Cuando Leticia, Amazonas, reportaba 743 casos de Covid y la pandemia empezaba a dejar en evidencia el precario sistema de salud que históricamente ha tenido ese departamento, el presidente Iván Duque ordenó su militarización porque dijo que así podían reducir la circulación de personas y evitar que aumentaran los contagios.

Un mes después, los contagios y las muertes no sólo no se frenaron sino que ahora, además, se está presentando un brote de coronavirus entre esos militares, de cuyos detalles no dan cuenta en el Ejército ni siquiera a las autoridades locales que pueden ver a su gente en más riesgo por esto.

La opacidad de un contagio

Cuando decidió militarizar Leticia, Duque mandó a patrullar las calles y fronteras a unos mil soldados con trajes y tapabocas especiales de protección. Una imagen que generó cuestionamientos desde diversos sectores porque en ese momento ni los médicos ni enfermeras del departamento contaban con ese tipo de elementos para atender a los pacientes. 

Ojalá esos 1000 soldados fueran 1000 agentes comunitarios, médicos, enfermeros, bacteriólogos, trabajadores sociales, antropólogos y en lugar de armas tuvieran un proyecto educativo y de prevención. https://t.co/rpuANVOAUv

— Zulma Cucunubá (@ZulmaCucunuba) May 13, 2020

Médicos en el Amazonas con bolsas de basura / Soldados en el Amazonas con traje tyvek de antifluido.

Presidente @IvanDuque, en este momento no hay médicos suficientes, no hay UCI, solo sirve una ambulancia. Lo que menos necesitábamos era soldados. Replantee prioridades. pic.twitter.com/NFrva8XjzV

— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) May 14, 2020

El COVID llegó a mi casa con una GRAN contradicción. La médica estaba usando un traje de protección de plástico y los soldados fueron dotados con trajes de protección apropiados-ambos lo necesitan. A quién tengo que reclamarle está desigualdad.#SOSAmazonaspic.twitter.com/DcYTii64OM

— Yohana Pantevis (@YohanaPantevis) May 14, 2020

Pero en todo este tiempo las cifras de contagios han seguido disparadas: hoy Amazonas es el quinto departamento (incluso por encima de Antioquia) con mayor número de casos positivos con 2.066 casos, 644 de ellos en población indígena. 

Tiene 75 muertes relacionadas con el virus y el cementerio local está en hacinamiento y por eso están avanzando en la construcción de otro.  

Todo eso más el agravante que venía pasando de agache hasta ahora: por lo menos unos 250 militares de los que el Presidente envió a las calles a vigilar han salido contagiados. 

Desde la Brigada de Selva 26, que agrupa a las diferentes tropas del departamento, han manejado el tema de los soldados contagiados con total reserva. 

Ni a la Gobernación ni a la Alcaldía, con las que debe trabajar en conjunto para garantizar la cuarentena y la seguridad, le han entregado informes o detalles de los militares afectados, de cómo fue que se contagiaron y si eso representa un peligro para la comunidad amazonense. 

Tanta es la opacidad que cuando buscamos al gobernador Jesús Galdino para preguntarle sobre el tema, desde su oficina de comunicaciones nos dijeron que él no se iba a referir porque no tenían información “ya que los coroneles del Ejército han manejado todo con mucha discreción”. 

Cuando buscamos respuestas en el Batallón nos dijeron que el único que estaba autorizado para hablar era el coronel Leonardo Peña. Él no contestó nuestras llamadas ni mensajes. 

Desde el Ministerio de Defensa nos respondieron que ellos no manejaban cifras y que toda la información se la pasaban al Ministerio de Salud. En el MinSalud dijeron que las estadísticas de contagiados están discriminadas solo por ciudad. 

Pero dos hechos recientes han ido tumbando esa reserva y destapando la gravedad de los contagios. 

La semana pasada la Fiscalía capturó en las calles de Leticia a un soldado del Batallón Selva y le imputó el delito de propagación de pandemia (que le puede dar hasta ocho años de cárcel), porque encontró que ese soldado estaba contagiado por Covid y había salido de la instalación militar donde debía permanecer durante el proceso de recuperación. 

Según el expediente en el ente acusador, al militar no lo pudieron enviar a su casa porque su familia vive en Cundinamarca. Entonces fue trasladado, de nuevo, al complejo militar.

Desde el Batallón buscaron minimizar el episodio señalando que justo el día de la captura, el soldado había cumplido su servicio militar obligatorio, sin embargo la Fiscalía indicó que su cuidado aún era responsabilidad del Ejército. 

Aún si hubiera cumplido su periodo, un decreto del 13 de abril firmado por el presidente Iván Duque menciona que los hombres y mujeres que estuvieran próximos a finalizar su servicio militar obligatorio debían quedarse tres meses más para garantizar disponibilidad de tropas para atender la emergencia. 

El caso de ese soldado no es el único en manos de las autoridades. 

A la Dirección de Fiscalía de Amazonas han llegado otras tres denuncias contra militares que, al parecer, también han violado medidas sanitarias. También están investigando trece casos más entre civiles. 

La evidencia

Un informe epidemiológico que hizo la Secretaría de Salud Departamental da cuenta de la gravedad de los contagios entre los militares. 

Ese documento, que se basa en los registros del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -Sivigila-, al que todas las entidades de salud deben reportarle cuentas de sus pacientes, menciona que el 11 por ciento de los casos confirmados por Covid en Amazonas son de las Fuerzas Militares. 

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Ese porcentaje sale al discriminar a qué servicio de salud están afiliados los contagiados y equivale a 240 casos. 

Aunque, podrían ser más. 

Según una fuente militar que nos habló de manera extraoficial porque no es vocera, a finales del mes de mayo tenían estimativos en ese batallón de 350 contagios. 

Más allá del número, el caso de los soldados Covid muestra una falta de transparencia en una información que debe ser pública.

Hace unas semanas, cuando la Procuraduría le pidió toda la información sobre un contrato con el que compraron tapabocas N95 a 45 mil pesos, cuando su valor comercial no sobrepasa los 20 mil, el Ejército no la quiso entregar porque, según la entidad, era "secreta" y porque el ente de control no era el encargado de investigar, algo que La Procuraduría rebatió.  

También deja en entredicho la efectividad de las medidas que adoptaron las Fuerzas MIlitares para garantizar que el Covid no afectara a sus tropas, incluyendo los trajes especiales, que causaron tanta indignación cuando empezaron a recorrer las calles en las que posiblemente se contagiaron. 

En dos días, es decir, el 14 de junio, el Consejo de Estado abrirá la convocatoria para elegir a su candidato a la Procuraduría, según confirmó La Silla Vacía. El tribunal elige una de las tres plazas de la terna, conformada además por un candidato de la Presidencia y otro de la Corte Suprema, que llegará al Senado para que en octubre la Plenaria elija el reemplazo de Fernando Carrillo. 

Este será el banderazo inicial de la puja por uno de los cargos más importantes y con más poder del Estado, cuya carrera le medirá el aceite a la recién integrada coalición de Gobierno del presidente Iván Duque en el Congreso y, de paso, empezará a calentar los motores de la campaña presidencial de 2022.

Ya hay gente moviéndose, en un lobby que en tiempos de Covid será más virtual, y nombres sonando.

Entre rumores de 2022 y candidatos ‘matraca’

Según el cronograma del Consejo de Estado que conoció La Silla, la idea del tribunal es que el 12 de agosto, o sea en dos meses, nombre a su ternado ante el Senado. 

Llenar esa plaza es tan codiciado que las 16 fuentes conocedoras consultadas para esta historia, entre congresistas de cinco partidos y funcionarios de las altas cortes y del Gobierno, nos mencionaron una veintena de nombres de interesados que ya destaparon sus cartas con magistrados y otros más que pusieron sus nombres a sonar en medios.

Unos incluso ya andan haciendo lobby, que ahora es por chat o llamadas, y no cafés o cenas como era la costumbre, un asunto que, al decir de un Senador, hará más difícil que se puedan adquirir compromisos burocráticos porque “todas esas reuniones virtuales quedan grabadas”.

Otros no miran hacia el Consejo de Estado, sino que ya le han dicho al Gobierno y al uribismo que quieren este cargo, y varios más son sobre todo, como nos dijo un veterano congresista, “candidatos ‘matraca’, que suenan para todo”.

Curiosamente, entre los que se mueven en serio en el Consejo de Estado hay aliados de posibles aspirantes presidenciales para 2022, lo que anticipa que la carrera por la Procuraduría va a empezar a medir cargas rumbo la Presidencia.  

La primera muestra de eso es que uno de los nombres más repetidos por los consultados, que efectivamente se está moviendo, es el del abogado y exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, una de las manos derechas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien en su propia bancada no descartan que repita su nombre a presidenciales luego de la debacle de 2018.

Actualmente, Henao es el gerente ejecutivo de un centro de investigación de cáncer de la fundación Sarmiento Angulo, uno de los grupos económicos más poderosos del país.

Según nos dijeron por aparte tres congresistas de Cambio Radical, el exministro arrancó su aspiración para el cupo del Consejo de Estado a finales de febrero y así lo habría dicho a varios senadores. “Luis Felipe sí quiere (estar en la terna) y lo ha hecho bien”, nos dijo uno de ellos, de la línea vargasllerista. Otros dos, charistas, aseguraron lo mismo.

Si bien ni Vargas Lleras ni la bancada han hablado aún del tema de manera formal en sus últimas reuniones virtuales, para los tres consultados, Henao es una carta obvia del exvicepresidente para mostrar sus intenciones de retornar al poder con un Procurador aliado. Sin embargo, aclaran que ese aún es un escenario todavía lejano, pues faltaría el trecho de que su carta sea ternada. 

Henao no respondió a nuestra solicitud de una entrevista para saber de primera mano sus aspiraciones.

Pero él no es el único posible aspirante con línea directa a un eventual presidenciable.

Entre los que están haciendo lobby en el Consejo de Estado nos mencionaron también al actual viceprocurador Juan Carlos Cortés, de quien puntualmente nos hablaron por aparte una alta fuente del tribunal, otra de la Procuraduría y dos congresistas.

Cortés es abogado y entre 2013 y 2015 fue viceministro de Trabajo del liberal Rafael Pardo y luego del exalcalde Luis Eduardo Garzón. “No es un liberal de bancada, pero sí es reconocido como miembro del partido”, nos dijo un directivo rojo. 

Tres de las fuentes conocedoras nos dieron la misma versión, que aún es muy temprano para confirmar a ciencia cierta, de que el Viceprocurador sería la ficha de su jefe, el actual procurador Fernando Carrillo, también del Partido Liberal.

La Procuraduría de Carrillo, -a la par que la Contraloría General de Felipe Córdoba y la Fiscalía General de Francisco Barbosa- ha tomado especial relevancia haciendo control al manejo de la plata gastada para atender la pandemia. 

Ese protagonismo ha impulsado los rumores -que en los corrillos políticos se vienen comentando hace rato, e incluso han sido mencionados en medios- sobre una posible candidatura presidencial del Procurador cuando salga del cargo.

Hasta el propio presidente Duque se lo insinuó a Carrillo a fines del año pasado en un evento en el que se tiraron pullas y el mandatario, tras recibir críticas del Procurador, le dijo al jefe del Ministerio Público que que ese “no era espacio para candidaturas emergentes” ni para “vanidades presidenciales”.

(En cualquier caso, una posible candidatura de Carrillo estaría determinada por la reforma judicial que el Gobierno Duque no ha radicado en el Congreso y que contiene una inhabilidad para que los jefes de las ías no se lancen a cargos de elección popular una vez salgan de los mismos).

Una alta fuente de la Procuraduría que pidió no ser citado porque no es vocero nos confirmó que el Viceprocurador está interesado en una candidatura, pero que definirá presentarse en las próximas dos semanas. Negó, además, que el Procurador Carrillo esté haciendo lobby a favor de su subalterno.

Un tercer nombre de peso, mencionado como aspirante a ser ternado por el alto tribunal por todos los consultados para esta historia, es el secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, uno de los funcionarios más poderosos del Congreso.

Eljach lleva ocho años en el cargo -llegó ahí por La U, del que es cercano-, en el que desempeña funciones como designar oficinas a los congresistas, manejar el orden del día en las plenarias y responder las demandas de pérdida de investidura de los senadores en el Consejo de Estado.

Justamente por ahí conoce y es conocido de los magistrados.

Lo consultamos y nos dijo que solo el 14 de junio, que se abra la convocatoria en el alto tribunal, definirá si inscribe su nombre, un asunto que dan por hecho los 10 congresistas con los que hablamos, que destacan que a Eljach se lo han pedido y tiene ganas de dar el salto.

El sonajero también se escucha por los lados de los otros entes que ponen los candidatos de la terna.

En la Corte Suprema cinco fuentes nos repitieron los nombres del exministro de Justicia y exmagistrado Enrique Gil Botero; del exmagistrado de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, quien fue magistrado de la CIDH; del exmagistrado del Consejo de Estado, Alberto Yepes, quien es cercano a la Corte porque es amigo del presidente de la Sala Penal, Eyder Patiño; y del exmagistrado de la Judicatura, Wilson Ruiz, quien nos dijo que no ha tomado una decisión aún.

En Presidencia, dos altos funcionarios coinciden en asegurar que hasta ahora Duque ha barajado al menos cuatro nombres, entre esos los de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, cercana a las cortes porque fue magistrada auxiliar y procuradora delegada; y además a clanes políticos del Caribe como los Char, los Gerlein y Name de Barranquilla -lo que le daría una entrada con los senadores de esas casas-; y el de la exmagistrada conservadora María Mercedes López, actual subdirectora encargada del Icbf.

Unidas a otros como el del director de Colombia Compra Eficiente, José O’meara; el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, ambos cercanos al Presidente; y el embajador en Países Bajos y excandidato a la Corte Constitucional, Álvaro Motta, identificado por las fuentes como cercano al contralor Felipe Córdoba.

Dos congresistas cercanos a la Ministra nos dijeron, por aparte, que supuestamente ella sí ha manifestado interés por integrar la terna, pero que se atendrá a lo que defina el Presidente, quien insistirá en la reforma judicial en la que Cabello lleva trabajando por meses, y por la cual mostraría ejecución en su Cartera, además de ser uno de los derroteros de Duque en el Congreso. 

En cualquier caso, no es seguro que ni Cabello ni quien quiera ponga el Presidente en la terna sea el elegido de los senadores. 

Ahí, precisamente, es donde se verá qué tan fuerte es la coalición de Duque y si, efectivamente, logró alinear a su bancada -Centro Democrático, Conservador, cristianos y los recién llegados Cambio Radical y La U porque tienen ministerios-, luego de llevar casi la mitad de su periodo tropezando en el Legislativo. (Ese asunto también se verá en los próximos meses, cuando el Congreso revise en forma los decretos que ha sacado Duque en la emergencia económica por el Covid, como lo contamos).

El ajedrez de la coalición

“El Presidente tiene una coalición que es sólida, lo que pasa es que no es suficiente, no es que se vaya a romper. Esa coalición necesita o de Cambio Radical o del Partido Liberal”, nos dijo el analista Héctor Riveros.

Y es que el número mágico para las elecciones venideras en Senado -habrá otra este semestre, menos mediática, que es un puesto en la Corte Constitucional de terna del Consejo de Estado- es de 70, la mayoría absoluta de los 108 congresistas actuales en esa corporación. Y el Gobierno no tiene una coalición tan grande.

La bancada uribista inicial es de 39 senadores: 19 del Centro Democrático; 14 conservadores; y seis de Colombia Justa y Mira. Con los cambios en el gabinete que hizo el presidente Duque a inicios de año para acercar a Cambio Radical (17 senadores) vía el MinSalud y a La U (14 senadores), vía el MinTrabajo, habría exactamente 70 senadores alineados con el primer mandatario.

Es decir, la coalición está al ras. “No hay bancada gobiernista, siempre estamos nosotros y puede que haya una gente cercana al Gobierno, y con esos puede haber un trabajo organizado”, nos dijo un senador uribista cercano al primer mandatario.

“Es una muestra total (de fuerza de la coalición)”, nos dijo el senador conservador Juan Diego Gómez; “Es factible que ahí (en la votación) mostremos un poder real”, dijo a su turno el uribista Jhon Harold Suárez.

Pero tener a Cambio y La U votando en bancada es todo un reto.

Cambio Radical porque, como hemos contado, ahí hay una división entre vargaslleristas y charistas que no garantiza una votación unificada, menos aún si, por ejemplo, Henao, que sería de Vargas, llega a la terna y no hay acuerdo con los Char.

Y en La U el reto viene por partida doble: por un lado porque senadores como Roy Barreras y Armando Benedetti son abiertos opositores al Gobierno, por lo que de entrada no está garantizada una votación cohesionada; y por el otro porque hay senadores que ya hacen puja por otra ía, menos visible políticamente, pero que es clave para la colectividad: la Defensoría del Pueblo.

Según la norma, el Presidente deberá presentar la terna de aspirantes a la Defensoría a la Cámara, que elige al Defensor, dentro de los 15 días siguientes a que inicie la próxima legislatura, el 20 de julio; es decir, a mediados de agosto. 

En La U consideran como propia esa entidad desde hace cuatro años cuando fue elegido el actual defensor, Carlos Negret, que venía de ser secretario general de la colectividad. Por lo que en la bancada de congresistas esperan una reunión con el presidente del partido, Aurelio Iragorri, para definir su postura.

Según tres senadores de ese partido, esperan incidir en la terna del Presidente. “Todo depende de si el Presidente nos respeta la Defensoría del Pueblo, eso es lo único que se ha hablado”, nos dijo al respecto un Senador indagado sobre su postura frente a las siguientes votaciones y su relación con el Gobierno.

Por los lados de Palacio, un funcionario y un congresista por aparte nos aseguraron que entre los candidatos del Presidente está la actual consejera de derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, que no es de La U, sino una uribista de primera línea.

Decir que el coronavirus está creando una crisis económica sin precedentes ya no es noticia. En este podcast, por ejemplo, hemos hablado de cómo esta pandemia le ha pegado más los informales, la gesta de los campesinos para llevar comida a nuestras casas o cómo, por ejemplo, los restaurantes del país han venido cerrando una velocidad enorme.

Según los datos más recientes del Dane, el desempleo creció en personas que se dedican al servicio doméstico al 23,4 por ciento, casi cuatro puntos más que el promedio nacional. En Colombia hay, según la encuesta nacional sindical, cerca de 700 mil personas que se dedican a este trabajo. De esas la mayoría, cerca del 95 por ciento, son mujeres que en muchos casos no reciben pagos a seguridad social y laboran en condiciones que no son dignas. En el podcast de esta semana hablamos del tema.

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher, Akörde Podcast, Google Podcast. ¡Y ahora en Spotify! Son una buena opción para tiempos de cuarentena.

Colombia alcanzó hace nueve días el número más alto de casos diarios reportados desde el comienzo de la pandemia, 1766, después ha habido un promedio de 1470, sin embargo, los gobernantes y los científicos dicen que eso no significa mucho: el ministro dice que el pico -que estaba previsto para mayo- ahora será en agosto, el Gobierno le dice a la Corte que hasta diciembre habrá tres millones de contagios (van menos de 50.000) y los científicos que miremos las cifras de muertos y hospitalizados que son más confiables.

El famoso pico es el número más alto diario de casos. De las pocas cosas que ha quedado clara es que la pandemia se comporta como una ola, que sube y baja, y no se sabe bien si habrá una segunda o tercera ola y de qué magnitudes. La primera ola ya pasó en España, Francia, Italia, Alemania, e incluso en Nueva York. Crecieron en poco tiempo, unos 40 días, al pico que se ubicó en cifras de 10.000 diarios y desde hace ya semanas van en menos de mil.

Las cifras de Ecuador no son fiables, pero que la parte alta de la ola ya pasó no hay duda. En países de menor afectación como Portugal o Uruguay también ha pasado así.

En Colombia llevamos 9 días en una meseta de unos 1500 casos, en la misma que lleva los Estados Unidos algunas semanas en alrededor de 20.000 casos diarios, pero, además, allá y acá, no hay una curva sino muchas curvas regionales. Allá el foco se ha movido de Nueva York a Arizona, acá de Leticia a Barranquilla y ni allá, ni acá los casos de un lado están relacionados con los otros, son dos curvas distintas. Leticia llegó al pico y bajó de 180 a 16 y Atlántico tuvo ayer el que hasta ahora es su record diario, 665, que ojalá sea su pico.

Bogotá tuvo el que hasta ahora es su pico, 626, hace 14 días y el promedio diario bajó esta semana en relación con la semana anterior. Sin embargo, la alcaldesa transmite un poco de preocupación, dice que se reúne todo el día con expertos y parece que queda alarmada, tanto como el que escribió el informe oficial a la Corte Constitucional en el que pronosticó que superaríamos los tres millones de contagios y que casi 200 mil personas requerirán atención en unidades de cuidado intensivo.

Esas predicciones no ocurrieron en ningún país donde la pandemia pasó antes que por acá y están hechas bajo los supuestos de que no se hace nada, que la gente lleva una vida igual a la de antes, que claro es un supuesto que ya no será.

Pero y, entonces, ¿cuándo?, ¿cuánto? ¿dónde? En el supuesto de que seguimos actuando como lo hemos hecho en estos casi cien días, ¿el pico fue la semana pasada?, ¿si va a ser en Agosto, hasta cuánto vamos a llegar y se moverá el foco a regiones que hasta ahora no han sido tan afectadas?

El Gobierno le manda esas predicciones a la Corte pero actúa como si ya hubiéramos llegado al pico, les dice a maestros y estudiantes que se preparen para volver, anuncia la apertura de aeropuertos, y a los restaurantes que se alisten, en todos los casos, para una fecha que coincide con aquella en la que predice que ocurrirá el cataclismo. En ningún país tomaron esas medidas antes de llegar al pico.

¿El Gobierno le exagera a la Corte para justificar la nueva declaratoria de emergencia? ¿El gobierno, de verdad cree, que las muertes por Covid se van a multiplicar por 30 de aquí a diciembre?  ¿a los gobernantes les da miedo decir que llegamos al pico porque la gente se relaja y entonces usan el miedo para que la gente se cuide?

Es cierto que el número de muertos ha crecido, pasamos de promedios diarios de 25 a algo más del doble, casi que de una semana a la otra. Si siguiéramos en el mismo promedio tendríamos 11.000 hasta diciembre, el gobierno pronostica 40.000. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que vamos a hacer mal para eso pase? O ¿Es que no podemos hacer nada para evitarlas? ¿Esas están contadas dentro de los tres millones de muertes que hubieran ocurrido en el mundo si no se decretan las cuarentenas?

También han crecido las hospitalizaciones en forma importante, pero estamos aún lejos de un colapso del sistema de salud. Tenemos gobernantes muy precavidos, en Bogotá se ocupa la cuarta parte de las camas UCI y se prenden las alarmas, pero la incertidumbre y la alarma ciudadana también aumenta.

Entre más invocan el conocimiento científico más lejos parecemos de las explicaciones que nos permitan entender el fenómeno.

Para cada evento aflora una interpretación que no logra confirmarse en otro lugar. Ante el inexplicable brote en Barranquilla le echan la culpa a la ciudadanía y la justifican por las condiciones socio económicas y culturales, pero eso resulta insostenible si se trata de explicar la situación de Cúcuta, que es la sexta ciudad más grande Colombia y que soporta condiciones socio económicas mucho más complejas que las de Barranquilla y donde hasta ayer no había siquiera un paciente en unidad de cuidado intensivo.

Han pasado cien días y los gobernantes y los científicos siguen diciendo lo mismo y haciendo las mismas predicciones como si la gente estuviera actuando igual, como si a pesar de sus yerros, y también de sus aciertos, no hubiéramos entendido algunas cositas básicas, como si la dinámica de la pandemia en Europa no diera algunas pistas más certeras.

Es tanta la incertidumbre que donde un abogado ignorante como yo ve una meseta porque el promedio no sube desde hace nueve días, los científicos ven unos indicadores de crecimiento preocupantes, la alcaldesa sigue aterrada con la posibilidad de los entierros masivos en los parques y el gobierno le dice a la Corte que lo que ha pasado es solo la decima parte de lo que va a pasar y el 2% de los muertos que vamos a tener que llorar de aquí a Diciembre.

A los científicos les creo, a los gobernantes menos, pero ojalá se confirmara la "ilusión óptica" de los ignorantes que vemos un pico donde parece que hay un pico y una meseta donde parece que hay una meseta.

Personas molestas con nuestro ejercicio periodístico independiente han comenzado a atacar a La Silla Vacía con afirmaciones falsas. Han afirmado que Sergio Fajardo me paga a mí y a La Silla, y también que yo soy contratista de Canal Capital.  

A diferencia de otros que no pueden aclarar el origen de su financiación, La Silla Vacía y yo siempre hemos sido transparentes en nuestras fuentes de ingresos. 

Sergio Fajardo jamás le ha dado un peso a La Silla Vacía, ni siquiera en forma de pauta, pues desde 2011 decidimos no ofrecer espacios de pauta a políticos para no tener conflictos de interés. Tampoco ha sido uno de nuestros más de 4 mil Súperamigos que ha tenido La Silla Vacía casi desde su creación. Y a mí nunca me ha dado un peso.

Frente a Canal Capital, La Silla Vacía tuvo dos convenios de colaboración entre 2016 y 2017 para hacer el programa ‘La Pepa’, que consistía en entrevistas con los expertos de La Silla Llena sobre Bogotá, reportajes y el detector de mentiras, como una forma de contribuir con nuestra información al debate sobre la ciudad. Así lo explicamos al lanzarlo y al relanzarlo.

Como explican los dos convenios, La Silla no recibió nunca un peso de Canal Capital pues el convenio era explícitamente por 0,00 pesos. Nosotros aportábamos el contenido y el Canal ponía el estudio.

El formato del convenio marco decía que si hubiera pauta nos repartiríamos los ingresos por partes iguales, pero La Silla Vacía decidió nunca comercializar el programa pues su interés nunca fue económico, y por eso el segundo convenio, el específico, ya no hablaba de pauta.

El convenio marco completo lo pueden bajar del Secop acá, y también el específico para la producción de La Pepa, el único proyecto que hicimos con Canal Capital, que igual puewden leer acá

  Convenio entre Canal Capital y Blogosfera (La Silla Vacia) para hacer La Pepa by Juan Lewin on Scribd

Aquí están algunos de los programas para los usuarios que no tuvieron la oportunidad de verlos.

Durante los 11 años que ha existido La Silla Vacía, hemos tenido estos otros contratos con el Estado:

Este, con la Universidad de Antioquia, por un millón cien mil pesos por una conferencia sobre investigación periodística para conmemorar el día del periodista el 15 de febrero de 2017

Tres contratos de pauta con la Registraduría en 2011, 2012 y 2013 que suman 140 millones, en los 3 años, para divulgar información relativa a la inscripción, los puestos de votación y la forma de votar en las consultas y elecciones locales de esos años, así como del proceso para sacar o renovar la cédula.

El resto de nuestra financiación, como lo tenemos publicado en la página en nuestras preguntas frecuentes, el año pasado vino de las siguientes fuentes de ingresos:

29 por ciento de cooperación internacional de las siguientes organizaciones:

• La Fundación Ford, que financia la Silla Académica con universidades públicas, la Red Étnica, nuestro cubrimiento de medios y polarización y, en el contexto de la pandemia, los impactos regionales de ésta.

• Membership Puzzle, una ong gringa que ayuda a fortalecer el periodismo independiente, que nos dio una asesoría para mejorar nuestra estrategia con Súperamigos

• La Embajada Británica, que financia parte de nuestro cubrimiento de implementación del Acuerdo de Paz en las regiones y temas ambientales.

• National Endowment for Democracy, una ONG del partido demócrata de Estados Unidos que financió nuestro cubrimiento de elecciones regionales y parte de nuestro cubrimiento político. Este año ya no nos financia.

• El Open Society Foundation, que financia la Mesa de Centro. 

25 por ciento: Facebook, por el servicio de detectar noticias falsas en esta red social.

6 por ciento: La Silla Académica y La Silla Datos. Son suscripciones con las universidades De los Andes, Javeriana, Externado, del Rosario, Bolivariana y Del Norte para que La Silla divulgue las reseñas de los libros y papers que publican, haga traducciones periodísticas de diez de estos trabajos. Y para que sus bibliotecas tengan acceso a nuestras bases de datos cualitativas que hacemos para elaborar nuestros artículos.

9 por ciento de los patrocinadores de La Silla Llena: la fundación KAS, la ONG ICCO, la Embajada de Canadá, Bavaria, Bancolombia, La Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Ford.

12 por ciento de nuestros cursos, eventos, conferencias y talleres. Uno de esos eventos es sobre mujeres transformadoras y lo financia Movistar, Ocensa pagó 5 charlas, y los demás los pagan personas individuales que asisten a nuestro curso Inmersión en Colombia o empresas que mandan a sus ejecutivos o que compran el curso virtual de periodismo).

8 por ciento de Súperamigos, que son donaciones de individuos de máximo 1 millón de pesos.

6 por ciento de patrocinio a los especiales los Camelladores (con Sura), Mujeres Transformadoras, y seguimiento a los Etcr con Rimisp.

5 por ciento de pauta y venta de libros.

Publicamos estos datos porque como lo dije en esta entrada de este blog https://lasillavacia.com/blogs/direccion/entre-expediente-y-matarife-76842 creo que es importante que los usuarios sepan de dónde salen los recursos de los medios que los informan. 

Si alguien tiene una duda sobre nuestra financiación con gusto respondemos cualquier pregunta.

La guerra contra las drogas ha definido la vida de Colombia y de varios otros países de América Latina durante las últimas tres décadas. Pero como muchas otras cosas, el narcotráfico será muy diferente en diez años.

Con esta serie de entrevistas que arrancamos hoy en la página y en nuestro nuevo podcast ‘El futuro del futuro’, buscaremos anticipar posibles escenarios a diez años.  

Quizás esto nos ayude a prepararnos para el largo plazo, justo en un momento en que la pandemia hace más difícil prever qué pasará el próximo mes. 

Para esta primera entrevista editada para mayor claridad, invité a Carlos Pérez Ricart. Es profesor de la Universidad de Oxford, Reino Unido, e Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México. Sus investigaciones sobre el tráfico de drogas han sido publicadas en varias revistas científicas, así como en capítulos de libros.

Si prefieren oír el podcast El Futuro del Futuro, lo pueden bajar de cualquiera de las plataformas de podcasts, y suscribirse para escuchar los próximos episodios. Esta serie de podcasts la realizamos con el patrocinio de Sura.

La Silla Vacía:  Carlos, usted dice que el futuro del narcotráfico es sintético. ¿Qué significa eso exactamente? 

Carlos Pérez: Quiere decir que el futuro del narcotráfico se va a basar en sustancias sintéticas, es decir, en componentes químicos manufacturados, en lugar de ingredientes naturales o drogas basadas en plantas. 

Estas nuevas drogas sintéticas, como se les llama, producirán efectos que hasta el momento no conocemos. Ya teníamos algunos ejemplos de estos, como el LSD, pero cuando digo que el futuro es sintético me refiero a que lo que vamos a ver es una explosión de drogas sintéticas como la ketamina, el MDMA, los cannabinoides sintéticos, la metanfetamina, la oxicodona y, por supuesto, el fentanilo y el tramadol, entre otras sustancias. 

Creo que el futuro del narcotráfico apunta no solamente a la creación de nuevas sustancias, sino a su consumo masivo, no sólo en Estados Unidos, como viene siendo natural y en Europa, sino también en lo que llamamos el sur global, incluyendo a América Latina.

La Silla Vacía: ¿Qué le hace pensar que iremos en esa dirección?

Carlos Pérez: Lo que nos hace pensar que vamos en esa dirección son las tendencias. Lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos es el pico, o lo que creemos que es el pico, del consumo de cocaína y heroína, pero todos los estudios apuntan a que eso va a bajar y su lugar va a ser tomado por las drogas sintéticas. 

Por ejemplo, en 2013 y 2014 el fentanilo, que es un opio sintético, es decir, que reproduce los efectos de la heroína pero mucho más potencializados, no tenía absolutamente ninguna relevancia en el mercado en Estados Unidos.  

Sin embargo, hoy el fentanilo es responsable de la muerte de más de 40 mil personas cada año en Estados Unidos y, probablemente, en cinco, diez, quince años, sea la mayor amenaza a la salud pública en el resto del mundo. 

La tendencia apunta al aumento del consumo de ese tipo de drogas, que se llaman también drogas de fiesta. Quizás así decaiga el consumo de cocaína y heroína en el mundo. 

Así lo hemos visto en los últimos dos o tres años, y me atrevo a pensar que en cinco o diez años la tendencia va a ser más o menos clara en ese sentido.

La Silla Vacía: ¿Si las drogas sintéticas tienen tantas ventajas por qué no hemos llegado a ese futuro todavía?

Carlos Pérez: Desde 1988 ya George Henderson, un experto en este tema, decía en la revista de Ciencias Forenses que el futuro de las drogas eran los sintéticos. Aunque este futuro se ha venido anunciando hace décadas, pareciera que hasta ahora lo estamos viendo. 

Por ejemplo, en Grecia, estamos viendo el uso extendido de la "Sisa", una sustancia que se inyecta o se fuma en pipa y que es considerada una de las drogas más populares del país. Esto mismo ocurre en Serbia con el "Pajdó", en Reino Unido con la Mefedrona, en Rumania con el Legale y en Asia con el Yaba.

Como dices, este tipo de drogas tienen muchísimas ventajas sobre las drogas tradicionales. 

Por ejemplo, son muchísimo más baratas, pueden comercializarse online, enviarse por seguro postal, fabricarse en casas o incluso en remolques, como en Breaking Bad, y pueden elaborarse distintos tipos de estas en un mismo lugar. Por esto último, podemos ver grupos dedicados a muchísimas drogas y ya no sólo a una como ocurre  tradicionalmente.

Son un negocio a pequeña escala, es decir, no necesitas grandes cantidades de droga sintética para hacer mucho dinero. Son tan compactas que es difícil imaginar un kilogramos de drogas sintéticas.  Además de esto, son muy rápidas de producir. No hay que esperar los tiempos de cosecha y cultivo, como normalmente sucede con las sustancias basadas en opio o con la hoja de coca. Estas drogas se producen, se envían y se consumen en cuestión de días. 

Respecto a la transición, quiero pensar que los avances tecnológicos de la globalización nos van a llevar hacia ese mundo. Eso va a tener consecuencias políticas, sociales y culturales, que no son del todo malas, o al menos creo que van a poner a América Latina en una mejor situación a la que estaba y en la que está hoy.  

La Silla Vacía: ¿Significa eso entonces que se va a acabar el negocio transnacional y que, por ejemplo, la guerra contra las drogas, tal como la conocemos hoy, pierde sentido?

Carlos Pérez: Sí y no. El futuro no será un futuro sin drogas, como el gran eslogan de Richard Nixon y el de la guerra contra las drogas. El futuro sí va a ser con drogas, con muchas drogas, y con suerte, con drogas sintéticas. 

La relevancia de América Latina, y en particular de Colombia, en el negocio de las drogas, va a disminuir radicalmente. Colombia, México y algunos otros países de América Latina han tenido siempre el problema de ser países productores. En el caso de Colombia, de hoja de coca, y en el caso de México, de opio. 

En el momnto en que transitemos hacia sustancias más sintéticas, Estados Unidos va a perder interés en nuestros países y eso va a reducir lo que yo creo que es un elemento de tensión, de más de 50 años, en la relación de Estados Unidos con México, Colombia y en general con América Latina. 

Estados Unidos va a tener que concentrar su guerra contra las drogas en países como China, India y Pakistán, que están produciendo mucha droga sintética.

Todo apunta a que el tráfico de drogas se va a democratizar en el sentido en que otros países, otras regiones, que antes realmente no tenían mayor preponderancia en ese tema, la van a tener. Vamos a ver grupos más pequeños y mucho menos territoriales; los narcos van a dejar de poseer grandes territorios, de controlar las plazas, se van a volver mucho más fragmentarios y se van a enfocar más en la producción que en el dominio de territorios.

La Silla Vacía: ¿En ese futuro sintético desaparecerá entonces la violencia asociada a las drogas?

Carlos Pérez: Es verdad que los mercados ilegales suelen propiciar eventos violentos. Sin embargo, no todos los mercados de droga actuales desembocan en violencia. De hecho, hay mercados de droga en realidad bastante pacíficos. Por ejemplo, en Recife, en Brasil, y en algunas ciudades de México, hay mercados de drogas duras que no son necesariamente violentos. 

En un futuro en donde veamos más drogas sintéticas y menos luchas de control territorial, todos los estudios apuntan a que vamos a ver menos violencia. Los estudios publicados en los últimos años sobre la Dark Web y los cripto mercados de droga muestran que en las localidades en donde han operado, la violencia se ha reducido. Esto porque al ser mercados digitales hay menos oportunidades de que haya violencia en la calle. 

Por otro lado, también creo que van a haber menos formas de corrupción. En el negocio de las drogas siempre va existir el factor del Estado, en particular, de la cooptación estatal y de intentar corromper funcionarios públicos, pero en la medida en que esto trascienda hacia lo electrónico, creo que también va a haber menos oportunidades de corrupción entre funcionarios públicos y lo que llamamos crimen organizado. 

La Silla Vacía: Si la disputa territorial pierde sentido en este futuro sintético del narcotráfico eso tiene gran relevancia para Colombia. ¿Cuál sería el efecto político de que se pierda esta relevancia territorial?

Carlos Pérez: En la medida en que los avances tecnológicos permitan la creación de drogas sintéticas cada vez más perfectas, la noción de países productores o zonas de producción, va a comenzar a desaparecer y van a empezar a perder relevancia aquellas organizaciones centradas en controlar territorialmente las zonas de producción. 

Esto incluiría, por ejemplo, a los talibanes en Afganistán, a los grupos paramilitares en Colombia y a los cocaleros militantes en Bolivia. 

En la medida en que empiece a desaparecer el poder político de estos grupos, vamos a ver una reconfiguración total del poder. Grupos que anteriormente fijaban las políticas locales en sus respectivos países, perderán importancia y no lo harán más. Yo creo que ese es un cambio bastante relevante para entender la política latinoamericana, por lo menos en los siguientes años.

La Silla Vacía: Yo lo oigo hablar de Dark Web y de las cripto monedas. ¿Eso quiere decir que el perfil del narco va a cambiar radicalmente a futuro? 

Carlos Pérez: El narco del futuro, si es que existe, va a tener conocimientos de farmacéutica, química y seguramente de informática, y va a estar más alejado de la dimensión violenta que muchas veces tienen estos perfiles porque va a haber menos necesidad de mostrar ese lado más violento.

Ya hay estudios publicados en revistas especializadas sobre el perfil de las personas que participan en los cripto mercados (vendedores y compradores). La mayoría de estos son chicos de 23, 24 o 25 años, en algunos casos de países europeos o de Estados Unidos, que tienen grandes conocimientos de informática y química. 

Tal vez tarde muchísimo en que empecemos a ver esos nuevos perfiles en México, Colombia y en general en América Latina, pero yo creo que vamos hacia esa dirección. El perfil de narco no será El Chapo Guzmán, ni tampoco Escobar, ni nada parecido.

La Silla Vacía: En Colombia una cantidad de empresas están tratando de sacar licencias para cultivar marihuana legalmente. ¿Con esta transición, todas esas inversiones van a ser inútiles?

Carlos Pérez: En Estados Unidos, 11 de 50 estados ya han legalizado la marihuana recreativa y 33 de 50 han avanzado hacia esquemas de uso de marihuana medicinal. En América Latina vimos ya el caso de Uruguay y, en otros países y en Europa, pareciera que es una tendencia que no se va a revertir. Yo me atrevo a pensar que en el próximo lustro, es decir, en 5, 6, 7 o 8 años, prácticamente todos los países en América Latina habrán avanzado hacia un esquema regulatorio de marihuana legal, tanto recreativa como medicinal. Yo creo que esa es una batalla ganada. 

Hay drogas legales que se consumen todo el tiempo; todo depende de la terminología que utilicemos. Así que en el momento en que la marihuana pase a ser legal, que espero que suceda lo más pronto posible, no estaremos hablando ya del futuro de las drogas ilegales, como en esta conversación.  

La Silla Vacía: ¿Ese complejo industrial armamentista que ha tenido una influencia muy grande en evitar la legalización de las drogas, no tratará de interferir para que ese futuro sintético no llegue? ​

Carlos Pérez: En los últimos 50 años en América Latina se ha creado un enorme sistema policial que se ha encargado de combatir el tráfico de drogas en toda la región y que cada vez tiene más recursos, más gente, pero que sobre todo que es muy conveniente para una élite. 

Evidentemente, los cambios tecnológicos de los que estoy hablando van a producir cambios radicales en este sistema, y me imagino que sus miembros van a intentar generar algún tipo de oposición. 

Sin embargo, lo cierto es que en la medida en que el futuro de la droga sea sintético, todos los esfuerzos de prohibición de droga van a ser completamente absurdos. Si ya es absurdo intentar detener kilogramos enteros de heroína y cocaína cruzando la frontera, imagínate tú a estas agrupaciones y otros actores intentando detener todos los químicos y las sustancias sintéticas que pueden venir desde China, Japón, India o América Latina, por correo postal. 

Creo que se va a hacer cada vez más obvia la necesidad de transitar hacia un nuevo paradigma. 

Para el público en general, así como para los políticos, va a ser más obvio que será imposible controlar la oferta de drogas, pero más aún, que la política pública tiene que cambiar hacia un esquema más concentrado en la demanda que en la oferta, no sólo por la cantidad de drogas sintéticas que habrá, sino también porque en el futuro vamos a ver nuevas formas de comercialización de droga tradicional. 

Es posible que estas agrupaciones comiencen a utilizar submarinos y drones, que la DEA haga lo mismo, y que vaya haber otra vez una escalada de tecnología armamentista para detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos y hacia el norte en general, que son los grandes mercados de consumo de droga. 

Entonces, está por verse qué va a pasar, pero yo creo que, en un contexto como del que estamos hablando, se va a hacer más obvia la inutilidad de la guerra contra las drogas 

La Silla Vacía: ¿Se va a globalizar el consumo de estas drogas sintéticas también?

Carlos Pérez: El futuro no va a llegar al mismo tiempo para todos. La transición en nuestros países tardará mucho más que en Europa y Estados Unidos. 

En los próximos 5 o 10 años, el consumo de cocaína y de heroína en América Latina continuará y, probablemente, crecerá. 

Por ejemplo, en los últimos cinco años Brasil se ha convertido en un centro clave de consumo en la región. De hecho, muchos envíos de cocaína que antes iban hacia los Estados Unidos, ahora están yendo directamente a Brasil o Argentina. Por esto creo que vamos a tardar mucho en ver este tipo de cambios en la región. 

Sin embargo, a mediano plazo vamos a ver una crisis de drogas sintéticas bastante similar a la que se está viendo en Estados Unidos. La crisis del fentanilo, y en general la crisis del opio sintético en Estados Unidos, se produjo porque médicos estadounidenses recetaron opio, o sustancias basadas en opio, de manera bastante irresponsable y generaron ciclos de adicción y un mercado que en realidad no existía. 

Si eso pasó en Estados Unidos, donde por cierto ya se reguló este problema, en América Latina, donde las empresas farmacéuticas todavía no están reguladas, va a haber un gran problema de consumo de opio sintético muy pronto. 

Va a haber una crisis de salud no por la violencia con la que se trafican las drogas, sino por el propio consumo de las drogas sintéticas, que de hecho son bastante peligrosas; pequeños incrementos en el consumo de este tipo de sustancias pueden generar enormes daños, y es una diferencia fundamental con las drogas basadas en plantas.

La Silla Vacía: ¿Qué es lo que evita que este futuro se demore años y no meses?

Carlos Pérez: Básicamente porque va a continuar produciéndose cocaína y heroína por muchos años más; es difícil pensar que vaya a acabar el negocio de ese tipo de sustancias. Lo que sí puede suceder es que este tipo de sustancias dejen de ser atractivas para los mercados que naturalmente las han consumido y que los narcos tengan que buscar nuevos mercados, que pueden ser estar en países latinoamericanos o en otros que no han sido tradicionalmente consumidores, como por ejemplo, algunos en Asia.

En general ahí yo diría que hay otro factor estructural: el consumo de droga está relacionado con los procesos de urbanización que se están dando en regiones como América Latina. En la medida en que crezca el proceso de urbanización, también aumentará el número de consumidores. 

Entonces, aunque veamos también mucha droga sintética siendo consumida en América Latina, tiendo a pensar que todavía le queda mucho futuro a las drogas basadas en plantas en nuestra región.

La Silla Vacía: Esta droga viene en cápsulas pequeñas, el consumo es mucho más discreto que un pase de cocaína o de la forma como se consume la heroína, ¿esto tendrá algunas repercusiones en términos de la gente que lo va a consumir?

Carlos Pérez: Eso ya está sucediendo. Lo que está sucediendo en general, independiente de la emergencia de las drogas sintéticas, es que el número de mujeres que consumen droga está aumentando considerablemente. 

Hasta hace poco el mercado de las drogas se enfocaba en un 80, 85 por ciento en hombres, pero ahora, con el arribo de las drogas sintéticas, el consumo de drogas por parte de mujeres aumentará aún más. Pero fíjate, no solo de mujeres, sino también de viejos. Nuevos estudios están mostrando que la población mayor edad también está comenzando a consumir droga. 

Vamos a ver esa nueva diferencia demográfica en el consumo de droga y, como ya dije anteriormente, en la medida en que aumenten los procesos de urbanización en regiones en el sur global, aumentará también la cantidad de gente que consuma en zonas urbanas. 

Entonces, por rango de edad, por género y también por la transición de lo rural hacia lo urbano, es inevitable que crezca en términos absolutos el número de consumidores en el mundo.

La Silla Vacía: Me llama la atención lo de los mayores. ¿Qué tiene esta droga que es más atractiva para gente mayor?

Carlos Pérez: Es más fácil de conseguir. Pero no es sólo que no es necesario ir a “lugares peligrosos” a  conseguirla, sino que también el acceso a nuevas tecnologías de la información permite a que gente, que en otras circunstancias ni siquiera habría pensado o imaginado consumir droga, lea sobre ellas, se quite muchos de los mitos que giran alrededor de su consumo y se animen a buscarlas.

La Silla Vacía: ¿Qué pueden hacer los países para luchar contra este consumo o para reducir el daño de este tipo de consumo?

Carlos Pérez: La mejor política de drogas es la que logra reducir la violencia por el tráfico de drogas y los efectos nocivos del propio consumo de las drogas. En esta medida, creo que los países tienen que avanzar hacia esquemas de reducción de daños. 

Ahora, vinculando a esto el tema de las drogas sintéticas, es urgente que en América Latina hayan más clínicas u organizaciones encargadas de revisar que las píldoras de los consumidores tengan realmente lo que estos creen que tienen, sin ser criminalizados. 

Es decir, es necesario que haya métodos, formas y lugares donde los consumidores puedan verificar, probar la pureza o, en todo caso, la calidad del producto que están consumiendo, porque el riesgo de la droga sintética, como ya dije antes, es que pequeñas dosis pueden generar muchísimos daños, e incluso, pequeños aumentos en la dosis pueden resultar mortales.

En general, los estados tienen que garantizar que el consumo de estas drogas va a poderse realizar de manera cuidadosa y, para ello, tienen que establecer políticas de reducción de daños.

La Silla Vacía: Si las órdenes de droga se harán por internet, supongo que va a tener una cantidad de implicaciones en el sector financiero y en el lavado de activos.

Carlos Pérez: La relación de interdependencia entre los mercados legales e ilegales ha existido desde hace muchos años, pero en la medida en que el uso de efectivo se vuelva cada vez más raro, aumentará la dependencia de los traficantes de esquemas de lavado de dinero y, en general, de complejos esquemas financieros. 

Vamos a ver mucha más relación entre los grupos criminales y sus contrapartes legales. Por eso, no es equivocado suponer que el futuro del mercado de las drogas va a pasar necesariamente ya no sólo por una interdependencia, sino por una compenetración brutal entre el sector financiero y los mercados de drogas. 

La Silla Vacía: Para terminar, ¿es posible que nos quedemos con lo malo del futuro, que es comenzar a tener un problema de opioides que no tenemos hoy, y con lo malo del narcotráfico, tal como lo conocemos?

Carlos Pérez: Sí, a corto o a mediano plazo probablemente nos quedemos con lo peor de los dos mundos, pero a largo plazo, por lo menos en América Latina, verémos el predominio de drogas sintéticas, que tampoco habría que ser demasiado optimistas al respecto, pues como ya dije eso también implica muchísimos retos en la forma en la que se van a reconfigurar nuestros países y los grupos del crimen organizado. 

Nuevas sustancias van a llevar a nuevas peleas entre las organizaciones que ya existen. Entonces sí, puede ser que a corto y mediano plazo el futuro no sea tan halagador.

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Hasta la terminación del segundo Estado de Emergencia, el 6 de junio, el Gobierno había expedido 331 decretos, cerca de un promedio de tres diarios de los cuales solo la mitad están relacionados con la pandemia y de esos en su mayoría, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, son nombramientos de funcionarios y de ministros por conflictos de intereses, encargos y otros cambios en el funcionamiento de las entidades nacionales.

El otro 50 por ciento de decretos que sí tienen que ver directamente con la coyuntura y tienen un impacto económico, fueron analizados por Luis Carlos Reyes, director del Observatorio, y Juan David Oviedo, quien hace parte del equipo, ambos economistas.

A partir de la conversación con ellos y del informe “Medidas económicas del Gobierno nacional para mitigar los efectos del COVID - 19”, La Silla Académica presenta cuatro rasgos que, según Reyes y Oviedo, han caracterizado la política económica del Gobierno durante esta pandemia:

Tras un fuerte lobby de las cabezas de los católicos y los evangélicos del país, ambas con línea directa al despacho del presidente Iván Duque (que es un católico confeso y recibió en campaña el apoyo de varias iglesias evangélicas grandes), y de unos protocolos de bioseguridad armados por los propios líderes religiosos; está a punto de arrancar un plan piloto para la apertura de las iglesias.

El decreto salió este domingo y, por ahora, contempla únicamente a los municipios sin casos confirmados de coronavirus, e incluye distancia de dos metros entre los asistentes y uso obligatorio del tapabocas durante toda la ceremonia, entre otras reglas para evitar el contagio.

Luego de casi tres meses de cierre por la cuarentena, y de las duras críticas de algunos religiosos al Presidente por permitir la reapertura de otros sectores, empezarán nuevamente los cultos presenciales bajo el argumento de que hay que subsanar los daños colaterales que ha traído el aislamiento (problemas de salud mental, aumento en el número de suicidios y en los casos de violencia intrafamiliar, entre otros), como afirman los líderes cristianos en los protocolos de bioseguridad que le enviaron al Gobierno.

"Concluimos que los estudios científicos muestran el inmenso beneficio para la salud, en personas que asisten a servicios religiosos, siendo de gran importancia para todos los momentos de la vida y especialmente para situaciones de pandemia como la que vivimos actualmente", dice una parte de ese protocolo.

Pero también porque, debido al confinamiento, varias iglesias no han recibido la misma cantidad de donaciones, lo que ha generado una enorme caída en sus cuentas.

"Hemos tenido una reducción del 80 por ciento de nuestros ingresos", nos aseguró, por ejemplo, John Andrés Cuervo, gerente de la Misión Carismática Internacional, una de las iglesias más grandes del país.

Esta apuesta es grande, no sólo por la concentración de personas que se da usualmente en esas ceremonias (en Corea del Sur, las iglesias fueron uno de los focos que dispararon los casos de covid), sino porque justo en estos momentos el país parece estar ad portas de entrar al pico de la pandemia.

El poder de la fe

El plan piloto se iba a comenzar a implementar este domingo en Salamina (Caldas) y Aguazul (Casanare) -dos municipios no Covid con iglesias no tan grandes-, pero no arrancó porque precisamente ese día fue que Duque firmó el decreto que lo autoriza.

Además del tapabocas y la distancia de dos metros entre asistentes, la norma incluye desinfección de manos y de todo el recinto antes y después de las ceremonias, entrega de ofrendas preferiblemente de manera digital, entre otros.

Se discutió durante tres semanas virtualmente en la Mesa Nacional de Asuntos Religiosos, encabezada por la dirección que guarda este mismo nombre y depende del Ministerio del Interior e integrada por todas las cabezas de las religiones que hay en el país: no sólo representantes católicos y evangélicos (que son las dos con más fieles), sino, también, adventistas, judíos, budistas, musulmanes, hare krishna y más.

Pero el decreto y todo el plan piloto son el resultado de unas movidas que venían de tiempo atrás y cuyos protagonistas son los líderes del catolicismo y de los evangélicos, quienes se movieron por fuera de la Mesa y luego les socializaron las decisiones.

Por el lado católico, el liderazgo lo ha ejercido la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), que es la cara institucional del catolicismo en Colombia y depende directamente del Vaticano.

Su poder está en que no necesita intermediarios, como la Mesa de Asuntos Religiosos, para comunicarse con el Presidente, pues lo hace directamente.

“En este tiempo, la Conferencia ha mantenido un diálogo bilateral directo con el Gobierno”, nos dijo el padre Jorge Bustamente vocero de la CEC.

Esta relación directa entre el alto Gobierno y la CEC no es sólo con Iván Duque, sino que ha sido así históricamente. La explicación es que Colombia es un país profundamente católico cuyo Estado oficialmente lo fue hasta hace treinta años.

Así, por ejemplo, la CEC empezó a trabajar en sus propios protocolos de bioseguridad a mediados de abril y se los enviaron a Presidencia el 26 de ese mes.

El plan piloto de Salamina y Aguazul nació de una sugerencia que hizo la Conferencia en una de estas reuniones por fuera de la Mesa a mediados de mayo.

Luego, se les compartió y todos estuvieron de acuerdo.

Del lado evangélico, quien ha liderado este proceso por fuera de ese espacio ha sido el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, uno de los partidos que integra la coalición en el Congreso del presidente Duque. 

Rodríguez ha estado en constante diálogo con las principales iglesias evangélicas del país y les ha servido de puente con el Gobierno.

Así, envió dos cartas al Gobierno, con la firma de los representantes de 50 iglesias evangélicas, con propuestas para reabrir. Primero una el 1 de abril y luego otra el 20 que tenía ya la firma de otras iglesias, como la adventista y la católica, que, por su lado, en cabeza de la CEC, también estaba en diálogos con el Gobierno.

El Senador Rodríguez nos contó que, en este proceso de gestión, además de las iglesias, ha hablado con la ministra del Interior Alicia Arango, con el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos Carlos Baena (quien es cristiano y milita en el partido Mira, que también hace parte de la coalición de Duque), con el viceministro de Salud Alexander Moscoso, con otros funcionarios del Ministerio de Salud, asesores del Presidente y hasta el gobernador del Casanare Salomón Sanabria y la alcaldesa de Aguazul Martha Moreno.

“Yo ahora vivo de Zoom en Zoom”, nos dijo.

La importancia de este congresista cristiano, en este proceso de reapertura, ha sido tal que fue él quien anunció, a través de un video que fue publicado en redes sociales el miércoles 10 de junio, el plan piloto, antes que el mismo Gobierno.

Esta gestión le ha dado a Rodríguez una visibilidad más allá de los cristianos; a tal punto que incluso periodistas de medios nacionales lo han lanzado al ruedo de precandidatos presidenciales para 2022.

Tras poco más de un mes de diálogos constantes con estos dos líderes del cristianismo, Duque finalmente designó, a finales de mayo, una comisión con profesionales de la salud para estudiar el protocolo de bioseguridad conjunto que enviaron sus principales cabezas.

Justo para esa fecha, el obispo de Valledupar Óscar José Vélez publicó un fuerte video, que fue replicado en medios, en el que criticó al Presidente y su Gobierno por su “persistencia de mantener a los fieles creyentes lejos de los templos considerándolos como sitios de alto riesgo”, mientras abría otros sectores de la economía.

Se quejó que, desde el 20 de abril, él y otros obispos habían enviado solicitudes para la reapertura de los templos y se habían “encontrado con oídos sordos”.

“Una cosa es no ceder a presiones, otra cosa es no escuchar razones. A veces pensamos que el Presidente tiene miedo a lo que pueden decirle los medios de comunicación o la reacción de algunos de sus funcionarios”, dijo.

Efectivamente, el reclamo del obispo Vélez representa el sentir de muchas personas.  

En Colombia, la religión cumple un papel fundamental. Es el principal vehículo de participación social y comunitaria. 

La encuesta de cultura política del Dane del 2017 afirma que el 74,5 de los adultos asiste a reuniones de tipo religioso, más de cinco veces el número de personas que se reunen en Juntas de Acción Comunal, asociaciones o clubes.

Las dos más fuertes son la católica y el movimiento evangélico. Aunque, en Colombia, no hay una cifra oficial del número de creyentes, dos encuestas hechas en los últimos tres años (Cifras y Conceptos y Latinobarómetro) muestran que el cristianismo es la principal religión del país: aproximadamente el 74 por ciento de los colombianos son católicos y cerca del 15 son evangélicos.

Tras el retraso del plan piloto, por la salida del decreto presidencial hasta este domingo, esta reapertura (que en cualquier caso se hará en los pueblos no covid previa autorización del Ministerio del Interior) quedó para finales de esta semana.

Que continúe o no dependerá de que no se disparen los contagios en esos sitios. 

Como sea, desde ya el asunto ratificó el poder que tiene el cristianismo en el Gobierno Duque.

La semana pasada el Ministerio de Vivienda anunció un nuevo mecanismo financiero para las personas con más de 65 años que tengan vivienda propia.

Se trata de la hipoteca inversa, un mecanismo en el que el dueño de la vivienda negocia con un fondo de inversión para que éste le compre el inmueble y se lo pague con una mensualidad vitalicia, a plazos o en un solo pago, con la condición de que solo puede recibir la propiedad cuando el dueño original muera.

En esta entrevista el ministro Jonathan Malagon y su viceministro, Carlos Alberto Ruiz, responden dudas y críticas que han surgido desde su anuncio el jueves pasado.

La violencia siempre busca nuevas formas en Colombia. A las noticias de asesinatos de reincorporados de las antiguas Farc (el ahora partido dice que van 200 desde que se firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno) o de sus familias como en Ituango y en Mesetas, Meta, se suma ahora el desplazamiento masivo contra exguerrilleros. El mismo que han padecido miles de víctimas del conflicto.

La semana pasada, el martes, la Junta de Acción Comunal de la vereda Monterredondo, del municipio de Miranda, en el norte del Cauca, les pidió a los exguerrilleros del espacio territorial de reincorporación que está en la vereda que la abandonaran porque habían recibido amenazas de un grupo armado, no identificado, que así se los pidió.

Un día después, 20 excombatientes que vivían en otro punto, llamado El Diamante, en Uribe, Meta, salieron huyendo hacia el casco urbano de ese municipio por amenazas, también de armados ilegales que no se identificaron.

Dejaron atrás todo lo que hasta ahora habían construido en su proceso de reincorporación: sus cultivos, su caseta comunal, el mejoramiento de unas vías, sus viviendas.

La situación de Miranda es particular porque nunca antes tras el desarme de las viejas Farc, se habían dado amenazas por medio de una Junta de Acción Comunal lo que golpea aún más la reincorporación, que es uno de los pilares de la implementación del Acuerdo: que los exguerrilleros tengan garantías sociales, económicas, políticas y de seguridad en su vida civil a cambio de haber dejado las armas. 

El ultimátum

En la vereda Monterredondo, Miranda, norte del Cauca, viven 20 excombatientes y 16 de sus familiares. Ellos aún no se han ido, pero desde la semana pasada tienen encima la notificación que les dio la JAC de que tenían que hacerlo, tras las amenazas que recibieron los líderes comuneros.

Según dice la JAC en un comunicado que les entregó a los reincorporados el martes, desde el 25 de mayo pasado, por medio de una persona, un grupo armado ilegal no identificado les mandó una amenaza por medio de una persona, dándoles un mes de plazo para sacar a los integrantes del espacio de reincorporación o de lo contrario serían objeto de ataques ellos y la Fuerza Pública. 

Explica la Junta que no les dijeron enseguida porque lo que decidieron en principio fue hablar entre ellos de la situación.

Según el comunicado de la JAC, la amenaza que recibieron señala que un cilindro bomba que lanzaron el 30 de noviembre del año pasado en esa vereda contra el Ejército, sin dejar heridos, era una “advertencia a la comunidad para que no sigan apoyando el proceso de reincorporación”. 

Y agregan que para los armados ilegales, “el proceso de reincorporación ya no está cumpliendo los objetivos y por el contrario están aumentando la red de informantes” y “la vereda Monterredondo es un nido de sapos”.

En otro oficio, dirigido a la Defensoría del Pueblo el 7 de junio, la Junta habla que “también se da a conocer que en la vereda el grupo armado presiona de la misma forma a unas familias acusándolas de hacerles mandados a la fuerza pública llevándoles víveres y les mandan a decir que si siguen en estos comportamientos los declaran objetivo militar y tendrán que irse de la vereda o serán ajusticiados”.

“Teniendo en cuentas que estas presiones de los grupos al margen de la ley son reiterativas y coloca en riesgo la vida del presidente y su vicepresidenta con toda su directiva de la junta de acción comunal de la vereda Monterredondo. Se decide que sí es necesario el término del proceso de reincorporación esto con el motivo de defender la vida de sus líderes y la comunidad en general” (sic), dice uno de los apartados del oficio enviado a Defensoría.

Los exguerrilleros, por ahora, no han decidido bien qué hacer en la zona en la que viven desde 2016 y, más bien, están esperando que el Gobierno responda con soluciones.

“Nosotros no tenemos mucho que responder, sería el Estado, el Gobierno, el que tiene que responderles a las comunidades ante tan grave situación. Nosotros firmamos un Acuerdo de Paz con el Gobierno y es él el que no nos está garantizando el poder vivir”, le dijo a La Silla Vacía el excombatiente Jhoanny Castro. 

En un sentido parecido, el encargado del espacio de reincorporación, Alirio Morales, agregó que “lo que sentimos es que quieren utilizarnos como excusa para cometer actos violentos y echarnos la comunidad encima. Quieren culparnos y crear condiciones para asesinar a comuneros y con eso se nos va a venir la comunidad encima porque nosotros estamos aquí”.

Ellos nos confirmaron que colectivamente no han recibido amenazas, pero sí hay algunos reincorporados amenazados individualmente.

En Monterredondo había dominado históricamente el sexto frente de las Farc y hoy hace presencia la disidencia Dagoberto Ramos y el EPL. Hay al menos dos antecedentes de amenazas de la disidencia a reincorporados cuando hace un año se movió una lista en la que ofrecían dinero por matar a dirigentes del espacio de reincorporación, razón por la cual uno de ellos tuvo que salir de ahí, según le contó a La Silla un defensor de Derechos Humanos de Farc en Cauca. 

Según el alcalde del municipio, Samuel Londoño, y el personero, Alejandro Gómez, hasta el viernes de la semana pasada no tenían conocimiento de las amenazas. 

En respuesta a esto las directivas del Partido Farc de Cauca pidieron en un oficio al Gobierno garantías para la vida, evaluar el papel que cumple la Fuerza Pública en esos sectores, medidas para mitigar el riesgo y un acompañamiento a los reincorporados que decidan irse. 

El desplazamiento que ya fue en Meta

Al día siguiente de esta situación, un desplazamiento masivo de excombatientes se materializó el miércoles pasado en meta, en un punto (de los nuevos puntos de reincorporación, distintos a los originales que arrancaron en 2016) llamado El Diamante, en Uribe, Meta, una zona histórica de retaguardia del Bloque Oriental de las Farc como lo contamos aquí.

De allí salieron 20 excombatientes hacia el casco urbano, luego de recibir amenazas. Ellos estaban a cargo de un proyecto de ganadería que beneficia en total a 150 reincorporados.

En un comunicado, integrantes de ese punto dicen que pese a algunas amenazas recibidas desde el 2019 de grupos armados que ya han denunciado, y gracias a un esquema colectivo de protección (que también tienen los otros 70 nuevo puntos de reincorporación del país), habían podido estar en la zona sin mayores complicaciones.

Eso hasta la semana pasada, cuando recibieron amenazas contra su vida y contra los bienes de su cooperativa Daincoop. Confirmamos con una fuente de la Alcaldía de Uribe que en realidad por lo menos hace dos semanas vienen recibiendo esas amenazas, por medio de mensajes de grupos armados que no se identifican.

“Estos hechos, que no son ajenos en otros ETCR/NAR del país, atentan contra la integridad de cada uno de los miembros de El Diamante y desestabiliza nuestro proceso de reincorporación económica, social y política. Dejando atrás lo hasta hoy construido y dejando pérdidas aproximadas de 800 millones de pesos en adecuaciones”, dicen los exguerrilleros en el comunicado. 

Entre lo que les tocó dejar atrás están cultivos de tres hectáreas de sorgo y dos de soya, 60 toneladas de silo de maíz y sorgo, una huerta con cultivos de lechuga, tomate, habichuela, papa, zanahoria y pepino, todo financiados con plata de su renta básica mensual que pusieron en la cooperativa. Según dicen en el comunicado, eso debe quedar ahora a cargo de la comunidad que allí vive.

Dos fuentes (una en terreno y otra que tiene cómo saberlo) nos dijeron por aparte que quien podría estar detrás de estas amenazas es la disidencia del Frente 40, que lidera alias Calarcá y que está coordinada con el mayor líder de las disidencias en el país: el exguerrillero Gentil Duarte, pero las autoridades aún no han confirmado la autoría.

Un asunto clave aquí es que el punto de El Diamante era liderado por alias Romaña, el exjefe guerrillero hoy rearmado en la banda de Iván Márquez, quien terminó en Meta después de salir de Tumaco. Por eso, nuestras dos fuentes sospechan que estos desplazamientos pueden deberse a que la gente de Calarcá puede estar queriendo sacar a quienes estuvieron bajo el liderazgo de Romaña, un asunto que confirmaría que la banda de Gentil y la de Márquez no están coordinadas.

En el caso específico de Miranda, el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, nos dijo que están estudiando la denuncia, pero no respondió sobre qué medidas tomará el Gobierno. Y frente a este desplazamiento masivo hasta el momento de la publicación no habíamos recibido respuesta. 

Según el comandante del Comando Específico del Cauca, general Marco Mayorga, están confirmando la amenaza de Monterredondo. Según el General hay cien hombres armados resguardando la seguridad de ese Etcr. 

Según habíamos contado en esta historia de los asesinatos a los excombatientes, el 27 de enero pasado Archila sacó un paquete de diez medidas de protección para los excombatientes.

El paquete incluye un plan de atención para los que no viven en los 24 espacios de capacitación donde dejaron las armas, que son la mayoría; acelerar los cursos de capacitación en autoprotección; darle más plata a la Fiscalía para que llegue rápido a las escenas del crimen; y que las entidades responsables (como los ministerios de Defensa e Interior, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, entre otras) se reúnan una vez al mes para revisar nuevas amenazas y tomar medidas para prevenir más muertos. 

A esa estrategia se suma el Cartel de Búsqueda que lanzó el 9 de enero la Policía, en compañía del alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, con las 30 fotos de criminales -10 miembros del ELN, 17 de disidencias de Farc, dos del Clan del Golfo y uno de Los Pelusos- por las que el Gobierno ofrece desde diez hasta cuatro mil millones de pesos por haber matado exguerrilleros de las Farc.

Según dijimos en ese momento, es probable que estas medidas ayuden, pero que se queden cortas frente a la complejidad del fenómeno y frente a las amenazas que siguen sufriendo y a las que ahora se suman los éxodos masivos.

Decir que la situación de Barranquilla con el coronavirus es alarmante no es noticia. Pero revisar las cifras y ver que todo indica que se va a seguir agravando, por lo menos en lo que queda de mes, sí.

Además porque el sistema de salud ya está prácticamente copado.

Un caos que las autoridades locales han querido reducir a un asunto de “indisciplina social”, pero que es más complejo que eso, como contamos.

No hay cama pa’ tanta gente

Según el secretario de Salud, Humberto Mendoza, a ayer lunes ya estaban ocupadas el 81 por ciento de las 492 unidades de cuidados intensivos (UCI) de la ciudad. Según el Ministerio de Salud la cifra es del 78 por ciento de 480 camas.

Más allá de la diferencia puntual, que se debe a que los sistemas de registros son diferentes y todavía los están unificando, la ocupación es muy alta y ha venido creciendo, mientras la cantidad de UCI lo ha hecho más lentamente.

Además de eso, y en contraste con las versiones oficiales, consultamos en siete clínicas y hospitales, públicos y privados que están entre los más grandes de la ciudad, y encontramos que a ayer por la tarde casi ninguno tenía UCI libres.

En cuatro de los casos la información la obtuvimos de manera oficial; en las clínicas General del Caribe y General del Norte nos enteramos por versiones informales de los médicos que están ahí en UCI y lo saben de primera mano; y en el Hospital Universitario Cari por versión de Radio Nacional.

Eso quiere decir que el sistema de salud de Barranquilla se está desbordando por el brote y probablemente se dispararán las muertes, ya sea de personas con Covid o con otras enfermedades que necesiten estar en una UCI.

El cuello de botella para tener más UCI son los famosos ventiladores, y uno de los objetivos de la cuarentena nacional fue ganar tiempo para adquirirlos y dotar más UCI. Para el caso de Barranquilla, antes había 411, por lo que han aumentado en 81. Pero no es suficiente.

Ayer el Gobierno Nacional envió 49 ventiladores a la ciudad. Con lo que Barranquilla pasará a tener 541 UCI, y la ocupación quedará alrededor del 70 por ciento.

Pero eso será si se pueden instalar y poner a funcionar los ventiladores inmediatamente, algo que no es obvio porque para que funcionen se necesitan médicos especialistas.

“El recurso humano es tan importante como las camas UCI. Manejar un ventilador es como manejar un avión, el 95 por ciento de los médicos no lo saben utilizar”, nos dijo Carlos Osorio, gerente de la Clínica Bonnadona.

“Así traigan 300 ventiladores más, no hay suficientes especialistas para manejar tanta UCI y tanta gente”, nos comentó un médico barranquillero de manera informal.

Consultamos a la Secretaría de Salud sobre cuántos médicos intensivistas (los que están en UCI) hay en la ciudad, pero hasta la publicación de esta historia no nos habían respondido.

En todo caso, al sistema le queda poco margen. Lo más grave es que los principales indicadores muestran que la pandemia va a seguir creciendo en la ciudad más grande del Caribe colombiano.

La cosa empeorará

Que el brote está vivo es algo muy claro: se nota en que tres de cada cuatro casos de Covid (de un total de 6.285) que se han detectado en la ciudad siguen activos.

Eso mientras en Medellín y Bogotá han superado la enfermedad alrededor de la mitad de quienes han estado contagiados (49 y 44 por ciento, respectivamente).

Esa curva es particularmente preocupante cuando se compara con Medellín, que ha logrado controlar el crecimiento de su brote, que era uno de los objetivos de la cuarentena.

De hecho, al comparar la pendiente de los casos, la de Barranquilla es mucho más empinada (crece mucho más rápido) que las otras ciudades grandes.

El porcentaje puede ser mayor, porque los casos tardan en identificarse hasta 12 días (el tiempo que pasa entre el contagio y el momento en que la persona tiene síntomas, pide la prueba, se la hacen y se procesa) y por eso seguramente hoy hay todavía más casos activos pero no identificados.

Eso, que pasa en cualquier lugar, es todavía más probable en una ciudad en la que más de la mitad de las pruebas que se hacen salen positivas, lo que significa que hasta ahora se está encontrando en qué punto va el brote (en Colombia son solo 1 de cada 10, lo que permite descartar casos y centralizar el rastreo en menos personas).

Que los casos sigan creciendo significa que seguramente seguirán creciendo las muertes, sobre todo porque además el contagio crece más rápido que en otras ciudades: en Barranquilla cada persona contagia en promedio a 1,29 más, por encima de las otras grandes ciudades, cuando la meta es llevarlo a menos de 1 para que el contagio termine.

Habrá que esperar a ver si en los próximos días logran instalarse más camas UCI.

Pero, a menos de que se controle la expansión del brote, Barranquilla tiene todo para convertirse en el Milán de Colombia.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva esta semana a su favor el recurso de nulidad que interpuso para que un juez de garantías determine si debe o no seguir en detención preventiva por un caso de presuntas irregularidades en la contratación hace 15 años. Mientras aguarda el efecto de su estrategia jurídica, el mandatario sigue y seguirá mandando igual en su Administración.

Lo hará a través de uno de sus brazos derechos: el secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez, quien no sólo está de gobernador encargado por decisión del presidente Iván Duque, sino que tiene todas las credenciales para ser el elegido de la terna que ya envió a Presidencia el grupo significativo de ciudadanos que inscribió la candidatura de Gaviria.

Ese es el trámite cuando se presenta la ausencia temporal o definitiva de un gobernador: que el Presidente elija momentáneamente a un encargado a dedo, pero luego deje a un mandatario designado de terna enviada por el partido o grupo que avaló.

Suárez sería el elegido porque es el que quiere Aníbal, un deseo que probablemente conceda Duque, quien en campaña recibió el apoyo público del hoy Gobernador y, tras el anuncio de la detención de este, puso un trino de solidaridad expresándole su “reconocimiento y aprecio”.

A través de Suárez, con quien habla constantemente, Gaviria seguirá en cuerpo ajeno al timón del departamento, que, además de enfrentar la pandemia del Covid, estos meses que vienen tiene por delante proyectos millonarios como la transformación de la Fábrica de Licores de Antioquia, una de las rentas más importantes (el año pasado dejó 137.609 millones de pesos de ganancia), que se ha visto afectada por la crisis; y la modernización de la Gobernación, sobre la que el Gobernador ya tiene facultades dadas por la Asamblea para que en seis meses presente los estudios técnicos y la propuesta.

“Es un cheque en blanco”, nos dijo respecto este proyecto -que aún no tiene valor definido- el diputado del Partido Verde, Luis Pelaez. 

El rumor uribista y el espaldarazo de Duque

Lo que los abogados del Gobernador le pidieron a la Corte es que el caso de Gaviria, por un contrato de hace 15 años, se trate bajo la Ley 906, en la cual un juez determina si la medida de detención preventiva es apta para un investigado, y no por la Ley 600, que fue la que le permitió a la Fiscalía ordenar la cuestionada detención de Gaviria, como lo contamos.

Eso podría resolverse en los próximos días, según nos dijo Gaviria.

Mientras ese camino jurídico se define, en lo político, el miércoles pasado el secretario de Gobierno y gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, anunció los nombres de quienes conforman la terna enviada al Ministerio del Interior para que Duque designe mandatario mientras se resuelve la situación de Aníbal.

Oficialmente, la terna la decidieron Suárez, la hija del Gobernador Emiliana Gaviria y el profesor Luis Fernando Montoya, quienes conforman el comité del grupo significativo ‘Es el Momento de Antioquia’, que inscribió la candidatura de Aníbal Gaviria.

La Silla Vacía supo, además, que los nombres tienen el visto bueno del propio mandatario titular, quien cumple la medida de detención preventiva en su residencia.

Una de las ternadas: la secretaria de Hacienda del departamento, Luz Elena Gaviria, nos contó que el Secretario Suárez fue quien la llamó a hacerle la solicitud de poner a disposición su hoja de vida.  

“No estamos solos, somos uno y no estamos ahí porque lo hayamos buscado, sino que esperamos que regrese el jefe”, agregó la Secretaria.

Además de ella y del Secretario y Gobernador encargado Suárez, en la terna está el secretario de Infraestructura Juan Pablo López.

Todos “son leales” a Aníbal Gaviria, como nos dijo Suárez, y estuvieron muy cerca en la construcción del Plan de Desarrollo para el cuatrienio. 

La terna terminó de disipar los rumores y versiones sin confirmar de que el Centro Democrático (que enfrentó a Gaviria en campaña) tendría algún interés de usar la detención del mandatario para intentar quedarse con la silla de Gobernador que no pudo ganar en las urnas, aprovechando que es el partido del Presidente.

En Antioquia eso se alcanzó a escuchar en corrillos, aunque nunca se vio ninguna movida.

El representante uribista del departamento, César Eugenio Martínez, dice que la versión pudo haber salido de una fake news que rodó en twitter sobre el viceministro de Relaciones Públicas, Daniel Palacios. 

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Se trató del reencauche de una noticia del 8 de abril, cuando el Ministerio del Interior designó a Palacios como gobernador ad-hoc para el proyecto Puerto Antioquia en Urabá, luego de que Aníbal Gaviria se declarara impedido, pues tanto él como su esposa, Claudia Patricia Márquez, son socios de Inversiones Gaviria Márquez y Cia., empresa que hace parte de la comercializadora internacional que tendría injerencia en el puerto, Uniban S.A.

El senador del Partido Liberal Iván Agudelo, cercano a Gaviria, nos dijo que también se rumoró que Duque iba a designar al uribista Consejero Presidencial para las Regiones, Federico Hoyos, pero que todo se había quedado en comentarios. Incluso, según nos aseguró, habló con gente del Centro Democrático como el senador antioqueño José Obdulio Gaviria, quien desmintió siquiera el interés.

Además, hay que decir que varios políticos del Centro Democrático consultados para esta historia (y otros tantos públicamente), se sumaron a la ola de solidaridad con Gaviria y dicen que lo ideal es que el Secretario Suárez siga de Gobernador encargado. 

“Desde el Centro Democrático no ha habido pronunciamiento, pero Duque es un hombre que conoce hace muchos años a Gaviria y confía en su buen criterio. Desde sus colaboradores (los del Gobernador), hubo temor de que quedara alguien de nuestro partido, es natural, pero le consultó (Duque a Gaviria) porque el Presidente dijo que lo conocía hace años del Banco Interamericano”, nos aseguró Verónica Arango, diputada de Antioquia del Centro Democrático.

“Él (Iván Duque) pudo elegir a quien quisiera, entonces fue una voz de respaldo a Aníbal Gaviria, pero también al Plan de Desarrollo y a la sinergia del Gobierno de Antioquia y el Gobierno Nacional para el manejo del Covid-19”, añadió por su lado el encargado Suárez.

El ungido Suárez

El secretario de Gobierno que hoy administra a Antioquia, Luis Fernando Suárez, es un técnico que en la política ha hecho camino hasta ahora solo con Aníbal Gaviria.

“Gaviria confía en él ciegamente”, dice el diputado del Partido Verde Camilo Calle.

Es odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, realizó el servicio rural en Antioquia y comenzó a trabajar en el Servicio Seccional de Salud del mismo departamento; se ganó una beca para estudiar epidemiología, lo hizo y luego montó un consultorio particular, pero lo cerró para comenzar una carrera administrativa en el sector público. 

Según nos compartió, no era cercano al gobernador de Antioquia del 2002, Guillermo Gaviria Correa, hermano del actual Gobernador, pero se unió a ellos tras la Marcha de la No Violencia, en la que Guillermo fue secuestrado por las Farc junto a su antecesor liberal Gilberto Echeverri. 

Tiempo después Guillermo y Gilberto fueron asesinados y, a la Gobernación siguiente, llegó Aníbal para continuar con el legado de su hermano. Desde ahí comenzó Suárez a trabajar a su lado y a reconocerse, aunque nunca ha militado, “liberal de corazón y gavirista”.

 “La designación del doctor Luis Fernando Suárez es una garantía para Antioquia, para el equipo de Gobierno, eso les da una gran tranquilidad, les permite trabajar de forma muy armónica como lo venían haciendo (...). Yo me dedico a sacar esto adelante, a defender mi honra y mi transparencia y a buscar que la justicia brille debidamente”, nos dijo sobre él el Gobernador Gaviria, quien nos atendió una llamada telefónica y añadió que Suárez lo visitó estos días y le llevó una chocolatina.

El Gobernador encargado, por su lado, nos contó que Gaviria le dijo que las prioridades de la Administración son: “Covid, Covid, Covid, y después seguridad”, cómo bajar los índices de homicidio, un tema que también es de su interés como titular de la Secretaría de Gobierno. 

Otra de las integrantes de la terna, la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria, opinó sobre la movida interna de la Gobernación antioqueña hoy: “Es desgastante (estar sin Aníbal Gaviria) y la voz del líder sirve mucho en momentos de desasosiego, por eso el primer reto para quien quede es un reto personal, de continuar con el liderazgo, carisma y capacidad de convocatoria, el empeño para generar proyectos”.

La Secretaria trabaja con Anibal Gaviria desde los años 90, cuando fue gerente de los bancos del Estado y Colmena, y manejaba algunas cuentas de su familia. Para las elecciones a la Gobernación de Antioquia de 2004, fue, como voluntaria, la directora financiera de la campaña que ganó el hoy mandatario. Lo acompañó en esa Administración en importantes cargos y también luego en la Alcaldía de Medellín (2012-2015).

Por su parte, el tercer ternado, Juan Pablo López, es un jóven ingeniero mecánico de la UPB con maestría en Economía de la Eafit. Aunque es el de menos experiencia, dicen que tiene a Antioquia en la cabeza y ha sido felicitado, según Aníbal Gaviria, porque en pocos meses ha sacado adelante importantes proyectos de Infraestructura como el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, del proyecto Túnel del Toyo que promete dejar a Medellín y Urabá a cuatro horas. Trabaja con Gaviria desde el 2016, cuando codirigió el proyecto Parques del Río, y lo acompañó en la campaña del año pasado.

Mejor dicho, MinInterior tiene tres hojas de vida diversas, pero con algo en común: son leales declarados de la total confianza de Aníbal Gaviria, gaviristas pura sangre, lo que hace pensar que, incluso si Duque no elige al favorito Suárez, el Gobernador detenido no tendrá problemas para garantizar su legado.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, posesionó ayer a la abogada Ligia Stella Chávez como nueva viceministra de relaciones laborales. Con ello, confirmó la llegada del grupo de la exgobernadora del Valle y baronesa electoral del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, al gabinete del presidente Iván Duque, quien cada vez está más lejos de su discurso de no mermelada (puestos).

Según le confirmaron a La Silla Vacía dos políticos vallunos -uno del grupo de Dilian-, un periodista caleño y una alta fuente del Gobierno Nacional, la viceministra Chávez llegó vía el grupo de la exgobernadora; más específicamente es cercana a la representante de La U Norma Hurtado, una mujer clave dentro el primer círculo de Toro.

Con el nombramiento, Duque sigue confirmando la estrategia que adoptó este año de entregar cargos a cuotas de partidos políticos, así tengan recorrido técnico, para ampliar su coalición; y termina así su promesa de no mermelada, concebida como puestos, como también revelamos que ocurre en el Ministerio de Agricultura, pero con el Partido Conservador.

La nueva Viceministra, además, refuerza el poder de la exgobernadora Toro a nivel nacional, quien ya había estado ad portas de llegar al Ministerio de Salud.

Luego de que Coldeportes se volviera Ministerio en 2019, el jefe de esa cartera Ernesto Lucena sacó a todos los aliados que Toro había logrado poner en la entidad, vía la antigua directora Clara Luz Roldán, hoy gobernadora del Valle puesta por Dilian.

Tras eso, en La U esperaban quedarse con el Ministerio de Salud, a través de Toro, como contamos en enero, por lo que, tras el reacomodo de gabinete, en el que Duque entregó esa cartera a Cambio Radical vía el técnico Fernando Ruiz, hubo molestias en la colectividad.

Sobre todo porque el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, fue presentado como representación de La U, pero en ese partido es visto como un amigo personal de Duque más que como cuota de la colectividad.

La viceministra Chávez es una abogada con especialización en derecho administrativo y con maestría en Derecho, que nació en Tumaco pero toda su vida laboral la ha hecho en Cali. Viene de ser contralora municipal de Cali durante los últimos cinco años; fue abogada en la secretaría de Vivienda de la alcaldía de Rodrigo Guerrero (2012-2015) y la década anterior vivió en Italia.

Según nos confirmó un político del grupo de Toro, la Dirección de La U pidió a los congresistas cercanos al Gobierno hojas de vida “con requerimientos exigidos por el Gobierno”. Según una alta fuente del Ejecutivo, los requisitos que pidió Duque para el cargo eran que los aspirantes no tuvieran recorrido electoral y sí experiencia técnica, siguiendo su tendencia de presentar sus funcionarios como tecnócratas, así tengan el guiño de políticos.

Luego, el Ministro entrevistó a 13 personas vía Zoom entre mayo e inicios de junio y con Duque escogió a Chávez como Viceministra. “El interés general era que fuera una persona de La U, pero también pesó su trayectoria técnica en el tema social por la Secretaría de Vivienda, el control fiscal en la Contraloría y su trabajo en Europa”, nos dijo una alta fuente que supo de la movida de primera mano.

Eso porque la nueva Viceministra deberá trabajar de la mano con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Suiza y encargarse de las relaciones con sindicatos y empleadores, y su estadía en Italia pesó para que llegara al cargo.

Con todos los matices técnicos, su silla sigue engordando la maquinaria que maneja la baronesa del Valle, que además tiene la Gobernación y una bancada propia de seis congresistas en La U.

Esta mañana el presidente Iván Duque sacó pecho con la reducción de cultivos de coca tras presentar las principales conclusiones del avance del informe de monitoreo a los cultivos ilícitos de la Onu (Unodc) que saldrá publicado en unas semanas. Pero no mencionó el dato que impide celebrar: el mismo informe reveló que el 2019 tuvo más toneladas de producción de cocaína respecto al 2018, llegándo a la cifra más alta, al menos desde el 2006.

Una conclusión que pone en duda el discurso del Presidente de efectividad en la lucha contra el narcotráfico. 

El dato que destacó Duque como un triunfo fue la reducción en las hectáreas de cultivos de coca en un 9 por ciento pasando de 169 mil detectadas en 2018 a 154.000 al 31 de diciembre de 2019. Es decir 15 mil hectáreas menos. 

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Esto confirma el quiebre de la tendencia del incremento de cultivos que comenzó desde 2013 hasta 2017 año, en el que las hectáreas llegaron a 171 mil. 

A partir de 2018 comenzó a cambiar esta tendencia con una leve reducción de cultivos en un 1,4 por ciento. 

La reducción del nueve por ciento del año pasado se dio en zonas como Caquetá (-62%), Antioquia (-29%), Nariño (-12%), Bolívar (-7,5%) y Putumayo (-5%), donde ha habido actividades de erradicación forzada y en menor medida voluntaria.

En el informe del instituto Kroc la implementación del punto cuatro de los Acuerdos de Paz frente a la solución al problema de drogas ilícitas está desacelerada. Eso se debe, en parte, a que el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, que implica la erradicación voluntaria de cultivos, estuvo pausado a finales de 2018 y comienzos del 2019, y que pese a que luego se reanudó, “dada la magnitud de este programa, estas acciones representan un adelanto limitado”.

También señala que el Pnis está sufriendo una crisis de credibilidad por retrasos e incumplientos en la implementación, así como la exclusión y suspensión de algunas familias del programa. 

En todo caso, un dato a destacar es que los cultivos se redujeron en zonas de protección como parques nacionales (14 por ciento) y en resguardos indígenas (15,5 por ciento) y en consejos comunitarios (8 por ciento), según el resumen del informe.

Para el Investigador de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, Juan Carlos Garzón, experto en el tema, “si concentras la coca en unas zonas, ayudas a liberar otras de cultivos ilícitos, ganas en términos de tener más presencia (estatal) en algunas zonas”.

Además, le permite sacar pecho frente al Gobierno de Estados Unidos cuya petición ha sido bajar la cifra de hectáreas de coca. 

Sin embargo, la cifra no es para cantar victoria porque hay otra que revela que el negocio del narcotráfico no sólo no disminuyó, sino que aumentó. 

En 2019, las toneladas de cocaína procesadas en el país aumentaron 1,5 por ciento llegando a 1.137 toneladas, la cifra más alta de producción desde 2006. Es decir, que el año pasado fue en el que hubo más droga en el mercado nacional e internacional en los últimos 14 años. En 2012 la estimación de producción era de 340 toneladas. 

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Es decir, en 2019 hubo menos hectáreas cultivadas, pero más cocaína, que es la droga procesada y lista para consumir. Aunque el Gobierno también dice que el año pasado fue en el que más incautaciones de cocaína han hecho con 442 toneladas. 

Este aumento en droga responde a que los cultivos de coca están concentrados en enclaves o sitios estratégicos donde se crean condiciones propicias para la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo. 

Esos sitios son Catatumbo, en Norte de Santander; Tumaco, El Charco, Olaya Herrera en Nariño; El Naya en límites de Cauca y Valle del Cauca; Valdivia, Tarazá, Cáceres en Antioquia; Argelia, El Tambo en Cauca, y frontera de Putumayo, zonas en las que está el 36 por ciento de la coca sembrada en 2019. Este avance del informe reveló que las zonas con más aumento de cultivos fueron en Norte de Santander (24%) y Valle del Cauca (82%).

¿Cómo es posible tener más coca con menos hectáreas?

Estos enclaves han logrado optimizar la producción con nuevas especies que dan más hojas por mata, con tecnología o mayor acceso a asistencia técnica, disminución de los costos y tiempos de producción y de distribución (por su ubicación estratégica), facilidad de acceso a mano de obra y a los químicos para la extracción de la droga, según el mismo resumen del informe. 

En otras palabras, las personas de esas zonas han logrado que sus cultivos sean más productivos y más rentables, en menor o igual espacio. 

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Para Garzón esa cifra revela que los esfuerzos del Gobierno lograron un avance a medias como también lo explicó en esta entrevista en La Silla. 

“Efectivamente sí se contrajo las hectáreas, entonces el narcotráfico responde a eso y tienes una aumento en nivel de producción. Al final del día eso requiere que el Estado se adapte a los cambios, para tener un buen balance”, dijo. 

Según Garzón, si el Estado quiere bajar la producción, valdría la pena enfocar su estrategia a esos enclaves que son zonas en los que no llegó la erradicación y los Pnis, porque “son zonas vedadas para la presencia estatal, con presencia de grupos armados fuertes o resistencia de las comunidades a la erradicación”. 

Otros van más allá. “El programa del Gobierno es un fracaso en el tema de drogas”, dice Daniel Rico, consultor de C-análisis y experto en el tema. “Estamos en el boom más grande de cocaína, no está sirviendo lo que se hace, no le están metiendo la fuerza a lo grande como los cristalizaderos”. 

El reto, según Rico, está en que esos enclaves requieren unos planes de intervención mucho más fuertes e integrales, porque como lo dice el resumen de informe de la ONU “el dinero derivado de los mercados de la coca (...) tiene una muy fuerte incidencia en la economía y genera dependencia económica de la actividad ilegal, no solamente para los cultivadores de coca, sino para muchos actores involucrados en actividades tanto legales como ilegales”.  

El informe final con los datos en detalle saldrá en unas semanas y permitirá un análisis más minucioso. Por lo pronto, la conclusión gruesa indica que a dos años de gobierno, la guerra contra las drogas sigue sin dar grandes resultados. 

Acá puede ver la entrevista con el investigador de la FIP. 

Gráficas: Twitter del investigador Juan Carlos Garzón. 

Si nada extraordinario sucede, esta tarde en la plenaria virtual del Senado será aprobada en último debate la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para violadores de niños.

Ese resultado marcará un debate que se abrió en el país hace más de una década, cuando por primera vez una iniciativa para esto fue radicada en el Congreso.

Más allá, significará un punto de quiebre en las relaciones entre el Legislativo y el presidente Iván Duque, quien lleva dos años gobernando con un Congreso que no le camina mucho a sus proyectos porque no tiene coalición de Gobierno.

Esto sucederá justo después de que Duque decidiera acabar con su discurso de no dar mermelada (concebida como puestos) para echar a andar esa coalición.

Como lo hemos venido detallando en La Silla Vacía, después de haber entregado a principios de año los ministerios de Agricultura, Trabajo y Salud a representantes de los partidos conservador, La U y Cambio Radical, respectivamente, esas carteras se han venido llenando de funcionarios con el guiño de políticos de esas colectividades.

De hecho, justo ayer contamos que al Viceministerio de relaciones laborales entró una aliada de la baronesa de La U Dilian Francisca Toro.

Las cuentas que dan

La cadena perpetua para los violadores de niños no fue radicada por el Gobierno (sino por congresistas de ocho partidos diferentes), pero ha sido apoyada públicamente por Duque y, de hecho, fue una de sus promesas de campaña. Así que, si sale, sería un triunfo para él.

De ser aprobada, a la iniciativa aún le queda el camino de la conciliación entre las dos cámaras y la sanción presidencial, pero, dado que el texto no cambió en su paso en segunda vuelta de Cámara a Senado y el Presidente lo respalda, hay pocas probabilidades de que se trunque por ahí.

Para salir viva hoy, necesita obtener mínimo 55 votos en la plenaria.

Las cuentas están así:

• El Centro Democrático lo apoyará en bancada (19 senadores).
• El Partido Conservador también (14).
• La U, con excepción de Roy Barreras, también (13).
• Los dos partidos cristianos, el Mira y Colombia Justa Libres, igual (6)
• Por lo menos dos senadores liberales (Fabio Amín y Miguel Ángel Pinto) y uno verde (Iván Name) que lo apoyaron en comisión (3).
• El senador de la lista de los decentes de Gustavo Petro, Jonatan Tamayo ‘Manguito’, que ha manifestado su apoyo al proyecto (1).

Eso da un total de 56 senadores; es decir, podría pasar raspando. Sin embargo, a esta cuenta le faltan los senadores de Cambio Radical, cuya mayoría ha manifestado su apoyo al proyecto (sólo han declarado estar en contra tres de los 16 senadores: Germán Varón, Rodrigo Lara y Temístocles Ortega).

Eso, a pesar de que Germán Varón dijo recientemente en una entrevista en el Nuevo Siglo que Cambio aún no ha entrado al Gobierno, pese a la aterrizada de la colectividad en el Ministerio de Salud.

Igual hay que tener en cuenta que la oposición quiere dilatar para que se hunda por tiempos (la legislatura termina este sábado), y ese es un factor que podría dañar la ecuación del proyecto.

El futuro del acto legislativo quedaría en manos de la Corte Constitucional que deberá estudiar su constitucionalidad, un debate que será difícil, pues, como afirma el constitucionalista Rodrigo Uprimny, este proyecto afecta uno de los pilares de la Constitución: que toda persona tiene la posibilidad de resocializarse.

La cadena perpetua para violadores de niños viene moviéndose desde el 2007, que fue la primera vez que se radicó un proyecto para modificar el artículo 34 de la Constitución que prohíbe “las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”. 

Este intento no prosperó en el Congreso de ese entonces y desde ahí se ha vuelto a presentar otras ocho veces. Incluso se intentó cambiar este artículo de la Constitución por medio de un referendo que la Corte Constitucional hundió en el 2010, porque la ley que lo creaba tuvo vicios de trámite.

Este nuevo proyecto fue radicado el pasado 20 de julio y, por ser una reforma constitucional, sólo puede ser aprobado en una legislatura y en sesiones ordinarias; es decir, que, si no se aprueba antes del sábado 20 de junio, se hunde.

Consiste en quitar la prohibición de la cadena perpetua y que este castigo se le aplique los autores de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores de 14 años. 

Esta condena podría ser revisada después de 25 años, un asunto que ha molestado a algunos de los promotores del proyecto, como el senador cristiano John Milton Rodríguez, que lo considera un mico e, incluso, intentó meter una proposición para aumentar esta cifra a 40 años.

Los principales argumentos de sus promotores para aprobarlo son que los violadores no se resocializan y, por eso, deben permanecer en la cárcel; que los delitos contra los menores han aumentado en los últimos años; que esto sirve para disuadirlos; y que, aunque hay penas altas, no siempre las pagan completas.

Por otro lado, sus detractores, entre los que están congresistas de la oposición, académicos y expertos en política criminal, argumentan que subir las penas no previene los crímenes, que las penas ya son muy altas y, por ende, es mejor trabajar en reducir la impunidad, y que los criminales se pueden resocializar.

Así lo argumentó el constitucionalista Uprimny en esta columna.

Como contamos en nuestro cubrimiento en Twitter, el Consejo asesor del Gobierno en Política Criminal cambió, en 2019, su visión de la cadena perpetua. 

Esto se debe a que cuando llegó a la Presidencia Duque puso allí a ocho de sus 14 miembros

Hace nueve años, como contamos, ese Consejo, con Juan Manuel Santos, tomó una posición desfavorable a la cadena perpetua que se vio reflejada en sus conceptos. Fue una posición que adoptó ese Gobierno después de 2011, cuando una Comisión asesora en política criminal que evaluó muchos otros temas dijo que esta iniciativa, que cursaba en ese entonces en el Congreso, era irracional, altamente inconveniente e inconstitucional.

Ahora, conformado en su mayoría por aliados del Presidente, lo avaló.

Así como lo harán los congresistas que, si nada cambia y sin ser la aplanadora santista que tanto se destacó en el pasado Gobierno, podrían darle su primer gran triunfo en el Legislativo a un Iván Duque que cambió de opinión sobre la entrega de burocracia.

Jairo Yáñez se eligió Alcalde en Cúcuta siendo un empresario totalmente ajeno a la política, con el aval a última hora del partido Alianza Verde y el apoyo del excandidato presidencial Sergio Fajardo y del exalcalde independiente de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Esa fue su carta de presentación en campaña para alzar las banderas anticorrupción y hablar de derrotar a la clase política tradicional. 

Y en los seis meses que lleva como mandatario, ese ha sido su mayor logro: le quitó todo el poder al exalcalde Ramiro Suárez, quien estando preso en La Picota por haber participado en un homicidio mandaba en la Alcaldía hasta el año pasado. Además, dejó sin la tradicional participación burocrática a los concejales y parlamentarios de la región. 

Sin embargo, a la hora de gobernar, esa distancia que marcó con la mayoría de políticos, más su falta de experiencia en lo público, también ha sido su cruz. Aunque allí ningún político ha liderado una férrea oposición de frente en su contra, sí tiene encima a entes de control manejados por el ramirismo. Desde el día uno le han cobrado cada novatada, al punto de que ya tiene tres secretarios suspendidos. 

Con una ciudad con problemas graves de inseguridad e informalidad, el drama de la migración venezolana desbordado y el temor latente de que la pandemia del Covid haga estragos por estar en frontera con Venezuela, su gobierno hasta ahora ha estado marcado más por críticas que por logros. 

Su caso es un botón más para la muestra de la cuesta arriba que tienen los gobernantes alternativos para administrar por fuera de las prácticas tradicionales. 

La oposición de Ramiro, atacando

El poder que el condenado exalcalde Ramiro Suárez tenía sobre la Alcaldía de Cúcuta era inmenso. La mayoría de secretarios eran gente de su entera confianza, a través de la contratación aceitaba su maquinaria, y luego, aunque perdió la Alcaldía, su candidato quedó de segundo y sacó los votos que su grupo tenía calculados. 

Por eso, como al mismo Yáñez con su triunfo, la derrota cogió a Ramiro Suárez totalmente por sorpresa. Una fuente que tiene cómo saberlo nos contó que, luego de las elecciones de octubre, el político quedó tan golpeado que casi no salió de su celda en La Picota por más de un mes. 

Pero si bien Suárez perdió su fortín principal, su estructura sí quedó con espacios de poder como curules en el Concejo (puso directamente dos y ayudó a otros tantos) y participación burocrática en la Gobernación, que está en cabeza de su aliado Silvano Serrano.

Eso le permitió conseguir la tracción necesaria para mantener el poder en dos pequeños pero definitivos fortines: la Contraloría municipal, dirigida por Martha María Reyes, quien alcanzó a ser su precandidata a la Alcaldía el año pasado, y la Personería municipal, a cargo de Martín Herrera, un hombre de su entera confianza. Ambos claves en su forma de hacer política.

Si bien esos entes de control no tienen mucho presupuesto ni personal para mantener la burocracia que solía tener, sí le da dientes para apretar a la Administración de Yáñez. Esa estrategia ya la ha demostrado en el pasado.  

Tal y como contamos en La Silla, en medio de fracturas entre Suárez y su ahijado, el entonces alcalde César Rojas, la Personería que controlaba el ramirismo, anunció investigaciones justo en el momento en que el mandatario estaba reticente a adicionar el presupuesto de la Alcaldía. 

Ahora, en lo que va de Gobierno de Yáñez, la Personería le ha suspendido a cuatro secretarios de despacho; tres de esas sanciones quedaron en firme. 

La baja más sensible, tanto por el cargo como por los hechos, la tuvo a finales de abril: fue suspendida la secretaria de Salud, María Constanza Arteaga, investigada por irregularidades en un contrato de más de mil millones para comprar material de bioseguridad.

Salvo esa decisión, que ya la Procuraduría ratificó y que incluye denuncias por presuntos sobrecostos, cuatro políticos de la región consultados coincidieron en decirnos que las razones por las que fueron suspendidos los otros dos secretarios (uno porque no apostilló sus títulos en el extranjero y el otro porque tomó una decisión que era facultad directa del Alcalde) son producto de la falta de experiencia de Yáñez y su gabinete.

“El personero es de Ramiro, sí. Pero es que también han dado mucha papaya”, nos dijo una de esas fuentes que habló a cambio de no ser citado. 

La inexperiencia que la oposición capitaliza

Dos factores le han jugado en contra a Yáñez al interior de la Alcaldía. Siendo en su mayoría outsiders de la política, tanto él como su gabinete, llegaron a gobernar mientras aprenden cómo hacerlo y, además, cómo hacerlo distinto a sus antecesores, con quienes quieren marcar la mayor distancia posible. 

Eso, tal y como le sucedió a Rodolfo Hernández en Bucaramanga y al también independiente William Dau en Cartagena, y nos reconocieron dos funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta por aparte, trajo consigo que varios procesos de la Administración se frenaran mientras ellos construían sus propias maneras para hacerlo. 

Por ejemplo hubo demora en poner en marcha la contratación de personal, el relacionamiento con las comunidades o las estrategias para atacar la inseguridad e informalidad que allí reinan. 

Y en las últimas semanas su Administración ha sido muy criticada por los gremios porque decidió peatonalizar el centro de la ciudad sin socializarlo ni presentar estudios técnicos que sustenten el cierre de las vías. Si bien la medida busca prevenir la congestión en ese sector en tiempos de Coronavirus, también es uno de sus proyectos a largo plazo. Por la resistencia que le hicieron, ya tuvo que flexibilizar la medida. 

A eso se suma que, como Yáñez no llegó con un grupo político conformado, sus secretarios no se conocían y menos habían trabajado en equipo, por lo que ha habido roces entre ellos. 

Por ejemplo, la renuncia de la secretaría de Seguridad, María Fernanda Fuentes, según contó La Opinión, se dio en parte por diferencias con el secretario de Gobierno, Francisco Cuadros. 

Aunque al interior de la Alcaldía esos problemas no se han crecido como para generar una crisis administrativa, como sí por ejemplo le pasó a William Dau en Cartagena, sí le hacen mucho ruido a Yáñez en redes sociales. Sobre todo a través de los programas informativos que que tienen por su cuenta varios periodistas en la ciudad. 

Es precisamente en redes sociales, en donde nació la campaña de Yáñez, el sitio en el que se han crecido las críticas a su mandato. Y también donde se ha defendido. 

La respuesta del Alcalde

Hoy el diario La Opinión contó que el Alcalde presentó una queja disciplinaria contra el Personero a la Procuraduría Provincial, en la que argumenta que Herrera no puede estar en ese cargo porque su periodo ya terminó y el encargo tenía que asumirlo un subalterno suyo, no él mismo. Con esa movida, el Alcalde se va de frente contra él. 

Pero más allá de eso, a diferencia del tono con el que hizo campaña, en el que hablaba abiertamente contra el ramirismo y la clase política tradicional, como Alcalde Yáñez no se ha despachado públicamente en contra de su oposición. 

Tres fuentes de su Administración nos dijeron que la razón está en que en realidad ese no es su temperamento. “Es una persona más conciliadora que de cazar pelea”, dijo uno de ellas.. 

Por eso mismo, tal y como nos dijeron un concejal, un exdirigente muy poderoso y un congresista de la región, ningún político en ejercicio se le ha ido de frente. Incluso coincidieron en decirnos que tienen presente lo ocurrido entre Rodolfo Hernández  y la clase política de Bucaramanga. 

“Viendo lo mal que les fue a los políticos (de Bucaramanga) que se agarraron con Rodolfo, meterse a pelear con el viejito (como se refieren a Yáñez en Cúcuta, a veces despectivamente) podría ser un tiro en el pie”, nos dijo uno de ellos. 

Además, las decisiones de la Personería han sido lo suficientemente mediáticas. A ellas, Yáñez ha respondido vía redes sociales. 

La semana pasada, tras la más reciente suspensión de uno de sus secretarios, la Alcaldía publicó un comunicado en redes sociales en el que afirmó que la decisión está politizada. 

Solicitamos a las autoridades nacionales acompañamiento en estas decisiones que se dan en el plano local, donde a todas luces es evidente que detrás de ellas hay intereses políticos que, lastimosamente, terminan perjudicando el curso de las acciones en beneficio de la comunidad. pic.twitter.com/CyMQS6TTk4

— Jairo Yáñez (@ingjairoyanez) June 9, 2020

Ese mismo día, su secretario de Gobierno y excandidato a la Cámara por los verdes, Francisco Cuadros, dijo en su Twitter que el exalcalde Ramiro Suárez, quien está rindiendo declaraciones en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, lo había señalado como exmiembro paramilitar y lo denunció penalmente.

Ramiro Suarez es un criminal y su plan es sistemático contra esta administración. Contra mi tiene un montaje judicial con cartel de testigos buscando señalarme como exmiembro de paramilitares ¡nada más falto a la verdad! Mañana lo denunciaré y solicitaré exclusión de la JEP. https://t.co/OwAZgTNdQg

— Francisco Javier Cuadros (@CuadrosFJ) June 9, 2020

Ambos hechos generaron una ola de mensajes en favor del secretario y del Alcalde, entre políticos, como los congresistas verdes Juanita Goebertus, el senador Antonio Sanguino; la activista Catherine Juvinao y el excandidato presidencial Sergio Fajardo. 

Conozco a nuestro dirigente Verde y Secretario de Gobierno de Cúcuta @CuadrosFJ . Se de su integridad, su compromiso leal con La Paz y su contribución al cambio político en su región y el país! https://t.co/Y1SR8meH5C

— Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) June 9, 2020

Confío en que la @JEP_Colombia tendrá capacidad para develar el montaje de Ramiro Suárez en contra del Secretario de Gobierno de Cúcuta.

Es el perfecto escenario para demostrar que allí no prosperarán los carteles de falsas denuncias.

Conozco a Francisco y creo en él. https://t.co/9Wd7FqIxsf

— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 9, 2020

Totalmente de acuerdo con el mensaje de Catherine. En Cúcuta el tema es conoccido por todos. A Cúcuta hay que cuidarla https://t.co/qw9Gen4ALH

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 10, 2020

La estrategia sigue siendo el discurso

Más allá de las redes, Yáñez también ha tratado de acortar distancias con los comunales a través de su discurso de cambiar las prácticas políticas. 

Con ellos no arrancó con el pie derecho. En medio de la distancia que marcó con la clase política, también se alejó de esos líderes que son clave para la relación con la comunidad. 

En la pandemia la tensión se creció. Por un lado, porque, como en distintas zonas del país, ha habido trapos rojos pues los mercados que ha suministrado la Administración no son suficientes. 

Por otro, tal y como nos contó una fuente de la Alcaldía, a la hora de repartir las ayudas humanitarias, la Alcaldía coordinó directamente con los beneficiarios y los comunales se sintieron desconocidos. 

Ante eso, Yáñez ha intensificado su estrategia de visitar los barrios. Él y sus funcionarios están hablando directamente con ellos sobre su forma de concebir la política, tal y como nos contó uno de estos funcionarios.

“El mensaje es que la ciudad va a ganar por cara y sello. Si lo hacemos bien, tendremos una mejor ciudad. Si en el camino nos equivocamos, al menos pueden estar tranquilos de que por fin desaparecerá la impunidad. Es que así es como tiene que ser, un Alcalde que rinda cuentas, no un todopoderoso”, nos dijo. 

Desde hace unos días está circulando en redes una publicación del portal Tiempo Real titulada: “Colapsó la UCI y la morgue del Hospital San José con personas infectadas y fallecidas por covid-19”.

Como varios usuarios de Facebook calificaron la publicación como falsa y como ha tenido más de 7.800 vistas en las últimas 24 horas, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que la nota es cierta pero su titular es exagerado. 

El artículo de Tiempo Real recoge declaraciones de Óscar Ospina, secretario de salud de Popayán, y de César Sarria, gerente del Hospital Universitario San José.

Como reportó Tiempo Real, el fin de semana pasado la morgue del Hospital colapsó por nuevas muertes por el Covid-19.

El Secretario indicó que la situación de la capital del Cauca es alarmante por el aumento de contagios, el número de pacientes con Covid entubados y la falta de espacio en las neveras donde se guardan los cuerpos de fallecidos. 

“Los indicadores que tenemos son muy preocupantes, en los primeros siete días de junio tuvimos más casos que durante todo el mes de mayo, al pasar de 20 casos y solo en 7 días hubo 21, eso es una mala señal” indicó Ospina a ese portal.

Según el secretario de Salud, la semana del 8 al 12 de junio, hubo hasta 13 pacientes en la UCI del Hospital San José “muchos de ellos estuvieron intubados, lo que genera un mal indicador. Además, en las neveras donde se guardan a la personas fallecidas se saturaron por sospecha o confirmación de Covid-19”, dijo Ospina. 

Esa versión fue compartida por el gerente del Hospital San José, César Sarria. El médico indicó que el sábado pasado las cuatro neveras con personas fallecidas estaban copadas.

“No hay espacios para más fallecidos. Las familias se están demorando en recogerlos, además hay una dificultad mayor para las personas de los municipios de la costa pacífica. Ha sido complejo porque hay personas de escasos recursos porque sus sepelios deben ser asumidos por los municipios y no hay coordinación con las administraciones municipales”, dijo Sarria. 

El gerente del Hospital San José también indicó que aún hay dos camas UCI libres para Covid (son 15 en total), más 34 camas de cuidado intermedio en esa área. 

“No es que no tengamos dónde meter a la gente, lo que pasa es que sí es importante mostrar cómo los casos aumentaron con el levantamiento de la cuarentena estricta”, dijo.

Calificamos la nota de Tiempo Real como cierta pero indicamos que su titular es exagerado pues la morgue sí colapsó, pero no el área de camas UCI, aunque estaba casi a tope. 

El libro ‘The Room Where It Happened’ (La habitación donde sucedió), de Jhon R. Bolton, el ex Consejero de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos Donald Trump, no ha salido al mercado pues el gobierno de su país está tratando de bloquear su venta. Pero capítulos del mismo ya están circulando de mano en mano. La Silla Vacía tuvo acceso al capítulo “Venezuela Libre”, que en 39 páginas, cuenta el detrás de cámaras de las movidas de la Casa Blanca para apoyar y provocar la salida del dictador venezolano Nicolás Maduro durante 2019 y las apuestas de Trump en ese momento.

El capítulo muestra que mientras Iván Duque mantiene un discurso de cero comunicación con Maduro, en la Casa Blanca llevan un año buscando activamente una transición negociada con los militares para ese régimen. También que desconfían de Juan Guaidó, el presidente interino alrededor de quien el gobierno colombiano ha centrado su política frente al vecino país. 

Estos son las once revelaciones principales de ese capítulo, cuyos fragmentos La Silla Vacía traduce y transcribe de manera literal: