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Ya sin cuarentena, Claudia López cumplió anuncios en ayudas, pero no en UCI y pruebas

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En continuación con nuestra serie ‘Coronavirus: del dicho al hecho’, revisamos la gestión de la Alcaldía de Bogotá en tres de los asuntos que, según los expertos, son más relevantes en la atención de la pandemia del covid: el alistamiento de las Unidades de Cuidado Intensivo, la realización masiva de pruebas y los alivios para la gente que se tuvo que encerrar.

Ya sin cuarentena en la práctica (esta semana el presidente Iván Duque la extendió hasta el 15 de julio, pero con tantos sectores abiertos en realidad está casi todo el mundo en la calle), la conclusión es que la alcaldesa Claudia López cumplió los anuncios que hizo en el tema de ayudas, pero no alcanzó a hacerlo en UCI ni en pruebas.

Las razones son complejas y pasan por la dificultad de conseguir ventiladores para las UCI y reactivos para las pruebas en el mercado internacional, por compromisos que adquirió con la capital el Gobierno Nacional y porque al inicio de la cuarentena la mandataria se fijó metas con fechas difíciles de cumplir. 

Este es el dicho, el hecho y el trecho de lo que ha pasado:

1.UCI

El dicho

Al principio de la pandemia, Claudia López dijo que Bogotá, con 7,5 millones de habitantes, necesitaría cuatro mil UCI –vitales para los contagiados que se agravan– para enfrentar la crisis en mayo. Para ese momento, la capital contaba con mil unidades para todos los pacientes. Entonces, dispusieron 300 solo para los que padecieran covid–19 y las demás para personas con otro tipo de enfermedades. 

Días después, el Gobierno distrital bajó la meta a la mitad de UCI (o sea, dos mil) para el 25 de junio, que fue ayer.

La explicación del secretario de Salud, Alejandro Gómez, para ese cambio fue que en un principio las proyecciones de muertes y contagios eran alarmantes. Pero con el pasar de los días, éstas mostraban que si se permanecía en confinamiento y se tomaban otras medidas, como el distanciamiento social y el uso de tapabocas, no serían necesarias tantas camas y optaron por esa opción.

El hecho

Pese a que redujeron la meta, para el 19 de junio Bogotá solo había llegado a 771 camas de dos mil después de 90 días de confinamiento. La razón que dio la mandataria fue que el presidente Iván Duque no cumplió el compromiso que había adquirido de darle el 70 por ciento de los ventiladores necesarios para extender las UCI. Eso eran aproximadamente mil ventiladores y hasta la fecha no se los habían dado. 

El 20 de junio, el Ministerio de Salud le entregó 130 ventiladores a Bogotá. Con esto se espera que se llegue este fin de semana a 901 camas instaladas . Se trató de un salvavidas que evitó que por unos días se llegara al 70 por ciento de ocupación y los bogotanos tuvieran que volver a cuarentena extrema esta semana, como lo ha advertido la Alcaldesa. En ese momento la ciudad ya había alcanzado casi el 69 por ciento de ocupación. Sin embargo, hoy la ciudad amanece con 24.636 casos confirmados, 541 fallecidos y una ocupación de UCI de 69,6 por ciento.

El trecho

Es cierto que el Ministerio de Salud se había comprometido a entregar a Bogotá mil ventiladores, pero la idea planteada era hacerlo entre junio y agosto. Es decir, no necesariamente en junio, cuando se cumplía la fecha del anuncio de López. 

De todas formas, el Gobierno Nacional sí le bajó a la promesa a la capital: pasó de decir que entregaría mil ventiladores a 425, como consta en un compromiso que quedó por escrito el fin de semana pasado. 

“Quiero resaltar que el ministro ha tenido toda la voluntad para hacer la entrega de los ventiladores. El problema es que importarlos es difícil. Esperamos que más adelante nos puedan entregar la cifra inicial de ventiladores”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Por ahora, no se sabe para cuándo podrían estar las 804 camas faltantes ni quién las pondría de aquí a agosto, que es cuando estaríamos en el pico. 

Es cierto que Estados Unidos cerró la exportación de ventiladores y además compró la provisión que ofrecía Corea. Otros países que los hacían como Alemania y Holanda también cerraron la venta de estas máquinas. De hecho, la revista Journal of the American Medical Association publicó un artículo en el que muestra que no solo Colombia, sino otros países de América Latina han tenido problemas para acceder a este producto y otros elementos médicos porque 70 países suspendieron la exportación de estos para afrontar la pandemia. Además, no es tan sencillo conseguir al personal médico preparado para operar las UCI.  

Esa complejidad, sin embargo, no apacigua las críticas que la situación ha generado. El centro de estudios económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras Anif publicó a principios de junio un informe en el que decía que Bogotá no había aprovechado el tiempo de cuarentena y que, en comparación con otras ciudades capitales, estaba rezagada, pues tenía 15 camas UCI por cada 100 mil habitantes, mientras que Cali, Bucaramanga y Barranquilla superaban esa cifra.

En lo político, el senador y opositor de la Alcaldía, Gustavo Petro, por ejemplo, ha dicho que la encargada de conseguir esos ventiladores era la Administración distrital, un asunto que es parcialmente cierto (Bogotá iba a ampliar capacidad, pero la importación está en cabeza del Gobierno Nacional).

Y en el Concejo, desde diferentes sectores, aseguran que la Alcaldía se apresuró al hacer la promesa de obtener primero cuatro mil y luego dos mil UCI.

En la corporación, concejales de distintas orillas como Carlos Fernando Galán (del movimiento Bogotá para la Gente), la verde Lucía Bastidas, Carlos Carrillo del Polo y el uribista Andrés Forero le critican a la Alcaldesa el haber responsabilizado al Gobierno por el incumpliento de su anuncio.

2.Pruebas

El dicho

Durante una entrevista con Yamid Amat, pero también en algunas de sus ruedas de prensa, la Alcaldesa dijo el 31 de marzo que para cuando terminara la cuarentena era necesario haber hecho 225 mil pruebas. En el momento en que lo dijo, Bogotá apenas había hecho 25 mil en total y practicaba cerca de 300 pruebas al día.

El hecho

A corte del 23 de junio, la ciudad ha hecho 190.911 pruebas, de las cuales 111.112 (58 por ciento) las ha hecho la red privada y 79.799 (41 por ciento), la red pública. Aunque se está muy cerca de la meta, es otro de los anuncios que no se ha cumplido, teniendo en cuenta que la misma Alcaldesa ha reconocido que la cuarentena ya no existe.

El trecho

Bogotá pasó de hacer 300 pruebas al día a 6.500, que está haciendo hoy, y que es la capacidad instalada que tiene la ciudad. Tres mil testeos los hacen el laboratorio distrital y seis universidades. Las restantes las realiza la red privada. La ciudad, además, hace casi el 50 por ciento de las pruebas del total de las que se hacen en el país. 

Es decir, pese a que la ciudad no está exactamente en lo que prometió la mandataria, los datos sí son destacables.

El tema es complejo porque conseguir las pruebas, además, no fue sencillo. Primero fue necesario importarlas en un mercado en que muchos países estaban y siguen en lo mismo (al igual que ocurre con los ventiladores). Después hubo unas demoras para conseguir los reactivos que generaban los resultados. También, había que tener personal capacitado en procesar pruebas moleculares. Todo eso tomó un tiempo. 

Hoy se están haciendo testeos por sectores, como con los trabajadores de abastos, del servicio de transporte, de la Policía y de centros comerciales. Y ha sido posible crear las zonas de cuidado según los brotes, en zonas como Kennedy, Suba, Fontibón, Engativá y Chapinero, donde se hacen pruebas masivas. Uno de los retos ahora es seguir haciendo más exámenes, pues la ciudad sigue estando nueve días por detrás del virus y en el mundo ideal debería ir más adelante de la pandemia. Es decir, llegar a hacer testeos antes de que se presenten los brotes para tener mayor control sobre la propagación del virus.

3.Ayudas

El dicho

El 31 de marzo, la Alcaldesa de Bogotá prometió que durante la cuarentena nadie se iba a quedar sin techo ni comida. La meta que se puso fue muy ambiciosa. Dijo que la primera semana de abril llegarían a 350 mil familias pobres con bonos, mercados o transferencias bancarias, y para finales de ese mes otras 150 mil familias vulnerables habrían recibido ayudas.

El hecho

Una vez más, el problema de la mandataria fue un desfase en el tiempo. Para el 16 de abril, el Distrito había llegado a 262 mil de las 350 mil familias a las que prometió alivios para entonces. 

Aunque se trataba de una cifra importante, considerando el poco tiempo que pasó, otras miles de personas no habían recibido nada después de casi 20 días de confinamiento. Eso generó varias protestas en la capital. Una de las más notorias fue la de Ciudad Bolívar, donde muchas personas pusieron trapos rojos en señal de hambre y también salieron a las calles para manifestar su inconformidad. 

En mayo, la Alcaldía había entregado 336.884 transferencias y 187.954 mercados. Es importante aclarar que algunos recibieron mercado y transferencia, entonces no se lograba la meta porque en ocasiones se entregaban dos ayudas a un mismo hogar.  

Con todo, luego de estos tres meses de cuarentena, la Administración logró llegar a 540.270 familias a través de transferencias bancarias, superando la meta inicial. De hecho, ya han dado un segundo ciclo de ayudas y prometen dar un tercero. 

Además, se logró incluir en el Plan de Desarrollo un ingreso mínimo para las familias más vulnerables. Según explicó a La Silla Vacía el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, el ingreso será alrededor de 400 mil pesos. El valor puede variar dependiendo de la necesidad del hogar.   

El trecho

La secretaria de Integración, Xinia Navarro, dijo a La Silla Vacía que hubo varios inconvenientes para llegar con los mercados en los tiempos que se esperaba. Uno fue que no había una base de datos consolidada de las familias necesitadas y había personas por fuera de los listados del Sisbén que también requerían alivios, y eso solo se lograba yendo a los territorios a buscar a la gente. 

Después de identificar los 413 barrios a los que irían, el problema no era conseguir los mercados o el dinero, sino la logística, tal como lo contamos en La Silla Vacía. En una semana lograban llegar a dos localidades. Y era necesario llenar unas bases de datos para que en una próxima oportunidad fuera más sencillo el procedimiento. 

Claudia López también dijo que otro factor que influyó en las demoras fue que había que bancarizar a las personas, cosa que no era fácil. En el país había habido un escándalo porque algunos bancos habían cobrado entre 15 mil y  20 mil pesos a las personas que sacaban su dinero sin tener una cuenta. Las entidades explicaron en su momento que no querían cobrarlos y que los iban a devolver, sino que el sistema ya funcionaba automáticamente de ese modo y tenían que adaptarlo. Mientras solucionaban el lío tecnológico, los días corrían y la gente seguía esperando. 

La Alcaldesa también dijo que se retrasaron porque la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía habían pedido frenar Ingreso Solidario, el programa de entrega de ayudas del Gobierno Nacional, del que hace parte Bogotá solidaria, por posibles hechos de corrupción que se venían presentando. 

Sin embargo, día siguiente los entes de control la desmintieron y aseguraron a través de un comunicado de prensa que “los órganos de control no han dado orden a la alcaldesa de Bogotá de suspender los giros correspondientes al subsidio denominado Ingreso Solidario”. 

Otra de las críticas que hubo a las entregas de ayudas fue el hecho de que llegaran mensajes personalizados a los ciudadanos en los que decía “Hola. Soy Claudia López. Usted es beneficiario de una transferencia bancaria...”. 

El concejal del Polo, Carlos Carrillo, dijo a La Silla que la mandataria “fue muy hábil cuando en los primeros días de la crisis decidió apropiarse de todas las ayudas, incluidas las del Gobierno Nacional (en referencia a que Bogotá Solidaria incluye beneficios de la Nación). Es un acto de maniobras política impresentable. Eso es exactamente lo mismo que si hubiera repartido personalmente un mercado”, declaró. 

La Alcaldesa explicó en el momento de las críticas que, en un principio, no se había pensado incluir su nombre en el mensaje, pero se habían dado cuenta de que la gente no creía que fuera verdad lo de la transferencia y, de hecho, aún hoy hay muchas familias que no la han reclamado porque desconocen que la tienen.

En ese proceso, el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó a través de sus redes sociales que le preocupaba que el 20 de abril la alcaldesa dijo que se habían entregado 1.808.990 ayudas alimentarias, pero que no aclaró que eso incluía mercados, apoyo alimentario, refrigerios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otras. Que era importante destacar que antes de cuarentena se entregaban diariamente más de 700 mil refrigerios PAE. Xinia Navarro, la secretaria de Integración, respondió que quizá hubo una confusión, pero que en la página de Bogotá Solidaria siempre estuvieron desagregadas las ayudas. 

Por ahora, se han llevado 50 milmercados a las zonas de cuidado especial y se seguirán entregando más en los próximos días. Se hará un tercer giro bancario y se espera que en lo que resta del año el programa de ingreso mínimo llegue a 800 mil familias.

 
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Manejo a crisis por versiones de acoso evidencia que prioridad de Quintero es su figura

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Después de venir andando sobre la miel por su manejo a la crisis del coronavirus, con una gestión reconocida no sólo en Colombia, sino también en medios como The Washington Post, al alcalde de Medellín Daniel Quintero le reventó uno de los escándalos menos tolerados por la sociedad hoy: le salieron unas denuncias por presunto acoso y abuso sexual.

El asunto, que se conoció el pasado martes 16 de junio, se agravó aún más cuando se supo que la Alcaldía se demoró en dar respuesta a los periodistas que hicieron la investigación, de alguna manera entorpeciendo su trabajo; y que una de las estrategias de comunicación en medio del escándalo fue apostarle a exaltar la figura de Quintero como padre, ofreciendo pauta publicitaria condicionada a Caracol Radio, como reveló La W.

Más allá de eso, el manejo que el mandatario y sus funcionarios le han dado a la crisis deja al descubierto que una de las prioridades de Quintero en el ejercicio del poder es resaltar su figura, sobre todo en redes sociales, y controlar todo el tiempo los mensajes que manda la Administración. 

Esto último no sólo con los medios, sino también entre sus funcionarios, algunos de los cuales han salido en medio de versiones de que no fueron lo suficientemente leales con él en redes. 

Entrevistamos a 26 fuentes dateadas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía, concejales, políticos cercanos, opositores de Quintero, académicos y técnicos que han trabajado con él; para constatar cómo es el poder por dentro de su Gobierno.

Menos pauta y más marketing digital

Mantener control sobre la pandemia del covid estos tres meses que lleva esa crisis, hizo que Medellín fuera reconocida hasta por diarios gringos como The Washington Post como “la ciudad pionera sorpresa” en el manejo del coronavirus, como dice un artículo del pasado 13 de junio.

Con la tecnología como llave mágica de ese éxito, como lo contamos, Quintero ocupó de manera positiva titulares aquí y en el extranjero.

Eso cambió la semana pasada, cuando apareció la primera versión de acoso en una cuenta de Twitter de una mujer que decía que en 2016, cuando era Viceministro de las TIC, el hoy mandatario supuestamente se había masturbado frente a ella sin su consentimiento. A eso se sumó la publicación de otra mujer en Instagram que aseguró que ella también había sido acosada por Quintero en un bar de Medellín en el que era mesera por esa misma época.

Las mujeres decidieron no avanzar con sus denuncias, la primera borró los trinos y cerró la cuenta y la segunda cambió de pública a privada su cuenta de Instagram, pero periodistas de La W y Blu Radio aseguraron que confirmaron que no se trataba de cuentas falsas y hablaron con las presuntas víctimas, quienes tomaron la decisión de no avanzar en las declaraciones por miedo.

El Alcalde se pronunció al respecto por primera vez a través de su Twitter el sábado, la noche antes de que Las Igualadas, un espacio de opinión del diario El Espectador, publicara la historia. Sin referirse explícitamente al asunto, Quintero trinó que “ataques desde cuentas falsas no son contra mí sino contra la honra de mis tres mujeres (esposa y dos hijas)”, y que venían de personas que “quieren vernos caer”. 

El periodista de la ciudad Juan David Ortiz contó, además, que el Alcalde había llamado ese día a Fidel Cano, director del diario y, entre otras cosas, le dijo que había decidido dejar todo en manos de su abogada y que tenían libertad de publicar, pero podían “ser sujetos de acciones legales” si dañaban su reputación.

En medio del escándalo, Telemedellín, el canal público al que la Alcaldía le delegó la función de contratar la pauta, le ofreció a Caracol Radio una por cinco millones de pesos a cambio de hacerle dos entrevistas al Alcalde direccionadas, pero “naturales” (como dijo La W), sobre su paternidad. Eso pasó justo el día en que Ias periodistas Isabel Escobar y Johana Fuentes pensaban publicar la investigación sobre las denuncias. 

Al tiempo, la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía decidió no responder a los más de cinco periodistas que pidieron declaraciones oficiales (de hecho, tampoco le contestaron a La Silla Vacía para esta historia). 

Y la Alcaldía publicó un video con material de archivo de Quintero y una narración que lo exalta como esposo y papá, por motivo del Día del Padre; y otra nota con el mismo tema y el mismo material se publicó en las redes del noticiero Hora 13, que es un espacio privado dentro del canal público Teleantioquia, en el que la Alcaldía de Quintero pauta. 

Hoy en la mañana Quintero retomó el tema, pero no para responder, sino para retuitear un artículo de Semana en el que citan a la docente y escritora Carolina Sanín diciendo que “hacer una columna por un tuit es muy de otro nivel y es de un grado de irresponsabilidad bastante nefasto", refiriéndose al artículo de Las Igualadas.

La reacción del Alcalde y su equipo de comunicaciones no solo mostró que el mandatario optó por una conversación virtual unilateral, sin cuestionamientos; sino que también dejó en evidencia una estrategia que le apunta a resaltar la figura de Quintero y a intentar controlar lo que se dice, y lo que no, sobre él en medios de comunicación y redes sociales. 

Uno de los recursos a los que acude Quintero para lograr eso es el uso sofisticado y avanzado de las redes sociales, que él mismo ha sabido capitalizar a lo largo de su carrera como activista y político, y que fue clave en su campaña para ganar la Alcaldía (como contamos en este perfil). 

En su defensa por las críticas de querer pagar pauta condicionada, el mismo Quintero reveló que por decisión de él la Alcaldía no pauta hace diez días en medios nacionales y ha gastado en publicidad una sexta parte de lo que gastó la anterior Administración en el mismo periodo; pero sí está pagando por otras estrategias más modernas, por decirlo así.

Estrategias como el contrato que el pasado 2 de abril firmó Telemedellín con una empresa llamada Selecta Consulting Group por casi 90 millones de pesos para que, entre otras cosas, analice las conversaciones en redes sociales y el comportamiento de perfiles específicos en esas redes para medir su impacto social y político. El contrato no especifica cuáles cuentas están midiendo. 

También, la promoción con recursos de la Alcaldía a ciertas publicaciones en Twitter, como el video de la Secretaría de Seguridad en el que la Policía desmiente las acusaciones que hicieron en contra de la entidad de presuntas violaciones sexuales a mujeres capturadas en las protestas del 15 de junio.

Y un “plan de salvamento”, como lo llamó la Administración, a medios comunitarios de la ciudad, propuesto por la Secretaría de Comunicaciones para ayudarlos con plata a cambio de pauta, con el requisito adicional de que estos compartan y le den like a publicaciones del Alcalde, como también se puso de manifiesto en la entrevista de la W.

No es la única movida, distinta a la pauta, a la que le ha apostado Quintero con los medios.

En las últimas horas se conoció la de ofrecer a medios locales publicar contenido de la Alcaldía pasándolo como noticia y no especificando que se trata pauta, como lo aseguró ayer el portal Vivir en el Poblado sobre una propuesta que recibió de parte de Telemedellín en mayo.  

Detrás de esa estrategia está la Secretaría de Comunicaciones, que es la que le da la directriz a Telemedellín para contratar pauta o buscar free press. La dirige Juan José Aux, un joven politólogo que cubrió las elecciones como periodista de El Colombiano el año pasado y renunció para asumir el cargo al lado de Quintero. 

Aparte de Aux, hay otros asesores clave para Quintero en este tema: su asesor de despacho Juan Carlos Upegui, uno de los hombres que más le habla al oído al mandatario, pues además de ser el primo de la primera dama, Diana Osorio, lo acompaña desde que fundaron el Partido del Tomate. Y Felipe Morales, quien llegó hace una semana luego de renunciar a El Colombiano donde fue macroeditor de Actualidad durante tres años. 

Pero más allá de ellos, Quintero es el que lidera su propia estrategia. “Es muy buen comunicador, escucha a mucha gente pero la última decisión la toma él, incluso sin avisarle a nadie”, nos contó por fuera de micrófonos un funcionario que lo ha visto de cerca.

Han sido ideas propias las de los trinos en los que tilda las protestas ciudadanas e investigaciones periodísticas que no le favorecen como “mezquindad” o ataques para que a él le vaya mal

O de “activismo", según nos dijo la periodista Isabel Escobar, como el mismo Alcalde ha tildado su trabajo de los últimos meses.

Frente a eso, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó que Quintero presione o estigmatice a los periodistas que investigan su Administración y alertó sobre ingresos no autorizado a cuentas de Twitter de tres periodistas que han escrito sobre él en la última semana. 

“Él no suelta su celular, es un enfermo del Twitter, él se mete en todas las redes, en Facebook, Youtube, Instagram. Él es un científico de los datos y los analiza a diario, todo el tiempo”, nos detalló sobre Quintero el consultor Jhon Álvarez, mano derecha del expresidente liberal César Gaviria, quien conoce al Alcalde por la relación que éste ha tenido con los Gaviria hace años. 

Justamente, el éxito que ha logrado Quintero en estos meses se lo atribuye a esa estrategia: “Un Alcalde que lo ha hecho bien, que es referente en el mundo, ni siquiera en América Latina, porque ha manejado la pandemia bien, gracias entre otras a que maneja bien las comunicaciones, gracias al poder de las redes sociales”, dijo en entrevista a la W Radio el pasado miércoles.

Otro asunto que evidencia la gran importancia que le da el Alcalde a los mensajes es lo que ha pasado con parte de su gabinete.

Por ejemplo con el hecho de que la Administración haya decidido no darles contratos a dos técnicas a las que se le habían prometido sus vinculaciones, según ellas mismas le dijeron a La Silla Vacía, luego de que criticaron en redes sociales algunas acciones de Quintero. (La Alcaldía no quiso hablar para esta historia, así que no pudimos incluir su versión). 

O que el Alcalde haya asegurado en Blu Radio el 20 de mayo que estaba muy contento con todos sus secretarios y no pensaba hacer cambios en él, y al día siguiente haya salido la secretaria de Desarrollo Económico, Paola Vargas. 

Retomando lo de su manejo a la crisis por las versiones de acoso, en la entrevista con La W del miércoles, el Alcalde dijo que no despediría a nadie y que asumía la responsabilidad por lo del ofrecimiento de la pauta condicionada a Caracol, porque, aunque cree que el free press es "maravilloso", dice que no está de acuerdo con usarlo para asuntos personales como su paternidad.

“Yo cuido a mi gente, quiero a mi gente, tengo un buen equipo, es un equipo de gente muy joven, sí, pero aquí todos estamos aprendiendo”, argumentó en la emisora. 

Sin embargo, los cambios que ha habido en su gabinete muestran que, más allá, y como es entendible, Quintero sí busca garantizar una total alineación con sus propósitos.

Uno de los principales tiene que ver precisamente con comunicar y con la información: su bandera de la tecnología. 

Quintero le ha inyectado su dosis de TIC a los proyectos más importantes de la ciudad y con eso pretende resolver los problemas gordos: el desempleo, la delincuencia, la movilidad, la educación y la desigualdad social. 

Hasta los problemas de violencia contra las mujeres. Según nos contó una fuente que hace parte de organizaciones de mujeres, en un consejo de seguridad extraordinario hace una semana, el Alcalde propuso, más como idea suelta que como proyecto estructurado, poner cámaras con sensores en el río para evitar que sigan tirando cuerpos de mujeres allí. 

“No es mala voluntad, sino un asunto de que no acaba de entender las problemáticas y creer que todo lo puede solucionar con tecnología”, nos dijo esa experta.  

Esa ha sido la bandera de siempre de Quintero y con ella pretende, en pocas palabras, cambiar el modelo económico de toda una ciudad alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación, encaminar a Medellín a convertirse en un “Valle del Software” (en esta historia le contamos de qué se trata).

“Tal vez no hemos caído en la cuenta de que tenemos el primer alcalde millennial”, nos dijo un político conservador y amigo de Quintero, para referirse no solo a su edad, sino a ese romance entre el Alcalde y el mundo digital. 

Todo eso lo quiere lograr con un gabinete que muestra la otra impronta de Quintero en el ejercicio de su poder: su capacidad de moverse como pez en el agua entre la política tradicional y lo alternativo.

Aquí y allá

Quintero se vendió en campaña como un alternativo, y aunque sí era la alternativa al uribismo, en la realidad él se mueve entre eso y la política tradicional.

Así lo evidencia su candidatura al Concejo de Medellín por el Partido Conservador en 2007, que haya estado en el Gobierno de Juan Manuel Santos en representación de la casa Gaviria, o que su salida de la campaña de Humberto de la Calle haya tenido que ver con prácticas que no le cayeron bien a ese equipo (precisamente su estrategia política y el manejo de datos de los contradictores de De la Calle).

El gabinete de Quintero es una mezcla entre amigos jóvenes que lo acompañan desde hace años; políticos tradicionales que conoce desde hace tiempo o le ayudaron en campaña; y técnicos de renombre a los que invitó a hacer parte. 

Aparte de su esposa Diana Osorio, a quien Quintero consulta muchas de las decisiones de la Alcaldía, hay un primer círculo de poder y son los que más le hablan al oído. 

Allí está Juan Carlos Upegui, su estratega político, y Santiago Bedoya, un politólogo de 25 años que aunque entró al círculo del Alcalde apenas hace dos años, fue clave en la construcción de su plan de Gobierno y en el Plan de Desarrollo. 

“Ellos interpretan muy bien el lenguaje y el querer de Daniel al momento de tomar decisiones”, nos dijo el director de Planeación Jorge Mejía, quien estuvo en contacto a diario con ellos para armar el Plan final.

Esteban Restrepo es su secretario de Gobierno, goza de la total confianza de Quintero, y manda en el gabinete; también lo acompañan Juan Pablo Ramírez, de Participación Ciudadana; Camila Villamizar, la secretaria privada; Andrée Uribe, la secretaria de Salud, con quien está en contacto a diario por la pandemia, y además tiene la condición de ser pareja de su mano derecha: Esteban Restrepo; y Sebastián González, el subsecretario de Tecnología y hermano de Diego González, amigo universitario de Quintero y actual director de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Todos ellos tienen en común ser jóvenes y de las entrañas de Quintero, porque lo han acompañado en diferentes trabajos y campañas, y son de toda su confianza. 

Pero Quintero también telefonea y se asesora de otros políticos, menos alternativos, que no están nombrados en la Alcaldía.

Por ejemplo, según nos contó Álvarez, el consultor de César Gaviria, el mandatario llama a ese expresidente de Colombia una o dos veces por semana, “le dice: voy a hacer esto, usted qué piensa, cómo ve esto otro. Le ha pedido agenda”.

Otro político externo clave para Quintero es Carlos Mario Montoya, un conservador que estuvo en su campaña y en la del detenido gobernador Aníbal Gaviria; y a quien el Alcalde le consulta temas de salud (porque es médico) y temas políticos, como la tradición de ciertos sectores y las movidas de las bancadas en el Concejo.

En su gabinete consintió a los liberales; a Óscar Hurtado lo nombró como secretario de Hacienda, un liberal de vieja data y de la casa política del gobernador Gaviria; a Jorge Mejía lo puso en la dirección de Planeación, él es del equipo del concejal liberal Fabio Rivera; y al exconcejal rojo Carlos Mario ‘el flaco’ Mejía, lo nombró director de la Terminal de Transportes de Medellín. 

Al Partido Conservador, en el que inició su carrera política, también le ha dado espacio. Natalia Urrego, secretaria de Infraestructura, es la cuñada del exalcalde godo de Itagüí León Mario Bedoya; Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico, es del grupo de Gabriel Jaime Rico; Juan David Palacio, director del Área Metropolitana, también es de tradición conservadora y cercano al hermano del Alcalde, el exconcejal Miguel Quintero; y Álvaro Rendón, gerente de EPM, ha sido secretario general de ese partido.

Todos ellos lo apoyaron de frente en campaña y algunos, como Rendón, lo conocen desde hace años: “Fue quien lanzó a Quintero al Concejo por primera vez por el Partido Conservador y le enseñó mucho en sus primeros años dentro de la política”, nos dijo un concejal que los conoce de cerca. 

Además, Quintero ha demostrado saberse mover y armar coalición en el Concejo, en donde hasta ahora solo dos de 21 concejales le están haciendo oposición a su gestión: el uribista Alfredo Ramos y el verde Daniel Duque. 

Desde el inicio de la Alcaldía, el Concejo armó una coalición en la que solo quedó por fuera la bancada del Centro Democrático; pero luego hasta los uribistas, a excepción de Ramos, han estado cercanos al Alcalde. 

“Quince días después de iniciar el Concejo, en enero, hubo una reunión de bancada y una gran mayoría de los concejales querían hacer parte de la coalición de Quintero”, nos dijo un uribista que conoce las movidas del partido en la ciudad. 

Eso en parte porque algunos de ellos ya tenían cercanía con el mandatario. Por ejemplo Albert Corredor, del Centro Democrático, trabajó como su asesor en el Viceministerio de las TIC y luego en la campaña de Humberto de la Calle. O Lina García, del mismo partido, fue la directora de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) del exgobernador Luis Pérez, quien es cercano a Daniel Quintero y a su hermano Miguel, también exfuncionario de Pérez. 

Esa cercanía, según esa fuente uribista, ha generado que el Alcalde mantenga a funcionarios que venían de la Administración de Federico Gutiérrez, que gobernó con ese partido, o que los concejales puedan recomendar a sus conocidos para completar nóminas de contratistas en distintas dependencias.  

Mejor dicho, Daniel Quintero ha sabido jugar con burocracia con las reglas de la política tradicional.

Pero la cuota más directa e importante que hasta ahora ha dado es la Secretaría de Inclusión Social, la cuarta con más presupuesto dentro del municipio. En su dirección está Mónica Gómez, del equipo de Luis Bernardo Vélez, exsecretario de esa misma dependencia y actual concejal del movimiento Independientes con el que ganó el Alcalde. 

Además de tener a Gómez allí, la mayoría de propuestas, programas y proyectos en temas de inversión social de esa Secretaría son ideas de Vélez, quien se bajó de su aspiración a la Alcaldía para aliarse con Quintero en campaña y encabezar su lista al Concejo. 

Quintero también ha dado espacio a no tradicionales, como a Jairo Herrán, expersonero de Medellín, excandidato a la Alcaldía de Colombia Humana en la campaña pasada y recién nombrado como director del Museo Casa de la Memoria, tras la salida de la académica Cathalina Sánchez que venía de la Administración pasada.

Sánchez hacía parte de los técnicos sin recorrido político a los que Quintero nombró y hoy siguen; como Lina Gaviria en Cultura, que es una bailarina de renombre y organizadora del Festival Internacional de Danza Contemporánea Medellín-Bogotá;  y Carlos Cadena, un ambientalista y académico reconocido en la ciudad. 

Con todas estas personas, y con una apuesta de frente por figurar en medios y redes sociales como un alcalde estrella, Quintero llega a sus primeros seis meses entre las mieles por su gestión frente a la pandemia y un escándalo cuya magnitud y efectos aún están por verse.

Mariana White Londoño
Daniel Quintero Calle

Daniel Quintero Calle

Alcalde electo de Medellín

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El futuro que se construye con cada bocado

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En los últimos días, en forma de luz y cédula, llegó finalmente el Estado a la casa de Nubia Gaona y sus hijos Jeimer y Arley David, los campesinos de Chipaque, Cundinamarca, que convertidos en famosos youtubers, han acercado el campo al medio millón de colombianos en las ciudades que ahora los siguen en la red social.

Ellos han abierto una ventana a las condiciones de la vida rural en Colombia, pero aún más importante, han puesto en evidencia el potencial que tenemos los consumidores de transformar las relaciones inequitativas que han mantenido al campo empobrecido por años.

Historias como las de Nubia e hijos, que se convirtieron en celebridad en las redes sociales con su oferta de kits para sembrar comida en casa o la iniciativa “del páramo a su mesa” de campesinos de Pisba, que también venden su papa y hortalizas por Whatsapp, han comenzado a crear una nueva conciencia sobre nuestro vínculo con la agricultura, el sector que más contribuyó al crecimiento económico con un 6 por ciento durante el primer trimestre.

“Indudablemente el campo le cumplió al país en materia de seguridad alimentaria.”

Jorge Bedoya. Presidente de la SAC

Durante estos meses de cuarentena, muchos colombianos han demostrado no solo que sí se puede comprar alimentos directamente a productores, sino también que ésto tiene efectos positivos para las comunidades campesinas y para el mismo consumidor que se entera de dónde viene su comida.

Compras directas a campesinos. ¿Hay futuro?

No es una muestra representativa ni hecha de manera profesional, pero da una idea de la nueva tendencia: hicimos una encuesta en las redes sociales de La Silla Vacía y encontramos que de 1060 usuarios que la respondieron, el 40 por ciento dijo haber realizado compras directas a campesinos durante la cuarentena, mientras que el 60 por ciento continuó adquiriendo sus productos de manera normal en supermercados y tiendas.

No hay un cambio radical, pero al menos se ve el interés que se ha generado durante la pandemia en el consumo directo.

Las compras directas a productores campesinos se han ido abriendo espacio en los últimos años y hoy en día existen varias iniciativas en el país.

Crepes and Waffles, la cadena colombiana de restaurantes, es una de ellas. Inició un proyecto de comercialización directa hace seis años con asociaciones campesinas de Montes de María. Hoy en día, como lo cuenta Felipe Macía, su director de Sostenibilidad, trabajan con 580 familias a quienes les compran directamente fríjol y miel que ponen en la barra de ensaladas de sus restaurantes.

Macía dice que Crepes les compra entre un 20 y un 60 por ciento más alto que el mercado con el ánimo de que las comunidades campesinas tengan un estímulo para proteger el bosque seco en su región. A su vez, los clientes del restaurante tienen la oportunidad de disfrutar de fríjoles y miel proveniente de los Montes de María y por cada plato que consumen Crepes se ha comprometido a sembrar un árbol.

“Ya sembramos 18 mil y esperamos que en 2021 cumplamos la meta”, dice Macía.

“Les aseguramos la compra a los campesinos porque es constante, un aumento en sus ingresos, garantizamos que haya una relación directa entre el productor y el comprador final, sin intermediarios y garantizamos la conservación del medio ambiente”

Felipe Macía. Director de Sostenibilidad de Crepes & Waffles

Aunque la pandemia y la cuarentena han visibilizado y conectado a consumidores con productores, todavía siguen siendo pocas las organizaciones que pueden saltarse a los intermediarios.

“Es una brecha que está complicada”, dijo a La Silla Luz Dary Díaz, de la organización Semillas de Esperanza, Vida y Paz, que trabaja en agricultura urbana en Bosa.

En su liderazgo en la organización de mercados campesinos, ella ha encontrado varios cuellos de botella que hacen que los centros de abastecimiento como Corabastos sigan dominando la mayor parte de compra y venta de alimentos.

“Los campesinos están acostumbrados a que los mayoristas les garantizan la compra, pero eso implica que haya más intermediarios”, dice. Muchas personas quieren comprar los productos directamente a los campesinos, agrega, pero para eso se necesitan productores que puedan organizar la logística para vender directamente a la gente.

“Hay que enseñarle a los campesinos sobre los precios para que haya un sistema más justo y solidario”.

Los circuitos cortos

Una iniciativa que ha venido tomando fuerza en los últimos años, y que respondería en parte a los problemas que Díaz identifica, es la de los circuitos cortos de abastecimiento alimentario.

Estos se refieren a las formas directas de comercialización entre productores agropecuarios y consumidores. Incluyen varias modalidades: venta directa en las fincas, compras en mercados campesinos, o asociaciones entre productores y consumidores. Todo con el objetivo de minimizar el número de intermediarios.

Varios países de la región han avanzado en esto.

Chile tiene 933 de las denominadas “ferias libres”, que son mercados que ofrecen productos campesinos a lo largo del país que incluyen a más de 66 mil vendedores. Se estima que el 70 por ciento de las frutas y verduras y el 30 por ciento del mercado de pescados y mariscos del país se comercializan en estos espacios.

Otro caso interesante es Perú. El reciente boom internacional de su cocina llevó a la Asociación Gastronómica de ese país a iniciar un proyecto sobre “cadenas agroalimentarias inclusivas”, en el que privilegian las compras a pequeños agricultores y se resaltan productos agropecuarios autóctonos. Esto no solo beneficia a campesinos sino también resalta y protege la agrobiodiversidad.

Los beneficios de los circuitos cortos son múltiples.

A los productores agropecuarios les soluciona el problema de tener producciones pequeñas, pues se pueden comercializar directamente las cantidades disponibles. Así mismo, incrementan sus ingresos al reducir o eliminar los intermediarios.

Los consumidores, por su parte, pueden consumir mejores alimentos y dietas más balanceadas. En Italia, por ejemplo, un estudio mostró que las compras directas en mercados campesinos en varias regiones de ese país tienen una incidencia en la disminución de las tasas de obesidad de la población.

En términos ambientales, los circuitos cortos también traen beneficios: reducen, entre otros, la cantidad de plásticos usados para empaques y las emisiones de CO2 generadas por el transporte de alimentos.

Por eso la Unión Europea en su Política Agrícola Común (PAC) ha profundizado en el desarrollo de circuitos cortos y sus impactos socio-ambientales.

En Colombia, ya hay unos pinitos.

Región Central, ¿el futuro de los circuitos cortos?

La Región Administrativa y de Planeación (RAP-E), conformada por Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima representa el 29 por de la población nacional, cubre el 14 por ciento del territorio y provee el 26 por ciento de la producción agrícola del país.

¿Su plan de abastecimiento alimentario podría ser el futuro de los circuitos cortos?

El objetivo del plan es construir un sistema de abastecimiento eficiente, sostenible y saludable para el centro del país, sustentado en la mejora de la productividad rural, la dinamización de los equipamientos, la generación de valor agregado local y la consolidación de canales de comercialización.

Cesar Castillo, director de Abastecimiento y Ruralidad de la Alcaldía de Bogotá, dice que uno de los problemas del abastecimiento es tener centralizado todo en Corabastos.

“Si toca cerrar Corabastos eso nos va a afectar a todos”, dice. “Así que lo que busca el plan es hacer una diversificación del abastecimiento a través de centros de acopio en las diferentes entradas a la ciudad”.

Según este plan, el campesino llevaría sus productos directamente a esos centros de acopio y habría allí un sistema de distribución y de empaque que baje el número de intermediarios.

Es que un producto normal pasa por muchas manos antes de llegar a la mesa. Un ejemplo: el campesino cosecha la papa y por lo general se une con otros paperos para vendersela a un transportador que la lleva a abastos. A veces, hay otro intermediario que le compra al campesino y éste al del camión.  El del camión llega hacia las 8 o 9 de la noche a la central de abasto y hacia las dos de la mañana logra entrar. En la central puede haber hasta seis intermediarios (todo está sujeto a que el producto pueda venderse internamente varias veces y los precios están sujetos a la especulación).  Esos intermediarios, a su vez, le venden la papa a otros camiones que luego venden el producto a otro precio a las tiendas de barrio o supermercados, donde el consumidor hace la compra final.

"Por lo general hay productos que tienen entre 3 y 8 intermediarios", dice César Castillo. "Cada vez que cambia de intermediario sube el precio."

​Si bien el plan de la Alcaldía se encuentra en sus primeras etapas de implementación, si logra sus objetivos de descentralización y de conexión de productores y consumidores podría transformar el abastecimiento para esta región y ser un ejemplo a seguir para otras regiones del país.

Está en nuestras manos

Convertir el consumo directo en una experiencia masiva no es fácil.

La pobreza rural y la redistribución de la tierra siguen siendo desafíos estructurales. Además, como lo ha dicho Jorge Bedoya, el presidente de la SAC, se necesita fortalecer la red terciaria de carreteras y también, como dice Luz Dary, darle un espaldarazo a la producción nacional.

Pero mientras se avanza en la solución de estos problemas más complejos, el cambio de los hábitos de consumo a través de la adquisición de alimentos de una manera más directa puede tener impactos importantes en el mejoramiento de los ingresos y la calidad de vida de las familias campesinas. De cada lector de esta historia, depende que hayan más Nubias, más Jeimers y más Arley Davids.

   

Armamos este directorio de productores y ejemplos de comercio directo con recomendaciones de nuestros usuarios de Instagram y con otros ejemplos que encontramos en el proceso de reportería:

 

feliperoaclavijo
Julián Huertas
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Que cuando el fútbol vuelva, estemos vivos

CoronApp ni funciona, ni funcionará

Un minuto de silencio

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La pandemia está en su peor momento pero esta tarde puede ser peor y mañana también, y así sucesivamente. Cualquier análisis será más bien especulativo. Podría escribir sobre otras mil cosas: de la violencia contra las mujeres, del legado de Uribe, de la situación de la fuerza pública, de los líderes asesinados. Nada que no se haya dicho. Así que por respeto con los lectores prefiero guardar un minuto de silencio para que cada uno lo use para recordar, reflexionar o indignarse con lo que quiera. En este momento, un poco de silencio es, quizás, el mejor aporte.

Buen fin de semana y espero que estén bien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión
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‘Grabar imagen de negros bailando libera a gobernantes de su responsabilidad’

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Una de las explicaciones más difundidas en las últimas semanas por los alcaldes de Barranquilla y Cartagena, Jaime Pumarejo y William Dau, pasando por la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, hasta el Gobierno Duque, ha sido la de que las altas cifras de contagio en el Atlántico -que concentra el 38 por ciento de personas muertas en todo el país- obedecen a que reina la “indisciplina social”.

Para complejizar lo que parece un mirada simplista de la realidad, la Silla Académica entrevistó a Alfonso Múnera, profesor de la Universidad de Cartagena y ex embajador de Colombia ante Jamaica entre 1999 y 2003.

Múnera es un gran estudioso del Caribe. Es autor del libro “El fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810)” y co-editor de “La ciudad en tiempos de epidemias. Cartagena durante el siglo XIX e inicios del XX” que compiló ensayos de estudiantes de la universidad.

Múnera relata en esta entrevista cómo las epidemias han marcado la historia del Caribe y también su lugar en la construcción de la Nación, de una forma que no dista mucho de las ideas sobre lo que está pasando actualmente con el coronavirus en esa parte del país.

La Silla Académica: En varias historias hemos contado lo duro que está pegando en el Atlántico el coronavirus, pero no parece ser algo inédito. Usted dice que al Nuevo Mundo lo inauguraron las epidemias que entraron por El Caribe tras el segundo viaje de Colón...

Alfonso Múnera: La epidemia es connatural a los encuentros entre los mundos, es casi inevitable que se generen problemas cuando poblaciones, que por milenios no han tenido conocimiento unas de otras, se encuentran: no han desarrollado un sistema inmunitario.

La llegada de los españoles fue una catástrofe. La Conquista trajo consigo la intensa explotación de los indígenas, el desplome de sus instituciones y la reducción, en algunos casos casi desaparición, de su población, siendo una de las causas las epidemias.

Al principio, esto se asoció con la maldad del conquistador. Hoy tenemos análisis más equilibrados.

Los españoles no trajeron la viruela, el sarampión o la fiebre, deliberadamente, sino que venía con ellos.

LSA: El alto contagio del Atlántico se ha relacionado con la pobreza de muchos de sus habitantes. Usted habla de los contextos sociales en que históricamente se dan las epidemias y va más allá de las condiciones materiales para plantear una relación con el estado anímico de las personas y su efecto en el sistema inmunológico...

A.M.: Las poblaciones indígenas no encontraban dentro de su cosmovisión una explicación para el encuentro repentino con los españoles.

El caballo, por ejemplo, en algunas crónicas de la época era para los indios un animal monstruoso, y los españoles una suerte de dioses.

En esa línea, el historiador francés, Tzvetan Todorov, en su conocido libro “La conquista de América. El problema del otro”, ha sostenido que la Conquista causó también el derrumbe espiritual de los indígenas relacionado con la derrota de sus dioses.

La perplejidad frente a que millones de personas terminaran siendo sometidas por un grupo muy pequeño tuvo un efecto depresivo en los indígenas, que contribuyó a su sometimiento.

LSA: Y ¿cómo se relaciona esto con el sistema inmunológico?

A.M.: Es algo que no se comprobó científicamente en esa época, pero hago esa relación con base en los conocimientos actuales que tenemos sobre que el estado anímico de las personas, la depresión, influye en sus defensas.

Tras la Conquista hubo una práctica generalizada de suicidios en las poblaciones indígenas y esclavas para no someterse ellos mismos ni a sus hijos a la explotación brutal, eso habla claramente de cómo se sentían.

Los que subsistieron tuvieron además un desbalance en su nutrición producto del sometimiento a horas y horas de trabajo y a los cambios profundos en su dieta.

En ese clímax, las epidemias fueron devastadoras.

En México se calcula que debía haber 20 millones de habitantes a la llegada de los españoles. A finales del siglo XVI había millón y medio. En República Dominicana, Cuba, a lo largo del Caribe en general, prácticamente desaparecieron.

Esa realidad va a ser permanente. En El Caribe las epidemias siguieron manifestándose cíclicamente como parte de nuestro paisaje: epidemias y guerras civiles serán grandes males del siglo XIX.

Las epidemias no actúan en un vacío sino en un contexto social

Alfonso Múnera

Las epidemias no actúan en un vacío sino en un contexto social de condiciones de vida muy desfavorables, probablemente acompañadas de decaimiento anímico, de angustia -exteriorizada aún de maneras contradictorias como podrían ser las fiestas en algunos casos-, que pueden redundar además en defensas bajas en el organismo.

LSA: Cartagena fue percibida como una tierra enferma -fue la fama en general de las costas-. Hoy de nuevo las cifras no ayudan y hay una narrativa de la indisciplina social de las principales ciudades del departamento ¿qué hay en el trasfondo?

A.M.: Los estereotipos siempre tienen algún sustrato de verdad, no se construyen sólo a partir de la imaginación. Lo que pasa es que la imaginación ayuda a alterar esa base real para otros fines.

En mi artículo “Caldas y la imagen de la Nación”, relato cómo la idea del "Sabio Caldas", un científico aplicado, de que hay territorios dotados para la civilización y otros que no, donde crecen seres inferiores, marcó la construcción misma de nuestra Nación.

‘La idea de que hay territorios dotados para la civilización y otros que no, donde crecen seres inferiores, marcó la construcción misma de nuestra Nación’

Alfonso Múnera

Este párrafo de uno de sus ensayos más famosos “El influjo del clima sobre los seres organizados” ilustra claramente lo que estoy diciendo y resuena con la idea de “indisciplina social” de los costeños tan difundida con la pandemia:

“Estos (las mezclas que crecen en los Andes) son más blancos y de carácter más dulce (...) aquí no hay intrepidez, no se lucha con las fieras … los bienes de una vida sedentaria y laboriosa están derramados sobre los Andes … unos principios de moral y de justicia, una sociedad bien formada y cuyo yugo no se puede sacudir impunemente. Un cielo despejado y sereno, con aires suaves... ha producido costumbres moderadas y ocupaciones tranquilas. El amor, esta zona tórrida del corazón humano, no tiene esos furores, esas crueldades, ese carácter feroz del mulato de la Costa. … El morador de nuestra cordillera se distingue del que está a sus pies por sus caracteres brillantes y decididos”.

Esta idea del "Sabio Caldas" es tomada de Georges-Louis Buffon, uno de los fundadores de la ciencias naturales europeas, quien tuvo el desafío de explicar las diferencias que había entre el hombre europeo, a quien había estudiado en detalle, y el que se encontraba en África o en América. Buffon era un católico ferviente que creía en la unidad del ser humano: si Dios creó al ser humano no creó a tres hombres diferentes.

La forma como resolvió científicamente el problema fue argumentando que los africanos y los americanos sufrían una degeneración al enfrentarse a la naturaleza -que empieza a tener connotaciones morales-, a unos climas que la producen.

Las ideas del "Sabio Caldas" y -antes de Buffon- fueron replicadas durante todo el siglo XIX y calaron en nuestro imaginario hasta hoy. Tenían un fundamento en todo caso.

La mayor dificultad para construir el Canal de Panamá, por ejemplo, fue la fiebre amarilla. Con los descubrimientos del médico cubano Carlos Juan Finlay empezaron a ser controladas en el siglo XX, pero antes causaron la muerte de muchos ingenieros y capataces franceses que al pasar de climas secos y fríos al trópico sufrían esa fiebre.

La tremenda ironía es que la gran hecatombe de los pueblos indígenas la causaron los españoles que venían con las enfermedades, pero lo que queda en la memoria son los territorios enfermos de América, es decir, las costas.

Ahora llegó la pandemia del coronavirus. En Bogotá ha habido descontrol en muchos barrios, el más sonado ha sido Kennedy, pero la imagen que circula es la de los costeños bailando que no tienen disciplina.

LSA: Usted dice que esa idea de las tierras enfermas fue determinante en que Bogotá tuviera más legitimidad para establecerse como el centro gubernamental. ¿Por qué?

A.M.: Cartagena fue la ciudad más poderosa durante la Colonia, era el centro económico, tenía el grupo de comerciantes más rico, y militar, tenía el Ejército. No era el centro político, eso sí, que desde el siglo XVI era Bogotá por ser un lugar más seguro ante el temor que tenían los españoles a los piratas y a los corsarios franceses e ingleses que llegaban por el mar Caribe, incluso era un lugar más seguro para conservar los papeles.

Cuando la disputa se resuelve con la Independencia, hay una reelaboración muy fuerte de la idea de Caldas a partir de la cual la gente andina aparece dotada de una superioridad natural.

Él estaba de acuerdo con Buffon en todo, excepto en que no pudiéramos aspirar a la civilización si teníamos territorios templados tan parecidos a los de la civilización europea, como los andinos.

Lo que pasa es que también tenemos lo “otro”, según Caldas, los trópicos de mulatos “libidinosos”, “inmorales”, y esa idea va a dominar el siglo XIX y va a ser importante hasta el día de hoy cuando se repite por diferentes razones.

LSA: Usted habla de dos libros. “Los juicios secretos de Dios” y uno de jóvenes investigadores de la Universidad de Cartagena que usted editó: “La ciudad en tiempos de epidemias” y a partir de ellos establece varias constantes con respecto a lo que está pasando hoy. ¿Cuáles son?

A.M.: Como siempre no se pueden hacer traslaciones mecánicas, pero hay varias constantes.

Una que parece ser muy clara, no solo en el contexto del Caribe colombiano, sino como una forma de comportamiento generalizado de las epidemias, es que golpean sobre todo a las gentes más pobres.

Si te colocas en la gran epidemia de la peste negra en el siglo XIV, que mató por lo menos un tercio de la población europea, encontrarás que seguramente incidió en todos los sectores sociales porque las ciudades era en su mayoría sucias, no había alcantarillado, los residuos eran mal manejados y además no se conocía el origen de la enfermedad ni cómo combatirla.

Pero desde el siglo XIX empieza a haber un contraste real entre las condiciones de vida de la gente más pobre y miserable, y la de los sectores privilegiados, algo que se va acentuando con el tiempo.

El general Joaquín Posada Gutiérrez, que es quien describe mejor la epidemia del cólera de 1849, que fue la más terrible y que le sirvió a García Márquez para su novela “El amor en los tiempos del cólera”, dice que debieron morir cerca de 2500 personas, entre un 20 y 25 por ciento de la población, directamente por la epidemia, cifra que aumentó además con la hambruna.

Pero no golpeó a todos por igual. Así lo reconoció el General. De hecho, García Márquez en su novela se refiere a la preocupación que tenía el médico Juvenal Urbino de que la epidemia llegara a las casas altas, del centro colonial, donde había habido muy pocos casos.

En la pandemia actual en la que el aislamiento social es fundamental para combatirla, las personas pobres tienen muchas desventajas.

LSA: ¿Cómo cuáles?

A.M.: Cuando las epidemias arrancan son muy destructivas porque la gente no sabe cómo defenderse de ellas y cuando ya hay algún conocimiento, la información no fluye de la misma manera, no fluye con la misma claridad en los sectores más pobres.

Pero, además, saber cómo defenderse no es garantía.

Lo que pasó el miércoles pasado lo pone en evidencia: se fue la luz en casi toda la Costa Caribe. Mientras en los barrios de clase media alta llegó al cabo de tres horas, 4-5 p.m., en los estratos socioeconómicos bajos, la luz llegó hasta por la noche y al día siguiente seguían todavía sin agua varios de ellos ¿cómo te vas a lavar las manos en esas condiciones?, y hay barrios enteros que no tienen agua nunca o solo por horas y les toca ir a arroyos a recolectarla.

Me pregunto ¿Cuál es el factor que más incide entonces en el contagio en esos barrios pobres?

Volviendo a las constantes, hay otra interesante y es que las epidemias sacan lo mejor y lo peor del ser humano, y entre lo mejor están las muestras de solidaridad.

En la cólera de 1849, en Bogotá varios personas recolectaron ayudas para enviar a Cartagena y hubo un grupo de teatro que se presentó en el Colón con ese fin. Varios médicos también, como Vicente García, prestaron sus servicios para atender a la población más pobre.

La otra constante que mencionaría es la del estado anímico que ayuda a que en un punto las epidemias se profundicen. Una de las epidemias más fuertes que sufrió Cartagena fue la de la viruela en 1822 y se dio en una ciudad devastada y arruinada después de que el reconquistador español, Pablo Morillo, la hubiera sitiado en 1815 causando la muerte de cerca de un 30 por ciento de la población.

Las condiciones extremas en que viven muchas personas en los barrios pobres de Cartagena, Barranquilla, pero también de Bogotá, Cali o Medellín, los hace más propensos a estados de angustia que pueden contribuir a que no haya una respuesta más “disciplinada” de la ciudadanía, para usar el término de moda.

LSA: En efecto, el alcalde Dau constantemente le ha exigido a la gente “no ponerse a pendejear saliendo”. El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera no se han quedado atrás. Ésta ha criticado que para cerveza sí tengan plata… el Gobierno Nacional habla de falta de cultura ciudadana...

A.M.: La disciplina implica aprendizaje, es el esfuerzo sistemático por conducirse con base en unas normas y se usa como uno de los elementos para distinguir el grado de maduración de una ciudadanía, es una cuestión civilizatoria: hay un mejor ejercicio de ciudadanía colectiva en la medida que hay una mayor disciplina social.

Pero la disciplina social también ha significado en muchos casos violentar normas culturales de muchos pueblos sometidos para imponer hegemónicamente otras culturas.

Baste recordar las Misiones del siglo XIX que buscaban que los indígenas por la fuerza abandonaran su condición de “salvajes”. Lo mismo se hizo con los pueblos afro: desde el siglo XVI se les prohibió el tambor porque producía un sonido demoníaco desconociendo que era un instrumento religioso que se usaba para invocar a los dioses.

‘La “cultura ciudadana” no nace del aire: un buen ciudadano es aquel que tiene un trabajo y un ingreso estable. La disciplina supone un elemento de estabilidad’

Alfonso Múnera

En el momento actual, lo que se desconoce es que la “cultura ciudadana” no nace del aire: un buen ciudadano es aquel que tiene un trabajo y un ingreso estable que le permiten ordenar su vida; si tiene que rebuscarse para asegurar el sustento propio o de su familia, no puede pensar en “forma disciplinada” porque la vida sencillamente no se lo permite. La disciplina supone un elemento de estabilidad.

Hablamos además de familias enteras -la abuela, los papás, tres-cuatro hijos, uno de ellos con su esposa y su hijo- que viven en 44 metros cuadrados, muchas veces sin ventilación con el calor y la humedad espantosas de Cartagena o Barranquilla.

¿Cómo les exigimos desde la comodidad de nuestras casas, espaciosas, con aire acondicionado y seguramente con balcón, que se queden en las suyas?

LSA: Por lo mismo usted dice que hablar de la cultura de los caribeños tiende muchas trampas. La Silla ha registrado que en Barranquilla y Cartagena, los barrios más afectados son los más pobres. Sin embargo fiestas ha habido tanto en barrios pobres como en barrios de estrato alto como Bocagrande… ¿Hay algo que explique eso desde la cultura de las personas del Caribe?

A.M.: De ninguna manera estoy aplaudiendo la situación que estamos viviendo en el Atlántico pero lo que de forma simplista llaman “descontrol” tiene explicaciones más complejas que escapan a los estereotipos.

El baile es central a la cultura afrodescendiente, tiene connotaciones religiosas, era una forma de comunicarse con los dioses, y para los caribeños es parte de su rutina diaria. El clima nos empuja, además, a la calle.

Es difícil convencer a las personas del Caribe, que han hecho fiestas toda la vida, que ahora, en medio de circunstancias agobiantes y como una forma de desfogue, no las puedan hacer.

Ya decía García Márquez que las personas en el Caribe eran tristes y que recurrían a la música como una forma de tramitar esa tristeza. 

Es difícil convencer a las personas del Caribe, que han hecho fiestas toda la vida, que ahora, en medio de circunstancias agobiantes y como una forma de desfogue, no las puedan hacer.

Alfonso Múnera

Pero eso no tiene nada que ver con inferioridad, indisciplina o incapacidad de controlar los impulsos o las emociones que es la construcción mental que se ha hecho de los costeños.

Es una expresión cultural.

A los bogotanos nadie los culpa porque al menos, en los setentas, no les gustara y no supieran bailar aunque dicho sea de paso, cada vez más la ciudad se ha convertido en un gran laboratorio de la nacionalidad colombiana, se llenó de todo el país: se ven más pieles, fisonomías y se oye música en muchos lugares.

LSA: El fin de semana pasado fue noticia un entierro en Malambo, Atlántico, uno de los lugares con mayor contagio, en el que las personas abrieron el ataúd de alguien que había muerto por coronavirus. ¿A usted qué le dice esa escena?

A.M.: Además del de Malambo, esta semana me compartieron otro video, no sé exactamente dónde es, si Cartagena o Barranquilla.

Es también de un entierro en el que hay varios jóvenes afro alrededor bailando en lo que parece una reactualización de unos viejos rituales africanos en los que se cantaba y danzaba alrededor de los muertos para facilitar el encuentro con los dioses.

En los registros de la peste bubónica de 1340-1350, la más grande que azotó a Europa en el siglo XIV y que inspiró a Boccaccio para escribir uno de los relatos de "El Decamerón”, se cuenta que fueron comunes las orgías, incluso en los cementerios, como reacción a la idea de que había llegado el fin del mundo, lo que generó ansias de disfrutar la vida intensamente, por encima de cualquier cosa.

Son respuestas frente al miedo por el riesgo de muerte colectiva y no son privativas de las clases sociales bajas.

¿Por qué no se juzga de la misma manera a la gente que salió corriendo a amontonarse en las playas en California o en las piscinas en Missouri?

Necesitan grabar en la imaginación de la gente la imagen de los negros bailando y eso pareciera que liberara a los gobernantes y la sociedad en general de la responsabilidad por tener una pésima infraestructura hospitalaria, de servicios públicos, de vivienda, de educación, que se remonta, además, a décadas de corrupción.

Silla Académica

“Nos tocó obligarnos a la fuerza a repensar en cómo nos relacionamos con la naturaleza”

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Entre los muchos interrogantes que ha traído consigo la Covid uno de los más estructurales ha sido aquel que cuestiona nuestra relación con la naturaleza. 

Siguiendo nuestro especial sobre el ‘El futuro del futuro’, La Silla Vacía entrevistó a Juan Camilo Cárdenas, economista ambiental de la Universidad de Los Andes. Este experto en economía del comportamiento, que trabajó con Elinor Ostrom, la Nobel en economía experta en gobernanza de los recursos y los dilemas de acción colectiva, acaba de terminar un paper sobre las ventanas de oportunidad para una senda sostenible de crecimiento que abre para los próximos diez años esta pandemia que frenó en seco el mundo.

Si prefieren oír el podcast ‘El futuro del futuro’, lo pueden bajar de cualquiera de las plataformas de podcasts, y suscribirse para escuchar los próximos episodios. Esta serie de podcasts la realizamos con el patrocinio de Sura.

Aquí la esta entrevista, editada para mayor claridad.

La Silla Vacía: Durante esta pandemia hemos visto cómo la gente circula fotos de zorrillos o venados en la ciudad y la emoción que ésto produce. ¿Significa eso que a partir del Covid, cambiará nuestra relación con la naturaleza? ¿O es esto simplemente una señal más de la ruptura que hemos tenido con ella?

Juan Camilo Cárdenas: Yo creo que es una ruptura. Más que atreverme a hacer una predicción, puedo hacer la invitación a que nos demos cuenta que esa ruptura que venimos acumulando ahora se volvió notable; y, más allá de que los animales estén apareciendo por los entornos urbanos, o que de pronto nos parezca que los pajaritos están cantando más, es que estamos poniendo un poquito más de atención.

Es cierto que por el confinamiento ha habido, por así llamarlo, una oxigenación de muchas actividades.

La Silla Vacía: ¿A qué se refiere?

Juan Camilo Cárdenas: Estamos viendo una mejor calidad de vida en muchas ciudades de América Latina y el mundo. Pero, además, estamos encontrando que es probable que las emisiones industriales en los cuerpos de agua hayan mejorado. Por ejemplo, estoy revisando unos datos de la calidad del agua que llega a la planta de tratamiento de Tibitoc y, efectivamente, la contaminación ha bajado. 

Entonces, sí, están pasando cosas. Esas cosas van a volver a un nuevo normal, pero no va a ser el mismo normal de antes. La gente, a fuerza de lo que estamos viendo, está encontrando que de pronto puede cambiar sus formas de transporte, o más aún, que nos va a tocar cambiarlas. 

De pronto, también nos tocó obligarnos a la fuerza a repensar en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y ahí va a haber una gran invitación a reconocer que nuestra relación con la naturaleza estaba muy desbalanceada. 

El hecho que un virus, que logró pasar de circular entre animales hasta llegar a los humanos, haya paralizado a un planeta, nos tiene que dar una señal de humildad con lo que nos rodea. De dejar esa pretensión antropocéntrica que podemos controlarlo todo.

 

La Silla Vacía: ¿O sea que la crisis que estamos viviendo por el coronavirus tiene una íntima relación con un desbalance en nuestra relación con la naturaleza? 

Juan Camilo Cárdenas: Totalmente. Yo creo que el desbalance en la forma como respetamos menos las relaciones ecosistema-humanos, ha invitado a que cada vez seamos más frágiles en vez de más fuertes. 

Construimos un aparato económico industrial de 200 años, sobre todo desde la revolución capitalista industrial, en el que nos metimos en la cabeza que podíamos dominar la naturaleza. 

Sin embargo, hoy somos mucho más frágiles frente a la naturaleza porque grandes eventos extremos naturales están cada vez amenazando más la tranquilidad de los seres humanos (desastres naturales, cambios de temperaturas más fuertes y eventos climáticos extremos asociados a huracanes).

La Silla Vacía: ¿Qué le hace pensar que dada la crisis económica que se avecina, la apuesta no sea por las industrias extractivas, la minería ilegal y la deforestación?

Juan Camilo Cárdenas: El optimismo es en el sentido de invitarnos a tener esta conversación como sociedad, en el contrato social y modelo económico que tenemos. 

Pero ese optimismo tiene que ser muy cauteloso porque hoy ya están pasando cosas, como por ejemplo, la deforestación en la Amazonía, que está disparada. Hay modelos políticos, como el que está sucediendo en Brasil, detrás del cuál está Bolsonaro con una agenda política y económica muy clara, que están a favor de acentuar las actividades extractivas y de hacer presión sobre la frontera agrícola de la Amazonía. 

Por un lado, ante la pandemia, la deforestación ilegal está encontrando un ambiente muy apropiado para expandir la frontera agrícola y para aumentar la ganadería y los cultivos ilícitos. Eso se debe principalmente a que el aparato estatal está limitado por la pandemia porque está teniendo que enfocarse en atender las urgencias de la salud. 

Por otro lado, hay políticas estatales que pueden también estar amenazando estas posibilidades de encontrar una senda de recuperación de un nuevo estadío económico más sustentable. 

Por ejemplo, la propuesta gubernamental de reforzar el plan de termoeléctricas para atender la posible escasez de producción energética asociada a la reducción del nivel de los embalses. Este es un claro mensaje general de que vamos a reemplazar lo importante con lo urgente.

Yo sí creo que hay urgencias que hay que atender, pero esas urgencias no nos pueden desviar la atención de que, por ejemplo, este país tiene que construir una agenda de transición de la matriz energética hacia renovables. Tenemos riqueza hidroeléctrica para poder potencialmente producir una energía más limpia que la energía producto de fósiles como el gas y el petróleo.

La Silla Vacía: El Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina sacó una encuesta que muestra que la mayoría de latinoamericanos prefiere los gobiernos que privilegian la defensa del medio ambiente sobre el empleo. ¿Cómo se explica la contradicción entre so y todas las tendencias contra el ambiente? 

Juan Camilo Cárdenas: Yo diría que tiene que ver con la paradoja de la abundancia: tenemos una gran oferta hídrica natural, bosques de conservación, altísimos niveles de biodiversidad, áreas protegidas por el Estado y la sociedad civil, pero al mismo tiempo, hay unos procesos de degradación que son preocupantes. 

Es cierto que en América Latina hay una conciencia ambiental que puede ser por lo menos preliminarmente promisoria, no gratuitamente. 

Muchos de los procesos jurídicos constitucionales en América Latina han sido los primeros pasos de una nueva oleada que hay, por ejemplo, para darle derechos constitucionales a la naturaleza. Ecuador lo hizo, Bolivia lo hizo y Colombia ya lo tiene. 

Es una región que en varias instancias ha empezado a mostrar que hay otros modelos económicos. Toda la idea del discurso del buen vivir como modelo, que se originó en las culturas andinas indígenas como reflejo de algo que puede ser una forma distinta de relacionarse con la naturaleza, está empezando a permear. 

Se están saliendo del entorno del movimiento puro indígena y se está empezando a discutir si un río, o la naturaleza misma, es sujeto derechos. Esto va mucho más allá de la visión utilitarista de aprovecharse de la naturaleza, y yo creo que eso es muy diciente. 

Con esto no estoy diciendo que América Latina sea el paraíso de la conservación;  hay procesos de degradación graves. 

Y ahí está de nuevo la paradoja la abundancia: tenemos tanto que a veces no lo valoramos y lo degradamos rápidamente. Sin embargo, todo esto es un proceso. 

Hace años en Europa arrasaron con todos los bosques, y aunque les tomó un buen tiempo recuperar conciencia, los fueron recuperando y hoy tienen más bosques que los que tenían  hace 100, 200 y 300 años

La Silla Vacía: Dice que la crisis del coronavirus nos ha abierto varias ventanas de oportunidad para que haya una senda de crecimiento más sostenible para la región. ¿Cómo aterrizaría esa oportunidad en el transporte?

Juan Camilo Cárdenas: El transporte refleja los modelos de sociedad y de ciudad.  Invertimos tanto tiempo en transporte, que lo empezamos a aceptar como que ese es el deber ser y que nos tenemos que aguantar tres o cuatro horas diarias para poder desplazarnos del hogar al trabajo. La pandemia nos bloqueó eso; nos puso en anidamiento dentro de las casas y empezamos a pensar qué estaba pasando con el transporte. 

Ahora, obviamente esto tiene una diferenciación por grupo social muy particular. Es verdad que no todos los oficios pueden hacer teletrabajo ni cambiar de lugar geográfico para reducir la huella de carbono que genera el transporte, pero no significa que ese sea el caso de todos. Hay ciudades latinoamericanas donde una fracción de gente sí podría cambiar sus modos de transporte.

La situación actual explotó aún más la posibilidad de que la bicicleta sea considerado un medio de transporte válido y que el micro transporte con medios electrónicos de pequeña escala, como patinetas y bicicletas eléctricas, bien articuladas con transporte masivo, sea una alternativa real en nuestro contexto. 

Y no estoy hablando solamente de Londres, que está invirtiendo cerca de 5 billones de libras para los próximos dos o tres años en el cambio radical del sistema de transporte en el Reino Unido; nosotros, atendiendo a nuestro contexto, también podemos hacerlo.

Es el momento  para pensar en reconfigurar el cómo nos transportamos porque desafortunadamente, el transporte es uno de los elementos de contaminación más grande de las ciudades.

La Silla Vacía:Habla que desde el mismo consumidor hay la posibilidad de cambiar el modelo para tener un consumo más sostenible. ¿A qué se refiere?  

Juan Camilo Cárdenas: En esto puede haber algo de optimismo, pero sustentado en datos. Hace poco estuve revisando las palabras más buscadas en Google y encontré que la palabra compostaje se disparó cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo, y que palabras como shopping y hacer compras bajaron. Eso me llamó mucho la atención. 

Ahora que hemos vivido esta situación, creo que cada ciudadano podría hacerse la pregunta de si sería capaz de mantener su vida normal con la ropa que tiene en su ropero en este momento por los próximos dos años, sin tener que comprar ropa nueva.

La industria textil es uno de los grandes contribuyente de emisiones y de efluentes por contaminación industrial en aguas. 

Yo creo que esta pregunta también es válida para otras actividades de consumo. 

Pensemos por ejemplo el hecho de cocinar en la casa. Los datos de los supermercados muestran que la venta de productos para hornear en la casa está disparada.  

En ese sentido, la gente de pronto se está replanteando la idea de que puede haber una forma de retomar actividades al interior del hogar que implican menos consumo, pero que al mismo tiempo, cumplen con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas. Es ahí donde está algo de mi optimismo de que esto nos está obligando a pensar cómo es que gastamos el dinero y qué es lo que compramos. 

Otra cosa que está bien activada hoy son las acciones de solidaridad. 

La gente se está dando cuenta de que hay personas que están necesitando ayuda y que el dinero que ahorran al consumir menos, pueden utilizarlo para ser solidarios con una familia que está pasando trabajos. 

De eso no he visto datos, pero es probable que se esté también despertando un sentido de que el gasto cotidiano de consumo se puede reemplazar por otras actividades que son más significativas para la vida humana. 

La Silla Vacía: Ese cambio de consumo podría tener un efecto negativo sobre el empleo. Siendo así, ¿cuáles son las oportunidades de empleo que se abren en una senda más sostenible con la naturaleza?  

Juan Camilo Cárdenas: Creo que hay que ser muy creativos. Cuando llegó la máquina de vapor al norte de Europa y a Inglaterra, muchos se preguntaban qué iba a pasar con esa mano de obra gigantesca que estaba dedicada al cuidado de los animales, a los herreros y a los que manejaban las curtiembres. Les tocó ser creativos y poco a poco empezar a repensar cuáles eran los puestos de trabajo.

Yo creo que Colombia tiene oportunidades para replantear puestos de trabajo de industrias que después de esta pandemia van a, o deberían, tener una oportunidad impresionante de generación de empleo. Este es el caso del ecoturismo. 

Este país tiene la infraestructura física de capital natural más promisoria que uno se pueda imaginar para expandir el sector de turismo. Se podría absorber muchísima mano de obra, que podría capacitarse en muy poco tiempo para atender la cantidad de demanda que se va a venir cuando podamos recuperar la industria turística.

Una cosa maravillosa que ha sucedido es que ahora hay un mayor respeto por el sector salud. La salud es ahora una actividad económica importante, donde estamos viendo que no sólo hay unas brechas muy grandes, sino que además, que en regiones separadas del centro de este país, hay una demanda de profesionales de salud impresionante. Ahí debe haber oportunidades de absorber mano de obra. 

Necesitamos seguir mejorando los servicios de salud, pues esta no va a ser ni la primera ni la última emergencia económica importante que tengamos. 

Y así hay muchos sectores de la economía que podemos repensar. 

El cuidado en general, el cuidado del otro y el cuidado a la naturaleza son oportunidades económicas gigantescas para generar empleo. Lo que tenemos que hacer es ser creativos en dónde están las oportunidades para los inversionistas y asegurarnos que estas estén basadas en un mayor respeto por nuestra relación con la naturaleza. 

La Silla Vacía: Usted que lleva años en contacto permanente con los jóvenes, ¿son ellos más conscientes de los riesgos que corre la humanidad por no respetar al medio ambiente? 

Juan Camilo Cárdenas: Sí, yo sí lo observo con los estudiantes en general. Yo siento que esto es algo que además viene de la formación de la educación primaria y secundaria. Los muchachos de colegio de hoy en día tienen una conciencia ambiental impresionante, y llegan al nivel universitario, yo creo que con con esos genes, esas transformaciones, esos cableados emocionales y de mayor conciencia sobre temas ambientales, que se traduce en comportamientos de consumo con consecuencias ambientales mucho más sostenibles.

Entre los jóvenes el uso de la bicicleta ha ido aumentando; eso lo vemos en las universidades. 

También hay una mayor conciencia sobre temas de alimentación. La idea del vegetarianismo y el veganismo entre los jóvenes está creciendo, y en muchas ocasiones, esto se debe a razones ambientales, en las que incluyo las espirituales, las creencias y las de compasión hacia los animales, que yo no veía desde hace 10 o 20 años.

También vemos mayor protección por los animales. Hay jóvenes que hoy darían su vida por salvar la vida de animales callejeros que sufren de maltrato animal. Incluso, a veces se indignan más ante el maltrato animal que ante la violación de los derechos humanos. Y no lo digo despectivamente, lo digo en la idea de que los jóvenes están creciendo con una conciencia de entorno hacia la naturaleza más profunda, que se evidencia en varias de sus acciones. 

Sin embargo, creo que aún hay camino por recorrer. No creo que esto esté reduciendo las tasas de consumo de energía, de deforestación o las emisiones de carbono, pero sí creo que hay materia prima con qué hacerlo. En las motivaciones de los jóvenes hay con qué.

La Silla Vacía: Estos cambios individuales en el agregado terminan teniendo un impacto gigantesco, pero la tendencia negativa del cambio climático obedece a factores económicos fuera del control de la mayoría. ¿En los próximos 10 años esos factores económicos pueden cambiar?

Juan Camilo Cárdenas: Aquí cuando hablamos de lo económico es de la economía política; de quién ostenta niveles de poder para tomar decisiones determinantes. Y aquí hay varias cosas a tener en consideración, donde nosotros, por ejemplo, como colombianos o como país, jugamos un papel muy chiquitico en el juego geopolítico grande.

La guerra comercial China - Estados Unidos va a determinar mucho los mercados internacionales que van a tener efecto sobre el tema de cambio climático. También será determinante para fijar los precios del combustible y las posibilidades de consumo de petróleo y de combustibles fósiles. 

China es un país muy paradójico en materia ambiental: a veces son los buenos de la película y otras veces los malos. 

Los chinos han sido capaces de reducir con mucha efectividad los niveles de contaminación del aire de varias de sus ciudades con su sistema estatal autocrático, algo que no han logrado otros países industrializados del mundo. 

Sin embargo, al mismo tiempo, están construyendo plantas termoeléctricas a un ritmo más acelerado que cualquier otro país del mundo. China es capaz de tomar grandes decisiones de regulación y ponerlas en marcha, a diferencia de países con democracias y sistemas capitalistas, donde hay mucha más dificultad para poner en marcha eso. 

El tema de India también va a ser importante, y el problema es que entre China e India tenemos, más o menos, un tercio de la población mundial, con aspiraciones de crecimiento e ingresos per cápita que van a estar asociados a tasas de consumo de combustibles fósiles y consumo material. 

En el caso de Europa la situación es más promisoria, o al menos eso hemos visto en los últimos días con los paquetes de recuperación económica que la Unión Europea está moviendo, que yo creo que son mucho más amables y cercanos a los debates ambientales. 

Estoy hablando de Angela Merkel, pero también del Fondo Monetario Internacional, que acaba de sacar varias directivas que, según su directora, incluyen paquetes de recuperación económica. Ojalá la recuperación sea lo más verde posible e incluya el tema ambiental.

Por su parte, América Latina debe seguir comprometiéndose a ser el cuidador del gran pulmón del mundo que es la Amazonía. 

Esto como un ejemplo de que puede ser una promesa para cuidar cosas importantes a nivel planetario y, sobre todo, para captura de carbono para reducir de cambio climático. 

Entonces, no hay un gran patrón mundial, lo que hay es muchos jugadores poderosos tomando decisiones de un lado y del otro. 

De pronto un cambio de gobierno en Estados Unidos puede ayudar. Si Biden logra ganar en noviembre va probablemente a cambiar mucho de esta guerra comercial y el tema de transición tecnológica para un modelo económico sostenible. 

Todavía toca ver qué va a pasar con esos juegos políticos en los próximos meses. 

Silla Nacional

¿Cómo afecta el coronavirus a la biodiversidad y al medio ambiente?

Hoy es el día mundial del medio ambiente. Este año Colombia es el país anfitrión y la celebración tiene como tema la biodiversidad. “La aparición de la Covid-19 ha destacado el hecho de que, cuando destruimos la biodiversidad, destruimos el sistema que sustenta la vida humana”, dice la página del evento ¿qué creen que está en riesgo con esta pandemia?

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Los superpoderosos del covid

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La emergencia generada por la pandemia del coronavirus impuso un inesperado norte a la Presidencia de Iván Duque y cambió las prioridades de su Gobierno y el ADN del poder en la Casa de Nariño. También, le dio una relevancia especial a los mandatarios locales y a la influencia del sector privado. 

 

Para mapear cómo se ha reconfigurado el poder -entendido como la capacidad de influir o hacer que pasen o no cosas que afecten las decisiones públicas importantes- en medio de la crisis, consultamos a 20 fuentes dateadas: seis altos funcionarios de Palacio y el Ministerio de Salud, dos ministros, dos viceministros, un exministro, dos asesores externos, tres miembros de gremios, dos mandatarios locales, un alto funcionario de la Procuraduría y un uribista purasangre del Congreso.

El resultado es este ranking más allá del poder obvio de Duque, quien ha priorizado la voz de los técnicos, conserva su cercanía con buena parte del sector empresarial y toma las decisiones solo luego de escuchar una diversidad de voces externas, lo que conlleva a que a veces se demore en tomarlas.

Comparado con el top de superpoderosos de Palacio que armamos hace un año, el cambio principal que encontramos es que ninguna fuente nos referenció como claves en esta época a aliados de la entraña del Presidente, como su ministra del Interior, Alicia Arango -quien pasó a la banca, entre otras, por sus salidas en falso-; su amigo Luigi Echeverri, quien igual sigue siendo un vaso comunicante con el sector privado; y su mentor y padrino político, Álvaro Uribe, quien está dedicado al populismo virtual.

#1
Fernando Ruiz y Marta Ospina

La palabra del ministro de Salud, Fernando Ruiz; y de la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, son consideradas por todas las fuentes consultadas como claves para que Duque tome decisiones desde el inicio de la pandemia.

“El Presidente siempre pide que las decisiones de salud pública sean verificadas por el Ministro”, nos dijo un alto funcionario de Palacio y en forma similar nos respondieron todos los funcionarios consultados.

Eso se vio, por ejemplo, en la discusión que se dio antes de que el país entrara en cuarentena por primera vez.

Una fuente que tiene cómo saberlo nos confirmó que en las discusiones de marzo, Duque era al inicio reticente a una cuarentena total, pero los argumentos técnicos y científicos que le dieron Ruiz y Ospina en esas horas con el argumento de detener la velocidad de contagios, fueron determinantes y cambiaron su parecer.

El Presidente los priorizó sobre las opiniones en ese momento de gremios, empresarios y políticos aliados que impulsaban medidas más blandas.

Como contamos en su perfil, Ospina fue clave para que el Gobierno no perdiera millones comprando pruebas rápidas en abril, luego de pedir que, antes de eso, su laboratorio confirmara su efectividad para detectar el virus antes de los síntomas. Y en general, “es una gurú de salud”, como nos dijo un Ministro, en referencia a sus conocimientos y liderazgo.

Ambos conforman el comité de asesores expertos que desde el Ministerio de Salud revisa el avance de la pandemia basado en nueve indicadores, que van desde las tasas de mortalidad hasta el nivel de ocupación de los sistemas de transporte, y que es de donde salen las recomendaciones para abrir y cerrar cuarentenas y aislamientos en las regiones.

Allí además están el virólogo y delegado de la OMS para las investigaciones Covid, Carlos Álvarez; el salubrista de Johns Hopkins, Antonio Trujillo; el decano de Economía de Icesi, Ramiro Guerrero; la directora del instituto de evaluación tecnológica de salud, Adriana Robayo; y el viceministro de Salud, Luis Moscoso.

Al inicio de la pandemia fueron clave los lineamientos de Gina Tambini, delegada para Colombia de la OMS, pero con el paso del tiempo, nos dijeron dos fuentes conocedoras, Álvarez tomó ese rol.

#2
Víctor Muñoz

El nombre del consejero de innovación y economía, que regresó a Palacio luego de que reveláramos que salió por un chat que mandó a un grupo de influenciadores por Whatsapp, que después se conoció como la ‘bodeguita uribista’, nos fue mencionado por 10 de las fuentes consultadas.

Su poder de influencia no radica solamente en que es uno de los amigos más antiguos del Presidente, sino porque es un geek de los datos de redes, ha gerenciado proyectos tecnológicos y es el que le pasa información diaria a Duque de estudios internacionales y cifras sobre cómo está el país en relación al mundo, que el Presidente luego dice en su programa de televisión diario.

Muñoz fue al que se le ocurrió implementar la app del INS que hoy es Coronapp, que ha sido criticada por expertos como la fundación Karisma por la opacidad sobre qué hace el Gobierno con los datos ciudadanos que recoge; y como contamos tampoco es claro que sirva para el rastreo de contagiados.

Hace parte del ‘consejo de redacción’ que Duque hace todos los días para su programa diario y de las reuniones entre el Presidente y el MinComercio para tomar las decisiones de qué sectores se van reactivando en la cuarentena.

#3
María Paula Correa

La jefe del gabinete es la funcionaria más poderosa de la Casa de Nariño. No solo porque cumple los requisitos de ser amiga de Duque y militante uribista, sino porque por su cargo es el puente entre Ministros y el Presidente.

“Ella es el filtro para lo que sea con Duque”, nos dijo uno de sus compañeros en Palacio. Y de forma similar nos hablaron dos ministros consultados y seis fuentes más.

Correa tiene la confianza absoluta del Jefe de Estado y eso se ve en que por ejemplo dirige una especie de ‘subconsejo de ministros’ para revisar el avance de la reactivación económica, al que también asisten, semanalmente, ministros sectoriales y un delegado del MinSalud para tomar decisiones sobre los sectores que seguirán en la reapertura, que al final verifica Duque.

Además, lleva el registro de tareas pendientes por hacer por cada ministro. “Es la que pone orden, nos llama y hace todos los seguimientos”, nos dijo un Ministro que habla a diario con la funcionaria.

#4
Alberto Carrasquilla

El Ministro de Hacienda es una de las voces finales para tomar decisiones económicas, junto con su viceministro Juan Alberto Londoño, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, entidad que depende de la cartera de Carrasquilla.

Es relevante porque Duque tiene como prioridad la reactivación económica y volver a los números de crecimiento del 3 por ciento anual, además de que personalmente son cercanos (aunque un consultado con contactos en Palacio nos dijo que estaban distanciados, versión que no pudimos verificar con otra fuente independiente).

“El Presidente le consulta todas las decisiones fiscales y Londoño es el que hace el tema más operativo”, nos explicó un consejero que conoce de la dinámica en Hacienda.

De hecho, un empresario nos mencionó que como Carrasquilla “habla cuando se le da la gana” es Londoño el que hace de vocero en muchas de las políticas económicas aplicadas a la pandemia con medios y empresarios.

El viernes, en la presentación del marco fiscal, un evento que tradicionalmente Carrasquilla encabeza, fue Londoño y no el otro viceministro técnico, el que lideró el encuentro, ya que el Ministro no pudo asistir por fuerza mayor.

#5
Los alcaldes locales

Los alcaldes se crecieron ante Duque en el coronavirus, ya que son los que tienen que poner en la práctica en terreno todos los anuncios que se hacen desde Bogotá. En ocasiones, como hemos venido contando en La Silla, han tenido que presionar o pelearle al Gobierno para que tome decisiones de orden público, como ocurrió con la decisión del jueves pasado de volver a la cuarentena en el Atlántico, ante el aumento de casos.

Se han unido para criticar medidas del Gobierno, como cuando fue creado el fondo para la pandemia Fome, que tomaba recursos locales para financiar los gastos de la crisis y fue duramente criticado por Asocapitales, lo que puso a correr a la MinInterior para lograr consensos alrededor del polémico decreto, como contamos.

O para pedir más recursos, como hace poco hizo Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, para que llegaran las prometidas camas UCI y respiradores que el Gobierno había quedado en darle.

Más recientemente, varios mandatarios regionales salieron públicamente a criticar a Duque por las aglomeraciones del día sin IVA, ante lo cual el Gobierno prometió más incentivos para el comercio electrónico.

Debido a los cortocircuitos en comunicación con ellos, fue que Duque delegó que MinSalud y MinInterior vigilaran la reapertura regionalizada dependiendo de la situación epidemiológica de las ciudades. Así se definieron decisiones como el cierre de seis barrios en Cartagena o el decreto de cierre para el Atlántico.

“Hay unos alcaldes muy conservadores que nos piden que no abramos tantas cosas y por eso tenemos que mediar mucho”, nos dijo un alto funcionario que maneja las reaperturas sobre el poder que han adquirido los mandatarios.

#6
Clara María González

La Secretaria Jurídica de Palacio ha sido clave para la estrategia legal del coronavirus y los más de cien decretos que el Gobierno expidió en el marco de las dos emergencias económicas y que mostramos que en su mayoría favorecían al sector privado.

Su labor, invisible hacia afuera, es que los decretos quedaran lo suficientemente armados en la parte legal para que no se caigan ante la Corte Constitucional que los está revisando. Ahora, arma la defensa jurídica para la justificación del estado de emergencia económica que permitió sacar las normas sin que pasaran por el Congreso, un asunto que el alto tribunal también revisa.

“Esos decretos son la base jurídica de la estrategia contra la crisis económica que viene en adelante para la pandemia y su rol es evitar que queden mal hechos para que no se caigan”, nos dijo respecto de la labor de González un alto funcionario judicial que le hace seguimiento a la pandemia.

Su voz incide hacia dentro de Palacio también. Como contamos en su momento, el concepto de González fue clave para que Duque decidiera no extraditar a alias ‘Jesús Santrich’.

#7
El sector privado

Tres empresarios y dos ministros nos dijeron, por aparte, que la influencia del sector privado sobre el Gobierno es clara desde el principio de la pandemia.

Duque le ha dado al empresariado un protagonismo especial. De hecho, desde el inicio del Gobierno, que quedó en evidencia al armar su primer gabinete con aliados de gremios.

Los empresarios fueron de los primeros a los que Duque anunció varias medidas, como la primera emergencia económica, como contamos en su momento.

Según dos fuentes enteradas, Duque llama personalmente a los líderes gremiales y tiene especial cercanía con Sandra Forero, presidenta de Camacol y el consejo gremial. A ella, por ejemplo, le dijo que ampliaría la primera cuarentena antes de anunciarlo públicamente, para ir ambientando la noticia en el sector y apoyarla en medios, como efectivamente hizo después.

En ese grupo de cercanos sobresalen también el director de la Andi, Bruce MacMaster, a quien Duque llevó a su programa para que lanzara la campaña de autocuidado la semana pasada; la empresaria Rosario Córdoba del consejo privado de competitividad, quien acompaña varios protocolos de reapertura, y la firma consultora McKinsey.

Sobre esta última, dos funcionarios de Palacio y un Ministro nos dijeron, por aparte, que Andrés Cadena, su presidente para Colombia, fue un asiduo visitante a Palacio en el momento cero de la pandemia.

Además de dar su concepto sobre cómo manejaban otros países la crisis, de esas reuniones salieron ideas que Duque implementó, como la creación del comité experto de asesores de MinSalud y la Gerencia del Covid de la Presidencia.

En ese engranaje, Duque tiene como asesor en Palacio al consejero para el sector privado, Juan Emilio Posada, expresidente de VivaAir, y quien se llama a sí mismo un “problem solver”, según un funcionario que trabaja con él.

Eso se ha visto en la pandemia cuando, por ejemplo, en abril Posada ayudó a traer al país dos robots para acelerar las pruebas que hace el INS, que estaban embolatados por papeleo, a través de una conversación que tuvo con el CEO de la empresa Hamilton, que hace estos aparatos.

#8
La Gerencia del Covid

El grupo que lidera el exministro y amigo del presidente, Luis Guillermo Plata, es el encargado de articular con regiones la estrategia desde el Gobierno para la respuesta a todo lo referente a salud. Básicamente, importar las UCI, respiradores y reactivos que hagan falta para los hospitales y laboratorios, además del transporte aéreo de ayuda humanitaria y de personal de salud.

Desde Palacio, Plata y su equipo, conformado entre otros por el exalcalde de Montería, Carlos Correa, y el exsecretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, reciben las peticiones de MinSalud, MinInterior, los alcaldes, el INS y los laboratorios para empezar a buscar qué es lo que hay que comprar.

Mientras Correa habla con los alcaldes y trabaja de la mano con la consejería regional y los ministerios, Villamizar hace lo propio con INS, hospitales y laboratorios.

De ahí salió la estrategia Prass (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) que busca regionalizar la atención con las capacidades de cada ciudad. Por ejemplo, si a una ciudad le faltan epidemiólogos para un cerco, o un call center para recibir las emergencias, es desde esa gerencia que se buscan los recursos para poner lo que falta.

“Antes estábamos muy desorganizados y fue desde la gerencia, con Villamizar, fue que nos pusieron a hablar a EPS, MinSalud, operadores del sector y alcaldes”, nos contó al respecto un líder de un poderoso gremio de salud.

Comenzó hace un par de semanas con tres pilotos con diferentes niveles de complejidad: Quibdó, que no tiene recursos; Cartagena, que tiene el sistema colapsado; y Palmira, que tiene recursos y el sistema no colapsa, para hacer acompañamientos, pruebas y cercos de contagiados.

#9
Clara Parra y Alejandra Botero

La primera es la Consejera de Duque para la Competitividad y la segunda es la Consejera para el Emprendimiento. Ambas, que prefieren el bajo perfil, se han vuelto en funcionarias indispensables para el Presidente en el manejo de la pandemia.

Desde la consejería de competitividad, Parra -quien además es la esposa del MinHacienda- es uno de los múltiples puentes entre Presidencia y el sector privado. “Es la oficina del desahogo del sector privado”, nos dijo un Ministro que la conoce. Desahogos como que se reactiven más rápido los sectores.

También, resuelve chicharrones del día a día, desde citas prioritarias para el Presidente, hasta cuellos de botella que desde su consejería pueda hacer para empresarios. “Ella llega con problemas y soluciones para los ministros”, nos dijo otro funcionario.

Y desde la consejería para el emprendimiento, Botero es la que lleva el tablero de logros y seguimientos para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del Gobierno, ahora en modo coronavirus.

“Pregunta, insiste en los datos, en qué vamos quedados, en qué no. Te habla en números y busca de dónde sacar la plata”, señaló un funcionario.

Bajo esos parámetros, define con Duque las prioridades inmediatas del Plan. “Siempre el Presidente ante un tema específico del PND que tiene que ver con la pandemia, pregunta: ‘¿y la doctora Alejandra qué dijo?’, así es de clave su opinión”, remató un Ministro.

#10
Gerson Bermont

En el papel, este optómetra cucuteño con maestría en salud pública es el enlace entre el MinSalud y la Presidencia para atender la pandemia. Pero en la práctica hace mucho más que eso.

Bermont lidera un equipo de funcionarios en el MinSalud que es clave en la minucia de la redacción y revisión de todos los protocolos de bioseguridad para la reapertura de los sectores económicos que han ido saliendo, que incluyen desde la construcción hasta las peluquerías.

Además, tiene asiento en el ‘subconsejo’ de Ministros sectoriales que estudian y definen qué sectores reabrir. Su palabra, de acuerdo a dos asistentes a esas reuniones, es clave, porque es la que da el visto bueno de si un sector está suficientemente listo para reabrir.

Tiene comunicación directa con los ministros y es la persona a la que ellos acuden si hay dudas sobre las reaperturas.

Actualmente, su equipo en MinSalud es el que está revisando los protocolos de las reaperturas de los restaurantes y los cultos religiosos en los casi 500 municipios con baja afectación de covid.

Llegó al cargo por el ministro Fernando Ruiz, quien lo llamó tras ser director de salud territorial en Caldas.

Silla Nacional
Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

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“De innovar depende que en Barranquilla esto sea grave o muy muy grave”

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Los datos dicen todo sobre la gravedad de la crisis: este fin de semana, Barranquilla y el Atlántico superaron las mil muertes por coronavirus. Un tercio de los 3.223 fallecidos que registra hoy el país están en este departamento, que tiene apenas poco más de dos millones y medio de habitantes en total.

Para hablar de emergencia -que según el alcalde Jaime Pumarejo, la gobernadora Elsa Noguera y el presidente Iván Duque, encuentra explicación en la “indisciplina social”-, entrevistamos al médico de la Universidad del Norte Julián Fernández, quien es magíster en Salud Pública y doctor en Epidemiología. 

 

Fernández es autor de más de 30 artículos científicos, participó en la guía Epidemiología urgente para periodistas de la Fundación Gabo, ha seguido de cerca la evolución de la pandemia en Colombia y en Barranquilla y, en estos tres meses de cuarentena, se ha convertido en un twittero bastante seguido por sus observaciones científicas.

La Silla Vacía: ¿Qué explicación le encuentra desde su experticia a que Barranquilla se haya convertido en foco de contagio del país?

Julián Fernández: Es una combinación de múltiples factores. Uno de los que más incide es la pobreza urbana. El Atlántico es uno de los departamentos con mayor nivel de pobreza y, aunque es cierto que ésta es mucho mayor en departamentos como La Guajira, allá se trata de un problema predominantemente rural.

En el Atlántico, y en particular en el sur de Barranquilla y en el área conurbada con Soledad, hay una alta proporción de pobreza urbana y densidad de la población, que favorecen la propagación.

Sumado a esto, hay otros factores como una desconfianza institucional que es histórica, una estrategia de comunicación que no fue tan clara en algunos momentos y la informalidad laboral, que está asociada a la pobreza. Agregaría también la falta de velocidad en implementar acciones diferentes y anticipadas como uno espera en una capital, como hicieron Bogotá o Medellín, con mayor innovación.

LSV: ¿Qué acciones se demoraron en tomar en la ciudad?

Julián Fernández: En primer lugar, los cercos epidemiológicos y las intervenciones de base comunitaria, ambos asuntos sobre los cuales habíamos llamado la atención desde hace unas semanas.

Ciertamente, hay que decir que en Barranquilla se tenían mapas, desde hace varios meses, de zonas de calor en lugares con mayor transmisión, y se han usado para direccionar estrategias como los cercos. Pero no me refiero a ese tipo de intervención, sino particularmente a vigilancia comunitaria, como se hizo en Cartagena. El mismo ministro (el de Salud, Fernando Ruiz) dijo que Barranquilla debería seguir el modelo de Cartagena, Tumaco y Leticia, que lograron una rápida reducción de la velocidad de transmisión con una combinación entre rastreo de contactos e intervenciones comunitarias.

Es importante también seguir incrementando la rectoría de las EPS para reducir los retrasos en las pruebas y la atención, así como para mejorar la atención domiciliaria integral.

LSV: En concreto, ¿cómo han sido esas intervenciones comunitarias exitosas que no se han hecho en Barranquilla?

J.F.: No es tan fácil como decir que ya sabemos qué hay que hacer, y toca hacerlo. Primero, porque cada contexto es diferente, y segundo, porque los académicos reconocemos las complejidades operativas, y socioculturales que hay en la región, y que dificultan el control de la transmisión. Estamos cargando con el peso de problemas estructurales históricos.

Sin embargo, hay oportunidades para innovar. Una estrategia sólida de vigilancia epidemiológica comunitaria estructurada, y articulada con la vigilancia epidemiológica institucional, donde haya gestores barriales de la propia comunidad para identificar y monitorizar a los más vulnerables se ha ensayado en otros contextos similares. También debo insistir en la necesidad de incrementar el número de rastreadores, todas las ciudades están debajo del número necesario, pero para Barranquilla y el Atlántico es clave hacerlo lo más pronto posible.

Este no es un tema de ventiladores, sino de que los pacientes no lleguen a necesitarlos. Debemos superar la respuesta de emergencia, y pensar en más soluciones a largo plazo.

LSV: ¿Cómo leer la alta letalidad del virus y la curva de contagios ascendente en Barranquilla?

J.F.: Sobre la curva de contagios, lo que tenemos es un incremento de la velocidad que comenzó desde finales de abril. Y esto, además de los problemas estructurales que mencioné, se debe también a la baja atención de ciertos sectores de la población a las medidas que incluyen personas de todos los niveles socioeconómicos.

Esta baja adherencia o atención favorece el contagio. Aparte de los factores ya dichos, es cierto que hay gente que por baja percepción de riesgo siguieron organizando reuniones sociales.

En algún momento en abril, la adherencia a la cuarentena empezó a disminuir y se relajaron las medidas. Eso explica la propagación. Mantener alta la percepción de riesgo, sin generar pánico, pero sí conciencia, es indispensable.

LSV: ¿Y la letalidad?

J.F.: En el tema de la letalidad, Barranquilla está por encima del 4 por ciento frente al promedio nacional es de 3.3 por ciento. Sin embargo, sería irresponsable opinar en ese caso porque la cifra de letalidad de fuentes oficiales tiene una limitación metodológica y es que el denominador depende del rastreo de contagios. Hay más muertos en términos absolutos, en primer lugar, porque hay más casos. Así las cosas, no se puede decir que la probabilidad de morir es mayor en Barranquilla que en el resto del país. Al menos no sin antes hacer otro tipo de análisis, aunque sí es algo que llama la atención.

LSV: Las autoridades locales, apoyadas por el presidente Iván Duque, han reducido la explicación a lo que sucede en Barranquilla a un asunto de “indisciplina social”, ¿qué opinión le merece eso?

J.F.:El discurso de indisciplina social da un mayor peso a la culpa, que es diferente a la responsabilidad, de los individuos. Y eso no reconoce que hay unos determinantes sociales que explican que la gente se movilice.

Tampoco reconoce la responsabilidad colectiva por la no toma de las medidas institucionales. La actitud de las personas frente al virus se puede explicar de muchas maneras: como por ejemplo que tienen baja percepción de riesgo porque los mensajes de comunicación que hablaban de que ‘la única solución es contagiarnos de a poco’ pudieron reducir la alerta. Afortunadamente, se ha redireccionado la estrategia de comunicación desde hace algunas semanas.

Con esto no quiero decir que no haya personas imprudentes que han organizado fiestas, tanto en las clases altas como en las de bajo recursos. Pero cuando yo enfoco el problema solo como un tema de indisciplina, así mismo viene la solución en el mismo sentido únicamente: disciplinar, vigilar y castigar.

Los discursos públicos son narrativas que muestran la manera en que entendemos los problemas y determinan cómo respondemos a ellos.

En cambio, cuando yo enfoco el problema como un tema de responsabilidad, entonces la solución ya no es únicamente disciplinar, sino también generar responsabilidad y consciencia. Esto toma tiempo y es difícil.

Ciertamente, habrá personas que no importa lo que se haga van a tener conductas irresponsables, pero asumir que la mayoría de las personas es indisciplinada nos niega la oportunidad de hablar de educación para la salud, que es algo difícil, pero tiene resultados más efectivos.

Además el discurso de indisciplina refuerza los estereotipos que han padecido las personas del Caribe colombiano.

LSV: En respuesta a lo que pasa, la Alcaldía apretó las medidas del confinamiento (las devolvió casi al principio) y sacó a militares a las calles. A pesar de eso, la gente sigue incumpliendo en muchos barrios el aislamiento. ¿Por qué cree que pasa eso?

J.F.: Lo primero que hay que decir es que nadie tiene la solución a un problema tan complejo. Ese tipo de estrategia restrictiva es la más tradicional, pero puede no ser suficiente cuando hay desconfianza institucional, cuando hay necesidades que no están siendo percibidas por las autoridades y cuando hay una ruptura de la cooperación colectiva, como parece ser el caso.

Yo entiendo que la visión que ha tenido la Alcaldía es de emergencia, y en muchos sentidos lo es porque, por supuesto, estamos al borde del colapso de las UCI. Sin embargo, esto es algo que va a durar varios meses y probablemente años, así que desde esa perspectiva, si bien son importantes las medidas de choque, tenemos que apostarles a medidas de largo plazo porque es insostenible tener medidas punitivas así funcionen.

Dicho eso, sí tenemos aprendizajes en salud pública sobre cómo transformar las conductas de las personas que podríamos poner a prueba.

LSV: ¿Cómo cuáles?

J.F.:Hay experiencias con participación de los líderes comunitarios, promoviendo que ellos tengan recursos y capacidades para ejercer un liderazgo articulado que promueva medidas, que transfiera la información de las necesidades de la población y que identifique personas con alto riesgo. Eso requiere un trabajo de campo de alguien que haya trabajado con estas comunidades, que conozca de sus dinámicas y liderazgos.

Toma meses lograr esa articulación, pero, dado que esto va a durar meses o años, es algo que vale la pena intentar.

LSV: Es probable que en Barranquilla los datos de fallecidos aumenten en los próximos días, ¿hay algo que se pueda hacer en el corto plazo frente a eso?

J.F.: Lamentablemente, el impacto de cualquier medida se va a saber tiempo después. Aunque, sí hay varias cosas que se pueden hacer ya. Una de ellas es mejorar la estrategia de comunicación, que ha sido muy criticada, no solo por epidemiólogos sino por distintas organizaciones sociales y otros académicos; debido a que el mensaje no siempre deja claro el riesgo, aunque reconozco que sí ha cambiado recientemente.

Yo he sugerido que la comunicación del riesgo tenga una voz propia, distinta a la voz de la comunicación de la gestión. El señor Alcalde tiene todo el derecho a tener una voz que comunique lo que él hace, pero esa voz es una voz que llama a inspirar, a la solidaridad. Sería bueno que, además, hubiera una voz más técnica, independiente, que no genere esos apasionamientos políticos, que permita comunicar el riesgo de manera transparente, clara, en tiempo real.

Otra cosa que puede servir es identificar el rastreo de contactos. Estamos todavía, no solo en Barranquilla pero es que acá es más urgente, por debajo del número de rastreadores que se necesita. Se habla de uno por cada tres mil personas. Hacer una gran inversión en contratar y entrenar rastreadores, que es algo que ya se ha comenzado a hacer.

Por supuesto, hay que comenzar a hacer el trabajo comunitario. De ahí se puede tratar de aprender de la experiencia digital y comunitaria de Cartagena, que si bien no es perfecta deja algunos aprendizajes.

Y obviamente la rectoría y la mentoría de las EPS porque los retrasos en la asignación de las UCI nos están pasando factura, aunque han existido progresos tales como por ejemplo centralizar las UCI en el Centro Regulador de Urgencias (Crue).

LSV: ¿Qué le parece la decisión de trasladar a quienes incumplen la cuarentena a la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia (UCJ)? Según Pumarejo, 395 personas fueron llevadas allí el fin de semana, en una medida criticada porque la UCJ puede convertirse en foco de contagio.

J.F.: De acuerdo con la crítica. En algunos países hay mandatarios que están utilizando este tipo de medidas punitivas, que van desde una multa hasta llevar a la gente a recluir por unas horas.

En el tema de multas, me parece que hay evidencia que es una medida que se agota en el tiempo y que, cuando hay necesidad, las personas prefieren exponerse al castigo que cambiar la conducta. Es decir, si las multas hubieran servido no estaríamos observando lo que observamos ahora.

Además, yo quisiera saber cuántas de esas multas se han pagado.

LSV: Según dijo la Gobernadora Noguera, hace unas semanas de 44 mil multas sólo se habían pagado 31...

J.F.: Y seguramente hay gente que incurre varias veces.

LSV: Según el comandante de la Policía de Barranquilla, Ricardo Alarcón, hay personas que tienen hasta diez multas...

J.F.: Es decir, hay personas a las que eso no les importa o que simplemente no tienen otra opción. En ese sentido, a mí me parece un poco injusto poner en un mismo cajón a las personas que lo hacen por necesidad y a aquellas que lo hacen por irresponsabilidad. No es lo mismo un vendedor ambulante que alguien que organiza la fiesta. Hay un nivel de responsabilidad distinta, y la Policía debería enfrentar eso de manera diferente.

Por otro lado, insisto en que el problema de las multas no es solo si son justas o no, sino si sirven. A mí no me parece claro que sirvan, lo mismo pasa con llevar a la gente a la UCJ.

LSV: ¿Qué hacer con los fiesteros?

J.F.: Si hay un problema de verdad de fiesteros, algo que se ha intentado en otros países es ofrecer alternativas de ocio bajo condiciones reguladas que permitan desestimular ese tipo de celebraciones.

Insisto, habrá personas que no vamos a poder adherir, siempre hay personas que son refractarias a la acción institucional, pero podemos hacer que las que están en el centro se articulen mejor y que sean menos las que se separen de las medidas. Adaptar las medidas a cada contexto particular.

LSV: Otro asunto en Barranquilla -aunque no exclusivo de la ciudad- es el trato a los médicos. Hace poco se registró una amenaza en Soledad contra el médico José Julián Buelvas bajo el argumento de que lamentablemente se le murió un paciente...

J.F.: Totalmente. Este es otro efecto de la desinformación y de las teorías conspirativas formuladas por personas inescrupulosas.

Las personas que se creen este tipo de noticias falsas muchas veces son víctimas que están pasando por el dolor de la pérdida de un familiar, y hay personas y medios de comunicación que han puesto noticias imprecisas o noticias falsas que han favorecido esta idea de que hay un cartel del covid o que los médicos están inventando casos de covid.

Esto es una tontería, cuando el personal de la salud es el que está exponiéndose a una carga laboral, a estrés social y al riesgo de contagio. Son ellos los que han tenido sobre sus hombros gran parte de la pandemia y es una injusticia que contra ellos se generen este tipo de calumnias.

LSV: Más allá de la disponibilidad de las UCI, ¿considera que Barranquilla cuenta con la cantidad de intensivistas suficientes para atender a los pacientes críticos que requieran de un ventilador?

J.F.: En general, a nivel nacional el número de personas con experiencia en cuidado crítico está por debajo de lo que podríamos llegar a necesitar. Por eso se ha hablado de la posibilidad de formar rápidamente en cuidado crítico a médicos de otras especialidades o médicos generales.

También en algún punto se había planteado, si llega a ser necesario, favorecer la homologación de títulos de médicos de universidades acreditadas extranjeras. Esa es una posibilidad que en algún momento se discutió y que genera una resistencia que entiendo, pero quizá en algún momento sea necesario considerarla con todas las garantías de verificación de calidad académica.

LSV: A esta altura, con la cifra de contagios tan alta, ¿se puede revertir la tendencia de Barranquilla?

J.F.: Es hora de que hablemos de forma transparente: esto va a ser grave y vamos a tener miles de muertes, ya llevamos más de tres mil a nivel nacional. Esto es algo que debió decirse de manera más clara desde el principio, no para generar pesimismo, sino para que la sociedad sepa a qué nos estamos enfrentando.

No existía ninguna razón para que esto fuera diferente a como ha sido en el resto del mundo. Y, aunque tuvimos más tiempo para prepararnos, nuestros sistemas de salud son más débiles que los de Europa y los de Asia, por lo que el impacto que la pandemia va a tener en Colombia va a ser grande.

Dicho esto, el hecho de que sepamos que el impacto va a ser grande no quiere decir que tengamos que resignarnos. De innovar depende que en Barranquilla esto sea grave o muy muy grave.

No sé si podemos revertir una tendencia, pero todavía podemos salvar vidas y hacer que el impacto no sea tan fuerte.

Silla Nacional
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Un pueblo lejos de todo y su alcaldesa con covid

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Santa Bárbara de Iscuandé es el municipio más lejano de la costa pacífica nariñense. No tiene carreteras que lo conecten con el interior del departamento de Nariño y está a cuatro horas de lancha de Tumaco, el pueblo más cercano a una vía pavimentada, y a diez horas de Pasto. Su alcaldesa, personero, tres secretarios del despacho y el gerente del centro de salud se contagiaron de covid. Algo que ha agravado la situación en esta pandemia. En este podcast contamos su historia. 

Nota: este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, StitcherAkörde Podcast, Google Podcast. ¡Y ahora en Spotify! Son una buena opción para tiempos de cuarentena.

Silla Nacional
Laura Soto
Beatriz Perez
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A punta de presión, Claudia López le ganó otro pulso a Duque

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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le ganó ayer otra vez un pulso al presidente Iván Duque en la gestión de la pandemia del covid, al dejar claro que ella tenía la razón en el compromiso del Gobierno Nacional sobre los ventiladores que debe entregar al Distrito para instalar más Unidades de Cuidado Intensivo UCI, vitales para atender a los pacientes que se agravan.

Con ello, alejó el fantasma de la cuarentena estricta para Bogotá (en la que ya están otras ciudades, como Barranquilla, uno de los mayores focos de contagio hoy), pero dejó latente el riesgo que existe para del país de que  se termine politizando la pandemia.

La mandataria había empezado un enfrentamiento con el Gobierno Nacional desde hacía varios días, al quejarse públicamente de que no había cumplido con la meta de conseguir estos tres meses de confinamiento dos mil UCI porque el Presidente, a su vez, no entregó a la ciudad los ventiladores a los que se había comprometido.

Es decir, López le echó la culpa a Duque a un incumplimiento por el que ya le estaban reclamando varios sectores a nivel local.

La pelea se calentó este fin de semana, cuando la Alcaldesa planteó la posibilidad de que la capital volviera a un confinamiento estricto, como el de marzo, por 14 días, debido a que ya se había superado el 70 por ciento de ocupación de UCI.

Y subió aún más de tono, luego de que, en reacción a una ola de críticas por redes (de sectores como el petrismo, el Centro Democrático y Colombia Justa libres), López dijo el lunes en una transmisión por Facebook Live, entre otras cosas, que no le servían los ventiladores del Gobierno en agosto porque “llegarían para el velorio”. Que si no le iban a cumplir, debían haberle dicho antes. 

Que el Gobierno había decidido centralizar la compra de ventiladores y que por eso era su responsabilidad. Que entiende que no puedan llegar los ventiladores por la competencia internacional, pero que entonces le permitieran hacer una cuarentena extrema de 14 días, y que no le echen la culpa a los ciudadanos del aumento del contagio porque con o sin tapabocas éste iba a subir si había tanta gente en la calle. 

En respuesta, ayer el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano, dijo en medios que los ventiladores no se consiguen “a punta de gritos”, en clara referencia al tono de la Alcaldesa de Bogotá (a lo que ella contestó señalando de machista a Molano).

El incendio se apagó, sin embargo, por la tarde, luego de una reunión entre López y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quienes habían acordado desde la semana pasada un encuentro para discutir las medidas a tomar frente a la velocidad del contagio en la ciudad, incluyendo el tema de la cuarentena estricta. 

La credencial del Ministro en esa reunión fue el anuncio que, minutos antes de él encontrarse con la Alcaldesa, hizo el Presidente Duque. El Primer Mandatario anunció que anticipaba para ese mismo martes la entrega de 305 ventiladores para Bogotá, que en principio iban a llegar en agosto. Estos se suman a 125 entregados por la Nación hace unos días, para un total de 430 equipos que tendrían que ser instalados en julio. 

En la reunión, el Ministro, además, se comprometió a darle a Bogotá otros 292 ventiladores para un total definitivo de 722. Aún no han establecido la fecha de entrega de estos últimos, pues dependen de la llegada de los equipos al país, pero el compromiso quedó por escrito.

Después de su cita, el Ministro de Salud y Claudia López aclararon en un video que enviaron a los medios que, efectivamente, el Gobierno sí se había comprometido a proveer el 70 por ciento de los ventiladores de Bogotá, como lo había afirmado la Alcaldesa en medios durante el fin de semana. 

La mandataria dijo, mientras el Ministro asentía, que en el Ejecutivo hubo una confusión y que pensaron que se necesitaban 1.049 ventiladores y no dos mil. Por eso, entregarán por ahora 722. 

Entre ambos gobiernos quedó el compromiso de que observarán semana a semana cómo avanza el contagio para ver si Bogotá necesita más ventiladores por parte de la Nación. La mandataria reiteró que siguen estimando que necesitan mil.  

Esa declaración conjunta puso fin al enfrentamiento de los últimos días y le dio la razón a López, que culpaba al Gobierno de incumplir su promesa de entregarle a la ciudad los ventiladores, mientras que el Ministro de Salud publicaba un documento del 26 de mayo en el que había dicho que le entregarían a Bogotá 425 para agosto, muchos menos de las expectativas que tenía la Alcaldía. 

López obtuvo parte de lo que quería. Con el riesgo de que este episodio sea sólo un capítulo más de una creciente politización de la pandemia.

Más teniendo en cuenta que no es la primera vez que, para pujar por una decisión presidencial, la Alcaldesa mete presión y se abre en enfrentamiento público con el Gobierno Nacional. Así pasó a principio de la pandemia, cuando la mandataria impulsó el simulacro preventivo de confinamiento apoyada en modelos epidemiológicos que le presentaron sus expertos.

Este es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países como Estados Unidos, en donde hasta ponerse un tapabocas genera polarización.

“Nunca debió tratarse de un pulso político”, dice al respecto el analista Carlos Súarez. “Con ese hecho el único perjudicado es el ciudadano bogotano porque no se ha dado la preparación ni la coordinación entre autoridades que se necesita”.

Y es que la advertencia de volver a cerrar la ciudad le puso al Presidente Duque la presión de los gremios y las entidades financieras, por el impacto que un nuevo confinamiento generaría en la economía, un asunto que es prioritario en su agenda dada la disparada del desempleo.  

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, le dijo a La Silla que la tasa de desempleo ya estaba estimada en 19,2 por ciento y aumentaría con una nueva cuarentena, que además podría costar en pérdidas entre siete y nueve billones de pesos más de los que ya se han perdido. 

“Lo único que generaría una nueva cuarentena es más desempleo, más empresas quebradas, más violencia y más criminalidad (...) Tenemos que ser capaces de adaptarnos al virus y seguir funcionando”, dijo a este medio Juan Carlos Pinzón, presidente de Pro Bogotá, (organización de las empresas más grandes de la ciudad). Agregó que lo que necesitábamos era un liderazgo que motive a la ciudadanía a seguir funcionando con todas las medidas de bioseguridad. 

En esa misma línea, el director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, y ex ministro de Salud, Mauricio Santamaría, aseguró que volver a la cuarentena era “inviable”. Incluso considera necesario “empezar a abrir restaurantes, transporte aéreo y terrestre”. 

Lo que viene

Los ventiladores que le entrega el Gobierno ya a Bogotá evitarán por ahora el colapso del sistema de salud en la ciudad. Ahora bien, la Alcaldesa todavía tiene que conseguir el resto de los que necesita. 

En este momento tiene 942, más 70 que el Distrito compró y que le llegarán en julio  y otros 140 que le va a entregar el sector privado. Es decir, que con los 300 que le acaba de entregar el Gobierno, más 292 que le debe, tendrá 1.744 (cuando arrancó la pandemia tenía 300 para pacientes covid). Ella tendría que completar 256 o negociar nuevamente con Duque para que le den una parte de esa cifra. 

Ya muchos la han criticado por tirarle la pelota al Gobierno cuando Bogotá cuenta con dinero suficiente para comprar sus propios equipos y otros departamentos han gestionado por su cuenta las UCI. Además de eso, la han señalado porque la mayoría del crecimiento en UCI ha sido de la red privada, que tiene al 80 por ciento de las UCI para pacientes covid. 

Por ejemplo, el concejal Andrés Forero, del Centro Democrático, ha estado trinando en redes que Bogotá en tres meses, “solo compró 70 ventiladores”, cosa que es cierta. También ha dicho que la Alcaldía ha hecho “muy poco” en comparación con la gestión del Gobierno. 

La compra de 70 ventiladores del Distrito es una cifra, proporcionalmente, muy inferior a Cundinamarca, por ejemplo, que compró a mediados de junio 130 ventiladores que estarán listos esta semana. O al Valle, donde hay un proceso de compra de 300 y los primeros también se están instalando en estos días. Antioquia ha adquirido 200 unidades, de las cuales 168 las gestionó Medellín. 

Los ventiladores que consiguió del Gobierno le darán a la Alcaldía, por ahora, un margen de maniobra para comprar los que le hagan falta, y el acuerdo al que llegaron hoy amaina la tormenta que se armó el fin de semana. 

Al final de la reunión, se despidieron con codazos.

Silla Nacional
Claudia López

Claudia López

Alcaldesa de Bogotá

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El conteo de UCI en el momento más crítico

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Colombia está entrenado a uno de los momentos más críticos de la pandemia del coronavirus. Estamos cerca de los 100 mil contagios en total y somos el décimo país con más enfermos diagnosticados por día, según las cuentas de la Universidad John Hopkins. Los muertos ya suman más de tres mil.

Como advirtieron los expertos desde el principio de la crisis, en estas horas se vuelve clave como nunca el alistamiento del sistema de salud y, puntualmente, que haya Unidades de Cuidado Intensivo UCI disponibles para atender a los pacientes que se agraven.

Por eso, el conteo de UCI es una inquietud que quita el sueño tanto a dirigentes nacionales y locales, como a ciudadanos de cualquier tipo. El cálculo, además, no sólo importa en cifras generales totales, sino por ciudad, debido a que, al igual que en otros países, en Colombia el brote de covid ha crecido exponencialmente en sitios específicos y no por igual en todas las regiones, como contamos en esta historia.

Así como en China el virus se concentró en Wuhan, en Estados Unidos en Nueva York y en Ecuador en Guayaquil, en Colombia hay ciudades, como Barranquilla, Cali, Quibdó y Bogotá, que están en alerta, porque los contagios y los muertos han ido creciendo.

Para estar al día con esto siempre con la información más reciente, La Silla Vacía lanza su contador de UCI, que estará ubicado en la parte superior de nuestro home y tendrá la información actualizada del porcentaje disponible de estas unidades en las cinco principales ciudades (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín) más dos críticas en las que el contagio está disparado (Quibdó y Cartagena).

No incluimos Leticia, una ciudad en donde el brote estuvo crítico pero ha bajado en los últimos días, porque aún no cuenta con UCI.

Hasta el momento de esta publicación, este es el panorama del cuidado intensivo en esas siete capitales:

Bogotá, la puja por las UCI que ganó Claudia López

26,6% UCI disponible

Bogotá, con 30.017, es la ciudad de Colombia con más casos de covid. Tiene poco más del 30 por ciento de los contagios del país. Y los muertos suman poco más del 20 por ciento del total acumulado en Colombia.

Debido al incremento en el número de casos, las UCI de la ciudad han ido llenándose con el pasar de los días. Esto causó una pelea entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque, pues la primera reclamó al segundo no haberle entregado los ventiladores a los que se había comprometido el Gobierno para poder instalar estas unidades.

La mandataria incluso advirtió que la capital podría volver a una cuarentena estricta, pero, como contamos en este historia de hoy, al final logró que la Nación le entregara unos ventiladores que ayudarán a bajar el porcentaje de ocupación.

Al comienzo de la pandemia, Bogotá contaba con 300 UCI para pacientes covid y la Alcaldesa se propuso llegar a 2.090. Hoy hay 942 instaladas, de las cuales 691 están ocupadas, lo que equivale al 73,4 por ciento.

De las camas que se iban a comprar, el Gobierno Nacional se comprometió a darle a Bogotá 722 ventiladores en total, de los cuales ya ha entregado 430, como contamos en este hilo en Twitter.

En los próximos días instalarán otras 305 camas UCI con los ventiladores que dio ayer el Gobierno.

Barranquilla, el foco de contagio

22% UCI disponible

De las cinco principales ciudades del país, Barranquilla es la que más casos tiene por habitante (113,86 por cada diez mil personas). La cuenta en la capital del Atlántico va por 12.754 contagios y 675 fallecidos, cinco menos que Bogotá que una población tres veces más grande.

Con apenas poco más de dos millones y medio de habitantes, Barranquilla y el Atlántico han llegado a sumar casi la mitad de los muertos del país, en el conteo diario que emite el Ministerio de Salud.

Aún así, el alcalde barranquillero, Jaime Pumarejo, dijo este martes en una entrevista en vivo que era que en Barranquilla “todo el mundo ahora quiere una UCI” porque “están de moda”.

Desde que inició la pandemia hasta ahora, Barranquilla pasó de 411 a 545 camas UCI. De esas, 425, que equivalen al 78 por ciento, están ocupadas.

En este momento, 79 camas están en proceso de instalación. Así que en los próximos días contará con 624 UCI.

El Gobierno Nacional le ha entregado 108 ventiladores a la ciudad para armar estas camas. Consultamos en la Alcaldía para averiguar si había un compromiso previo concreto, pero no nos respondieron.

En todo caso, públicamente Pumarejo ha elogiado la gestión del presidente Iván Duque.

Bucaramanga, la capital con menos casos y más porcentaje de UCI libres

39% UCI disponible

La capital santandereana es, de las cinco grandes ciudades, la que menos casos tiene por habitante. Van 159 personas que han sido contagiadas de covid (3,01 enfermos por cada diez mil personas) y cinco fallecidos.

Bucaramanga comenzó la pandemia con 107 camas de cuidados intensivos y hoy suma, en total, 124 con una disponibilidad del 39 por ciento.

El Gobierno no tiene compromiso de camas UCI directamente con la Alcaldía, sino con la Gobernación de Santander. Quedaron en entregar 304 ventiladores para todo el área metropolitana, que incluye, además de Bucaramanga, a los municipios vecinos de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Estos ventiladores también están destinados para Barrancabermeja y Socorro, en donde se encuentran los otros hospitales con UCI en Santander.

Al día de hoy ninguna de esas nuevas camas ha llegado. Se supone que llegarían en mayo, pero en junio el Gobierno dijo que arribarían en julio o agosto. Lo que ya saben en la Gobernación es que de esos 304, el 30 por ciento se queda en stock en Bogotá y se despacharía según el comportamiento y la necesidad.

Cali, la que menos UCI disponibles tiene

16% UCI disponible

En la capital del Valle, hay, hasta el momento de esta publicación, 7.378 casos de covid confirmados y han muerto 259 personas.

Cuando el coronavirus empezó a propagarse por el país, Cali contaba con 570 UCI. Hoy, es la ciudad del país que menos disponibilidad tiene de estas camas. De las 704 con las que cuenta, 592, que equivalen al 84 por ciento, están ocupadas.

El Ministerio de Salud quedó en entregarle a la ciudad 300 ventiladores para armar camas de cuidados intensivos. Según la secretaria de Salud Miyerlandi Torres, esta semana llegarán 50 de esos ventiladores con lo cual, una vez instalados junto con las demás adecuaciones que tiene una cama UCI, la ciudad completaría 754.

Cartagena, la que aumentó en la mitad sus UCI

22% UCI disponible

Cartagena, aunque sus indicadores han mejorado en los últimos días, es otro de los focos de contagio en el Caribe. A corte de hoy, lleva 8.146 casos detectados y 323 fallecidos.

La capital de Bolívar tenía antes de la pandemia 202 camas UCI y ahora tiene 304; es decir que, con 102 nuevas camas, aumentó su capacidad en poco más de un 50 por ciento.

Hoy, la ocupación de esas UCI es del 78 por ciento; es decir, que hay 67 de esas camas disponibles.

El Gobierno nacional le ha entregado al Distrito 29 ventiladores para armar UCI y, para esta semana, se comprometió a entregar entre 50 y 73 ventiladores más.

Medellín, pocos casos y UCI disponibles

37,8% UCI disponible

La capital paisa cuenta hoy con 2.060 casos positivos de coronavirus y 15 fallecidos, una de las tasas de letalidad más bajita en las principales ciudades del país.

Para el 9 de marzo, cuando el covid llegó por primera vez a la capital paisa, en la ciudad había 332 camas de cuidados intensivos. El 3 de abril, el alcalde Daniel Quintero presentó ante los medios el ‘Plan Mil’, con el cual busca dotar de mil camas UCI la ciudad. Hoy hay 505, lo que quiere decir que aumentó en 173.

De esas, 315 están ocupadas, la mayoría de ellas con pacientes con otras patologías diferentes al covid. Esto quiere decir que Medellín tiene 37,8 por ciento de las UCI disponibles para atender a los enfermos que lleguen en los próximos días.

Con la Alcaldía, el Gobierno Nacional se comprometió a entregar 186 nuevas camas, pero, hasta el momento, no ha entregado una sola.

Quibdó, con muchos casos y pocas UCI

20% UCI disponible

La capital chocoana tiene una de las tasas más altas en contagios del país (108,22 por cada diez mil habitantes). Hasta el momento, se han detectado 1.306 personas contagiadas, de las cuales 32 han muerto.

Como contamos, en los primeros meses de la pandemia, el hospital público de Quibdó, el San Francisco de Asís, no tenía UCI y andaba a media marcha.

Debido a que el Gobierno Nacional le metió la mano y envió a 25 profesionales expertos en el manejo de este tipo de camas, la red pública de la ciudad cuenta ya con 10 UCI.

La red privada, en cabeza de las clínicas Respirar, Vida y Santiago, cuenta con otras 26, para un total de 36.

De esas, sólo ocho están disponibles, lo que significa que su ocupación es del 80 por ciento.

El Gobierno acional no se ha comprometido directamente con la Alcaldía para entregar nuevas UCI, sino que lo ha hecho a través de la Gobernación, que se encuentra bajo encargo, pues el mandatario titular, Ariel Palacios, fue suspendido en plena pandemia por supuestas irregularidades en la contratatación durante la emergencia.

Para el Chocó, el Ministerio de Salud se comprometió a entregar 82 respiradores para armar UCI. Hasta el momento han llegado solamente 10 (los que están ahora en el San Francisco de Asís).

Sin embargo, según nos aseguró una persona que trabaja en la Gobernación y conoce, por dentro sus movidas -pero no es un vocero oficial-, esperan que esta semana lleguen 20 más.

Silla Nacional
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Detector: No, el Atlántico no es el departamento con más UCI en proporción a su población

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En redes está circulando un fragmento de una entrevista que el locutor Kevin Coba le hizo anoche al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumerejo.

En una parte de la entrevista Pumarejo dijo: “Somos el departamento (Atlántico) con más UCI por habitante en Colombia”. Además de decir que la mayoría de gente quiere que la atiendan en camas UCI porque “están de moda”. 

Este es el video que está circulando en redes:

Le pasamos el Detector de Mentiras a la primera afirmación, la de las UCI, porque es verificable.

Encontramos que es exagerada porque Atlántico es el tercer departamento del país con más UCI por cada 100 mil habitantes (24,2), detrás del Huila (28,5) y César (27,4) aunque cerca de ellos, y lejos del cuarto (Caldas, con 18,2). 

Eso fue lo que encontramos al hacer una comparación con los datos hasta el 29 de junio de camas UCI reales del Ministerio de Salud con las proyecciones de población por departamento a 2020 del Dane. 

Otros datos clave:

  1. Huila es el departemento con más camas por cada 100 mil habiantes (28). Le siguen César (27) y Atlántico (24). 

  2. En Colombia hay 13 camas UCI por cada 100 mil habitantes. 

  3. Los tres departamentos con menos camas UCI por cada 100 mil habitantes son Vaupés (2,4), Guainía (1,7) y Amazonas (0). 

  4. El Atlántico está en el top 3 entre 33, casi dobla al promedio nacional y más que dobla a departamentos ricos y poblados como Antioquia y Cundinamarca.

Por lo anterior, calificamos la afirmación del alcalde de Barranquilla como exagerada. 

Silla Nacional
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Seis preguntas (y sus respuestas) sobre nuevo escándalo de financiación a Duque

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Un nuevo escándalo que involucra las cuentas de la campaña presidencial de Iván Duque estalló esta mañana y los salpicados son la directora del partido de Gobierno Centro Democrático, Nubia Stella Martínez; la exasesora del expresidente y senador Álvaro Uribe, María Claudia ‘Cayita’ Daza, y un poderoso empresario venezolano.

¿Qué pasó?

El Tiempo reveló que Martínez estuvo declarando ayer en la Fiscalía debido a unos audios en los que aparece hablando con Cayita Daza, investigada por escándalo conocido como la Ñeñepolítica (según el cual, un presunto narco habría gestionado junto a Cayita Daza recursos para apoyar la campaña presidencial), sobre la financiación a Duque en 2018.

En el audio, Nubia Stella Martínez afirma que el empresario venezolano Oswaldo Cisneros dio 300 mil dólares para financiar la campaña del Presidente. 

A raíz de esto, la Fiscalía fue a la sede del partido a inspeccionar documentos para la investigación que adelantan por la Ñeñepolítica. El hecho fue controversial, pues la colectividad sabía previamente que hoy los iban a visitar.

Estas son seis preguntas (y sus respuestas) sobre este nuevo episodio que toca el proyecto presidencial del uribismo hace dos años.

1

¿A quién interceptaron y por qué?

Las interceptaciones fueron ordenadas por el magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en medio de la investigación que adelanta ese alto tribunal contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

Los investigadores estudiaban las conversaciones que había tenido la exasesora de Uribe, Cayita Daza, con el polémico abogado Diego Cadena y, en esas, examinaron sus llamadas con Nubia Stella Martínez y Priscila Cabrales, otra asesora política que ha trabajado con el Expresidente e hizo parte de la campaña duquista.

Ahí fue cuando se toparon con los audios que hablan de una presunta financiación de la campaña por parte de extranjeros.

“¿Qué pasó con lo del venezolano?”, pregunta Daza.

“Sí, ¿sabes cuánto nos dio? 300 mil dólares”, responde Martínez.

 
2

¿Es ilegal el aporte de un extranjero a una campaña?

La Ley 1475 de 2011 explícitamente prohíbe que extranjeros, ya sea en forma de personas naturales o jurídicas, financien campañas electorales en Colombia.

Por eso, de probarse que esa plata llegó a la campaña de Duque, podríamos estar hablando de la comisión de un delito.

El escándalo también trae consigo una situación política, pues una de las principales denuncias del uribismo sobre la campaña de su rival, el expresidente Juan Manuel Santos, ha sido que éste supuestamente haya recibido plata de una empresa extranjera: Odebrecht.

Al ser consultada, Nubia Stella Martínez negó que la plata ingresara a la campaña y que se trató de un “lapsus”.

“Admito que cometí un lapsus. No era ‘dio’, sino ‘ofreció dar’”, le dijo a El Tiempo.

También aseguró que quien donó a la campaña no fue Cisneros, sino sus socios en Colombia que aportaron 320 millones de pesos.

En entrevista con La W, la directora del Centro Democrático afirmó que Cisneros se acercó para financiar la campaña a través de la “familia Ricaurte Silva”, que ha sido donante del partido.

Revisamos los aportes a la campaña de Iván Duque y encontramos que no hay alguien con los apellidos Ricaurte Silva entre los donantes. De hecho, los únicos con el apellido Ricaurte son los hermanos floricultores John y Henry Vaughn Ricaurte.

También miramos y no hay una persona que haya donado sola 320 millones de pesos; incluso nadie donó más de 80 millones. Así que, si lo afirmado en el audio es cierto, los socios de Cisneros serían los mayores aportantes de la campaña de Duque y habrían donado casi el ocho por ciento de lo registrado.

Sin embargo, en las donaciones del partido de ese año sí aparecen los miembros de la familia Ricaurte Silva.

 
3

¿Quiénes son los Ricaurte Silva y qué hicieron?

La familia Ricaurte Silva de la que habla Nubia Stella Martínez son los esposos Miguel Ricaurte Lombana y Martha Juliana Silva, y sus hijos Santiago y María Juliana Ricaurte Silva.

Cada uno de ellos donó 80 millones de pesos al Centro Democrático en 2018.

Como contó la directora de ese partido, son socios de de Oswaldo Cisneros en la banca de inversión Silk de la cual el empresario venezolano es consejero del consejo asesor.

 
4

¿Quién es Oswaldo Cisneros?

Oswaldo Cisneros Fajardo, el venezolano que habría entregado o buscado donar 300 mil dólares a la campaña de Iván Duque, es un empresario de la poderosa familia Cisneros, famosa en Venezuela por haber creado un emporio primero en bebidas azucaradas y luego en telecomunicaciones.

Es sobrino de Diego Cisneros, de origen cubano y quien fundó en 1940 la franquicia Pepsi Cola Venezuela. Su éxito fue tal que por décadas Venezuela era uno de los pocos países en los que Pepsi era más común que Coca Cola.

El hijo de Diego, Gustavo Cisneros, es el más famoso de la familia, y manejó esa franquicia por años.

Oswaldo hizo parte de todo ese proceso y fue su gerente hasta 1996.

En 1991 los Cisneros fundaron Telcel, una empresa de telecomunicaciones que llegó a tener el 100 por ciento de las telecomunicaciones en Venezuela.

Luego, en 2006, adquirieron la empresa Digitel de la que Oswaldo es presidente.

En 2019 Estados Unidos, según un medio local, le suspendió la visa a Cisneros por tener vínculos con la dictadura chavista y en concreto con Nicolás Maduro, pues es socio de varios proyectos petroleros en Venezuela.

Como contamos en un hilo en Twitter, este empresario invirtió en 2016 mil millones de dólares en un campo petrolero cuando el dictador buscaba atraer inversión privada.

Sin embargo, en una entrevista este año la exsenadora Piedad Córdoba dio a entender que en el chavismo no gustan de Cisneros y aseguró que al autoproclamado presidente Juan Guaidó “ se lo inventó” él.

 
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¿Por qué el Centro Democrático sabía de la inspección de la Fiscalía?

Según explicó el director del CTI Alberto Acevedo, la inspección de hoy surgió de las declaración de Martínez ayer, pues ella se ofreció a aportar documentos que están en la sede del partido.

Por eso, no es que la Fiscalía lo haya anunciado, sino que ella misma se ofreció a entregar pruebas.

La duda que queda es, si las cuentas de la campaña son distintas a las cuentas del partido, ¿por qué invitó a la Fiscalía a la sede de la colectividad?

La respuesta es que las cuentas del partido sí pueden ayudar a entender las cuentas de la campaña.

La razón es que, como contamos en La Silla, para superar los topes las campañas reciben plata a través de los partidos. Así sucedió en la reeleción de Santos.

 
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¿Cuál es el verdadero rol de Cayita en la financiación de la campaña?

La campaña duquista ha asegurado, desde que estalló la Ñeñepolítica, que Cayita Daza no se metía en la financiación.

Sin embargo, los audios que se han conocido ponen en duda esta versión.

Tanto en los que aparece hablando con el asesinado ganadero y presunto narco, José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández, como en estos, Cayita parece estar enterada de movimientos monetarios de la campaña.

La duda también recae sobre el expresidente Uribe, pues, aunque lo ha negado, Daza era su mano derecha y por quien todo el mundo que quisiera hablar con él tenía que pasar.

Estas dudas las resolveran la Fiscalía y la Corte en sus investigaciones.

 
Silla Nacional
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Muchas expectativas de víctimas en la JEP no se van a cumplir y el coronavirus lo empeora

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La semana pasada casi mil víctimas terminaron de hacer sus observaciones a las versiones que dieron los exguerrilleros de las Farc a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP sobre los secuestros que cometieron durante dos décadas hasta 2012. Su insatisfacción con los relatos, unida al desafío que será encontrar unas sanciones suficientemente significativas para reparar en algo su sufrimiento, da una idea de lo difícil que será para la JEP satisfacer las expectativas de las víctimas. Y el covid lo empeora.

Más verdad

El año pasado, la JEP les envió a las 2.120 víctimas de secuestro acreditadas ante esa jurisdicción las versiones que rindieron 350 guerrilleros ante la Sala de Reconocimiento, que lleva el macro caso del secuestro, el que va más adelantado hasta ahora en la justicia transicional. 

De ellas, 891 devolvieron a la justicia sus observaciones y quejas frente a las versiones. 

Algunas de ellas dijeron que quieren conocer el destino de sus familiares desaparecidos; que los guerrilleros reconozcan las crueles condiciones de cautiverio en las que los tuvieron; que expliquen las motivaciones que hubo detrás de los secuestros; que identifiquen quiénes ordenaron los hechos; quiénes los traicionaron y los entregaron a los secuestradores; cómo fue la inteligencia previa para perpetrarlos; que revelen quiénes custodiaban a los secuestrados; que aporten información sobre el paradero de comandantes y ex combatientes responsables; y que les devuelvan sus objetos personales (diarios, notas, cuadernos).

Según la magistrada a cargo del caso 01, Julieta Lemaitre, esas observaciones de las víctimas serán contrastadas con los exguerrilleros y con los informes que tiene la JEP. También pedirán pruebas adicionales, e investigarán más para tratar de llegar a la verdad. 

Estas solicitudes tienen un trasfondo humanitario, están motivadas por el duelo que necesitan hacer las familias o quieren saber qué pasó con un desaparecido, qué pasó en el tiempo del secuestro, que les permite completar la vida del ser querido que en sus recuerdos representa un vacío”, dice Lemaitre. 

La magistrada explica que algunas de las peticiones de los familiares como, por ejemplo, que los exguerrilleros reconozcan lo que hicieron, las condiciones de cautiverio, algunas de las motivaciones que obedecen a esa política de las Farc como retener personas por dinero o para presionar un intercambio con guerrilleros presos sí se lograrán aclarar cuando finalice el proceso en la Sala de Reconocimiento.

Dice que hay suficiente información al respecto, son cosas que de alguna manera son fáciles de probar; si los exfarc no aceptan responsabilidades por hechos probados pueden terminar pagando cárcel durante 20 años.

“Muchas observaciones de las víctimas son que los comparecientes reconozcan temas que las víctimas saben que son ciertos, lo que quieren es que las reconozcan; por ejemplo, las víctimas saben que las trataron mal”, dice Lemaitre.

Sin embargo, hay otros detalles que no saben y que no son fáciles de averiguar. 

Por ejemplo, la solicitud sobre sus pertenencias; o dar con el carcelero; o encontrar un cuerpo desaparecido hace más de 20 años porque lo tiraron al río; o las motivaciones ocultas detrás, como la participación de terceros en los secuestros.  

La magistrada Lemaitre dice que con el paso del tiempo la memoria de la gente falla o se pierde, los sitios y las personas cambian, la evidencia física desaparece, y que por eso habrá muchos casos que no se podrán resolver. 

También hay un alto porcentaje de exguerrilleros con información clave que murieron en combate, que están desaparecidos, o, en menor medida, que se fueron a las disidencias. 

De una estructura guerrillera de 16 personas involucrada en un secuestro, puede que haya seis o siete muertos y uno que se fue, dice la magistrada a manera de ejemplo. Además, hay otros que desertaron o se desmovilizaron.

 

Esto puede dejar huecos grandes en algunos casos. El secuestro del edificio Miraflores y de los congresistas liberales en Huila, para citar un caso, fue perpetrado por la columna móvil Teófilo Forero en cabeza de alias El Paisa, que hoy integra la disidencia del excabecilla y exnegociador de las Farc, Iván Márquez. 

El Paisa guarda varios secretos que los congresistas del Huila quisieran develar. El más grande es qué politicos pudieron instigar su secuestro y si hubo una intención de sacarlos del escenario político, como contamos en esta historia.  

Una pregunta similar por los terceros involucrados tienen los secuestrados del edificio Miraflores: ellos quieren saber si hubo complicidad de civiles en ese crimen.

El reto en estos casos para la JEP será encontrar a los otros responsables que puedan aportar esas verdades. 

Por ejemplo, el constructor Aníbal Rodríguez, que fue secuestrado en la toma del edificio de Miraflores y duró tres años y tres meses en poder de las Farc, junto a su hija, le dijo a La Silla que espera que ante la ausencia de El Paisa, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, que también participaron en su secuestro y no se han ido a ninguna disidencia, les den respuestas. 

La JEP, deberá, según la magistrada, ponderar si el compareciente dice o no la verdad, si es razonable que no sepa determinada cosa. En todo caso, el juez tendrá la última palabra. 

Lo que la magistrada espera lograr en esos casos, es que, según le han manifestado las mismas víctimas, el proceso de búsqueda de esa verdad y la investigación pueda contribuir a cerrar ese ciclo de dolor, pese a no encontrar lo que se quiere con exactitud. 

“Vamos a hacer lo que más podamos, la cuestión es hacer lo posible y tomarse a las víctimas en serio”, dice la magistrada. 

Este asunto de la verdad es clave porque del grado de satisfacción de las víctimas dependerá también el grado de aceptación de ellas a las sanciones propias, que son las medidas que la JEP aplicará a los comparecientes que reconozcan responsabilidad y aporten verdad. 

Lo que piden las víctimas

Hablamos con cinco víctimas de los casos de secuestro y dos de falsos positivos, que es el otro caso avanzado en la JEP, y para todas lo primordial es tener respuestas, llegar a la verdad, como máxima medida reparadora, algo que aún dicen no tener. 

Así lo dice el excongresista liberal secuestrado por las Farc durante seis años, Luis Eladio Pérez, “Ni siquiera en la verdad, que es la parte esencial en la reparación, ni siquiera la verdad se conoció o se ha conocido, y la JEP no se ha encargado de adentrarse en ese tipo de verdad que es la que quiere las víctimas y el país entero para sanar las heridas”. 

Él quiere saber por qué lo secuestraron, quién los incitó, porque, según dice él, “no le cabe duda que en su secuestro hubo mano de mis enemigos políticos de Nariño”. 

Sin eso, no le interesa mucho el tema de las sanciones propias. “No sé qué se invente la JEP y cuál será el tipo de sanciones, sembrar yuca, papa, no le tengo interés a eso, poco interés le tengo a la JEP y lo que de ella pueda derivarse, no me da la suficiente confianza por las declaraciones cínicas de las Farc, casi que burlándose, manifestando que nosotros casi que estuvimos fue en un hotel de cinco estrellas durante la época de la retención como la llaman ellos”. 

Algo similar opina el exdiputado del Valle, secuestrado por las Farc durante siete años, Sigifredo López. “Las Farc han pretendido decir que en el secuestro nos tenían bien, que éramos huéspedes de honor, en su versión mentirosa en este aspecto, mentir en eso equivale a excluirlos de la JEP y pasarlos a justicia ordinaria y la JEP no lo ha hecho. A mí que no me vengan a hablar de sanciones propias y benévolas, cuando las víctimas aceptamos el Acuerdo de Paz para que no hubiera más víctimas y hubiera verdad”.

El mismo sentimiento tiene Ana Páez, madre de Eduardo Garzon Paez, víctima de los falsos positivos perpetrados por militares en Soacha, quien no ve con buenos ojos las sanciones propias, aún cuando haya verdad.

Para ella no hay reparación que alcance para el daño, y también insiste en que los ocho militares que ya fueron condenados por la justicia ordinaria a 25 años de cárcel por su caso, pero hoy están en libertad condicional por haberse sometido a la JEP, digan por qué los mataron y quién dio la orden. 

Ana quiere saber la responsabilidad de los altos mandos y que ellos paguen cárcel. 

“Desde mi corazón pido la pena máxima para esa gente, pero que la paguen”, dice. 

En todo caso, sí hay otras víctimas que aceptan esas sanciones propias, aunque al igual que las anteriores, previa satisfacción de su verdad. 

Ese es el caso de Laura Charry, hija del diputado del Valle Carlos Alberto Charry, secuestrado y asesinado por las Farc, quien quiere saber todos los detalles de cómo sucedió el secuestro y el asesinato desde la versión de Farc. 

“Si reconocen la verdad sí estoy de acuerdo en las obras de reconciliación”, le dijo a La Silla. “Como sociedad hay mucho dolor que hay que resarcir a partir de procesos que generen participación de víctimas, sociedad, pero también generar espacios de diálogo, reconstrucción de infraestructura que va de la mano de la reconstrucción de esas memorias de los hechos”. 

La realización de obras, trabajos y actividades con contenido reparador (Toar), que pueden ir desde construir una escuela, ejecutar programas de reparación a desplazados, de protección al medio ambiente, de sustitución de cultivos hasta alfabetizar, son una de las patas de las sanciones. La otra es la restricción efectiva de libertades, que implica no moverse de un sitio determinado como un pueblo, vereda, ciudad, pero no cárcel. 

El reto de esas obras es presupuestal. 

Algunos familiares de diputados del Valle han dicho que quisieran como sanción que los ex secuestradores de sus seres queridos construyeran un colegio en Pradera o Florida, Valle.

Construir y dotar un colegio como el que ellos quieren para honrar la memoria de sus papás exige una inversión millonaria y toda una gestión gubernamental.  

Según tres funcionarios de la JEP con los que hablamos, el Estado debe financiar estas sanciones. Quizá por medio de políticas públicas o programas que ya estén en ejecución y tengan financiación como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

Sin embargo, en el Gobierno no lo ven tan así. El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dijo a La Silla que la JEP tiene autonomía para definir, aplicar y financiar esas sanciones, aunque “obviamente habrá que incluirlo en el presupuesto del año entrante” de esa entidad, según explicó.

Sin embargo, la JEP y el Gobierno todavía están definiendo si va haber otro tipo de colaboración entre ambos para la financiación de esas sanciones. 

“Dependiendo de cuáles sean los niveles de colaboración habrá algunas responsabilidades que, cuando se definan, porque no se han definido esos niveles de colaboración, le pueden corresponder a entidades del gobierno”, explicó el Consejero.  

El mismo hecho de que aún no haya consenso sobre este tema, refleja lo difícil que será llevarlas a la práctica. 

La mala jugada del covid

La pandemia, y la crisis económica que trae, reducirá el margen presupuestal para esas inversiones. Encima, el covid agudizará la impaciencia de las víctimas, porque la JEP se demorará más en fallar.

Sin la pandemia, se esperaba que la Sala de Reconocimiento tuviera lista la resolución de conclusión en el caso de los secuestros entre julio y septiembre de este año. Es decir, el fallo en el que se señala quiénes son los máximos responsables de los secuestros cometidos, de qué se los acusa, qué hechos violentos son los más representativos y el proyecto de las sanciones propias para los excombatientes que acepten responsabilidad y aporten verdad. 

Luego, esa resolución debe pasar a la Sección de Reconocimiento o Tribunal de Paz para imponer las sanciones en primera instancia. Es decir, se esperaba tener los primeros condenados este año.

Por el covid, la Sala de Reconocimiento está intentando hacer algunas entrevistas virtualmente, pero no todas se pueden hacer así porque hay víctimas y comparecientes que la Sala quisiera volver a escuchar que viven en zona rural, que no tienen internet y que no se han podido reunir con sus abogados. Y los magistrados tampoco pueden ir a terreno porque no están contemplados dentro de las excepciones, y porque expondrían a las comunidades a un contagio. 

Eso ha retrasado el proceso y, para retomarlo, deben esperar que la pandemia de tregua, o al menos que se rehabiliten los vuelos y el transporte terrestre. 

Mientras tanto, la paciencia de las víctimas se agota. “Tenemos muchas esperanzas en la JEP, pero sinceramente ya empezamos a perderlas”, sentencia el exdiputado del Valle López. 

Silla Nacional
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Muchas expectativas de víctimas en la JEP no se van a cumplir y el coronavirus lo empeora

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Ejército confirma 118 militares investigados por abuso sexual y Colombia supera los 100 mil casos de Covid-19. Entre tanto, le contamos las siguientes historias.

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Muchas expectativas de víctimas en la JEP no se van a cumplir y el coronavirus lo empeora
Seis preguntas (y sus respuestas) sobre nuevo escándalo de financiación a Duque
El conteo de UCI en el momento más crítico

Muchas expectativas de víctimas en la JEP no se van a cumplir y el coronavirus lo empeora

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Ejército confirma 118 militares investigados por abuso sexual y Colombia supera los 100 mil casos de Covid-19. Entre tanto, le contamos las siguientes historias.

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El gerente del covid decide contratación millonaria, pero no es funcionario

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Luis Guillermo Plata, el gerente para la estrategia del coronavirus, uno de los superpoderosos de Palacio en este tema y cercano al presidente Iván Duque, define con el Ministerio de Salud el camino de las millonarias inversiones que está haciendo el Gobierno en ventiladores, pruebas y reactivos, pero ni es funcionario ni tiene contrato directo con el Estado.

Por eso, el Congreso no lo pudo citar para debates de control político en los meses que se sesionó de forma virtual, pues no aparece en el organigrama de la Casa de Nariño, y la ley sólo permite que estas citaciones se hagan a los funcionarios.

Plata asistió a las comisiones y plenarias como un invitado.

 

Aunque Duque anunció su nombramiento en marzo 21, él nunca se posesionó, sino que su vinculación es por medio de un acuerdo entre la Presidencia y el Pnud (Programa de la ONU para el Desarrollo), que es el que le paga, como él mismo nos lo explicó cuando lo consultamos para esta publicación.

“Tengo un contrato de Naciones Unidas, una figura bastante común, y fue el contrato que se hizo, me pareció que estaba bien. Me comporto de igual manera con o sin contrato, de hecho estuve varias semanas sin contrato al inicio por papeles, igual estaba trabajando y respondiendo”, nos dijo Plata.

El detalle no es menor, teniendo en cuenta la envergadura de sus responsabilidades.

Luis Guillermo Plata es el gerente del principal reto que enfrenta hoy el país y entre sus labores está decidir junto a su equipo la estrategia de compra de ventiladores, Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), pruebas y reactivos, que necesitan los hospitales y laboratorios para tener la capacidad de atender a los más de 50 mil casos activos -de más de 100 mil confirmados- de covid en Colombia.

Además, su gerencia creó y ejecuta la estrategia Prass  (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), que busca regionalizar la atención de la pandemia con las capacidades que tenga cada ciudad, dependiendo su afectación de contagios de coronavirus.

Precisamente por todas esas responsabilidades es que el Congreso desde diferentes comisiones y en las plenarias de Cámara y Senado, pidió su asistencia en al menos siete ocasiones, según el conteo que lleva Congreso Visible, que le hace seguimiento a la actividad legislativa.

“Era importante (citarlo) por su cargo como coordinador de toda la estrategia covid para la articulación y en especial el plan de compras públicas de las pruebas, reactivos y el protocolo de distribución porque él (Plata) coordina todo y con todos se sienta”, nos dijo el representante Verde, Mauricio Toro, de la Comisión Séptima de Cámara, cuyos miembros de todas las bancadas citaron a Plata y varios ministros a la Plenaria el 3 de junio.

“En cierta forma es complicado que tenga tanta responsabilidad pública siendo un contratista. Obviamente, ante esas responsabilidades le hicimos control político”, nos dijo a su turno el liberal Juan Fernando Reyes, quien lo citó con otros seis congresistas a la Comisión Primera de Cámara para explicar los alcances de la app Coronapp en abril.

Plata respondió puntualmente sobre eso que su tipo de contratación no lo eximió de la responsabilidad política de asistir al Congreso.

“He estado en todas las situaciones formales, informales, de Plenaria, de Comisión, en todas he estado, porque uno tiene que dar la cara, uno tiene que contar lo que está haciendo y no me he excusado. No hay nada secreto”, afirmó.

Desde el Dapre, el departamento administrativo de Presidencia que, entre otros, maneja la nómina de la Casa de Nariño, nos explicaron que para la contratación de Plata pidieron en una carta en marzo la colaboración del Pnud, para financiar una asesoría en consultoría para gerenciar la estrategia del covid, que es en el papel el cargo del gerente.

Eso porque, dice el Dapre, el Pnud maneja todos los programas de cooperación internacional de la ONU en Colombia, incluido el de la Organización Mundial de la Salud, que tiene una representación en el país, por lo que, en Palacio, vieron lógico hacer el contrato por esa entidad.

Es una figura que “se hace en ocasiones, pero no siempre”, nos dijeron en ese departamento.

La figura de contratista del Pnud también exime a Plata de firmar los contratos que su gerencia ordena, para comprar los elementos del alistamiento del sistema de salud que requieran las alcaldías, el Ministerio de Salud y el INS.

Es decir, él incide en la decisión -de la que también hace parte el Ministerio-, pero no firma.

Las compras las hace la Unidad de Gestión del Riesgo y las paga la fiduciaria Fiduprevisora, de la plata de la subcuenta covid creada por el Fondo destinado para la pandemia, Fome, que es de donde salen los recursos, entre esos el pago de la nómina del equipo que trabaja con Plata en la gerencia.

Sobre las responsabilidades disciplinarias y fiscales que cabrían por la administración y el destino de recursos en la pandemia hay toda una discusión legal.

Mientras el representante Toro, quien anteriormente fue Viceministro y ordenó gasto, nos dijo que la figura de Plata abre la puerta para que no responda a la Procuraduría y Contraloría si fuese el caso. Pero, la reglamentación de la ley que le dio superpoderes a la Contraloría para investigar, amplía el espectro de los que están sujetos a este control fiscal a “servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente” en el gasto de los recursos.

Lo mismo ocurre con el código disciplinario de la Procuraduría, que indica quiénes son los que están sujetos a una posible investigación y que señala que aplica a “quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria (...) y a quienes administren recursos públicos u oficiales”.

Las interpretaciones, de todos modos, dependen de los abogados.

Silla Nacional
Luis Guillermo Plata

Luis Guillermo Plata

Gerente de estrategia de atención del Covid de Presidencia

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‘Hay creencia de que a las indígenas se les puede violentar sin que a nadie le importe’

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Las terribles noticias de crímenes sexuales por parte de militares contra niñas indígenas de pueblos como embera, nukak y arhuaco, y el reconocimiento del comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, de que hay 118 uniformados, entre oficiales y suboficiales, con investigaciones por casos de abuso sexual, ponen de presente una terrible realidad que debe ser revisada y que evidencia la vulnerabilidad de niñas y mujeres de todo el territorio. 

Para hablar al respecto, entrevistamos a Patricia Tobara Yagarí, comisionada de la Comisión de la Verdad, que nació de los Acuerdos de Paz de La Habana y tiene a cargo el relato de lo que nos ocurrió en medio siglo de conflicto. 

Tobara Yagarí es indígena emberá, abogada especializada en derecho constitucional y  lidera el enfoque étnico en la Comisión.

La Silla Vacía: ¿Qué opinión tiene de las recientes noticias que involucran a militares en hechos de violencia sexual en contra de niñas indígenas?

Patricia Tobón: Estos casos evidencian una práctica recurrente hacia las niñas y mujeres indígenas en los territorios donde hoy existe la presencia de la Fuerza Pública, pero también donde hay conflicto armado. No son algo nuevo, ni tampoco son los únicos que he conocido en mi trabajo en la Comisión de la Verdad ni antes de llegar aquí.

L.S.V.:¿Puede uno hablar de una sistematicidad dentro de las zonas de conflicto en contra de niñas indígenas?

P.T.: rLa violencia sexual hacia las niñas y mujeres indígenas es algo recurrente. Es una práctica cotidiana y que no solamente se ha dado por parte de la Fuerza Pública, sino también por parte de los distintos actores armados.

Pero aquí hay un patrón que tiene un tema de fondo. La Fuerza Pública está compuesta por ciudadanos colombianos y en particular quienes cometieron estos actos son jóvenes colombianos. Siete personas que deciden juntarse, pensar y ponerse de acuerdo para hacerlo (en el caso de la niña embera). Esto lo que evidencia es una práctica cultural de violencia sexual que existe en la sociedad colombiana.

Ahora, este patrón es llevado al marco del conflicto armado y muestra a unos jóvenes que son militares o que se fueron a las guerrillas u a otro grupo armado armado que ejercen violencia en contra de las mujeres indígenas. Lo hacen de una manera naturalizada porque traen unas creencias de que a las mujeres indígenas se les puede hacer todas esas violencias y que a nadie le importa.

La Fiscalía tiene una serie de anexos reservados sobre violencia sexual sobre los cuales no hay avances en los procesos de investigación y judicialización. Eso también muestra cómo las diferentes omisiones institucionales han contribuido a que esa práctica siga siendo recurrente por parte, no solamente de la Fuerza Pública, sino de colonos. Que sea un asunto reiterativo

L.S.V.: ¿Hay algo en el entrenamiento militar que de pronto propicie este comportamiento?

P.T.: Es un tema mucho más de fondo que tiene que ver con la cultura y la formación sobre los pueblos indígenas de la sociedad colombiana. Porque no solamente es la violencia sexual, sino las múltiples violencias que reciben los pueblos indígenas y las mujeres indígenas de la sociedad colombiana.

La sociedad colombiana está formada para ver a los pueblos indígenas como pueblos salvajes, pueblos que no se comprenden. Es una formación colonial que aún no se ha superado en el país. Todavía hay una construcción social del indígena como “buen salvaje”. Y a eso se le suma que somos una sociedad machista donde se concibe el cuerpo de la mujer como un objeto sexual y como objeto de dominación y control. Entonces, eso es un asunto que es anterior al de las Fuerzas Militares.

Los militares tienen esas prácticas. Las tienen como ciudadanos colombianos que entran a una institución y que aprovechan su rol de estar como sujetos armados

P.T.

L.S.V.: Pero sobre las Fuerzas Militares en concreto...

P.T.: Claro que sí. Los militares tienen esas prácticas. Las tienen como ciudadanos colombianos que entran a una institución y que aprovechan su rol de estar como sujetos armados en los territorios para imponerse y para hacer abusos sexuales hacia las mujeres indígenas.

Es decir, si me pregunta si hay una sistematicidad en el sentido en que los jefes de la Fuerza Pública emitieron alguna resolución o tuvieran una doctrina que implica estos actos como parte del actuar de las Fuerzas Militares, yo no podría decir eso. La Comisión de la Verdad no tiene elementos para decir eso.

Pero sí hay una práctica y hay una permisividad de parte de los directivos de la Fuerza Pública al no llevar a cabo todo el proceso, no solamente de retiro de estas personas, sino de lograr la judicialización de estas personas. Y no solamente de la Fuerza Pública, también de la Fiscalía y de las entidades competentes.

El no desarrollar protocolos e inclusive transformar algunos asuntos institucionales en relación con la protección de esas comunidades y de esas mujeres y niñas indígenas es también una permisibilidad. Y esto se conoce hace mucho tiempo.

L.S.V.: ¿Se conocen cifras de violencia sexual en contra de mujeres y niñas indígenas?

P.T.: En este momento estamos terminando de sistematizar lo que tenemos. Pero yo le quiero decir algo, estas cifras las tiene la Fiscalía hace muchos años, pero no son públicas.

Pero esto tampoco es nuevo para las Fuerzas Militares. Lo que acaba de decir el General Zapateiro sobre violencia sexual en contra de menores es algo que se conoce hace mucho tiempo. Hay una cantidad de denuncias por abuso sexual, por acoso sexual, por violencia sexual en contra de sus miembros. Y esto no es algo nuevo.

L.S.V.: ¿Hay registros de violencia sexual al interior de las comunidades?

P.T.: Claro, al interior de las comunidades hay violencia sexual y al interior de las comunidades hay violencia de género, como en el resto de la sociedad nacional.

L.S.V.: ¿Los círculos de pobreza, falta de acceso a la educación, entre otras, hacen que las niñas indígenas estén más expuestas a estas violencias?

P.T.: Mira, yo te voy a decir que aquí podemos caer en análisis que tienen sesgos de discriminación racial hacia las mujeres indígenas.Cuando se ha hablado sobre las violencias sexuales de las mujeres indígenas aparecen justificaciones y explicaciones permisivas y justificadoras. La violencia sexual es una violencia sexual.

Mucha gente cree que estas niñas se prostituyen voluntariamente. Pero esta discusión no la tendríamos si se tratara de una niña blanca.

L.S.V.: Una niña blanca, estrato seis, de Bogotá tiene muchas menos posibilidades de ser violada...

P.T.: Yo no podría decir que eso. Pero sí podría decir que hay más probabilidades de que si hay una violencia sexual hacia una niña de estrato seis y blanca haya un proceso de judicialización.

L.S.V.: Se habla de los indígenas como si fueran una unidad. ¿Hay más registro de violencias hacia ciertas comunidades, que hacia otras?

P.T.: Todas las poblaciones indígenas reportan, todas, hechos de violencia sexual. Bien sea por parte de la Fuerza Pública, por parte de los grupos armados, o por otras personas de la sociedad. En todos los territorios hay numerosos casos, no hay uno solo que no tenga. Las mujeres y niñas indígenas han padecido esta violencia en todo el territorio.

L.S.V.: Estas violaciones tienen un impacto comunitario muy grande...

P.T.: La situación de las comunidades indígenas en el marco del conflicto armado es lamentable. Los grupos armados se tomaron a las comunidades indígenas y han hecho de sus territorios el epicentro de la guerra. Las comunidades indígenas están en la mitad de un fuego cruzado. En este tipo de casos, muchas veces las comunidades no saben cómo proceder.

Muchas veces se trata de convencer a las comunidades de que no digan nada al respecto. Y es que en los casos de las violencias sexuales hablamos de asuntos muy íntimos del ser humano y de las mujeres.

L.S.V.: Hay otro debate sobre las jurisdicciones que deben actuar en estos casos...

P.T.: No hay excusa para que la autoridad nacional no de tramite al acceso a la justicia de una mujer que haya sido víctima de violencia sexual. Esto es algo básico de los Derechos Humanos y el derecho al acceso a la justicia de cualquier víctima. Entonces, en ese sentido, no hay argumento de jurisdicciones para que la sociedad, para que la institucionalidad nacional ordinaria, avance con estos casos.

Si ellas no acceden a una justicia al interior de sus comunidades, la justicia ordinaria debe actuar sin vacilaciones.

L.S.V.: ¿Cuáles son los retos para contar esta verdad?

P.T.: En el tema de la violencia sexual tenemos un reto grande y es generar confianza con las comunidades. Pero también, un esfuerzo por entender sus realidades y generar metodologías que así lo permitan. Es necesario tratar de entender qué repercusión tienen estos hechos al interior de sus sociedades, para ellas, para sus familias.

L.S.V.: ¿Cómo ha visto esta reacción mediática de los últimos días?

P.T.: Hay una generación de colombianos y colombianas que está despertando y que saben que hay una deuda histórica con los pueblos indígenas. Una generación que reconoce que las poblaciones indígenas y las mujeres indígenas padecen estas múltiples violaciones y que hay una deuda para la exigibilidad de sus derechos, para que haya sanciones.

Creo que esa conciencia la tienen hoy sobre todo muchos jóvenes y muchas personas comprometidas con un cambio de país, un país incluyente, un país que vea las realidades de las poblaciones rurales, de las poblaciones marginadas, discriminadas y que saben que este país no va a poder avanzar si las poblaciones indígenas y las poblaciones rurales no mejoran en el reconocimiento de sus hechos de la justicia.

Creo que eso es algo muy importante en este proceso que estamos intentando construir desde una transición de la guerra hacia la paz. De una transición de un país que ha tenido tratos discriminatorios a un país que sea incluyente.

Silla Nacional
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