores económicos y algunas regiones no tranquilizarán suficientemente y la única consecuencia del nuevo anuncio presidencial es que para efectos económicos seguirá habiendo consecuencias negativas que el Estado ha debido asumir en forma más oportuna.

Es difícil precisar cuántos empleos se hubieran logrado salvar si Carrasquilla hubiese aceptado hace cuatro semanas tomar algunos de los remedios que ahora acepta tomar, como sería difícil saber qué hubiera pasado si el bombero en vez de dar consejos de usar el extinguidor o pedir ayuda a los vecinos hubiera atendido el llamado rápidamente. Quizás no hubiera llegado a ayudar a recoger los escombros sino a parar el fuego antes de que las llamas lo consumieran todo.

Este fin de semana, dos escándalos golpean de frente la inteligencia de este país, y abren un nuevo cuestionamiento sobre el liderazgo del presidente Iván Duque y su ministro de Defensa sobre las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia. Dejan, en evidencia, además que si Duque no sabía, no controla la Inteligencia.

El primero son las nuevas revelaciones de la revista Semana sobre los seguimientos ilegales informáticos por parte del Ejército a los principales corresponsales internacionales en el país, a periodistas colombianos, a políticos de oposición, sindicalistas y ONG e incluso al ex secretario general de la Presidencia Jorge Mario Eastman.

El segundo, tiene que ver con una investigación de la Associated Press sobre el golpe fallido contra Nicolás Maduro planeado por venezolanos de la oposición desde Colombia, y con el conocimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, según contó Clíver Alcalá, el venezolano que estaba al mando de la fracasada operación.

Ambas noticias demuestran que mientras las disidencias siguen creciendo en todo el país (¿dónde está Gentil Duarte? ¿el grupo de Iván Márquez reconstruye sus alianzas?), el ELN se fortalece y la deforestación ilegal se dispara, una parte de los organismos de inteligencia dedican su tiempo y los recursos oficiales a investigar periodistas y políticos que critican al Gobierno o a las Fuerzas Militares y que no representan la más mínima amenaza a la seguridad nacional, y a pensar más en Maduro.  

El principal corresponsal en el que centraron su trabajo de ‘inteligencia’ fue Nicholas Casey.  

Nicholas Casey, el director de la oficina del Times para los Andes, es conocido en Colombia porque hace dos años, dos días antes de la primera vuelta presidencial, sacó un duro artículo en el que revelaba documentos desclasificados de hace dos décadas que hablaban de la supuesta relación del expresidente Álvaro Uribe con la mafia.

También fue uno de los autores de la investigación sobre los causantes del incendio de la ayuda humanitaria que intentó cruzar a Venezuela el 23 de febrero de 2019, y que dejó dudas sobre la versión oficial de que el culpable haya sido el gobierno de Nicolás Maduro.

Con esas y otras noticias, Casey no caía en gracia en el uribismo. Menos cuando fue el periodista del The New York Times que sacó la investigación que la revista Semana había engavetado (y que dio lugar a la primera renuncia del columnista Daniel Coronell), sobre la directiva del Ejército que crea incentivos por dar bajas de los grupos armados. 

La directiva del primer año del Ejército de Duque era polémica por su semejanza con aquella del Gobierno de Uribe a la que se le atribuye haber estimulado los falsos positivos (asesinatos de civiles inocentes para hacerlos pasar como muertos en combate), un crimen por el que están investigados más de dos mil militares. 

Como la misma revista Semana contó después, a raíz de esa investigación, arrancó una cacería de brujas por dar con los militares que habían revelado esa información dentro del Ejército, bajo el liderazgo del general Nicacio Martínez. También se montó un operativo de acoso y seguimientos ilegales contra el periodista de Semana que adelantó la investigación, incluyendo una negociación que fracasó con un sicario.

No obstante las denuncias que finalmente hizo Semana contra Martínez, el presidente Iván Duque se salió del camino para hacerle una despedida con honores al general Nicacio, que renunció por ‘motivos personales’. Fue de tal magnitud la ceremonia, que dos periodistas que cubren esos eventos nos dijeron que quedaron impresionados por la generosidad del Presidente.  

El mensaje a las Fuerzas de ese conmovedor adiós fue que Duque estaba de acuerdo con lo que sucedía bajo el mando del militar, toleraba esos abusos o que estos escándalos podían existir en las fuerzas sin que él se percatara.

Como el escándalo de las chuzadas en ese momento mencionaba a “un político importante” del partido del Presidente, el Centro Democrático, (Semana sabía el nombre pero nunca lo reveló, aunque en un acto inédito sacó un comunicado de la compañía diciendo que no era Álvaro Uribe), la reacción del Gobierno fue más que todo defensiva. 

El Ministro de Defensa dio la protocolaria declaración de que se “llegaría al fondo del asunto” como también la dio hoy el presidente Duque a raíz del segundo artículo de Semana.  Según supo La Silla, en efecto el Ministro ordenó en enero las pesquisas pero, aprovechando el desconocimiento que tiene de cómo funcionan las Fuerzas, los militares le embolataron la respuesta. 

El general Eduardo Zapateiro, que reemplazó a Nicacio, intentó sacar a algunos de los involucrados, pero según una fuente que tiene por qué saberlo, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, prefirió simplemente moverlos de lugar, a algunos al Comando General, mientras se enfriaba el escándalo.  “Saben demasiado”, fue la explicación de nuestra fuente. 

De cualquier forma, pasaron cuatro meses y el Gobierno nunca anunció los resultados de su investigación. Semana tampoco profundizó en el tema, a pesar de que en otros medios trataron de deslegitimar su investigación.

Hasta ayer, cuando reveló nuevos nombres de los ‘blancos’ de seguimiento informático por parte del mismo batallón de ciberinteligencia. 

Ahora sí importa

Coincidencialmente, 24 horas antes de la nueva publicación de Semana, y cuando ya estaban advertidos de la nueva denuncia, el ministro de Defensa Trujillo emitió el viernes un comunicado en el que anunció que 11 oficiales y un Brigadier General saldrán del ejercicio activo por investigaciones relacionadas con las chuzadas ilegales denunciadas hace unos meses. El Presidente Duque, por su parte, trinó "no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Pedí a @CarlosHolmesTru, desde que llegó a @mindefensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años."

Las denuncias de ahora, en su mayoría, no implicaban interceptaciones ilegales sino solo seguimientos informáticos con información mayoritariamente abierta, cruzando en algunos casos, bases de datos oficiales cuya consulta es ilegal sin que medie una orden judicial. Pero, en el caso de Casey, trataron, por ejemplo, de averiguar quiénes eran sus fuentes.  

Hacer un mapeo de la oposición política o de quienes pueden bloquear una agenda es una labor que puede hacer cualquier gobierno para preveer qué obstáculos tendrán sus políticas. Pero eso no puede ser una labor de los organismos de inteligencia (mucho menos de las Fuerzas Militares), ni puede hacerse para desprestigiar a los opositores ni dandoles el tratamiento de un enemigo del Estado.

En este caso, esos seguimientos tienen un componente que sí suele traer repercusiones: varios de los blancos de seguimiento son estadounidenses, que estaban siendo espiados con software y equipos donados por los gringos.

Los equipos, según supo La Silla, les fueron retirados por la CIA apenas se hicieron las primeras revelaciones a comienzos de año. Pero ahora lo que está en juego es la plata que estaba pendiente de aprobarse en Estados Unidos para los organismos de inteligencia.

También está en juego la imagen del presidente Duque frente a las autoridades gringas, algo sobre lo que él es particularmente sensible.

En todo este episodio, parece quedar claro que parte de los seguimientos a los corresponsales es producto de corrupción.

“Esa agencia de inteligencia extranjera entregaba a los batallones de ciberinteligencia aproximadamente 400.000 dólares anuales para adquirir equipos y herramientas informáticas”, explica Semana. Y cita a uno de los uniformados de esa unidad militar: “Algunos (militares) se quedaban con una parte de ese dinero y fabricaban informes ficticios para legalizar esos recursos con los gringos. Con lo que sobraba compraban los ‘software’ y demás herramientas para hacer esos trabajos especiales”.

Pero hay otras preguntas. 

¿Quién pedía los perfilamientos?

La primera, y más obvia, es ¿quién pidió hacer esos perfilamientos? y ¿Quién se beneficiaba de usar la información que consiguieran?

Hay otra, más clave aún:  ¿El Presidente Duque sabía? 

El ‘perfilamiento’ de esos corresponsales, políticos y periodistas colombianos corresponde a la primera fase del trabajo de inteligencia. La segunda fase, que es el ‘ataque’, consiste en hackear a los perfilados o en chuzarlos una vez el que pide el trabajo de perfilamiento evalúa si el ‘blanco’ vale la pena o no la acción ilegal. 

Saber con quién había hablado Casey era de interés directo para el general Nicacio, responsable por la polémica directiva.

Así lo explica Semana: “La orden de los mandos del Bacib, Caimi y Caci, fue que, por instrucciones de mi general, había que conseguir todo lo que se pudiera sobre el periodista gringo, especialmente porque consideraban que, por lo que publicó, estaba atacando a la institución y, en particular, a mi general Martínez. Había que averiguar con quién habló para eso y, además, conseguir elementos para tratar de desprestigiarlo a él y al medio. Eso se hizo con unos portales”, afirmó uno de los oficiales designados para esa labor.

“Rozo fue uno de los encargados de pagarle, entre otros, a un supuesto periodista muy conocido por tener procesos judiciales por golpear mujeres, para que publicara cosas falsas, amañadas, sacadas de esos perfiles”, contó a Semana el uniformado.

ElExpediente.com, portal de Gustavo Rugeles, el bloguero investigado penalmente por golpear a su pareja, sacó a raíz de la salida de Nicacio un artículo que lo presentaba como víctima de la corrupción de su antecesor durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el general Alberto Mejía.

Y a raíz del escándalo publicado por The New York Times, el mismo medio, que forma parte de una constelación de páginas web que publican y se retrinan entre sí historias y editoriales afines al uribismo, publicó en esas fechas una columna del abogado Abelardo de La Espriella titulada “El New York Times o la palabra de Dios” .

En dicha columna, De la Espriella dice que: “Hay un claro sesgo en la información publicada por el NYT, en lo atinente a la Fuerza Pública y el proceso de paz con las Farc, y no se trata de una coincidencia; todo lo contrario: asistimos a la ejecución de una estrategia burda de desprestigio sistemático contra el gobierno Duque, auspiciada por la mamertería foránea y local, léase: George Soros, Santos y compañía ilimitada”.

Luego pasa a desacreditar a Casey: “Si no es una conspiración, ¿cómo se explica entonces que el autor del artículo miserable en contra de nuestras fuerzas militares, Nick Casey, sea respaldado sin restricciones por el NYT, a sabiendas de que ese reportero fue seriamente cuestionado en el pasado, por hacer un análisis “especulativo” sobre Hamas y el estado de Israel, sin que la información fuera cierta?".

En redes, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, lideró la campaña de desprestigio contra Casey con el hashtag #CaseyEsFakeNews.

Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.
¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNewspic.twitter.com/EQdhqM2i1c

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 18, 2019

A Jorge Mario Eastman, el entonces secretario general de Palacio y ahora embajador en el Vaticano, lo perfilan una semana después de que fue a la revista Semana a tratar de convencerlos de no publicar la investigación alrededor de la directiva. Ya para entonces, Eastman era visto con sospecha por miembros del Centro Democrático y tenía una pelea con Luigi Echeverry, el también amigo y ex jefe de Iván Duque.

El perfilamiento de los periodistas colombianos de Rutas del Conflicto se dio después de que pusieron un derecho de petición solicitando información pública a las Fuerzas Militares sobre 200 convenios entre las Fuerzas Militares y empresas privadas, en su mayoría del sector mineroenergético. Las Fuerzas Militares solo les dieron una información parcial cuando perdieron una tutela y el juez los obligó a darla. El proyecto, ejecutado en alianza con la Liga del Silencio, una asociación de periodistas independientes, muestra que los recursos estaban siendo usados para adquirir paquetes turísticos, remodelar capitas y tiquetes aéreos para militares, comprar instrumentos militares, entre otros. La investigación también mostró convenios similares entre las empresas y la Fiscalía.

Los otros ‘blancos’ de investigación son los críticos corrientes del Presidente, como los senadores verdes Angélica Lozano, en ese entonces vicepresidente del Senado en representación de la oposición, y Antonio Sanguino, de la Comisión Segunda, que está a cargo de revisar y aprobar ascensos militares, entre otros temas.

Lozano fue una de las que ayudó a la representante verde Juanita Goebertus a mover la moción que lideraban en la Cámara frente al entonces ministro de Defensa Guillermo Botero por el bombardeo en el que murieron niños reclutados a la fuerza por las disidencias. 

La denuncia de Semana se suma a otra, que pasó también sin respuesta oficial, que hizo a mediados de febrero el teniente coronel Álvaro Amórtegui. En un video que publicó en redes sociales, Amórtegui denunció que al interior del Ejército estaban chuzando a los oficiales para presionarlos que no denunciaran la corrupción al interior de las Fuerzas. 

Aseguró que la inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas estaba siendo utilizada por algunos generales como una “herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas”.

Le pidió al presidente Duque y al Ministro de Defensa que investigaran los hechos. Dos semanas después, en otro video, publicado el 26 de febrero, Amórtegui denunció que había recibido amenazas por sus denuncias y dijo que extendería sus denuncias ante la Justicia Penal Militar.  La respuesta oficial del Gobierno es que investigarían, y hasta el sol de hoy.

El escándalo del DAS hace más de 15 años fue muy grave porque implicaba usar la inteligencia para perseguir periodistas críticos del gobierno, magistrados que investigaban al primo de Uribe y políticos de la oposición. Era una información conseguida ilegalmente para que la usaran en la Presidencia de Uribe. Ahora, es aún más peligroso, pues ni siquiera lo hace el organismo al servicio del Presidente sino que es la inteligencia del Ejército, que tiene la capacidad de actuar sobre esa información con las armas que tiene a su disposición.  En el escándalo pasado, Semana decía que la información era para un político del Centro Democrático. Ahora no dice para quién.

Como ya había contado La Silla, solo en 2020 ha habido seis grandes escándalos relacionados con el Ejército que muestran el desorden interno y la falta de liderazgo civil sobre las fuerzas. La mayoría de ellos relacionados con los organismos de inteligencia del Ejército.

Pero el viernes fue revelada otra noticia que también deja muy mal parado, internacionalmente, al Presidente y que pone en evidencia, en el mejor de los casos, su falta de control sobre los organismos de inteligencia. Esta vez sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La investigación de la AP

Una investigación de la Associated Press reveló con todo tipo de detalles el fracasado plan de tumbar a Nicolás Maduro en una operación ideada por opositores venezolanos del régimen del dictador.

Con base en entrevistas a más de 30 oponentes de Maduro y personas que participaron directamente en la operación o conocían el plan, el medio contó la historia de esta conspiración que se conoció brevemente en los medios hace un mes cuando Estados Unidos le formuló cargos penales a Maduro, a casi todo su círculo y a Cliver Alcalá, un ex militar venezolano, quien estaba a cargo de la conspiración.

Según la AP, Alcalá contó cómo él había seleccionado 300 soldados rasos que habían abandonado a Maduro, y que decenas de ellos estaban en tres campamentos en La Guajira. La idea es que ese ejército cruzara la frontera en camiones con armas y en 96 horas llegara a Caracas. Tenían la ilusión que los militares de Maduro -desmoralizados y con hambre- “colapsaran como fichas de dominó”, según la AP.

AP dice que no encontró ningún indicio de que autoridades de Estados Unidos avalaran las acciones ni que Trump hubiera autorizado una acción encubierta en contra de Maduro.  “Pero las autoridades colombianas sabían de sus movimientos, así como políticos prominentes de Venezuela y exiliados en Bogotá, algunos de los cuales compartieron sus conocimientos con autoridades de Estados Unidos, según dos personas que conocieron las discusiones”, dice la AP.

Un exfuncionario colombiano que lo supo de primera mano le dijo a la AP que Alcalá “abiertamente le contó sus planes de una incursión a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia en una reunión en junio y pidió su apoyo”.  Y el mismo Alcalá lo reconoció abiertamente en medios.

“Cuando los colombianos chequearon con sus contrapartes de la CIA en Bogotá, les dijeron que el ex Boina Verde (que entrenaba a los militares de Alcalá) nunca había sido un agente. Los huéspedes le dijeron a Alcalá, entonces, que dejara de hablar de una invasión o que se arriesgaría a que lo expulsaran, dijo el ex funcionario colombiano a la AP”.

En otras palabras, aunque la Dirección de Inteligencia sabía que se planeaban un golpe contra otro país desde Colombia no se movió a denunciarlo públicamente ni a expulsar al golpista del país ni a desmantelar los campamentos de subversivos de otro país.

El plan finalmente fracasó a principios de marzo cuando uno de los militares voluntarios fue arrestado después de cruzar la frontera a Venezuela. Y poco después, la policía colombiana paró un camión lleno de armas y equipos por un valor superior a los 150 mil dólares. Y Alcalá se entregó a las autoridades gringas y está en custodia en Nueva York esperando su juicio.

Frente a este incidente, el Gobierno de Duque no quiso dar declaraciones, cuando La Silla Vacía se le pidió a su portavoz Hassán Nassar, una explicación del Presidente. Solo se querían referir al indictment contra Maduro.

Ahora que entre las víctimas de los seguimientos ilegales hay estadounidenses, y que congresistas de ese país claves para la cooperación con Colombia se han mostrado escandalizados, seguramente el presidente Duque intentará ejercer sobre las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia el liderazgo presidencial que ha faltado desde que se posesionó so pena de quedar como cómplice de estos abusos.  

El pasado 18 de abril se conoció de la muerte del primer militar contagiado con coronavirus. Se trata de un hombre, de 29 años, que trabajaba en el Grupo Cabal del batallón de Ipiales. Se murió sin conocer todavía si estaba contagiado o no, porque la prueba llegó luego de su muerte. 

Pocos días después, se contagiaron 19 más y hoy hay al menos 150 hombres de ese mismo batallón aislados y a la espera de resultados.

De los 93 contagiados de Ipiales, 29 son del Ejército. 

Esta situación la denunció el Gobernador de Nariño, diciendo que los uniformados contagiados hacían labores administrativas y que hay 773 personas, entre personal civil y militares, que viven en las casas donde están los contagiados. Oficialmente, el Ejército no ha sacado ningún comunicado dando detalles del suceso. 

Es más, el Ejército dijo que el Gobernador no estaba autorizado para dar esa información, pues se iba a manejar internamente. 

Según el Alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, aún no es claro cómo se contagiaron y tanto la Secretaría de Salud de Ipiales como Sanidad del Ejército están haciendo la investigación epidemiológica para saberlo y hacer el cerco de contagios.

Si bien el virus pudo haber llegado a ellos de cualquier lado, ese grupo, en especial, está en riesgo porque es el encargado de resguardar la frontera de Colombia con Ecuador, que solo en Nariño tiene 294 kilómetros de largo con 37 pasos ilegales. Por allí, pese a los controles, se pasan en promedio 10 venezolanos al día. En lo que llevamos de cuarentena, el Ejército ha impedido el paso de 300 migrantes irregulares por la frontera. 

En esa frontera hay 503 soldados y 107 policías haciendo la contención. Según dijo el alcalde Villota, por ahí pudieron haberse contagiado. Sin embargo, en ese batallón también hay hombres del Ejército que han llegado de Tumaco, que también está en la frontera con Ecuador. 

Además, el Ejército y Policía son los encargados de patrullar las calles de Ipiales para que la gente cumpla la cuarentena, hacer controles, y entregar mercados y agua a la gente más pobre de la Frontera. 

Por eso, los militares son la otra primera línea de ataque frente al enemigo invisible, pero peligroso, el coronavirus. 

Justo por la importancia de su labor, el 13 de abril el presidente Iván Duque ordenó que los hombres y mujeres que estén próximos a finalizar su servicio militar obligatorio debían quedarse tres meses más. Al igual que los 11.479 auxiliares de Policía que trabajan en las ciudades y zonas urbanas. 

Lo hizo para cubrir los que esperaban reclutar Las Fuerzas Militares los primeros tres meses del año, y que por causa del coronavirus no pudieron. 

Es “necesario mantener los 16,241 soldados que cuentan con entrenamiento y experiencia operacional con el objetivo de fortalecer las acciones de control militar en la zona de frontera, cascos urbanos y área rural, además para brindar ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables de Colombia y apoyar las operaciones necesarias para controlar y mitigar el estado de emergencia sanitaria declara (sic) por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión a la pandemia Coronavirus COVID-19”, dice el decreto. 

Los tres meses extra empezarán a contar desde la fecha prevista de finalización de cada militar. Es una prórroga ya difícil, pues varios de ellos tendrían otros planes. Pero mucho más ahora por el riesgo que corren de contagiarse.

Indagamos con las oficinas de prensa del Ministerio de Salud y de Defensa sobre cuántos militares hay contagiados en este momento, pero ninguna entidad tenía la cifra. Desde salud nos dijeron que las cifras de contagiados que tiene la cartera está discriminada solo por ciudad. 

Las situaciones de riesgo

Los riesgos de contagiarse son altos. Por varias razones.

La primera, es que están en constante contacto. entre ellos y con civiles. Eso los expone mucho más que quienes están encerrados en sus casas. Además, seguirán expuestos si se hace efectiva la petición del Gobernador de Nariño al Gobierno de hacer un “incremento del pie de fuerza [..]  mucho más sustancial” en la frontera.

En época de coronavirus, no solo hacen control sanitario, sino siguen combatiendo y teniendo contacto con los ilegales. Solo la semana pasada, el Ejército trasladó a 20 desmovilizados del ELN en El Tambo, Cauca, uno de ellos herido. 

El segundo factor son sus condiciones de vida militar. Los soldados duermen juntos en habitaciones grandes, con camas de doble piso, y comparten todo, incluyendo el baño. Eso los expone, similar a lo que sucede en las cárceles, a que el virus se expanda rápidamente. 

“Nosotros le ayudamos al Ejército con elementos de protección, de Sanidad Militar también han enviado, pero donde hay tanta población en un mismo espacio es complejo.” dice el Alcalde de Ipiales. 

Para el Alcalde y para el Gobernador de Nariño urge que este caso y cualquier sospecha dentro de un batallón se atienda rápido, porque no solo se corre el riesgo de que el virus se propague entre los militares, sino que ellos contagien a la población civil con la que tienen contacto. 

Los protocolos y la protección

En el batallón de Ipiales, y especialmente en el grupo Cabal, donde están los contagiados, se cumplen estrictos protocolos de desinfección a la entrada y salida, lavado de manos, distanciamiento físico (en la medida de lo posible), y cuentan con los implementos de seguridad, según información de ese batallón del Ejército. 

Aparte de la situación de Ipiales, indagamos sobre las condiciones de salubridad con soldados en otras partes del país.

Tres soldados profesionales que están en Antioquia y Armenia dijeron que sí reciben su dotación diaria de tapabocas, gel antibacterial y alcohol y que se cumplen las medidas estrictas de prevención. Sin embargo, La Silla conoció un caso de un policía que está en Santander de Quilichao en Cauca, que hace control en los mercados para que la gente no se aglomere, que le ha tocado comprar sus propios tapabocas porque aún no le han dado la dotación oficial. 

“Si espero que me llegue no hago nada, me toca comprarlo a mí para protegerme”, le dijo a La Silla. No lo citamos porque tampoco está autorizado a hablar. 

Como medida de protección, la Policía está sacando a sus integrantes a trabajar por grupos. Quince días unos, luego entran a cuarentena por 15 días, y vuelven a salir, le contó a La Silla el mismo policía. 

La salud militar

Así como los diferentes hospitales del país han tenido que mejorar su capacidad de camas, en las Fuerzas Militares, que tienen un régimen especial de salud y sus propios hospitales, también se están preparando. 

Para un millón 300 mil personas, entre integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policías activos y retirados, pensionados y sus familias, hay 1607 camas de hospitalización. Y hay 47 camas UCI para adultos, 15 para UCI pediátrica y 16 para UCI neonatal. 

El plan de expansión es llegar a 2 mil camas de hospitalización, 90 camas UCI en sitios específicos como el Hospital Militar Central, el Hospital Central  de la Policía y el Hospital Naval de Cartagena, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa. 

Además, las Fuerzas Militares han adecuado en las regiones 1800 camas para aislamiento o atención de baja complejidad para los uniformados y en Bogotá se han adecuado tres puestos de atención: 200 camas en el Hospital Militar, 200 en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá y 260 camas en el Cantón de Artillería. 

En total las Fuerzas Militares tienen 49 hospitales de primer nivel, 12 de segundo nivel, y dos de tercer nivel o alta complejidad. Esos son el Hospital Militar Central y el Hospital Naval de Cartagena. 

Para la dotación, el Ejército no ha estado libre de cuestionamientos en medio de la emergencia. Hace dos semanas, se conoció en medios que El Ejército compró tapabocas N95 a 45 mil pesos, cuando su valor comercial no sobrepasa los 20 mil. El contrato de 200 millones de pesos ya está siendo investigado por el mismo Ejército.  La Procuraduría pidió toda la información sobre ese contrato para investigar los presuntos sobrecostos, pero el Ejército no la quiso entregar porque, según la entidad, era "secreta" y porque el ente de control no era el encargado de investigar, algo que La Procuraduría rebatió.  Sin embargo ayer, justo cuando el Ejército está en el ojo del huracán por el escándalo de seguimientos ilegales a periodistas colombianos, políticos de la oposición y corresponsales extranjeros, el Ministro de Defensa dijo que había puesto en conocimiento de la Fiscalía los posibles abusos con la contratación.

Más allá de ese tema de corrupción, con los primeros 29 casos de militares contagiado de Ipiales, los 3116 profesionales de la salud de las Fuerzas Militares se están preparando para evitar llenar hospitales, ya no a causa de la guerra, sino por el nuevo enemigo, el coronavirus. 

Tumaco, al sur de Nariño, es el segundo municipio con más casos reportados de coronavirus del departamento con 60 casos, luego de Ipiales que tiene 95. El puerto está muy expuesto al coronavirus por estar en la frontera con el Ecuador, un país con 29 mil casos confirmados, y porque no cuenta con los elementos necesarios para combatirlo. Por eso hoy, la pandemia le está cobrando factura por sus deficiencias en salud, servicios públicos, pobreza y empleo. 

En este podcast les contamos, a través de sus habitantes, como está el puerto hoy, su gente, y cuáles son los múltiples retos para enfrentar esta pandemia.

Nota del editor: Al momento de escribir el guión del audio había 28 casos confirmados en Tumaco. Hoy, cuatro días después y como lo escribimos en la introducción, hay el doble. 

Proyectos de turismo sin visitantes. Galpones con vacas ordeñadas, pero sin a quién vender la leche. Cultivos abandonados porque quedan a dos o tres horas de la casa y hay que cumplir con la cuarentena. La fruta que se vendía en una frontera, pero con ésta cerrada, el negocio en vilo. Casetas para hacer ropa sin nadie que la compre.

Como a casi todos los sectores productivos del país, los proyectos de los excombatientes de las viejas Farc tras dejar los fusiles están sufriendo un golpe por el coronavirus. 

Eso con el agravante de que se trata de iniciativas de negocio que apenas nacían, tal y como apenas arrancaba la reincorporación a la sociedad de los exguerrilleros.

La pandemia les está pegando a varias de sus iniciativas productivas, aunque de distintas maneras.

Tanto a los que aún quedan en los antiguos espacios territoriales de capacitación, Etcrs, que son 2.874 según cifras que nos pasó hoy la Agencia Nacional para la Reincorporación, ARN; como a los más de nueve mil que viven por fuera, ya sea en los llamados ‘nuevas áreas de reincorporación’, NAR, o regados en veredas o ciudades. 

Los más afectados son los proyectos que ya estaban en fase de comercialización y que en su mayoría son de agricultura o ganadería. El virus también les pasa factura a los proyectos turísticos que, por obvias razones, ahora no tienen visitantes a los que atender. 

“Las consecuencias más que todo económicas para los proyectos colectivos e individuales todavía son muy difíciles de medir”, dijo a La Silla Andrés Stapper, director de la ARN. Nos contó que justo están formulando un plan para ver cómo hacer que el golpe no sea tan fuerte.

Pero los excombatientes ya lo sienten fuerte. 

El golpe

De los 12.642 exguerrilleros farianos que están en la ruta de reincorporación, es decir, que reciben beneficios como la renta básica de 790 mil pesos al mes, o capacitaciones del Sena, la mayoría siguen sin proyectos productivos a casi cuatro años de la firma del Acuerdo de La Habana.

Según cifras de la ARN, a la fecha hay apenas 52 proyectos productivos colectivos aprobados en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, en el que se sientan Gobierno y Farc, que cobijan a 2.544 exguerrilleros. 

Hay otros 1.255 proyectos productivos individuales aprobados que vinculan a 1.477 excombatientes más. 

Entonces, en total, hay 4.021 excombatientes en proyectos, sean individuales o colectivos, todos emprendidos en parte con los famosos ocho millones de pesos que les daban a cada uno al dejar las armas para montar una iniciativa.

Eso quiere decir, la tercera parte de la población fariana. 

Varios de estos proyectos, en los que el Gobierno ha invertido 40.388 millones de pesos y se compromete a garantizarles la asistencia técnica y la comercialización, están teniendo problemas. 

A los líos que venían de atrás, que pasan por llevar la mínima infraestructura a un espacio para que funcione, por ejemplo, las tejas para el galpón donde tienen las gallinas o las máquinas para la fábrica de zapatos, se sumaron los problemas de una pandemia en la que, como todos en el país, los exguerrilleros tienen que quedarse en sus casas y cumplir con las normas de aislamiento social.

Eso le está pegando, sobre todo, a proyectos asociados a ganadería o a cultivos porque no están llegando los insumos para cultivar o para alimentar a los animales, ni tienen a quién vender. 

Sólo para hacerse una idea: de los 24 espacios territoriales, nueve tienen proyectos de ganadería, como en el Etcr de Caño Indio, en el Catatumbo; o en Carrizal, en Yondó, Antioquia; o en Filipinas, Arauquita, Arauca; o en uno que se llama La Guajira y queda en Mesetas, Meta.

“Acá todo está varado. Lo que hacemos son reuniones por el computador. Ni lo de la ganadería ni el proyecto de sacha inchi (una planta) podemos sacarlo adelante porque no podemos salir a trabajar, ni tenemos a quién vender”, cuenta Omaira Fuentes, una excombatiente que vive en el etcr de Filipinas, en Arauca. 

“Nosotros antes del coronavirus estábamos en la fase de gestión para abrir mercados y eso no se hace de la noche a la mañana. Aquí cerca hay tienditas, pero nadie está comprando. Estábamos vendiendo el sacha inchi en los hoteles y pues está paralizado”, agregó. 

A miles de kilómetros de Arauca, en Tierra Grata, el espacio de capacitación que queda en el municipio de Manaure, en Cesar, aunque ya lograron con el apoyo de las comunidades llevar energía eléctrica y agua a la vereda, quedaron frenados con un proyecto de gallinas en el que estaban poniendo, literalmente, todos los huevos.

La razón: hicieron la gestión para comprar los animales y éstos no les han llegado.

Y aún si le hubiesen llegado, no podrían salir a vender los huevos.

“Estamos esperando que nos manden las 200 gallinas para empezar con ese proyecto, que nos tenía muy ilusionados”, nos contó Jimmy Ríos, el profesor al que el Ejército, cuando lo capturó en 2006, definió como uno de los más importantes ideólogos de la guerrilla. “Los proveedores argumentan que no pueden traerlas por el cierre de carreteras”, agregó.

Otros proyectos que están pasando por serias dificultades son los turísticos.

Por ejemplo, en Miravalle, en San Vicente del Caguán, uno de los proyectos que más lejos ha llegado es el de rafting asociado al turismo en la zona, llamado ‘Caguán Expeditions’. Ese proyecto beneficia a 94 exguerrilleros y con el cierre de vuelos de Satena a San Vicente y de carreteras, están frenados.

“Los que teníamos como proyecto de vida el turismo estamos perdidos”, nos dijo Hermides Linares, uno de los líderes del proyecto de rafting. 

“Caguán Expeditions’ está cien por ciento parado. Como todo esto del coronavirus comenzó antes de Semana Santa, había gente que había reservado cupos para ir, y pues con esto nada”, nos dijo una fuente que le hace seguimiento en terreno a estos proyectos y que no puede ser citada porque no es vocera. 

Foto parecida se ve en Charras, en Guaviare, donde también tienen un proyecto de turismo de naturaleza que está parado. “Aquí si no es el turismo, tenemos proyectos de ganado bovino y con todo esto, pues ni lo uno ni lo otro”, nos dijo un exguerrillero de ese espacio que no quiso ser citado porque no es vocero de ese sitio. 

Y hay otros proyectos que la misma ARN nos identificó como críticos, como el de acceso a TICS (tecnologías de información) en Ituango, Antioquia, que beneficia a 24 exguerrilleros y consiste en ofrecer servicios de internet rural de fibra óptica para la zona.

Éste está caído por retrasos para la llegada de los insumos para montar estos puntos y porque, además, como nos explicó Pastor Alape, representante de Farc en el CNR, “el tema de orden público sigue muy complicado, no hay medidas de seguridad”, nos dijo refiriéndose a la alerta de desplazamiento de más de 60 excombatientes y sus familias de ese espacio en enero, por cuenta de la ola de asesinatos de exguerrilleros. 

A todo este panorama se suma que, como contamos en este reportaje, la mayoría de estos barrios farianos en los que viven están en zonas donde grupos armados de todos los colores -desde ELN, disidencias de las Farc, EPL o autodefensas gaitanistas-, están imponiendo sus reglas para controlar que se propague el virus, algo que reduce cualquier posibilidad de que los exguerrilleros puedan hacer negocios con locales. 

Por ejemplo, en Guaviare, una fuente que trabaja en una organización humanitaria y que no citamos por su seguridad, nos contó que, para el caso del espacio de San José del Guaviare, dado que la disidencia de Gentil Duarte está presionando a los presidentes de junta para hacer retenes en la zona rural que eviten la entrada y salida de extraños, los exguerrilleros que antes salían a vender sus productos a las veredas prefieren no hacerlo por miedo a represalias. 

Pero si estos casos en los que el Gobierno ha metido plata y apoyo están en riesgo, hay un universo de iniciativas que, aunque la ARN tiene mapeadas, no reciben directamente apoyo del Estado y están pasándola peor.

Los informales farianos

Aparte de los proyectos tanto individuales como colectivos que reciben plata del Gobierno, hay un montón de iniciativas productivas, 216 según nos dijo Andrés Stapper, que se estaban haciendo sin ayuda directa del Estado, más allá de la renta básica, y agrupan a más de seis mil personas. O sea, son más que los que sí se adelantan con el apoyo estatal. 

Esta gente sacó plata de su renta básica o se consiguió el apoyo de cooperación internacional o de empresarios o de organizaciones que querían apoyarlos, sin pasar por el CNR, y con ellos el tema es más complicado. 

Por ejemplo, la famosa cerveza La Roja, de Icononzo, Tolima, es una iniciativa de los exguerrilleros que, según nos dijo la misma ARN, no viene de los ocho millones de cada uno, sino que entre los excombatientes que le apostaron a eso sacaron de su renta básica, hicieron vaca y emprendieron la iniciativa.

“A los proyectos que pasan por CNR se les garantiza la asistencia técnica, la comercialización y les damos entre tres y cuatro millones de pesos adicionales a los ocho millones que se le daba a cada excombatiente. Pero las iniciativas propias de los excombatientes, ahí es donde tenemos varios de los problemas porque no tienen la asistencia o la comercialización garantizada”, nos explicó Stapper.

Esa situación, que es con o sin coronavirus, con la pandemia se agudiza porque los esfuerzos individuales de estos emprendedores están básicamente por su propia cuenta. 

Esas iniciativas van desde proyectos de panadería, hasta restaurantes, tiendas de zapatos, o proyectos de piscicultura, ganadería o agricultura, entre muchos otros. 

A principios de marzo, cuando arrancaba la emergencia, Farc y Gobierno instalaron una mesa de contingencia del covid-19 para hablar no sólo de los proyectos, sino de las medidas de seguridad y salud para tener en cuenta. 

En concreto, Stapper le explicó a La Silla que están haciendo tres cosas: la primera es un mapeo de todos los proyectos productivos (que tengan o no apoyo del Gobierno) para ver el estado de avance de cada uno y según eso “mitigar los efectos económicos, ya sea a través de recursos de cooperación internacional o con créditos”, nos dijo.

Lo segundo es mantener la asistencia técnica virtualmente. Para eso tienen convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, y con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. “La idea es asegurarnos en todos los casos qué insumos necesitan para que no haya desabastecimiento y a partir de ahí podemos reestructurar los planes operativos de cada proyecto”, nos explicó.

Y lo tercero es tratar de adaptar los proyectos a las medidas de bioseguridad que exija el Gobierno para que puedan volver a abrir. 

Lo otro que están haciendo es buscar que alcaldías y gobernaciones les compren los productos a los exguerrilleros para, por ejemplo, abastecer de mercados a los más necesitados. 

Pero esa estrategia sigue en el aire pues al cierre de esta historia, según nos confirmó la ARN, sólo tienen ese tipo de alianzas con dos: la alcaldía de Teorama, en Norte de Santander, para que les compren productos de aseo, café, azúcar y leche; y otro con la Gobernación de Cauca, que le compró 320 kilos de tilapia a una cooperativa de Farc en el departamento.

“Acá hay un debate profundo y es de la visión. A la ARN le ha costado mucho entender que la reincorporación no es individual y eso es lo que ellos más promueven. Nosotros, en cambio, creemos y le apostamos a la asociatividad y fíjese usted que por ese camino sólo hay algo así como 2.700 reincorporados”, nos dijo Pastor Alape, representante de Farc en el CNR. 

“Estamos preocupados en general por el futuro de nuestra gente y yo por ahora no veo un plan organizado del Gobierno para hacerle frente. Claro, esto le pega a todo el mundo, pero imagínese a los exguerrilleros, que ya venían mal”, agregó.

En medio de todo, hay unas luces que se han encendido en estos tiempos y son las de la adaptación y la solidaridad.

La adaptación porque hay espacios en los que los excombatientes cambiaron su producto por otro más relacionado con la situación actual. Así pasa en Icononzo, Tolima, donde fabricaban ropa y ahora hacen tapabocas (ya fabricaron ocho mil).

La solidaridad porque también se han fortalecido redes de venta a domicilio, como la de la iniciativa ‘Amor a tiempo’, que montaron unos exfarianos justo cuando salió el video de Iván Márquez y su banda, a finales de agosto del año pasado.

'Amor a Tiempo' comercializa productos de más de diez Etcrs puerta a puerta, y nos contaron que en estos tiempos de pandemia han vendido casi el doble. 

“Antes vendíamos unas 20 anchetas semanales con productos de excombatientes, ahorita estamos con un promedio de 35 de anchetas desde el coronavirus” nos dijo Julio César Pulido, integrante de ese proyecto. “Afortunadamente nos cogió la cuarentena con el stock lleno. Tenemos mucha producción”.

“El tema es cuando comience a escasear, que es lo que nos preocupa a todos”, dijo.

Con una Corte Constitucional que dentro de dos o tres semanas se empezará a pronunciar sobre la revisión automática que debe hacer al decreto presidencial que declara el estado de emergencia y los que han salido amparados bajo éste, y un Congreso que prácticamente no funciona, el presidente Iván Duque está gobernando sin control.

Al menos, por ahora. En lo que el alto tribunal hace su revisión y el Legislativo -que también tiene a cargo revisión automática- resuelve su debate interno sobre las sesiones virtuales.

Mientras tanto, Duque declaró la emergencia económica (y se decretará otra, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla) y con su sombrilla ha sacado más de 70 decretos sin que se conozca hasta el momento el concepto de sus contrapesos respecto a su legalidad. 

El caso puntual del Congreso contrasta con lo ocurrido en países como Chile y Perú, que sacaron leyes para viabilizar sus sesiones; e incluso Estados Unidos y Francia, donde hay más víctimas mortales por el coronavirus, pero los respectivos congresos no pararon. 

Y aunque cuenta con un año para revisar los decretos expedidos por Duque, juristas expertos como Esteban Hoyos de Eafit y Rodrigo Uprimny de Dejusticia, opinan que, más allá, en un momento como este la corporación podría estar además legislando medidas que también le apunten al alivio de quienes más están padeciendo la crisis.

Tras hablar con nueve congresistas de coalición y oposición y fuentes en el Gobierno, encontramos tres palos palos en la rueda que ayudan a entender la inoperancia del Congreso, que apenas empezó a votar proyectos en comisión (todavía no en plenaria) y a retomar parte de su actividad la semana pasada, tras poco más de un mes encuarentenado.

Desde hace unas horas está circulando un video en Twitter y Facebook en el que aparecen los pastores Miguel y María Paula Arrazola hablando con el pastor Ruddy Gracia, quien dice que con la pandemia del Covid-19 se va a implantar una vacuna obligatoria para poner un supuesto chip conocido como ID 2020 creado por Bill Gates. 

Como más de 130 usuarios de Facebook calificaron el video como falso y como ha sido compartido más de 2.000 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es falso porque mezcla dos elementos que no tienen relación para llegar a una conclusión errónea. 

Este es el video que está circulando en redes:

Lo que tienes cuando la charlataneria religiosos se junta con las teorías de conspiración.
Parece chistoso pero lo cierto es que es peligroso. En la medida que las personas les crean, se convierte en una amenaza de Salud Pública pic.twitter.com/Sk8bWceBWD

— Julián A. Fernández-Niño (@JFernandeznino) May 4, 2020

Según García “Detrás de todo esto (Covid-19) hay un grupo élite que está preparándose para poner una vacuna obligatoria. Detrás de esa vacuna obligatoria se pondrá un chip que se llama ID 2020, hecho por el señor Bill Gates”.

Esa teoría conspirativa mezcla dos elementos diferentes: la financiación de vacunas de la Fundación Gates y las investigaciones que se llevan a cabo sobre identidad digital. Así, llega a la conclusión infundada de que con el Covid-19 hay un plan de vigilancia global.

Gates sí ha financiado investigación de vacunas para el Covid-19 pero ninguna se relaciona con microchips implantados

Como contamos en otro detector, en diciembre de 2019 la Fundación Gates financió una investigación del MIT y de la Universidad de Rice que propuso mantener un registro de vacunación en la piel de pacientes en el contexto donde hay mal mantenimiento de registros, como los países en desarrollo. 

El estudio probó un tinte invisible que podría durar hasta cinco años y leerse con un teléfono inteligente especial para ello.

Sin embargo, Kevin McHugh, profesor de bioingeniería en la Universidad de Rice que trabajó en ese estudio, indicó que la tinta no podía usarse como dispositivo de rastreo por lo que es totalmente diferente al potencial de un microchip.

"Estas marcas fueron desarrolladas para proporcionar un registro de vacunación y no hay capacidad de rastrear los movimientos de nadie", dijo McHugh. “Esta tecnología solo puede proporcionar datos muy limitados (por ejemplo, no personalizados) localmente. Estas marcas requieren imágenes directas de la línea de visión desde una distancia de menos de 1 pie. El seguimiento remoto o continuo simplemente no es posible por una variedad de razones técnicas ".

Gates y la 'identidad digital'

Como reportó el portal de factchecking estadounidense Snopes, la premisa básica detrás de una identidad digital en el contexto del trabajo de Gates hace referencia a un tipo de almacenamiento basado en la nube de documentos médicos y/o de identificación personal accesibles solo con el consentimiento del propietario pero disponibles en cualquier lugar del mundo. 

Sin embargo, esa iniciativa no tiene nada que ver con vacunas ni algo inyectado en el cuerpo, como dice el video. 

El ID2020, o la Alianza Digital de Identidad, es una organización sin fines de lucro financiada por una varias fundaciones y empresas, incluidos GAVI, una organización sin fines de lucro financiada por Gates, que otorga recursos para la investigación práctica en identidades digitales.

Según su portal web, “La Alianza ID2020 proporciona fondos y otras formas de apoyo material para proyectos de identidad digital de alto impacto y alta calidad que protegen la privacidad, se centran en el usuario y están diseñados para escala, impacto y replicabilidad.”

Como reportó Snopes, varios de los proyectos financiados por ID2020  han sido criticados por grupos antivacunas que aseguran que con las iniciativas se van a implantar dispositivos que van a infringir la privacidad de las personas.

Pero los proyectos a los que ID2020 le apunta no tienen nada que ver con vacunas.

El objetivo es desarrollar un sistema en el que el individuo tenga control total sobre la identificación personal y su documentación de salud. El producto final sería un sistema que permita acceder a este tipo de información en cualquier parte del mundo pero solo con un consentimiento de la persona.

La avalancha de publicaciones que relacionan el ID2020 con Gates y las vacunas no es nueva e incluso las teorías conspirativas sobre la organización están circulando desde octubre de 2019. 

Como analizó el portal The New Humanitarian, en una una muestra de 58,000 tweets y retweets que mencionan al ID2020, entre el 31 de marzo y el 12 de abril, encontraron que al menos el 50 por ciento de las publicaciones mencionan a Gates y a otras conspiraciones como la relación del virus y las 5G.  

En entrevista con The New Humanitarian, Dakota Gruener, CEO de la organización, insistió en que la visión de ID2020 es "lo opuesto a los sistemas de vigilancia a gran escala profundamente espantosos ... orwellianos". 

Aseguró que el ID2020 está tratando de poner al individuo a cargo de sus datos y permitirles usar certificados digitales como credenciales, por ejemplo, para conducir o para calificaciones profesionales o registros de vacunación.

Uno ejemplo de los proyectos financiados por ID2020 es MyPass, que busca crear una plataforma con blockchain que almacena y valida documentos personales de población sin hogar de Austin, Texas, para que puedan acceder a servicios sociales y de salud.

Según la página web del proyecto“Los documentos digitales se vincularán a una cuenta accesible en cualquier dispositivo, y un cliente siempre retendrá la propiedad completa de la información personal, incluso después de no estar sin hogar o después de recibir atención de los proveedores, y podrá eliminar cualquier referencia a datos personales de la plataforma blockchain en cualquier momento.”

Aunque Gates apoya financieramente el concepto de identificación digital como un medio para reducir la desigualdad en el acceso de salud a nivel mundial, la teoría conspirativa que combina el concepto de identificación digital con la inyección de un dispositivo o microchip es falsa porque mezcla dos elementos que no tienen ninguna relación. 

Por todo lo anterior, calificamos el video como falso. 

Todo indica que esta noche el presidente Iván Duque anunciará cómo sigue la cuarentena desde el lunes 11 de mayo, y como contamos en El País En Vivo, hace un rato la ministra de Interior, Alicia Arango, explicó que casi 900 municipios podrían levantar la cuarentena para reactivar sus economías, siempre y cuando cumplan con algunos protocolos.

(También, esta mañana Blu Radio había anticipado que, además de eso, otros sectores de la economía se abrirán y se extendería el aislamiento hasta el 25 de mayo, asunto que dejará claro Duque). 

El lío es que dentro de esos municipios probablemente haya por lo menos una decena que hoy ya tienen casos de Covid-19 pero no lo sabemos, por varios motivos.

Más allá de que hay una proporción grande de casos que no detecta el sistema (el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que detectamos más o menos uno de cada cuatro) y pueden estar en municipios que parecen no tener ninguno, el virus ha ido llegando a más municipios.

Así se ve el mapa de los municipios con casos con los datos más recientes, los que reveló MinSalud anoche

Haga clic en los municipios para ver el número de casos exactos

Y así se veía el 27 de abril, una semana exacta antes y cuando arrancó la cuarentena actual

Haga clic en los municipios para ver el número de casos exactos

A primera vista el mapa parece igual, pero en algunas zonas los nuevos municipios con casos son visibles, como en Atlántico y el norte de Bolívar, en el Cesar y la Guajira, en la frontera norsantandereana con Venezuela, en Nariño, o en Casanare, Boyacá y el Valle del Cauca.

En total, en esta semana hay 56 municipios más con casos confirmados de Covid-19. Acá se ve la diferencia en el mapa

Haga clic en los municipios para ver el número de casos exactos

Si lo mismo se repitiera en la semana que va de ayer al lunes 11 (es decir, si aparecieran casos en 56 municipios más), cuando arranque la que seguramente serán las siguientes dos semanas de cuarentena habría en total 291 municipios con Covid-19 confirmado, y 831 sin la enfermedad.

Y, sobre todo, podría levantar la cuarentena alguno de los que no tengan casos confirmados esta semana, y resulte confirmado ese lunes (o los días siguientes).

Eso es particularmente grave porque un caso se confirma unos 14 días después del contagio, y por eso la foto de hoy en realidad representa cómo iba el contagio antes de que arrancara la cuarentena actual.

A falta de un anuncio oficial, no es claro cómo enfrentará el Gobierno esta realidad de abrir municipios sin tener información actualizada del contagio. La Ministra de Interior dijo en el Senado que habrá un procedimiento para que se le de luz verde a los municipios que cumplan ciertos protocolos, que todavía no se conocen, y que lo hará con MinSalud.

Pero, como la demora en conocer los casos es inevitable, el riesgo se mantiene - y se abre la oportunidad para tener esquemas locales de trazado y aislamiento preventivo a quienes estén en riesgo, sin bloquear toda la economía, una medida más precisa que el aislamiento general pero que requiere grandes recursos de salud pública, como pruebas y seguimiento con epidemiólogos.

Desde hace unos días está circulando una publicación de Facebook que muestra la receta de una vaporización que cura a los personas con Covid-19.

Como varios usuarios de Facebook calificaron la publicación como falsa y como ha sido compartida más de 2.700 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es engañosa. 

Esta es la publicación que está circulando en Facebook:

Según la publicación, dos personas con Covid-19 se curaron al hacer vaporizaciones con cáscaras de limón, toronja, jengibre, halls negro, sal, eucalipto y una cucharadita de vick vaporub.  

Los síntomas de malestar de cuerpo, fiebre y dolor de cabeza desaparecieron al hacer las vaporizaciones todas las noches, aunque no indica por cuánto tiempo. 

Aunque remedios caseros como el mencionado en la publicación de Facebook pueden servir para disminuir los efectos de un resfriado, que son parecidos a los que causa el Covid-19, no representan una cura para el virus. 

Como hemos contado en otros detectores, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay pruebas de que algún alimento sirva para prevenir o curar el contagio del Covid-19, por lo que la idea de la receta de las vaporizaciones se cae. 

La OMS recalca que “aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la Covid-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales pueden prevenir o curar la enfermedad”.

Calificamos la publicación de Facebook como engañosa porque aunque en su contenido habla de unas vaporizaciones que eliminan los síntomas del Covid-19, concluye y titula que la receta de la vaporización es una cura del virus.

El Concejo de Bogotá comenzó a estudiar esta semana el proyecto de Plan de Desarrollo que le presentó el sábado la alcaldesa Claudia López.

La Alcaldesa había dado a conocer una primera versión del proyecto en febrero, antes de la pandemia por coronavirus, pero para presentarlo al Concejo debió hacer cambios grandes porque tendrá menos plata para invertir, le tocará endeudar a la ciudad y sacrificar propuestas que había hecho, por ejemplo, en reducción de pobreza y construcción de vivienda.

A continuación, cinco conclusiones a partir de la comparación entre la primera y la segunda versión del proyecto:

1

Menos plata, más deuda

La pandemia afectará el recaudo de impuestos, tanto el predial que pagan los propietarios de vivienda como el de industria y comercio que pagan los empresarios.

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, explica que a comienzos de año esperaban que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá, que es todo lo que produce la ciudad en un año, creciera este 2020 un 3,5 por ciento, pero ahora calculan que caerá el 4,2 por ciento.

Eso afectó todas las proyecciones que habían hecho para estos cuatro años y por eso ahora tendrán menos plata para invertir.

El Plan de Desarrollo, entonces, pasará de costar 112,6 a 109,2 billones de pesos.

El siguiente gráfico muestra cómo disminuyó el presupuesto en la mayoría de sectores entre el proyecto de febrero y el de ahora:

 

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Los únicos que aumentaron fueron Salud porque necesita plata para atender la crisis; Gobierno porque, por un lado y según le explicó a La Silla el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, hubo un cambio de metodología con el que ahora incluyen ahí la inversión de las alcaldías locales, y por otro porque ahí también incluyen plata nueva del programa Bogotá Solidaria, para atender parte de la pandemia desde esas alcaldías.

Y también aumenta Seguridad para meterle más plata a la descongestión de estaciones de Policía y URI, le dijo a La Silla el Secretario  de ese tema Hugo Acero.

Pero como el consolidado final es que tendrá menos plata, Claudia López mitigará eso endeudándose más. En febrero propuso adquirir créditos por 6,9 billones de pesos, y ahora planea hacerlo por 10,8 billones.

El Secretario de Hacienda ya le había dicho a La Silla Vacía que adquirir más créditos no es problemático para la ciudad: “La deuda pública de Bogotá es bastante baja. Se puede pagar sin ningún problema. Por ejemplo, la deuda en la Nación con respecto al PIB es del 50 por ciento; la de Bogotá está en alrededor del 3 por ciento.  Por eso la ciudad sí tiene un espacio de endeudamiento adicional para hacer frente a choques transitorios como estos”.

 

2

La redistribución de la plata no afecta sus prioridades

Como contamos hace dos meses, el primer proyecto de Plan de Desarrollo que presentó Claudia López marcaba un cambio de prioridades frente al gobierno de Enrique Peñalosa porque, además de disminuir la inversión en obras de movilidad, le daba más peso en el presupuesto a sectores como ambiente, educación y mujeres.

Eso, que muestra sus prioridades, se mantiene en el nuevo proyecto, independientemente de la disminución del presupuesto en la mayoría de sectores, y en esa medida el contraste con Peñalosa se mantiene.

El contraste se nota, sobre todo, ver el cambio en estos seis sectores:

 

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Movilidad pierde aún más peso, que la Alcaldesa dijo tiene que ver sobre todo con obras de espacio público que ya no se harán. En la oficina de prensa del IDU le dijeron a La Silla que aún no han definido cuáles obras son, pero que se trata sobre todo de andenes, puentes peatonales, plazoletas y pasos peatonales.

Sin embargo, frente a Peñalosa se mantiene un mayor porcentaje de inversión en educación, ambiente y mujeres..

 

Pero sí hay sacrificios que se notan al comparar los proyectos de febrero y mayo, que son ejemplos concretos de que ahora cuente con menos plata.

Algunos son:

La disminución de la pobreza: en el primer proyecto proponía disminuir la pobreza multidimensional, que hoy está en 4,4 por ciento. Ahora pretende mantener ese porcentaje, partiendo de que la pandemia hará que aumente y posteriormente el reto será bajarlo hasta el nivel actual. 

El desempleo: ya no propone disminuirlo, sino terminar en 2023 con la tasa con la que encontró la ciudad: 10,9 por ciento.

Menos viviendas de interés social: baja la meta de 60 mil a 45 mil viviendas VIS y VIP promovidas.

Menos soluciones de vivienda: antes proponía 10.200 y ahora, 10.000. Se trata de opciones de vivienda para familias vulnerables, como vivienda usada, en arriendo o mejoramientos de vivienda.

Una nueva valorización: el anterior proyecto preveía un nuevo cobro por 1,5 billones que ahora se suprime.

Subsidios para jóvenes: la idea de darles plata a jóvenes vulnerables a cambio de que estudien o trabajen baja la meta de 7.000 a 5.900.

Aceleración de empresas: baja de 4.100 a 3.500 la meta de empresas que pretenden beneficiar con programas de aceleración para que generen empleo.

Conservación de zonas ecológicas: aunque mantiene la meta de aplicar estrategias de conservación en 226 hectáreas en zonas como la reserva Van der Hammen, el Parque Entrenubes, la Cuchilla del Gavilán, la zona rural de Usme y Cerro Seco, el presupuesto para eso pasa de 130 mil millones a 122 mil millones.

Contaminación del aire: la meta de reducción de material particulado baja de 8 a 5 por ciento.

Reasentamientos: la meta de hogares reasentados por estar ubicados en zonas de alto riesgo baja de 3.200 a 2.150.. 

Como estaba cantado desde la mañana que se filtró en medios y lo anticipó la ministra del Interior, Alicia Arango, anoche el presidente Iván Duque anunció la extensión del aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid desde este lunes hasta el 25 de mayo, junto con más medidas para reabrir la economía y retomar parte de la vida.

La flexibilización no será poca. Según dijo anoche mismo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, los nuevos sectores económicos y municipios sin casos detectados que podrán abrir gradualmente y cumpliendo protocolos, sumados a los trabajadores que ya están saliendo, suman unas 15 millones de personas. Eso es casi la tercera parte de la población del país. 

Con esto, el Presidente asume el que acaso sea el riesgo más alto desde que decretó la cuarentena sin que haya datos suficientes para afirmar que Colombia está lista para volver a reactivarse en tal magnitud.

Así lo aseguran, análisis en mano, expertos como el investigador médico Camilo Prieto, quien dirige un grupo de médicos de distintas especialidades que está trabajando en la documentación epidemiológica del coronavirus. 

“El Gobierno acaba de tomar una decisión arriesgada, no la podría calificar de buena o mala porque la información que se conoce no basta para hacerlo. Lo que sí es claro es que justamente no hay datos disponibles que permitan afirmar que hay una desaceleración evidente en la curva de contagios”, nos dijo anoche Prieto.

A esto se suma que, al estar la llave de la gradualidad de las medidas en manos de los alcaldes, como dice el Gobierno; las realidades regionales no garantizan necesariamente el efectivo control de los protocolos de prevención.

La nueva cuarentena

Aunque el detalle y los datos certeros estarán en las resoluciones que los ministerios de Salud, Comercio e Interior deberán tener listos esta semana (el Gobierno dijo anoche que eso será a más tardar mañana jueves), el nuevo periodo de cuarentena para los colombianos básicamente consiste en tres cosas:

Primero, el regreso gradual de 16 sectores de la economía que incluyen la fabricación, distribución y comercialización al por mayor de vehículos, autopartes, muebles y ropa; la venta al detal de autopartes, vehículos, ferretería y material de construcción; y la apertura de librerías, papelerías y lavanderías (estas últimas sólo a domicilio).

Segundo, la reactivación de casi 900 municipios en los que no se han registrados casos de coronavirus, con prohibición para bares, discotecas y aglomeraciones y restricciones en sus fronteras.

Y tercero, el aislamiento obligatorio para el resto de la población con más flexibilidad, como por ejemplo la salida de niños entre 6 y 17 años tres veces a la semana por media hora cada día.

No se sabe si estamos listos

El Gobierno dijo anoche que estas decisiones se tomaron debido a que los indicadores señalan que se ha reducido la velocidad de transmisión del virus.

Puntualmente, el ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró que el número reproductivo básico RO, que es el que señala el número promedio de casos nuevos que genera una persona contagiada, estuvo al principio de la crisis en 2,4 y hoy está en 1,3.

Es decir, que antes una persona enferma contagiaba en promedio a tres más y ahora a dos. Y agregó que en ciudades como Medellín y Cali esa cifra baja a 0.84 y 1,21, respectivamente.

Lo que explica el experto Camilo Prieto es que ese RO tiene un sesgo porque existe un alto subregistro.

”no hay datos que permitan afirmar que hay una desaceleración evidente en contagios”

Camilo Prieto, médico

Y si bien es cierto que en una pandemia siempre habrá más casos de los detectados oficialmente, en Colombia podría ser aún más grande la incertidumbre porque no se están haciendo todas las pruebas que deberían hacerse.

De hecho no es claro si los ahora llamados “municipios no Covid” lo son porque no tengan casos o porque éstos no se hayan buscado haciendo las pruebas necesarias.

Además, como lo dijimos ayer en esta historia, como la foto de los casos hoy es la realidad de hace dos semanas, no hay cómo asegurar que un pueblo que reabra no tenga ya coronavirus. 

Maximizar la capacidad de detectar casos positivos mediante la aplicación de pruebas es, justamente, la primera de tres medidas que los expertos señalan hay que cumplir antes de pensar en flexibilizar o levantar una cuarentena.

Las otras dos son que se aplane la curva de la pandemia y que el sistema de salud esté listo para atender el pico, o los picos, de casos.

Respecto a las pruebas, Colombia tiene una capacidad declarada para hacer 12.083 pruebas PCR (las más complejas y de alta especificidad), pero hoy sólo está haciendo alrededor del 33 por ciento de esa cifra -ayer, por ejemplo, se procesaron 4.076-.

Una explicación que han dado varias veces desde el oficialismo para entender eso es que no siempre se cuenta con los reactivos que permiten hacer los tests.

El investigador médico Prieto, no obstante, llama la atención respecto al hecho de que otros países de la región sí cuenten con éstos para hacer sus pruebas.

Por ejemplo, mientras Colombia hace 2.523 pruebas por millón de habitantes, Chile hace 24.600, Uruguay 12.463 y el vecino Panamá 8.241.

“Tiene sentido pensar que si no hay reactivos para Colombia, no debería haberlos para el resto de la región”, agrega Prieto.

Sobre el alistamiento en salud, el Gobierno ha dicho que Colombia arrancó en esta crisis con 5.346 camas en Unidad de Cuidado Intensivo UCI y necesita subirlas a 8.000 para atender el pico de contagio y ayer el Ministro resaltó el hecho de que hoy con pacientes de coronavirus la ocupación de camas sea de apenas 110.

Sin embargo, al menos hasta hace unos días, departamentos como el Chocó seguían sin tener ni una cama de UCI en alguna de sus instituciones públicas de salud.

Y ni el MinSalud ni nadie del Gobierno hasta ahora ha declarado explícitamente que hayamos llegado a esa meta (ese alistamiento, de hecho, está también en cabeza de los alcaldes).

Por último, en cuanto al aplanamiento de la curva, según los análisis del grupo de médicos que dirige Camilo Prieto, además de que no se hacen las pruebas suficientes como para afirmar que hay evidencia epidemiológica que muestre una desaceleración en la curva de contagios, se ha presentado un aumento en el porcentaje de positivos en los últimos días.

Por ejemplo, ayer con 640 casos, ese dato fue de 15,7 por ciento, cuando venía de estar en 7,29 por ciento el día anterior.

Aunque, de todas maneras, al respecto el MInSalud dijo anoche que el aumento tenía que ver con que se están testeando grupos específicos de la población en los que hay contagio, como en las cárceles.

Además de este panorama, está el asunto de las medidas de la gradualidad en manos de las autoridades locales de las regiones, sobre el cual se suman otras voces expertas que advierten más inconvenientes.

”Los municipios más pobres no tienen cómo hacer seguimiento de salud”

Pablo Martínez, médico

Como el médico y antropólogo Pablo Martínez, de la ONG Sinergia, especializada en servicios de salud en poblaciones vulnerables e indígenas, quien nos señaló puntualmente la dificultad que se presentará ahora en algunos municipios no Covid con el seguimiento epidemiológico a los casos sospechosos o eventualmente positivos.

“El problema principal que tenemos para hacer seguimiento de salud es que la mayoría de municipios que quieren abrir son de categoría 4, 5 y 6, que son los más pobres y no tienen las mismas cantidades de recursos para salud que otros territorios”, afirmó Martínez.

Él y su equipo tuvieron que atender el primer caso de un indígena fallecido por coronavirus. La confirmación de que murió por la enfermedad llegó diez días después de que había sido enterrado, el 23 de abril en San José de Isnos, Huila. “A mí me tocó organizar a la comunidad, aislarlos y hacer el seguimiento epidemiológico porque el municipio no tenía la capacidad para hacerlo”.

Otro médico epidemiólogo experto, que nos pidió no ser citado porque está involucrado en la asesoría al Gobierno, nos dijo que la preocupación ahora es que los municipios tengan la capacidad para atender casos nuevos y vigilar que la gente no se salte la cuarentena.

Y eso que dicen ellos justamente tiene que ver con las realidades regionales que se siguen imponiendo en el plan que informa desde Bogotá Duque para reactivar la economía y salir poco a poco de los aislamientos obligatorios.

Las realidades regionales

En esta nueva etapa de la cuarentena cobrará aún más relevancia el papel que jueguen los mandatarios de los pueblos que no han registrado hasta ahora oficialmente casos de Covid.

En manos de ellos estará ya no sólo que los trabajadores y las empresas que salgan a sus labores cumplan los protocolos, sino que los ciudadanos mantengan los aislamientos, que hace rato es todo un reto local.

A corte de ayer, 237.567 personas habían recibido comparendos de la Policía por violar la cuarentena, la mayoría en Cali, segunda ciudad con más contagiados del país, donde hay denuncias de que infectados están saliendo a trabajar, violando los protocolos.

En Lebrija, Santander, pillaron a 10 personas en una fiesta en una finca; en Malambo, Atlántico, hay denuncias de paseos de olla; en Medellín y en Tumaco la Policía ha tenido que interrumpir fiestas en casas. 

”Reabrir no sería una acción coherente”

Mercedes Tunubalá, alcaldesa Silvia

Hasta ahora, 60 alcaldes de municipios, principalmente de Antioquia y Cundinamarca, han solicitado la reapertura formalmente al Ministerio del Interior, que la semana pasada comenzó a avisarles que tenían que pasar propuestas para que les dieran el permiso del Gobierno.

Uno de ellos fue Juan Pablo Sánchez, alcalde de Gutiérrez, en Cundinamarca, quien nos dijo que ya recibió el visto bueno del Ministerio y espera que hoy haga lo mismo el de Salud. 

Nos dijo que hizo la solicitud porque en lo que lleva la emergencia no han tenido allí siquiera un paciente sospechoso de estar infectado con coronavirus, al tiempo que ya tienen listos protocolos de bioseguridad para que, por ejemplo, las tiendas que abran no permitan el ingreso a los locales, sino que mantengan afuera a sus clientes y que deberán usar siempre tapabocas para salir a la calle.

Otros mandatarios de zonas con casos también se han mostrado alienados con la medida de Duque, como los dos principales del Valle. 

Anoche la gobernadora Clara Luz Roldán la aplaudió y dijo que los próximos días le daban al departamento la posibilidad de prepararse y “que de una vez empecemos a reactivarnos”. 

Y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ya dijo que había que adaptarse a una “nueva normalidad” y desde el lunes está promoviendo en medios que su ciudad sea usada como sede para reactivar el campeonato de fútbol profesional suspendido desde marzo.

”Debe hacerse en agosto o en adelante”

Freddy Ramos, alcalde Tenerife

Pero hay alcaldes que, incluso sin contar positivos de Covid, no van a pedir la reapertura porque no se sienten preparados.

Mercedes Tunubalá, la alcaldesa misak de Silvia, en Cauca, nos dijo que no le veía sentido a reabrir si en el país hay más casos. “En este momento está en juego la vida, no sería una acción política coherente reabrir. La parte económica, las pérdidas, eso va a ser incalculable, pero comparable con la vida yo escojo la vida”.

Freddy Ramos, alcalde de Tenerife, Magdalena, nos dijo que la idea de Duque le parece prematura. "Esto solo debe hacerse del primero de agosto en adelante”. De forma similar nos habló Marlon Amaya, el alcalde de Dibulla, en La Guajira, donde hubo tres pruebas negativas por Covid. “Ya en estos momentos no me parece prudente”.

En Barranquilla el anuncio de Duque apuntando a la flexibilización contrasta con uno que hizo al tiempo el alcalde Jaime Pumarejo, pero endureciendo más el encierro.

Debido al aumento de casos, ese mandatario sacó un decreto que permite la salida con pico y cédula apenas una vez en 10 días para cada persona, prohíbe cualquier actividad en la calle y ordena el cierre de supermercados los fines de semana.

En Bogotá, la ciudad con más casos de todo el país (3.272), la alcaldesa Claudia López -la más visible en el contrapunteo regional con Duque- no se había pronunciado al cierre de esta historia, pero el sábado advirtió que al menos en transporte público, el sistema ya estaba llegando a su capacidad máxima de 35 por ciento solo con la apertura de manufactura y construcción. 

A datos del lunes, el Sitp estaba en un 29 por ciento de ocupación, y Transmilenio en un 15 por ciento, lo cual hace pensar en que los otros 16 sectores puedan salir sin una medida más estructural que garantice el transporte sin aglomeración.

No es poco, pues, lo que es incierto y complica el anuncio del Presidente. Como tampoco es poco lo que se juega el país con estas nuevas medidas con las que Duque se arriesga como nunca antes en su manejo de la pandemia que acorraló al mundo.

Amparada en el marco de la emergencia por el coronavirus, la alcaldesa de Tumaco Emilsen Angulo (Partido Conservador) entregó a dedo un contrato a una Institución Prestadora de Salud cuyo representante legal es primo del padrino político que la llevó al cargo: el destituido exrepresentante liberal y exalcalde del puerto, Neftalí Correa Díaz.

El negocio fue por 97 millones, se firmó el pasado 26 de marzo y tiene como objeto hacer unas capacitaciones en prevención a personal de salud y algunas comunidades y comprar 500 neveras de icopor para transportar pruebas de Covid.  

La IPS se llama Global Salud, su representante legal es Oberman Correa Bustos y no registra más contratos con la Administración.

El contrato no sólo es llamativo por la relación familiar de Neftalí, sino porque fuentes conocedoras en el Distrito aseguran que el excongresista maneja tras bambalinas esa IPS. 

Más allá de esas versiones, en La Silla Vacía hemos contado que en el Gobierno de la alcaldesa Angulo, efectivamente su padrino es el que maneja el sector de la salud, por ejemplo, con cuotas en el Hospital Divino Niño.

Además, llama la atención que el contrato implique visitas a comunidades, pero haya sido firmado dos días después de que el presidente Iván Duque ordenara la cuarentena nacional, lo que claramente dificulta un proceso de esos.

En el sistema Secop se señala que su duración sería de un mes, pero aún no aparecen las actas de liquidación.  

Si bien en los estudios previos, subidos al Secop, se argumenta la necesidad del contrato, ni ese informe, ni ningún documento subido a la plataforma, contiene cotizaciones con ninguna otra IPS que permitan valorar qué oferta era más conveniente, que es lo recomendable y que sí se ve en otros contratos firmados en esta emergencia, como lo contamos en esta investigación de contratos de mercados.

Intentamos comunicarnos con la Alcaldesa para preguntarle por esta movida, que le ha valido críticas de la veeduría local por redes sociales, y no fue posible.

Tumaco tiene al día de hoy 96 casos confirmados de coronavirus, es el segundo municipio con más contagios de Nariño, y como contamos en este podcast tiene pocas condiciones para enfrentar la pandemia. 

Colombia lleva un poco más de un mes en cuarentena obligatoria y con la economía prácticamente apagada.

Aunque ayer el Gobierno anunció que desde el lunes reiniciará la reactivación de nuevos sectores económicos, la incertidumbre tiene detenidas las inversiones, a miles de empresas y millones de personas al fondo de la bancarrota y solo en marzo produjo que 1,8 millones de personas salieran del mercado laboral.

Para mitigar este golpe, el Gobierno ha anunciado un paquete de ayudas para empresas y personas que, si bien es generoso, puede estar quedándose corto, por lo menos con lo que se ha definido hasta hoy, este es el balance de la primera emergencia económica, o el "primer tiempo" de los apoyos financieros que a anunciado el gobierno. Falta que el Gobierno detalle lo que traerá el "segundo tiempo".

La plata se va sobre todo en garantías y créditos

Los programas que, hasta la fecha, ha anunciado el Gobierno con detalles, suman una inversión de 14,1 billones de pesos.

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La mitad de la plata va a financiar créditos flexibles para empresas y productores agropecuarios (las dos priemrs y dos últimas barras en azul oscuro arriba):

• 3,25 billones de pesos, de varias fuentes, para fortalecer al Fondo Nacional de Garantías. Con el respaldo de esa plata, esperan que los bancos haga créditos por 48 billones de pesos.

• 2,1 billones de pesos en créditos blandos de entidades públicas (1,5 billones en dos líneas para el campo de Finagro, y 600 mil millones en otras dos líneas de Bancóldex).

• 1,8 billones para que los bancos solo paguen el 25 por ciento de la comisión que pagan al Fondo Nacional de Garantías por respaldar los créditos.

El 21 por ciento va a apoyos a las personas más vulnerables y son las barras azules claras. Son giros adicionales a Familias en Acción por 500.000 millones de pesos, el subsidio ("devolución") del IVA a las personas más pobres (1,53 billones), las etapas 1 y 2 del programa Ingreso Solidario (960.000 millones) y los tres giros de 585.000 pesos que hará el Ministerio de Comercio a 1.500 guías turísticos registrados.

Otro programa que puede significar una gran inversión es el apoyo para que los hogares que se queden sin dinero en los meses de cuarentena puedan diferir los pagos de los servicios de agua, energía eléctrica y gas a 36 meses si son de estratos 1 y 2 y a 24 si son de estratos 3 y 4. Es la barra azul clara de arriba.

Lo que dejen de pagar estos hogares lo desembolsará el Gobierno a las empresas de servicios públicos, y para esos pagos hay un presupuesto estimado de 2,5 billones de pesos, cuya ejecución dependerá de qué tanta gente deja de pagar, pero lo convierte en el otro gran rubro para atender los bolsillos de los afectados por la emergencia.

El paquete de Duque es más chico que el de varios vecinos comparables

Toda esa inversión equivale a un 1,3 por ciento del PIB (si se toma como referencia la cifra preliminar de 2019), menos que los paquetes de Chile, Perú, Brasil o Ecuador.

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Perú tiene unas condiciones económicas que le facilita endeudarse más y gastar más que Colombia:

Hoy participé en sesión virtual de Comisión de Economía del Congreso para explicar el Plan Económico del Perú ante el COVID-19,que a la fecha suma medidas por S/67,2 mil millones, equivalente al 8.8% del PBI.Para conocer el avance de estas medidas pueden revisar este tablero.1/12 pic.twitter.com/TyCewcM4fR

— María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) April 30, 2020

Con Chile no hay esa diferencia tan grande, pero anunció hace un mes una segunda etapa de auxilios para las personas sin empleo y las empresas que equivale al 2 por ciento del PIB, de los que 0,8 se destinarán a subsidios a 2,6 millones de empleados informales.

En la  primera etapa se destinaron recursos por 11.750 millones de dólares, 4,7 por ciento del PIB que incluía apoyos al sector salud, a las empresas y a las personas más pobres. 

La inversión de Colombia como porcentaje del PIB es casi 3 veces menos que la hecha por Brasil, que en su plan de apoyo financiero anunció grandes inversiones a pesar de que su presidente, Jair Bolsonaro, le ha dado relativamente poca importancia a la pandemia.

Y Ecuador, que afronta una crisis financiera y un pico muy fuerte de Covid-19, invertirá en apoyos económicos 2 puntos de su PIB, y propuso gravar los patrimonios de más de 3 millones de dólares y los salarios de más de 500 dólares para aumentarlas.

En lo social, es más/menos que Familias en Acción

Al año, los giros de Familias en Acción valen unos 2,3 billones de pesos. Así que solo los nuevos programas (devolución del IVA, ingreso solidario y aportes a guías turísticos) duplican la inversión del Gobierno en giros directos a las familias más vulnerables.

Hasta ahora el Estado le giraba en promedio 145.000 pesos a 2,6 millones de familias (que puede ser más o menos según el número de integrantes del hogar) y con el subsidio de ingreso solidario y los aumentos de los giros de los programas existentes el número de beneficiarios aumentan en un 115 por ciento.

Algunos apoyos no cuestan hoy, pero dejarán un hueco mañana

Hay otros apoyos anunciados para aliviar el bolsillo de los colombianos, que no entran en la plata que tiene que girar el Gobierno ya pero abrirán un hueco en el presupuesto.

Entre ellos están los aplazamientos para los pago de IVA y renta para algunos sectores, y las exenciones del IVA a muchos productos de salud y al internet. Eso tendrá un impacto en las cuentas de la Dian de 1,9 billones de pesos..

En las empresas, la clave son los bancos

El centro de los apoyos empresariales son los bancos y no hay, por ahora, transferencias directas o subsidios a los empresarios. Por eso los 7,1 billones al Fondo Nacional de Garantías, Finagro y Bancóldex.

El gremio de los bancos, Asobancaria, dice que han recibido 101.068 solicitudes de estos créditos por un valor de 6,97 billones de pesos (67,6 por ciento para cubrir nómina, 30,5 por ciento para poder seguir operando y 1,9 por ciento para los independientes), de los que a 1 de mayo habían desembolsado apenas 647.273 millones.

Lo que quiere decir que el aterrizaje de estos recursos a la economía va lento. 

En los próximos días publicaremos una serie de notas para ver hasta dónde estos anuncios han aterrizado en las familias y empresas.

Medellín es la capital del país con la menor incidencia de casos de coronavirus. Mientras en el resto de Colombia, en promedio, un contagiado infecta a entre una y dos personas, en la capital antioqueña ese mismo índice (que se llama número reproductivo efectivo) es de menos de una persona, como destacó esta semana el Ministerio de Salud.  

A ese dato se suman imágenes que evidencian que muchos ciudadanos de allá están cumpliendo con el distanciamiento social, como esta del Metro.

Por ello, en estos días el alcalde Daniel Quintero ha aparecido en varios medios hablando sobre el buen ejemplo paisa.

¿Cuál ha sido el secreto de Medellín que le ha permitido sortear la crisis así, al menos hasta ahora?

Principalmente, han sido fundamentales dos asuntos: la cultura ciudadana a la que le han trabajado varios gobiernos hasta que la convirtieron en una característica de la ciudad y la capacidad de la Administración de hacer y mantener cercos epidemiológicos para controlar el contagio.

Lo segundo se ha logrado con ayuda de herramientas que, sumadas, conforman el llamado “Valle del Software” y, al estilo del centro tecnológico Silicon Valley en Estados Unidos, es una de las principales banderas de Quintero desde antes de la crisis, pero cuya implementación se adelantó por el peso de la pandemia.

Revisamos y estos son los principales proyectos relacionados con tecnología e innovación que -aún con algunas dudas y cuestionamientos encima- han ayudado a tener a los paisas respirando un poco más tranquilos, al menos por ahora.

‘Medellín Me Cuida’, la plataforma que mapea a casi tres millones de personas

Aunque el objetivo principal de la plataforma ‘Medellín Me Cuida’ (lanzada el 5 de abril) era en un principio servir para entregar ayudas a las familias más necesitadas durante la emergencia, se ha convertido en la herramienta que más destaca la Alcaldía para crear y sostener los cercos epidemiológicos que ayudan a mantener bajos los índices de contagio.

Funciona como un formulario en línea para el cual se debe tener a la mano el número de contrato que aparece en la cuenta de servicios públicos de EPM.

Una persona por hogar registra ahí datos personales y otros específicos (como enfermedades o condiciones preexistentes) y responde si tiene síntomas de Covid y si su familia requiere asistencia alimentaria. 

La Secretaría de Salud complementa estos datos con los del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública Sivigila, provenientes sobre todo de las consultas médicas de las IPS, más los de la línea 123 de salud para georreferenciar los casos.

“Así identificamos el alto riesgo en la Plaza Minorista, por eso fue cerrada. Aunque hubo varios contagiados, se actuó de manera oportuna”, dice el subsecretario de Tecnologías, Juan Sebastián González, y explica que, para intervenciones como esa, usan ‘big data’, o sea software que cruza grandes cantidades de datos y revela información. 

La inscripción en esta plataforma, que es única en el país, comenzó de forma voluntaria, pero en la actualidad es obligatoria para las empresas que quieran reactivar sus actividades en Medellín con información de todos sus empleados.

Asimismo, la puede ver la Policía para tener control de quién tiene o no permiso para salir.

Esas condiciones, si bien son las que han ayudado a ralentizar el contagio, también han creado una polémica alrededor de ‘Medellín me cuida’, que igual se está presentando en otros países, en donde se escuchan reclamos por el control a los datos privados en la lucha contra el coronavirus.

Analistas como los de la Fundación Karisma, que vela por los derechos humanos en el mundo digital, creen que la plataforma no es transparente. Dicen que cuando se lanzó no especificaron cuál era el propósito ni cómo protegerían los datos y la privacidad de las personas, y en un reciente informe contaron lo que consideran vulnerabilidades de seguridad. 

“No es constitucional que nos hagan una exigencia tan alta cuando no guarda una conexión absoluta con el control necesario para la pandemia”, opina la abogada constitucionalista Bernardita Pérez. Dice que se presta como una oportunidad del Estado para controlar en mayor escala a los ciudadanos.

La Alcaldía ha respondido que la información no es para terceros ni para beneficios comerciales, sino para tratar de garantizar la salud de la población, y que no será usada por la Fuerza Pública, más allá de saber si un ciudadano está o no autorizado para salir un día específico. 

“La verdad es que la mayoría de los datos ya los teníamos. Solo que no estaban articulados, no se conectaban”, dijo estos días en una entrevista el Alcalde Quintero. 

‘Medellín Me Cuida’ tenía hasta el lunes 2.710.923 personas inscritas de 1.083.104 familias caracterizadas, y 937.408 empleados de 65.284 empresas. Los números siguen creciendo.

‘Compra Local’ para mantener, desde la web, los mercados campesinos

‘Compra Local’, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, es un sitio web que estaba incluido en el anteproyecto del Plan de Desarrollopara ampliar la oferta de los ‘Mercados Campesinos’, un programa de más de 30 años en la ciudad que ha beneficiado alrededor de 750 familias campesinas de los corregimientos rurales de Medellín, que trabajan para abastecer 25 puntos de venta en el área urbana.

Este programa se vio afectado por la cuarentena y la reducción de las ventas. Entonces se aceleró el proyecto de llevar también los alimentos a domicilio. Ahora, en ‘Compra Local’, se pueden adquirir productos que vienen en su mayoría de aquellos Mercados Campesinos, y además se pueden otros de emprendedores locales, artesanías, flores, entre otros.

Según números oficiales, beneficia a 52 familias campesinas y 27 comerciantes locales, pero piensan ampliar estos datos las próximas semanas. Y se han hecho ventas por 41.473.600 pesos desde su lanzamiento el 8 de abril hasta el 4 de mayo. 

Sin embargo, debido a la gran afectación que está dejando la crisis por el virus, en los cinco corregimientos rurales de Medellín se escuchan voces de productores que reconocen que la iniciativa es buena, pero dicen que debería ampliarse para acoger a más gente.

Por ejemplo, Édgar Escobart, presidente de HidroVegetal, una microempresa de Santa Elena que vende vegetales cultivados con hidroponía y cuenta con 29 campesinos asociados, piensa que ‘Compra Local’ debería trabajar más que con familias, con asociaciones de campesinos que logran reunir a más gente. Según él, ya hizo la observación al subsecretario de Desarrollo Económico Juan Gonzalo Londoño y este la tomó en cuenta.

Óscar Villegas, un productor agrícola de San Cristóbal, nos dijo que a su vereda La Palma no han llegado de la Alcaldía a explicar la problemática del Covid-19 a las familias campesinas ni con alternativas, y considera esto básico, ya que en su mayoría son personas sin acceso a dispositivos tecnológicos. Cuenta que se están perdiendo cultivos, como una cosecha de más de 10 bultos de sukini la semana pasada.

El sitio web de donaciones para la innovación

De la mano de Ruta N, el centro de innovación y negocios de Medellín, la Alcaldía está articulando esfuerzos en pro de soluciones para las problemáticas del Covid-19, con un sitio web que recoge donaciones y se llama innovaporlavida.org. 

Con la plata que por ahí llega, le están apostando a cuatro frentes: masificación de pruebas diagnósticas; creación y desarrollo de plataformas basadas en inteligencia artificial, ‘machine learning’ (aprendizaje automático) y otras tecnologías en el sistema de salud; el diseño, prototipado, testeo clínico y producción de ventiladores mecánicos; y la ampliación de elementos de protección del personal médico.

Hasta ahora han recibido donaciones por 14.400 millones de pesos, entre las que destacan la que equivale casi al 90 por ciento de ellas: 9 mil millones de Postobón (para apoyar a InnspiraMed, unos creadores de ventiladores mecánicos, en medio de la escasez mundial de estos dispositivos clave para enfrentar los casos graves de covid-19, como contamos en esta entrevista) y 4 mil millones del Grupo ISA, para las pruebas diagnósticas.

InnspiraMed ya pasó las etapas preclínicas, in vitro y en animales, “lo que quiere decir que estamos en fase del aval con el Invima para continuar con pruebas en seres humanos y, una vez ya las hayamos podido terminar a satisfacción, podremos obtener el permiso para producirlos”, dice Juan Andrés Vásquez, director ejecutivo de Ruta N.

Puntualmente sobre este proyecto, el alcalde Quintero se ha quejado en redes sociales sobre lo que considera una larga espera para pasar a producir a gran escala los también llamados “respiradores”, pero el Invima le contestó que mientras no cumplan los requisitos de seguridad y eficacia no pueden continuar el proceso de autorización.

Lo que se viene: otra aplicación y más vigilancia epidemiológica

El subsecretario de Tecnologías de Medellín cuenta que están preparando con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia una aplicación para que el personal médico ingrese datos clínicos de los casos sospechosos y, con el algoritmo que están desarrollando, esta “permitirá identificar el riesgo de llegar a necesitar una cama UCI”.

La herramienta está en fase de pruebas.

Por último, el Metro hará un control complementario de vigilancia epidemiológica a los usuarios. Aunque todavía no hay fecha, las tarjetas del Metro personalizadas “sólo estarán habilitadas para quienes no estén contagiados de coronavirus Covid-19 y no hagan parte de cercos epidemiológicos”, según nos explicaron de la empresa. 

Esa información la obtendrán de datos que les dará la Alcaldía.