En la política hay un dicho recurrente: ‘Para todo problema siempre hay una comisión’, en referencia a que ante líos coyunturales que estallan y generan revuelo, usualmente el Presidente de turno conforma su respectiva comisión de notables para resolver el asunto y eso muchas veces se queda en el papel.

Por ahora, eso es lo que está pasando con la Comisión Presidencial de Excelencia Militar que instaló el presidente Iván Duque en mayo del año pasado, con el objetivo de revisar que los procedimientos de la Fuerza Pública se ajusten a las normas en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Ese hecho cobra especial relevancia estos días de terribles noticias sobre crímenes sexuales de militares contra niñas indígenas y la confirmación del propio Ejército de que 118 uniformados están siendo investigados por casos de abuso sexual.

La Comisión fue conformada por decreto para contrarrestar el escándalo tras la revelación del New York Times de circulares internas del Ejército que evidenciarían el regreso de la práctica del conteo de cuerpos para incentivar resultados operacionales, que es el germen de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.

Sin embargo, en 13 meses el grupo solo ha presentado un informe y es preliminar; lleva ocho meses de atraso en presentar su informe final -en el que estarían incluidas recomendaciones para evitar las violaciones sexuales- y planea entregarlo hasta agosto. Además, según conocimos directamente por parte de la Comisión, se ha reunido una sola vez con el presidente Duque.

Comisión de coyuntura

El 24 de mayo de 2019, seis días después de la revelación del New York Times y acompañado del ministro de Defensa de entonces y el alto mando militar, Duque anunció con bombos y platillos la conformación de una “Comisión de Excelencia Militar” que le respondería directamente a él, para revisar lineamientos, manuales y protocolos operacionales de la Fuerza Pública para evaluar si cumplen con las normas de DH y DIH.

El Presidente dijo que la comisión sería “independiente y trabajará ad honorem”, o sea gratis.

La integró con tres juristas de renombre que, además, tienen cercanía al uribismo y al propio Presidente: el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, quien fue secretario jurídico de Palacio en el Gobierno del padrino de Duque, Álvaro Uribe; el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, amigo personal de la mamá de Duque y de la secretaria jurídica de Palacio, Clara María González; y el exmagistrado del Consejo de Estado, Hernando Yepes Arcila, de corte conservador y quien en su momento defendió la reelección del entonces procurador de derecha Alejandro Ordóñez.

De acuerdo con el decreto que ese mismo día firmó el Presidente, esa Comisión tenía cinco funciones concretas: revisar los documentos de política del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para verificar que cumplan con el DIH y los Derechos Humanos; analizar mejores prácticas internacionales; recomendar acciones para fortalecer los lineamientos y su ejecución; y consultar con académicos, funcionarios, entre otros, para tener el panorama completo.

Es decir, a la Comisión Duque le puso una función limitada de revisar documentos y fuentes, sin señalar culpables de posibles fallas, ni tampoco hacer viajes a terreno para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en los manuales.

De entrada, para el profesor en derechos humanos y DIH, Jean Carlo Mejía, en general las comisiones de este tipo deben tener recursos y herramientas para generar cambios.

“Los estándares internacionales indican que toda comisión debe ser independiente, imparcial, objetiva y que ello se traduce en la posibilidad de que sus integrantes no solamente tengan la visión de una parte, sino que puedan realizar entrevistas con expertos independientes, autoridades judiciales, sin la injerencia del mandante. Además, deben tener su propio presupuesto para funcionar”, nos dijo Mejía, quien también fue asesor externo de la Fuerza Pública en la negociación del Acuerdo de Paz con las Farc.

El trabajo de la Comisión quedaría consignado en un informe preliminar que debía entregar en junio de ese año y otro, final, en noviembre. El grupo presentó el primero, con retraso, en julio de 2019.

Tras el informe preliminar, la misma Presidencia destacó en un comunicado que las reglas operacionales estaban ajustadas con el DIH y los derechos humanos y que “no promovían per se la ocurrencia de ‘falsos positivos’”.

Informe Comision Excelencia Militar Julio 25 de 2019 260719 (2) by La Silla Vacia on Scribd

La Comisión recomendó preliminarmente incluir la protección a líderes sociales, ajustar el control interno y que prevalezca la capacitación de los uniformados, y destacó que desde 2019 no ha habido quejas o denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Y aunque al final en el documento indican que “el informe final será presentado el mes de noviembre de 2019” éste, al día de hoy, no está listo.

Según nos dijo el entonces comisionado Alfonso Gómez Méndez y lo corroboró La Silla Vacía con una persona conocedora de esa Comisión, la razón principal es que aparecieron otros hechos de coyuntura, principalmente la denuncia de Semana de que el Ejército estaba buscando a los militares que hablaron para el New York Times.

“Ahí el propio Gobierno, que nos había nombrado, pues nos dijo que nos tomáramos más tiempo (para presentar el informe)”, nos dijo Gómez Méndez.

“Hay hechos que se han venido conociendo y que tienen que ser abarcados por la Comisión”, nos dijo al respecto otra fuente conocedora del trabajo del grupo, que pidió no ser citado porque hay compromiso con Presidencia de no hablar a medios del tema hasta que salga el nuevo documento.

Aunque el compromiso de la entrega del informe de noviembre estaba consignado en el decreto que firmó Duque, éste nunca se modificó para ajustar una nueva fecha.

Otro lío fue que Gómez Méndez renunció a esa Comisión a inicios de este año. La razón, según nos dijo, fueron “compromisos personales y profesionales”.

La Casa de Nariño no reemplazó a Gómez Méndez y desde ese momento solo han trabajado en la presentación del informe final los exmagistrados González Cuervo y Yepes Arcila, quienes trabajan desde Bogotá haciendo las revisiones de la ejecución de las políticas sin un equipo de trabajo adicional.

Su relación directa con la Casa de Nariño es a través de la secretaria Jurídica, Clara María González; y, de acuerdo con lo que corroboró La Silla Vacía con dos altas fuentes -una gubernamental y otra conocedora del trabajo de la Comisión-, solo una vez se han reunido con Duque: cuando la Comisión fue anunciada hace 13 meses.

Han tenido reuniones entre el exmagistrado González Cuervo con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, poco después de la posesión de éste en noviembre del año pasado y con el alto mando militar. Previamente, hubo reuniones con la comandancia del Ejército; con los viceministros de Defensa, el hoy exministro Guillermo Botero y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Hasta ahora la Comisión de Excelencia Militar parece estar comportándose más como un grupo de amigos que le hace un favor al presidente Duque, que como una comisión que opera bajo las exigencias de la ley. Es inaceptable que más de seis meses después del plazo previsto para presentar su informe aún no haya cumplido con su mandato legal, sin presentar ninguna justificación creíble a los colombianos”, nos dijo al respecto el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien desde el informe preliminar criticó su enfoque y alcance.

A hoy, a 13 meses de instalada la Comisión y a ocho meses de la fecha en la que tenían que presentar su último informe, la Comisión se dio plazo hasta agosto para entregarle a Duque el documento final, que incluirá, según supimos, los casos de violaciones sexuales.

Como no es una Comisión que tenga facultad de investigar, lo que harán es revisar los supuestos incumplimientos de los controles disciplinarios internos para que los casos sigan ocurriendo, como en Guaviare en 2108 y en 2019 y en Risaralda hace una semana. “No para concluir quién lo hizo, sino dónde fallaron los controles”, nos dijo una fuente enterada.

De sus conclusiones, y de lo que Duque haga con lo que le entreguen, se sabrá si definitivamente esta fue otra Comisión más que se quedó en el papel.

Ayer salió la encuesta Gallup, que mide cada dos meses el estado de ánimo de los colombianos desde hace más de 20 años. La medición fue hecha a 1200 personas, en las cinco grandes capitales, entre el 19 y el 30 de junio de 2020.  A diferencia de la anterior, que mostraba que pese a la pandemia había un cierto optimismo en el país, en esta encuesta el pesimismo regresa a los niveles de fines de año cuando las movilizaciones masivas. El impacto económico desatado por la Covid es más evidente y también el golpe de los escándalos mediáticos a sus protagonistas. La crisis que vive Barranquilla y la baja proporción de contagios de Medellín se reflejan en las percepciones que tiene la gente de estas dos ciudades frente a sus mandatarios. Estas son nuestras doce grandes conclusiones:

1

El pesimismo volvió a los niveles de las marchas

slide7.jpg

El pesimismo de los colombianos siguió subiendo y alcanzó nuevamente los altos niveles de fines del año pasado cuando la gente salió masivamente a marchar. Solo una vez durante los ocho años de Santos alcanzó el pesimismo ese nivel, cuando la debacle de la reforma a la justicia. Son niveles de pesimismo equivalentes a la época del Caguán durante la presidencia de Andrés Pastrana. Al comienzo de la pandemia, había bajado un poco esa sensación de que todo empeoraba pero la tendencia nuevamente es negativa.

La percepción de la situación del medio ambiente, sistema de salud, seguridad, y asistencia a la niñez y la vejez, que había mejorado sustancialmente con la pandemia se ‘corrigió’ a la baja a los niveles negativos que traían.

 

2

La corrupción parece un problema peor que el coronavirus

slide8.jpg

Una de las conclusiones más sorprendentes de esta Gallup es que en plena pandemia, cuando las cifras de contagio y de muertos están en su peor momento, los colombianos consideran que la corrupción es el principal problema que tiene Colombia en este momento. Por primera vez en 15 años ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los encuestados y triplica la preocupación por el coronavirus. 

Hay dos lecturas para eso. Una, es que se esté manejando tan bien la pandemia que no le preocupa tanto a la gente. La otra es que la indignación con la corrupción es tan grande que supera todos los demás problemas. Lo más probable es que sea la segunda porque aumentó la gente (a 64 por ciento) que cree que lo peor de la pandemia está por venir y casi un 60 por ciento cree que es probable o muy probable que se contagie en los próximos dos meses. Y el 85 por ciento de la gente cree que la corrupción está empeorando.

 

3

Los indicadores económicos están en su peor momento pero el golpe personal aún no se siente con fuerza

slide11.jpg

 

El golpe de la covid y de la cuarentena a la economía se refleja en todos los indicadores: la economía y el desempleo reciben la peor calificación en toda la historia desde que la Gallup comenzó a medirlos en 2008 y el 41 por ciento de los encuestados tiene una imagen desfavorable del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, mientras que solo el 12 lo aprueba. El 85 por ciento siente que el costo de vida también ha empeorado. El programa de Ingreso Solidario del Gobierno, que ha cubierto a 2,5 millones de hogares con dos giros mensuales de 160 mil pesos, no ha hecho mella en la percepción de que la pobreza ha empeorado, algo que sienten dos de cada tres de los encuestados.

Entre abril y junio, las personas que dicen estar desempleadas pasaron del 19 al 30 por ciento. Y entre los desempleados, el 40 por ciento dice haber perdido su empleo antes de la pandemia y el 60 por ciento durante.  

Aún con esta situación, y con una evaluación muy negativa de las tendencias económicas, el 60 por ciento de los encuestados dice sentirse satisfecho con su estándar de vida, una de las pocas tendencias positivas que refleja la encuesta. La explicación puede ser que por la cuarentena la gente está menos tentada a consumir o que la gente se compara con otros en peor situación y se siente agradecida con la vida que lleva.

 

 

4

El Presidente pierde el impulso de la pandemia

slide36.jpg

Durante la cuarentena, Iván Duque había mejorado sustancialmente su favorabilidad y por primera vez prácticamente desde que se posesionó había logrado que su imagen favorable superara la desfavorable. Sin embargo, la luna de miel fue corta, aunque sigue todavía 20 puntos mejor que cuando las marchas de fin de año. Sin embargo, los temas que dependen directamente de él mantienen las peores evaluaciones históricas de desempeño en más de dos décadas en prácticamente todas las áreas. 

En aquellos temas que son prioritarios de su Gobierno como el manejo económico, la relación con Venezuela, el narcotráfico, y el manejo de la pandemia, la tendencia sigue siendo negativa. En lo que siempre fue la bandera del uribismo -la seguridad- los niveles de desaprobación son tan altos como durante la época de Santos. 

 

 

5

Los alcaldes, con excepciones, recuperan su popularidad pre-pandemia

slide30.jpg

Como el Presidente, los alcaldes de las principales ciudades tuvieron un empujón en su favorabilidad cuando arrancó la pandemia. Después de tres meses de vivir con el virus, todos han sufrido una ‘corrección’ a la baja, acercándose a los niveles que tenían antes de la pandemia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, bajó su favorabilidad del 89 al 76 por ciento y aumentó su desfavorabilidad del 9 al 22 por ciento, volviendo al lugar donde arrancó recién elegida; los de Cali y Bucaramanga más o menos igual. Hay dos grandes excepciones: Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, que ha sido aplaudido por el manejo de la pandemia que se mantiene muy por debajo de los niveles de contagio per capita de Bogotá mantiene su popularidad en el 84 por ciento, más de 30 puntos por encima del nivel en que arrancó. Y Pumarejo, que a raíz de la pandemia ha entrado en una caída libre. A los gobernadores les ha pasado algo similar.  Se dispararon y ahora vuelven a sus niveles originales. La excepción, nuevamente, es Aníbal Gaviria, de Antioquia, que pese a haber sido detenido preventivamente (en una decisión criticada al Fiscal) aumentó nueve puntos de popularidad. Y Elsa Noguera, de Atlántico, que se descolgó.

 

 

6

El Centro Democrático pierde su sello

slide16.jpg

La seguridad, que ha sido tradicionalmente la bandera del Centro Democrático, recupera la senda negativa que ha tenido durante todo el gobierno de Iván Duque. El fortalecimiento de las disidencias, el asesinato sin tregua de líderes sociales y desmovilizados, y los robos en las ciudades han desbaratado la ilusión del regreso de la Seguridad Democrática de muchos de los que votaron por el candidato del uribismo.  Los malos indicadores de seguridad unidos al descontrol que reflejan los escándalos de las Fuerzas Militares quedan registrados en esta encuesta.

 

 

7

Los escándalos golpearon a todos los protagonistas

slide51.jpg

 

En los últimos meses, se han desatado varios escándalos mediáticos y todos los protagonistas sufrieron un golpe menos el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien dos mujeres acusaron de acoso sexual en unos trinos que luego borraron.

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez, de quien se supo que hace más de 20 años su hermano fue condenado por narcotráfico y ella nunca lo reveló públicamente, aumentó en casi diez puntos su desfavorable, que ahora supera por 20 su favorabilidad. La favorabilidad de las Fuerzas Militares cayó 37 puntos y por primera vez desde que se comienzan a medir en 2000, su imagen negativa es igual a la positiva. Es probable que sea el resultado de la violación de la niña embera por parte de siere militares justo en la semana en la que se hizo la medición. El escándalo del viaje del fiscal Francisco Barbosa con su familia a San Andrés no alcanzó a entrar en la medición.

 

8

Los candidatos presidenciales no capitalizan la pandemia

fico.png

Las crisis pueden convertirse en oportunidades, pero ningún candidato ha podido capitalizarla a su favor. La percepción de Marta Lucía Ramírez ha empeorado por el escándalo de no haber revelado lo de su hermano condenado y del negocio de su esposo con Memo Fantasma; la de Germán Vargas también quizás por sus propuestas de eliminar beneficios laborales, y la de Álex Char seguramente por la debacle de Barranquilla; Carlos Holmes, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo y Gustavo Petro se han mantenido en los mismos niveles pre-pandemia de aprobación y desaprobación. Fernando Carrillo, termina su período de la Procuraduría sin lograr consolidar ni 20 puntos de favorabilidad a pesar de que la percepción de la institución ha mejorado de manera significativa. 

La encuesta no mide ningún candidato uribista, quizás porque van sobre los hombros de Álvaro Uribe, quien se mantiene en sus niveles históricos de desfavorabilidad, casi doblando su favorabilidad.

El único candidato, cuya percepción mejora en este príodo es Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, que recién se lanzó a la Presidencia y aumentó 13 puntos de favorabilidad.

 

 

9

La percepción de que no hay garantías para la oposición se alínea con la de Petro

slide69.jpg

El 62 por ciento de los encuestados cree que no existen garantías para hacer oposición, la peor percepción sobre un rasgo fundamental de la democracia en toda la historia de la Gallup. Esto último podría ser el resultado del escándalo de los perfilamientos de críticos del Gobierno por parte de inteligencia del Ejército, incluído Gustavo Petro, del asesinato de líderes y desmovilizados que no para, o de las quejas de la oposición en el Congreso para que los dejaran sesionar de manera presencial.

Esta percepción, unida a la de que la corrupción es el principal problema del país, se alínean con el discurso del líder de la oposición, quien mantiene sus mismos niveles de desfavorabilidad, 16 puntos mayor que su favorabilidad. 

 

 

 

10

El virus arruina el teflón de los Char

slide32.jpg

Barranquilla y Atlántico viven una situación angustiosa: como ha contado La Silla, con poco más de 2,5 millones de habitantes, suman la mitad de los muertos por la covid.  El alcalde Jaime Pumarejo ha optado por responsabilizar a los ciudadanos y decir cosas como “en Barranquilla ahora todo el mundo quiere una UCI porque están de moda”, mientras que la gobernadora Elsa Noguera ha tenido cuestionamientos por su contratación en la emergencia por parte de la Procuraduría y la Contraloría. Haber perdido el control de la pandemia, la falta de sensibilidad y los ruidos de corrupción han rayado el teflón que durante años ha tenido el clan Char. Y esto ha golpeado directamente al popular ex alcalde Alex Char, que en tan solo un mes dobló su imagen desfavorable al 30 por ciento.

11

La agenda conservadora pierde terreno

slide76.jpg

Iván Duque es un presidente con una agenda claramente conservadora, y sin embargo, durante su mandato esta agenda ha perdido adeptos, según la encuesta. En los temas económicos, hay menos gente que favorece la firma de tratados de libre comercio, la llegada de multinacionales e inversión extranjera. Y en los temas morales, por primera vez desde que se mide, hay más personas que está de acuerdo con el matrimonio homosexual que los que lo objetan y está en su máximo histórico el porcentaje de gente que favorece la adopción por parte de parejas gay, aunque siguen siendo mayoría los que se oponen. La iglesia católica atraviesa su peor momento en términos de favorabilidad.

 

 

slide122.jpg

Pese a que el desempleo está disparado, al temor a contagiarse, a la incertidumbre de la época actual y a la percepción de que muchas cosas del país van mal, los colombianos siguen siendo felices. Son más los que se sienten relajados que preocupadosl los que disfrutan la vida que los deprimidos, los que se han sentido felices que tristes y la mayoría no se ha sentido solo en ningún momento durante la pandemia. 

Los recursos internos de los colombianos que revela esta encuesta son casi que inversamente proporcionales a los soportes externos que encuentran en sus mandatarios y en las instituciones.

 

Hace poco, como todos los años, salió una nueva cifra de hectáreas de cultivos de coca. El sistema de monitoreo de la ONU (Unodc) dijo que habíamos bajado 9 por ciento el área sembrada, pero que la producción había subido en 1,6 por ciento. Es decir, que en el país hay menos matas pero más cocaína. Y, a partir de ahí, se vino la discusión de siempre sobre cómo salir del problema de las drogas. 

Más allá, detrás de esas hectáreas que han desparecido, en este y otros momentos, hay historias de campesinos y comunidades que lograron romper el ciclo de la cadena de ilegalidad. Andrés Bermúdez, periodista, y Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas del conflicto de las FIP y experto de La Silla Llena, publicaron un libro hace poco contando pequeñas soluciones a este fenómeno de los cultivos. En él no buscan encontrar una “bala de plata”, sino experiencias locales de éxito que podrían dar luces a la solución del asunto de manera diferenciada. De eso hablamos en el podcast de esta semana. 

Nota: este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher, Akörde Podcast, Google Podcast. ¡Y ahora en Spotify! Son una buena opción para tiempos de cuarentena.

Aunque la tasa de letalidad del coronavirus es baja -cerca de 2 por ciento- en comparación con la de otros virus como el del Ébola que oscila entre el 50 y el 90 por ciento, dada su alta tasa de contagio y la saturación que causa en los sistemas de salud, así como las respercusiones que ha tenido en la economía, esta pandemia nos ha puesto de cara a la muerte.

Pero eso no necesariamente se ha traducido en una actitud más natural y más concienzuda frente a eso que como todos decimos es lo único que tenemos asegurado.

La Silla Académica entrevistó a Catalina González, profesora del curso “La muerte en Occidente”, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes y autora entre otros artículos de “Camus y el argumento filosófico sobre el suicidio” y de “Ironía y escepticismo en ‘Sobre el Suicidio’ de David Hume” a partir de los cuales hicimos la entrevista.

González explica las diferentes actitudes que ha habido ante la muerte y el suicidio a lo largo de la historia, y cómo el tratamiento global de la pandemia está produciendo un retroceso en ellas.

La Silla Académica: Con el coronavirus la muerte parece deambular más que nunca por nuestras casas. Citando los estudios de Philippe Ariès y Norbert Elias sobre los cambios históricos en las actitudes frente a la muerte, usted dice las de nuestros días son muy problemáticas. En Occidente da la impresión que en general es una actitud muy pesimista ¿No ha sido así siempre?.

Catalina González: Si bien los seres humanos siempre le hemos temido a la muerte y es generalizada la idea de que morir es algo malo porque nos priva de los beneficios de la vida, antes había una mayor aceptación de la muerte.

Philippe Ariés en su libro “La muerte en Occidente” cuenta que en el Medioevo, por ejemplo, morir se veía como un acto natural y había todo un ritual establecido para ello. El moribundo que sabía que se iba a morir porque tenía una enfermedad natural o porque tenía una herida de muerte, se lo anunciaba a quienes tenía a su alrededor (a su familia o a los soldados en el campo de batalla) y, en un acto reconocimiento, se lamentaba de ello, pedía perdón por sus malas acciones, recibía la absolución de un sacerdote, y se disponía a esperar su muerte en silencio y oración.

“Ars Moriendi” se llamaban los textos e ilustraciones pictóricas que contenían estas instrucciones para morir.

Se trataba de un ritual público, los familiares, pero también amigos, vecinos, los niños estaban presentes en la agonía y fallecimiento de las personas.

LSA: Usted dice que a partir del siglo XX el tabú sobre la muerte en nuestras culturas urbanas se intensificó en tres sentidos ¿Cuáles son?

C.G.: Sí, los dos autores mencionados, Ariès y Elias, coinciden en afirmar que, en el siglo XX, la muerte se volvió un tabú. Esto se expresa, primero, en que no podemos hablar de la muerte directamente.

Acudimos a eufemismos como: “se fue”, “nos dejó”, “descansó en paz”; en inglés, “passed away”, y así en casi todas las lenguas occidentales.

Además, aunque el moribundo sepa que se está muriendo no puede decirlo abiertamente y los otros tampoco pueden aceptarlo.

Un buen ejemplo es la típica llamada en que le decimos a la persona que se va a mejorar cuando sabemos que lo más probable es que no saldrá del hospital o no superará el tratamiento, aún desconociendo que aunque la persona puede tener miedo, le aliviaría hablar de su muerte.

Todos los investigadores coinciden en que hacerlo permite canalizar las emociones tanto del moribundo como de los deudos.

Segundo, la muerte debe ser un acto privado; se esconde a los moribundos, a los ancianos y a los enfermos, pues su presencia nos recuerda nuestra mortalidad, y muchas veces los familiares y amigos no tienen la posibilidad de llorar, de agradecer o pedir perdón también, de ponerse más en paz.

Tercero, en nuestras culturas occidentales, está prohibido observar o tocar al cadáver, pues eso se juzga como una actitud morbosa o perversa. Es común ahora que en los funerales el ataúd esté sellado y haya fotos de la persona a los lados, preferiblemente joven. Otros rituales funerarios, como el de la película Departures de Yōjirō Takita permitían despedirse mejor del fallecido con una exhibición discreta del cadáver.

El problema de que la muerte se haya convertido en un tabú es que la hemos sacado de nuestra vida cotidiana y eso aumenta nuestro malestar, nuestras dudas.

La muerte es hoy un acto individual y administrado por instituciones hospitalarias y personal médico

Catalina González

La muerte es hoy un acto individual y administrado por instituciones hospitalarias y personal médico.

LSA: ¿Por qué se dio ese cambio en el siglo XX principalmente?

C.G.: Tiene que ver con las políticas de salubridad y con los avances médicos.

En el Medioevo, alguien que había llegado a los 40 años era prácticamente un anciano y la gente moría con mucha frecuencia por enfermedades que hoy son comunes y tratables o por hechos violentos.

Como hemos logrado empujar la muerte hacia la vejez avanzada o limitarla a ciertas enfermedades, eso hace que tengamos menos contacto cotidiano con ella.

LSA: Como parte de esos adelantos usted dice que cada vez es más común tener una muerte no solo solitaria, “hospitalaria” interrumpida, es decir, que es un proceso largo con mejoras y con retrocesos ¿Cómo es esto?

C.G.: No soy enemiga de los adelantos médicos, pero esos avances también plantean problemas morales que antes no teníamos.

Norbert Ellias fue quizá uno de los primeros en decir que la muerte contemporánea es una muerte “fragmentada”, un término ya común en la bioética, y que apunta a que algunas ayudas tecnológicas pueden reemplazar las funciones que cumplen los órganos e impedir que su cesación gradual provoque la muerte. La diálisis ante la falla renal es un ejemplo de ello.

La muerte ya no es un proceso continuo, sino interrumpido por las diversas ayudas médicas. Nos morimos, por decirlo así, de a pocos, y en un tiempo mucho más dilatado.

La pregunta ética es si deberíamos permitir eso o no y en qué casos.

Por supuesto, al mismo tiempo, se ha ampliado la expectativa de vida de las personas.

LSA: Usted dice que en las dos primeras décadas del siglo XXI ha habido un avance en cuanto a las actitudes frente a la muerte por el desarrollo de los cuidados paliativos ¿en qué consisten?

C.G.: Los adelantos médicos más recientes reconocen que no basta con aliviar el dolor físico sino también el psíquico.

Cuando las personas están hospitalizadas, enfrentando enfermedades de las cuales no se van a poder curar, generalmente, alternan entre momentos de inconsciencia y de consciencia en los que se percatan de que no están mejorando y eso les causa gran dolor emocional.

En ese sentido, el auge creciente de los cuidados paliativos como especialización médica es importante. Se están haciendo cosas muy importantes por los pacientes terminales facilitando, por ejemplo, que puedan morir en casa.

Hay otros servicios derivados como el de facilitar que tengan conversaciones francas sobre su muerte, e incluso funerales para despedirse antes de su hora fatal.

Uno de los que me parece más interesante son los rituales no religiosos en sociedades cada vez más secularizadas. Hay entonces una tendencia para que los mismos familiares participen activamente en la planeación de los rituales, escribiendo, por ejemplo, sus oraciones fúnebres.

Desafortunadamente en Colombia estas tendencias todavía no se han afianzado. La mayoría de los cementerios son de instituciones religiosas y cuando personas no creyentes mueren a veces la única alternativa es hacerles una misa, un ritual que respondía a sociedades en las que las religiones eran necesarias para enfrentar la muerte como el tránsito hacia otra vida, pero cuando la religión ya no es un discurso compartido por toda la sociedad pierde sentido para muchas personas y las deja sin la posibilidad de una ceremonia significativa para hacer el duelo.

LSA: Usted explica que con la pandemia la tendencia a la re-naturalización de la muerte está sufriendo un gran retroceso ¿Por qué?

C.G.: No solo la muerte por coronavirus está siendo hospitalaria y fragmentada: dado que se trata de una enfermedad contagiosa que requiere aislamiento social, las personas están muriendo muy solas y sin apoyo emocional pues el personal médico tampoco tiene los mejores recursos anímicos dadas las condiciones en que están trabajando.

‘La muerte por coronavirus está siendo no solo hospitalaria y fragmentada sino totalmente solitaria’

Catalina González

El duelo por la muerte de los seres queridos no es mejor porque las políticas para evitar el contagio no les permiten aacompañar a sus allegados cuando mueren.

Generalmente no pueden tomar tampoco decisiones sobre qué hacer con el cadáver de la persona que fallece que muchas veces pasa de la UCI al crematorio.

Tampoco tienen el alivio que a veces dan los funerales públicos -en este momento los familiares que están por fuera no pueden venir a dar su último adiós-, ni tienen derecho a abrazos de consuelo porque ellos mismos están bajo sospecha de ser portadores del virus.

Por si fuera poco, al estar todavía confinados en la misma casa de la persona que murió muchas veces no pueden evadir por un tiempo su recuerdo permanente.

Entiendo la razón de ser de las medidas de cuidado, pero en el entre tanto, estamos dejando solos a los moribundos y a las personas cercanas a quienes fallecen.

catalina_biblioteca.jpg

Biblioteca de Catalina González

LSA: En Occidente la muerte causada por infarto ha sido asumida como un premio porque en teoría no implica un sufrimiento largo, al mismo tiempo, dado lo repentino, le impide a sus seres queridos un proceso de asimilación y a quien fallece la posibilidad de “saldar cuentas” ¿Cómo analiza esto a la luz de las actitudes históricas frente a la muerte?

C.G.: Michel de Montaigne, un filósofo del Renacimiento, decía que no deberíamos temer a la muerte porque si morimos de repente no nos vamos a dar cuenta y si lo hacemos tras una larga enfermedad quizá nos habremos acostumbrado a la idea e incluso desearemos la muerte.

Una de las actitudes más arraigadas es la de considerar que la mejor muerte o una mejor forma de morir es por un ataque cardíaco. Se trata de una muerte instantánea de la que no soy consciente y que implica poco sufrimiento físico: “la muerte del justo”.

Hoy morir bien es morir sin darse cuenta que uno se murió, pues no solo le tenemos miedo a la muerte sino a darnos cuenta que nos estamos muriendo. En el Medioevo, en cambio, una muerte sin ninguna preparación habría sido una “mala muerte”.

Morir bien es morir sin darse cuenta que uno se murió, no solo le tenemos miedo a la muerte sino a darnos cuenta que nos estamos muriendo

Catalina González

Pensamos que planear la muerte es algo ¡morboso, terrible!

Siempre le cuento la anécdota a mis estudiantes de una vez que iba con mi pareja en el carro y él no estaba manejando bien y yo le pedí que bajara la velocidad, me preguntó ‘¿temes por tu vida’ y yo le dije: 'no, temo por mi muerte, no es así como me quiero morir, en un accidente de tránsito, me parece la peor de las muertes, ¡muy trágica!

Por eso aunque no podemos saber cómo vamos a morir, me parece importante que podamos pensar en tener algún tipo de control sobre nuestra muerte y no dejar todo al azar.

LSA: Eso me hace pensar en su artículo sobre Hume y el suicidio, que él defiende. Así como las actitudes frente a la muerte han cambiado a lo largo de la historia también lo han hecho respecto al suicidio que es otra de las problemáticas que puede agravarse con la pandemia...

C.G.: Sí, sin duda la manera más drástica en que las personas pueden tomar decisiones sobre su muerte es causándola ellos mismos.

Los estoicos, en la Antigüedad, consideraban que el suicidio era el prototipo de una muerte digna: si yo he de morir y no es algo que pueda evitar, debería poder decidirlo en el momento que la vida sea insostenible y que las condiciones no vayan a cambiar.

Después de la Antigüedad vino una respuesta condenatoria muy fuerte del cristianismo al suicidio porque la vida era vista como un don de Dios, un regalo, y los seres humanos no podían decidir en qué momento morir, sin pecar.

Con la Ilustración, en el siglo XVIII, surgen intelectuales, como Davi Hume, que se oponen a la idea de que el suicidio sea considerado un pecado: la vida puede ser un don divino pero si el ser humano tiene la libertad para alterar el orden de la naturaleza cuando así lo necesita sin que eso vaya en contravía de Dios -como cuando logra hacer un puente para atravesar un río o cuando esquiva una piedra que le va a caer en la cabeza- ¿por qué no puede alterar el orden de su propia naturaleza cuando le da más sufrimiento que alegría?: claramente es una exaltación a la libertad y la autonomía humanas.

Retomando justamente la noción de muerte digna de la Antigüedad, en la actualidad se habla de eutanasia para pacientes terminales y de suicidio asistido para quienes no lo pueden realizar ellos mismos (personas que tienen una parálisis, por ejemplo).

LSA: Con la conciencia de la presión que puede estar viviendo el personal de salud, o de las consecuencias del encierro en la salud mental, o de la angustia por la crisis económica ¿Cree que se puede estar dando una actitud más comprensiva de la sociedad frente al suicidio?

C.G.: Habíamos logrado suavizar la actitud cristiana condenatoria sobre otras formas de morir que no son las tradicionales, pero dado que las respuestas que ha despertado la pandemia son muy autoritarias y están fundadas en el miedo y en la desconfianza, pensaría que esa ventana se está volviendo a cerrar: la compasión encuentra muy poco espacio para desarrollarse en este contexto.

Las reacciones frente al video de un entierro en Malambo, Atlántico, dan cuenta de ello: los familiares abrieron el ataúd y la bolsa en que el personal de salud había puesto a la persona fallecida por coronavirus. En los medios de comunicación, en las redes sociales hicieron eco de la frase que pronunció uno de los asistentes: "¡el qué tiene miedo, que se vaya!"

Pero nadie escuchó a la mujer que al fondo exclamaba: "¡quiero verle la cara, necesito verle la cara!"

Si mi madre, mi marido, mi hijo, muere rápidamente en una UCI, sin que yo lo pudiera haber visitado en el hospital, probablemente quisiera verle la cara, comprobar que me dieron el cadáver que es, esto es algo muy humano.

La pluralidad de formas de morir y hacer el duelo es aplanada con la idea de la “indisciplina social” 

Catalina González

Me aterraron todos los comentarios que alcancé a ver sobre ese video, porque eran muy pocos compasivos; de hecho, promovían el odio hacia quienes señalaban como poco irresponsables y hasta morbosos, desconociendo que además en las culturas afro-colombianas, tocar, observar el cuerpo, estar con el cuerpo de la persona que fallece -celebrar o festejar con él presente- es muy importante para la realización del duelo.

La pluralidad de formas de morir y hacer el duelo es aplanada con la idea de la “indisciplina social” lo que nos hace mucho menos tolerantes y abiertos.

LSA: Hoy vemos informes diarios de personas muertas por coronavirus como no los habíamos visto en mucho tiempo por ninguna causa… A los alcaldes les preocupa dónde van a enterrar personas. ¿usted dice que esto en vez de acercarnos a la muerte nos está alejando?

C.G.: Teniendo en cuenta que la muerte sigue siendo un tabú, una de las estrategias es esconderla tras información cuantitativa y discursos impersonales, que no hablan de casos específicos. Como decía Heidegger a comienzo del siglo XX: eso nos permite pensar que quienes mueren son los otros y no yo.

Me entero de que hubo tantos accidentes de tránsito en el año o de que algún tipo de cáncer es muy prevalente en cierta población, pero me engaño pensando que esto le sucede a otras personas que tuvieron mala suerte.

‘Las estadísticas nos permiten pensar que quienes mueren son los otros y no yo’

Catalina González

Aunque los medios de comunicación nos estén bombardeando con noticias sobre la muerte en la pandemia, en realidad, yo no me puedo identificar con cifras, solo lo puedo hacer con personas como yo, que tengan un rostro, historias similares, familiares y amigos que dejan atrás.

Las estadísticas y las tendencias no nos permiten acercarnos a la muerte, sino sólo desarrollar una conciencia intelectual y abstracta sobre ella que no nos afecta emocionalmente.

LSA: Usted dice que el tratamiento que le han dado a la muerte epidemiólogos, políticos y medios de comunicación nos deja desprovistos para hacerle frente ¿cómo podría ser un mejor manejo?

C.G.: Somos demasiado rápidos en la autocrítica y eso alimenta un autoritarismo innecesario, que no reconoce diferencias y que por la amenaza de la muerte por el contagio justifica todas las restricciones aún si arriesgamos la vida de las personas en casos de enfermedad mental, o de quienes están en peligro en sus propias casas o de quienes tienen que salir a rebuscarse para no morirse de hambre.

En esa línea, los medios de comunicación deberían hacer un esfuerzo grande para arrojar luces sobre las razones que tienen quienes salen a la calle o tienen comportamientos que a priori juzgamos como irresponsables, para entender por qué lo hacen, por qué algunos “insisten” en dejarse contagiar.

Ya muchas otras personas han recordado la peste negra en el siglo XIV. Hay muchas expresiones pictóricas medievales de la "danza macabra": personas tomadas de la mano bailando en medio de todos los cadáveres que había en la calle.

Algo que quizá no dista tanto de la noticia que también causó revuelo de unos jóvenes en Quibdó que, aprovechando un apagón, se enrumbaron en la calle.

Antes, como ahora, puede que ciertas crisis tengan efectos psicológicos en las personas, causen cierta euforia, una actitud temeraria de enfrentar la muerte, de mirarla a la cara. El peso del estrés por la amenaza de la muerte necesita unas vías de escape. Valdría la pena explorar un poco más ese tipo de expresiones antes de juzgar a todos de irresponsables.

LSA: Así como los avances médicos han prolongado la vida pero en muchos casos no necesariamente una vida digna, usted dice que las medidas estrictas para evitar el contagio están yendo en contravía de la única vida que merece la pena ser vivida...

C.G.: Los filósofos antiguos sabían que no toda vida merece ser vivida.

Sócrates decía que una vida sin examen, sin que uno se cuestione sus opiniones y prejuicios, no es una vida que valga la pena vivir.

‘Por defendernos de la muerte estamos dejando de vivir la única vida que vale la pena: la vida con otros’

Catalina González

Para los estoicos era fundamental la libertad, poder tomar decisiones y no solo obedecer órdenes, en ese sentido Séneca pensaba, por ejemplo, que bajo una dictadura era muy justificable el suicidio, por ejemplo. Claramente, en la Antigüedad, el concepto de dignidad era mucho más amplio que el nuestro, que se reduce a no tener dolor físico y contar con condiciones básicas de satisfacción de las necesidades.

Ahora, con la pandemia por defendernos de la muerte y conservar nuestra vida biológica estamos dejando de vivir la única vida que vale la pena vivir, la vida en comunidad con otros, con los familiares, con amigos, con estudiantes -en el caso de los que somos profesores-. Una en la que los lazos sociales son importantes. Una buena vida es una vida en comunidad.

El viernes 19 de junio cuando se desarrolló el primer día sin IVA, Colombia tenía un promedio diario de casos de 2345, ayer cerramos los últimos siete días con un promedio de 3580, un incremento del 52 por ciento, que se concentró especialmente en el Atlántico, Bogotá, Cali, Cartagena e incluso Medellín. 

La pregunta es qué tanto de ese crecimiento es atribuible a las aglomeraciones que se generaron en esas ciudades para aprovechar los descuentos de la jornada decretada por el Gobierno.

Lo primero es que las cifras son aún parciales e incluso incipientes porque una persona que se hubiera podido contagiar por haber salido de compras ese día pudo haber desarrollado la infección, o presentado síntomas hasta ayer y por tanto puede solo aparecer registrado en los reportes hasta dentro de 10 o 12 días que es el tiempo promedio que pasa entre el inicio de síntomas o el diagnóstico y el reporte. Así que, como decían en los anuncios de los resultados electorales, “faltan datos de otros municipios”.

Sin embargo, con los datos ya existentes es posible hacer unas primeras inferencias porque en las bases de datos oficiales se reporta la fecha en la que el paciente dice haber empezado a sentir síntomas y en los resultados de éstos días ya aparecen muchos que dicen haberlos sentido unos días después del día sin IVA.

De hecho, por fecha de inicio de síntomas el día que más se reportaron casos desde el inicio de la pandemia fue el 26 de Junio, siete días después del día sin IVA, que llegó casi a 4.500, muy por encima de los días anteriores que estaban en alrededor de tres mil. El primero de julio volvió a pasar de 4.000. 

De los más de 4.000 del 26 de junio, el Atlántico reportó el mayor número de casos, Bogotá pasó por primera vez de 1.000 y Cali y Medellín estuvieron por encima de sus promedios. El primero de Julio, diez días después, del día sin IVA los mayores incrementos estuvieron en Bogotá y Cali. 

Esos datos, como se ha dicho, son aún preliminares porque solo se registran cuando se reportan como positivos y por tanto todavía puede haber muchos diagnósticos pendientes. Los especialistas incluso sombrean y no tienen en cuenta estos números que no tienen más de catorce días porque se están moviendo, claro hacia arriba, porque lo que ocurre es que van apareciendo más casos que se registran en esas fechas.

Bogotá y Cali, que fueron las dos ciudades donde aparentemente se registraron las mayores aglomeraciones aumentaron sus promedios diarios en alrededor del 50 por ciento, como el promedio nacional. En Barranquilla el mayor promedio se reportó la semana inmediatamente siguiente al día sin IVA, por lo que la mayoría de esos casos debieron haber iniciado antes de esa fecha, en Medellín los casos han crecido exponencialmente la última semana y se podría determinar si el inicio de síntomas, o el diagnóstico para los asintomáticos coincide de alguna manera con el 19 de junio.

En número gruesos Colombia sumó entre ese día y hoy unos 45.000 nuevos casos: 15.000 en Bogotá, 12.000 en el Atlántico, 4.000 en el Valle, 3.500 en Bolívar (Cartagena) y casi 3.000 en Antioquia. El 80 por ciento del total.

¿Cuántos de éstos casos, ocurridos la gran mayoría en las cinco ciudades con mayor número de habitantes y en las que seguramente hubo el mayor número absoluto de compras presenciales, son atribuibles a las aglomeraciones de ese día? Todavía no se sabe y quizás nunca se sepa con precisión. Faltan datos y además sería necesario hacer correlaciones por edades, y otras.

Es del tipo de debates que nunca se cierra, pero con los primeros datos que se conocen hay coincidencia, que permitiría inferir que efectivamente la realización de ese día en las condiciones que ocurrió pudo haber incidido en forma importante para que la velocidad del contagio hubiera crecido en las dos últimas semanas de la manera que lo hizo.

Hay otras correlaciones que pueden ser relevantes: las fechas de flexibilización de la cuarentena, a partir de la cual se acelera el contagio y hay otras fechas, que el gobierno ha soltado a manera de hipótesis para tratar de minimizar la controversia alrededor del día sin IVA y el corte del 27 de abril, ambas adoptadas por él, son la celebración del día de la madre el 9 de mayo y la realización de marchas de protesta en Bogotá unos días antes del día sin IVA.

En todos esos casos se puede encontrar alguna coincidencia porque lo cierto es que las cifras no han dejado de subir y por tanto ese crecimiento se puede atribuir a cualquier hecho o decisión que hubiera incrementado la interacción social que finalmente es la que produce el contagio.

Ya los especialistas dirán y con el tiempo algo se podrá profundizar. Algunas aglomeraciones de esos días ocurrieron en espacios cerrados y otras en abiertos, algunas fueron con poca gente y otras con centenares de personas, algunas por poco tiempo y otras por horas. En fin.

El Gobierno corrigió el error del día sin IVA y adoptó los correctivos que parecían necesarios, especialmente que las ventas de los artículos más demandados no se hicieran presencialmente. Eso evitó las aglomeraciones y cuando se hagan los cruces en estos otros días no debe haber crecimientos tan grandes como los del primer día.

Las preguntas van en orden y son secuenciales: i) ha habido crecimientos del contagio más allá de lo “normal”? ; ii) esos crecimientos con atribuibles a algún hecho o decisión en particular? ; iii) se hubiera podido evitar el crecimiento? ; iv) en caso de que se hubiera podido evitar, no se hizo por imprudencia o impericia? y  v) alguien tiene que responder?

Las primeras preguntas las contestan los epidemiólogos y la última los jueces.

La explicación de Francisco Barbosa sobre su viaje familiar a San Andrés lejos de exonerarlo despertó más indignación. Además, dejó en evidencia varios vacios sobre los argumentos de su defensa.

La semana pasada, Gustavo Petro hizo tres anuncios: una denuncia penal a la alcaldesa Claudia López por su decisión de tumbar un edificio del San Juan de Dios para construir un hospital; la demanda de la reforma constitucional que crea la región metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca, de la que son coautores dos de sus representantes de Colombia Humana; y la invitación a las organizaciones sociales de Atlántico a convocar la desobediencia civil.

Son tres movidas que revelan la estrategia que ha emprendido Gustavo Petro con miras a la campaña presidencial del 2022, cuyos dos ejes inmediatos son minar las posibilidades electorales de los verdes y radicalizar a la ciudadanía, esta vez contra el centro. 

“Gustavo está jugando sobre un eje manifiesto y táctico, contribuyendo a la falta de estabilidad que hay. Hay un vacío de confianza, y consigue protagonismo y crece señalando esas deficiencias”, dijo a La Silla Ángel Becassino, quien fue uno de los estrategas de campaña de Petro en 2018, aunque ahora no está trabajando con él. 

El otro eje en el que está trabajando Petro, según Becassino, es una propuesta programática de largo aliento que ofrezca una verdadera alternativa de cambio. “Está tratando de construir una visión diferente de lo que es posible”, dijo.

La Silla buscó hablar con Petro a través de su jefe de prensa pero no lo consiguió. Pero otra persona cercana al líder de la Colombia Humana, y que prefirió hablar off the record, fue más específico:

“Petro sabe que es su última oportunidad de ser presidente, y eso lo hace afirmarse más en su radicalidad”, afirmó. “Su idea es convocar desde la unidad de la decencia para enfrentar la sociedad mafiosa.”

Según este aliado de Petro, el senador quiere ir más allá del concepto que usó en 2018 de las ‘nuevas ciudadanías’, entendidas como las causas ambientalistas, animalistas o de género para aglutinar a los colombianos alrededor de la idea de los ‘decentes’.

¿Quiénes son los decentes para Petro? Todos los que confrontan a los corruptos y a los mafiosos. Y, ¿quiénes son los mafiosos? A juzgar por sus trinos y los de sus aliados en las redes, todos los que se pueden cruzar en su camino a la Casa de Nariño.

Las lecciones de 2018

En las elecciones de 2018, Gustavo Petro sacó en segunda vuelta 8.028.033 votos, una cifra que superó con creces los resultados de cualquier candidato de izquierda antes que él. 

Ese hito le demostró que, dadas ciertas condiciones, era capaz de sumar a su campaña una parte del establecimiento y que así como Duque jugó a la moderación para morderle al centro, a Petro la radicalización le permitió llegar a la segunda vuelta.

Con ese caudal electoral, lo obvio es que él se convirtiera en el vocero de la oposición en el Congreso. Sin embargo, la Alianza Verde y el Polo no tenían la misma idea, y Petro no logró consolidar la oposición al gobierno detrás de él en el Congreso. Luego vino la campaña de 2019 y el triunfo de Claudia López en Bogotá no solo sin Petro sino con él en contra.

En las toldas de Petro ya saben que la decisión de Claudia López y la Alianza Verde es intentar reeditar el triunfo de Bogotá en las presidenciales convocando para el 2022 una consulta interpartidista para escoger un candidato único de centro que se le mida al uribismo y al petrismo. 

En esa consulta -como se la están imaginando los verdes- podrían participar liberales como Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, independientes como Alejandro Gaviria (que ha dicho que no aspira a ser candidato), el aspirante que gane la consulta interna de los verdes (en la que participarían los exgobernadores Camilo Romero, Andrés Amaya y el senador Antonio Sanguino ) y Sergio Fajardo. Aunque todavía al interior de los verdes, personas como Camilo Romero quisieran que la consulta incluyera a Petro porque creen que solo así se derrotaría a Uribe.

“Uribe está en una posición cada vez más endeble. El obstáculo a vencer para Petro es Fajardo”, dijo a La Silla un miembro del círculo petrista. Según nos enteramos en esta reportería, desde hace más de cinco años, el exalcalde de Bogotá está convencido de que el exgobernador de Antioquia es la ficha que se inventaron los empresarios para que él no llegara a la Casa de Nariño. 

De ahí, su dedicación a debilitarlo.

Esa estrategia comenzó desde su derrota en las elecciones de 2018, que atribuye en gran parte a que Fajardo se haya manifestado a favor del voto en blanco antes de irse a ver ballenas, y que pasa por retratarlo como un uribista solapado, como un agente de los grandes empresarios y como parte de la sociedad mafiosa contra la que él se enfrenta.

Descansa un poco Gustavo. No hay necesidad de tantas mentiras, tergiversaciones, trampas, insultos, agresiones, rabia y odio. No todo vale. Falta mucho para el 2022. https://t.co/EwHhtpDJsO

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 12, 2019

Como la estrategia para llegar a la segunda vuelta en 2022 pasa por minimizar al centro hasta el punto de que los votantes sientan que tienen que elegir entre el uribismo y el petrismo, para el candidato de la Colombia Humana es fundamental convencer a los militantes verdes y a aquellos votantes independientes que no están casados ni con la derecha ni con la izquierda de que la gestión de Claudia López en Bogotá es un fracaso.  De quién gane ese pulso, dependerá en gran parte el futuro de la contienda presidencial, sobre todo si Iván Duque mantiene sus altos niveles de desfavorabilidad.

Aunque Claudia López apoyó abiertamente a Petro en la segunda vuelta presidencial, Petro se distanció de ella durante la campaña a la Alcaldía porque sintió que ella había violado un acuerdo entre ellos de no apoyar el metro elevado que había contratado Enrique Peñalosa (y que según Petro es peor que el coronavirus). Del lado de López dicen que nunca hubo tal acuerdo.

Sea por esa razón o porque Petro cree que Fajardo es su verdadero rival, y que una exitosa gestión de la alcaldesa lo puede impulsar, el líder de la Colombia Humana emprendió casi desde el primer día que Claudia se posesionó una campaña sostenida en contra de su administración.

Su último caballito de batalla es alrededor de la demolición de una torre del hospital San Juan de Dios para construir un hospital público de primer nivel, por el que anunció que la denunciaría penalmente por destruir patrimonio público.

Más allá de las razones que tiene sobre la inconveniencia de la decisión de la alcaldesa, Petro la liga a su narrativa de las mafias y los negociados, como lo hizo también con la contratación del metro elevado:

Claudia engaña a Bogotá. Hoy hay capacidad para 750 camas si se restaura el San Juan.

Por hacer el metro elevado y un negociado inmobiliario de 430.000 millones, se traslada el Santa Clara al San juan y este se demuele y desaparece en contra de la ley

Quedan de 750, 312 camas. https://t.co/hj31ppj9OW

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 4, 2020

Y, a raíz de esta decisión, vuelve a insistirle a su bancada en el Concejo que pase de la independencia a hacerle oposición a la Alcaldesa.

Lo mismo hizo unos días antes frente a la aprobación de la reforma constitucional que crea la región metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca, una iniciativa impulsada por la representante verde Juanita Goebertus y varios coautores de diferentes partidos, incluidos María José Pizarro y David Racero, de la Colombia Humana.

Es una propuesta que tanto la alcaldesa de Bogotá como el gobernador de Cundinamarca apoyaron.  Petro solo se opuso hasta el último debate, alineándose paradójicamente con el concepto negativo que había enviado en su momento la alcaldía de su archienenemigo Enrique Peñalosa (a quién ha acusado de varios negociados).

Entre los argumentos que ha ofrecido Petro en contra del proyecto, está que es un proyecto antidemocrático y que es un acuerdo con el Centro Democrático para ‘voltear tierras’.

El 20 de junio criticó en una sesión del Congreso que el Ministerio de salud le diera a Bogotá los 125 ventiladores y convocó a la bancada costeña a oponerse dada la crisis que se vive en Barranquilla y Cartagena por el coronavirus.

“La estrategia de Petro es destruir al verde. Pintarnos como fascistas, uribistas, que somos los de siempre”, dijo un miembro de ese partido que también apoyó a Petro en 2018 y que no quiere enfrentarse en público con él. “Le ha dado la razón a los que lo temían en 2018”.

Esa estrategia de fortalecer la narrativa alrededor del eje de la 'decencia' contra la 'sociedad mafiosa' es facilitada por una constelación de tuiteros y de nuevos medios (a algunos de los cuales Petro ayuda desde su twitter en su campaña de recaudo de fondos) que replican un ecosistema informativo similar al que surgió hace unos años alrededor de Álvaro Uribe.

Varios de esos medios y tuiteros nutren con sus opiniones, documentales e investigaciones periodísticas -a veces contundentes- la indignación en las redes. Y mientras seguidores fieles e indignados del candidato emprenden cada vez más frecuentes linchamientos virtuales para intentar acallar las voces con las que no están de acuerdo, Petro alienta la protesta a otros niveles. 

La semana pasada contó que había invitado a las organizaciones sociales del Atlántico a la desobediencia civil en el pago de los servicios públicos, como una forma de protestar por el mal manejo de la pandemia que anda disparada en la región gobernada por el clan Char.  Alejandro Char será otro de los posibles rivales de Petro en 2022.

“Hay un debate al interior del movimiento sobre qué tan conveniente es salir a marchar. Hay quienes no apoyan esos llamados y creen que es mejor apoyar cacerolazos, temas en redes sociales”, dijo a La Silla Álvaro Moisés, quien coordina los encuentros de la Juventud Humana. “En todo caso, lo que hace la pandemia y el mal manejo de Duque y otros gobernantes es darnos la razón. La rabia crece”.

Mientras cosecha esa rabia y esa indignación, Petro refina la visión.

Según Becassino, Petro sabe que después de un episodio traumático como una pandemia vienen cambios más estructurales en la sociedad, y él está trabajando en “el pensamiento de fondo”. 

Petro se ha sumado a las voces que abogan por una renta básica universal, y también ha insistido en que es hora de cambiar la estructura de consumo y de producción para que sea sostenible ambientalmente. 

“Lo mafioso es lo táctico”, dice. “Lo estratégico es la visión de sociedad y de relación con el mundo. En la incertidumbre en la que estamos todos, si alguien muestra una luz, uno va en dirección de la luz”.

Van más de cien días de pandemia, pero parecen siglos. Y así de lejanas se ven metas gubernamentales que hasta hace poco eran la prioridad. Ese es el caso de las banderas económicas del presidente Iván Duque.

La disrupción que el virus y el aislamiento han causado en la vida de las personas y en la economía han obligado al Gobierno a dar varios giros en sus planes y prioridades en esa materia.

1

No habrá más reformas tributarias vs. necesitamos una nueva reforma tributaria

“La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es de dónde sacar esos cinco puntos del PIB. Eso implicaría una nueva reforma (...) Sin embargo, este Gobierno no va a presentar más reformas relacionadas”.
Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda. Febrero 13 de 2020

Una vez aprobada por segunda vez la reforma tributaria varios centros de pensamiento como Anif y Fedesarrollo, advirtieron que las exenciones aprobadas por el Gobierno abrirían un hueco fiscal a partir del año 2022 y se necesitaría una nueva reforma tributaria para taparlo.

Para el Gobierno el aumento de la actividad económica impulsado por las exenciones y estímulos tributarios compensarían parte del costo fiscal de las exenciones. Pero el mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, admitió en febrero de este año que si bien se iban a necesitar a futuro nuevos recursos para financiar el presupuesto y las demandas sociales del país y una nueva reforma esa sería tarea del próximo gobierno.

 

“Para el 2022, el cumplimiento de las metas del déficit de la Regla Fiscal requiere una reforma de al menos 2% del PIB. El momento ideal para discutir la reforma fiscal que se requiere será una vez que transcurra la pandemia”.
Juan Pablo Zárate, Viceministro de Hacienda. Junio 26 de 2020

Pero esto cambió. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado el viernes 26 de junio, el Ministerio de Hacienda dejó por escrito que para 2022 necesitará encontrar recursos por 22 billones de pesos, pues la pandemia ha obligado al Estado a gastar y endeudarse más para atender la emergencia, le recorta los ingresos de impuestos de las empresas y regalías e impuestos del sector petrolero (por el desplome de precios) y recorta el tamaño del PIB porque muchas empresas pararon su producción por un mes.

Aunque los dos viceministros de Hacienda han dicho que solo cuando acabe la pandemia se sabrá si tienen que presentar reforma tributaria o no, las cifras del marco fiscal indican que será necesario y por eso en el Ministerio de Hacienda ya están pensando en ideas para aumentar el recaudo.

Una de esas ideas es resucitar la unificación de la tarifa del IVA, de hecho en el Marco Fiscal calcularon que por las exenciones de este impuesto (los alimentos por ejemplo, no pagan IVA y hay productos con tarifas de 5 y 10 por ciento y no de 19%) el Gobierno gasta 7,1 billones de pesos. Esta idea murió en la primera tributaria cuando hasta el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido de Gobierno se opuso, por el impacto que tendría para los más pobres.

Pero como durante la pandemia el Gobierno logró poner en funcionamiento un nuevo subsidio a las personas más pobres como compensación de lo que pagan por IVA, (75.000 pesos cada dos meses), la discusión sobre eliminar las exenciones de este impuesto se podría revivir, justamente porque los más pobres, en teoría, no se verían tan afectados. 

Por la misma línea la segunda idea que planteó el Gobierno en el Marco Fiscal fue la de eliminar las exenciones del impuesto al carbono y de los impuestos a la gasolina y el ACPM, lo que podría sumar 456 mil millones de pesos. Aunque políticamente es difícil de hacer, pues son beneficios para zonas de frontera, donde hay problemas de contrabando técnico, porque el combustible en Ecuador y Venezuela es mucho más barato.

La tercera idea que ha planteado el Gobierno, tiene que ver con otra de sus políticas que ha tenido que replantear, los estímulos tributarios sectoriales a los que el director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, Leopoldo Fergusson bautizó como regalos envenenados.

 

 

2

“Regalos envenenados” para crecer vs. Revaluación de las exenciones tributarias

“La Ley de Crecimiento Económico tiene algo que a mí me motiva: Cero impuesto de renta por 10 años a las inversiones que se hagan en el campo colombiano (…), eso lo único que busca es que haya más inversión en el campo, no lo que otros están planteando para satanizar. Pero, además de eso, la Ley de Crecimiento está introduciendo grandes reformas sociales en el país”.
Iván Duque Márquez, Presidente de la República. Diciembre 6 de 2020

La parte central de la reforma tributaria redujo las tasas de tributación para la mayoría de las empresas, pero también dio beneficios adicionales a sectores específicos como el sector naranja, la hotelería, la agricultura, entre los más destacados.

Antes de la pandemia el Gobierno había destacado que esas exenciones estaban funcionando, los crecimientos de alrededor de un 4 por ciento del PIB en enero y febrero (prepandemia) y el aumento de la inversión extranjera directa, se le atribuían a estas medidas.

Sin embargo, tienen un costo fiscal, que Anif estima en total (incluidas las exenciones previas a la última tributaria) son 80 billones de pesos los que deja de recibir el fisco por gabelas y tratos preferenciales a distintos sectores. El Gobierno en el último marco fiscal no presentó su cálculo al explicar que por la pandemia se han aplazado los pagos de impuesto de renta y por eso no se tienen datos precisos.

 

“Tenemos una comisión de expertos tributarios creada a instancias del Congreso en la cual vamos a analizar todo nuestro otema de beneficios tributarios, de cargas tributarias, y también tendremos todo el análisis del gasto /:..) y ahí tendremos que mirar cómo lo vamos a ajustar”
Juan Alberto Londoño, 26 de junio de 2020

El giro que se dio con la pandemia es que de defender las exenciones como impulsor del crecimiento económico, el Gobierno empezó a considerar la reducción de exenciones como base de la futura tributaria. 

Así lo dijo el viceministro Londoño en la presentación del marco fiscal, cuando dijo que estarían pendientes de los resultados del análisis de una comisión de expertos convocada para revisar las exenciones y el gasto del Gobierno, para definir medidas concretas.

 

 

3

Economía naranja y turismo nuevo petróleo vs. construcción el eje de la recuperación

"La economía naranja integra, entre otras, la radio, el cine y los contenidos digitales. Es un sector que puede significar para Colombia más que el PIB cafetero o minero", expresó el presidente la República”.
Iván Duque Márquez, Presidente de la República. Marzo 5 de 2020

Con la pandemia una de las pocas banderas propias del Presidente, que apenas empezó a despegar a principios de este año se fue al piso. 

Y se sumaba a la apuesta de darle más alivios tributarios al sector turístico para convertirlo en “el nuevo petróleo”, aprovechando el aumento de la llegada de turistas internacionales al país, después del proceso de paz.

Pero las normas de distanciamiento social y de tránsito de pasajeros internacionales y locales frenaron en seco tanto a las actividades culturales (conciertos, teatro, festivales y cine) como al turismo.

Estos sectores, de acuerdo con el modelo creado por el Ministerio de Hacienda probablemente serán unos de los últimos en reactivarse, principalmente porque implican una alta utilización de transporte público y aglomeración de personas.

Por eso el foco de la reactivación económica se ha volcado a otras industrias, principalmente construcción, que producen cerca de 6% de los puestos de trabajo en el país, y donde es posible mantener el distanciamiento social.

 

“No estamos quietos, estamos poniendo en marcha una agenda de recuperación económica (...) Ese dinamismo -del sector constructor- se va a hacer sentir en la generación de empleo”.
Iván Duque Márquez, Presidente de la República. Junio 9 de 2020

 

La construcción, junto con la industria manufacturera, fue el primer sector en reactivarse, y además de ser beneficiado con los subsidios a la nómina y el aplazamiento del pago de impuestos, recibió un impulso adicional con los subsidios para que las personas compren vivienda.

De acuerdo con el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, en Colombia impulsar este sector con inversión pública en obras de infraestructura y subsidios para los que compran ha sido una estrategia que ha funcionado en el pasado.

Aunque el fin de semana el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras (que fue uno de los impulsores de los planes de reactivación económica de Santos, basados en el desarrollo de obras) planteó en su columna dominical dudas de que en esta ocasión sea una buena estrategia.

Pero la naranja como nuevo eje económico está en veremos.

 

 

4

Disciplina fiscal (no gobierno derrochón) vs. chao regla fiscal

“Por más carga que tengan esas fuentes de recursos, no va a haber una expansión, ni ningún tipo de anuncio en el sentido de que el Gobierno Nacional va a salir al mercado de deuda a financiar esos recursos”.
Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda. Marzo 10 de 2020

Una de las críticas centrales del Gobierno de Iván Duque a su antecesor, durante la campaña era que era un gobierno derrochón, que dejó al país endeudado. 

Por eso uno de los ejes centrales de su política macroeconómica era mantener un gasto controlado, reducir el déficit fiscal de 3,1 por ciento del PIB en 2018 a 1,6 por ciento en 2022 y la deuda de 50,6 por ciento del PIB en 2018 a 46,9% en 2022.

Incluso al inicio de la pandemia el Ministro de Hacienda insistió en que no se endeudaría para manejar la emergencia.

Pero pocos meses después tuvo que retractarse, y empezar a endeudarse con bancas multilaterales (donde ha adquirido 3.000 millones de dólares de deuda), en los mercados internacionales (ha emitido bonos por 2.500 millones de dólares) y otros 12,9 billones de pesos (aproximadamente 3.500 millones de dólares) en préstamos con las entidades territoriales.

 

“Al Gobierno no le da susto ni le preocupa aumentar la deuda en este momento (...) Luego veremos cómo se ajusta”.
Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda. Marzo 20 de 2020

Así las cosas en vez de reducir la deuda el Gobierno cerraría este año con un endeudamiento de 68,2 puntos del PIB, y espera poder recortarla para 2021 en 63,5 puntos, una meta ambiciosa y que depende de que la economía en efecto se recupere muy rápidamente el próximo año.

Para poder hacer esto el Gobierno tuvo que pedirle al Comité de la Regla Fiscal que suspendiera la regla, es decir que le quitara el límite de endeudamiento por este año y por el próximo, algo que algunos analistas como el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, han cuestionado porque todavía es incierto si es una medida que se necesite por dos años, o solo por 2020.

Si bien Colombia no es el único país que ha suspendido su regla fiscal (países como Brasil y Costa Rica lo han hecho) ni que ha aumentado su deuda por la pandemia, el cambio sí implica un giro en su estrategia que calificadores internacionales de deuda como Fitch Ratings y Moody’s están observando de cerca para decidir si mantienen o cambian el grado de inversión del país.

 

 

5

El crecimiento es el centro vs. el empleo es el centro

“Lo que nosotros queremos es que nuestra economía crezca. Hoy la economía está creciendo por encima del promedio de América Latina, pero queremos que sea cada vez con más justicia social; mire, es que tenemos cosas muy importantes para decirle al país, estamos avanzando en temas muy importantes”.
Iván Duque Márquez, Presidente de la República. Noviembre 1 de 2019

Esta semana el Dane reportó la cifra más grande de desempleo desde que Colombia tiene cifras y durante la pandemia 4,9 millones de personas han perdido su trabajo.

Si bien la crisis del mercado laboral es previa a la pandemia, el foco del Gobierno para combatirla era el crecimiento económico. 

Una muestra de ello es que la estrategia central del Gobierno para combatir el desempleo eran los llamados pactos por el crecimiento y el empleo, a cargo de la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez en los que los gremios empresariales le decían al Gobierno cuáles eran los obstáculos que tenían las empresas para crecer más y generar más empleos y el Gobierno se comprometía a eliminar o reducir dichas barreras.

Antes de la pandemia, sin embargo, ya se habían firmado 14 pactos sin resultados visibles en las cifras. “Al Presidente le preocupa el desempleo, pero confía en que con las tasas de crecimiento el desempleo se va a recuperar”, nos dijo una fuente cercana al Gobierno.

 

“Las medidas que hemos anunciado están pensadas en la protección del empleo (...) un programa de alivio de deudas para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también para ciudadanos con créditos comerciales, hipotecarios, de vehículos, que se puedan ver afectados durante la emergencia sanitaria”.
Iván Duque Márquez, Presidente de la República. Marzo 18 de 2020

El cambio con la pandemia, es que el empleo volvió a estar en el centro del discurso y también de las ayudas. Entre las estrategias que ha implementado el Gobierno están el subsidio a las nóminas, el aplazamiento de pago de aportes a pensión (que hace más barata la contratación), la repotenciación de los apoyos a la población cesante y el anuncio de una ley de trabajo remoto para reglamentar el teletrabajo.

Además, en la etapa de reactivación económica el Presidente es reiterativo que la prioridad es proteger el empleo. 

Ahora bien, a pesar de esas ayudas y del cambio discursivo, analistas como Mauricio Reina de Fedesarrollo han criticado que las ayudas para impulsar el empleo han sido pocas y tardías y que por eso el Gobierno deberá ser más agresivo en sus políticas de protección al empleo, si quiere revertir la tendencia.

 

Después de varias semanas de noticias terribles sobre la pandemia en el Amazonas, en los últimos seis días no se han reportado muertes asociadas al virus y la tasa de contagios se ha reducido en más de la mitad, según el Instituto Nacional de Salud. Pero todavía es pronto para cantar victoria.

Desde que se conoció el primer caso de coronavirus en Amazonas el 17 de abril, se han registrado 2.335 casos y 89 personas han muerto por esta enfermedad. 

Hace dos meses, cuando hablamos con César Ávila, el sepulturero del pueblo, nos dijo que tenía que atender hasta ocho casos diarios- algunos desde las casas- y la Alcaldía empezó el trámite para construir un nuevo cementerio porque el actual no daba a basto.

Sin embargo, en las estadísticas del INS, Amazonas pasó de tener un R (t) - que es el número promedio de casos que puede causar una persona infectada- , de 2.3. en mayo, a 1.01 la semana pasada. 

Los nuevos casos que reportan a diario ya no se cuentan por centenares sino por decenas e incluso por unidades. Después de registrar en mayo un promedio de 60 casos por día, en junio el promedio bajó a diez días, y ayer les notificaron solo siete.

Incluso un día, el 11 de mayo, el departamento registró más casos -191- que Bogotá, con una población cien veces menor.

En términos de las recuperaciones las noticias también son positivas. El 84 por ciento de los pacientes que había dado positivo por Covid se han recuperado, y los dos hospitales que hay en Leticia dejaron de estar saturados. 

Por ejemplo, el San Rafael, que es el público, reportó que de los 36 pacientes internados con los que amaneció el viernes, sólo 11 tenían complicaciones relacionadas al Covid, pero que aún así tenían disponibilidad de camas intermedias para atender casos no tan graves.  

En abril y mayo, cuando Amazonas fue epicentro de la pandemia y dejó en evidencia el pobre sistema de salud que históricamente ha tenido, de cada diez personas atendidas en ese hospital, 8 reportaban síntomas asociados al Covid. 

Con este cambio positivo en la tendencia, la sensación entre muchos amazonenses y algunos líderes de opinión, es que lo peor de la pandemia ya ha pasado en el departamento. 

Sin embargo, los tres casos que se conocieron el sábado en La Chorrera y otros factores, hacen que pueda ser demasiado pronto para cantar victoria.

Las alertas

La Chorrera es un corregimiento selva adentro de Amazonas en el que viven unas 3 mil personas, en su mayoría indígenas, y a donde solo se puede llegar en avión o una lancha que demora 12 días desde Leticia.

Es la primera confirmación de casos fuera de la capital Leticia o de Puerto Nariño, que eran las zonas donde hasta ahora se había concentrado la pandemia. 

En La Chorrera hay un puesto de salud que no tiene las condiciones para atender casos graves, ni siquiera cuenta con electricidad permanente. Por eso, las tres personas infectadas debieron ser trasladadas a Pasto para recibir la atención especializada que no hay en el departamento porque allá no hay UCI.   

El temor es que ahora que la Gobernación va a empezar a hacer pruebas masivas en ese y otros dos corregimientos, encuentren que hay un brote mayor que hasta ahora no había sido detectado y que afecta directamente a los cuatro pueblos indígenas (Uitotos, Boras, Ocainas y Muinanes) asentados en esos territorios. 

Fuera de los brotes en la Chorrera, expertos en el departamento consideran que también puede haber un subregistro de casos que den una falsa sensación de haber pasado la página.

Por un lado, por la creencia de que la medicina tradicional los está curando del virus algunos amazonenses se están tratando en casa y no reportando la enfermedad.

“En Leticia solo hay dos hospitales, y la gente dejó de ir a ellos por falsos temores a contagiarse. Porque en las primeras semanas las imágenes de los hospitales colapsados impactó”, admite Héctor Jaime Hernández, secretario de Salud Departamental. “En algunas comunidades indígenas nos encontramos con negativas a las tomas de las pruebas porque ellos tienen una concepción diferente de la salud o creen que el personal médico los puede contagiar”.

Si la gente no reporta o las EPS no autorizan las pruebas, como contamos que sucede, no hay una foto completa de los casos ni se puede hacer el rastreo de contactos que es útil para bajar el número de muertes, como explicó el experto  Andrés Vecino. 

Como las pruebas hay que enviarlas a Bogotá porque solo hasta la próxima semana se habilitará un laboratorio en Amazonas con capacidad para analizar 50 pruebas diarias, hay todavía una semana de retraso en los resultados. Solo en junio se practicaron 2.223 pruebas. 

Las autoridades de salud tampoco han podido llegar a las nueve áreas no municipalizadas que hay selva adentro, en las que solo se puede llegar por avión o botes y en las que hay indicios de contagios importados por las fronteras con Brasil y Perú. 

El secretario Hernández dice que esta semana la Gobernación va a mandar una delegación en un vuelo chárter para intentar tomar unas 500 pruebas en esas comunidades. Y que por eso es muy probable que el número de casos positivos pueda subir drásticamente.

El virus sigue activo

Aunque en todo caso el número de recuperados es un indicador esperanzador, la tasa de mortalidad de Amazonas, del 3.9 por ciento, es de las más altas del país y por eso entre los epidemiólogos cunde el temor de que los amazonenses se relajen y abandonen los hábitos que son claves para prevenir el contagio.

Como explicó a La Silla Vacía la epidemióloga y candidata a magister en Salud Pública, Alejandra Cabrera, el porcentaje de recuperados es casi el mismo de infectados que no sufrieron síntomas graves o que simplemente fueron asintomáticos. 

En Amazonas el 95 por ciento de los casos pasó o está pasando la enfermedad en su casa porque no requieren una hospitalización. 

“Lo que sí debe preocupar es qué pasa con los que sí necesitan atención médica especializada”, señala Cabrera. “En Leticia hay una alta tasa de mortalidad que se puede explicar por las dificultades en la atención médica o las enfermedades de base de las personas infectadas”. 

De las 568 casos que se han presentado entre mayores de 60 años, 82 han terminado en muertes. 

Como hemos contado, en Leticia no hay Unidad de Cuidados Intensivos para atender casos graves de Covid. Hay nueve ventiladores mecánicos en el San Rafael y cuatro en la Clínica Leticia para estabilizar a los que se complican. 

Si se agravan más deben ser trasladados a Bogotá - donde empiezan a escasear las camas- y otras ciudades como Pasto o Cali que sí tienen UCI. 

Según la Secretaría de Salud Departamental, desde el 19 de mayo hasta el 28 de junio, desde Leticia fueron remitidos 106 pacientes con sospechas o confirmación de Covid. En el departamento no saben qué pasó con esos remitidos.

El gerente interventor del hospital San Rafael, Albert Giraldo, sostiene que aunque siguen sin UCI, están garantizando la atención mejor que cuando arrancó el brote, y que esperan en un mes habilitar una sala con 18 camas intermedias con ventiladores. 

Pero que mientras tanto, la gente tiene que cuidarse.

“Preocupa que la gente se está confiando, saliendo a la calle sin saber si es asintomática y con la posibilidad de contagiar a los adultos, no se cumple el toque de queda”, dice Giraldo. 

Él tiene evidencias de ese relajamiento del autocontrol porque en su hospital han empezado a atender más gente por lesiones personales que se dan en riñas y peleas con trago de por medio.

Los amazonenses están saliendo más porque necesitan reactivar la economía del departamento que depende en un 60 por ciento de la informalidad y el movimiento en las fronteras con Brasil y Perú. 

El relajamiento de la cuarentena, que se suma a la preocupación del secretario Hernández por el subregistro, apuntan al riesgo de que habiendo pasado ya por lo peor se pueda presentar un rebrote y lo que se está viendo hoy no sea más que una corta tregua.  

Después de tres meses de reportar su primer contagio, Buenaventura sobrepasó los 1500 casos de covid, duplicando sus contagios en el último mes, y con el porcentaje de letalidad más alto del país entre los municipios con más de mil casos reportados. Esta situación ha llevado a que cada vez más voces le pidan al alcalde Víctor Vidal utilizar la policía para contener el virus, una petición muy difícil para quien fue durante años el líder de la protesta social en el puerto.

El panorama

Casi dos semanas después de que el presidente Duque decretara la cuarentena, Buenaventura confirmó su primer caso de covid-19; un mes después, el cinco de mayo, reportaba 46 contagios; para los mismos días de junio fueron 691 y hasta ayer la cifra era de 1579. 

Fue tal el crecimiento de los contagios en el distrito que, aún sin alcanzar los mil casos, la secretaria de Salud del Valle, Maria Cristina Lesmes, catalogó la situación del puerto como“dramática” y aseguró que una de cada cuatro pruebas realizadas resultaba positiva.

Esto encendió las alarmas tanto en el Valle como a nivel nacional, hasta el punto que la bancada del pacífico lanzó un SOS por el puerto a través de una carta dirigida a Duque, alertando que la ciudad no contaba con unidades de cuidados intensivos pública y tiene una red de salud conformada por dos entidades: el Hospital Luis Ablanque de la Plata, el único hospital público del distrito, y la Clínica Santa Sofía del Pacífico. 

El primero atiende sólo baja y mediana complejidad, y tras una historia de crisis, en 2019 estuvo a punto de ser intervenido o liquidado por segunda vez. Aunque el hospital sigue en funcionamiento, aún se están haciendo adecuaciones. Por el momento, cuenta con 13 camas Uci y se espera tener 36 más a final de mes.

El segundo es la clínica privada Santa Sofía, la única de tercer nivel que atiende a Buenaventura y a todo el litoral pacífico. Cuenta con 25 camas Uci. 

En 2018, la clínica se declaró en emergencia sanitaria y sólo atendió urgencias vitales; en abril, el gerente declaró a Semana que trabajaban a pérdidas y con riesgo económico, y hace dos semanas, renunciaron 17 médicos por amenazas y agresiones sufridas en medio de la pandemia. 

Como si lo anterior no fuera ya grave, el 23 de junio, la tubería que surtía de agua al 70 por ciento de los bonaverences colapsó por falta de mantenimiento. 

Según nos contó Milton Angulo, representante a la Cámara por Buenaventura, el servicio de agua, que en condiciones normales no funciona más de 14 horas de corrido, día de por medio, lleva interrumpido hace más de 10 días (se tiene previsto que hoy regrese el servicio) y se tuvo que suplir con carrotanques que recorrieron la ciudad. Esta situación dificulta la principal medida de prevención del Covid que es lavarse las manos cada tres horas.

A la falta de agua y la precariedad del sector salud en el municipio que tiene la tasa de mortalidad por covid (424,9) más alta en el Valle y ocupa el décimo lugar en el país, se suma que la ciudadanía no está cumpliendo la cuarentena.

“La crisis se ha crecido por el desorden y la falta de disciplina de los ciudadanos y de la Administración, junto con las fuerzas de policía del distrito, en ejercer un efectivo y correcto control a las medidas sanitarias y a las que ha dictado el gobierno nacional, departamental y distrital”, dijo a La Silla el concejal Robinson Rentería, de Colombia Renaciente.

El concejal Rentería, como más de diez fuentes con las que hablamos, considera que el alcalde Vidal debería apelar a la mano dura para que los pobladores acaten sus directrices. Algo a lo que el mandatario se ha rehusado, por razones prácticas y, principalmente, por la historia que como líder social tuvo con la represión de la protesta.

La encrucijada de Vidal

Víctor Vidal fue uno de los líderes del paro cívico de Buenaventura en 2017, que paralizó al puerto por 21 días y que consiguió el compromiso del gobierno de girar recursos para invertir en obras claves. Su liderazgo como miembro del Comité del Paro lo impulsó a la Alcaldía, movilizando el voto de opinión en una histórica elección en un municipio donde elegían alcaldes a punta de plata o maquinaria.

Capitalizando su experiencia como líder, Vidal ha apostado por la pedagogía como estrategia central para prevenir el virus.

Ha ido personalmente a todos los barrios a hablar con los líderes de la comunidad y organizaciones sociales para difundir información sobre la Covid, sobre su propagación y sobre las medidas para evitar el contagio. Pero esta estrategia, a pesar de ser fuerte, no ha sido suficiente para Buenaventura. 

“Sí hay información y pedagogía pero yo creería que debe ser más profunda y agresiva, debe llegar por todos los medios de comunicación y las redes sociales y sensibilizar a las personas sobre la enfermedad para evitar que salgan”, nos dijo el concejal Nilson García del partido ADA. 

Por esto mismo, el concejo de la ciudad solicitó trabajar de forma mancomunada con la policía para redoblar sus esfuerzos en materia de seguridad. 

En particular, para que medidas como el toque de queda impuesto por el Alcalde de seis de la tarde a seis de la mañana, la ley seca los fines de semana y el pico y cédula de un dígito para salir a mercar, sean acatadas por las personas.

La presión para que utilice la Policía viene incluso de gente cercana a él. Uno de ellos lo puso así:

“Creo que la gestión del alcalde ha sido muy social, se debe también a que es un líder comunitario y como tal intenta llevar su gobierno de esta forma, pero ya es hora que él y toda la institución se vuelva más radical. Él puede ser más fuerte en algunos aspectos, como llevar a la cárcel a las personas con covid que salen de su casa”.

Otra persona que se mueve en la política del distrito, y que no quiso que usáramos su nombre porque no quería entrar en posibles roces con la alcaldía, dijo que no hacerlo era pecar de ilusos:

“Nosotros tenemos que ser realistas con las tradiciones nuestras acá. Somos de mucho contacto social, para todo es una reunión, incluso lo lúdico implica una reunión: jugar dominó, parqués, bingo y son actividades que aglutinan personas. Creo que más allá de las medidas, está el carácter del gobierno local de hacerlas cumplir, falta fuerza en la ejecución de las medidas”.

Por ahora, Vidal ha resistido la presión. 

Por un lado, por razones prácticas. Buenaventura cuenta con un promedio de 400 policías, y el puerto tiene 311 mil habitantes, por lo que no darían abasto. Además, teme que los policías se contagien y, además, sean ellos mismos transmisores del virus. 

“Nosotros le apostamos a la racionalidad de las personas, que asuman esta realidad como propias y que sean responsables de su salud. Tampoco con el uso de la fuerza se va a lograr un cambio”, le dijo a la Silla el padre John Reina, quien fue líder del paro cívico de 2017.

Pero por otro también porque su trayectoria como líder social le abrió los ojos a las condiciones de pobreza del departamento (que dobla el promedio nacional) y a los abusos policiales.

La tasa de informalidad de la ciudad hasta el año pasado era del 57 por ciento, es decir que más de 227 mil personas no tienen ingresos fijos, y la tasa de desempleo llegó al 20 por ciento en 2019, casi el doble del promedio nacional. Y esos son datos de antes de la pandemia. Ahora que por el coronavirus, sectores económicos como el maderero, el de turismo y el comercial están frenados o a media marcha, la situación tenderá a empeorar. 

Con más de 80 mil bonaverenses sin empleo y más de 220 mil sin una entrada fija, cumplir con el aislamiento a cabalidad es muy difícil. Y Vidal no quiere forzarlos recurriendo a la represión.

El dilema para él es que si la tendencia continúa así las proyecciones de los epidemiólogos para el puerto son alarmantes: el Ministerio de Salud estima que la mitad de los habitantes del puerto podrían contraer el virus y de estos, 62.200 presentarán síntomas, de los cuales el 10 por ciento requerirán hospitalización, y por lo menos 3 mil necesitarán atención en unidades de cuidados intensivos. 

Si ese llega a ser el escenario, el sistema de salud de Buenaventura colapsará. Porque hoy solo cuentan con 38 camas Uci y Juan Bautista Amud, gerente del Covid para el Pacífico, le dijo a la Silla que estima que entre septiembre y octubre el distrito podrá contar con un total de 58 camas Uci instaladas, 35 camas de cuidados intermedios y 132 camas de hospitalización, más 82 que aún no definen dónde las pondrán.  

En su estrategia para enfrentar la propagación del virus está la alternativa de trasladar pacientes a otros lugares en los que puedan ser atendidos, como Cali, que tiene una ocupación actual del 80 por ciento. 

Dada esa situación, en el puerto también le han criticado a Vidal que no tenga una mejor articulación con el gobierno nacional.

“Creo que hay que mejorar la articulación con el gobierno nacional y departamental, porque si la que hay es buena, no es efectiva en términos de responder a las necesidades que tiene Buenaventura para salir de la crisis, porque eso requiere inversiones, acciones y proyectos para avanzar”, nos contó Nilson García, concejal por el partido ADA.

Esto tiene que ver con una falta de receptividad de la administración local que, según el concejal Rubén Jiménez, se vio reflejada cuando no recibió de forma oportuna al Ministro de Salud, “quien tuvo que esperar tres horas para ser recibido por el alcalde cuando vino a entregarle los ventiladores para el distrito”, según nos contó. Aunque intentamos comunicarnos con el alcalde, su secretaria comentó que estaba muy ocupado.

Jose Absalón Suárez, secretario de gobierno de Buenaventura, dijo que la relación no era la mejor puesto que el gobierno nacional hacía recomendaciones administrativas y de decretos pero no en acciones. 

“El apoyo en infraestructura de salud, o en temas de reactivación económica no ha sido lo que debiera ser, nosotros aperturamos 13 camas ucis con recursos propios. Pero frente a lo que ha significado económicamente Buenaventura para la Nación y frente a lo que ha significado la pandemia en este territorio, tenemos que decirlo, con toda tranquilidad, que los compromisos nacional y departamental no han estado al nivel que debería estar”. 

En enero Vidal recibió un municipio endeudado, con más de 90 cuentas embargadas, con el hospital Luis Ablanque inviable financiera y administrativamente y, como todos los demás mandatarios del país, en su primer semestre tuvo que lidiar con una pandemia para la que nadie estaba preparado. La particularidad para él es que encima de todo tiene que enfrentar el dilema de apelar a la represión contra la que siempre se opuso como líder.

Un viaje de trabajo que terminó en paseo familiar en San Andrés, en plena cuarentena nacional, es el más reciente capítulo de las salidas en falso del fiscal General, Francisco Barbosa, que le han generado un aguacero de críticas.

Pero al alto funcionario, que llegó a su cargo con el impulso de su amigo, el presidente Iván Duque, no sólo le cae agua afuera de su entidad. Dentro de la Fiscalía también enfrenta una crisis de credibilidad. 

En gran parte porque la arrogancia, que exhibe en sus salidas a medios para explicar las decisiones más controversiales que ha tenido en los cinco meses que lleva en el cargo, ha caracterizado también su manejo interno sin que esté sustentada en un conocimiento profundo de cómo funciona la entidad o del derecho penal.

Esa realidad, además, pasa porque a cinco meses de posesionado, una tercera parte de los cargos directivos sigue en interinidad, aún no ha presentado la reforma para la reestructuración de la Fiscalía que prometió, la forma cómo sacó a los directores anteriores y ha manejado los nuevos nombramientos generó un mal ambiente y tiene la línea de comunicación casi rota con los sindicatos que tienen alrededor de nueve mil de los 25 mil empleados. 

El revolcón

Barbosa entró en la Fiscalía en reversa porque unas semanas antes de su llegada, su antecesor y quien apoyaba su aspiración, el fiscal general encargado Fabio Espitia, nombró como directora administrativa a Marcela Yepes, quien ya había tenido ese cargo con Eduardo Montealegre y es la esposa del contralor General Felipe Córdoba.

En ese momento, ya existía el rumor de que Córdoba le había ayudado en la campaña de elección en la Corte Suprema a Barbosa y se reforzó cuando el primer acto administrativo del Fiscal -el mismo día de su posesión- fue cederle a ella la facultad para todos los movimientos y reubicación de empleados de la entidad, salvo el de los delegados ante la Corte Suprema y el Vicefiscal, volviéndola una de las personas más poderosas del Estado.

Casi inmediatamente, comenzó la barrida de funcionarios en cargos directivos de la Fiscalía para llegar a mandar con su propia cúpula.

Que eso pase es normal porque cada Fiscal necesita a gente de su confianza para delegarles las tareas clave; sin embargo, con Barbosa ocurrieron dos hechos que hicieron que ese proceso se viviera de manera diferente.

Por una parte, dos fuentes que salieron de la Fiscalía tras su llegada nos relataron por aparte y casi con los mismos detalles, que Barbosa en la práctica sacó a los antiguos por la puerta de atrás. 

“Les pidió que sacaran sus cosas en una caja de un momento a otro. Eso generó unos odios y unos roces internos innecesarios”, dijo La Silla una fuente que estuvo dentro de la Fiscalía cuando eso sucedió. 

Empezó a ratificar ahí la conocida arrogancia -sobre la que habíamos hablado en este perfil- y que volvió a mostrar, entre otras, cuando en su respuesta al escándalo de su viaje a San Andrés aseguró que siempre que pueda viajará con su hija (obviando la circunstancia de la cuarentena).

Fuera del maltrato a los que sacaron, cayó mal que en esa salida atropellada se notó que el Fiscal no tenía ni la gente ni el criterio claro para reemplazar esos cargos. Fueron unos días muy erráticos en el que nombró a un director en un cargo y luego lo quitó y lo puso en otro; o quitó un director y casi inmediatamente lo volvió a poner; a otro lo ratificó y al rato le pidió la renuncia; también porque puso a gente que no tenía experiencia en el sector en el que la designó.  

Por ejemplo, como delegada de criminalidad organizada, uno de los cuatro cargos misionales más importantes de la entidad, nombró a Paola Andrea Meneses, que aunque una fuente le dijo a La Silla que era buena funcionaria, es una abogada especialista en derecho administrativo que tiene experiencia en temas gerenciales o de cajas de compensación; y en la dirección de justicia transicional nombró a José Salomón Strusberg, que tiene experiencia en contratación estatal y derecho civil.

Incluso después de cinco meses de posesionado, según la página oficial de la Fiscalía, de los 29 cargos directivos aún hay nueve que siguen en interinidad. Incluidos los tres encargados de perseguir los delitos que tienen que ver con asuntos financieros como los directores de lavado de activos, de extinción de dominio y de policía financiera.

También están en interinidad la delegada para seguridad ciudadana y los directores especializados para organizaciones criminales y para la corrupción, que son clave para el país y para la hoja de ruta de nueve puntos que se trazó el Fiscal Barbosa como brújula en su administración. 

Encima, ni siquiera está nombrada formalmente la Vicefiscal, que es el segundo cargo más importante de la institución, la mano derecha del Fiscal y en el que a la postre terminó encargada Martha Janeth Mancera, una fiscal de mucho reconocimiento y experiencia, luego de que, como contamos, una carta de Andrés Pastrana enredara el nombramiento de Juan Francisco Espinosa. 

“Es un error sacar todos los directivos de más experiencia de las direcciones delegadas nacionales, y eso le ha generado una especie de retroceso, porque el nuevo tiene que arrancar desde un punto que no conoce todo”, le dijo a La Silla un exfiscal de la entidad que salió en la barrida.

La brújula averiada

Una vez se posesionó como Fiscal General de la Nación, el pasado 13 de febrero, Francisco Barbosa anunció nueve puntos que serán los ejes sobre los que se movería su administración. 

En ellos incluyó, entre otros, la lucha contra la corrupción, contra la criminalidad que afecta a líderes sociales y lucha por los derechos de niños, mujeres y minorías: y dejó como su columna vertebral la llegada de la Fiscalía a más regiones. 

“(Seré) el Fiscal de todos los colombianos y de nuestros territorios”, aseguró en su momento. 

Algo que después completó con otra frase que según él sería rectora en su periodo: “Alejar a la justicia espectáculo”.

Su política de alejar la ‘justicia espectáculo’ naufragó al poco tiempo de su llegada al cargo, y, por el contrario, ha sido el motor de todas sus salidas en falso, entre ellas:

- El anuncio de la indagación al senador Gustavo Petro por una supuesta financiación de su campaña presidencial por parte de las mineras en contra de las que habló cuando era candidato presidencial, y que terminó siendo un globo.
- El anuncio de la indagación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y su esposa la senadora Angélica Lozano, por violar la cuarentena cuando salió a mercar, y que terminó inadmitida por la Corte Suprema que consideró que no era un delito.
- No recomendar el freno de la solicitud de la medida de aseguramiento al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuando no cumplía con los requisitos de la directriz que su administración había emitido días antes haciendo más estrictas las condiciones para privar de la libertad a un imputado mientras que, a la vez, 'Cayita' Daza, la mano derecha de Álvaro Uribe había salido al país a pesar de estar investigada por el caso de la "Ñeñepolítica", que involucra presuntas ilegalidades en la campaña de Duque.
- La imputación de acceso carnal abusivo en menor de 14 años contra los siete militares que participaron en la violación a una niña indígena Embera Chamí, cuando el delito, según reconocidos penalistas, debió ser acceso carnal violento. Algo que puede poner en riesgo el proceso si el juez de conocimiento considera que la imputación quedó mal hecha.

Todos son asuntos que han puesto en entredicho no solo su criterio jurídico sino sembrado dudas -en el caso de los primeros dos y de la Ñeñepolítica - sobre si también le juega a ayudarle al Presidente.

Además, en el caso de la alcaldesa López, dejó en evidencia que usa doble rasero.  Pues pese a que contra ella anunció la indagación, cuando le tocó el turno por lo de San Andrés dijo que no tenía impedimento legal ni disciplinario para haber llevado a su hija y a su amiguita al viaje.

Eso, aunque el decreto de aislamiento prohíbe que los menores salgan de sus casas, salvo por una hora de ejercicio al aire libre tres veces a la semana, y cuando uno de los criterios de priorización para adelantar procesos por violación de la cuarentena de su administración incluye a las: “personas que por su rol prominente en la comunidad con su ejemplo puedan llevar a que otras personas las desconozcan”.

También, su política de llegar a los territorios, que tiene un componente de viajar a las regiones y otro de crear fiscalías en lugares donde no hay, está quedada porque no radicó en la legislatura que acaba de terminar el proyecto de ley que contendrá la reestructuración de la entidad.  

A La Silla no le dieron una versión en la Fiscalía sobre por qué el proyecto no había sido radicado ni tampoco nos dieron detalles de su contenido.

En su lugar, lo que por ahora se ha filtrado es un borrador que no tiene muchos detalles sobre la reingeniería de Barbosa, por lo que aún no es claro si ya está definida la manera en la que implementará los cambios.

En todo caso, que eso último no se sepa aún muestra que van retrasados con respecto al cronograma que se trazó el mismo Fiscal, quien, según sus planes, para esta fecha ya debía tener el proyecto aprobado por el Congreso.

Y aunque la cuarentena cambió varias prioridades, en el caso de la Fiscalía terminó relajando el sistema porque disminuyó el volumen de denuncias y delitos, y eso, al menos en principio, le abría la puerta a Barbosa para impulsar temas como el de la reestructuración.

Así que por todos esos hechos, sumados a los nombramientos de personal en cargos para los que no tienen experticia, o de direcciones que a cinco meses de la llegada de Barbosa continúan en interinidad, han reforzado internamente la idea de que el Fiscal no tiene mucho conocimiento de la entidad que está manejando ni del camino que debe recorrer para cumplir las metas con las que se eligió.

Tensión con los sindicatos

Cuando arrancó la administración de Barbosa, dentro de los sindicatos de la Fiscalía -hay seis y actúan en bloque como la Coordinadora Sindical de Poder Judicial- se generó expectativa porque en el discurso que dio ante la Corte Suprema de Justicia cuando estaba compitiendo por el cargo dijo que “fortalecería la carrera judicial”, y privilegiaría los ascensos con criterios meritocráticos.

“La relación con el Fiscal Barbosa terminó siendo más distante que con cualquier otro Fiscal. Los demás reconocían y tenían de alguna manera en cuenta nuestros planteamientos”, explicó Luz Patricia Agudelo, directiva de Atraes, sindicato que vigila el cumplimiento de la meritocracia y la carrera administrativa.

Como Barbosa no los consultó para la reestructuración, y les notificó que no los tendría en cuenta, de entrada la administración de Barbosa le puso tensión al canal de comunicación que agrupa las voces de al menos nueve mil de los 25 mil empleados que están bajo su cargo, y que incluyen fiscales, administrativos y miembros del CTI. 

Esas relaciones son algo que en una medida u otras anteriores fiscales trataban de no romper.  Por ejemplo, Néstor Humberto Martínez, José Fermando Perdomo y Fabio Espitia aparecieron en reuniones citadas por los sindicatos y eso tendió canales.  

Desde entonces, las relaciones se han venido a menos, y dentro de la Fiscalía, según ocho fuentes que nos lo contaron por aparte y que actualmente hacen parte de la entidad en cargos administrativos, como fiscales y funcionarios del CTI, la percepción es que Barbosa no tiene claro cómo funciona la entidad que está dirigiendo. 

“Usted ve un fiscal que es como una veleta. Sale a hacer unos anuncios de papel y luego le toca echarse para atrás o queda mal defendiendo lo indefendible. Eso no inspira ninguna confianza”, dijo a La Silla Luis Fernando Otálvaro, dirigente de Asonal, uno de los sindicatos más grandes de la rama y actual fiscal seccional.

“Es un barco a la deriva”, fue como nos resumió la gestión de Barbosa un fiscal regional que no está sindicalizado, que lleva 12 años en la entidad y que pidió no ser citado para evitarse problemas. 

Un ejemplo que nos dieron para demostrar que Barbosa no conoce la entidad que dirige fue su decisión de disponer personal del CTI para vigilar centros comerciales, luego del robo a una joyería en el Centro Comercial Gran Estación.

La Coordinadora Sindical emitió un comunicado reprochando esa decisión debido a que desconocía las labores de la policía judicial, que en esencia se encarga de investigar y recolectar pruebas para darle soporte a los procesos que adelantan los fiscales. 

Según nos relató Sara González, directiva de Unicercti, el sindicato del CTI, no se moverían en la dirección que anunció Barbosa sin que les expliquen bajo qué concepto les cambiarían funciones.

“Sin soporte no podemos asumir nada porque en estos momentos no hay un sustento legal para algo así. El Fiscal Barbosa no entiende mucho de lo que está manejando”, dijo a La Silla González. 

Un investigador del CTI que no está sindicalizado además nos dijo: “Cómo es posible que en el país no hay suficientes investigadores y en un momento en el que tienen que aprovecharnos a todos para avanzar en descongestión por la reducción de carga de la pandemia, el Fiscal salga a decir que nos quiere de celadores”.

Así que mientras Barbosa cree que está haciendo la mejor Fiscalía de la historia, esa no es una percepción que parezcan compartir ni externa ni internamente.

En el caso de Víctor Vásquez Escorcia, un barranquillero de 68 años que se pensionó después de haber dedicado los últimos diez años a laborar como vigilante en una guardería al sur de la ciudad, intervino hasta el propio alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, directamente. Pero aún así, él murió esperando una Unidad de Cuidado Intensivo UCI que nunca llegó.

Su historia es un microcosmos del padecimiento que hoy están sufriendo muchísimos en Barranquilla, la ciudad que registra más fallecimientos por covid de todo el país.

De Víctor aún ni siquiera se sabe a ciencia cierta si tenía coronavirus, pues hoy, 22 días después de su fallecimiento, no le llega a su familia la prueba que le tomaron en la clínica Murillo (privada).

Pero falleció con todos los síntomas. Primero, una fiebre y una tos de varios días, que se volvió en ambos casos severa, que pudo adquirir en algunos de los trámites que realizaba o en el par de visitas que hizo a familiares. Aunque en la familia no lo tienen claro.

Lo que ya se sabe es que su esposa, la señora Francia Morales, trabajadora comunitaria, salió positiva para covid y que también lo era Nidia Vásquez, hermana de Víctor y una de las personas que él visitó durante la cuarentena, y que murió el pasado sábado. 

Vivían en Villa del Carmen, al sur de la ciudad, un populoso barrio vecino al municipio de Soledad, el segundo foco de contagio del Atlántico.

“Él era muy inquieto y salió a hacer visitas y a comprar en la tienda, aunque no fueron muchas ”, nos contó Dayana Vásquez, hija de Víctor y quien labora como profesora de primaria en un colegio privado.

Ella también relató el padecimiento de su padre, paso a paso.

El pasado 11 de junio, el señor Víctor se puso peor de la gripa que lo estaba aquejando. Él fue el primero de la familia en presentar síntomas de covid. No podía respirar bien.

La familia decidió llevarlo a la clínica Murillo, que es de tercer nivel, y ahí le realizaron la prueba y le hicieron una radiografía.

Esa radiografía arrojó que tenía los dos pulmones complicados, le diagnosticaron neumonía. A su hija Dayana los médicos de la clínica le dijeron desde el primer día que necesitaban una UCI, pero que no tenían ninguna disponible.

“Nos pedían paciencia”, cuenta ella, quien, como tuvo contacto con sus padres, también se hizo la prueba cuyo resultado negativo llegó hoy.

Al ver que el tiempo pasaba y Víctor Vásquez Escorcia seguía en la urgencia de la clínica, pero sin UCI, la familia decidió pedir apoyo de la Personería, alertar a través de redes sociales y tratar de contactar a periodistas para conseguir una de esas camas. 

Las redes y los periodistas se han convertido en el pasar de los días, en la herramienta a la que acuden en su desespero muchas personas de Barranquilla necesitadas de UCI.

Así pasó también recientemente, por ejemplo, con José David Rodríguez, un muchacho de 27 años del barrio La Victoria (también al sur), que perdió a su mamá y a su abuela por covid en pocos días y que dio a conocer su caso por Twitter con un doloroso video del entierro de su madre.

Debido a estas alertas de la familia de Víctor, el 13 de junio de la cuenta personal del alcalde Jaime Pumarejo le escribieron a una sobrina del vigilante pidiéndole los datos.

whatsapp_image_2020-07-02_at_12.09.29_pm_1.jpeg

A través de la Personería, la familia de Víctor se contactó con la Nueva EPS, a la que él estaba afiliado, y allí les respondieron que “el Distrito ya tiene su caso”. 

Consultado para esta historia, el coordinador regional norte de la Nueva EPS, David Ortega, nos dijo que desde el 12 de junio intentaron ubicar una UCI disponible en Barranquilla o en el el Atlántico para Víctor, pero no fue posible por la alta demanda.  

“El médico internista nos pidió remitirlo a una UCI porque los seis ventiladores de la clínica estaban ocupados. Estuvimos buscando en todas las clínicas de Barranquilla, inclusive de Soledad, de Baranoa, de Sabanalarga, pero en ese instante estábamos con un pico importante y no pudimos conseguirle la UCI”, nos respondió Ortega. 

Dayana, la hija del vigilante, cuenta que en ese momento le sorprendió que días atrás el Alcalde había dicho que la ciudad tenía UCI disponibles, pero para su papá no había.

@jaimepumarejo .@alcaldiabquilla¿Por qué dicen que el 22% de camas están disponibles en UCI si a mi padre siguen negándole una? Menos defensa y más gestión. Necesitamos #UnaUCIUrgente

— Dayana V. (@DayanaV30528939) June 15, 2020

La desesperación de la familia aumentaba porque la respiración de Víctor se seguía deteriorando.

El 15 de junio al mediodía, la Alcaldía de Barranquilla le respondió al interno de Twitter a Dayana: “Te recomendamos solicitar a la clínica que tramite el caso con la CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) para que pueda realizarse el traslado del paciente (...) Ya nosotros hicimos el reporte a Secretaría de Salud para que ellos hagan seguimiento de la solicitud”.

whatsapp_image_2020-07-02_at_1.16.43_pm.jpeg

Desde el pasado 12 de abril, el Ministerio de Salud les dio facultades a los departamentos y a los distritos para que, a través del CRUE, asuman el control de las UCI y de cuidados intermedios en caso de alta demanda. Oficialmente, la Alcaldía de Barranquilla centralizó la asignación de camas a partir del 15 de junio. 

Ese mismo día, y a las pocas horas de la respuesta de la Alcaldía por chat, Víctor Vásquez Escorcia murió. 

En medio del dolor de esta tragedia, los inconvenientes no terminaban para la familia

El día que murió su padre no pudieron llegar a un acuerdo con la funeraria porque tenían dos meses de mora en el pago del seguro; al día siguiente les informaron que el cementerio Universal estaba colapsado y que no había cupo y al tercer día tuvieron un contratiempo porque la clínica diligenció mal el certificado de defunción y tuvieron que solicitarlo nuevamente. 

Cuatro días después de su muerte, Víctor Vásquez  fue sepultado. 

Hoy, tras 25 días de haberse tomado la prueba de covid, el resultado aún no llega. 

Por demoras en la toma de pruebas y entrega de los test de covid-19 se presentaron 2.707 quejas contra las EPS entre el 1 de marzo y el 30 de junio, según la Superintendencia de Salud.

Nos comunicamos con la clínica Murillo y la Alcaldía de Barranquilla para obtener sus versiones, pero hasta la publicación de esta historia no nos habían respondido.

Cuando la periodista local Vanessa Saldarriaga dijo en Twitter que Víctor murió esperando durante cinco días una UCI, la Alcaldía respondió:

Hola, Vanessa. Iniciamos vigilancia y control a la clínica Murillo que, aclaramos, no es de la red pública, y a la EPS, para conocer por qué no se prestó atención oportuna al paciente. Pronto el alcalde @jaimepumarejo hará un anuncio clave para que hechos como este no se repitan.

— Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) June 15, 2020

La semana pasada, en una entrevista en vivo que le hizo un locutor por instagram, el Alcalde Pumarejo dijo que en Barranquillla “todo el mundo ahora quiere una UCI, están de moda”.

"Todo el mundo ahora quiere una UCI, ESTÁN DE MODA": Jaime Pumarejo. Fíjate tú. "Ya estamos viendo la luz", había dicho en la mañana. Ahí no hay asesor de comunicaciones que valga. No se ayuda. pic.twitter.com/I6CskhBUSK

— Jimmy Cuadros (@cuadrosr) July 1, 2020

En esa misma intervención, aseguró, de manera exagerada, como lo chequeo nuestro Detector de Mentiras, que el Atlántico era el departamento con más UCI del país, pero en realidad es el tercero. 

“Aunque es doloroso, cuento esto porque se deben saber las cosas que se hicieron mal con mi papá y la gente debe tomar conciencia de que este virus es serio”, remata su relato Dayana, la hija del señor Víctor.

Como contamos, en el camino de su estrategia rumbo a la campaña presidencial de 2022, desde hace unos días el senador Gustavo Petro revivió la pelea que tiene con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el hospital San Juan de Dios.

Puntualmente, la semana pasada anunció que interpondrá una denuncia penal contra la mandataria, luego de que la Alcaldía firmara el acta de inicio de las obras de construcción de un nuevo hospital en el bloque central del complejo hospitalario que es el San Juan de Dios, que está integrado por 24 edificios en total.

La reapertura del San Juan de Dios es uno de los principales símbolos de la lucha popular de Petro porque la salud sea pública, y una bandera principal desde su Alcaldía entre 2012 y 2015. Pero en su propósito por mover agenda con ese tema e intentar minar a una mandataria que representa el centro que es su contradictor, está diciendo más de una imprecisión.

Así lo muestra el camino de las decisiones y los hechos que han rodeado al San Juan de Dios desde la Administración de Petro, pasando por la siguiente de Enrique Peñalosa y los meses que lleva Claudia López.

hospital_san_juan_de_dios.jpg

Esta es una de las habitaciones del piso 8 de la torre central del hospital San Juan de Dios. Foto: La Silla Vacía.

Una licitación que no tenía vuelta de hoja

El acta que firmó el pasado 3 de julio la Alcaldía de Bogotá da inicio a las obras de una licitación que por 466 mil millones entregó el Distrito el 6 de febrero de este año para el diseño, construcción, dotación y operación del Hospital Santa Clara, antiguo hospital San Juan de Dios. 

La construcción del hospital incluye primero la demolición del bloque central, que es el edificio en el que funcionaba el San Juan de Dios pero es apenas una de las 24 edificaciones que en total integran el complejo hospitalario.

Esa es la primera imprecisión de Petro. 

Complejo San Juan de Dios

Este  uno de los edificios del complejo del San Juan de Dios que no puede ser demolido y que tiene que ser restaurado en su totalidad. Foto: Juan Carlos Hernández. 

Él asegura que “El San Juan de Dios desaparece. Contra todas las leyes y sentencias que lo protegen”. Es decir, sugiere que con la licitación el San Juan deja de existir, cuando lo que se va a hacer es un hospital ahí mismo y los demás edificios tendrán que continuar con un plan de restauración, tal como lo ordenan, entre otros, el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de Cultura y de Educación Nacional en el artículo 2° de la ley 735 de 2002.

Petro -y varios de sus aliados, como por ejemplo la concejal Susana Muhamad - también ha asegurado que, con el proyecto del hospital Santa Clara, López está involucrada en “acciones corruptas” y que la iniciativa es un “negocio corrupto de Copasa”, la empresa española que se lo ganó.

Indagamos y esa firma sí aparece relacionada en líos jurídicos en historias de El País de España de 2017 por presuntos hechos de prevaricato y tráfico de influencias en ese país, y en una historia del medio Vanguardia, también de ese año, por supuestos sobornos en Argentina. Pero más allá de eso, el petrismo no ha presentado las pruebas de la ilegalidad que le señala al negocio en Bogotá. 

Además, la licitación que entregó la mandataria recién posesionada estaba cerrada cuando ella llegó al cargo, como nos lo confirmó Luis Gonzalo Morales, el exsecretario de Salud de Enrique Peñalosa, el alcalde saliente; funcionario que estuvo desde ese cargo al frente del proceso. . 

Los proponentes ya habían quedado habilitados y no había objeción ni decisión jurídica en contra. Lo que hacía falta era la evaluación de la propuesta económica, que se terminó la primera semana de enero. Algo similar a lo que sucedió con el contrato de Transmilenio por la Avenida 68, que la mandataria encontró ad portas de ser adjudicado y a la postre contrató. 

En este punto, Claudia López podía haberse echado para atrás, pero se exponía a una multa de entre el 10 y el 15 por ciento del valor del contrato (466 mil millones) y a un lío jurídico que le podía tomar meses. 

Tenía sentido que la recién llegada Administración lo contratara, además, porque en campaña López jamás dijo estar en contra de esas obras y, por el contrario, prometió darle continuidad al plan de construcción de hospitales de Peñalosa como parte del propósito de “construir sobre lo construido”. 

Adicionalmente, con la crisis generada por la pandemia, la construcción de este hospital hace parte de su plan de obras públicas para la reactivación económica. Aunque, la restauración que necesita el resto de edificios del complejo es tan grande que tomará varias administraciones más.

La restauración es, justamente, el quid del argumento de Petro, quien sí quiere que funcione un hospital, pero no que se demuela el bloque central, que es lo que se hará con la licitación.

Para defender su punto, Petro ha dicho que es ilegal tumbar el bloque central del San Juan de Dios porque es patrimonio y que además el Distrito lo quiere privatizar: “La torre central del San Juan de Dios que usted va a dinamitar, es patrimonio nacional y la sentencia del tribunal administrativo lo protege para ser restaurado y abierto como hospital para los pobres. Es una salvajada y un delito desatender la sentencia judicial y la ley”, le dijo por redes a López.

En respuesta, el pasado 4 de julio, López aseguró que no es cierto, que todos los edificios patrimoniales del San Juan se van a mantener, y que el bloque central sí se puede demoler.

¿Quién dice la verdad en ese punto central de lo que quiere Petro?

Esa pita se puede desenredar al revisar detenidamente lo que pasó con el San Juan de Dios en la Administración Petro, en la de Peñalosa y ahora en la de Claudia López.

Con Petro

Cuando Petro tomó las riendas de la capital en 2012, el complejo del San Juan de Dios estaba en manos de privados, en la quiebra y llevaba más de una década de abandono. 

El hoy Senador prometió recuperar y reabrir ese hospital para la atención de los más pobres y saldar cuentas con los trabajadores con los que el Estado tenía una deuda. 

Sin embargo, apenas unos pocos días antes de abandonar el Palacio Liévano, el entonces mandatario logró comprar el complejo de 13 hectáreas (unas 16 canchas de fútbol) por 157 mil millones de pesos. Para él se trató de una victoria, pues en su concepto ese hospital también representa el fracaso de la Ley 100, promovida por el expresidente y contradictor del petrismo, Álvaro Uribe, que dejó el sistema de salud en manos de las EPS. 

En su Gobierno, Petro también contrató a la Universidad Nacional para que realizara el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección), una norma superior al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), que permite intervenir bienes de interés patrimonial, como lo es el San Juan de Dios.

En un inicio, la Nacional presentó un estudio en el que se clasifican los 24 edificios con tres categorías de conservación, que definen el tipo de intervención que se puede hacer a cada uno.

Entonces, de primer nivel, significa que el edificio hay que mantenerlo intacto. De segundo nivel, que se permiten adecuaciones, pero no demolición. Y de tercer nivel, que se sugiere remodelación y se permite demolición.

El bloque central, que es en donde se hará el hospital Santa Clara, cuya licitación entregó Claudia López; fue catalogado inicialmente en categoría dos. Pero después de unas observaciones del Ministerio de Cultura, terminó siendo ubicado en categoría tres.

Es decir, el estudio de la Nacional que contrató el mismo Petro concluyó que esa edificación específica se puede remodelar o demoler.

Aunque, en rigor, el mismo informe señala que dicho bloque tiene un sector anexo al edificio en nivel dos de conservación, en el que se puede adecuar pero no demoler.

La Nacional le presentó ese documento al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es la autoridad máxima para el cuidado de bienes patrimoniales de la Nación, que lo aprobó en diciembre de 2015. 

De ese Consejo hacen parte, entre otros, los ministros de Cultura, Comercio, Ambiente, el decano de Artes de la Universidad Nacional, el presidente de la Academia colombiana de Historia, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el director del Instituto Colombiano de Antropología y el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, entre otros. 

Con esa luz verde, en abril de 2016, el Ministerio de Cultura firmó la resolución 995 en la que se establece que el bloque central puede ser demolido, aunque igual no era la única opción, pues también podía ser reforzado y restaurado. 

Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, nos explicó que el bloque central en definitiva sí es un bien de interés patrimonial. 

Es decir, que la alcaldesa Claudia López también se equivoca al decir que “no es patrimonio”. Lo que sucede es que está en una categoría que permite la demolición, un asunto que en cualquier caso tendrá que tener una aprobación del Ministerio de Cultura antes de las obras.

Según Escovar, aún no ha llegado esa solicitud a la entidad para iniciar las obras de demolición, que están planeadas para comienzos de 2021. 

Antes de dejar su cargo de Alcalde, Petro también alcanzó a concretar algunas adecuaciones en las que invirtió 24 mil millones de pesos para el primer, tercer y cuarto piso del bloque central.

Con Peñalosa

En campaña, el San Juan de Dios no fue una prioridad para Peñalosa. Pero Petro en cierta forma lo dejó “amarrado” a ese proyecto, al haber comprado los 24 edificios.

Ante eso, en su empalme, Peñalosa le pidió en diciembre de 2015 al Instituto de Patrimonio del MinCultura que incluyera en la categoría tres de conservación el sector anexo al bloque central que estaba en categoría dos, (es decir, sin permiso para ser demolido), para poder tomar una decisión integral sobre su futuro.

Esta movida de Peñalosa ha sido ampliamente criticada por el petrismo. En un hilo de Twitter, Susana Muhamad dice que se cambió la clasificación del bloque central “fraudulentamente” y “en diciembre de 2015, Peñalosa le pide al Min Cultura que cambie la categoría de protección sin sustento técnico”. 

Al respecto, lo que nos dijo el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escovar, es que “tiene sentido que todo el bloque tenga la misma clasificación para tomar una decisión integral” y que de todas formas en el documento PEMP se establece que el bloque es clasificación tres. 

Para construir el hospital, Peñalosa decide hacer un estudio de sismorresistencia, que le encarga a la Universidad de los Andes. Se trata de una obligación que pide la ley para construir cualquier edificio de salud. Pero es un estudio distinto al que había hecho la Universidad Nacional con Petro. 

El estudio de los Andes arrojó tres opciones para intervenir el edificio central y volverlo sismorresistente: reforzarlo con concreto, con acero o demolerlo. El costo de una de las opciones de refuerzo podría ser similar o un poco menor al de la demolición. En las conclusiones, esa universidad resalta que solo tiene consideraciones de sismorresistencia y recomienda al Distrito que evalúe otras variables para que allí pueda operar un centro de Salud. 

Finalmente, el Gobierno de Peñalosa decidió irse por la demolición, pero nunca aclaró que, en cualquier caso y para efectos de la sismorresistencia, también estaban las opciones de refuerzo de la estructura (sin demoler). 

Ese punto hoy lo están cobrando los concejales que se oponen a la demolición. “Ese estudio solo se conoció hace dos meses. Siempre pensamos que la única opción era demoler y ahora vemos que no”, dijo el concejal del Polo, Carrillo, quien no es petrista, pero interpuso un incidente de desacato por posible incumplimiento a una sentencia y advierte posible prevaricato y falsedad en documento público en este proyecto. 

Las razones que dio el entonces secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, fueron que el refuerzo sólo duraría 30 años y después tendría que volver a ser intervenido y, en cambio, demolerlo y volverlo a hacer le daría más tiempo a la ciudad. 

El exsecretario Morales además argumentó que como en el bloque central se planea construir un hospital de la mejor categoría, encontraron que el espacio de los techos de los pisos no correspondía a la norma actual. Según explicó, el techo debía tener una altura de 4,20 metros para que se pudieran pasar por ahí las redes de datos, de oxígeno y ventilación, y en este momento la altura es de un metro menos.  

Peñalosa también consiguió que le aprobaran en el Concejo de Bogotá las vigencias futuras por 507 mil millones de pesos para el hospital y dejó estructurada la licitación. Con él quedó la promesa de que el nuevo hospital llevará el nombre de Santa Clara. Tendrá que tener 312 habitaciones y los más modernos equipos y servicios del país. Para que pueda abrir sus puertas, faltarían cerca de cinco años más. 

Con Peñalosa y bajo la gerencia de Úrsula Ablanque en la Empresa de Renovación Urbana (ERU), además se inició la fase cero del PEMP. Ésta consistió en adecuar las redes eléctricas del complejo. También se hicieron primeros auxilios a inmuebles en riesgo, se habilitaron algunos edificios y sanearon el predio legalmente. 

Lo que va de Claudia López

Como se dijo, la actual Alcaldesa decidió seguir adelante con el proyecto del hospital en el bloque central, que arrancó Peñalosa, y con la restauración de los demás edificios que no se pueden demoler por orden judicial. 

En el marco de la pandemia del coronavirus, Gustavo Petro le ha dicho que ese hospital ya estaba listo para operar Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo cual es falso. La Silla Vacía hizo un recorrido por el bloque central ayer y pudo comprobar que las instalaciones no están listas para que allí opere ningún servicio de salud, como lo evidencian las fotos de esta historia. 

Hospital San Juan de Dios

Así se ve uno de los pisos de la torre central del Hospital San Juan de Dios en un recorrido que hizo la Silla Vacía el pasado 7 de julio. Foto: Juan Carlos Hernández 

Lo que sí está funcionando en este momento, en otros edificios del complejo distintos al bloque central, son un Centro de Atención Prioritaria (CAP), un centro dermatológico, un maternoinfantil y unas oficinas de Medicina Legal. A futuro se podrían abrir otros centros relacionados únicamente con la salud. Existe la propuesta de que allí opere más adelante la Facultad de Medicina de la Universidad Distrital, que existan farmacias, laboratorios, entre otros.

También, Petro ha acusado a López de que va a privatizar el hospital que él había conseguido que fuera público. Eso nunca lo ha dicho Claudia López ni el contrato. Según el contrato, los constructores dejarán levantada la edificación, la dejarán lista para operar y tendrán que mantenerla por tres años en cuanto a ascensores, limpieza y vigilancia.

Pero la operación estará a cargo de la red Centro Oriente de la Alcaldía. Al menos, ese ha sido el compromiso público en redes varias veces de la mandataria.

Ayer el Consejo de Estado publicó la lista con 20 seleccionados entre los 102 abogados que enviaron su hoja de vida para reemplazar a Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional; en los próximos sacará de ellos una terna para que el Senado elija el nuevo magistrado.

Aunque esa elección pasa de agache frente a otras más visibles en las que intervienen Cortes y Congreso, como la de Procurador o Defensor, es importante para definir el equilibrio ideológico en la Corte, en la que Guerrero ha sido durante 8 años un magistrado conservador respetado, usualmente en minoría pero con influencia sobre varios de sus compañeros. 

Entre los 20 finalistas hay varios de corte conservador, como Miguel Polo, Claudia Dangond o Jorge Enriqe Ibáñez oJohn Jairo Morales; otros de de corte más liberal clásico, como Luis Fernando López, Jorge Enrique Sánchez o Marino Tadeo Henao; y unos más progresistas, como Isabel Cristina Jaramillo, María Cristina Gómez, Magdalena Correa, Natalia Ángel o Gonzalo Ramírez Cleves.

Admeás, son mayoritariamente bogotanos o con trayectoria en Bogotá (8 de ellos en el Externado, y tres en la Javeriana, donde estudió a la que es cercana Guerrero), hay 8 mujeres (la terna deberá tener por lo menos una mujer) y en general tiene un perfil académico alto con 11 personas con doctorado y otra a punta de tenerlo.

Estos son, en breve, el perfil de cada uno de los 20, en orden alfabético:

Natalia Ángel Cabo

Magdalena Correa

Claudia Dangond

Felipe de Vivero

María Cristina Gómez

Marino Tadeo Henao

Jorge Enrique Ibáñez

Isabel Cristina Jaramillo

Luis Manuel Lasso

Luis Fernando López Roca

Ana María Montoya Caballero

John Jairo Morales Alzate

Miguel Polo Rosero

Gonzalo Ramírez Cleves

Paula Robledo

David Roll Vélez

Jorge Enrique Sánchez

Sonia Téllez

Jaime Humberto Tobar

José Rodrigo Vargas del Campo

En una carpa improvisada que construyeron justo frente a la entrada de la Unillanos, la universidad pública más grande del Meta, cuatro estudiantes estuvieron en colchonetas alimentándose apenas con suero del 22 de junio hasta el pasado 4 de julio. La razón: exigían que les garantizaran a los 6.100 alumnos de esa institución la matrícula gratuita para este segundo semestre del año.

La universidad asumió el compromiso (aunque las colchonetas y la carpa aún permanecen porque ahora los protestantes quieren que los apoyen con la conectividad que algunos requieren para estudiar en casa) y con ello se suma a las otras 14 instituciones de educación superior públicas IES del país que tienen cómo solventar la llamada matrícula cero para evitar la deserción durante la pandemia del coronavirus.

Pero, al menos por ahora, sigue siendo la mayoría (hay en total 63 IES en Colombia) la que no podrá brindar a sus estudiantes ese beneficio sobre el que, si bien no hay un compromiso oficial por parte del Gobierno, sí existe el gesto de un fondo de 97 mil millones para intentar ir en ese camino.

El problema es que esa plata no alcanza y las universidades y los entes territoriales tendrían que meterse la mano al bolsillo y, en buena parte de los casos, eso no se ha concretado. 

La lenta tarea de conseguir la plata

Para algunos estudiantes hay buenas nuevas:

La Universidad del Valle, por ejemplo, anunció que su matrícula será gratuita para estratos 1 y 2 y la de Cundinamarca dijo que lo será para todos sus 13 mil estudiantes.  

También, la Universidad del Magdalena, informó que puede garantizar la gratuidad para el 64 por ciento de sus alumnos, que son casi unos 13 mil. De la misma manera lo hicieron la Universidad de Sucre, la de Pereira, Atlántico y, a comienzos de esta semana, tres instituciones de la ciudad de Medellín.   

Pero para que el resto lo logre tiene que balancear una azarosa triangulación de intereses y de voluntad política entre las universidades y los dirigentes para reunir la plata que se necesita. 

En gran parte, los anuncios de las universidades se deben a que les entraron recursos adicionales por parte del Gobierno con los que no contaban.  

A través del Decreto Legislativo 662 de mayo pasado, se creó un fondo para mitigar la deserción en el sector educativo y apoyar las matrícula de las IES para estratos 1 y 2. La plata de este fondo, que alcanza los 97 mil millones de pesos, fue repartida entre las 63 instituciones. 

En el Ministerio de Educación nos explicaron que el método de asignación de recursos para cada universidad fue la ponderación, sobre todo, de cuatro variables: el nivel socioeconómico de los estudiantes, los valores de la matrícula que pagan, las condiciones de vulnerabilidad de cada región y si habían recibido plata de otros fondos como el del programa Generación E. 

Sin embargo, no nos dieron información específica sobre qué peso se le dio a cada variable, y al final, sigue sin saberse con precisión por qué se le dió a cada universidad lo que se le dió.      

(Aquí puede ver el detalle de la distribución del fondo entre las IES públicas). 

Si bien esta plata ha servido para cubrir parte de los costos, en ninguno de los casos la parte que fue asignada a cada universidad alcanza a cubrir lo necesario para sustituir el pago total de las matrículas, por lo que desde el principio se asumía que además debían unirse las gobernaciones y las alcaldías para completar el monto.

La necesidad de hacer estas alianzas ha servido para que algunos políticos presionen a los gobernantes a agilizar las gestiones para garantizar gratuidad en sus jurisdicciones. Unos han aprovechado la ocasión para posicionarse en favor de la gratuidad general con el hashtag #MatriculaCero 

Otros han formalizado solicitudes concretas, como la que el 30 de junio hizo una coalición de representantes de Colombia Humana, Decentes, el Polo Democrático y la misma Alianza Verde, que le pidió a la alcaldesa de Bogotá Claudia López que consiga el dinero para cubrir lo que costaría garantizar la Matrícula Cero en la Universidad Distrital.

Según las directivas de esta Universidad - que tiene 27 mil estudiantes, de los cuales cerca del 98 por ciento son de estratos 1, 2 y 3- el costo de hacerlo sería de 14 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno aportó 2.600 desde el fondo, es decir, menos del 20 por ciento. Los representantes quieren que la alcaldesa encuentre la manera de completar el resto del monto.

Eso no parece que vaya a pasar, teniendo en cuenta la carta que se conoció hoy de la mandataria diciéndole al rector, Ricardo García, que la universidad debía usar los recursos de la vigencia de este año que le aportó el Distrito, sin mencionar nada de recursos adicionales.

Hace unos días, Julián Báez Vega, quien es representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Distrital, nos había dicho que la negociación en general no sería fácil. 

Báez lo dice por experiencia. Desde abril pasado los estudiantes de esa institución le presentaron un pliego a la Distrital proponiéndole matrícula cero y hasta ahora no les han aprobado la propuesta. Las directivas de la Universidad les han contestado que para lograrlo necesitan el salvavidas de la Alcaldía y del Gobierno, pero cuando fueron a hablar con Edna Bonilla, la Secretaria de Educación de la ciudad, ésta les contestó, a comienzos de mayo, que no tenían de dónde sacar los 11 mil millones restantes.     

Si en las próximas tres semanas no llegan a un acuerdo, los líderes estudiantiles dicen que buscarán que el pago de la matrícula se aplace para el semestre siguiente, y contemplan salir a protestar para hacer presión, así sea con las restricciones que pone la pandemia: “Ya tuvimos un plantón y probamos que podemos protestar y al tiempo mantener la distancia entre nosotros para protegernos del virus”, indicó.  

Por su parte, el rector García nos dijo: “La Universidad sólo goza de recursos propios por las matrículas, por lo que no podemos prescindir de ese dinero. Tiene compromisos laborales con pensionados, profesores y personal administrativo. No tener plata de matrícula sería no poder pagarles a todos ellos. Es imposible para la Universidad hacerse cargo de esa ayuda ahora mismo”. 

Pero más gris aún la ven las universidades que dependen del nivel nacional como la Pedagógica o la Universidad Nacional, pues en éstas completar los recursos que se necesitan para garantizar la gratuidad no está entre las atribuciones de los alcaldes, como Claudia López o Daniel Quintero, de Medellín, quien salió a sacar pecho por la gratuidad de tres instituciones.

Lo hizo con esta publicidad en la que parece en campaña.

Sebastián Rodríguez, delegado distrital de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) también viene haciendo foros y otros espacios para buscar la matrícula cero, pero es consciente que a ellos les queda más difícil la tarea que a las universidades territoriales, es decir, las que dependen de los entes territoriales y no de la Nación:

“Para las universidades territoriales es más fácil porque los políticos regionales pueden apoyarlas y ganarse al electorado”, dijo Rodríguez, quien agregó que la Federación está patinando especialmente porque la Nacional logre los recursos para la matrícula cero.

“A la Universidad Nacional le tocaron 5.200 millones en la repartición que hizo el Ministerio. Esto no cubre ni siquiera lo que costaría darle la matrícula a una de las sedes del país ”, dice. 

La estrategia del movimiento estudiantil es ahora la de mover las sedes de la Universidad Nacional para que cada una pueda hablar directamente con las gobernaciones donde tiene presencia, y buscar que sean éstas las que los ayuden. 

Mientras tanto, se empieza a conocer el impacto de la pandemia sobre la deserción en las universidades. 

Por ejemplo, en el caso de la Nacional, solo en la sede de Bogotá se reportaron 16 mil cancelaciones de clases. El triple de lo que normalmente se reportaba en un semestre.

Pero, como demuestra el caso de la Unillanos, el tema de la matrícula gratis no es el único.

Felipe Cerquera, uno de los que hizo huelga de hambre por 11 días allá, celebró junto a sus cuatro compañeros en medio de las lluvias que azotan la región que la institución haya podido asumir el compromiso. 

Sin embargo, chuleado ese reto, se viene ahora para ellos lo de la conectividad de los alumnos que se deben quedar en casa, otro de los grandes retos del sistema educativo en la pandemia.

““La matrícula cero era nuestro objetivo inicial, pero ahora seguimos aquí porque todavía falta hacer más para que se pueda estudiar bien el próximo semestre”.

Para inaugurar el curso de Liderazgo Femenino invitamos a tres mujeres líderes en los campos en los que trabajan: Juanita Goebertus, representante la Cámara, Sylvia Escovar, Presidenta de Terpel y Natalia Espitia, fundadora de Niñas sin miedo.

Para conocer más sobre el curso que hicimos junto con Movistar y que está disponible desde hoy haga clic aquí.