Hoy arranca en el país un nuevo periodo de cuarentena por la pandemia del coronavirus en el que nada será exactamente como se dijo.

Primero, hace cinco días el presidente Iván Duque anunció que a partir de este mes la gradualidad del confinamiento quedaría en manos de los mandatarios locales, pero eso no será tan así porque cualquier decisión al respecto tendrá que ser previo trámite de permiso ante los ministerios del Interior y Salud, y además el Gobierno Nacional comenzó a intervenir con gerentes en algunas regiones críticas. 

Y, segundo, Duque decretó que se mantiene el aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio, pero puso tantas excepciones tan abiertas (43, que incluyen comercio al detal, “servicios generales” y peluquerías), que en la práctica puede terminar significando un levantamiento del encerramiento.

"Todo el que quiere, en la práctica puede salir a cualquier cosa", como escribió este fin de semana en La Silla el columnista Héctor Riveros.

Mejor dicho, desde hoy habrá cuarentena del mismo modo en sentido contrario, como la famosa respuesta de una concursante del reinado de belleza de Cartagena.

La situación ratifica el abismo que a veces hay entre lo que anuncia el Presidente en su programa de televisión sobre la pandemia y lo que finalmente queda aterrizado en sus decretos, como lo hemos contado.

En cualquier caso y dependiendo sus particulares retos frente al virus, los mandatarios locales, que son los que tienen que frentear en terreno la crisis, ya están definiendo sus medidas a partir de hoy. Varias de ellas contrastan entre sí y muestran las distintas caras de Colombia que evidencia la crisis.

La llave de la gradualidad la tienen los mandatarios, pero el chorro lo pone Duque

Como destacó Riveros en su columna, para su nueva estrategia Duque argumentó entre otras que el número de casos y muertes por habitante está entre los menores de la región (aunque, Héctor también señaló que el Presidente omitió decir que la tasa efectiva de contagio -es decir, el número de personas que infecta un contagiado- está por encima de 1, un asunto que pone en riesgo el sistema de salud).

Como sea y según estimaciones de la Presidencia, con las 43 nuevas excepciones del decreto presidencial de esta cuarentena, este mes podrían salir a la calle 3 millones de personas que se suman a las casi 16 millones que están ya saliendo por las 40 excepciones impuestas desde abril (más habitantes de algunos municipios no Covid, pues no todos han abierto). 

Es decir, este mes habría 19 millones de personas en la calle, casi la tercera parte de la población nacional, sin tener en cuenta los trabajadores informales que, como ya hemos reportado en varias regiones del país, salen a buscar un sustento.

Eso en momentos en los que nos preparamos para el pico de la pandemia, que según el modelo publicado por el Gobierno sería a fines de este mes pero que ayer Duque dijo que sería en agosto, sin que el sistema de salud aún esté listo, como hemos contado, y cuando, por el contrario, el porcentaje de ocupación de UCI en algunas ciudades comienza a preocupar: Cali y Bogotá están en alerta naranja porque éstos rondan el 50 y 40 por ciento, respectivamente; y en Cartagena éste está en 85 y ya comenzaron a enviar sus enfermos a otras regiones, como Barranquilla.

La lógica del Gobierno es que, tras dos meses largos de cuarentena, el coronavirus no se comporta igual en todas las regiones. Una realidad obvia que obliga a tomar decisiones descentralizadas.

Por ejemplo, desde hace dos semanas, mientras Medellín recibía a una comisión de los Ministerios de Interior y Comercio y la Alta Consejería para las Regiones de Presidencia, para revisar el protocolo de apertura de tres centros comerciales -que arrancaron a funcionar hace seis días-; al mismo tiempo el MinSalud y MinInterior ordenaban a Leticia volver a cuarentena total hasta ayer domingo; y a Cartagena cerrar seis barrios porque dispararon sus casos positivos de coronavirus. 

Como hemos reporteado (acá y acá), los sistemas de salud de esas dos últimas capitales se desbordaron.

Sin embargo, en el decreto de la semana pasada que pone las reglas del confinamiento este mes, en la práctica el Gobierno no delegó la “llave de la gradualidad”, como se anunció, a los gobernantes locales. 

“El Gobierno logró vender la idea de que los alcaldes permiten la reapertura, pero el decreto que rige a partir de hoy no dice eso. Si un alcalde quiere cerrar, no toma la medida solo, tiene que preguntarle al Ministerio de Salud”, destacó al respecto el analista Héctor Riveros.

Eso se ve en al menos dos cosas: la obligatoriedad de los alcaldes de pedir permiso al Gobierno para abrir y cerrar sus ciudades y municipios vía un trámite en Bogotá (algo que ya había pasado cuando se anunció la posibilidad de apertura de los municipios sin casos); y la imposición de gerentes de Covid para casos específicos preocupantes.

Lo del permiso funciona así: el alcalde que quiera tomar cualquier medida con respecto al confinamiento en su municipio o ciudad, debe mandarle un mail al Ministerio del Interior con los borradores de los decretos que quiere expedir; a su vez, el MinInterior le manda al MinSalud la solicitud y éste verifica los datos epidemiológicos de la zona: contagios, ocupación de UCI, tasa de mortalidad, ocupación del sistema de transporte, entre otros.

Con esos datos, el MinSalud da una recomendación sobre la decisión y el MinInterior transmite la decisión al Alcalde correspondiente.

Eso ya ocurrió con las recomendaciones que se dieron de no abrir hoy comercios en Bogotá, Cartagena, Cali, Buenaventura, Tumaco y Leticia, algo que, en el caso de la capital del Valle, por ejemplo, detuvo un plan que que había para reabrir más de 60 centros comerciales a partir de esta semana y que produjo un tire y afloje entre su alcalde Jorge Iván Ospina y el gobierno central.

“Cada situación es circunstancial. Como Gobierno estamos pasando de un aislamiento obligatorio general a uno inteligente con enfoque regional y diferencial, que va a partir de un estudio específico de las realidades epidemiológicas de cada ciudad (...) si bien un alcalde decreta un toque de queda o una medida de orden público, esa medida debe ser en servicio a la mitigación, prevención o contención del Covid-19”, nos explicó al respecto el viceministro del Interior, Daniel Palacios, quien recibe las peticiones de las alcaldías.

Eso no significa, no obstante, que cada mandatario no tenga definido su plan de acuerdo a su realidad local.

Por ejemplo, en Turbo, Antioquia. Allí el secretario de Gobierno, Alex Córdoba, nos contó que esperan llegar a acuerdos con los comercios para abrir sin aglomeraciones. Para eso tienen listo un pico y cédula en supermercados y ya están hablando con los peluqueros para reactivarlos.

Si bien tienen 22 contagios, van a abrir un centro de aislamiento voluntario con capacidad para 35 personas que no pueden aislarse en sus casas; y tienen una veintena de médicos y salubristas haciendo cercos epidemiológicos en lugares como una guarnición militar donde se presentaron los primeros casos, hace un par de semanas.

Turbo contrasta con Buenaventura, donde su alcalde, Víctor Vidal, nos dijo que, desde antes de que saliera el decreto, tenía previsto no abrir el comercio porque ya tienen 473 contagios y, como no cuentan con hospital de primer nivel, están teniendo que enviar a los enfermos a Cali.

El Alcalde Vidal nos dijo que, pese a insistentes reclamos que hizo al Gobierno, todavía no le han autorizado aplicar la ley seca. “El Presidente asume, y así lo entendí, que el expendio de licor no se puede prohibir, se prohíbe el consumo en sitios públicos, pero no el expendio. Esa es una de las últimas peticiones que le estamos haciendo al Presidente, ahora esperamos que nos atiendan y nos permitan hacerlo”.

Pasamos de un aislamiento general a uno regional

Daniel Palacios, ViceInterior

El otro asunto que evidencia que el chorro de la gradualidad está en manos del Gobierno Nacional son los nombramientos que arrancaron de “gerentes” o “enlaces” para atender el tema del Covid en algunas zonas críticas. 

A través de esos gerentes, el Gobierno interviene y da órdenes a mandatarios. Al menos así pasó en Cartagena (que tiene de gerente al médico Juan Manuel Benedetti), la semana pasada, con el cierre de seis barrios, como lo contamos.

Eso no necesariamente es mal recibido y, de hecho, en algunos casos se ha dado por petición directa de mandatarios de zonas críticas, como en el Pacífico.

Allí se designó gerente para la región, tras una petición que desde abril venían haciendo los alcaldes del litoral y los congresistas de la bancada regional -una treintena- que le exigían al Gobierno alguien que estuviera pendiente de las necesidades obvias de una de las regiones más abandonadas por el Estado.

Casi un mes después les fue designado el economista chocoano Juan Bautista Amud. Y, al mismo tiempo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez arrancó el viernes reuniones con alcaldes del litoral pacífico y mañana estará en Tumaco.

Pero si bien el Gobierno puede controlar los decretos a nivel local, lo que ni Palacio, ni los ministerios, ni los alcaldes pueden hacer, y menos con tantas excepciones permitidas, es controlar las violaciones al aislamiento que cada vez son más evidentes.

Este sí es un chicharrón que asumen directamente los mandatarios.

Sin cuarentena en la práctica, la indisciplina sí es un chicharrón descentralizado

La contradicción de mantener la cuarentena hasta el 1 de julio, pero al mismo tiempo permitir que 43 sectores más salgan a trabajar, pone a los alcaldes en la tarea de controlar a una población en la que se ha visto indisciplina con el aislamiento.

Hasta el mes pasado, la Policía había impuesto más de 320 mil comparendos por violar la cuarentena; en solo una noche en Cali fueron pilladas más de 250 fiestas; en Tumaco otras 50 y en Medellín medios reportaron que pese a los protocolos para centros comerciales, había tiendas sin señalizar, y familias yendo a estos lugares.

Entre más gente pueda salir es más complicado controlar y evitar el contagio,ad portas de la llegada del pico.

Es inviable con 15 mil policías controlar a millones

Luis Ernesto Gómez, secretario Gobierno Bogotá

“Ahora con semejante problema es que vienen a hablar de descentralización, pero lo que se hace es descentralizar los problemas, los chicharrones”, opinó al respecto el analista político Carlos Suárez.

Lo que se traslada nuevamente al ya habitual contrapunteo entre Bogotá y Presidencia: “Es inviable con 15 mil policías controlar a millones de ciudadanos y decenas de excepciones”, nos dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. “Al final nadie va a saber quién sale y quién no”, nos dijo otro funcionario de esa Alcaldía.

Más allá de la capital, en Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera nos contó que en esta semana irán revisando el comportamiento de los municipios para a partir del 7 de junio expedir nuevas medidas si el contagio avanza. En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo extendió el pico y cédula hasta el 15 de este mes. 

En zonas rurales la situación para las alcaldías se complejiza más. Allí, por ejemplo, no hay políticas ni nacionales ni locales claras para la cuarentena enfocadas en comunidades étnicas, como nos dijo la directora del centro de estudios sobre seguridad y drogas de los Andes, María Alejandra Vélez. “No tienen un eslabón entre las alcaldías y las entidades étnicas y eso no solo se resuelve con más recursos, eso es preocupante”, nos dijo. 

Otro tanto ocurre con algunos pueblos indígenas o se evidencia en las poblaciones que, además de tener que lidiar con un enemigo invisible como lo es el virus, tienen que enfrentar otro bien presente, como son los grupos ilegales que en algunos casos actúan como autoridades sanitarias, como revelamos.

Cada mandatario tendrá que intentar garantizar como pueda el control de un aislamiento que está en papel, pero que tiene tantas excepciones que parece más bien una apertura. 

Desde que estalló la pandemia del coronavirus, los números de contagio en Cali han estado entre los más altos del país siempre (Cali es la tercera capital con más casos) y ha significado un reto para toda la región Pacífica. Hoy la ciudad amanece con una ocupación en UCI del 70 por ciento y cuenta 108 muertos, de los 939 que registra toda Colombia.

Para hablar de los retos que enfrenta, sobre todo a partir de hoy con una nueva cuarentena descentralizada, hacemos esta entrevista en vivo con el alcalde (verde) Jorge Iván Ospina, quien contestará preguntas sobre la rumba en la "nueva realidad" caleña, la reactivación económica y las ayudas a los más pobres de la ciudad que tiene 1.822.869 habitantes.

El mes que arranca hoy será el de las definiciones de los estudiantes universitarios que aún no deciden si matricularse o no, debido a los cambios que está sufriendo la educación por la pandemia del coronavirus.

En junio, cuando finalice el periodo de matrículas, se sabrá la cifra de deserción exacta, pero desde ya la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) calcula que ésta podría llegar a un 25 por ciento, una caída que en realidad venía desde 2016, tanto en el sector privado como en el oficial, con una tasa promedio de 7 y 5 por ciento respectivamente. 

Hasta hace unos días seguía siendo incierto también cómo iba a ser la educación universitaria en el segundo semestre del año.

El 23 de mayo, el presidente Iván Duque anunció que en las instituciones de educación superior podrán retornar presencialmente los laboratorios desde junio y julio, y que desde agosto reanudarán actividades usando un modelo de alternancia entre clases presenciales y virtuales.

En la práctica, esto está lejos de despejar las incertidumbres sobre cómo se desarrollará todo, pues aún no es clara la concreción de la alternancia y cuáles clases y procesos serán presenciales y cuáles no.          

Para muchos estudiantes hay un dilema obvio frente a si pagar o no semestres, que en el caso de algunas privadas equivalen a millones de pesos cancelados tras grandes esfuerzos, por clases que en gran parte seguirán recibiendo virtualmente.

Hasta ahora el debate se ha centrado mucho ahí, con estudiantes que cuestionan o se quejan, y universidades que están respondiendo con algunos descuentos o alternativas de pago. 

Pero ahí no acaba. Más allá de la plata de la matrícula, estudiantes y familias también debaten asuntos como si deben tomar clases presenciales en ciudades con el contagio disparado, terminar la carrera así para entrar pronto al mercado laboral o estudiar y trabajar para ayudar a enfrentar la crisis económica familiar. 

Así lo evidencian estos tres testimonios, que reflejan dudas que asaltan a toda una generación. 

Laura o el temor al contagio

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Laura Estefany Pantoja estudia diseño industrial en la sede de Palmira de la Universidad Nacional. Está apenas en primer semestre y ya la crisis le cambió todos sus planes sobre lo que esperaba que fuera la universidad.

Laura es de Buenaventura. Apenas terminó el colegio se le abrió la opción de estudiar en la Universidad de los Andes con una beca para población afrocolombiana que cubría casi todos los costos. Pero la perspectiva de vivir cinco años en Bogotá la desanimó y se decidió a comienzos de este año por estudiar en Palmira, más cerca a su casa.

Cuando comenzó la pandemia, de repente se vio encerrada en el cuarto que alquiló para vivir cerca a la universidad. Como no tenía todavía cédula y no había sacado la contraseña, no podía salir a la calle y le tocaba pedir domicilios todo el tiempo. 

“Estaba desanimada en Palmira. No tuve tiempo de hacer amigos, entonces no conocía a nadie. Mi familia estaba preocupada por mí así que me mandaron plata para devolverme en bus a Buenaventura. Desde ahí volví a la ciudad y ahora estoy acá viviendo de nuevo con mi mamá”, dice. 

“Si uno quiere estudiar tiene que salir de Buenaventura, pero el coronavirus nos tiene de vuelta acá”.     

El dilema de Laura no es por ahora el de pagar la matrícula. En la Universidad Nacional paga 112 mil pesos al semestre y lo puede sortear, le inquieta más el arriendo del cuarto que dejó en Palmira, por el que le toca seguir pagando 280 mil pesos al mes, así no viva ya ahí, pues hizo contrato hasta final del año. 

Y más allá, a lo que Laura (y su familia) le teme es a la apertura de las clases en agosto, pero por el contagio: 

“Se supone que la universidad va abrir atendiendo protocolos, pero con una enfermedad donde la mayor parte de personas contagiadas no tiene síntomas claros, en muy difícil protegerse. Yo preferiría que no volvamos a clases presenciales pues estamos expuestos”.  

Por ahora, la idea del modelo híbrido que propone Duque va en la dirección de darle prioridad de salida a los programas con componente técnico, como el de Laura, y a los estudiantes que llegan a primer semestre y no han tenido la experiencia de estar en la universidad, aunque se espera que todos puedan tener al menos un porcentaje de presencialidad. 

Pero aún si las clases virtuales son una opción para Laura, es consciente de que no lo son para todo el mundo. La virtualidad asegura que siga viendo clases pero con menor calidad: “En ocasiones no puedo estar en línea porque se cae el internet y es claro que el aprendizaje no es el mismo, se avanza más lento”, dice. 

Con el agravante de que en una carrera como la suya el componente práctico es inesquivable y no podrá sustituirlo la virtualidad:

“Mi carrera requiere manejo de materiales como estructuras con alambre y opalina que no tenemos dónde conseguir ahora porque los lugares que los venden están cerrados”, afirma.  

Por ahora, Laura planea quedarse en Buenaventura, pero todavía no sabe si le pedirán volver a la vida que rápidamente dejó en Palmira para continuar con sus clases presenciales desde allí. Tampoco sabe si realmente quiera volver. 

María Fernanda quiere trabajar pronto

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María Fernanda Zuñiga está en séptimo semestre de biología en la Universidad del Rosario. La cuarentena la hizo celebrar sus 20 años en casa y podría obligarla a graduarse allí también. 

Le queda apenas un semestre para terminar la carrera y, aunque las expectativas por el trabajo no están muy altas, prefiere no retrasar su salida al mercado laboral, así eso signifique pagar varios millones por tomar muchas de sus clases virtualmente.        

“Somos 15 estudiantes en el programa. Necesitamos estar en laboratorio para poder hacer la tesis desde ahí y así acabar. El problema es que el laboratorio está siendo usado para procesar pruebas de coronavirus, por lo que nos faltará espacio para garantizar distancia entre nosotros”, dice.  

María Fernanda ya hizo las paces con la idea de terminar su carrera desde la casa:

“Visto por el lado bueno, me estoy ahorrando cinco horas diarias cada día que antes se me iban en arreglarme, salir a la calle, llegar a la universidad y volver a mi casa. Ese es tiempo que me ahorro para descansar y estar con mi familia”, dice. 

Su casa en el barrio Modelia está a tope. María Fernanda tiene su propio  computador para estudiar, pero ahora todos los cuatro miembros de su familia están trabajando desde allí y no hay señales de que eso vaya a cambiar pronto. 

El recibo de pago de matrícula, que normalmente ya para este entonces ha llegado, todavía no lo han recibido, pero desde ya muchos de sus compañeros dicen que pagar un semestre de 13 millones de pesos para estar desde su casa, no vale la pena.

“Nunca se va a igualar esto a una clase presencial. Pero la perspectiva de quedarme en casa seis meses sin hacer nada y de atrasar el grado, hace que igual sea mejor pagar toda esa plata”, afirma.     

Juan David y el dilema de volver a casa o seguir trabajando

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Juan David Forero estudia derecho en la Javeriana de Cali. Entró como parte del programa de Ser Pilo Paga. Su problema no es de plata, pues no tiene que pagar el siguiente semestre debido a que está becado. 

Su dilema se centra, más bien, en que, por sus buenos resultados, actualmente tiene un trabajo remunerado como ayudante de investigación de un profesor que le dictó clases de responsabilidad estatal y no lo quiere perder, pues con eso ayuda un poco a su familia que está en crisis económica.

Si decidiera no estudiar, podría perder esa entrada que le sirve para mandarle desde Cali algo de plata a su casa en Sogamoso, de donde es oriundo. 

Juan David comenta que, más allá de su caso específico, alrededor suyo ve cómo muchas personas no tienen para seguir pagando sus estudios y en su misma familia la crisis ha pegado duro y nadie, excepto él, está recibiendo ingresos ahora mismo.   

“Es imposible no ver que mucha gente está siendo afectada. La universidad tiene opciones de crédito pero no hay reducción del costo de la matrícula. No se justifica tener que pagar el mismo valor por algo que claramente no es igual”, dice indignado.

Hace menos de un año, cuenta que participó de las protestas estudiantiles masivas contra el Gobierno Duque. Lo movía ya entonces una indignación con el estado de la educación superior y añade que no se le han acabado los motivos.

“Las voces se han callado porque la gente tiene miedo a salir para expresar su indignación. Pero el inconformismo sigue con las condiciones económicas de los estudiantes. De hecho, tenemos más motivos ahora porque estamos más frágiles”, afirma.

Casi todas las universidades han tomado medidas para incentivar que los estudiantes se inscriban, van desde focalizar la entrega de becas y auxilios económicos para quienes tienen dificultades económicas hasta descuentos que, según la institución, van del 5 al 30 por ciento de la matrícula.

Aunque no en todas hay por ahora hay descuentos y la Javeriana es una de ellas. 

Alrededor suyo, Juan David ve cómo algunos de sus amigos se endeudaron en el Icetex para estudiar. Cada vez es menos claro que los vayan a contratar pronto, pero sí que se quedarán con la deuda. En medio de todo, a él le ha ido bien. Trabaja ya para un profesor ayudante de investigación que le dictó clases de responsabilidad estatal en la universidad.  

Para no exponerse, Juan David prefiere moverse desde su casa hasta su trabajo en bicicleta, pero el día le queda corto para unos desplazamientos que pueden ser de 1 hora entre uno y otro extremo de la ciudad.

Hace menos de un año, cuenta que participó de las protestas estudiantiles masivas contra el Gobierno Duque. Lo movía ya entonces una indignación con el estado de la educación superior y dice que no se le han acabado los motivos.

“Las voces se han callado porque la gente tiene miedo a salir para expresar su indignación. Pero el inconformismo sigue con las condiciones económicas de los estudiantes. De hecho, tenemos más motivos ahora porque estamos más frágiles”, dice.

Las nuevas marchas no se ven en el horizonte cercano. Juan David espera seguir trabajando desde Cali y terminar pronto su carrera. Como María Fernanda o Laura, no está convencido de la calidad de la educación que tendrá en el segundo semestre, pero esperar para graduarse no le conviene, así que prefiere seguir con el modelo virtual.

Para Luz Karime Abadía, quien es la codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, la virtualización de ciertas porciones de la oferta académica se consolidará como una tendencia mucho después de que termine la pandemia. 

“En Colombia no gozan de buen prestigio los programas 100 por ciento virtuales. Están asociados a baja calidad. Esta crisis va a cambiar eso. Es una oportunidad para ampliar el acceso a instituciones de educación superior para muchas zonas del país donde no llega oferta educativa”, dice.  

En lo que sigue del mes se espera que las universidades abran sus cartas para saber qué irá presencial y qué virtual y así los estudiantes decidan si quieren o no inscribirse. 

Solo hasta que pase esto se sabrá el impacto real del coronavirus en la educación superior, que ya hizo que algunos rectores y directores académicos, como en la Universidad de los Andes, decidieran reducirse sus salarios entre un 10 y un 20 por ciento, mientras que otros congelaron la contratación de nuevo personal académico.  

Y sólo hasta entonces podrán estos estudiantes aclarar un poco el dilema que hoy los tiene pensando si es mejor parar o seguir estudiando aún si no saben muy bien para qué.

Se acabaron las dudas. La escogencia del senador Arturo Char como nuevo presidente del Congreso, que había quedado en expectativa tras la investigación previa que le abrió la Corte Suprema dentro del escándalo de compra de votos de la excongresista prófuga Aída Merlano, se definió a su favor.

Así lo decidió la bancada de su partido, Cambio Radical, en una reunión virtual con su jefe político, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hace una semana.

Exactamente, lo hicieron dos días antes de que la Corte Suprema ratificara la sentencia condenatoria por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas contra Merlano, quien en su proceso y en entrevistas ha asegurado que el senador Char compró votos con ella en las pasadas elecciones legislativas y le ayudó a fugarse.

La reunión de los senadores vargaslleristas se realizó el pasado lunes festivo 25 de mayo, vía la aplicación Zoom.

Estaban los 16 senadores con el objeto principal de cuadrar la agenda legislativa del partido para el siguiente semestre: reforma a la salud, reforma a la Justicia, la política de cielos abiertos y la reglamentación de las consultas previas.

Además de Vargas, estaba el secretario general de Cambio, Germán Córdoba.

Según cuatro políticos que estuvieron presentes y nos hablaron por aparte, en algún momento en las tres horas que duró el encuentro (de 3 a 6 de la tarde), se aprovechó para tocar el tema de la Presidencia del Congreso que, por acuerdos políticos, en la próxima legislatura le corresponde a Cambio Radical.

Debido al escándalo que causó Aída Merlano con su condena y sus declaraciones, y también por la indagación de la Corte en su contra, no se sabía con certeza si Arturo Char seguía en firme con su intención de llegar a esa silla.

Congresistas de la oposición habían dicho que se negarían a elegirlo, e incluso algunos de su propio partido creyeron que esto no llegaría a concretarse, como contamos en esta historia.  

Por ser el mayor elector de la colectividad, Char estaba llamado a ser el elegido por sus copartidarios para postularse.

Ese día, él manifestó su deseo de seguir adelante y, según nuestras fuentes que lo oyeron, ninguno de los presentes se opuso. Incluyendo a Germán Vargas. 

“Desde enero el apoyo a Arturo Char es irrestricto”, nos dijo al respecto el senador de Cambio Richard Aguilar.

Así las cosas, es prácticamente un hecho que el cuestionado Char sería el nuevo presidente del legislativo, no sólo porque esa dignidad le corresponda a su partido, sino porque en varias otras colectividades no piensan incumplir los acuerdos, incluso tratándose de alguien salpicado en un escándalo como él.

Así lo dejó entrever, por ejemplo, la senadora uribista Paloma Valencia, quien nos dijo que, aunque su bancada no se ha reunido para hablar del tema, se acogerán a los acuerdos.

Lo mismo nos dijo un senador liberal que nos habló por fuera de micrófonos, pues no es el vocero oficial del partido.

Con esto, Arturo Char ya tendría 49 de los 51 votos que necesitaría. Sin contar con los del Partido Conservador, que seguramente lo respaldaría para no incumplir los acuerdos y poner en riesgo la Presidencia que les toca en 2021, y además porque los godos están, como Char, alineados con el Gobierno.

Precisamente, con Char el gobierno Duque se anotaría un aliado en la mesa directiva, en un Congreso que le ha sido adverso y en el que se va a medir con varias iniciativas en los próximos meses.

Un aliado para Duque

Ser la cabeza del Senado no es poca cosa.

El presidente define el orden del día para debatir los proyectos de ley, da y quita la palabra en los debates de moción de censura, tiene un margen de maniobra para citar las sesiones, tiene visibilidad grande en medios para poner temas en la agenda pública, puede engavetar proyectos, y últimamente puede hasta interpretar cuando los votos para aprobar un proyecto constituyente son una mayoría constitucional.

Por eso, su papel será definitivo en un Congreso que, tras caer en la irrelevancia en esta legislatura por la llegada del coronavirus, cobrará importancia en la siguiente.

No sólo porque ya tendrá lineamientos más claros para legislar virtualmente (algo que ya se está terminando de concretar), sino porque el siguiente semestre se tramitarán proyectos que serán clave para el futuro del país, tras el covid.

Por ejemplo, tendrá a su cargo la revisión de los decretos de la emergencia económica del Gobierno, que empezará esta semana, y, entre otros, el proyecto de renta básica que fue radicado la semana pasada y, por tiempos, no alcanzará a votarse en esta legislatura. Quedará, entonces, para la próxima.

También podrían estar las sonadas reformas laboral y pensional que, ahora, son más urgentes. Incluso podría liderar los debates de una posible reforma tributaria que, aunque el Gobierno ha negado, muchos ven como necesaria para sopesar el enorme gasto que está haciendo el Estado en medio de la pandemia.

No es difícil imaginar en estos escenarios para dónde se movería Arturo Char, teniendo en cuenta que el clan que representa (los poderosos Char de Barranquilla, liderados por su hermano y su padre: el exalcalde Álex Char y el exsenador Fuad Char, respectivamente) tiene representación en el alto Gobierno.

Los Char no sólo tienen al viceministro de Salud, Luis  Alexánder Moscoso, sino también una línea directa con la nueva ministra TIC Karen Abudinen, quien cuenta con la particularidad de ser amiga personal del presidente Duque y ser cercana al clan barranquillero.

A menos de que algo pase de aquí al próximo 20 de julio -día en que comienza la nueva legislatura-, ahora el grupo contará con la silla más importante del Congreso.

Lo hará en cabeza de un senador investigado que hasta ahora se ha destacado más por ser un gran cantante y por haber dicho el año pasado, en la campaña de las locales, que la descentralización regional que contempla la Constitución del 91 era una “marihuana”.

En plena pandemia de Covid, unas 100 ciudades de Estados Unidos están hoy bajo el incendio de las más grandes protestas raciales desde el asesinato en 1968 de Martin Luther King, desatadas tras otro homicidio: el de George Floyd, un afroamericano de 46 años que murió el 25 de mayo pasado, luego de que un policía lo ahogara poniendo su rodilla sobre su cuello durante ocho minutos y 46 segundos 

En Colombia, un país en donde las condiciones de vida de los afrocolombianos es mucho peor que la del promedio nacional, el hecho también ha despertado voces de rechazo y ocupado titulares. Para hablar al respecto, entrevistamos a Aurora Vergara, directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi

La Silla Vacía: ¿Qué análisis hace de la muerte de George Floyd y de la reacción que ha tenido no sólo en los Estados Unidos, sino el mundo? 

Aurora Vergara: Este es uno de múltiples casos de asesinatos de personas afrodescendientes a manos de policías en los Estados Unidos. De la misma manera en que murió George Floyd tenemos, por ejemplo, está la muerte Breonna Taylor  o en años anteriores el de Tamir Rice, y tantos otros más. Este es uno, de muchos otros, que le han dando forma y que han cimentado el Black Lives Matter Movement. La muerte de Floyd es la punta del iceberg de una serie de asesinatos a la población afrodescendiente a manos de la policía, y esa violencia policial tiene una historia de muy larga duración en los Estados Unidos.

L.S.V.: ¿Por qué si había pasado antes, este caso ha cobrado una fuerza particular?

A.V.: La muerte de George Floyd fue provocada por la rodilla de un hombre blanco que lo asfixia. La metáfora del cuello para la población afrodescendiente es muy importante con relación a la historia del racismo, de la estructura racializada, de la esclavitud, es fundamental para entender esas conexiones.El asesinato a través de la sofocación ayuda a entender conexiones históricas entre el linchamiento de población afrodescendiente en el periodo colonial y la sofocación de hoy. Es un asesinato lento, que tiene que leerse sociológicamente, que nos revela cómo se deshumaniza la vida de la gente negra. 

En el caso de George Floyd, lo vimos a través de las redes sociales perder su último aliento. En varios casos previos varios policías han  terminado absueltos porque la evidencia no es concluyente. En el caso de George Floyd tenemos todos los videos. 

L.S.V.: Justamente ese es uno de las cosas que se han dicho en redes, que esta forma de racismo siempre ha existido solo que ahora es grabada... 

A.V.: Es el argumento de las dos fundadoras del Black Lives Matter Movement. Ellas dicen que lo que hoy vemos en televisión, la población afrodescendiente lo ha experimentado por siglos.

De hecho, hay una expresión en Estados Unidos que dice "The revolution won't be televised" (la revolución no será televisada) y hoy lo que vemos con las redes sociales es que la revolución sí está siendo televisada, porque la muerte de la gente negra a manos de la policía también lo está siendo.

Lo que hoy vemos en televisión, la población afrodescendiente lo ha experimentado por siglos

A.V.

L.S.V.: ¿Qué implica que sea televisada?

A.V.: Que sea televisada le ayuda a quitar el elemento de sospecha a la gente que tiene prejuicios raciales. Los prejuicios raciales le dan una ventaja a quien considera que una persona negra murió por “alguna razón”.

El caso de George Floyd lo que demuestra es que este hombre usa un billete de 20 dólares falso, le llaman la policía por esa razón y lo esposan. Si ya está esposado, ya no significa una amenaza, no se puede mover. Ahora, que algún policía lo aprisione con su rodilla por más de ocho minutos mientras está diciendo que no se puede mover, mientras está llamando a su mamá, mientras está diciendo que no puede respirar, demuestra que allí hubo uso excesivo de la fuerza y una deshumanización de este ser humano.Se demuestra que hay una desvalorización de ese hombre, y no hay espacio para ese elemento de sospecha.

L.S.V.: Ahí hay un tema muy interesante y es la criminalización de la raza ¿cómo lee eso?

A.V.: La racialización de los cuerpos vuelve a la población afrodescendiente un sujeto de sospecha, y los hombres afrodescendientes, principalmente, son considerados una amenaza.

La reacción de la policía usualmente es usada como una justificación para ese tipo de violencias. La racialización lo que hace es usar colores de piel, por ejemplo, para adjuntarles significados.

En Estados Unidos la violencia policial, sistemáticamente, se ha justificado en la sospecha de que los hombres afrodescendientes son supuestamente criminales.

L.S.V.: Y en el caso de la mujeres...

A.V.: De hecho hay otro movimiento, Say Her Name, que busca visibilizar la violencia en contra de las mujeres afrodescendientes. Es muy poca la movilización que se hace frente al asesinato de mujeres y es algo que está ocurriendo sistemáticamente en los Estados Unidos. De hecho, previo a George Floyd, tienes en caso de Breonna Taylor. 

Pero de manera general, se ha visto cómo en los Estados Unidos en los barrios o territorios donde la mayoría de la población es afro, hay un uso excesivo de la violencia por parte de la policía en respuesta a comportamientos que en otros barrios no implica una respuesta similar.  Entonces, mientras estudiantes blancos en las universidades están consumiendo marihuana, por ejemplo, no se les penaliza con la misma fuerza que el consumo de la misma sustancia en barrios o en jóvenes afro.

L.S.V.: Es llamativo cómo el caso de Floyd generó una indignación en Colombia, siendo que en el país hay un racismo estructural que ha condenado a las personas afrodescendientes a la pobreza, al poco acceso a salud, a una vida menos digna, incluso a la muerte como consecuencia de eso…

A.V.: En Colombia hemos cimentado las relaciones sociales sobre una negación sistemática de la existencia del racismo. En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, hay una tradición intelectual de muy larga duración y una tradición de discursos sociales sobre la prevalencia del racismo. En el contexto colombiano, cuando se habla de racismo, se niega, se le quiere esconder debajo de la alfombra. 
Por ejemplo, acá tenemos el caso de Anderson Arboleda, que murió en Puerto Tejada tras ser golpeado por la policía. O el asesinato sistemático de líderes sociales afro en toda la nación.

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Foto: Yoseth Ariza, cortesía de Aurora Vergara.

L.S.V.: Y al igual que en Estados Unidos, esto también responde a un tema histórico...

A.V.: Por muchos años se ha negado que existe racismo en el país. Para muchas personas la idea de que la esclavitud existió y que hace 169 años se abolió, es algo muy lejano.

En el país no se reconoce que la fundamentación de la nación colombiana como la conocemos hoy deviene de un sistema esclavista. Y esto no nos permite reconocer que en 169 años las condiciones de vida de esos seres humanos que son descendientes de quienes fueron esclavizados, no han cambiado mucho.

Es necesario una conversación nacional sobre esto, van a ser necesarias muchas iniciativas y muchas acciones para reconocer cuándo un evento es racista y dejar ocultar este fenómeno.

En el contexto colombiano es muy normal ponerle un velo a las acciones racistas y es muy normal acallar a quien manifieste que está siendo racializado. Y es muy normal decir que no se está excluyendo a una persona por su color de piel.

L.S.V.: En ciencias sociales se cuestiona mucho el concepto de raza como algo útil, pero a la vez vemos que es una cosa supremamente determinante para todo lo que venimos hablando...

A.V.: Es una excelente pregunta porque la categoría de raza no nos sirve para entender las diferencias entre los seres humanos, pero sí nos sirve para identificar el impacto que ha tenido en la estructura de las sociedades.

Todas las teorías coinciden con algo, y es que la raza es un instrumento de dominación. Los blancos son equiparables a superioridad, amarillos a todas las categorías de Asia y a los indígenas y los negros son aquellos que están en la base de la pirámide. Ninguno de esos colores per se trae ninguna explicación. Es decir, ninguna persona por su color de piel está “diseñada” para cosas específicas. Esas son construcciones sociales.

Entonces la categoría de raza nos sirve para mostrar cómo se usan esos colores para oprimir a pueblos o para construir discursos que justifican la opresión, la colonización, el destierro o la aniquilación del cuerpo de una persona. Y esos discursos han probado ser extremadamente poderosos.

L.S.V.: Hay gente que compara esto con el caso de Dylan Cruz ¿hasta qué punto se puede comparar?

A.V.: No sé, no estaría tan segura de que pudiéramos tener los elementos suficientes para equipararlos.

En Colombia las personas que tienen la menor esperanza de vida son los hombres negros del Chocó

A.V.

L.S.V.: Empecemos con uno, la brutalidad policial frente a una persona que no es privilegiada, por ejemplo.

A.V.: Sí esa podría ser una forma de pensarlo. Pero es necesario asegurarnos de conectarlos con los repertorios de violencia y conexión histórica. No estoy tan segura de poder armar ese argumento. En el contexto norteamericano hay una tradición de asesinar a la gente negra por ese tipo de vías. No me queda tan fácil argumentar para este caso.

L.S.V.: ¿Qué mensaje deja la muerte de George Floyd en Colombia?

A.V.: Para Colombia, George Floyd deja el mensaje de que el racismo mata, y mata de diferentes maneras. En Colombia las personas que tienen la menor esperanza de vida son los hombres negros del Chocó. Mientras la esperanza de vida promedio para la nación es de 74 años, aproximadamente, para los hombres afro la esperanza de vida es de 65 años y las mujeres afro es de 67. 

George Floyd es un hombre negro y una práctica racista le quitó la vida antes de que pudiera completar su ciclo de existencia. En el contexto colombiano, la estructura social y económica en la que están viviendo muchos hombres y mujeres afrodescendientes también está haciendo que su vida se acabe antes.

L.S.V.: ¿Hacía donde deberíamos trabajar para que esto dejara de suceder?

A.V.: Hay que empezar a enseñar la historia de la esclavitud en Colombia. Hay que empezar a entender el racismo, hablar sobre esto abiertamente. En Colombia debemos evolucionar en esa conversación. Deberíamos tener más espacios para saber cómo se nombra esto, por qué se nombra de esa manera y que podamos identificar, por ejemplo, que haya ausencia de personas afrodescendientes en bancos y en la atención en los aeropuertos, en los aviones. Que podamos hablar claramente sobre lo que implica. El año entrante vamos a cumplir 170 años de abolición de la esclavitud, entonces deberíamos tener una lectura mucho más compleja del impacto que se tiene en la nación y que podamos conversarlo como país, para que haya una conversación y no una negación de la existencia de un sistema social racializado.

El director técnico del equipo de fútbol Junior de Barranquilla, Julio Avelino Comesaña, el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez y don Orlando Logreira, un vendedor ambulante de fruta que depende de su trabajo; representan a esos mayores -en sus 70 o a punto de cumplirlos- en riesgo por coronavirus, que no sólo quieren salir para estar con sus familias, sino porque ocupan posiciones de liderazgo o hacen trabajos determinantes para sus vidas. 

El confinamiento ordenado a quienes tienen más de 70 ya pasó los dos meses, pero, a diferencia de lo que sucede con el resto de la población, se extenderá mínimo hasta fines de agosto, y probablemente más ya que su fragilidad frente al virus no va a desaparecer. 

Y, aunque esta vez el presidente Iván Duque anunció que esa extensión incluye permiso para tres salidas semanales de media hora, esta vez se generó un malestar que algunas figuras públicas, como los exministros Humberto de la Calle, Rudolf Hommes y la columnista Florence Thomas, hicieron público.

Comesaña, el Alcalde y don Orlando son la cara de aquellos para los que nunca ha sido una opción quedarse en casa, así el Presidente los haya infantilizado por varias semanas llamándolos "abuelitos" (expresión que luego cambió). 

Salir a la calle es cumplir la tarea

A sus 72 años, el famoso director técnico del Junior, Julio Comesaña, tiene tan poco deseo de encerrarse y tanta disposición para trabajar que, frente al confinamiento ordenado por el Presidente, la semana pasada decidió presentar una acción de tutela contra el Gobierno por “violación a la dignidad humana, la salud mental, el trabajo y la libertad de escoger profesión y oficio”. 

Comesaña dijo que quería poder dirigir a sus jugadores desde el 8 de junio, fecha en la que está previsto el regreso a entrenamientos individuales.

En los meses previos a esto, se reunió de manera virtual con su equipo, pero dice: “A mí me cuesta bastante la relación si no veo a la persona, si no la tengo cerca. Yo extraño estar con ellos permanentemente”. 

El Club Deportivo Junior, que pertenece al poderoso clan de los Char de Barranquilla, emitió un comunicado de prensa en el que dice que respeta a Comesaña en interponer su acción, pero no lo apoya, pues cree que existen otros foros donde se puede tener esta discusión, como hablar directamente con las autoridades.

Con este comunicado, el Club prefirió desmarcarse del director técnico antes que afrentar a Duque en un momento en el que Cambio Radical, partido en el que están los Char, pasó a ser del gobierno y tiene representación en el gabinete ministerial con el Ministro de Salud. 

Esa posición contrasta con el hecho de que Comesaña le haya dado cuatro triunfos nacionales en el fútbol colombiano al equipo sobre cuyo éxito los Char han cimentado parte de su imperio político, como lo hemos contado.

El desmarque de Comesaña no sólo se dio desde el club, sino también desde la Alcaldía de Barranquilla, en donde mandan los Char hace 12 años.

Así lo evidenciaron las declaraciones de Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, quien, tras conocerse la tutela, salió a reforzar la crítica a Comesaña diciendo que ésta era innecesaria, pues el decreto no le impide a Comesaña trabajar desde el próximo 8 de junio: “En realidad no prohíbe que los mayores de 70 salgan a laborar si su actividad está exceptuada en la cuarentena decretada por el Gobierno”, explicó Plata. 

Sin embargo, el Decreto de Duque no especifica si las personas mayores de 70 años que tengan que trabajar por fuera o estén dispuestos a hacerlo, lo pueden hacer.  Aunque, de no ser así, por ejemplo, la Canciller Claudia Blum, que tiene 71 años, no habría podido asistir a algunas reuniones a las que ha ido en medio de su aislamiento.

Hace apenas unas horas se conoció la noticia de que el técnico, que en cualquier caso sí se encerró un tiempo, había retirado la tutela.

Para otros mayores el confinamiento no ha sido una opción en ningún momento.

Es el caso del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien tiene 68 años -y legalmente no tiene la restricción-, pero desde antes de la pandemia ha sido estigmatizado por su edad.

Yáñez venció a las maquinarias cuestionadas (las del exalcalde condenado por homicidio Ramiro Suárez Corzo) de su ciudad  y, desde entonces, en algunos corrillos le han cuestionado la edad,  le han dicho “viejo decrépito” e incluso se ha llegado a especular si su estado de salud le daría para llevar la gestión de la pandemia.  

Hablamos con él y nos dijo:

“La vida me ha hecho un gran regalo: una salud de hierro. Esa salud se mejora trabajando por la ciudad y no quedándose quieto. Lo que me preocupa no es mi edad, sino no poder hacer todo lo que me toca hacer para ayudar a la ciudad en esta crisis”, nos contó.

Yáñez trabaja desde las 8 de mañana  y no se queda en el despacho: como otros mandatarios más jóvenes, sale a los barrios a entregar ayudas.

Hace dos meses cuando estuvimos junto a la Fundación Techo les dije que nunca estarían solos, y aquí estamos. pic.twitter.com/hqddjjRiHC

— Jairo Yáñez (@ingjairoyanez) April 5, 2020

El mandatario ya se hizo una prueba del coronavirus y le salió negativa.

Dice optimista: “Tengo toda la energía para salir y seguir haciendo cosas. No es un tema de edad lo que me define, sino mi propia autoestima y control”.   

Don Orlando Logreira ni quiso ni pudo quedarse en casa.  

Él vende frutas en Barranquilla, en el sector de Villa Santos, al norte de la ciudad. Su jornada comienza a las tres de la mañana, cuando va al mercado público a comprar la venta del día.

Allí escoge aguacate, piña, banano, mandarina y otros frutos y luego camina con su carrito, similar a los de mercado, y se arrima a pie hasta el punto debajo de un árbol, en donde ya sus clientes saben que está.

Nos cuenta que la primera cuarentena sí estuvo encerrado por la zozobra del contagio, pero que después no aguantó porque no estaba ganando plata:

“Uno no está pretendiendo que el Gobierno le esté dando limosna; no estoy inscrito en nada de ayudas. Dos días antes de que comenzara la nueva cuarentena arranqué a trabajar por necesidad, pero también porque estar zampado en cuatro paredes es muy estresante”.

El trabajo no ha estado tan bueno porque la gente prefiere no exponerse a comprar cosas en la calle. Don Orlando estima que está vendiendo el 30 por ciento de lo que vendía antes. 

Su jornada termina a las tres de la tarde cuando vende todas las frutas y se regresa a la casa donde vive solo y vuelve a sus lecturas. Le preguntamos cuáles eran y respondió: 

“La literatura clásica, la buena literatura. Las personas de la tercera edad son las que más saben qué hacer con su vida, no hace falta que nos pongan mordazas para saber qué hacer con ella”.

Según datos del Ministerio de Salud, los ingresos del 30 por ciento de los mayores de 60 años sigue dependiendo de actividades laborales, por lo que no cabe duda que para muchos de ellos quedarse recluidos en casa no fue ni será una opción durante la pandemia.  

En el reclamo de los mayores de 70 años es central la idea de que el gobierno y la sociedad han subestimado esa etapa de la vida como una de minusvalidez, cuando, conforme avanza la esperanza de vida en la sociedad, se vuelve cada vez más una edad en la que se puede seguir trabajando, tener actividades y ocupar puestos de liderazgo.

La pandemia, así, entre sus muchos otros efectos inesperados, se está volviendo en ocasión para que una generación redescubra una voz y, sobre todo, para que quiera hacerla oír.

En un contexto con un Nicolás Maduro acusando a Colombia de estar enviándole contagiados de Covid, este fin de semana que pasó, unos 1.500 venezolanos que querían regresar a su país quedaron represados en cinco ciudades, luego de que el Presidente de Venezuela decidiera ampliar la cuarentena de los retornados de siete a 14 días.

Como esa medida de aislamiento de los retornados se lleva a cabo en la frontera luego de que cruzan, se ralentizó el paso y aún ayer había aglomeraciones de venezolanos esperando en Cúcuta, Bucaramanga, Arauca, Ipiales y Bogotá. 

Como todo el país lo ha visto, se trata de una población en la absoluta pobreza, que perdió la poca posibilidad de sustento que tenía en Colombia tras la pandemia y que prefiere regresar a Venezuela a pasar con los suyos estos días duros.

Es la tragedia humanitaria venezolana a la inversa, que estalló por el coronavirus y que ya cuenta, desde que arrancó la cuarentena, 69 mil venezolanos que se han ido en 915 buses, según datos de Migración Colombia.

Si bien apenas representan un poco más del 2 por ciento de los venezolanos que hay en Colombia, no deja de ser un flujo de personas importante cruzando todo el país en plena crisis sanitaria. 

Al problema evidente que significa este traslado en medio de unas casi siempre ausentes o precarias medidas de bioseguridad, se suma que el regreso a casa de la diáspora venezolana no tiene doliente en Colombia.

El Gobierno Nacional no ha asumido esa responsabilidad y Migración ha dicho que los gobiernos locales, que ya están frenteando y asumiendo retos duros del Covid con sus propios ciudadanos; tampoco tienen la obligación de poner la plata para el transporte, la alimentación y la seguridad.

En ese sentido, por ejemplo, alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ya dijo en mayo que no pagaba un bus más.

La lógica del Gobierno, como también lo ha dicho Acnur, es que estos retornos generan concentraciones y riesgos que pueden aumentar el problema sanitario, como lo señaló en un balance de resultados. 

Pero el problema está. Y si no se resuelve, además de ser un asunto de humanidad, puede terminar generando más focos de contagio en algunas regiones.

El fenómeno

En cuanto inició la cuarentena a finales de marzo, cerca de 30 mil venezolanos que vivían entrando y saliendo, retornaron a su país. A los pocos días aparecieron reportes de grupos de migrantes buscando medios para devolverse, en ciudades fronterizas y cercanas, como Cúcuta y Bucaramanga o Ipiales y Cali.  

En su momento, el Gobierno lo vió como casos de retorno aislados y no se estableció una directriz nacional sobre cómo actuar, aunque algunos gobernadores y alcaldes se hicieron cargo, brindando ayudas como alimentación y transporte hasta los puentes fronterizos. 

Luego de eso, empezaron a presentarse casos muy irregulares que encendieron las alarmas en regiones receptoras. 

Tal y como nos contaron autoridades de Santander, Norte de Santander, La Guajira y Arauca, en esas zonas tuvieron que lidiar con que cualquier día en las fronteras de sus departamentos y municipios amanecieran grupos de venezolanos, desde 50 hasta 100, sin que nadie supiera cómo llegaron allí y sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. 

“Encontramos casos en que estaban llevando gente a escondidas hasta Barbosa (municipio de Santander que limita con Boyacá). Les preguntamos de dónde venían y decían que les habían dado transporte en Tunja”, nos dijo una fuente de la Defensoría de Santander. 

“Nos tocó dar la pelea en la región Caribe para que los departamentos apoyaran a sus migrantes porque era muy fácil decir ‘se quieren ir, tomen los buses, váyanse’ (...) recibimos migrantes en camiones y sin saber de dónde venían”, agregó por su parte el secretario de gobierno de La Guajira, Jairo Aguilar. 

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En medio del fenómeno de retorno, a Arauca han llegado venezolanos en mulas.

Fue entonces cuando Migración Colombia diseñó una ruta, el pasado once de abril, para el retorno de quienes quisieran volver a Venezuela.

La ruta consiste en que las personas que quieran viajar en buses a la frontera informen a la alcaldía respectiva para que les hagan tamizajes para verificar su estado de salud, y a su vez coordinen con Migración el día y la cantidad de gente que pueden enviar, de modo que la frontera no colapse. 

Todas las autoridades locales con las que hablamos coincidieron en que una vez Migración Colombia instaló esa ruta, y con el llamado de atención de la Procuraduría que dijo que cada departamento debía hacerse cargo de los migrantes y no promover la xenofobia, se redujeron los viajes clandestinos. Sin embargo, aún hay dos grandes vacíos para que estos viajes sean seguros: los protocolos y la plata.  

Los protocolos

El protocolo definido por Migración indica que los buses no pueden hacer ninguna parada desde la ciudad de donde salen hasta cuando llegan a la frontera venezolana por Arauca, Norte de Santander o La Guajira, por eso deben llevar comida, agua y elementos de aseo suficientes para el viaje que puede durar entre cinco y 30 horas, dependiendo del lugar de origen. 

Sin embargo, tal y como nos dijeron cuatro fuentes oficiales en tres regiones, en la práctica esos protocolos no son tan estrictos. 

Por ejemplo, el ideal es que los recorridos sean en buses con capacidad para 40 personas pero apenas viaje la mitad, para así mantener distancia entre ellos. Sin embargo, Juan Carlos Villate, personero de Tame (municipio que es la puerta de entrada del interior a Arauca), nos dijo que allí han tenido que enviar buses hasta con 60 personas hacia la frontera para no dejarlos durmiendo en medio de la carretera. 

Y en Bucaramanga un funcionario de la Personería que ha acompañado los operativos de retorno nos dijo que sí hay un proceso de desinfección de los buses antes de que los migrantes aborden, pero no hay capacidad de entregar a cada uno kits de bioseguridad, por lo que la única medida de protección con la que viajan es un tapabocas que ellos mismos traen de travesías de semanas.

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Así luce actualmente el punto de encuentro de retornados en Bucaramanga. Hay cerca de 400 personas.

Además, el vacío más grande persiste: no hay un doliente obligado que financie esos retornos.

El lavado de manos del Gobierno

Como mencionamos, cuando comenzó el retorno, algunas alcaldías asumieron poner la plata, según su voluntad y capacidades.

Ipiales, Nariño, ciudad fronteriza con Ecuador, pagó ocho buses: dos fueron hasta Arauca y costaron 14 millones 800 mil pesos y seis se fueron por Cúcuta y costaron 12 millones 800 mil pesos. Es decir, una inversión de 106 millones de pesos. Ese valor incluía comida y elementos de bioseguridad como tapabocas, según le dijo a La Silla el secretario de Gestión del Riesgo de esa ciudad, Fernando Jácome. 

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La Alcaldía de Cali ha costeado 80 buses a siete millones 500 mil pesos cada uno, es decir una inversión de 600 millones sin contar la alimentación y los kits de aseo y bioseguridad que les dieron, más la atención de la Secretaría de Salud, según explicó la secretaria de Bienestar Social caleña, Fabiola Perdomo. De Cali han salido 2.108 venezolanos en este tiempo. 

En Huila, la Gobernación y  la Alcaldía de Neiva pagaron dos viajes para trasladar a 342 personas que estaban llegando a pie desde el sur del país. En Santander, de donde han salido 5.110 personas, la Gobernación y la Alcaldía de Bucaramanga han gastado 217 millones de pesos solo en costear transporte. 

Sin embargo, tal y como lo dijo la semana pasada el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, las alcaldías y gobernaciones no están en la obligación de financiar esos buses.   

En Bogotá, por ejemplo, la Alcaldía no ha puesto plata para viajes sino que habilitó la terminal de transportes del Norte para que desde ahí la población migrante compre un tiquete de 180 mil pesos hasta la frontera. 

En Cali, el alcalde, Jorge Iván Ospina, dijo a mediados de mayo que no va a financiar un bus más; en Ipiales, la Alcaldía ya no tiene plata y por eso los otros 39 buses que han salido han sido pagados por los mismos migrantes. Un pasaje desde allí a la Frontera cuesta entre 230 y 250 mil pesos. Hasta el momento han despachado 1.800 personas.  

Así es que, aunque en la teoría la ruta de Migración establece que los venezolanos deben acudir a las alcaldías o gobernaciones de donde se encuentren para coordinar su tránsito, esto depende de la voluntad de las mismas.

Lo que ha dicho -y nos confirmó ayer- la gerencia de fronteras es que el Gobierno no quiere estimular este retorno porque unos traslados en esas condiciones son riesgosos en medio de una pandemia.

Un asunto que, en todo caso, no guarda mucha coherencia con el hecho de que Migración igual estableció una ruta y, con ayuda colombiana o no, muchos venezolanos sí se están dándose la pela y buscando los medios para volver a su país.

Ese es el caso de Alejandro Castillo, de 25 años, quién está acampando hace 21 días en el Parque de las Banderas en el centro de Cali junto a sus primos y su esposa y otras 196 personas, incluyendo 42 niños y cinco recién nacidos. 

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Alejandro vive hace tres años en Cali, pero desde que comenzó la pandemia lo despidieron del restaurante donde trabajaba y lo echaron del lugar donde vivía. 

Castillo no alcanzó a embarcarse en los últimos buses que mandó la Alcaldía, pero sigue con la intención de regresar a su país. “Estamos en las peores condiciones. Pedimos autobuses a empresas solidarias, gobernación, alcaldía, junta comunal, para ser evacuados porque allá tengo mis hijos, mis papás”, dice. 

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A esos migrantes se suman los caminantes que no tienen plata para pagar buses y deciden regresar a pie. Solo en el trayecto de dos horas de Ipiales a Pasto se pueden ver unos cien migrantes al costado de la vía. 

Caras quemadas por el sol, ropa vieja, zapatos desgastados, a veces en chanclas, maletas al hombro, niños cargados, coches de bebé con maletas, son la imagen diaria de la desgracia. Algunos vienen caminando desde Perú, Ecuador, Bolivia y hasta Chile. 

Para ellos no hay ninguna ruta de atención del Gobierno, y dependen, de nuevo, de la voluntad de los mandatarios locales de dejarlos dormir en algún sitio, o darles comida y agua. 

Por eso, todos los funcionarios de entidades locales con los que hablamos nos dijeron que están esperando que, más allá de la coordinación, el Gobierno sí se decida a poner plata para costear esa logística. 

“Nosotros no tenemos competencia en ese tema, somos concurrentes pero ni las relaciones internacionales ni el tema migratorio es ni de las Alcaldías ni de las Gobernaciones. Lo hacemos por un tema humanitario, pero no nos pueden dejar esa responsabilidad”, nos dijo Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander. 

Durante la cuarentena, las ayudas directas del Gobierno Nacional para la población migrante han sido 200 mil mercados distribuidos en las regiones donde hay mayor concentración, como Norte de Santander o La Guajira, y 45 mil bonos de 480 mil pesos que hacen parte de su estrategia de Ingreso Solidarios y que recibieron venezolanos que están en bases de datos.

Frente a eso, Marica Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela la Universidad del Rosario, dice que el problema es más estructural. 

“El Covid agudiza los grandes vacíos de la migración: la población es altamente irregular lo cual no le permite tener ciudadanía, no le facilita conseguir trabajo, es población de movilidad permanente de una zona a otra, vulnerable en su acceso a derechos humanos. Con el covid, se agudiza su precariedad para integrar a la sociedad. No hemos podido impulsar una política migratoria integral”, explicó ella. 

Lo que viene

A esta compleja situación, se suma la nula relación entre el Gobierno de Colombia y la dictadura de Maduro. Eso es clave porque la fecha y la cantidad de personas habilitadas para salir hacia Venezuela depende precisamente de las autoridades de ese país. 

Aunque el cierre de este fin de semana que generó represamientos en cinco ciudades no fue una decisión caprichosa del vecino país, tres autoridades locales en zonas fronterizas nos dijeron que ese tipo de cierres se podían prever si hubiese buenas relaciones. 

Actualmente, lo único que existe es intercambio de información extraoficial entre los entes territoriales fronterizos que de cualquier manera no toman decisiones sobre la migración. 

De modo que represamientos como este, con el dictador de Nicolás Maduro diciendo que Colombia le está enviando contagiados, pueden volverse más frecuentes. 

Además, Migración Colombia prevé que al menos el 80 por ciento de los migrantes retornados vuelvan a Colombia una vez la situación del nuevo covid se estabilice. No nos respondieron con base en qué hicieron esa aproximación. 

Sin embargo, supimos por autoridades de Norte de Santander que dentro del tamizaje que le hicieron a los 500 represados en la frontera este fin de semana, les preguntaron si planeaban quedarse en Venezuela. El 30 por ciento dijo que no, que esperaban volver a Colombia entre julio o agosto. 

Para entonces se supone que las fronteras seguirán cerradas. Sin embargo, la mayoría de ellos, irregulares, ya entraron una vez por las trochas ilegales y  podrían volverlo a hacer. 

Neiva ostenta el preocupante título de ser la ciudad del país con la mayor tasa (25 por ciento) del desempleo histórico que se está registrando en Colombia, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Para las estadísticas del Dane, una persona desempleada es esa que no trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana, y en la capital del Huila entre febrero y abril fueron 42 mil en esa situación.

Ellos representan un cuarto de la población económicamente activa, y hacen parte de un drama que venía desde antes del Covid, como lo evidencia el hecho de que ya en febrero se había registrado la tasa más alta (16,7) desde 2007, cuando la ciudad estaba azotada por el conflicto armado.

Además del confinamiento, la cifra acumulada del desempleo está relacionada con la altísima informalidad, la caída de sectores como la construcción, el fantasma de una nueva crisis petrolera y la falta de industria de Neiva.

Por eso, además de lo que deje el virus, es posible que la cantidad de desempleados siga creciendo en los próximos días.

La cara de la desocupación

El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, se pifió cuando dijo que en la ciudad había 100 mil desempleados al suponer que la tasa del 25 por ciento que dio el Dane se aplicaba sobre el total de la población proyectada para el 2020, es decir sobre unos 400 mil habitantes. 

En realidad el porcentaje del Dane se aplica sobre la población económicamente activa, es decir, la que es mayor de doce años, tiene trabajo, lo ha tenido o lo está buscando, y que en Neiva se redondea en unas 158 mil personas. La operación dice, entonces, que, para el Dane, hay unos 117 mil neivanos ocupados y unos 42 mil desempleados.

Comparados con el mismo trimestre de 2019 son 33 mil ocupados menos, y 21 mil desempleados más. 

Aún con el descache en las cuentas de Muñoz, las cifras son escandalosas y no se veían en la ciudad desde hace casi 15 años. 

Camilo Silva es uno de esos nuevos desempleados en Neiva. Él es músico y director de una agrupación vallenata que se llama ‘La Banda del Meke’ de la que hacen parte otras nueve personas que dependen económicamente de la música. 

Arrancaron hace ocho años dando serenatas en ‘La Playa’, que es la plaza donde se hacen los músicos en las noches a la espera de que los contraten. Gracias a la disciplina y dedicación grabaron varias canciones, empezaron a sonar en las emisoras locales y comenzaron a tocar en las discotecas y en fiestas populares. 

Así lo hicieron hasta el 15 de marzo cuando se ordenó el aislamiento preventivo. No han podido volver a trabajar porque están prohibidas las reuniones masivas, y las discotecas no pueden funcionar.

“Antes de todo esto, teníamos unos cinco o seis toques por fin de semana, o sea como unos 25 al mes. Eso nos daba para sacarnos sueldos como de 800 o 900 mil pesos para cada uno. Un mínimo, por decirlo así”, comenta. 

Eran salarios y empleos informales porque ninguno de los diez músicos cotizaba salud o pensión, pues si lo hacían no les alcanzaba para los gastos mensuales.

Antes de la pandemia, esa informalidad laboral en Neiva llegaba al 54 por ciento, siete puntos más que el promedio nacional, según datos del Ministerio del Trabajo.

Dicho de otra manera, de cada 10 personas ocupadas, la mitad se movían en actividades económicas que no son estables y no tienen garantías laborales como salud, pensión, cesantías.  Ahí entran vendedores ambulantes, meseros, mototaxistas, taxistas, músicos, mecánicos, entre otros, que se tuvieron que recoger en la pandemia.

Esos empleos informales fueron los que se destruyeron en su mayoría. 

Sin toques y sin ingresos, algunos músicos de ‘La Banda del Meke’  tuvieron que regresar a vivir con sus familias, incluso en sus ciudades de origen, como Florencia.

A Camilo le tocó reorganizar la economía de su casa porque aunque su esposa sí pudo mantener su trabajo como auxiliar contable de una trilladora de café, gana un salario mínimo y la plata no les alcanza.

“Tocó hablar con la dueña de la casa para pedirle que nos bajara el arriendo, y estoy haciendo los trámites para sacar a la niña del colegio al que la habíamos metido porque ya no nos alcanza para la mensualidad”, comenta. 

Se encarga de cuidar los dos niños, uno de meses y la otra de siete años, y por eso no puede salir a buscar otra ocupación. “Piensa uno en hacer mototaxi o irse para el campo a coger café, pero con quién deja uno a los niños, porque puede uno conseguir quién los cuide pero hay que pagarle y no hay con qué”, añade. 

Esta semana el Alcalde Muñoz autorizó la reapertura gradual de la economía, pero Camilo y su banda seguirán parados porque bares, discotecas y reuniones masivas se mantienen cerrados por indicaciones del Ministerio de Salud. 

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Desde esta semana la Alcaldía habilitó la operación de los centros comerciales

La incertidumbre laboral también está entre los que tienen una fuente de trabajo formal. 

La cifra puede aumentar

Como en los últimos años la tasa de desempleo de Neiva ha estado por encima del promedio nacional, es posible que en la medición que haga el Dane de mayo, las cifras sigan creciendo. 

Eso va a depender de qué tanto se puedan reactivar miles de trabajos suspendidos en medio de la pandemia. 

Paola Bustos tiene 38 años, está vinculada desde hace diez como auxiliar administrativa de una clínica odontológica. Al finalizar marzo la clínica paró actividades pero a ella le dijeron que le iban a pagar ese mes, aunque descontando el subsidio de transporte. 

En abril la mandaron a vacaciones, le dijeron que solo le iban a pagar los aportes de salud y pensión, y que por la cuarentena les iban a suspender los contratos que tienen a término indefinido. 

De mayo no le han dado razón, pero cuenta que a una compañera que lleva 10 años en la empresa ya la llamaron a decirle que la van a liquidar y que debía llegar a un acuerdo con los jefes.

Ella cree que será la siguiente en el listado porque supo que la clínica cerró sus sedes en Pitalito (Huila), Florencia (Caquetá) y Girardot (Cundinamarca), y no se ven planes de reactivar la sede que hay en Neiva. 

Anticipándose al golpe, y para garantizar el dinero para los gastos de alimentación y colegio de su hija, buscó retirar las cesantías pero no pudo porque las tiene en el Fondo Nacional del Ahorro, que es una entidad del Estado, y allá le dijeron que los empleados a los que les rebajaron los salarios, suspendieron los contratos o mandaron de licencia temporal no remunerada solo pueden retirar una parte del ahorro de sus cesantías en las cuatro Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) privadas (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia).

Eso es cierto, según confirmó la presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Cristina Londoño, quien en medios explicó que no es posible el retiro del ahorro en la entidad pública por su manejo de cesantías como garantía crediticia.  

“Ante el Dane debo aparecer que tengo trabajo, pero sin sueldo”, se lamenta Bustos. 

Camilo Córdoba está en las mismas pero en un sector doblemente golpeado: el petrolero. 

Tiene 29 años, trabaja desde hace nueve como operario de una empresa que hace mantenimiento a pozos petroleros. El 27 de marzo salió de un campo en Piedras, Tolima. Ese día la empresa le notificó que suspendían labores y que por eso lo mandaban a las vacaciones que tenía pendientes. 

Al finalizar abril, con los campos aún cerrados, lo mandaron a licencia no remunerada y le dijeron que le mantenían solamente el pago de la seguridad social. Va por la segunda licencia no remunerada, con un agravante: de los doce compañeros que había en su línea de trabajo antes de arrancar la cuarentena, ahora solo quedan él y otro más. 

A nivel nacional estima que pasaron de 80 a 30. 

Córdoba no tiene hijos, pero se encarga de los gastos de sus abuelos y de su hermana menor. En estos años se metió en unos créditos con bancos para comprar un carro y pagar unas deudas, pero sin ingresos tuvo que renegociar. 

También pensó en las cesantías, pero igual que Paola Bustos las tiene en el Fondo Nacional del Ahorro y no pudo sacarlas. 

Según los datos de una encuesta que hizo el mes pasado la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el gremio de las petroleras, si la crisis de los precios y las restricciones se mantienen, las compañías podrían recortar, a diciembre, el 8 por ciento de sus empleos directos y el 72 por ciento de los indirectos, que es la modalidad por la que hay más gente trabajando. 

Eso tendría un impacto duro en Neiva porque es un sector que mueve otros frentes de la economía regional. 

Así se vio ya entre 2015 y 2016 cuando, por cuenta de la caída internacional de los precios del barril, en esta capital y otros municipios petroleros del departamento, se perdieron tres mil empleos directos e indirectos en ese sector, como lo resumió un estudio de la Cámara de Comercio. 

Desde el 2016, esta ciudad no volvió a tener una tasa de desempleo por debajo del 10 por ciento.

Un golpe que afectó a otros renglones porque, por ejemplo, los hoteles tuvieron reducciones hasta del 65 por ciento en la ocupación debido a que eran cada vez menos los trabajadores petroleros que se hospedaban ahí.  

También dejó de circular dinero porque las entidades bancarias se abstuvieron de otorgar nuevos créditos a empresas y trabajadores del sector. 

La reactivación

Con ese saldo laboral en rojo, el alcalde Gorky Muñoz le puso ruedas a la reapertura económica que autorizó el Gobierno Nacional porque dice que así no solo bajaría la desocupación sino que descansan las finanzas del municipio. 

Desde ayer, Muñoz autorizó la reapertura del comercio al por mayor y al detal, las casetas de vendedores ambulantes,  los centros comerciales (con una capacidad máxima del 30 por ciento), los talleres mecánicos, y amplió el pico y cédula a tres números por día.

“Si usted suma estos sectores (el comercio, el turismo, la hotelería, comida), eso da más de un 53 por ciento y hoy todas esas actividades están paradas y por eso este coletazo de la desocupación”, comenta el mandatario. 

Dice que los neivanos deben aprender a convivir con el virus. Hasta ahora en la ciudad se han reportado 143 casos de contagiados por Covid.

Muñoz ha insistido en la reapertura, (incluso propuso abrir las discotecas y bares pero el Gobierno le dijo que no), porque así también puede aliviar las cuentas del municipio. 

Para suavizar el golpe económico, la Alcaldía subsidió el pago de las facturas de acueducto y alcantarillado de los meses de marzo y abril en los estratos uno, dos y tres por 6.600 millones de pesos, y ha invertido más de 10 mil millones de pesos en mercados (en contratos que, en todo caso, son sospechosos, como lo hemos contado). 

Además el pago del impuesto predial se corrió para junio. 

Desde la Administración creen que es una carga que está por desbordarse y por eso van a instalar una mesa de reactivación de la que esperan sacar un plan para presentarle al Gobierno Nacional y que armonice lo económico con la salud. 

En el Plan de Desarrollo que aprobó el Concejo esta semana incluyeron unas líneas de crédito a pequeñas empresas y van a modificar el estatuto tributario para generar beneficios a sectores afectados por el Covid. 

Desde hace unos días está circulando en redes una nota del portal Publimetro titulada: “¿Por qué se reunieron Uribe, Silvestre Dangond y Piter Manjarres para hablar de Ingreso Solidario?”.

Como 18 usuarios de Facebook calificaron la publicación como falsa y como se ha compartido más de 3.000 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es cierta. 

La nota de Publimetro replica unos trinos en los que expresidente y senador Álvaro Uribe contó que se había reunido virtualmente con los cantantes vallenatos Silvestre Dangond y Peter Manjarrés. 

En su hilo, dice que Ingreso Solidario, el programa de subsidios temporales que entrega por el Gobierno por la crisis producida por el Covid-19, debería incluir a los trabajadores del sector cultura, como los conjuntos vallenatos.

“Que todos los músicos de base reciban Ingreso Solidario, trabajadores de sus conjuntos vallenatos, que todos los trabajadores de la cultura sean incluidos si cumplen los requisitos”

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 30, 2020

Como reportó Publimetro, esos trinos generaron controversia porque muchos pensaron que el expresidente pedía subsidios para los cantantes de vallenato con los que se reunió.

Aunque no es claro si lo hizo, al mencionar “músicos de base” podría estar haciendo referencia a los artistas que los acompañan, no a los cantantes principales. 

También es clave mencionar que aunque Uribe se reuna con éstos cantantes eso no significa que van a ser incluidos en Ingreso Solidario. Es solo una propuesta.   

Calificamos la nota de Publimetro como cierta porque la información que replica es verdadera.

Si nada cambia, en los próximos días el Gobierno confirmará el nombramiento del ingeniero agrónomo Juan Gonzalo Botero Botero como nuevo viceministro de Asuntos Agropecuarios en el Ministerio de Agricultura. Así lo confirmó La Silla Vacía con una alta fuente del Ministerio y un funcionario más de esa cartera, luego de que en las últimas horas el ministro Rodolfo Zea le pidiera la renuncia a la economista Marcela Urueña, en el cargo desde hace dos años.

Y siguiendo la línea de los últimos ocho nombramientos en la entidad -como revelamos la semana pasada- el virtual nuevo funcionario tiene vasos comunicantes con el Partido Conservador y también con el Centro Democrático.

Eso es importante porque esa repartija goda en el Ministerio de Agricultura, que venimos detallando, evidencia el fin del discurso de no mermelada del presidente Iván Duque, que desde que estaba en campaña criticó que su antecesor, Juan Manuel Santos, hubiese entregado puestos para tener gobernabilidad, algo que ahora está sucediendo con los conservadores.

Botero es ingeniero agrónomo criado en Magangué (Bolívar), graduado de la Escuela de Agricultura de Costa Rica. Tiene experiencia técnica en el cargo porque ya fue Viceministro en 1999. Actualmente es el gerente para la región Caribe del servicio estatal postal 472.

Si bien no tiene el carnet del partido, como sí lo tienen Zea y la mayoría de altos funcionarios nombrados por él en los últimos meses, su hoja de vida estaba entre las que la colectividad azul movió para los cargos en el Ministerio.

“La verdad es que esa hoja de vida la teníamos en el partido hace mucho tiempo, estaba compitiendo con otros más”, nos dijo un congresista godo de la costa que supo de la movida.

Esa cercanía con los azules y uribistas arrancó desde hace más de dos décadas, vía su padre, Gonzalo Botero Maya.

Él es un veterano político paisa que fue congresista y las últimas décadas las ha vivido en Magangué, donde fue alcalde entre 1999 y 2001. Más recientemente sonó en la baraja de candidatos del uribismo para la Asamblea de Bolívar en las regionales del año pasado, pero al final no quedó en la lista.

Aunque fue liberal toda la vida, Botero Maya fue uno de los disidentes liberales que en 1998 apoyaron al conservador Andrés Pastrana a la Presidencia. Luego de eso, su hijo Juan Gonzalo llegó al viceministerio de Agricultura en 1999 cuando el ministro era Rodrigo Villalba, otro liberal disidente. “Allá todos los viceministros eran pastranistas”, nos dijo un exfuncionario de ese Ministerio de entonces. 

De ahí, el virtual vice Botero llegó a la presidencia de la CAR Cormagdalena y estuvo allá casi 12 años. Salió en el Gobierno Santos I, cuando el entonces ministro de Transporte, Germán Córdoba, le pidió la renuncia públicamente, pese a que tenía el apoyo de la junta directiva.

Por ese trabajo en Cormagdalena es que es cercano también a la bancada costeña goda. Tan así, que dentro del uribismo costeño tenían claro que ese cargo estaba reservado para los congresistas de la Cámara azul, según nos dijo un congresista del Centro Democrático que estaba pendiente del puesto.

Así las cosas, Botero llegaría al cargo para seguir reconfigurando el panorama del Ministerio que cada día es más azul.

Hace dos semanas, después de intensos días de altas temperaturas, comenzó a llover fuerte en Barranquilla. Con el agua volvieron también los tradicionales y peligrosos arroyos, ese problema histórico, que se da por la ausencia de un sistema de drenaje y que desde 1933 ha cobrado la vida de al menos 94 personas que son arrastradas hasta el río Magdalena. 

Desde que empezaron los aguaceros que calmaron el calor, por redes y medios locales se ha reportado más o menos una decena de arroyos grandes y pequeños en distintas partes de la ciudad, que se han llevado algunos carros y escombros, aunque sin víctimas fatales. 

El que mayor estragos causó, el pasado 19 de mayo, resultó ser uno de los arroyos que en un paquete de licitaciones millonarias de 835 mil millones de pesos entregó para obras de canalización la pasada Administración del alcalde Álex Char, una de cuyas banderas fue acabar con este dolor de cabeza barranquillero. 

Se trata del arroyo Hospital, que pasa por el suroriente de la ciudad y que hace 16 días dejó 76 casas inundadas y 120 damnificados en el popular barrio Rebolo.

¿Se debe decretar calamidad pública en Rebolo?, que dolorosas imagenes. Crónica de una inundación super anunciada, no cuidamos a nuestros ciudadanos y después les exigimos disciplina social. Muy difícil. pic.twitter.com/7skD8jGdvu

— Diógenes Rosero D. (@diogenesroserod) May 30, 2020

Por esto, la Alcaldía de Barranquilla tuvo que reubicar a los afectados en hoteles por 30 días y se comprometió a dar subsidios de arriendo temporal. Esto mientras realizan trabajos para levantar los niveles de las viviendas que las dejen a ras del pavimento de la vía y no por debajo. 

La canalización del arroyo Hospital se entregó en 2016 por 83.887 millones de pesos y, aunque las obras no tuvieron ceremonia de inauguración oficial, el secretario de Infraestructura del Distrito, Rafael Lafont, había dicho el pasado siete de mayo que estaban concluidas. 

El contrato lo ejecutó el Consorcio Promesa de Sociedad Futura Obras Hidráulicas 2016, que está compuesto por la Constructora FG S.A, Assignia Infraestructura Sucursal Colombia S.A. y  la Sociedad Panamericana de Inversiones S.A. 

Constructora FG S.A está representada por Eduardo Santos Martínez, aunque detrás de la compañía está el veterano ingeniero Francisco González; Assignia Infraestructura es representada por Ángel Miguel Tascón, quien ha afrontado las críticas a la compañía por incumplimentos en obras y la Sociedad Panamericana de Inversiones S.A.S. es representada por Samuel Lerner y se dedica a actividades relacionadas con el mercado de valores.

Constructora FG S.A. y Assignia Infraestructura también hicieron parte del Consorcio Ribera, que en 2013 se quedó con la polémica Vía de la Prosperidad, y que es representado por Gary Espitia, amigo personal de Char y contratista de Barranquilla. 

Además, como contamos en una historia sobre las empresas que ganaron el negocio de los arroyos, la sucursal de colombiana de Assignia Infraestructura ha enfrentado grandes escándalos de corrupción e incumplimento de obras. Concretamente por el abandono de la construcción de uno de los tramos de Transcaribe en Cartagena o el presunto soborno a funcionarios de ayuntamiento en España a cambio de contratos millonarios. 

Asimismo, la Sociedad Panamericana de Inversiones S.A hizo parte de la Unión Temporal Havivir que fue la que en 2012 construyó el paquete de siete mil viviendas gratis que entregó el Ministerio de Vivienda cuando Germán Vargas Lleras, aliado de Char, era vicepresidente. 

La obra del arroyo Hospital ya había sido cuestionada por la comunidad debido a retrasos, pues se adjudicó en 2016, tenía un plazo de ejecución de 16 meses y hasta mayo no la habían entregado.

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Tras los daños causados por el arroyo Hospital el alcalde Jaime Pumarejo, del grupo de Char, dijo: “Se debe precisar que obras de canalización del arroyo cumplen con requisitos técnicos. Inundaciones se deben a comportamiento atípico de lluvias que causaron desbordamiento de la cuenca Caño de la Auyama, el cual ya tiene estudios y diseños listos para que esto no se repita”. 

En el último mes, el Covid ha pasado de tener menos de 8 mil a más de 33 mil casos comprobados en Colombia, un salto que queda claro al ver las curvas de contagios y de muertes que muestra este balance de los tres meses de la pandemia en Colombia.

Pero hay algo llamativo: el crecimiento siempre ha sido en focos y eso se profundizó en el último mes, cuando se cuadruplicaron los casos sobre todo por el aumento en los municipios que ya tenían casos, como se ve en este mapa

Esa concentración se da cuando en Colombia siguen creciendo los casos detectados, y eso que los datos de hoy son de hace más o menos una semana (el tiempo que pasa mientras la persona siente síntomas, pide la prueba, la consigue, y ésta se hace en los laboratorios)

Y las muertes, que suelen ser el mejor indicador de una epidemia mortal (es más difícil que pasen sin ser detectadas), también siguen creciendo aunque -igual- reflejan los contagios de hace unas dos semanas

La concentración se nota también en que esas muertes golpean más lugares, que tienen una tasa muy alta de muertes por habitantes:

Y en que los 20 municipios con más muertes suman el 85 por ciento de ellas

Por eso, lo que se vuelve cada vez más importante no es solo dónde hay casos, sino dónde los sistemas de salud tienen cómo enfrentarlos, que es uno de los objetivos de la cuarentena: ganar tiempo ralentizando el contagio para tener el sistema de salud listo para enfrentarlo. 

Eso se logra con por lo menos cuatro capacidades: poder hacer pruebas (algo que Colombia ha resuelto en general), tener información de contactos (apps), poderlos seguir (equipos epidemiológicos) y la capacidad de tratar casos graves (camas de cuidados intensivos libres y suficientes en proporción al brote).

Ese alistamiento se ve así para las cinco principales ciudades y las otras en las que el brote está alto:

En el mismo sentido de lo ocurrido acá, en otros países, el pico se concentró sobre todo en algunas zonas específicas: en China en Wuhan, luego en Italia alrededor de Milán, en España en Madrid y Cataluña, en Estados Unidos en Nueva York y Nueva Inglaterra o en Ecuador, en Guayaquil.

Por eso, lo que logren las autoridades locales y nacionales en esos focos de contagio decidirá cómo afecta el Covid al país y si los que hoy se ven como logros

son la muestra de que el pico será más bajo, o solo de que llegará más tarde.

Más cuando el foco de la pandemia está ahora en América Latina, Rusia y el mundo árabe

Y Colombia está reabriendo antes del pico, no después como ha pasado en China, Europa o Estados Unidos.

Además, lo está haciendo con medidas muy diversas, que se notan en el contraste entre las restricciones que hay hoy en Cali, Cartagena o Tumaco, donde hay focos fuertes de Covid-19, frente a la reapertura en Medellín, decenas de municipios de Antioquia o Neiva, donde no los hay.

Sin embargo, esos brotes fuertes pueden surgir rápidamente: hace un mes solo había 4 casos comprobados en Tumaco, y hoy son casi mil.

La apertura de una indagación preliminar en la Corte Suprema -que se suma a otras investigaciones- por supuestamente haber sido el destinatario de perfilamientos del Ejército a periodistas, ONG y políticos, le removió esta semana a Álvaro Uribe una de las grandes sombras que se ciernen sobre su figura: la del delito de las chuzadas cometidas en su mandato.

El nuevo aguacero coge al Expresidente en momentos en los que está dedicado a una suerte de reencauche de sus famosos consejos comunitarios, realizados virtualmente debido a la pandemia del coronavirus, con altos funcionarios del Gobierno y una agenda de temas populares como el fútbol, el vallenato, los taxistas, periodistas comunitarios y las iglesias, que podría terminar dándole réditos a él y a su Partido más adelante.

Sobre todo teniendo en cuenta que, en algunos casos, tras esos encuentros varios sectores han encontrado alguna solución a los problemas que enfrentan por la crisis del Covid.

Entre explicaciones judiciales y consejos comunitarios

A Uribe lo puso a dar explicaciones el anuncio de la preliminar en la Corte, que se generó tras una denuncia anónima que llegó al alto tribunal.

Desde 2014 me investigan por el hacker de quien supe por el escándalo, desde enero le sumaron este anónimo, el 15 de mayo otro magistrado abre otra indagación preliminar por el mismo anónimo pic.twitter.com/ogbWj34KVH

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 3, 2020

Por esas mismas horas, el pasado martes, le revivieron una entrevista de 2012 en la que el mercenario israelí Yair Klein lo señala con la financiación del entrenamiento a los paramilitares. 

“Me tocó salirme de la pandemia por esto”, le dijo ayer el Senador a Blu Radio y lo mismo repitió en entrevistas con Caracol Radio y por twitter.

Con salirse “de la pandemia” se refiere a la agenda que continuó ese día con una reunión virtual con transportadores municipales, que piden ayuda para reactivar los recorridos entre municipios.

Uribe llama a esos encuentros ‘correo social’ y, básicamente, se trata de reuniones virtuales de gruesa asistencia que transmite por Facebook y a las que lleva a gremios afectados económicamente, sus 50 congresistas y altos funcionarios del Gobierno, que van desde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ministros, directores de entidades, superintendentes y hasta asesores de la Presidencia.

Los funcionarios escuchan las quejas y los gremios y miembros de su partido, el Centro Democrático, proponen soluciones al Gobierno para que las implemente.

Uribe no dirige (la palabra la va dando la directora de su colectividad, Nubia Stella Martínez), pero sí interviene dando órdenes a sus políticos y cierra al final el encuentro con unas palabras.

Es decir, es una nueva versión de sus consejos comunitarios. Ahora por la plataforma Zoom. 

Y aunque en muchos otros partidos están también realizando reuniones con sectores afectados, a las que igualmente suelen ir funcionarios del Gobierno, la diferencia de estas está en la asistencia masiva, en la transmisión pública que hacen por Facebook y en la idea que genera que, de todas maneras, se trate de gestiones que hace el padrino del Presidente.

Arrancó a fines de marzo y las ha tenido con cantantes vallenatos y los equipos de fútbol (las más comentadas mediáticamente); con transportadores intermunicipales el 3 de junio; pastores cristianos el 30 de mayo; taxistas y conductores de servicio público el 27 de mayo; colombianos en el exterior el 22 de mayo; mineros el 21 de mayo; madres comunitarias el 18 de mayo; con trabajadores independientes el 13 de mayo; con artesanos el 8 de mayo; con personal de la salud el 2 de mayo; con periodistas comunitarios el 30 de abril; con el sector turismo el 23 de abril. Hoy tuvo una con arquitectos y sector constructor. Y la lista sigue.

Una agenda que recoge muchos de los temas populares que interesan y afectan hasta las emociones de muchos colombianos.

Sectores con los que mueve iniciativas que a veces son de corte paternalista y social cristiano, como las que ya había movido el año pasado cuando propuso un aumento extraordinario del salario mínimo, una reducción de la semana laboral y una prima extra para los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos; o con su postura contra la ampliación del IVA a la canasta familiar en la primera reforma tributaria de Duque.

La directora del partido, Nubia Stella Martínez, organiza una agenda de temas que les pasa a los congresistas uribistas por chat. Cada uno con sus respectivas Unidades de Trabajo Legislativo buscan asistentes entre sus bases de votantes, militantes, amigos en gremios económicos, mientras que la Dirección de la colectividad cuadra a los funcionarios del Gobierno del ahijado Iván Duque.

Y ellos van. 

Aunque aclaran que no es por “correrle a Uribe”.

“Yo he ido a todas las reuniones con las bancadas del Congreso, a las sesiones de control político y a reuniones de bancadas regionales. Esta es una más”, nos dijo un Ministro que pidió no ser citado con su nombre para no ser relacionado con el uribismo.

“Nos corren no solamente por Uribe sino porque somos organizados”, nos dijo el senador Jhon Harold Suárez. De esa organización nos habló otro Ministro, en referencia a que partidos como el Conservador, el Verde y La U, también lanzan propuestas y se reúnen con los funcionarios, “pero esta gente te llega con más de 70 personas a esos encuentros y hay que escucharlos”.

”Nos corren porque somos organizados”

Jhon Harold Suárez, CD

La mayoría de los Ministros y funcionarios agradecen la gestión en las reuniones. Solo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez agradeció públicamente al Centro Democrático por la reunión que tuvieron con ella y los comerciantes independientes.

Para la mayoría de gremios que están en estos encuentros, asistir a estas reuniones no es nuevo. Algunos, sobre todo los de comercio, ya están acostumbrados a hablar casi diariamente con ministros y políticos de partidos para mover beneficios. 

Así nos dijeron, por aparte, Camilo Ospina de Asobares; Enrique Gómez de la asociación de restaurantes; y Hugo Ospina, de los taxistas bogotanos.

De hecho, por eso también sienten que los funcionarios asisten más allá de que se trate de Uribe. “Esos espacios sirven para visibilizar la problemática. Entonces se entiende y se visibiliza y se hacen unas solicitudes que necesitan diferentes promotores, uno de ellos es el Centro Democrático”, nos dijo Ospina de Asobares.

Así mismo nos dijeron cuatro altos funcionarios del Gobierno que han ido a esos encuentros. 

Las reuniones fácilmente pasan de las dos horas. La directora Martínez lleva la batuta permitiendo las intervenciones de los representantes de los gremios y los funcionarios. Y al final, Uribe se lanza un discurso con el resumen de las propuestas que podrían enviar al Gobierno y órdenes a sus congresistas para mover proyectos de ley de esos temas. 

Después de cada encuentro, la Dirección del partido les manda a los asistentes actas con las propuestas y copias de cartas a los ministerios. Y vía un grupo de whatsapp, les van diciendo qué han logrado.  

Por ejemplo, al gremio de periodistas comunitarios y regionales de medios pequeños por esa vía les contaron tras su reunión que un funcionario del Banco Agrario les recibiría directamente sus solicitudes de crédito, aunque eso en específico no va dirigido a solventar la crisis del periodismo regional por falta de pauta.

Luego de la reunión con las franquicias de restaurantes, dueños de establecimientos de comida y bares, el Gobierno sacó el decreto que suspende temporalmente el cobro del impuesto al consumo del 8 por ciento, que fue algo que ellos pidieron en su cita con Uribe.

En el MinComercio nos dijeron que esa medida no salió porque Uribe lo pidió, sino porque en las reuniones que han tenido con ese sector vieron que había una petición reiterativa que el MinHacienda encontró viable. 

”Las solicitudes requieren diferentes promotores”

Camilo Ospina, Asobares

Con otras peticiones ha habido controversia. Como la que hizo Uribe de que los músicos de vallenato (un gremio en el que el uribismo es bastante fuerte) reciban subsidios del Gobierno. Eso generó controversia en redes porque muchos entendieron que millonarios artistas, como Silvestre Dangond y Peter Manjarrés, quienes estuvieron en la reunión; recibirían esa plata. Uribe al final aclaró que su propuesta iba dirigida a los artistas de base.

O el debate que se armó en la reunión con los taxistas por un proyecto que el CD venía moviendo para regular las plataformas digitales.

En el encuentro, Hugo Ospina, empresario del gremio, fue insistente en quejarse de la iniciativa. Al final, las dos funcionarias del MinTransporte presentes no hablaron del tema, Uribe defendió el proyecto y Ospina nos dijo que le quedó la impresión de que “el Centro Democrático quiere acabar con el taxismo”.

Pero ninguna gestión, resultado de sus mini consejos comunitarios por Zoom, ha sido tan viable para que Uribe moje prensa y muestre resultados con un gremio como la que tuvo con la División Mayor del Fútbol (Dimayor) el 20 de mayo para que volviera la liga de fútbol, un asunto popular y que involucra el sentir de muchos colombianos.

Poder Redondo

Sobre el origen esa reunión encontramos dos versiones: una, que nos dijeron dos congresistas uribistas, es que el presidente de la Dimayor, el exsenador vargasllerista Jorge Enrique Vélez, estaba haciendo lobby con congresistas porque Duque no tenía previsto reactivar el fútbol y Uribe “le paró bolas”; otra, que nos dijeron dos fuentes asociadas al fútbol, es que desde la Dirección del CD llamaron a la Dimayor.

“La idea era buscar una forma de bajar el estrés en el encierro y el fútbol ayuda a eso”, nos dijo la representante antioqueña Margarita Restrepo, que estuvo atenta al tema.

De ahí, el partido contactó al MinDeporte que les mandó a la reunión virtual con Uribe a la viceministra, Lina Barrera, y también cuadraron al viceministro de Salud, Luis Moscoso, para que escuchara parte del encuentro.

Ahí fue donde Uribe propuso la popular idea de que el fútbol fuera transmitido por televisión abierta, y no por el canal privado Win, que este año comenzó a cobrar por algunos partidos. Ahí hizo eco a lo que públicamente pidió José Fernando Salazar, el dueño de Águilas de Rionegro y militante uribista.

Eso fue descartado de tajo por la Dimayor porque por esos recursos de televisión cerrada llega parte de la plata con la que se sostienen los equipos y es un entramado de negocio de unos pocos, como contamos.

Pero, más allá de eso, Uribe mojó prensa en los programas deportivos en los que normalmente no sale y que tienen amplia audiencia con periodistas que apoyan el regreso del fútbol con protocolos; y, sin buscarlo, ocasionó un cisma en la Dimayor por viejas rencillas contra Vélez.

Y sobre todo, dejó la impresión de que Uribe fue el que logró el regreso del fútbol, por encima del Ministro del Deporte, como detalla en esta nota Gabriel Meluk, editor de Deportes en El Tiempo.

Si bien Uribe no ha mostrado interés alguno por un equipo (a diferencia de Duque que es hincha del América) durante su Gobierno sí se movió para traer eventos futboleros, como el mundial Sub 20, por el que su vicepresidente Pacho Santos hizo lobby ante la Fifa.  

”El fútbol alivia el estrés del encierro”

Margarita Restrepo, CD

“Él sabe que el fútbol es un negocio popular de masas”, nos dijo un veterano periodista deportivo que sabe del intríngulis en la Dimayor. 

Como Duque luego de la reunión de Uribe dijo que “esto no es de presiones ni de política”, algunos sectores del partido no afines con el Presidente sintieron que “fue muy desobligante” con su jefe político, como nos dijo un congresista. “Si se lo hacen a uno, la molestia sería muy grande”, nos dijo a su turno un Ministro en referencia a que Uribe interceda de esa forma en temas de su cartera.

Por todo el ruido alrededor, ese fin de semana después del encuentro con Dimayor, la bancada uribista se reunió con el ministro de Deporte, Ernesto Lucena. Allí, según tres congresistas presentes, Uribe le dijo a Lucena que apoyaban al Gobierno en lo que definieran.

Así, con resultados concretos, gestiones que no se concretan y controversias, la movida de estas reuniones uribistas son vistas dentro del uribismo como una vía para hacer campaña, en momentos en los el Gobierno, el Congreso y los políticos en general están bajo la lupa por sus acciones y, sobre todo, por los alivios que puedan brindar en la crisis.

¿Y los votos?

A los congresistas estas gestiones y exposición les sirve para allanar camino a las presidenciales y legislativas de 2022, luego de la debacle de las elecciones regionales y las diferencias con el presidente Duque al que, como contamos, culparon de los pobres resultados uribistas en esos comicios; lo que se sumó a la molestia generalizada con el Gobierno en el Paro Nacional de noviembre y al distanciamiento que ya tenían varios sectores del uribismo con la Casa de Nariño.

“La agenda política se va a convertir en ‘usted qué hizo en la crisis’. En 2022 nos van a preguntar eso y será la agenda pública de la campaña política”, nos dijo el senador Ciro Ramírez; “La gente hoy más que nunca necesita a sus dirigentes cercanos. Los políticos antes esperaban meses para hacer campaña. Pues mire, esta es la mejor forma”, agregó por su lado el senador Jhon Harold Suárez.

“El partido busca el voto de opinión. Ahora estamos donando a donde sin mirar si votaron por uno o no”, nos dijo a su turno la representante Margarita Restrepo.

Si bien entre los gremios no es claro que la gestión de la pandemia se vaya a traducir en votos al uribismo, como nos dijo Camilo Ospina de Asobares: “Esta pandemia va a pasar facturación y los ciudadanos y empresarios, todos vamos a ‘calificar el servicio’ de los partidos”.

Por eso, esta estrategia puede ser clave, sobre todo cuando es tan incierto cómo le pueda terminar de ir a Duque frenteando la crisis de la pandemia y en qué terminen los procesos judiciales que afronta Uribe por supuesta comisión de delitos.

Desde hace unos días está circulando por WhatsApp una cadena que muestra unas supuestas declaraciones del periodista caribe Juan Gossaín en las que hace un análisis de la situación del país y critica la corrupción. 

Como varios usuarios nos pidieron que verificaremos la veracidad de la cadena a través del WhatsApp de La Silla, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es falsa.

Este es la cadena que está moviéndose por WhatsApp:

gossain.jpg

 Al hacer una búsqueda en Google con la primera frase de la cadena “El país no sólo se nos ‘odebrechtizó” y encontramos una columna de opinión que Gossaín escribió en 2017 sobre la corrupción en Colombia. 

La cadena toma unos párrafos de la columna y los mezcla con contenidos diferentes a los escritos por el periodista. 

Por ejemplo, Gossaín sí dijo que el país se  ‘odebrechtizó pero no habló de que se "fascistizó", ni tocó el tema de los casos de corrupción del Ejército ni de la serie Matarife.

La falsa cadena dice que “un Subpresidente (haciendo referencia al presidente Iván Duque), que contrario a lo que dijo en campaña, autoriza fracking y uso del mortal Glifosato”, pero ninguna de las dos cosas vienen en la columna.

Admeás, el fracking o la “exploración y producción de yacimientos no convencionales” no son posibles en Colombia  más allá de unos proyectos piloto que buscan revisar su viabilidad.

Lo mismo ocurre con el glifosato.

Desde 2017, la Corte Constitucional suspendió el programa de aspersión aérea con glifosato y para levantarla puso seis exigencias.

Como contamos en esta historia, el Gobierno ya tiene un borrador de decreto (que presentaría a la Corte) con comentarios de la ciudadanía pero igual le faltan los conceptos que deben dar el Instituto Nacional de Salud la Autoridd Nacional de Licencias Ambientales, y con el Covid-19 el proceso puede seguir estancado. 

La Silla se comunicó con Gossaín para verificar si había o no hecho esa cadena y nos indicó: “Ese es falso. Nunca he escrito eso”, nos dijo el periodista.

No es la primera vez que a Gossaín se le atribuyen falsas declaraciones.

El año pasado chequeamos un audio en el que supuestamente criticaba a varios políticos de izquierda y en 2017 también verificamos otro cadena en la que él era supuesto autor. Los dos casos resultaron ser falsos.

Por lo anterior, calificamos la cadena que se está moviendo en WhatsApp como falsa porque atribuye unas declaraciones que Gossaín no ha hecho.

Desde hace unos días está circulando en Facebook una publicación del portal Justicia y Paz Colombia titulada: “El mercenario israelí Yahir Klein revela que Álvaro Uribe Vélez le pagó para formar los escuadrones de la muerte en Colombia”. 

Como 18 usuarios de Facebook calificaron la publicación como falsa y como se ha compartido más de 1.000 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que la nota es cierta pero omite elementos importantes como la fecha real de publicación del video y el contexto del mismo. 

El artículo del portal replica un fragmento de una entrevista que Univisión le hizo en 2012 a Yahir Klein, un exmilitar israelí que entrenó a grupos paramilitares en el Magdalena Medio a finales de los 80.

La publicación está acompañada con el texto “El mercenario israelí Yahir Klein revela que Álvaro Uribe Vélez le pagó para formar los escuadrones de la muerte en Colombia”.

Este es el fragmento de entrevista que aparece en el artículo:

El fragmento fue retomado de una nota del portal La Nueva Prensa, que también omite el contexto y fecha de publicación de la entrevista realizada por Univisión. 

En noviembre de 2012, el noticiero hispano Univisión le realizó una entrevista a Klein. Para esa fecha el exmilitar israelí estaba participando como testigo en la audiencia en contra del exjefe paramilitar Ramón Isaza, alias “El Viejo”, quien fue uno de los principales líderes de los grupos paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

En la entrevista Klein aseguró que en su trabajo de entrenamiento a paras militares habría sido apoyado por un hacendado de la zona, que luego se convirtió en presidente de Colombia.  

“El no me pagó a mí (Uribe), yo no le vi en mi vida. Él le pagó a la organización y ellos me pagaron a mí”, dijo Klein. 

Como contó Univisión, los ex jefes paramilitares Henry Pérez y Ariel Otero, ya muertos, serían, según Klein, las personas que señalaron a Uribe como uno de los financiadores de sus actividades ilegales.

Después de las declaraciones de Klein, Uribe publicó un trino en el que calificó al exmilitar israelí como un “bandido”. También hizo referencia a la periodista Olga Behar, quien este año publicó  el libro “El Caso Klein”, en el que cuenta detalles de cuando Klein estuvo en Colombia. 

Olga Behar y Klein, como todo bandido,cobarde a distancia y sinuoso

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 14, 2012

Aunque Klein sí insinuó que Uribe habría pagado por sus entrenamientos a grupos paramilitares, en este momento el exmilitiar no presentó ninguna prueba que sustentara su declaración. 

Calificamos la nota del portal Justicia y Paz como cierta pero indicamos que omite elementos importantes como la fecha real de publicación del video y el contexto del mismo. 

Con 25 mil habitantes, el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, tiene la segunda tasa de contagio más alta del país después de la golpeada ciudad de Leticia, en el Amazonas.

Son en total, a hoy, 236 casos confirmados. Todos del proyecto Hidroituango (aunque ya han aislado a algunos y a otros los han llevado a Medellín), que precisamente toma su nombre de este pueblo y que, por ahora y pese a los ruidos por supuestos incumplimientos de los protocolos de bioseguridad y al temor desatado en parte de la comunidad, no será cerrado.

No lo será, como han dicho desde la empresa de servicios públicos EPM (que lidera el proyecto), porque, como el país sabe, la generadora de energía tiene la complejidad de estar asumiendo la reparación de los daños generados por la llamada “contingencia” que causaron los líos de planeación y construcción que pusieron en vilo de eventual tragedia a una zona de influencia en la que viven 167 mil personas.

Entre el brote, la obra y el susto

El 12 de mayo se detectaron los primeros tres casos confirmados de Covid-19 en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, la que sería la generadora de energía más grande en la historia de Colombia. 

Ana Milena Joya, gerente Social y Ambiental de Proyectos de Ingeniería de EPM, dijo la semana pasada que "sin embargo, el 28 de abril en un recambio de turno, por condiciones en las que en ese momento no teníamos pruebas, ingresa el virus a nuestro proyecto”.

La particularidad del proyecto es que no es una empresa en la que los empleados entran y salen diariamente, sino todo un complejo con tres campamentos en los que han residido unos 6.500 trabajadores, como contamos en esta historia.

Es una suerte de mini ciudad, o mini barrio bien equipado, con oficinas, un centro de monitoreo permanente, zona de comidas, biblioteca, gimnasio, piscina y varios bloques de edificios con habitaciones.

Para intentar controlar el brote, tras conocerse esos primeros contagiados, se tomaron 3.710 muestras a los trabajadores y, el 28 de mayo, EPM y la Gobernación confirmaron 194 resultados positivos más, que luego fueron aumentando hasta la cifra de hoy.

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Crédito: tomada de idea.gov.co

Como el Gobierno Nacional dijo en abril que, al reactivarse el sector de la construcción, los protocolos deben ser tan estrictos que al primer brote en una obra ésta tiene que suspenderse, algunos pensaron que el proyecto cerraría, pero no fue así.

El principal argumento de la empresa es encontrarse en la excepción 31 del decreto 457 del 22 de marzo, que da instrucciones para el aislamiento obligatorio: obras civiles y de construcción que por su estado de avance o características presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural; y dentro del decreto 636 del 6 de mayo, con el que se abrió aún más la puerta al sector de la construcción con sus debidos protocolos.

Eso contrasta con el hecho de que en varias ocasiones la misma EPM ha dicho que tiene el riesgo controlado o a punto de controlar por completo, como en esta noticia de El Tiempo, o en este comunicado del 28 de abril, cuando decían que el riesgo de la presa (parte fundamental) ya había sido mitigado.

En enero de este año, la empresa dijo que estaba a la espera de la Anla le levantara la medida de solo poder realizar obras de superación y mitigación de la contingencia y no trabajos nuevos.

Más allá de eso, La Silla Vacía supo de versiones directas de personas que conocen la obra por dentro, porque trabajan o han trabajado ahí, que ponen en duda la efectividad de la aplicación de los protocolos de seguridad allí.

Un conductor autorizado para entrar a uno de los campamentos, el llamado Tacuí, nos dijo que desde que regresó a trabajar luego de un receso, hace al menos un mes, los protocolos de entrada son estrictos. 

Además, la gerente social Joya aseguró que ”desde los primeros días de marzo, el Proyecto inició con la aplicación de unos protocolos estrictos y acogiéndonos a toda la normatividad nacional entorno al manejo de este virus".

Pero otro trabajador cuenta que la empresa apenas está poniendo los elementos de bioseguridad en todas las áreas.

Un epidemiólogo llamado Orlando Montoya habitante de Yarumal (otro de los pueblos de influencia) le escribió una carta de alerta al alcalde de ese municipio, el pasado 26 de mayo, asegurando que los casos que se presentaron en el Proyecto “no corresponden al comportamiento normal de la patología”. 

Dice el experto que una tasa de contagios tan alta en tan poco tiempo no se hubiera presentado con un cumplimiento estricto de los protocolos.

También hablamos con un excontratista que nos aseguró que renunció por miedo a contagiarse, antes de la toma de muestras masiva: “Le dicen a uno que tiene el mismo riesgo de contagiarse allá que en la casa, eso es mentira, con miles de personas entrando y saliendo, los buses llegan llenos, y haciendo filas sin distancia”.

El ingeniero Santiago Ortega, quien visitó en diciembre la obra, nos explicó que EPM está en capacidad de manejar la bioseguridad y el aislamiento de los empleados, pues trabajan distanciados, con tapabocas, gafas y demás implementos, pero que no está tan seguro de que esto sí se aplique dentro los campamentos.

Allí en esas zonas de residencia, los trabajadores descansan y tienen vida social.

A finales de marzo, el alcalde del también vecino Briceño, Wilmar Moreno, había denunciado supuestas irregularidades y falta de claridad de quienes encabezan el proyecto, por la entrada y salida de trabajadores supuestamente sin protocolos de bioseguridad y sin mínimos de distanciamiento.

De “foco de contagio” a “plan piloto”

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Crédito: tomada de la página de Facebook @epmestamosahi

De una reunión entre EPM, la Gobernación y los alcaldes de la zona de influencia, salió la propuesta de crear un plan piloto que implemente unas medidas que conviertan a Hidroituango en una obra no Covid, que dé ejemplo a otros proyectos en el país y el exterior.

Con esto los encargados dijeron en la rueda de prensa del 28 de abril que pueden controlar la situación y que los contagiados representan “solo” un cinco por ciento de los trabajadores y la gran mayoría eran asintomáticos. Los casos sintomáticos fueron llevados a Medellín a recuperarse para prevenir que el Covid-19 llegue a los municipios aledaños.

Pero, pese a eso, en los municipios vecinos hay temor en las dos vías: los riesgos de la obra, pero también los riesgos de que el virus llegue a la población.

Hasta ahora se han conocido 63 renuncias y el común denominador es el miedo. Según la alcaldesa de Yarumal, Yanet Correa, de 300 empleados de Hidroituango de su municipio, 13 han renunciado. 

Una de las medidas que EPM y la Gobernación anunciaron sin mucho detalle es que se va a reducir al máximo el número de trabajadores y ante la pregunta de La Silla Vacía de por qué no dejan empleados solo en las áreas, ya detectadas, que no se pueden dejar solas, contestan:

“La Empresa está trabajando en la organización logística y administrativa de los empleados que continúan en las obras. Por ello, no podemos dar una respuesta exacta”.

También la Secretaría de Salud nos reiteró que HidroItuango no piensa cerrar por ahora, asunto que también ha asegurado el alcalde de Medellín Daniel Quintero. 

El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, con quien también hablamos, le puso un matiz a esa posición: nos dijo que hasta ahora se ve a Hidroituango como un conglomerado, al estilo Corabastos o las cárceles, que por sus características deben continuar; que bienvenido el plan piloto, “todos estamos aprendiendo”, y que la responsabilidad del control recae en la Secretaría seccional de Salud, pero si se llega a detectar un riesgo inminente en el tema sanitario no dudará en pedir un alto.

En abril, y como resultado de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, la tasa de desempleo en Colombia llegó a un histórico 19,8 por ciento, una cifra sobre la que todos los economistas coinciden en que es un desastre. En lo que no todos se ponen de acuerdo es en cuál será la mejor estrategia para recuperar esos trabajos perdidos. En el podcast de esta semana hablamos con varios de esos expertos sobre la crisis laboral, las medidas que está tomando el Gobierno y posibles soluciones para apagar el incendio.

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher, Akörde Podcast, Google Podcast. ¡Y ahora en Spotify! Son una buena opción para tiempos de cuarentena.

En política son tan importantes las decisiones que se toman como la forma en que se transmiten y en momentos de crisis todavía más. 

La Silla Académica entrevistó a Eugenie Richard, una francesa que vive hace más de una década en Colombia, profesora de la Universidad Externado, quien es experta en comunicación estratégica. Algunos de los textos que ha escrito recientemente sobre el tema son “Colombia: el pulso por el liderazgo” y “La crisis del Covid-19 como termómetro político”.

Richard analiza en este historia los discursos del Presidente Iván Duque, de la alcaldesa Claudia López y del alcalde Daniel Quintero en la pandemia a la luz de las claves para una comunicación asertiva. 

Su conclusión es que en el momento actual de mayor flexibilización de la cuarentena cuando tenemos más contagiados, el Presidente y la Alcaldesa se están rajando en comunicación mientras el alcalde Quintero les lleva la delantera. 

Si bien opina que los mandatarios no están haciendo todo mal, su balance en todo caso de la comunicación a nivel nacional es negativo: reina la confusión que es lo peor que puede ocurrir en términos de comunicación estratégica, según Richard. Esta es su evaluación:

Al Presidente Duque nadie le habló de las “3 C”

Al comienzo de la pandemia en Colombia, vimos unos mandatarios locales al frente de la situación y un Presidente que se demoró en dar línea. “Unos fueron como unas liebres y el otro como la tortuga” dice Richard.

Opina que el mensaje fue acertado: el Presidente invitó a los colombianos a la calma, pero las primeras medidas fueron tardías: le falló el timing y en situaciones de crisis, dice la investigadora, “el silencio es interpretado como la falta de dominio del tema o como un vacío de poder”. 

Con el paso del tiempo, cree que están quedando en evidencia otras fallas en la comunicación del Presidente.

Para que una comunicación sea asertiva tiene que cumplir con la regla de las 3C: ser corta, clara y coherente. 

Corta: Un discurso denso, explica la investigadora, cargado de información, que no transmite emoción, es fácilmente olvidado por el público que no es especializado en el tema. Una declaración corta, en cambio, que no sume más de tres ideas, cada una ilustrada de manera acertada (con una cifra, una metáfora o un ejemplo claro) tiene mayores probabilidades de ser recordado.

Lo que está pasando con el Presidente es que habla mucho y ha empezado a saturar el espacio mediático. “Desde hace unas semanas dejé de oírlo y lo que hago es prender la radio para escuchar el noticiero de las 7 de la noche y en dos minutos escucho resumido lo que el Presidente ha dicho en una hora: la palabra presidencial está perdiendo prestigio e importancia, cada vez se parece más a Aló Presidente” dice Richard. 

Clara: es común que en momentos de crisis, dice la investigadora, la información se entregue a “cuentagotas” pues la realidad se está reacomodando todo el tiempo y hay que esperar la evidencia científica: reunirse cada semana con el comité de expertos para hacer una evaluación y entregar un mensaje de más esperanza o de mayor prudencia.

Pero en el caso del Presidente el mensaje no es claro, porque ha expedido muchos decretos y respecto a la cuarentena, hay más excepciones que reglas.

“Todos los decretos que saca debería explicarlos en cinco minutos, bien resumidos”, anota Richard.

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Coherente: según Richard, el discurso del Presidente cada vez suena más contradictorio: “entre más nos acercamos al pico -según la información de los científicos-, más abrimos al país”. El Presidente nos compara además con otros países que están reabriendo, pero con menos riesgos que Colombia porque ya pasaron su pico de contagio. 

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Además de que el mensaje global sea corto, claro y coherente, debe segmentarse para adaptarse a los diferentes públicos y contextos.

Todos los públicos no reciben y no necesitan la misma información. Las amas de casa, por ejemplo, que no pueden salir a trabajar porque no pueden dejar a sus hijos solos en la casa, necesitan un discurso de tranquilidad: ‘estamos con ustedes, les vamos a ayudar’ y el tono tiene que ser de confianza.

Para los empresarios y los independientes la emoción predominante debe ser la solidaridad y el mensaje tiene que ser dinámico: ‘esto va a terminar pronto, los vamos a dar facilidades’.

Otro micro público son quienes exponen sus vidas, todos los que trabajan en el sector salud y quienes están en primera línea. Para ellos el mensaje debe ser que los valoramos, que estamos orgullosos de ellos y agradecidos: ‘ustedes son nuestros héroes’.

La alcaldesa Claudia López abusó del miedo y no está diciendo lo que la gente quiere oír

En comunicación estratégica lo que funciona es ser sincero. Cuando un gobernante arranca por explicarle a la gente que hay un problema, después es más fácil que la población le colaboré en su solución. 

La alcaldesa desde un comienzo insistió en lo duro que iba a ser y los sacrificios que tendría que hacer la gente. Su discurso de mano firme y alineado con la acción según Richard, fue bien recibido porque la mayoría de ciudadanos estaba consciente de la gravedad del coronavirus y apoyaba las medidas preventivas. 

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Pero con el paso del tiempo, su mensaje tiene que cada vez menos aceptación. “Va en contravía de lo que los bogotanos están esperando: los bogotanos quieren salir. Y para que la gente siga cumpliendo, estamos volviendo al tono regañón y gritón de la campaña que genera rechazo en muchas personas”, dice Richard.

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La alcaldesa ha tenido que tomar medidas drásticas como cerrar Kennedy -que es una ciudad dentro de la ciudad- dada su alta tasa de contagio y hasta el 15 de junio, en principio, no reactivará más sectores dado que la capital está llegando al 50 por ciento de ocupación de sus UCI. 

Es contrario a lo que la gente quiere oír, explica la investigadora, por factores socio culturales: las personas están cansadas de la cuarentena; por factores económicos: sus finanzas no aguantan más; y de cultura política: “cierta dosis de autoritarismo es aceptable, pero después de cierto tiempo es intolerable, si tenemos en cuenta además la poca disposición de muchos colombianos a cumplir las normas”. 

A una cultura laxa frente al respeto a la ley, según Richard, se suma un discurso clasista a partir del cual cada uno acomoda las reglas a sus necesidades, lo cual hace mella no solo en el discurso sino en la sociedad.

“Están los que se creen por encima de la ley: por qué yo no puedo salir a mi finca en Tobia, como los que dicen por qué no puedo salir al peaje a vender mis productos si ese es mi sustento”.  

Los gobernantes tienen que adaptar el discurso a la realidad socioeconómica del país y en ese sentido, para Richard, el discurso de Duque cala más en este momento que el de Claudia López. 

“No hay que olvidar, en todo caso, que la alcaldesa está manejando un universo de siete millones de habitantes y mientras los alcaldes y gobernadores tienen que manejar el día a día de las ciudades, el Presidente puede tener una mirada más macro y de planeación a mediano plazo”. 

En términos de emociones, Claudia ha movilizado sobre todo el miedo, lo cual está bien por un tiempo, el problema es que cuando un gobernante trabaja con una emoción negativa tiene que presentar el remedio pronto, anunciar en el corto plazo que: ‘ya superamos la crisis, estamos al final del túnel, felicitaciones y gracias a todos’, anota Richard. 

“Hay que darle a la gente un poco de proyección y esperanza, si solo le manejas el miedo puede ser contraproducente al final. Si manejas el miedo es porque te quieres presentar como el gran jefe que encarna la solución, el enviado providencial que va a resolverla. Si no la tienes a corto plazo, es mucho mejor conectar con otras emociones como la tranquilidad, la seguridad y enviar mensajes enfocados en la recuperación, por ejemplo”. 

Daniel Quintero muestra el futuro y despierta empatía en los ciudadanos

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En materia de comunicación estratégica, explica Richard, todo lo que se proyecta públicamente hace parte del mensaje: el contenido del discurso, el tono, la gente que lo acompaña, la vestimenta. Todo tiene que dar credibilidad y ser coherente con el mensaje.

Quintero es joven y su tono ha sido fresco, su mensaje ha sido innovador y dinamizador. “Y a todo esto se ha sumado el problema de salud de su bebé que le ha dado un capital de simpatía muy importante que redunda en un mayor capital político”. 

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Quintero, según Richard, ha demostrado el conocimiento que tiene de las nuevas tecnologías y su aplicación a la política pública y con ellas ha dado soluciones al sector productivo y comercial para que se reactiven. 

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“Esa ciudad ha mostrado todo su potencial innovador: el del alcalde y la aplicación que le permite a la gente saber si corre riesgo de contagiar a otros o de contagiarse. Y el del sector privado y las universidades, que pusieron a todo vapor la producción de ventiladores, por citar dos medidas importantes”.

A nivel nacional el balance de comunicación es negativo

Más allá de los discursos individuales, con el alargue de la cuarentena lo que hay sobre todo en este momento es confusión, que es lo peor que puede ocurrir en términos de comunicación estratégica según Richard, pues lo que se necesita es generar tranquilidad y confianza.

En política, pesan más las percepciones que la realidad y para los ciudadanos sigue habiendo un choque en el manejo y la mirada de la pandemia entre el Presidente Duque y la alcaldesa de la ciudad más grande del país. 

Aunque Claudia López tuvo el apoyo del Ministro de Salud en su decisión de cerrar Kennedy y no reactivar otros sectores -como lo decidió el Presidente- desde el punto de vista de las percepciones más que de las realidades “la gente tiene la idea que el Presidente quiere abrir el país a toda costa y que la alcaldesa quiere cerrar la ciudad a todo costa”, dice la investigadora.