Esta mañana, la Fiscalía General lanzó una bomba al anunciar la medida de aseguramiento privativa de la libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en la contratación y construcción de la Troncal de La Paz durante su primera gobernación entre 2004 y 2007.

Pero el golpe mediático de esa noticia no le cayó a Gaviria sino que se sumó a la ola de críticas contra el fiscal Francisco Barbosa. 

Primero, porque la decisión del fiscal delegado va en contravía de los lineamientos que el mismo Barbosa sacó el jueves para imponer la detención preventiva solo en casos que lo justifiquen y en su alocución en video no dijo por qué se cumplían; segundo, porque la orden ha desatado una ola de solidaridad con Gaviria desde todas las orillas políticas, la academia y hasta el periodismo; y tercero, porque la decisión deja acéfalo al departamento más poblado del país en plena pandemia.

El contrato que tiene enredado a Gaviria

La Fiscalía acusa a Gaviria de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por un contrato que firmó la Gobernación en 2005 para realizar el mantenimiento y mejoramiento a una vía ubicada en el Bajo Cauca antioqueño. 

El contrato de mejoramiento de la Troncal de la Paz costaba inicialmente $41.663 millones, y luego de adjudicado, en 2005, le adicionaron $12.339 millones. En 2007, días antes de acabar su mandato, le adicionaron otros $16.334 millones para asegurar la construcción de un puente que comunica el río Nechí con la vía. 

Esa última adición es la que más dudas ha generado en la Fiscalía porque al parecer ya se trataba de un proyecto diferente y probablemente necesitaba su propio proceso de licitación. 

Otro de los argumentos de la Fiscalía fue que el anticipo pactado del contrato inicialmente era del 25 por ciento, pero luego se amplió al 29 por ciento de manera irregular. 

Según la Fiscalía, esos cambios pudieron favorecer al contratista, que fue el Consorcio Troncal de la Paz, del cual el mayor accionista es el Grupo Solarte, hoy envuelto en líos penales porque sus socios, el ingeniero Carlos Solarte y su hija Paola Solarte, están siendo judicializados por irregularidades de otra obra de construcción Tunjuelo-Canoas en alianza con Odebrecht.

La investigación estaba andando desde el 2011 en la Contraloría de Antioquia, y desde el 2012, en la Procuraduría del mismo departamento. El año pasado, la Fiscalía activó el proceso en contra de Gaviria y el 16 de abril de este año, lo llamó a indagatoria virtual para dar su versión ante un fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de ese fiscal, Jorge Hernán Díaz Soto, fue imponerle a Gaviria la medida de aseguramiento privativa de la libertad, que según nos dijo la oficina de prensa de la Fiscalía, será domiciliaria. 

La medida se hará efectiva cuando el presidente Iván Duque notifique la suspensión del cargo de Gaviria y todavía no se le ha notificado la orden de captura, según nos contó uno de sus abogados Luis Alfonso Bravo. 

La indignación

Aunque el anuncio de la Fiscalía sugiere contratos irregulares de la primera gobernación de Aníbal Gaviria, desató una ola de solidaridad desde políticos de todas las orillas, e incluso de periodistas y académicos, algunos apostándole a la inocencia del Gobernador y otros criticando las acciones del ente acusador. 

Para desviar la atención de las arbitrariedades y tape tape de la ñeñepolitica hacen el show mediático de mandar a la cárcel al gobernador Aníbal Gaviria.
Decidieron volver a los mandatarios locales el chivo expiatorio de los fracasos del gobierno y los abusos de la fiscalía.

— Claudia López (@ClaudiaLopez) June 5, 2020

Me duele mucho la decisión sobre el Gobernador Aníbal Gaviria, me duele por Antioquia, por su familia, por él. Nuestros deseos que pueda superar con éxito esta dificultad

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 5, 2020

La captura de Anibal Gaviria es una cortina de humo? https://t.co/2AwXB57pOM

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2020

He tenido coincidencias y diferencias políticas con Aníbal Gaviria. Le tengo gran aprecio personal. Es un exabrupto sugerir que debe seguir el proceso en la cárcel. Siempre confío en que la verdad, así se demore, gana. Así será en este caso. Creo en la inocencia de Aníbal.

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 5, 2020

Incluso, el mismo presidente Iván Duque dijo en su cuenta de Twitter: “He conocido y trabajado con el doctor Aníbal Gaviria durante años; le tengo un profundo respeto, reconocimiento y aprecio. Mi solidaridad con él y su familia”. 

Por eso, en cambio de crear suspicacias alrededor del gobernador de Antioquia, la noticia ha alimentado su figura política, pues con sus tres mandatos encima, es reconocido por gran parte de los antioqueños como un buen gobernante. En la última encuesta bimestral Gallup, su favorabilidad se disparó hasta el 74 por ciento.

En las elecciones regionales pasadas, siendo el último en empezar campaña, barrió con el resto de candidatos y se quedó con casi todos los coavales: partido de la U, Cambio Radical, Movimiento Alternativo Indígena y Social, incluso con el del Verde. 

“Realmente es una persona que genera confianza, un día le dio por ser gobernador y acabó con la competencia, no necesitaba más que su nombre”, nos dijo el analista Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía y antiguo director del centro de estudios del Partido Liberal, que es el mismo de Aníbal Gaviria.

Además, porque sus administraciones no han tenido cuestionamientos visibles por corrupción; los ruidos han estado centrados en las decisiones que tomó en el megaproyecto Hidroituango, y los vínculos de la empresa bananera de su familia y su presunta financiación a los paramilitares en el Urabá antioqueño.

Incluso, las diferencias de los fajardistas con él no apuntan a temas de corrupción, como nos dijo Federico Restrepo, uno de los hombres de confianza de Fajardo y su exasesor en la Gobernación, “las diferencias fueron más por tener visiones distintas, sobre a qué proyectos darle prioridad”. 

Hasta ahora la bomba de la Fiscalía parece estar teniendo un efecto boomerang en las redes sociales, pues la medida parece desproporcionada bajo la Directiva 0001 que el mismo Fiscal Barbosa expidió el 2 de junio, privilegiando la libertad del procesado mientras se investiga. 

Como dato curioso, esa directiva no solo fue anunciada por Barbosa con bombos y platillos sino que fue aprobada por el jefe del fiscal que expidió la orden de captura. El fiscal Díaz Soto es un fiscal poderoso con trayectoria en la entidad.

En esa directiva de 29 páginas ordena, entre otras cosas, aplicar la medida solo en tres casos excepcionales: cuando  el procesado pueda obstruir la investigación, represente un peligro para la víctima o la comunidad, o resulte probable que no responda al proceso. 

En este caso, la investigación lleva 14 años sin que Gaviria la haya obstruido. Difícilmente se puede volar porque es el gobernador y tiene todos los ojos encima y ha acudido a todas las indagatorias. De ahí que le hayan criticado al Fiscal la desproporcionalidad.

Privar de la libertad a un mandatario regional, en plena pandemia, por hechos de hace 15 años relacionados con la supuesta falta de vigilancia en la ejecución del gasto, es completamente desproporcionado. Parece más bien un mensaje para otros mandatarios. Que susto. https://t.co/uevYzDpQLx

— Catalina Botero-Marino (@cboteromarino) June 5, 2020

Ordenar la detención de una persona cuando ni siquiera existe certeza de que será llamada a juicio es un exabrupto. Yo confío en la inocencia de Anibal Gaviria pic.twitter.com/e9wG5Sp7ew

— Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 5, 2020

A eso se le suman las otras salidas en falso que ha tenido el Fiscal Barbosa en los últimos meses.

Como haber dicho en medios que le abriría una investigación a Gustavo Petro por su vinculación con la ñeñepolítica (que fue un globo, como contamos) o la investigación a la alcaldesa Claudia López por salir a mercar con su esposa cuando no tenía pico y cédula. La Corte ya desestimó la investigación contra Angélica Lozano por ese episodio. 

De hecho, aunque la orden de captura en el caso de Gaviria es de un fiscal delegado, que tiene autonomía frente a Barbosa, se crearon tendencias en las redes diciendo que la orden de captura contra el Gobernador era para tapar la captura de dos policías que interceptaron las llamadas del Ñeñe Hernández, un escándalo que afecta directamente a Duque, mejor amigo del Fiscal General.

Por último, la decisión de la Fiscalía deja a Antioquia sin Gobernador en plena crisis de la pandemia, y cuando el presidente Iván Duque ha delegado en los alcaldes y gobernadores el manejo del momento más duro de la misma.

Gaviria ha estado liderando la reactivación de la economía en Antioquia, haciendo presión al Gobierno Nacional para que lo dejen abrir escuelas rurales y activar por completo el comercio de los municipios no covid.

Por todo lo anterior, mientras Gaviria recibe elogios y muestras de solidaridad, el fiscal Barbosa sigue acumulando críticas. En todo caso, él asegura que está “haciendo la mejor Fiscalía de la historia”, como se lo dijo a Vicky Dávila en su programa de Semana en vivo hace una semana.

Ciudades como Bogotá y Medellín, y el mismo Gobierno Nacional han lanzado aplicaciones para controlar la pandemia. Hay muchas dudas sobre la efectividad y grandes debates alrededor de, por ejemplo, privacidad. 

En esta "Charla en La Silla", que hacemos gracias a la alianza con Bancolombia, hablamos con David Luna, presidente Alianza IN y ex ministro de MinTIC; Juliana Ocampo, Socia fundadora de Orza; y Carlos Cortés, co-fundador de Linterna Verde.  

La detención de dos investigadores que recopilaron pruebas que ponen una sombra sobre la financiación de la campaña presidencial y la medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia nos vuelve a poner de frente a ese “monstruo” todopoderoso, del que sospechamos siempre, al que tememos no porque aplique justicia sino porque abuse de ella y frente al cual sentimos una enorme sensación de indefensión.

Esa es la descripción de una institución que no debería tener ese diseño en un robusto estado de derecho: concentra enormes poderes, no se gana la confianza ciudadana, tiene todos los riesgos de incurrir en desviación de poder y prácticamente nulos controles. Así desafortunadamente quedó diseñada la Fiscalía General de la Nación y a pesar de varios cambios desde su puesta en marcha estamos lejos de tener una entidad con poderes acotados, eficaces y sujeta a controles democráticos.

El problema es del diseño y no solo de las personas que han ejercido como fiscales generales, ellos actúan como, desde hace ya casi tres siglos describió Rousseau que lo harían: si hay mucho poder y pocos controles quienes los que lo ejercen abusarán de él. Así ha sido prácticamente con todos los fiscales generales que lo han sido desde su creación hace ya casi treinta años.

Al Fiscal Francisco Barbosa la tentación parece haberlo tocado más rápido de lo esperado. Su declaración de que estaba “haciendo historia” ya era suficiente indicio de que la cosa se estaba desviando muy pronto. Las decisiones judiciales podrían ser errores criticables pero el propósito de “hacer historia” es un incentivo que afecta la personalidad y distorsiona la manera de actuar.

Barbosa traía un defecto de origen, que es el mismo con el que han llegado todos los anteriores fiscales: su postulación por parte del Presidente de la República, lo cual, cada vez más, lo obliga a tener que ganarse la confianza de la ciudadanía de que será un funcionario imparcial. Barbosa ha hecho todo lo contrario. No se declaró impedido en el caso de la “ñeñe política”, cuando era obvio que debía hacerlo por el hecho de tener una “amistad íntima” con el Presidente Duque, desde hace 25 años.

El anuncio de que investigaría penalmente la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro por cuenta de una “conversación de borrachos” en la que ni siquiera se insinuaba que sospecharan de que en esa campaña hubiese financiación ilegal reforzó, y para siempre, que es un Fiscal que llega -incluso sin que se lo pidan- a proteger al amigo y eventualmente incluso, con todo el peligro que eso significa, a perseguir a los contradictores políticos. 

La decisión, que probablemente haya sido sin su participación, de ordenar, en cambio, la detención de los investigadores que había interceptado las comunicaciones del Ñeñe en las que se habla de financiación “por debajo de la mesa” de una campaña presidencial, independientemente se si tiene sustento fáctico y jurídico, es inevitable que sea interpretada como una señal de querer amparar al amigo. Si hay motivos fundados para esa decisión tienen que ser muy públicos, requieren una explicación muy detallada para tratar de paliar en algo la sospecha inevitable.

Barbosa apenas está empezando su gestión y si no quiere afectarla totalmente debe declararse impedido para actuar en ese caso y no usar los artilugios que usó el exfiscal Néstor Humberto Martínez para no hacerlo cuando ha debido con el pretexto de que los fiscales son autónomos y, en este caso, dirá Barbosa, de que su amigo, tiene fuero y por tanto no lo investiga la Fiscalía. Esas discusiones lo único que hacen es erosionar aún más la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.

Hay que quitarle al Presidente la facultad de postular a los candidatos a Fiscal General de la Nación, así la ortodoxia de los sistemas acusatorios en el mundo digan lo contrario. Si queremos recuperar un poco de confianza el Fiscal no puede ser el amigo del Presidente, ni el que lo acompaña a buscar financiación para la segunda vuelta como ocurrió con Martínez Neira y Santos

El Fiscal Barbosa, aunque no ha sido penalista, tiene trayectoria en el estudio y defensa de los derechos humanos. En consonancia con esa práctica, había emitido, hace pocas horas, una directiva en la que indicaba a los fiscales que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad debían ser excepcionales y solo para lo casos más graves y las personas más peligrosas. Barbosa se ponía del lado de los garantistas: los procesos y, eventualmente, los juicios se atienden en libertad.

Con ese antecedente, la orden de privación de la libertad del gobernador Aníbal Gaviria, es una prueba, en el mejor de los casos, de un pobrísimo criterio jurídico. Barbosa asumió la responsabilidad de la decisión porque la anunció personalmente, así la haya tomado un fiscal delegado. Esa decisión que seguramente será revocada más temprano que tarde no resiste examen: i) el proceso apenas comienza, de hecho, por tratarse de la legislación anterior, a Gaviria se le recibió indagatoria y en la “resolución de situación jurídica” se ordenó la medida de aseguramiento, ii) lo que se le imputa es su eventual participación en unos delitos por omitir el deber de vigilancia, es decir, que no hay prueba de que el gobernador se haya enriquecido con el fruto de una coima o algo similar, ni si quiera de que haya firmado el contrato, que no lo firmó y no se ha tomado medida parecida contra quienes sí firmaron el contrato porque no han encontrado soporte jurídico para hacerlo; iii) no hay ninguna razón fundada para pensar que el sindicado pueda no atender los llamados de la justicia o manipular el proceso.

En cambio, ese mismo día, por cuenta de la ineficacia de la fiscalía, quedaron en libertad las personas que aparentemente participaron en el atentado del Centro Andino de Bogotá. Ese organismo no fue capaz, en el plazo que le da la ley, de “construir” el caso, acopiar las pruebas y hacer una acusación.

Además de su origen y su exceso de poder, el Fiscal carece de controles efectivos. El entonces Fiscal Montealegre se opuso a la creación de un Tribunal en el que tuvieran que rendir cuentas de sus actos y la Corte Constitucional terminó comprando esa teoría, de lo que se arrepienten los mismos que la adoptaron.

Un funcionario, cualquiera que sea, que tenga la posibilidad de decidir sobre la libertad de las personas, que tenga a su disposición un aparato que le permite interceptar comunicaciones y espiar, que dispone de un presupuesto billonario y más de 30.000 empleos, que tiene la pleitesía de los medios y del Congreso, que lo rodean decenas de escoltas, que además es amigo íntimo del Presidente de la República y que sabe que en la práctica sus actos no tienen control siempre va a estar tentado a creer que puede “hacer historia”. Todos los que han estado en ese cargo han creído lo mismo. Qué peligro. Hay que hacer algo.

La indignación que le produjo al representante conservador y sobreviviente de secuestro Jaime Felipe Lozada un comercial de televisión de la JEP, en el que el antiguo jefe de las Farc Rodrigo Londoño habla de ‘retenciones’ en vez de ‘secuestros,’ volvió a encender el debate sobre la decisión de la justicia especial de paz de usar esa palabra para referirse a uno de los crímenes más emblemáticos de la antigua guerrilla.

Este episodio evidencia un malestar más profundo. Aunque los excomandantes de las FARC han comenzado a admitir su responsabilidad por este crimen y a expresar en privado sus disculpas, muchas víctimas están dolidas por el hecho de que sus antiguos captores no han querido reconocer los tratos degradantes que les infligieron y los años de largo sufrimiento que sus familias debieron soportar en su ausencia.

Esta marcada diferencia en las expectativas se está convirtiendo en una prueba decisiva de legitimidad que tendrá cualquier decisión eventual de la JEP para las víctimas, muchas de las cuales apoyan visiblemente la labor de la justicia transicional pero exigen un mayor nivel de verdad a sus victimarios.

El comercial

En el video, que la JEP lanzó para reforzar su mensaje de que quienes cometieron crímenes graves en el conflicto están rindiendo cuentas, se ve al mayor Gustavo Soto pidiendo perdón a las víctimas de falsos positivos y a Timochenko hablando de los secuestros. “Reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos nuestra responsabilidad colectiva por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica”, se le ve leer parte de su testimonio ante la JEP en septiembre pasado. 

Pero tuvo el efecto contrario al que buscaba el brazo judicial de la justicia transicional nacida del acuerdo de paz con las Farc.

El mensaje de Lozada, quien tenía 15 años cuando fue sacado a la fuerza por las Farc del Edificio Miraflores de Neiva y estuvo secuestrado por tres años, rápidamente se convirtió en la tendencia #NoEsRetenciónEsSecuestro. Además de su propia experiencia, aludió al sufrimiento de toda su familia: de su padre, el ex senador Jaime Lozada, asesinado por esa guerrilla en 2005; de su madre, la ex senadora Gloria Polanco, secuestrada durante casi siete años; y de su hermano Sebastián, secuestrado los mismos tres años que él.

Yo no estuve retenido 3 años y medio.⁰Mi hermano no estuvo retenido 3 años y medio.
Mi mamá no estuvo retenida 7 años.
No estábamos en un camping, no estábamos de paseo.

¡Estábamos secuestrados!#NoEsRetenciónEsSecuestro

— Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) June 3, 2020

Esa reacción –que ya llevó a la JEP a retirar el video de redes- se suma a la indignación que desató la publicación en febrero de dos de los testimonios colectivos que han dado las Farc ante la JEP. 

Esa filtración enojó a muchas de víctimas acreditadas en el caso, que aún no los habían recibido para revisarlos y devolverlos a los magistrados de la Sala de Reconocimiento con sus observaciones y preguntas.

Desde el año pasado, los magistrados de la JEP han interrogado a cientos de personas en el caso 01, uno de los siete primeros macrocasos abiertos por la justicia transicional y uno de los dos que se centran específicamente en los delitos cometidos por la antigua guerrilla. 

Hasta febrero, 350 ex guerrilleros -incluyendo a los 25 de su Estado Mayor Central- habían entregado versiones por escrito sobre el secuestro y 187 de ellos también presentaron relatos individuales de manera oral. 

Desde diciembre la JEP le ha enviado a las 2.004 víctimas acreditadas decenas de horas de vídeo y cientos de páginas de transcripciones, parte de una compleja metodología de participación que busca que puedan confrontar los relatos de sus perpetradores.

En estos relatos, que solo se harán públicos una vez la Sala de Reconocimiento presente su resolución de conclusiones en este caso, los integrantes de las Farc han reconocido -quizás por primera vez- el impacto humano de su política de secuestro de civiles, soldados y policías, bien sea por fines de extorsión, como prisioneros de guerra o como rehenes políticos para obligar al gobierno a hacer intercambios de prisioneros. O incluso, como está demostrando la investigación, de otras víctimas humildes y menos visibles de las que rara vez han oído los colombianos, que fueron secuestrados durante días o semanas para obligarlos a construir carreteras ilegales o a transportar los alimentos para los guerrilleros.

“Queremos reconocer los graves impactos que generamos en sus vidas. Nunca podremos devolverles el tiempo que perdieron en las selvas colombianas”, dijeron los comandantes del bloque oriental de las Farc en un testimonio filtrado al Espectador. “Reconocemos colectivamente que las estructuras y mandos de las Farc-EP nos equivocamos al tomar la decisión de retener civiles (…) Sabemos que esto fue un grave error, el cual hoy no tiene justificación alguna”, dicen en otro.

Pero, como contó La Silla, para las víctimas resultaron más notables sus omisiones y sus afirmaciones engañosas sobre las condiciones de cautiverio, incluidas sus afirmaciones sobre haberles dado protector solar, cremas anti edad y hasta patios para hacer yoga.

Esa indignación, tanto de muchas víctimas que han sido sido escépticas del acuerdo de paz como de otras que lo han respaldado fuertemente como Ingrid Betancourt, tuvo varios efectos. Muchas se decidieron finalmente a acreditarse como partes en el caso, como el general Luis Herlindo Mendieta, que testificó ante la JEP en 2018 pero que nunca completó su acreditación. O como el ex ministro Fernando Araújo, que estuvo secuestrado seis años y había declinado participar, y sus hijos.

En total, unas 200 nuevas víctimas se han acercado a la JEP desde que estalló ese escándalo, subrayando el costo político de la soberbia de las FARC, pero también la oportunidad a largo plazo de ampliar la legitimidad del tribunal.

Las víctimas detectan los vacíos

En los últimos cinco meses, muchas víctimas han leído los testimonios de las Farc y han ido identificando sus agujeros, tanto públicamente como en sus observaciones a la JEP.

“El informe parece más bien como un informe de gerente a una asamblea. Por dar un ejemplo, se refieren a la ‘Teófilo’, como ‘la más exitosa’, cuando todos sabemos que fue la [estructura de las Farc] que se permitió las barbaridades más horribles”, dice Clara Rojas, quien fue liberada en 2008 tras seis años de cautiverio y dirigió la extinta ONG País Libre que trabajaba con víctimas de secuestro.

“En el caso de mi familia, ellos admiten el secuestro de mi papá y reconocen que no le dieron el mejor trato. Pero se justifican en que era rebelde y le echan la culpa. ¿Cómo pueden las víctimas perdonar si maquillan la verdad?”, dice otra víctima, que pidió omitir su nombre porque su familia ha tenido problemas de seguridad recientemente.

En la lista de omisiones que llevan las víctimas aparecen temas como la escasez de atención médica, el confinamiento físico, la prolongada falta de acceso a alimentos y agua, la falta de comunicación con los familiares durante años, el lenguaje despectivo y las amenazas.

“En una de las extenuantes caminatas de días, de muerte, me fui enfermando de la pierna. Primero cojeaba, usé un palo como bastón y luego dos horquetas de muletas. Después de unos días me tocaba arrastrarme por el piso en condiciones lamentables, me jalaban y arrastraban. No hubo suministro de medicina, ni alimentación adecuada. Fue una situación supremamente difícil que duró cinco semanas, hasta que una enfermera de otra unidad me dio algún medicamento”, cuenta el general Luis Herlindo Mendieta, que fue secuestrado en la toma de Mitú y permaneció como rehén de la guerrilla por casi once años. Aún no sabe cuál la causa de su dolencia, aunque se la atribuye a una insuficiencia renal.

“Lo que ellos presentan como situaciones excepcionales eran en realidad normales. De los siete años de secuestro, estuve encadenado cinco. Su castigo después de un intento de fuga fue quitarnos las botas, aunque ellos insisten en que eso sólo duró unos días”, dice el ex senador Luis Eladio Pérez, cuyo cautiverio le hizo perderse la muerte de su madre, el matrimonio de su hijo y el nacimiento de un nieto.

A eso se suma la cuestión semántica, que –como contó La Silla- coinciden en cuestionar sin importar si defienden el trabajo de la JEP. 

Para muchas víctimas, el término ‘retenciones’ socava su dignidad, al alejarse notablemente de la palabra más usada por los colombianos y ceñirse a la que han usado históricamente sus antiguos captores

La JEP argumenta que eligió este nombre preliminar -"esa palabra fastidiosa", como la llama Luis Eladio Pérez- dado que la Fiscalía la usa en la investigación penal sobre el delito que le entregó al tribunal y que esa precaución les permite evitar prejuzgar. 

Eso a pesar de que el Código penal colombiano -que también rige el trabajo del JEP- sí tipifica el secuestro como un delito, aunque el derecho penal internacional lo define de manera diferente.

Los tres dilemas de la JEP

Más allá de la discusión lingüística, la palabra ‘retenciones’ esconde tres duros dilemas que la JEP deberá resolver en los próximos meses.

El primero es precisamente qué calificación jurídica le dará al delito en su resolución de conclusiones, algo que antes de la pandemia se preveía ocurriría a mediados de año. 

Para empezar, la JEP debe determinar si considera que los secuestros de las FARC fueron detenciones arbitrarias (como en el derecho internacional de derechos humanos), toma de rehenes (como en el derecho internacional humanitario) o el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad (como en el Estatuto de Roma), siempre que lo considere parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Los magistrados también deberán decidir si acusan a los exguerrilleros de otros delitos adicionales, como homicidio, desaparición forzada o incluso violencia sexual, como han denunciado varios soldados y policías secuestrados. Dos otros posibles delitos conexos, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrían reflejar esa verdad que las víctimas están exigiendo a las Farc.

Uno de los puntos complejos acá es cómo califica el trato dado a los 394 soldados y policías que están acreditados como víctimas en el caso, dado que no son civiles y muchos de ellos fueron secuestrados, como el general Mendieta, mientras estaban de servicio.

Para la ex guerrilla, eran prisioneros de guerra, pero la aplicación de este concepto a conflictos armados no internacionales es muy discutida y la evidencia demuestra que las Farc no siguieron los criterios del Tercer Convenio de Ginebra para estos casos, entre ellos el de permitirles la comunicación o el acceso a recursos legales. 

Aunque el acuerdo de paz dice que la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares puede ser considerada como un delito conexo a la rebelión, eso no exime a las antiguas Farc de ser acusadas de otros delitos como tortura o violencia sexual. De hecho, las pruebas que haya de esos otros delitos pueden hacer que los magistrados descarten considerar el secuestro original como un delito con fines políticos.

En todo caso, sin importar cómo termine abordando la JEP este dilema, probablemente se enfrentará a algún grado de rechazo de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos - o a las apelaciones de los abogados de los acusados.

Un segundo dilema es a quiénes considerará la JEP como máximos responsables del secuestro, dado que el modelo colombiano de justicia transicional busca concentrar la responsabilidad penal en los quienes estuvieron al mando y quienes tuvieron un rol esencial en el delito. Es decir, la Sala de Reconocimiento deberá identificar qué miembros de las FARC diseñaron la política de secuestro y dieron instrucciones a sus subalternos.

Esto probablemente significa que los altos mandos de las FARC tendrán que rendir cuentas por esa política que llegaron a llamar 'ley'. 

Pero ya hay un problema que se está haciendo evidente: un número significativo de los testimonios que ya tiene la JEP provienen de esos altos cuadros de la guerrilla, lo que explica en parte por qué se han quedado cortos en detalles sobre el sufrimiento de las víctimas.

Como relata Luis Eladio Pérez, sólo un carcelero -Alexander Farfán, más conocido como 'Gafas'- dio información precisa sobre su cautiverio. “Fue el único que reconoció algo de lo que nos pasó. Los del bloque y la del Secretariado se limitaron a decir que fueron retenciones con carácter político, para presionar al gobierno a un canje o un intercambio humanitario”, dice.

Una posible explicación de esto es que elegir un sistema de macrocasos en un país donde hay 8,9 millones víctimas implica necesariamente algún tipo de sacrificio y que los magistrados sólo podrán desenterrar una cierta cantidad de detalles sobre lo que ocurrió.  

Pero esta realidad también podría llevar a la Sala de Reconocimiento de la JEP a ver que quienes conocen mejor las verdades que las víctimas quieren oír podrían no ser las mismas personas que aparecerán encabezando su acusación. 

En lugar de eximirlos de toda responsabilidad, la JEP podría terminar vinculando a quienes participaron en el secuestro, pero no fueron sus máximos responsables, y recomendar para ellos sanciones de dos a cinco años, como contempla el acuerdo de paz.

Un último dilema es qué sanciones propone la JEP para los miembros de las FARC que señale. Dado que el modelo colombiano busca un equilibrio entre la retribución y la restauración, sus magistrados pueden hacer que las disculpas públicas a las víctimas sean una parte obligatoria del castigo. Esto podría, a su vez, ser un incentivo adicional para que los autores de los secuestros cuenten a los sobrevivientes las verdades que están exigiendo.

La perspectiva de las FARC

Los ex miembros de las FARC suelen ser reacios a discutir sus obligaciones ante la justicia transicional, invocando constantemente la falta de avances del Gobierno en implementar los otros capítulos del acuerdo. También suelen ser firmes en su postura de que los casos están en curso en la JEP y que la sociedad colombiana -incluidas las víctimas- deben permitirles seguir su curso.

“Hay un procedimiento y estamos avanzando. Dejemos que el acuerdo surta su efecto”, dice Luis Alberto Albán, representante a la Cámara del partido Farc y parte del equipo negociador de la guerrilla en La Habana. 

Era incluso uno de sus negociadores durante la fase secreta a comienzos de 2012, cuando la guerrilla abandonó públicamente el secuestro como gesto de buena voluntad destinado a demostrar que se tomaban en serio un eventual acuerdo de paz.

Inicialmente, le dijo a La Silla en marzo que piensan que la mayoría de las críticas provienen de víctimas que no desean que la justicia transicional avance o que tienen un interés personal por aparecer en titulares. Presionado más y confrontado con los testimonios de diversas víctimas, admitió que es una discusión difícil que tienen que asumir dentro de su partido político.

“Oír ese tipo de cosas, como los relatos sobre el trato cruel, nos interesa y nos pone a pensar”, dijo Albán, que pasó tres décadas en las Farc bajo el nombre de 'Marcos Calarcá'. “Expresen todo lo que sienten. Nosotros vamos a expresarnos luego sobre eso. No tenemos que aceptar todo lo que no compartimos, no puede ser que penda la guillotina sobre nosotros. No fue lo acordamos, ni es la idea. Pero es parte de una discusión que tenemos: es un tema de términos y no veo que sea imposible”.

Entre tanto, las víctimas –desde las que son críticas de la JEP como Jaime Felipe Lozada como las que tienen una visión positiva de ésta- todavía esperan que sus antiguos captores se vean obligados a ser más comunicativos en un caso que seguramente marcará la legitimidad de toda la justicia transicional.

“La JEP tiene la oportunidad de ofrecer una narración de lo que pasó de verdad para la historia. Nuestro interés es que esos casos no se vuelvan a presentar, pero para eso debe haber sinceridad total de las Farc. Eso es lo que restablece la dignidad de las víctimas que pasaron por esa situación tan difícil”, dice el general Mendieta.

“Todavía abrigo la esperanza, porque si la JEP se limita a escuchar la versión de nosotros y luego la de ellos, será el fracaso de la justicia transicional y en el imaginario de la gente va a quedar que estuvimos en un hotel de cinco estrellas”, dice Luis Eladio Pérez, que volvió a la política el año pasado y perdió la elección a gobernador de Nariño. Durante su campaña, como contó La Silla, recibió -y decidió aceptar- el improbable apoyo del partido de las Farc.

“Yo tuve la nobleza de aceptar ese perdón y luego su apoyo como un gesto de reconciliación, incluso a un costo político que pudo haber contribuido a que perdiera la gobernación. No me arrepiento de haberlo hecho: fue un descanso y hoy me siento más liviano de peso –dice- Ese gesto no ha sido correspondido por las Farc, porque no hay verdad”.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

El presidente Iván Duque lleva 76 días saliendo al aire por televisión pública en horario prime y en redes sociales del Gobierno en ‘Prevención y Acción’, el programa que creó con su círculo más cercano de asesores para contar todos los días las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus, con invitados internacionales, validadores de sus políticas y hasta deportistas famosos y cantantes.

Con tantas veces al aire, es el mandatario que más ha salido en transmisiones públicas diarias en la historia reciente del país (antes lo hacía semanalmente con el reencauche de los consejos comunitarios de su padrino político Álvaro Uribe). 

Y durante estos espacios que van de 30 minutos a una hora, ha mostrado cinco caras para plantear su gestión y un gran talento como presentador:

Ciento cincuenta personas, entre ellas 11 líderes sociales, han sido asesinadas en los 11 municipios del Bajo Cauca y sur de Córdoba en lo que va corrido del año, según cifras de la Policía en Antioquia y Córdoba, a corte de ayer.

En esa subregión (conformada por seis pueblos antioqueños y cinco cordobeses), que es uno de los corazones de la guerra en Colombia, como lo hemos contado; el conflicto por el territorio y las rentas ilícitas entre el Clan del Golfo y los Caparros, sumado a la presencia del ELN y las disidencias de las Farc; no ha parado ni por la pandemia que tiene al país confinado desde hace dos meses largos.

Por no ir muy lejos, exactamente la noche del lunes pasado, en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba,  grupos armados ilegales no identificados aún, sacaron de sus casas y luego asesinaron a Arcángel Pantoja y Ómar Agudelo, cofundadores de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba.

Según nos contó José David Ortega, miembro de la misma asociación, ninguno tenía amenazas, pero donde sucedieron los hechos (uno en la vereda Río Sucio y otro en corregimiento San José) se está implementando el programa de sustitución de cultivos, del cual ellos eran beneficiarios. Esa misma noche se escucharon enfrentamientos y cruce de balas. 

Precisamente, y en contraste con lo que pasa con la guerra que continúa, la sustitución que ya venía a paso de tortuga en el Gobierno de Iván Duque es la que ha resultado frenada en medio de la crisis del Covid, debido a las dificultades para que lleguen los insumos a los municipios y la ausencia de funcionarios en terreno.

Todo eso tiene minada la confianza de los campesinos que cada vez ven más lejos el reemplazo de sus cultivos de coca por proyectos productivos lícitos y que desde ya aseguran que el programa fracasó.

La guerra que, con menos muertos, no para

La subregión de los dos departamentos que comparten casi las mismas dinámicas del conflicto concentra el 80 por ciento de hectáreas de coca que se siembran en Antioquia y la totalidad de las de Córdoba.  

Ese es el centro del botín que se disputan los ilegales a los que el confinamiento les ha servido para controlar más los territorios. 

De los 150 homicidios que se contabilizan allí hasta estos días del año, 117 ocurrieron en el Bajo Cauca y 33 en el sur de Córdoba. Los números, en cualquier caso, registran una disminución del 28 por ciento y del 43 por ciento, respectivamente, en comparación al mismo periodo de 2019. 

Pero aunque la guerra este año cuenta menos muertes, no significa que haya menguado ni que la reducción se deba a la pandemia. 

Además de los asesinatos recientes de los líderes campesinos cordobeses Arcángel Pantoja y Omar Agudelo, en 2020 han asesinado a seis líderes sociales del Bajo Cauca y otros cinco del sur de Córdoba, que hacían parte de juntas de acción comunal o asociaciones campesinas e indígenas. Tres de ellos también hacían parte del programa nacional de sustitución de cultivos Pnis. 

Según nos contó el comandante de la Séptima División y encargado de la campaña policial y militar llamada Aquiles, general Juan Carlos Ramírez, los grupos ilegales han seguido delinquiendo de la misma manera en cuarentena: controlando la entrada y salida de personas a las veredas, confinando a la población y moviendo coca y armas por la zona.  

En los dos meses largos que llevamos en cuarentena, el Ejército ha realizado 74 operaciones militares en contra del Clan del Golfo, los Caparros, las disidencias de Farc y el ELN, dentro de la estrategia Aquiles, que ya cumple dos años tratando de desarticular esos grupos.

Una fuente que trabaja atendiendo población víctima en la zona y nos pidió no citarla, agregó por su lado que en abril y mayo se volvieron a disparar los homicidios y se desplazaron 44 familias de Tarazá y Cáceres, los dos municipios (antioqueños) donde más se acentúa esa guerra entre el Clan del Golfo y los Caparros. 

Aunque la guerra tiene los mismos actores e intereses desde que empezó, según coincidieron varios campesinos de la zona con los que hablamos, este año el Clan del Golfo parece estar ganándole más espacio a los Caparros.

“Esa disputa, que la Fuerza Pública no ha sido capaz de parar en dos años, va a continuar hasta que el Clan acabe con todos los hombres del otro bando, y se va a poner más cruda en los próximos meses”, nos dijo un líder de la zona que respalda esa tesis porque lo ha visto en terreno. 

Mientras todo eso sucede, el Pnis que está en la zona de disputa y arrancó hace tres años como parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, está más moribundo desde que comenzó la cuarentena.

La sustitución, ni a paso de tortuga ya

Desde inicio de este año, las familias inscritas al Pnis en Antioquia y Córdoba se están quejando de que luego de haber arrancado las matas de coca hace más de un año, apenas les está terminando de llegar la asistencia alimentaria a algunos y todavía no se asoman los proyectos productivos.

Según el último informe del Pnis, con fecha de corte del 31 de marzo de este año, de las 17.774 familias inscritas entre Antioquia y Córdoba, el 55 por ciento (9.754) está apenas implementando la asistencia alimentaria, y ninguna ha recibido el dinero para los proyectos a largo plazo. El resto está esperando que llegue el pago de dos millones bimensuales. 

El caso más significativo es el de Briceño, un municipio al norte de Antioquia que fue escogido en los Acuerdos de La Habana como piloto de paz porque allí arrancó primero el desminado en 2016 y luego la sustitución de cultivos a inicio de 2017. 

El 21 de febrero pasado marcharon en el pueblo pidiéndole al Gobierno que cumpla con su parte. Son 2.717 familias que arrancaron 500 hectáreas de coca hace tres años y apenas en diciembre del año pasado les llegaron los insumos para poner a funcionar una huerta para alimentarse mientras transitaban a otros negocios como la ganadería y la piscicultura. 

Es decir, llevan tres años sin coca, sin huerta y sin proyecto sustituto. Y si en Briceño llueve, que es piloto y comenzó primero que el resto, en el resto de municipios no escampa. Y menos ahora en pandemia. 

Según Hernando Londoño, director del Pnis, el 75 por ciento del personal contratado para la asistencia técnica a las familias (como veterinarios, agrónomos y profesionales que los acompañarían a plantear y sacar adelante los nuevos negocios) está suspendido por la cuarentena y la entrega de los insumos para la seguridad alimentaria se ha ralentizado.

En Tarazá, en el Bajo Cauca, según nos contó William Muñoz de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, con la cuarentena se tardaron casi un mes entregando el pago bimestral de dos millones de pesos a 200 familias, para evitar aglomeraciones. Además, “frenó todas las actividades, no hay funcionarios aquí del programa para seguir avanzando en las convocatorias para empezar a formular los proyectos”.

Situación parecida al municipio vecino de Cáceres, donde tampoco está andando ningún proyecto productivo del programa y a los campesinos se les ha dificultado comercializar sus productos. “La economía está tan quieta en el pueblo que no tenemos a quien venderle lo que sembramos, está tan duro, que toca comerse los pollos porque nadie los compra”, nos dijo Horacio Rendón, líder campesino delegado del Pnis allá. 

Y al sur de Córdoba, en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, les pasa lo mismo.

“Las gallinas que la gente pidió para generar ingresos con la plata de asistencia alimentaria del programa, se las están teniendo que comer porque hay mucha oferta local y no hay cómo vender los huevos por fuera”, nos contó Arnobis Zapata, beneficiario del Pnis y coordinador de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. 

“Los animales se nos enferman, y aunque los veterinarios nos atienden por teléfono o nos mandan medicamentos, no es suficiente y se mueren”, añadió Zapata. 

En cuarentena la presencia institucional escasea más de lo normal. Las Pequeñas Obras de Infraestructura PICs, que intervienen vías, placas e instituciones que la comunidad priorizó como urgentes, y que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial Pdets, también se pararon y están a la espera de que las alcaldías les permitan retomar actividades.

Ese hueco institucional lo cubren, como es normal en esa zona, el Ejército y la Policía, que además de las jornadas para entregar mercados y de los combates a grupos armados ilegales, acompañan al personal que está erradicando manualmente la coca.

“La excusa para que no lleguen los recursos del Pnis es que el programa está desfinanciado y no hay plata, pero sí hay plata para mandar a erradicar forzadamente”, dice Gabriel Sánchez, integrante de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia Asnac  y beneficiario del programa en Anorí, al nordeste de Antioquia, donde marcharon la semana pasada pidiéndole al Gobierno que deje de erradicar y cumpla la sustitución integral y voluntaria. 

En Anorí, Cáceres, Tarazá, Ituango, Puerto Libertador y San José de Uré, se han presentado enfrentamientos entre la comunidad y el Ejército por estar erradicando en plena pandemia. 

“Los enfrentamientos están aumentando, los campesinos están unidos y no se van a dejar arrancar los cultivos porque ya saben que el Gobierno no les va a cumplir”, nos dijo Benjamín Mesa, líder campesino de Valdivia, uno de los municipios más cocaleros de Antioquia que quedó por fuera del programa por la decisión del Gobierno Duque de sacar los que no hubiesen firmado los acuerdos individuales. 

Esa certeza de que el programa fracasó la comparten los ocho líderes de los ocho municipios con los que hablamos en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. “Quieren cansar al campesino con todos estos retrasos para que vuelva a sembrar y así tener una excusa para erradicar y fumigar a la fuerza”, asegura Muñoz, de Tarazá.

Así, la pandemia aleja a los campesinos un poco más de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, pero los mantiene en medio de la misma guerra que desde hace dos años los tiene viviendo con miedo.

Como hemos contado, Cartagena es una de las capitales del país que peor vive la pandemia del coronavirus. Ayer, por ejemplo, se registraron 85 casos y cuatro muertos más para un total de 3.927 y 165, respectivamente, en medio de la preocupación por la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo UCI que está en un 82 por ciento.

Mientras eso pasa, la red hospitalaria pública que se encarga de la atención primaria de unos 300 mil cartageneros (de poco más de un millón de habitantes totales) está en unas condiciones deplorables y sigue bajo la influencia de los herederos de la criminal alias La Gata, la exempresaria del chance condenada por homicidio y concierto para delinquir Enilce López.

Se trata de Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias, que está adscrita al departamento de salud del Distrito Dadis, agrupa a tres hospitales, 11 centros de salud y 27 puestos de salud, y si funcionara sería clave para detectar personas con síntomas de Covid, pues no siempre los pacientes llegan directo a una UCI.

La “ESE Cartagena”, como se le llama popularmente, está al menos desde hace unos cuatro años bajo las garras del combo de La Gata, como lo hemos contado en La Silla Vacía.

Y en concreto, hoy está bajo la influencia burocrática de la representante de Cambio Radical Karen Cure y de su esposo, el político de Magangué Giovanni Meza, conocidos socios políticos de Enilce López, sobre quienes recientemente el alcalde William Dau, quien llegó venciendo a los grupos cuestionados de la ciudad, dijo públicamente que no quería ni “oler” a un simpatizante de ellos en la ESE.

“Le quiero mandar un mensaje a La Gata, a Giovanni Meza y a César Anaya (candidato de ese grupo a la Gobernación de Bolívar en 2010). Ya estoy enterado y tengo identificados a los lacayos que ustedes están utilizando para tratar de llegar a mi oído manejando el presupuesto de la ESE Cartagena de Indias. Les digo ustedes no van a seguir robándose la plata de la salud de los cartageneros ¿Quieren guerra? Guerra van a tener”, dijo Dau antes de haberse posesionado en la Alcaldía.

El asunto es que, pese a que Dau ya logró cambiar al gerente de la entidad (que durante su gestión le dio contratos a los llamados “gatos de Magangué”, como le dicen al combo de La Gata), aún continúan allí personas cercanas a Cure y a Meza.

Tienen aliados hasta en la junta directiva y el manejo es tan de frente que hasta aparecen contratadas las hermanas de ambos políticos.

Una ESE moribunda

Como lo hemos contado, el sector salud siempre ha sido considerado un botín por algunos políticos debido a su presupuesto y a los puestos para clientela que pueden manejar.

La ESE Cartagena tiene un presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos (según nos dijo extraoficialmente una fuente de la entidad) y tiene una planta de aproximadamente 85 trabajadores de planta y más 1.100 vinculados por prestación de servicios o contratados por bolsa de empleos.

A esos malos manejos le atribuyen mucho las malas condiciones de toda esa red hoy.

De hecho, la semana pasada tras recibir varias denuncias que señalaban un desangre de la ESE por injerencia de políticos, la Contraloría General realizó una visita e instaló una comisión para recaudar información financiera y de contratación en esta ESE.

Por su parte, el recién nombrado gerente Rodolfo Llinás le dijo a La Silla que la ESE tiene hoy sus recursos comprometidos (no tiene recursos para invertir en la emergencia) y depende de la disposición del Dadis, no tiene camas hospitalarias y, por falta de personal y de elementos médicos, no cuenta con servicios extramurales (se ofrecen a la población en espacios no destinados a salud, como en las casas de los pacientes) para hacerles seguimiento a los pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19.

Al respecto, Llinás le hizo dos propuestas al Dadis para adquirir 78 camas hospitalarias y para aumentar su equipo extramural y conseguir pruebas PCR y le informaron que están en “revisión jurídica”.

La infraestructura de la ESE es, como consta el último informe de calidad de vida del programa Cartagena Cómo Vamos, deplorable. 

Ese documento publicado el año pasado señala que dos hospitales, seis centros de salud y diez puestos de salud, todos de la ESE requieren intervención física inmediata. 

Algunas están en el grupo de obras cuestionadas que, para remodelación o construcción, contrató en 2014 el entonces alcalde Dionisio Vélez y que quedaron a medio hacer o no se hicieron.

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Puesto de salud Punta Canoa. Foto de Contratopedia Caribe

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Puesto de salud Puerto Rey. Foto de Contratopedia Caribe

Vélez firmó un contrato por 95 mil millones de pesos para construir o remodelar 39 hospitales, centros y puestos de salud de la ESE Cartagena de Indias, pero solamente se invirtió plata en 25. Y de esas 25 obras, seis años después, apenas ocho están listas, según informó el portal La Contratopedia Caribe.

El jueves pasado, en un debate en la comisión tercera del Senado, el congresista bolivarense del Centro Democrático, Fernando Araújo, resaltó las falencias de la red primaria de salud en Cartagena y dijo: “Este es un problema que merece toda la atención, porque en la atención primaria es donde está la principal causa de este problema, aquí es donde se nos está muriendo la gente”.

En un sentido parecido, el médico y exdirector del Dadis, Álvaro Cárcamo, nos dijo: “Si la ESE tuviera las condiciones adecuadas sería clave para el diagnóstico y seguimiento de pacientes confirmados o sospechosos con covid-19”. 

Pero el panorama no pinta nada bien en la entidad, pese a la pelea pública que está dando el Alcalde por librarla de la politiquería.

Los maullidos de los gatos

Desde antes de posesionarse, el mandatario William Dau, que siempre habla sin pelos en la lengua, e incluso a veces haciendo señalamientos generalizados, como lo hemos contado; había advertido que le quitaría la ESE Cartagena a la gente de los gatos.

Su deseo se materializó hace algunas semanas, cuando al exgerente Roque Bossio se le venció el periodo y Dau nombró al médico Llinás, reconocido por ser técnico y no tener vínculos políticos. 

Pese a eso, aún se escuchan en la ESE los maullidos de los gatos, materializados en contratos y en una silla en la junta directiva de la entidad.

Como lo reveló en su momento La Silla Vacía, Karen Cure se eligió en el Congreso como la representante de La Gata.

Su esposo, Giovanni Meza, fue en 2011 candidato a la Alcaldía de Magangué del grupo de Enilce López, cuando la entonces próspera empresaria lideraba un reino de miedo en ese pueblo.

La relación entre ellos es tan cercana que una de las asistentes de Cure en el Congreso iba a cuidar La Gata en el Hospital Universitario Cari en Barranquilla, como reveló en 2016 Noticias Uno. Y en La Silla también contamos que Meza era uno de sus visitantes más frecuentes.

Para las elecciones legislativas de 2014, el entonces presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, quiso quitarle el aval de ese partido a Cure, justamente por sus relaciones políticas con La Gata evidenciadas en su esposo Giovanni Meza.

Cure aseguró que estaba separada y al final obtuvo el aval vía el exrepresentante vargasllerista, también de Magangué, Hernando ‘Picho’ Padauí. Y a los meses se supo que estaba embarazada de Meza, un asunto personal políticamente relevante debido a la versión que dio de su supuesta separación como muestra de lejanía con los gatos.

Hoy, los esposos Cure-Meza tienen un grupo propio que nació bajo el ala de Enilce López y heredó varios de sus cuadros.

En la junta directiva de la ESE tienen al representante de los empleados de planta, Manuel Pérez Pava, quien es amigo de Giovanni Meza y asiste a eventos sociales con él, como queda claro en esta foto.

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A la derecha Manuel Pérez con camisa amarilla. En el centro la pareja Cure-Meza.

La relación es tan obvia que, el pasado 1 de abril, un día después de que se le venciera el periodo al anterior gerente Roque Bossio, Pérez le pidió al Ministerio de Salud en nombre de la junta directiva que interviniera la ESE y nombrara un gerente porque la entidad estaba acéfala. Y aunque tras la salida de Bossio la entidad quedó sin gerente, se trató de algunas horas porque ese mismo día Dau designó a Llinás como gerente encargado (un mes después lo ratificó en el cargo).

Durante su administración, Bossio consintió a la pareja Meza y a la congresista Cure entregándole contratos a su círculo más cercano, por lo que, aunque ya no está en el cargo, la nueva gerencia tendrá que convivir con gente de ese grupo.

Bossio le dio un contrato por 48 millones de pesos vigente hasta el 31 de diciembre de este año a Fairus Cure Corcione (hermana de la representante Karen Cure) con el objeto de prestación de servicios en el área de Control Interno y otro por el mismo valor y la misma vigencia a Cecilia Meza Menco (hermana de Giovanni Meza), con el objeto de “asesoría y soporte jurídico en los procesos penales” de la ESE.

“Esto es de frente, hay políticos que tratan de camuflar su poder en los entes que manejan, pero aquí pusieron a los mismos hermanos”, comentó al respecto un periodista local.

También, la esposa de un primo de Karen Cure (llamado Gino Corcione) tiene vigentes dos contratos que suman 218 millones de pesos. La contratista se llama María José Villarreal: tiene un contrato por 53 millones por arrendamiento y otro de prestación del servicio de “fotocopiado en blanco y negro, reducción, ampliación y anillado de papeles” por 164 millones a través de la empresa Best Price Express S.A., de la cual es representante legal.

En su perfil de Facebook, Gino Corcione indica que es de Magangué y que trabaja en la ESE de Cartagena, aunque no le encontramos contrato. Según una publicación de la página de la ESE, lidera el departamento de Docencia Servicio.

Guillermo Arrazola Olano, cercano a Roberto Olano (esposo de Fairus Cure), tiene un contrato vigente por 2.439 millones de pesos como representante legal de la empresa Fibraxo S.A.S por servicios de “conectividad, mantenimiento y soporte de la red en fibra óptica”.

¡Olan|Co Soluciones te desea una Feliz Navidad! Guillermo Arrázola Olano - Roberto Olano Mendoza http://t.co/46yEEP99

— Guillermo Arrázola (@garrazolaolano) December 10, 2012

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Asimismo, Bossio le entregó una OPS a Ginnete Romero García por 28 millones de pesos que está vigente hasta el 31 de agosto. Romero hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del asesinado representante Moisés Orozco, quien era ficha del cuestionado excongresista de Sucre Yahir Acuña, quien ha tenido relaciones políticas con el grupo de La Gata.

Romero también es cercana a la pareja Meza-Cure, como consta en la misma foto, publicada en esta historia, en la que también aparece con ellos el miembro de la junta directiva Manuel Pérez.

Todos estos son los cercanos a los gatos a los que Dau quiere sacar para quitarle poder al grupo de Magangué, además de acabar con la tercerización laboral.

“Vamos a acabar con el contrato con la empresa que se llama Konecta (la empresa que terceriza la contratación del personal) y vamos a incorporar al personal de la planta de la ESE a todos estos médicos”, dijo el mandatario en las cuentas institucionales de la Alcaldía.

La pregunta es si podrá hacerlo, dado que se trata de contratos legalmente vigentes que no podrá acabar sólo porque esa es su voluntad.

Sobre la tercerización laboral, el gerente Llinás nos dijo que ese proceso sólo se puede concretar a partir del próximo año cuando se realicen estudios técnicos y económicos y se presenten a la junta directiva.

En todo caso, la nueva cabeza de la ESE ya ha empezado a hacer cambios que favorecen al Alcalde Dau. Desvinculó del cargo de subgerente a Nilson Granados y nombró a Luis Alfredo del Río en el mismo cargo, uno de los financistas de la campaña del mandatario (aportó seis millones de pesos, según reportó Dau en el portal Cuentas Claras).

También, el pasado 17 de abril le dio una OPS a Lidy Ramírez, una de las personas de más confianza del Alcalde. Ramírez fue asesora anticorrupción de la Alcaldía, pero Dau la tuvo que remover del cargo porque no cumplía con los requisitos

La semana pasada, la dictadura de Nicolás Maduro redujo aún más el cupo de retorno para sus connacionales, que se están devolviendo por corredores humanitarios en huida a la crisis económica del Covid que los puso en peor situación de la que ya estaban. Según cifras de Migración Colombia, ya son 71 mil los retornados.

La nueva regla de Maduro es que sólo podrán pasar tres veces a la semana, 100 migrantes por el paso de Arauca, por donde han retornado 12 mil venezolanos en medio de la pandemia; y 300 por el de Norte de Santander, por el que se han devuelto 57 mil. 

Eso seguramente traerá más represamientos de migrantes en todo el país y, sobre todo, en las zonas fronterizas, que se traducen en asentamientos y aglomeraciones en calles desde Ipiales y Cali, pasando por Bogotá y hasta Bucaramanga, Cúcuta o Arauca. 

Más allá del riesgo que eso supone para su salud -y la de los residentes de las zonas aledañas-, dado que estamos viviendo una pandemia, en los pasos fronterizos de Ecuador a Colombia por Ipiales y de Colombia a Venezuela por Arauca, se ciernen amenazas adicionales sobre los retornados: las amenazas y el pago de vacunas de las que están siendo víctimas por parte de grupos ilegales y delincuencia.

De mal a peor

Por el lado de Arauca, están la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc, que han impuesto en ese territorio un manual de convivencia que es conocido por los araucanos, pero no por los migrantes. De ahí viene que, desde antes de la pandemia, estos últimos fuesen víctima de discriminación, explotación sexual y agresiones físicas, tal y como documentó Human Right Watch en enero de este año, además del reclutamiento forzado que no menciona ahí la ONG pero que también padecen los venezolanos. 

Con el coronavirus, las guerrillas les restringieron el paso a los caminantes por el territorio araucano. Así nos lo contaron por aparte Juan Carlos Villate, personero de Tame, Arauca, otra fuente local del Ministerio Público y un miembro de una ONG que también trabaja en la región. 

“Eso se impuso con el voz a voz, desde que empezó la pandemia”, nos dijo la fuente del Ministerio Público que nos habló a cambio de no ser citada por seguridad. 

Y no ha sido exclusivo de Arauca, pues, como contamos en esta historia, en todo el país los grupos ilegales cobraron rol de autoridades sanitarias, bajo amenazas de todo tipo.

Tanto el Personero de Tame como la otra fuente del Ministerio Público nos detallaron que estos días de confinamiento ha habido casos de estudiantes de la región que volvieron desde el interior del país a donde sus familias en zona rural, pero que antes fueron obligados por las guerrillas a guardar cuarentena de 15 días en el casco urbano.

En relación con la población migrante directamente, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de finales de abril documentó que el ELN asesinó a una mujer venezolana en Fortul, Arauca, por no acatar sus restricciones. 

Aunque no se han documentado más hechos de este tipo contra los migrantes, la sola restricción le ha puesto un matiz distinto a su retorno desde esta región. 

Como no todos tienen conocimiento de las reglas de los ilegales, lo que están haciendo las autoridades locales es tratar de abordarlos en el punto de encuentro de los migrantes en Tame, municipio de entrada a Arauca por Casanare y el interior del país. 

Hasta allí diariamente están llegando entre 50 y 60 caminantes venezolanos a los que las autoridades araucanas les gestionan buses para evitar que sigan a pie su recorrido de 220 kilómetros hasta la frontera y se expongan a las represalias de las guerrillas.

Esa medida también busca disminuir el riesgo de contagio que supone que caminen. 

“Cuando llegan les damos todo un discurso para persuadirlos y que no sigan caminando. Sí, no tenemos las mejores condiciones para atenderlos mientras esperan el transporte, pero insistimos en que es para salvaguardar su integridad física”, nos contó el Personero Villate.

Los cobros

En Arauca las guerrillas combinan ese rol de autoridad sanitaria con el control que tienen sobre rentas ilegales y los retornados se han convertido en una de ellas. 

Por un lado, tal y como nos contó el Personero, esas rutas de transporte humanitarias que se están coordinando en Arauca, también tienen que pagarle vacunas a las guerrillas.

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Para confirmar esa versión, el funcionario nos mostró este “vikingo”, que es como se le dice al recibo que les entregan a los conductores que pagan la vacuna. La otra fuente del Ministerio Público con la que hablamos nos dijo por su lado que sí sabía que las guerrillas paraban los buses de retornados para darle charla de bioseguridad a los conductores. 

“Los paran, verifican que estén cumpliendo (las medidas de protección), que lleven retornados y les recuerdan qué cosas tiene que hacer para evitar contagios”, explicó. 

Por otro lado, como las guerrillas son dueñas de los pasos ilegales fronterizos, que en Arauca son por el río Arauca, y como hay represamientos en los pasos legales, algunos venezolanos se aventuran a pasar a su país por ahí.

Esa situación durante la pandemia ha tenido dos efectos: se redujeron sustancialmente los permisos de entrada y salida ilegales de los venezolanos y se incrementó el precio por el paso ilegal. 

“Antes le pagabas a un canoero dos mil, tres mil pesos para cruzar. Ahora hasta 60 mil pesos han llegado a cobrar. De ahí, un porcentaje va para la guerrilla”, nos dijo una de las fuentes que nos detalló ese hecho. 

Con la pandemia, ese cobro por el paso de migrantes también se ha potenciado en la frontera entre Ecuador y Colombia, tal y como nos contó Ana Karina García de la Fundación Juntos se Puede, que defiende los derechos de migrantes en Colombia.

“Nos han llegado denuncias de cómo el venezolano, al verse obligado a pasar ilegalmente de Ecuador a Colombia para poder volver a su país, ahora le toca pagar hasta 60 mil pesos.

Además les toca dejar pertenencias para poder pasar y cuando están en Colombia ya no tienen nada”, nos dijo. 

Justamente ayer la Fiscalía capturó a un venezolano en Ipiales, Nariño, porque estaba controlando y cobrando por el paso de migrantes entre Ecuador y Colombia. 

Según una fuente de ese municipio que tiene como saberlo y no citamos por seguridad, e integrantes de la guardia indígena de una vereda fronteriza que hacen operativos de control de paso de migrantes, el tráfico de migrantes se viene dando desde hace más de dos meses. 

Estas personas les cobran a los migrantes por pasar el río que divide a los dos países y por cargarles sus maletas y, encima, terminan robándolos y amenazándolos con arma blanca para que no denuncien. 

Esa fuente consultada, que protegemos por seguridad y que dice saberlo porque ha hecho ese recorrido de paso de migrantes, nos dio un detalle adicional que no pudimos confirmar por otro lado: según la persona, ha visto a coyotes, que son los que transportan a la gente, dándoles plata a agentes de la Policía colombiana que vigilan la salida de uno de esos pasos ilegales a cambio de dejar pasar a los migrantes irregulares.

Sólo en un día, el jueves pasado, cuando estaba terminando la segunda emergencia económica declarada por la pandemia del Covid, el Gobierno sacó 25 decretos que van desde que el Ministerio de Agricultura puede contratar directamente (sin licitación) la logística para asegurar el abastecimiento en todo el país,modificación de impuestos hasta digitalizar los trámites judiciales.

Sin el contrapeso de un Congreso que ha andado a medias en la cuarentena, y de la Corte Constitucional, que hasta hace poco arrancó su evaluación a las medidas tomadas; esa es la manera en la que en parte ha estado gobernando prácticamente sin control el presidente Iván Duque estos días: a punta de decretos.

En momentos en los que se empieza a hablar de una posible tercera emergencia económica, eso no parece que vaya a cambiar. 

Al menos del lado del Legislativo, en donde la discusión gruesa de los decretos de Duque amparados en la emergencia quedará para la próxima legislatura, es decir, después del 20 de julio próximo.

Pero además, el pulso inicial que sí se va a dar estos días alrededor del estado de excepción va a mostrar que al Presidente por fin le comienza a caminar su coalición de Gobierno, luego de casi dos años de tropiezos con el Congreso.

El informe favorable que ya tiene los votos para salir

La Constitución (el artículo 215) le da al Congreso el poder de, primero, evaluar la emergencia económica que decretó el Presidente por cuenta del covid, y también de derogar o modificar los decretos que hayan sido emitidos.

Son dos procesos que, aunque van en el mismo sentido, son independientes el uno del otro.

Hasta el momento, el Gobierno ha declarado dos emergencias económicas: una que fue desde el 17 de marzo hasta el 16 de abril, y otra que fue desde el 6 de mayo hasta el 5 de junio.

La que el Congreso y la Corte Constitucional -que también tiene esta función- están empezando a evaluar es la primera y sus 72 decretos; entre los que están la creación del fondo para atender la crisis, la estrategia de créditos para mantener vivas a las empresas, el que pretendía aliviar el hacinamiento en las cárceles, entre otros. 

Esta evaluación se hace partiendo de un informe que el Gobierno debe entregar hasta diez días después de que se acabe la emergencia en el que explica las causas que motivaron esta emergencia.

Como contamos en esta historia, el Gobierno entregó el informe de la primera emergencia tres días tarde (el 30 de abril) y ese día las dos cámaras del Congreso empezaron a estudiarlo. Tienen 30 días, que pueden ser prorrogables, para hacerlo.

En el Senado, la discusión de la emergencia se ha dado, principalmente, en las diferentes comisiones, pues los senadores no han definido una forma de sesionar y votar en plenaria.

Hasta el viernes, los senadores tenían plazo para radicar sus informes de evaluación para que estos luego sean votados. Preguntamos en la Secretaría del Senado cuántos habían sido radicados y, hasta el momento en que publicamos esta historia, no nos habían respondido.

En Cámara, en donde han sido más ágiles para encontrar maneras de votar y sesionar (incluso en plenaria), el mismo día en que el Gobierno entregó su informe, su presidente, el vargasllerista Carlos Cuenca, creó una comisión accidental, conformada por 45 representantes, para estudiar la emergencia y sus decretos, y sacar un informe que también deberá ser votado en plenaria.

Debido a las diferencias ideológicas que hay entre los 45 congresistas que componen esta subcomisión, sacaron tres informes: uno en el que están los partidos tradicionales y el Centro Democrático, otro en el que están tres congresistas verdes y otro en el que están unos verdes y los demás partidos de la oposición.

Estos informes lo que hacen es evaluar si la emergencia y sus medidas fueron convenientes y oportunas para mitigar el impacto de la crisis, pero no cambian ningún decreto individualmente. La próxima semana los informes serán puestos a votación en plenaria y se aceptará el que más votos tenga.

Los tres informes coinciden en que la declaratoria de la emergencia fue conveniente y oportuna, pero difieren en el análisis de las medidas que se tomaron. Mientras el informe de los partidos mayoritarios -que fue hecho por tres de los coordinadores de la subcomisión (César Lorduy de Cambio Radical, el conservador Armando Zabaraín y el liberal Rodrigo Rojas) y cuenta con el respaldo de sus partidos y de La U y el Centro Democrático- afirma que todo fue conveniente y oportuno, el de los verdes y la oposición critica algunos de los decretos.

En sí estos informes no cambian ninguna de las medidas que tomó el Gobierno en ese momento, pues lo que el Congreso deberá decidir es sí está o no de acuerdo con la emergencia que decretó el Presidente.

Sin embargo, eso es importante porque, al ser votado en plenaria, el informe sienta la posición del Congreso frente a la emergencia en general. 

Además, de ser aprobado uno de los informes que contiene críticas a las medidas, facilitaría la citación a un ministro o, incluso, una moción de censura.

“La importancia de este informe es simbólica y política. Nosotros le dimos al Presidente nuestra facultad de legislar. Este es el momento en el que sentamos nuestra posición”, nos dijo la representante verde Catalina Ortiz, la cuarta coordinadora de la subcomisión y quien hizo uno de los informes.

Debido a que el informe que afirma que la emergencia y sus medidas fueron todas convenientes, oportunas y no hace ninguna crítica tiene el apoyo de los cinco partidos más votados (suman 143 de los 172 representantes), con seguridad será el que se apruebe, si nada extraordinario ocurre.

Eso sucederá la semana entrante.

Esto es un anticipo de cómo será la siguiente legislatura que es cuando se van a debatir los cambios a los decretos y la balanza -si todo sigue así- se empezará a voltear a favor del Gobierno.

Un Congreso más favorable a Duque

Para modificar o derogar alguno de los decretos que ha emitido el Gobierno, el Congreso debe hacerlo a través de proyectos de ley, que corren por la vía ordinaria: dos debates en cada una de las cámaras.

Hasta el momento, hay radicados nueve proyectos para cambiar decretos salidos de la emergencia, todos presentados por congresistas de la oposición.

Por ejemplo, hay uno para derogar el polémico decreto 554 que reduce la cuota de producciones nacionales en los canales de televisión abierta, otro para derogar el decreto 522 que le adiciona 3,25 billones al presupuesto nacional, otro para modificar el decreto que declaró la primera emergencia económica para proteger al sector cultural, entre otros.

Debido a que estos proyectos de ley se presentaron entre finales de abril y mediados de mayo y ni siquiera se han votado en primer debate, quedarán para la siguiente legislatura.

Acá, Duque tendrá un escenario más favorable que el que tuvo en el pasado. Sobre todo si se da el antecedente de que le voten positivamente en Cámara su primer informe. 

Allí, estrenará en forma la coalición que armó a comienzos de año con Cambio Radical, La U y los conservadores al darles ministerios. Esto ya se ve en el hecho en que estos partidos apoyan de frente y no cuestionan la primera emergencia económica.

Duque también contará en la siguiente legislatura con dos fuertes aliados en la cabeza del Congreso.

En el Senado, si nada cambia a última hora, tendrá a Arturo Char, una de las cabezas del superpoderoso clan barranquillero con casa en Cambio Radical, quien, como revelamos, fue ungido ya por consenso por su partido para ser su próximo presidente.

En la Cámara, tendrá al conservador paisa Germán Blanco, quien fue designado por los conservadores para ser su presidente desde el 20 de julio. 

Blanco es cercano al uribismo. De hecho, como contamos en La Silla, en las pasadas elecciones locales apoyó al candidato uribista Alfredo Ramos a la Alcaldía de Medellín.

Es así como para el siguiente semestre, cuando empiece la discusión de los decretos que sacó el Gobierno para mitigar el impacto del covid, Duque tendrá un Congreso diferente al que ha tenido en los últimos dos años. 

Uno más favorable en el que, posiblemente, le caminen más sus proyectos y en el que sus medidas para solucionar la crisis del coronavirus posiblemente no sean tan duramente cuestionadas. Al menos no con efectos duros para el Gobierno.
Hasta ahora, ese contrapoder ha quedado en manos de la Corte Constitucional que tumbó dos artículos del decretó que declaró la emergencia sanitaria.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López arrancó junio con su Plan de Desarrollo, con capítulo Covid incluido, en el bolsillo, después de que el Concejo le aprobara una versión con menos presupuesto pero mismas prioridades, como contamos en esta historia.

Justamente, lo de las prioridades queda claro al encontrar que, pese a los cambios obligados por la crisis del Covid, su hoja de ruta mantiene una apuesta ambiental mayor a la de su antecesor Enrique Peñalosa, pese a que el presupuesto asegurado para el sector (1,3 billones) es prácticamente el mismo de la anterior Administración, como contamos aquí. 

Durante su campaña, la hoy Alcaldesa firmó el Compromiso Ambiental, que es una iniciativa de 28 organizaciones ambientalistas de la ciudad que resume en un documento 17 puntos verdes, y que le sirvió en ese momento y aún le sirve para mandar una señal política de desmarque de Peñalosa, quien siempre estuvo asociado con la idea de ser un alcalde que sobreponía el cemento a lo ambiental.

Revisamos en detalle el Plan 'Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI' y cotejamos si los cinco principales compromisos ambientales de campaña (aunque hay más) se ven reflejados y cómo expertos ambientalistas reciben las apuestas verdes de esta Alcaldía, incluyendo la oposición petrista.

La conclusión es que la mandataria incluyó sus promesas y, por ahora, un sector amplio de los ambientalistas que había cuestionado al antiguo alcalde está tranquilo con el camino propuesto, aunque le queda por delante más de una puja.

Desde hace unos días está circulando en redes una nota del portal Nuevaya titulada: “OMS reconoce que el Quédate en casa, “es dañino” para los países más pobres”. 

Como 90 usuarios de Facebook calificaron la publicación como falsa y como se ha compartido más de 2.000 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que la nota es cierta, pero no solo para países pobres sino también para comunidades pobres en otros países.

El artículo de Nuevaya replica unas declaraciones que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, dio en una reunión con misiones diplomáticas internacionales sobre el Covid-19.

El 16 de abril, el Director hizo referencia a las medidas de confinamiento que en estaban tomando varios países para evitar la propagación del nuevo coronavirus. 

Ghebreyesus indicó que el virus estaba llegando a comunidades que viven en hacinamiento y del sustento diario, en las que es casi imposible mantener las cuarentenas sin ayuda social. 

“La COVID-19 magnifica las desigualdades sanitarias que ya existen. Los gobiernos deben tener en cuenta que, en algunos países y comunidades, la obligación de quedarse en casa puede no ser practicable o incluso provocar perjuicios no deseados. Millones de personas de todo el mundo deben trabajar todos los días para llevar comida a sus casas. No pueden permanecer confinados prolongadamente sin recibir asistencia”, dijo el Director. 

También aseguró que la pandemia ya había generado que más de 1.400 niños dejaran de ir al colegio, "poniendo a algunos de ellos en un mayor riesgo de abusos" y los privádolos de la comida y atención en salud que reciben allá. 

Calificamos la nota del portal Nuevaya como cierta porque la información que replica es verdadera. 

Desde hace dos días están circulando dos publicaciones de la página Huila - Cómo Nosotros Tv en la que que hacen referencia a Fupadeso, que está concursando para la licitación de Programa de Alimentación Escolar del Huila. 

Las dos publicaciones denuncian que Fupadeso es una empresa corrupta, basándose en denuncias ciudadanas y en un supuesto pantalalzo de un hilo de Twitter que La Silla Vacía publicó hace unos días sobre esa licitación del PAE. 

El trino nuestro es falso, pues cambian una palabra de uno real para irse contra Fudapeso. 

En el trino original explicamos que uno de los proponentes del PAE es MCD & Cia SAS, una empresa de Bucaramanga con vínculos con Germán Trujillo, esposo de la política huilense Cielo González condenado por irregularidades en el PAE en Santander. 

Pero lo más llamativo es que en los últimos años MCD fue socia de la empresa huilense Cooperativa Multiactiva Surcolombiana, la misma que facturó tamales a 30 mil pesos en la Gobernación de Santander y…

— La Silla Vacía (@lasillavacia) May 27, 2020

Esa es la parte que la publicación de Facebook modifica, quitan la palabra MDC y ponen Fudapeso. 

Así se ve el trino que citan:

fudap.jpg

La Silla Vacía no mencionó a Fudapeso en el hilo que hicimos sobre el PAE. 

Por eso calificamos esas publicaciones como falsas y  rechazamos que usen nuestra imagen con fines políticos.

El manejo de la pandemia que confinó al planeta abrió un debate, que no es exclusivo de Colombia, alrededor de las plataformas web y aplicaciones móviles que se están creando para ayudar a monitorear y controlar el contagio del Covid-19 y que para ello en ocasiones demandan de los ciudadanos datos privados como, por ejemplo, los sitios que visitan.

Hace unos días, en el país la discusión se encendió por cuenta de la patraseada que le tocó hacer a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego de que se armara una polémica por la obligación de registrar datos en la herramienta Bogotá Cuidadora para poder salir a la calle, y de que la Superintendencia de Industria terminara llamando a la mandataria para verificar si el Distrito estaba cumpliendo con las normas de recolección de datos.

Las críticas van más allá de la capital. Han incluido a CoronApp, la aplicación que el presidente Iván Duque presentó cuando en Colombia sólo se registraba un contagiado; y a Medellín Me Cuida, que ha tenido mucho que ver con el buen manejo a la pandemia que se evidencia en esa ciudad. 

Por estos días, es muy común en redes leer las quejas de personas que se niegan a entregar información sobre dónde viven o los lugares que frecuentan, a organizaciones expertas alertando acerca de los riesgos por el uso de estos datos y hasta a la Procuraduría General advirtiendo que revisará algunas de estas plataformas y aplicaciones para verificar que no pongan en riesgo las libertades ciudadanas.

Pero más allá de ese gran debate que es mundial, está la pregunta de si, efectivamente, estas herramientas están sirviendo para evitar contagios y salvar vidas.

Al menos en el país, la respuesta que encontramos es que, aunque su propósito tiene mucho de loable, su éxito no está probado en todos los casos.

Un éxito no probado

“Una aplicación que busca salvar vidas”, es el slogan que han repetido varios funcionarios del Gobierno de Iván Duque sobre CoronApp; en Medellín, el alcalde Daniel Quintero ha dicho que Medellín Me Cuida es indispensable para “ganarle la batalla” al Covid; y en Bogotá, la Alcaldesa López presentó a Bogotá Cuidadora como una “herramienta de cuidado” que va a permitir la movilidad segura y mejorar cercos epidemiológicos.

Por ejemplo, la información que han dado las más de ocho millones de personas registradas en CoronApp, como por ejemplo su ubicación exacta, sus números de contacto y su estado de salud; más que para salvar vidas, ha servido para crear mapas de calor que muestran dónde se están concentrando los casos.

Aunque eso es importante, en realidad es una información que ratifica y a veces complementa lo que ya muestran los mapas del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, en el que reportan información oficial seis mil IPS de todo el país sobre sus pacientes. 

En todo caso, CoronApp sí ayuda a ubicar casos sospechosos de personas que no hayan ido aún a una entidad de salud. De hecho, según información que nos dieron en el Instituto Nacional de Salud INS, entre el 27 de mayo y el 1 de junio alertaron a diferentes secretarías de Salud del país sobre 15.642 usuarios con síntomas que no estaban en el Sivigila.

Eso tiene un matiz y es que la atención de todos esos sospechosos no depende de la aplicación ni tiene nada que ver con ella, sino que obedece a que la respectiva secretaría de salud los contacte.

Eso ayuda a entender por qué se han visto críticas en redes de personas que reportaron tener síntomas Covid en CoronApp y nunca los buscaron o llamaron. 

“CoronApp nunca ha pretendido hacer telemedicina ni reemplazar los servicios de salud”, explica Franklyn Prieto, director de Vigilancia y Análisis del Riesgo del INS. 

Más allá de esas funciones, la aplicación no es muy eficaz en otras cosas que prometió cuando se lanzó, como la de servir como pasaporte de movilidad (una suerte de acreditación digital a gente que puede circular) o hacer rastreo de contactos a través de bluetooth para identificar con qué personas se relacionó un contagiado por Covid y luego advertirles para que se aislen.

Lo del pasaporte porque así CoronApp acredite a un usuario que cumple la excepción para salir por 24 horas a través de un código QR, las autoridades igual en la calle lo pueden parar para pedirle sus documentos y comprobar que sí puede estar afuera, como la cédula, un carnet o una carta laboral.

Y lo del rastreo de contactos porque, como dice la aplicación cuando se va a descargar, esa herramienta está desactivada por defecto y solo se activa si el usuario tiene Covid y acepta encender su bluetooth y compartir su ubicación y movimientos. 

Esto, en todo caso, zanja el debate de la privacidad en parte, al menos con CoronApp.

El modo bluetooth es uno de los más usados a nivel mundial para hacer cercos epidemiológicos y prevenir los contagios, pero es también el que causa más temor porque es abrirle la puerta al Estado para que sepa dónde estamos y con quién interactuamos. 

Ese sistema, además, recibe críticas adicionales porque su efectividad es dudosa. 

Por ejemplo, en Australia, a principios de abril el gobierno lanzó una aplicación parecida a la de Colombia llamada Covidsafe: "Lo compararía con el hecho de que si quieres salir cuando está brillando el sol, debes ponerte protector solar", dijo el primer ministro Scott Morrison refiriéndose a la app para promoverla. 

Pero a finales de mayo el Gobierno confesó que la aplicación, que ya tenía seis millones de usuarios, solo les sirvió para detectar a una sola persona con Covid. Y cada vez se ha vuelto más irrelevante para las autoridades de salud, como cuenta The Guardian en este artículo. 

Esos resultados tienen varias explicaciones: pocas personas descargan la aplicación; si la descargan pero no la tienen activa en la pantalla al momento de moverse, en algunos móviles el bluetooth deja de funcionar; y cuando funciona, puede tirar muchos falsos positivos porque el contagiado pudo estar a 10 metros de lejanía del usuario. 

Por eso ahora el debate se centra en discutir si vale la pena entregar los datos privados cuando no es seguro que así vaya a ser.

La Organización Mundial de la Salud OMS se pronunció al respecto el pasado 4 de junio con una guía para el uso de las aplicaciones de rastreo de contactos, en la que dice que estas pueden “atravesar rápidamente la borrosa línea entre la vigilancia de la enfermedad y la vigilancia de la población”. 

También advierte que se deben evaluar la eficacia y repercusiones para saber si la compensación de los datos entregados es proporcional a lo que se logre en salud pública: “Si esas tecnologías no resultan eficaces frente al Covid-19, entonces la tecnología debe eliminarse gradualmente". 

En el caso de CoronApp, el INS no ha realizado ningún estudio de impacto o análisis posterior a su uso que demuestren de forma concreta para qué ha servido. 

El Instituto le dijo a La Silla que CoronApp es solo una de las muchas herramientas que utilizan para el manejo de la pandemia y que el rastreo de contactos “no está activo hasta que se resuelva el tema de compartir información”, como nos dijo un vocero autorizado. 

En el caso de Bogotá Cuidadora -que tampoco usa rastreo de contactos ni de la persona que la usa- la información entregada (como por ejemplo su profesión, lugar de destinos y estado de salud) es procesada por la Alta Consejería Distrital de TIC, a cargo de Felipe Guzmán.

Ese funcionario nos dijo que a la fecha hay más de un millón de personas que se registraron e informaron sus destinos, horarios y medios de transporte más recurrentes, aunque como no usa bluetooth no es posible saber en tiempo real dónde está el ciudadano. 

Le preguntamos a Guzmán si con esos datos han tomado decisiones frente al Covid o hecho cercos epidemiológicos, y respondió que hasta ahora la información está siendo analizada. 

Según César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos y exdirector del Dane, se están acumulando millones de datos que no son fáciles de procesar, “se requiere técnicos, capacidad y mecanismos de procesamiento para poder identificar temas de salud”.

En contraste, Medellín Me Cuida da cuenta de resultados más concretos.

De hecho, como hemos contado, gran parte del éxito en el manejo de la pandemia en esa ciudad se le ha atribuido al uso de los datos y la tecnología a través de esa plataforma.

Eso, de todas formas, tiene sus matices porque no se debe únicamente a la herramienta web.

Las flores no son solo para Medellín Me Cuida

El alcalde Quintero dijo hace unos días por su cuenta de Twitter que Medellín Me Cuida “es quizás la estrategia más efectiva contra el Covid-19 en toda América Latina”, sin embargo dentro de la Administración no han hecho ningún estudio que sostenga esa afirmación. 

A la fecha, según la Alcaldía, más de tres millones de personas y 130 mil empresas se registraron dando sus datos personales e historial clínico, para poder permitir la reapertura de varios sectores de la economía.

Con esa información (que incluye entregar datos como dirección, contrato de EPM y enfermedades) la Administración ha entregado cerca de 500 mil ayudas de 100 mil pesos a familias pobres en cuarentena, y ha reforzado los cercos epidemiológicos para que cuando alguien tenga Covid, se le envíen mensajes de texto alertando a las personas que se encuentran en un radio de 200 metros de cercanía. 

Quien se encarga de encontrar y aislar a las personas con Covid y a los posibles infectados, es un equipo de 30 epidemiólogos que, a través de llamadas y visitas, levantan la información de forma manual, como históricamente se ha hecho, según nos contó la subsecretaria de Salud de Medellín, Natalia López. 

De hecho, aunque Quintero dijo que la plataforma demostró su utilidad para controlar el foco de contagio en la Plaza Minorista (la plaza de mercado más grande de la ciudad) a mitad de abril, ese trabajo lo hicieron en terreno los epidemiólogos, luego de que un infectado se reportara personalmente en un hospital comunicando que era trabajador del lugar.

Los epidemiólogos visitaron la plaza, encuestaron trabajadores, se desplazaron hasta los sectores donde estos vivían, realizaron 500 muestras y encontraron 51 positivos, la mayoría asintomáticos, que hubiesen podido regar mucho más el virus de no haberse detectado. 

Esa experticia se debe a un grupo de casi cien profesionales de la salud del municipio que lleva años capacitándose y haciendo cercos epidemiológicos en otros casos anteriores, como el sarampión y la gripe A-H1N1. 

Para lo que sí ha sido vital la plataforma Medellín Me Cuida es para controlar la movilidad de las personas, porque a diferencia de CoronApp y Bogotá Cuidadora, es obligatorio estar registrado por la plataforma para poder salir sin ser sancionado. 

El temor a una multa de casi un millón de pesos sumado a una ciudadanía que culturalmente respeta las normas y confía en sus gobernantes (como lo demuestra el cuidado del Metro y la alta favorabilidad en las encuestas de los alcaldes), ha hecho que en general los paisas cumplan la cuarentena y el distanciamiento social. 

Y eso se ve en sus cifras de contagios y muertes.

Pese a eso, el control y uso de los datos de la Alcaldía ha sido cuestionado por distintas personas, entre ellas una mujer que le puso interpuso una tutela contra la Administración por violación a la privacidad y el Habeas Data, y la ganó, obligando al municipio permitirle salir a trabajar sin necesidad de entregar sus datos sensibles. 

A esos cuestionamientos se le sumó uno más: el anuncio confuso de Quintero de que había logrado integrar su plataforma con la del Gobierno Nacional CoronApp, para hacer uso en la ciudad de la herramienta de rastreo de contactos a través de bluetooth (la misma que el INS tiene desactivada y sin funcionar, hasta ahora).

Según Quintero, nació “el derecho de saber que estuve con alguien contagiado”

Cuando el Presidente sacó el decreto que permitía la reapertura de más sectores a finales de mayo, el alcalde Quintero lanzó un piloto en tres centros comerciales y dijo por Twitter que quienes quisieran participar debían estar inscritos en Medellín Me Cuida, instalar CoronApp y activar el bluetooth en el celular para ingresar. 

Ese anuncio se dio sólo por redes sociales y no quedó por escrito en ningún decreto ni comunicado oficial. Y tampoco le explicaron a la gente de qué se trataba esa integración ni para qué había que encender el bluetooth en los celulares. 

Ante el pedido de cientos de ciudadanos de tener más información, al siguiente día, Quintero habló de la existencia de un nuevo derecho: “El derecho de saber que estuve con alguien contagiado”.

Según él, eso era lo que iba a permitir la integración CoronaApp-MedellínMeCuida, porque podrían alertar y hacer prueba a alguien que tuvo contacto con un contagiado, gracias a la herramienta de rastreo de contacto que tiene CoronApp.

La Silla Vacía le preguntó al INS de qué se trata esa integración, y un vocero autorizado nos dijo que actualmente CoronApp no está enlazada ni integrada con ninguna plataforma o aplicación de otras localidades, y que no sabía a qué se refería el Alcalde con ese anuncio.

Por la misma línea, Víctor Muñoz, el consejero presidencial para asuntos económicos y Transformación Digital, nos dijo que CoronApp solo está integrada con del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, y que a través de este, las secretarías de salud de los municipios pueden acceder a la información de la app. 

Pero en la Alcaldía de Medellín insisten que están haciendo análisis técnicos con el INS para enlazar ambas plataformas, es decir, “hacer una interfase entre Medellín Me Cuida y CoronApp, para poder alimentar esas bases de datos automáticamente”, como nos dijo la subsecretaria de Salud Natalia López. 

Le escribimos nuevamente al INS, y al consejero Muñoz, para que nos explicaran cómo funcionaría esa integración automática entre bases de datos, pero no recibimos respuesta.

La falta de claridad y transparencia sobre cómo se están manejando los datos y para qué están sirviendo, es una de las críticas más reiteradas a esas plataformas que ha hecho Karisma, una fundación colombiana que trabaja en la promoción de derechos humanos en el mundo digital hace 17 años. 

Y aunque todas las plaformas y aplicaciones móviles, sin excepción, dicen en sus documentos de términos y condiciones que cumplen con las reglamentaciones vigentes de habeas data, y que solo las autoridades de salud tienen acceso a la información, no hay mucho control al respecto. 

El control está en ascuas

A diferencia de otros países como algunos de la Unión Europea, que tienen que presentar estudios de impacto o pasar estas iniciativas por sus legislativos; en Colombia las entidades públicas pueden lanzar estas plataformas sin tener que consultarlo con nadie distinto a ellos. El control llega después de. 

Por eso, luego de que el debate se calentara con la salida de la plataforma Bogotá Cuidadora la semana pasada, el Superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, anunció que había solicitado información a las alcaldías de Medellín y Bogotá.

La idea es “verificar si las iniciativas cuentan con la debida protección de datos a la luz de la legislación vigente y si el tratamiento de datos es adecuado”, según nos dijo la Superintendencia. 

Entre las preguntas que envió la Super a la Administración de Medellín, por ejemplo, están: “¿Qué procedimientos fueron establecidos para determinar que la información solicitada es pertinente y adecuada?”, o: “¿Por qué razón cada uno de los datos recolectados es estrictamente necesario para cumplir la finalidad informada a los ciudadanos?”. 

Hasta ahora, la Super ya recibió la información de la Alcaldía de Medellín y está evaluando sus respuestas; pero como no tiene facultades sancionatorias para entidades públicas, cualquier hallazgo que encuentren sería remitido a la Procuraduría. 

Ese organismo de control se pronunció casi al tiempo que la Super, el 2 de junio, anunciando que también va a revisar las plataformas y aplicaciones CoronApp, Bogotá Cuidadora, Medellín Me Cuida, EsperanzApp (Caldas y Risaralda); Cuidémonos (Cartagena), COVID-19 Boyacá e Ingreso Solidario, “con el fin de verificar que cumplan la Constitución y la ley y evitar que pongan en riesgo las libertades ciudadanas”, dice en el comunicado. 

Natalia Barrera, abogada y directora de la Asociación Colombiana de Datos y Privacidad, asegura que aunque el derecho a la intimidad está desde el 91, en las entidades públicas “hay un desconocimiento general en los temas de protección de datos y se encuentran en un proceso de aprendizaje”.

“Este es un debate más nuevo, constitucional e incluso importado”, dice Barrera que no cree que las acciones que están llevando la Superintendencia y la Procuraduría conlleve a sanciones, sino más bien a pedagogía. 

Pero, aunque el boom de las aplicaciones Covid puede ser importado, en Colombia hay una particular desconfianza de la gente por el manejo de los datos en manos del Estado, a la luz de delitos y escándalos como los de la chuzadas y perfilamientos del Ejército a personalidades.

“Desde temas de vigilancia, hasta que estés mal en una base de datos. Desconocer que hay un riesgo de que la información privada de la gente esté en manos del Estado es irrespetuoso con los colombianos”, asegura Carlos Cortés, director de la Mesa de Centro (un producto de La Silla Vacía) y cofundador de Linterna Verde, una iniciativa que aporta al debate público digital.

“El problema no es la aplicación sino quién la pone en marcha. Acá el Fiscal le abrió una investigación a Claudia López por ir a mercar cuando no podía. Acá tenemos razón de desconfiar de las instituciones”, nos dijo Esteban Hoyos, abogado constitucionalista y experto de La Silla Llena. 

Así, mientras los organismos de control les piden cuentas a los mandatarios locales y al Gobierno Nacional sobre las aplicaciones, y el debate pica y se extiende, los ciudadanos cada vez están más escépticos de entregar sus datos sin estar seguros para qué.

Junio ha sido un día de lluvia y cielo cubierto en Barranquilla y el Atlántico, literalmente, pero también en lo que respecta a la pandemia del coronavirus.

Desde que arrancó el mes, los números de contagiados y muertos se empezaron a disparar y a generar la sensación de que la crisis se está saliendo de control: por varios días de esta semana, los fallecidos registrados en el departamento y su capital han llegado a sumar casi la mitad del total de los muertos reportados en todo el país.

En 10 días, de las 501 víctimas fatales totales a nivel nacional, 190, es decir, el 38 por ciento son de allí. 

Eso, con una población total de apenas 2,5 millones de habitantes, casi cinco millones menos que Bogotá y cuatro millones por debajo de Antioquia. 

En cuanto a los casos, por ejemplo y como destacó hace cuatro días el periodista Pascual Gaviria, quien viene haciéndole seguimiento diario a la evolución de la pandemia, el convulsionado municipio de Soledad, que pertenece al área metropolitana de Barranquilla, con casi 700 mil residentes cuenta más contagiados confirmados por Covid (2.135) que todo el territorio antioqueño (1.704) y registra cuatro veces más muertos.

La curva venía empinándose rápido desde el mes pasado, tanto que el  28 de mayo la Procuraduría General solicitó al Ministerio de Salud medidas urgentes para Barranquilla y el Atlántico debido a que en 15 días se duplicaron los positivos de coronavirus y la ocupación en Unidades de Cuidado Intensivo UCI estaba en ese momento en un 90 por ciento, según el ente de control.

Las autoridades locales: el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera, ambos del poderoso clan Char que domina políticamente el departamento, han querido reducir la explicación de lo que sucede a un asunto de “indisciplina social” y a la falta de autocuidado de la gente.

“Para la cerveza, no me preguntes de dónde, pero ahí sale la platica”, dijo Noguera este martes en la emisora Blu. “Depende de nosotros si nos cuidamos o no. Ya tendremos tiempo para hacer fiesta”, había asegurado hace unas semanas en una rueda de prensa.

De “Charlatanes de barrio” y habladores “de paja” había calificado, por su parte, el Alcalde Pumarejo a las personas desinformadas de los barrios respecto a la importancia de las pruebas, en un audio que publicaron emisoras locales hace nueve días.

Una asesora de su Administración en la Secretaría de Tránsito el pasado martes por twitter trató de “partida de badulaques e ignorantes” a quienes incumplen la cuarentena.

Mejor dicho, una línea discursiva en la que los responsables básicamente son los ciudadanos.

Ese asunto tiene de cierto, como evidencian los 44 mil comparendos que ha impuesto la Policía desde que inició la cuarentena por violación al confinamiento, las noticias de fiestas clandestinas y las aglomeraciones que se pueden ver en la ciudad con sólo asomarse a la calle.

Sin embargo, es más complejo que eso.

La parte de la explicación en la que no hacen énfasis los dirigentes charistas es que mucha de la gente que está saliendo lo hace porque tiene la necesidad de trabajar para poder comer.

Idea de eso da el hecho de que los 10 barrios que registran más casos activos, según datos de la propia Alcaldía, están en localidades que históricamente han tenido altos índices de pobreza -como se puede ver en este informe del Banco de la República- y aún hoy están entre las barriadas populares en las que los residentes sienten menos satisfechas sus necesidades.

Rebolo (90 casos), Las Nieves (69), La Luz (51), San Roque (40) y Simón Bolívar (39); son de la localidad Suroriente, uno de los focos de necesidad de la ciudad, en donde el 38 por ciento de sus habitantes asegura haber tenido que dejar de comer una de las tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos, según la encuesta de percepción ciudadana del programa Barranquilla Cómo Vamos en 2019.

El Bosque (68 casos), Santo Domingo de Guzmán (34) y San Felipe (32); son de la localidad Suroccidente, en donde el mismo dato de la encuesta es del 16 por ciento. 

Y Carrizal y La Playa son de la localidad Metropolitana y la zona rural de Barranquilla, respectivamente. En la Metropolitana el 28 por ciento dice que en algún momento del año pasado no tuvo para sus tres comidas diarias y La Playa es un corregimiento recordado porque inicialmente fue una zona invadida por personas desplazadas. 

“Con miedo, pero me ha tocado salir a rebuscarme el día a día", nos dijo ayer en el barrio Rebolo, el que más casos confirmados de Covid registra en toda Barranquilla, el vendedor de frutas Carlos Alberto Ríos, quien cuenta que le ha tocado violar la cuarentena para poder llevar algo a su casa. “La venta está dura”, se lamenta.

Ahí en Rebolo se pueden ver ventas callejeras estacionarias como la suya casi en cada esquina. Mototaxis (un servicio irregular) rebucándose carreras. Gente comerciando de manera ambulante arepas o butifarras, cualquier cosa.

Según cifras del Dane, en Barranquilla el 47 por ciento de los ocupados son informales, un número superior al de ciudades como Cali  y Medellín, donde la informalidad es del 40,8 y 41,7 por ciento, respectivamente. 

Y la pobreza en La Arenosa estaba (antes del coronavirus) en 21,1 por ciento, casi el doble de la de Manizales que tenía el 11,9 por ciento.

Toda esta es una cara de Barranquilla que ya existía, pero que como nunca ha quedado de presente por la crisis que generó la pandemia, como ha pasado con los problemas sociales en otros lugares y en general en el país.

La particularidad acá es que los padecimientos de esta parte de la ciudad eran poco comentados bajo el unanimismo alrededor del grupo Char, que ha contado con medios amigos, un Concejo que no hace control político y funciona más como subalterno de la Alcaldía, unos organismos de control locales de su cuerda y al equipo de fútbol Junior de su propiedad, para crear y mantener la narrativa de que en Barranquilla absolutamente todo está bien, como lo hemos contado.

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Y aunque los avances y la inversión en obras en los 12 años largos que llevan mandando son indiscutibles, como también lo hemos contado, junto al coronavirus emergen unas urgencias imposibles de ocultar.

Incluso en el vital alistamiento en salud, en el que la ciudad llevaba la delantera cuando estalló la pandemia, debido a la gran inversión que hizo en el sistema el pasado gobierno del exalcalde Álex Char; pero ahora es puesto en duda. 

Al menos eso deja ver la solicitud de medidas urgentes que el pasado 28 de mayo hizo la Procuraduría General para Barranquilla y el Atlántico, argumentando“la progresiva saturación de la capacidad del departamento para atender los pacientes que podrían ser internados en unidades de cuidados intensivos”.

Dice ahí la Procuraduría no sólo que las UCI de la ciudad están en un 90 por ciento de ocupación, sino que en el vecino Soledad ya van casi al 100 y en otros pueblos como Sabanalarga en 60.

Eso contrasta con los datos de las autoridades locales, que en estos días han asegurado que en Barranquilla está disponible el 43 por ciento de las UCI (como lo publicó Pumarejo en twitter), y en todo el Atlántico la ocupación de estas camas es del 72 por ciento.

Aunque, la Gobernadora Noguera sí reconoció ayer en una rueda de prensa para hablar de la disparada de casos y muertes que, de seguir así, en un mes el departamento se quedaría sin UCI para atender a los pacientes graves de Covid.

De la precariedad y los problemas del sistema de salud local también da cuenta un comunicado de la semana pasada de la Federación Médica Colombiana, en el que se denuncian supuestos maltratos y atropellos al personal médico. 

“Han sido despedidos varios médicos por exigir pruebas diagnósticas para Covid-19 cuando estuvieron en contacto con pacientes positivos, por reclamar trajes de protección especial y no aceptar la política de disminución de sus ingresos en pandemia”, reza el documento que también firman el Colegio Médico del Atlántico, la Asociación de Internos y residentes, Asmedas Atlántico, la Academia Nacional de Medicina Atlántico y la Asociación Médico-Quirurgica del Atlántico.

Un caso que refleja lo dramático y doloroso de la situación es el del médico Fabián Palacios, quien el 1 de mayo denunció y protestó públicamente por la falta de implementos de protección en el Hospital Universitario Cari y el martes pasado murió por coronavirus.

Para preguntar por todo esto, intentamos comunicarnos con la jefa de prensa de la Alcaldía y no fue posible.

Ayer, en rueda de prensa conjunta, el Alcalde Pumarejo y la Gobernadora Noguera dijeron que aumentarán la presencia de la Fuerza Pública en las calles y realizarán cercos sanitarios en los barrios con más contagiados, para intentar atajar la bola de nieve.

Barranquilla y el Atlántico terminaron el día sumando en total 7.502 contagiados y 294 muertes.

En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, y cuando el Gobierno está hablando de austeridad, el Ministerio de Hacienda cambió las condiciones de pago a los miembros de juntas directivas de empresas estatales y mixtas para que esos ejecutivos reciban la totalidad de sus honorarios por asistir a las juntas virtuales, y no la mitad como era la regla para las reuniones no presenciales.

Según una norma creada originalmente en 1999 y ratificada en el reglamento general del MinHacienda de 2015, por las reuniones de junta directiva no presenciales sólo se podía pagar la mitad de los honorarios establecidos.

Esta norma aplicaba a empresas mixtas, como Ecopetrol e ISA y establecimientos, empresas industriales y comerciales del Estado, como Colpensiones, Satena o el Banco Agrario.

Pero como con la pandemia el número de reuniones presenciales se redujo, y las juntas -e incluso las asambleas de accionistas- se están haciendo de manera virtual, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, firmó un decreto para cambiar la norma.

El decreto iguala los honorarios para reuniones presenciales y virtuales y dice que el cambio lo deberá hacer cada empresa de acuerdo con su reglamento.

La medida se justifica en el decreto con el argumento de que es “para incentivar la utilización de tecnologías de la información y fomentar la programación de reuniones no presenciales de las juntas directivas y consejos directivos”.

Y contrasta no sólo con el discurso de austeridad del Gobierno, sino con otras medidas como el impuesto que se puso a los salarios del Estado de más de 10 millones de pesos, un decreto que está estudiando la Corte Constitucional dentro de su evaluación a la emergencia económica por el Covid.

Contando sólo las 32 empresas en las que el Estado tiene una participación mayoritaria y que pagan a los miembros de la junta por cada sesión (algunas empresas como el Canal 13, Artesanías de Colombia o la Imprenta de Colombia no le pagan a los miembros de junta), por cada reunión se cancelan unos 419 millones de pesos en honorarios.

Con las reuniones virtuales, se estaban ahorrando 209 millones de pesos por reunión, que en un año, (si se cuenta una reunión al mes, aunque podrían ser más según la empresa) habría sumado 2.514 millones de pesos. Una plata que se podría traducir en utilidades y ganancias para las empresas, y ahorro para el Estado.

El decreto llama la atención además porque, si bien tiene un sentido dado que la mayoría de las reuniones ahora son virtuales, beneficia particularmente a miembros de juntas, muchos de los cuales son altos funcionarios públicos, como ministros y viceministros, o personas de alto poder adquisitivo cercanas al Gobierno.