Anoche, La Silla Vacía publicó el texto de la sentencia de la Corte Constitucional que se refiere a las sesiones virtuales del Congreso, el cual, lejos de resolver las dudas, abre otras y deja en entredicho varias de las decisiones adoptadas en el semestre anterior, entre ellas la autorización de la imposición de cadena perpetua en determinados casos.

La Corte deja claras varias cosas:

i) Que, ni en circunstancias de emergencia, es pensable que el Congreso requiera de autorización del Gobierno para reunirse. 

ii) Que es el propio Congreso el que determina las condiciones para hacerlo. Hasta ahí todo bien.

Como consecuencia de esas dos premisas, el decreto resultaba innecesario y eso solo lo hacía inconstitucional. Ahí podría haber terminado la sentencia, pero la Corte resolvió tratar de contestar unas preguntas que, dicho lo anterior, no formaban parte de este proceso, sino de otros en los que se estudien las condiciones en las que el Congreso cumplió sus funciones en el período anterior.

Ahí empieza el galimatías. Ya había pasado cuando se conoció la noticia de la decisión de la Corte hace un par de semanas. Todos los medios titularon que se habían caído las sesiones virtuales, pero que tal vez no porque el Congreso era autónomo.

Ahora la Corte agrega a la confusión porque fija unas reglas derivadas de la Constitución para que la asistencia remota sea válida, pero después afirma que, si no se cumplieron, tal vez no importa por esta vez porque las sentencias de la Corte tienen efectos hacia el futuro, pero las reglas no están derivadas del pronunciamiento del tribunal sino de las normas constitucionales, que van a cumplir 30 años de vigencia.

La Corte dice, por ejemplo, que la regla general debe ser la asistencia presencial, que la virtual se puede autorizar por razones muy excepcionales y que no es dable para el cumplimiento de determinadas funciones, digamos, especiales, del Congreso, tales como las reformas constitucionales e incluso la aprobación de leyes que requieran mayorías especiales.

El párrafo final es curioso porque pretende salvar, sin fórmula de juicio, las decisiones adoptadas por el Congreso al anunciar que no habrá razones para declarar inconstitucionales las leyes que se hubiesen aprobado mientras estuvo vigente el artículo que declararon inconstitucional, sin reparar siquiera en que el Congreso no invocó ese artículo para sesionar, sino que lo hizo, como dijo la Corte que tenía que hacerlo, en ejercicio de su autonomía y con base en el artículo tercero de su propio reglamento.

No, ese párrafo no tiene fuerza vinculante; es exactamente lo que la Corte define como “lo que se dice de paso”, que no es la razón de la decisión, ni su aplicación hacia el futuro está ordenada en la parte resolutiva de la sentencia. Enredos de abogados, pero que, a mi juicio, dejan en entredicho varias de las decisiones del Congreso.

La Corte dice que el reconocimiento de la asistencia remota “se justifica para ejercer funciones legislativas indispensables para atención de la emergencia y para ejercer el control político sobre las medidas tomadas por el ejecutivo”, y que la función constituyente y otras como la función electoral y la moción de censura, “en la medida de lo posible”, “deberían llevarse a cabo en la sede física del Congreso de la República”.

La Corte omite estudiar la circunstancia de que muchos congresistas, por las limitaciones impuestas por la pandemia, no pueden o no deben asistir presencialmente y que impedir el reconocimiento de la asistencia remota viola su derecho al ejercicio de su cargo. Aceptemos que ampara el derecho de los que pueden asistir e incluso les impone el deber de hacerlo, si es posible, pero no dice nada sobre los derechos de los que no pueden, o, por razones sanitarias, no deben asistir.

Además de la cadena perpetua, cuya aprobación ya tendrá que estudiarla la Corte con dos nuevos magistrados, comienza la pregunta de si la elección de esos magistrados, del defensor del pueblo y quizás del nuevo procurador, que tendrán que hacerse en medio de la pandemia, exigirá la presencia física de todos los congresistas, incluso de los varios que son casos activos de coronavirus.

No quedó claro si tocaba reformar primero el reglamento o si se podía actuar con base en resoluciones de las mesas directivas, como se ha hecho hasta ahora, y menos si la reforma del reglamento, que además es una ley orgánica, se puede hacer con la asistencia remota de los congresistas, o si les toca reunirse la semana entrante, eso sí con cuidadito, sin acercarse los unos a los otros, con pico y género y cédula y partido u alguna fórmula así, “en la medida de lo posible”, como por ejemplo abriendo varias salas para que se puedan reunir “virtualmente” porque se estarán viendo unos a otros por televisión o a través de internet; pero eso sí: en la “sede física” del Congreso y no desde la casa. 

La Corte, que sesiona virtualmente hace varios meses y lo hace no en forma excepcional sino como regla general, dice, en cambio, que los congresistas deben hacerlo sólo excepcionalmente porque la deliberación por los medios virtuales no es suficiente, lo que parece probado con la sentencia que se discutió virtualmente y finalmente no se supo qué decidió.

Algunos se quejan, con razón, de que los instrumentos tecnológicos facilitan que se atropelle a las minorías, lo cual produciría la consecuencia de la inconstitucionalidad de las decisiones, de la misma manera que cuando ello ocurre en forma presencial.

Los ciudadanos habíamos ganado con las sesiones virtuales. Por ejemplo, ahora era posible presenciar todas las reuniones, las de las comisiones y las plenarias, las sesiones se estaban programando a lo largo de toda la semana y no solamente los martes y miércoles, los congresistas parecían más atentos, aunque se hubieran destacado en los medios de comunicación las anécdotas del vestuario, de la presencia de los hijos o de los madrazos en vivo.

El aparte correspondiente parece redactado por la famosa concursante en un reinado de belleza que intentaba explicar cómo una misma cosa funcionaba de la misma manera en sentido contrario.

El abogado Carlos Negret, quien en un mes dejará la silla de Defensor del Pueblo, llegó al cargo como llegan muchos altos funcionarios en el país: tras una negociación política a la que él supo corresponder con favores. En un hecho que complejiza su gestión y esas formas tradicionales del poder, al tiempo, logró subirle el perfil a su entidad, cuya labor es nada menos que la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

De él se pueden decir cosas tan contrastantes como que les dio cuotas a sus colegas del Partido de La U y, también, que se volcó a los territorios como ningún otro Defensor lo había hecho hasta ahora.

Durante su gestión, la Defensoría, y especialmente la herramienta de las Alertas Tempranas que documenta en terreno y lanza la entidad, aportó para legitimar y darle peso frente al Gobierno y a la opinión pública a varias situaciones de violencia en las regiones, que incluso ya venían siendo denunciadas por organizaciones civiles cuya voz no siempre tiene tanto peso o es estigmatizada.

Por eso, ahora que se surte el proceso de selección de terna que debe armar el presidente Iván Duque para que la Cámara de Representantes elija su reemplazo, saltan varias peticiones de diversos sectores que piden al mandatario mantener un buen perfil para ese puesto.

Por ahora, y como lo hemos detallado en varias historias, se sabe que el Partido de La U sigue considerando la Defensoría un botín y está haciendo lobby frente al Presidente para mantenerlo.

El político Defensor

Negret, un abogado javeriano de Popayán, siempre ha sido cercano a la política, pero con bajo perfil. Su nombre hasta 2016 no era tan conocido como el de su tío Víctor Mosquera, exsenador; su hermano César, exgobernador de Cauca y excongresista; o su hermano Felipe, abogado, taurino y amigo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Tampoco tenía experiencia en Derechos Humanos. Él había sido cónsul en Chicago en los 90 y asesor del Bienestar Familiar y la Contraloría en los 2000. Para 2016, cuando llegó a la Defensoría del Pueblo, era secretario general de La U, la colectividad que lideraba la coalición del entonces presidente Juan Manuel Santos, quien fundó y manejó ese partido durante su Gobierno.

Santos y Negret se conocieron para la campaña de 2010, que el hoy Defensor impulsó en Bogotá y Cauca; un trabajo similar hizo en la reelección de 2014. Para 2016 lo ternó como cuota de La U que a inicios de ese año le dijo explícitamente al Presidente que quería la Defensoría, como contamos en su momento. Según nos dijeron dos congresistas que votaron por él en la elección, tuvo guiño de la casa de Nariño.

Además del guiño de Santos, para la Cámara no fue difícil elegirlo ya que lo conocían muy bien. A Negret le llamaban el ‘senador 103’, en referencia a que, si bien no era congresista, podía moverse para sacar leyes de su colectividad.

Aunque la Defensoría políticamente no es tan visible como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, porque no acusa a los políticos o las entidades, sí es atractiva porque tiene una planta de personal, entre funcionarios y contratistas, de más de seis mil personas y un presupuesto de 597 mil millones de pesos, que además cuenta con apoyo de la cooperación internacional.

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Por el manejo político que supo tener Negret con los gobiernos y coaliciones de Santos (en la foto de su posesión) y Duque (en un evento en Cesar), Negret fue el primer defensor que fue autor e impulsor de una ley en el Congreso: el que le da nacionalidad colombiana a los niños de padres de desplazados venezolanos que nazcan en Colombia, que ha beneficiado a 55 mil niños, según Registraduría. Fotos: Defensoría del Pueblo y Presidencia

Históricamente ha sido un botín burocrático: al inicio de siglo lo tuvieron los conservadores con ocho años de Volmar Pérez, y previo a Negret fue cuota liberal con Jorge Armando Otálora, tristemente recordado por renunciar al cargo tras denuncias de acoso sexual, que fueron archivadas por la Corte Suprema en 2018.

Y sigue siéndolo, aunque con Negret eso ha tenido sus matices.

Como contamos en La Silla en su momento, seis meses después de su posesión, Negret ya tenía renovada la tercera parte de los 36 defensores regionales que tiene la entidad: de los 13 que nombró en propiedad, 11 fueron cuotas de los representantes que lo eligieron, ocho de ellos de La U. Aunque, aún así, la mayoría tenía experiencia en el tema.

Negret nos confirmó para esta historia que dio esas cuotas. “Muchas hojas de vida me llevaron (los congresistas) y las que veíamos que cumplían los requisitos de experiencia en Derechos Humanos se quedaron. Siempre pedimos que trabajaran como el Defensor: trabajando y escuchando”.

Cargos que él consideró clave en zonas complejas por el conflicto los blindó de los políticos: en Arauca peleó con los locales porque puso a Deison Marino, el primer sacerdote defensor regional de la historia; en Tumaco, un hervidero político, puso a Catherine Mina, quien venía de Acnur; en Vichada a Aura Upegui una defensora comunitaria; en Chocó a Lucho Murillo, un abogado con experiencia en atención en desplazamiento; o en Bogotá a Rafael Navarro, un veterano de la Defensoría que venía de Nariño; y en Meta a Ana Jiménez, una abogada especialista en Derechos Humanos.

Pero eso le trajo polémicas internas, como las críticas que nos hicieron Carlos Castro y  William Salazar, por aparte, de dos diferentes sindicatos de la Defensoría, debido a que igual hubo repartija burocrática.

Las hojas de vida que cumplían requisitos las escogíamos

Carlos Negret

Incluso hubo quejas públicas: en Quindío, en 2019, hubo un plantón de ONG locales por la designación de Luisa León, una administradora experta en turismo, que como contamos es aliada del senador liberal Julián Bedoya.

Las quejas siguen hasta hoy. David Racero, representante de la bancada Decentes, mostró hace unas semanas cómo Negret seguía entregando puestos administrativos a familiares de concejales aliados y políticos cercanos a senadores de la antigua coalición santista.

“Él reconoce altisimamente el poder legislativo, algunos podrían decir que fue agradecido, pero él sabe que el Congreso tiene un rol preponderante en la democracia y como parte del Estado él tiene el deber de trabajar con ellos y de escucharlos”, nos dijo al respecto Mateo Gómez, su mano derecha y director del Sistema de Alertas Tempranas.

Pero, a la par que les dio a los políticos, Negret tomó una decisión con la cual se quitó la potestad que tenía para designar a dedo casi cuatro mil contratos de prestación de servicios de los defensores públicos, que son los abogados de las personas que no pueden pagar uno y la Defensoría los provee gratis.

Anteriormente, esos cargos eran un botín burocrático de los políticos, según confirmó La Silla con dos defensores públicos y tres funcionarios de vieja data de la Defensoría.

El cambio de Negret consistió en que ordenó que todos esos defensores tuvieran que pasar un examen de la Universidad Nacional, que costó casi cinco mil millones, como condición para que les renovaran los contratos y no a uno sino a tres años; y que los cargos fueran asignados por lista de elegidos.

El concurso se hizo y de los casi 3.800 defensores que hay se renovaron 1.800; aunque -otra complejidad- el recambio hizo que los procesos judiciales en todo el país se estancaran.

En Manizales, por ejemplo, de 19 defensores en siete juzgados, solo cuatro están en los especializados con casi 100 procesos cada uno; mientras que el resto tiene de a 20 o 30, según nos dijo un defensor público de allá. En Barranquilla, otra fuente nos contó un caso similar con los procesos de Justicia y Paz de las víctimas de los paramilitares.

Esas pelas y contradicciones internas, contrastan con la labor que Negret hizo a pulso en los territorios, que hoy son el mayor legado que le deja a la Defensoría.

El Defensor de terreno

En un país históricamente centralista, donde todas las decisiones importantes se toman en Bogotá y en muchas ocasiones las regiones son ignoradas, a menos de que haya una tragedia natural o una masacre; que Negret saliera a los territorios fue toda una novedad para políticos, comunidades, ONG y medios tradicionales.

Sobre todo porque ningún Defensor lo había hecho.

Lo hizo, según nos dijeron él y la mayoría de las 22 fuentes consultadas para esta historia, porque el Acuerdo de Paz requería la verificación de que el aterrizaje del posconflicto funcionara en terreno; mientras que otras dos fuentes, los delegados de los sindicatos con los que hablamos, nos aseguraron que era una estrategia para lavar su imagen política.

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Negret hizo 33 misiones humanitarias y es el único funcionario de en la historia de ese cargo que ha visitado los 32 departamentos en tres años. Foto: Defensoría del Pueblo

Sean cuales fueran las razones, esas 33 misiones que realizó hasta la pandemia (que le impidió un viaje por el río Magdalena hasta Barranquilla y otro que atravesaba desde Tunja hasta los llanos) le cambiaron la cara a la entidad, al menos en dos aspectos: le dieron apoyo y legitimidad a la labor de los más de dos mil defensores locales, comunitarios y analistas; y voz ante Bogotá a la información que éstos recogen en terreno.

Para ese enfoque de su trabajo y en general, Negret tuvo la estrategia de rodearse de gente que sabe de lo que él no sabía: Derechos Humanos.

Los que lo conocen le reconocen que, pese a que habla con gente de todos lados, desde el Presidente hasta guerrilleros, tiene la característica de no tener problema en admitir que no sabe algo.

“‘Mijo, si estoy equivocado, no me importa que me corrijan y mejor que me corrijan en público’. Esa es una frase constante de él, te lo dice al frente de 50 campesinos o en reuniones cerradas”, nos dijo Mateo Gómez el director de Alertas Tempranas.

“Negret te dice que sabía que no sabía pero tenía el teléfono del que sabía. Realmente logró asesorarse bien para tener perspectivas de todos los lados”, nos dijo, a su turno, Alfredo Molano Jimeno, periodista que ha seguido la labor de la Defensoría.

Eso se evidencia en que se rodeó de expertos para cargos clave.

A Jorge Calero, que lleva más de 20 años en la Defensoría y es experto en territorios y Derechos Humanos, lo nombró su Vicedefensor; a Gómez en el sistema de Alertas; a Pedro Posada, exfuncionario del Ministerio del Interior y experto en asuntos indígenas, para ser Defensor delegado de esa población; luego a Jaime Escrucería, otro experto en el tema; a Germán Pabón, delegado de cárceles y experto en derecho penal; a la doctora en derecho Paula Robledo como delegada para asuntos constitucionales.

Asimismo, implementó el Consejo Asesor en Derechos Humanos, una instancia de asesoría externa del Defensor en el que tienen asiento 10 personas, entre congresistas, universidades, delegados afro, indígenas, mujeres y campesinos, que ningún Defensor antes había implementado pese a que está en los manuales de la entidad hace casi 30 años.

Esos cambios se los reconocieron desde las organizaciones sociales, que suelen ser un grupo de difícil negociación, por sus exigencias y necesidades: “Fue un logro que él reactivara el consejo asesor que nunca había funcionado. Lo hizo porque quería entender a profundidad el tema”, nos dijo Soraya Gutiérrez, del Colectivo de Abogados José Alvear, quien compuso ese consejo.

Y para dar el salto de salir a las regiones, le pidió al hoy difunto periodista e investigador Alfredo Molano Bravo que le diseñara la primera ruta de viaje.

“Él decía: ‘Yo quiero montar a burro como Alfredo’”, nos dijo Gómez. Quería que Molano le contara y lo preparara para la ‘Colombia profunda’, que es como llaman a las zonas alejadas de la capital.

“La única manera de poder decirle al Gobierno lo que está pasando es si uno lo ha visto. Porque lo único que tiene el Defensor es su voz”, nos dijo Negret.

Arrancó en 2017 y así se convirtió en el primer Defensor del Pueblo que recorrió los 32 departamentos, donde comenzó a llamar la atención ver a un funcionario de ese nivel a lomo de burro para entrar a las selvas del Darién, en la frontera chocoana con Panamá; o pasar todo un día empapado en una reunión con campesinos porque se cayó de una canoa por un río; o dormir a la intemperie en un cabildo de la Sierra Nevada; o caminar por trochas de la cordillera nariñense o las selvas de la Amazonía.

Una labor que venían haciendo, desde hace casi 30 años, los más de dos mil analistas, funcionarios de nivel medio y bajo de la Defensoría que están desplegados en todo el país.

Que el Defensor lo hiciera, además, en pleno posconflicto, le dio legitimidad al labor del día a día a los de la Defensoría.

“Pasó de verse como una institución de oficina a una entidad de nivel central que llega a los territorios. De los 30 funcionarios que tenemos, casi por semana 15-20 estamos en terreno”, nos cuenta Mónica Colina, analista de la Defensoría en Arauca, a donde Negret llegó dos veces. 

La única manera de decir qué pasa es si uno lo ha visto

Carlos Negret

“Negret dejó callados a los sectores de la Defensoría que creían que el trabajo de campo era clave”, nos dijo a su turno, otro analista en el otro extremo del país, en Chocó; “eso indudablemente le ha dado reconocimiento y altura a la Defensoría”, nos dijo otro más en Nariño.

Una impronta que le puso también a Bogotá: a Paula Robledo, su delegada para asuntos constitucionales, le dijo que no podía seguir haciendo peticiones a la Corte Constitucional para mejorar las condiciones de vida de los indígenas de la Sierra Nevada si no sabía cómo vivían. Así que la envió cinco días a convivir y hablar con ellos para preparar un informe a la Corte.

A eso se suma la sensibilidad que mostró estando en terreno, y que los que lo conocen le endilgan a que siempre ha sido así porque perdió a sus padres cuando era muy niño; y a los dos cánceres que ha padecido, precisamente estando en el cargo.

Como la vez que se puso a jugar fútbol con los exguerrilleros del espacio territorial de Meta; o como cuando no pudo evitar llorar en una ranchería en La Guajira, porque una niña le dijo que ella no podía tomar agua fría y tras eso pidió al MinVivienda que como fuera buscaran cómo llevar acueducto hasta allá.

Todo eso ayudó a que las organizaciones sociales se conectaran más rápido con la Defensoría, como nos dijeron diversas fuentes, entre ellas tres de ONG y también políticos de región.

“Cuando teníamos dificultades con el Gobierno para la interlocución buscábamos al Defensor y lo encontrábamos siempre. Él se sentó a escuchar nuestros puntos de vista. Sin problema le dije a mi gente en terreno que llamara a Negret, siempre respondía”, nos dijo Claudia Mejía, exdirectora de SismaMujer y activista de la Red Nacional de Mujeres.

Hacer visible lo que no estaba saliendo bien en terreno le trajo sus roces con la Presidencia que lo ternó y le dio el guiño para llegar a la entidad y con los mismos opositores a la paz.

El Defensor 'te lo dije' ante el Gobierno

Negret comenzó a criticarle al Gobierno que los espacios territoriales donde los exguerrilleros de las Farc estaban dejando las armas no estaban lo suficientemente adecuados, como el presidente Santos y el Acuerdo prometieron.

En enero de 2018, Negret, desde uno de esos espacios en Meta, le dijo a Santos por teléfono que allá no había siquiera acueducto.

“A la semana, si no estoy mal, Santos estaba allá y volvió a llamar al Defensor para decirle que iba a mejorar las cosas”, nos dijo una persona que lo supo de primera mano.

Negret también se movió con libertad gracias a cosas como la autonomía que el Acuerdo de Paz le devolvió a la Defensoría para emitir sus propias alertas de riesgo a las autoridades, sin tener que pasar antes por la mirada del Gobierno de turno.

Lo vi quedarse solo peleando para que creyeran en sus cifras

Claudia Mejía, red nacional de mujeres

Una potestad que le había quitado en 2003 el Gobierno de Álvaro Uribe, porque en ese entonces el ministro del Interior, Fernando Londoño, consideraba que las alertas “obstaculizaban el trabajo de la fuerza pública”.

Es decir, las advertencias y denuncias que la Defensoría recogía sobre desplazamientos, confinamientos, fallas en servicios públicos, ejecuciones extrajudiciales e inminentes ataques a la población, fueron filtradas por casi 15 años por el Gobierno que debía atenderlas.

Eso cambió en La Habana. Durante las negociaciones, organizaciones sociales y las Farc presionaron para que en el Acuerdo quedara el cambio de que la Defensoría recuperara esa autonomía y no tuviera que pasar por el veto del presidente de turno.

Consideraban que, ante el inminente recambio en la lógica del conflicto, las alertas servirían para advertirle al Gobierno y que éste actuara más pronto.

Sin embargo, Santos demoró un año la reglamentación de ese punto del Acuerdo. En las negociaciones para la reglamentación, donde estuvieron Gobierno, Defensoría y ONG, había puntos muertos por la autonomía y la plata para el sistema de alertas.

La cosa se destrabó gracias a otra presión externa: la de la hoy fallida mesa de negociación con el ELN en Quito, porque la guerrilla exigió que ese tema avanzara para seguir en la mesa. Así que el entonces negociador Juan Camilo Restrepo y Negret, fueron a Palacio a pedirle a Santos que acelerara ese reglamento.

Por fin, en diciembre de 2017, más de un año después del Acuerdo de Cuba, la Defensoría retomó la autonomía, un hecho que todas las fuentes consultadas para la historia consideran un paso clave para la protección de los territorios.

Porque, como nos dijo el vocero de la sociedad civil en la comisión nacional de garantías, Franklin Castañeda: “el Sistema de Alertas Tempranas se volvió una herramienta importantísima para diseñar una política que brinde respuestas a las comunidades”.

Se volvió el gran ‘te lo dije’ de advertencia a los gobiernos de turno de lo que iba a pasar en regiones donde el Estado simplemente no llegaba: de los confinamientos en Chocó por el clan del Golfo; de la explosión de disidencias en el norte del Cauca; del asedio de guerrillas y narcos en la frontera con Arauca.

Incluso, la Defensoría había advertido que en Bogotá había varios grupos, entre ellos el ELN, con capacidad para atentar en la capital solo semanas antes de que esa guerrilla matara a más de 20 personas en el atentado a la Escuela de Cadetes de 2019.

Que volviera la autonomía trajo otra pelea: las cifras de los asesinatos de líderes sociales.

Justo después de que le quitaran el veto, la Defensoría de Negret denunció que 282 líderes sociales habían sido asesinados desde la firma del Acuerdo hasta inicios de 2018, en un polémico informe que públicamente hizo pelear al Gobierno por ese número.

“A ningún gobierno (ni Santos ni Duque) le gustan las cifras (de la Defensoría)”, nos reconoce Negret.

A ningún gobierno le gustan nuestras cifras

Carlos Negret

Y mientras los ministros de Santos, en cabeza del de Interior, Juan Fernando Cristo, negaban el abultado número, internamente Negret peleaba para que el Gobierno y cooperantes internacionales como la ONU reconocieran como cifras oficiales las que su Defensoría daba.

“Al menos en dos reuniones vi como Negret se quedó solo peleando para que creyeran en sus cifras”, nos dijo Claudia Mejía, de la Red de Mujeres, quien participó en esos debates internos.

Ahora, son esos mismos exfuncionarios con los que peleó los que avalan sus datos.

“Hoy esa misma gente que negaba las cifras (como Cristo) las usa para decir que el Gobierno Duque no hace nada para defender a los líderes”, nos dijo un alto funcionario que trabaja con Negret.

Pese a que la Defensoría argumentó que tenía la gente en terreno para verificar esos datos y que en Bogotá también pasan un filtro, hasta hoy, las cifras oficiales las sigue manejando la ONU, que tiene menos gente en territorios.

La razón está en que, según nos dijo un alto funcionario de una organización internacional que lo sabe de primera mano, la Defensoría podría perder autonomía en la expedición y denuncia de los asesinatos si es afín al gobierno de turno, por lo que se necesita una entidad imparcial.

Pero desde la semana pasada, la consejería para derechos humanos de la Presidencia de Iván Duque en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, quien quiere que su jefe la terne para reemplazar a Negret, está impulsando la posibilidad de que esas cifras las maneje su despacho, lo que pondría un manto de duda sobre la veracidad de las mismas y su autonomía.

Una pelea que ya no le tocará a Negret, sino al que llegue, si es que no es del bolsillo del Presidente.

El Defensor del futuro

Cuatro años después de llegar al cargo, y después de casi morirse por un cáncer y una obstrucción intestinal, el Defensor dice que no sabe qué hará después. Nos aseguró que buscará seguir defendiendo los Derechos Humanos de los que aprendió estando en el puesto; un amigo de él nos dijo que su gusto por la política no se ha ido.

Mientras resuelve ese dilema, los que lo criticaron dentro y fuera de la Defensoría, así como los que lo apoyaron desde organizaciones civiles, y de Derechos Humanos, le piden a Duque que terne a expertos en el tema, para continuar su labor.

El temor es que, con un Gobierno opositor al Acuerdo de Paz y con evidentes roces con las organizaciones sociales, el Defensor que llegue sea de bolsillo y afín a los postulados del uribismo.

Esperamos que su reemplazo esté a la altura

José Miguel Vivanco, HRW

“Hay funcionarios que se legitiman cuando cumplen sus deberes con la gente y eso fue lo que él hizo. Y por eso buscamos que el próximo defensor no responda a intereses políticos.”, nos dijo Soraya Gutiérrez, del colectivo de abogados. Desde esa organización, así como los sindicatos de la Defensoría, y grupos de defensa de Derechos Humanos buscan hacer presión para una terna que no responda a Duque.

“Durante su mandato, revitalizó la credibilidad de la Defensoría del Pueblo y la acercó a las comunidades más remotas del país. Esperamos que su reemplazo esté a la altura y pueda afianzar el importante legado de Negret”, nos dijo José Miguel Vivanco, el director de la influyente Human Rights Watch para las Américas.

Un temor que también se siente en la Defensoría. Al menos seis funcionarios, entre analistas en terreno y de vieja data, prevén que un nuevo jefe cercano al uribismo les impida expedir las alertas, porque ahora es el Defensor desde Bogotá el que las revisa y las firma.

“Por eso desde marzo estamos pidiéndoles que nos dejen sacar las alertas desde la región. Sabemos que si llega un uribista nos puede quitar todo el camino que logramos”, nos dijo un funcionario que pidió no revelar su nombre para evitar represalias del próximo jefe.

Más allá de eso, la Defensoría, como nos dijeron todos los consultados, es más que Negret o las cuotas políticas que entregó. La labor, que el mismo Negret ayudó a impulsar, es la que muchos buscan ahora proteger.

Cuando Iván Duque ganó la primera vuelta presidencial en 2018, Gustavo Petro y sus seguidores pronosticaron que “lo que venía era una dictadura”; que con él, el uribismo llegaría a vengarse; que haría una Constituyente para desmontar el Acuerdo de Paz; que sería el títere de Uribe. No ha sido así.

Los que votaron por Duque, por su lado, auguraban que sería el regreso de la Seguridad Democrática; que por fin pondría en cintura a los guerrilleros que habían dejado las armas y a los que no; que sería el uribismo 2.0; que se acabaría el despilfarro; que enarbolaría un nuevo conservatismo; que acabaría con la corrupción; que fumigaría la coca; que alejaría el fantasma del castrochavismo. Tampoco ha pasado. 

A dos años de mandato, es evidente que los pronósticos de lado y lado se quedaron cortos.  

Lo que Iván Duque ha demostrado en su primera mitad de Gobierno es que es un Presidente moderado en sus ambiciones, moderado en sus odios, moderado en sus ejecuciones e, incluso, moderado en sus fracasos en relación con sus apuestas. 

Quizás porque, como le dijo a La Silla alguien que lo conoce desde hace décadas, es un hombre que “sobre lo no importante tiene unas convicciones inflexibles, pero sobre lo prioritario no tiene una posición”.

Esta percepción, dicha de varias maneras, fue repetida o ejemplificada por cinco de las siete personas con las que hablamos para elaborar este análisis. Seis de ellos han interactuado directamente con Duque o con Presidencia en los últimos dos años y, por eso, la mayoría de ellas prefirió no hablar on the record.

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La falta de apuesta en lo clave

Como Iván Duque recordó en las entrevistas que publicaron los medios este fin de semana y La Silla verificó, su gobierno ha tenido logros en varios campos: ha aumentado la cobertura de subsidios a los más pobres y creado nuevos subsidios como Ingreso Solidario durante la pandemia y hasta dentro de un año; ha otorgado subsidios de vivienda a 70 mil familias; ha continuado la política de control de precios a medicamentos; ha abierto 100 mil cupos para jóvenes en universidades públicas; ha bajado el área de cultivos ilícitos aunque no de producción de cocaína; ha eliminado trámites para hacer empresa; ha creado los pliegos tipos para reducir la corrupción en la contratación; ha triplicado las fuentes de energía renovable; y ha aumentado en un 40 por ciento la capacidad de atención crítica hospitalaria, para citar los logros más notorios.

Pero a diferencia de Santos, que impulsó la reforma del sector de infraestructura y la reforma del Acuerdo de Paz; de Álvaro Uribe, que transformó el tema de seguridad y la lucha contrainsurgente; de Andrés Pastrana, que con el Plan Colombia transformó las Fuerzas Militares; de César Gaviria que impulsó una nueva Constitución, Duque llegó a la mitad de su mandato sin haberse comprometido con ninguna reforma estructural. 

“Duque no es disciplinado en su visión”, dijo a La Silla una persona que trabajó en el gobierno. “El liderazgo del Presidente es inconsistente, se desanima muy fácil, pierde el norte rápido.”

Ejemplos de esto hay varios.  

Uno de sus caballitos de campaña era la ‘paz con legalidad’, que se suponía iba a ser la alternativa uribista y conservadora a la implementación del Acuerdo de Paz firmado por Santos y que consideraba no era conducente a la reconciliación.

“Su gestión ha tenido un rayo de luz en lo técnico para planear la implementación, pero no logra superar las debilidades de gestión (de las que sufrió mucho el gobierno anterior) y que se ven golpeadas en particular por la falta de narrativa/identidad/posición del gobierno frente al Acuerdo”, dijo a La Silla una persona que trabaja en la implementación.

Duque arrancó su gobierno nombrando a Emilio Archila, como consejero para la Estabilización, con la misión de aplicar el Acuerdo en aquello para lo que no necesitaba hacer nuevas leyes ni ejecutar reformas de fondo al status quo, pero siempre mandando el mensaje de que tenía un desacuerdo con el Acuerdo. 

Mensajes principalmente retóricos.  Impulsó una reforma constitucional para que en el futuro nunca se amnistie el secuestro ni el narcotráfico, que no cambia para nada el Acuerdo de la Habana; presentó las objeciones a la JEP que se hundieron pero no volvió a presentar una reforma a la justicia transicional; ha amenazado con retomar la fumigación pero en cambio de tomar la decisión de hacerlo optó por el camino más institucional de acudir a la Corte Constitucional para que le dijera cómo podía hacerlo y todavía no ha cumplido los requisitios exigidos.

“Creyó suficiente cambiar algunos términos y modificar algunas instituciones -por ejemplo, hablar de paz con legalidad en vez de hablar de Acuerdo de Paz- luego se dio por vencido en muchas de estas cosas y ante la presión de las protestas, se dedicó a mostrar cómo venía lo implementando”, dijo la misma fuente.

Frente al Consejo de Seguridad de la Onu también se ha esmerado en demostrar que lo está cumpliendo.

El Presidente ha mantenido los sueldos de los desmovilizados, extendió el arriendo de los lugares donde se concentraron inicialmente, ha respetado las curules que tienen en el Congreso, ha mantenido los presupuestos de la JEP y la Comisión de la Verdad, y ha apoyado los proyectos productivos de desmovilizados.

El presidente también destaca que puso en marcha los 16 Pdets que quedaron establecidos en el Acuerdo de la Habana, que abarcan a los 170 municipios más afectados por la violencia. Sin embargo, este Gobierno ha invertido anualmente solo 1,52 por ciento de lo que se debería estar ejecutando (4,67 billones), según un informe de la comisión de paz de la Cámara de Representantes y de la propia Agencia de Renovación del Territorio. 

Tampoco ha sacado adelante las curules de paz, ni las reformas del punto agrario salvo el catastro multipropósito, ni las reformas políticas ni ha logrado evitar que maten a desmovilizados ni a líderes sociales.

Esta baja o nula ejecución de lo pactado en lo que tiene que ver con las reformas del Acuerdo, unido a su retórica en contra, no solo avivó las marchas del año pasado sino que ha llevado a que organizaciones, víctimas y poblaciones enteras como la de Algeciras, Huila, que habían comenzado a ilusionarse con un cambio en sus circunstancias hayan perdido la fe y que la ventana de oportunidad creada con la desmovilización de las Farc se esté cerrando.

Al mismo tiempo, el que Duque no haya podido ofrecer una alternativa al Acuerdo y a su implementación ha sido una desilusión para muchos de los que votaron por el candidato de la coalición del No.

Sobre todo porque en el tema de la seguridad, su falta de visión estratégica dista mucho de la de Uribe y ha sido una de las áreas donde más en evidencia se ha puesto su inconsistencia frente a temas prioritarios.

Tumaco, por ejemplo. Dos días después de haberse posesionado, Iván Duque anunció que priorizaría a Tumaco haciendo un consejo de seguridad en el que anunció siete metas, que, en palabras del Presidente, buscaban convertir al puerto en un “polo de desarrollo”, reducir la inseguridad en una de las zonas más violentas del país y reactivar su economía e inversiones en infraestructura.

En los primeros seis meses dio de baja a Guacho y a David, las cabezas de las dos disidencias más grandes y un año después incluyó a Tumaco como Zona Futuro, es decir como Zona Estratégica de Intervención para llevar seguridad y justicia.  Por ahora no ha llegado ni la una ni la otra. 

La disidencia de Guacho aún existe, así como las Guerrillas Unidas del Pacífico y los ‘Contadores’, y los homicidios y el desplazamiento terminaron en 2019 prácticamente al mismo nivel que tenían en 2018.  

En Catatumbo, este gobierno, dentro del plan de Catatumbo Sostenible, que coordina Archila, llevó electricidad por primera vez a más de 3 mil familias. 

Pero donde Duque prometió que daría “por terminado el flagelo de la violencia” cuando la priorizó en su política de Seguridad, la situación de seguridad solo ha empeorado, hasta el punto que en febrero de este año tanto el ELN como el EPL decretaron dos paros armados con diferencia de días; e incluso en Montes de María, que había resucitado después de que durante el gobierno de Uribe el Ejército sacó a las Farc, ahora varios líderes sociales están escondidos y muertos del miedo.

La disidencia de Gentil Duarte sigue creciendo y la de Iván Márquez y Santrich ya pasó del discurso a comenzar a reclutar jóvenes en el terreno.

“La seguridad es la promesa menos cumplida del Centro Democrático”, dice una persona que trabaja en ese sector. “Existe una brecha entre la política escrita y la ejecución que depende de que exista una estrategia y de que el Presidente monte en la política a los que tienen que estar”.

Esa queja de que Duque no ‘monta en el bus’ a los que tienen que ejecutar la estrategia es reiterativa.  “Le falta una persona que sea guardián de las iniciativas del Presidente, y que acorrale a sus funcionarios”, nos dijo uno de los entrevistados.  

“El problema de Duque es que como vivió toda la vida por fuera no conoce suficiente gente buena y le toca nombrar entre sus amigos de colegio y los que trabajaron con él en el BID”, dijo otra fuente.

La disfuncionalidad de la Casa de Nariño lo ilustra una anécdota. El domingo 19 de julio de 2020, un día antes del 20 de julio, quizás el momento histórico más importante de la Presidencia de Duque porque iba a anunciar su salida para la crisis provocada por la pandemia, sale en El Tiempo una entrevista del viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño chiviando al Presidente en su estrategia de reactivación. Y, al día siguiente de su discurso, la Vicepresidente lanza una iniciativa de reactivación económica con un nombre diferente y metas inferiores a las publicadas por Hacienda, como lo contó La Silla.

La misma crítica de falta de un norte claro se la hacen al Presidente en lo político. “El Gobierno Duque sigue sin tener una narrativa y agenda que defienda con liderazgo en el Congreso”, dijo a La Silla la representante a la Cámara Juanita Goebertus y una de las líderes de la oposición. “Eso ha hecho que no exista un escenario de concertación de prioridades de política pública entre el gobierno y el Congreso.”

Dice que con los partidos de gobierno y parte de los independientes, la negociación es uno a uno y en muchos casos con el tipo de intercambios burocrático que el Centro Democrático criticaba en campaña y que a la oposición “no la convocan prácticamente a nada y cuando lo hacen, luego incumplen los compromisos”.

Un ejemplo de esto fue cuando los convocó después de la consulta anticorrupción para decir que la sacaría adelante pero luego dejó morir los proyectos que tenían mayor resistencia entre los políticos como la reducción del salario de los congresistas, el límite de los tres períodos y el proyecto anti-mermelada.

Algo similar ocurrió después del paro cuando convocó a la Conversación Nacional, otro tema que desapareció con la pandemia y que ni siquiera quedó en el discurso del 20 de julio.  “Anunció que iba a impulsar las 16 curules para las víctimas y las subregiones Pdet y al día siguiente después de la queja del Centro Democrático se echó para atrás y dijo que ahora serían solo para víctimas de Farc y en las principales ciudades”.

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Convicciones a toda prueba

Esta dificultad que ha mostrado el Presidente para jugársela por transformaciones estructurales en temas clave, contrasta con el desgaste que ha estado dispuesto a correr por defender sus convicciones ideológicas en temas de menor trascendencia o en aquellos que parecen no tener futuro.

Es el caso de la ley que permite la cadena perpetua para violadores de niños, que es la reforma constitucional para la que Duque utilizó la coalición que logró tras acabar con su discurso de no repartir burocracia y haber entregado a principios de año los ministerios de Agricultura, Trabajo y Salud a representantes de los partidos conservador, La U y Cambio Radical, respectivamente, carteras que se han venido llenando de altos funcionarios con el guiño de políticos de esas colectividades.

Varios estudios han demostrado que lo que disuade a los criminales no son las condenas altas sino la certeza de que no se saldrán con la suya, con lo cual el esfuerzo puesto por el Presidente en sacar adelante esta reforma es posible que no se traduzca en una mayor protección para los niños. 

En cambio, el que haya impulsado a su mejor amigo de Fiscal General, una persona sin experiencia gerencial ni conocimientos penales ni una visión estratégica para la Fiscalía (ver artículo), sí puede perjudicar el propósito de mejorar la investigación de estos crímenes.

El otro frente en el que Duque se la ha jugado a fondo es Venezuela. Armó su política exterior alrededor de la caída de la última dictadura del continente intensificando su pelea contra Nicolás Maduro, el representante del ‘castrochavismo’ sobre el que el uribismo armó su campaña.  

Duque fue uno de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, cerró todos los canales con el vecino país, promovió su denuncia ante la Corte Penal Internacional.

Pero, poco a poco, ha ido perdiendo el liderazgo del tema. A juzgar por el libro del exconsejero de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, mientras Iván Duque no ha cedido un ápice en su política de cero comunicación con Maduro y aferrado a Juan Guaidó, en la Casa Blanca llevan un año buscando activamente una transición negociada con los militares para ese régimen y ya no confían en el presidente interino.

En todo caso, más allá de lo que haya hecho o dejado de hacer Duque en el pasado, su manejo de la pandemia y del camino que emprenda para recuperar los 5 millones de empleos perdidos en los últimos meses serán lo que defina su legado.

A juzgar por su reciente discurso del 20 de julio y las reformas legislativas que anunció, sus metas para los dos años que le quedan girarán alrededor de la reactivación económica con una agenda que no utilizará la excepcionalidad de la situación para impulsar una transformación radical en algún campo.

El Presidente sí parece conservar la esperanza de lograr una unión de los colombianos alrededor de la salida a la crisis. Será un gran desafío ya que aunque no le ha echado más leña al fuego, por ahora su moderación no ha resultado en una confluencia, y la estrategia para el 2022 de su principal opositor es ahondar la polarización. 

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Esta historia es la segunda de la Sala de Redacción Ciudadana, un nuevo proyecto de periodismo colaborativo entre los periodistas de La Silla Vacía y miembros de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con información valiosa. Esta la hicimos con Carolina Botero y fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital. 

* * *

Durante la pandemia, las personas han dado más datos privados de lo normal. Instalan aplicaciones para poner sus síntomas de salud, entran a Zoom a tener llamadas del trabajo y dan su información de residencia a Rappi para que les envíe la comida a domicilio.

Un grupo de encuestados respondió qué piensa de entregar sus datos a algunas de las plataformas que hoy recopilan información para enfrentar la pandemia. 

Los resultados muestran un fragmento del país que es indicativo: las personas no están convencidas sobre si entregan o no sus datos, pero definitivamente no saben qué pasa con ellos cuando lo hacen.

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La encuesta hecha a mil personas muestra que no se deciden sobre si entregan o no sus datos. Pero aún entre los que los hacen, hay una clara mayoría que no sabe a dónde van a parar y qué se hace con ellos.

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Con los miembros del equipo de Karisma, reaccionamos a algunas de las respuestas que dieron tanto quienes optan por no dar sus datos como quienes sí lo hacen. A través de estas respuestas, se pueden aclarar esas percepciones y qué es realmente lo que pasa cuando los datos llegan a ellas. 

"Hay plataformas como Medellín me Cuida que piden datos susceptibles e innecesarios".

@estiben_alvarez7

Rta K: Verdadero. Hay datos sensibles que requieren un cuidado especial porque pueden generar discriminación o estigmatización, como los datos de residencia de una persona o si está contagiada del virus. Medellín me cuida recopila actualmente este tipo de información. Sobre si son necesarios, depende específicamente de la finalidad con que serán utilizados. Por ejemplo, los datos sobre con quién ha tenido contacto una persona, pueden servir para saber la cadena de contagio posible del virus, pero esos mismos datos no sirven para fijar un pasaporte de movilidad (el permiso para que una persona salga o no). El problema de aplicaciones como Medellín me cuida es que tiene tantas finalidades (identificar personas que requieren atención, hacer seguimiento a posibles contagios y pasaporte de movilidad), que termina siendo posible que recopile información que no es necesaria. 

¿Quieres ver lo que dice la alcaldía? Mira los términos y condiciones para el uso de la plataforma “Medellín me cuida-familia”.

"Los datos de naturaleza personal no tienen incidencia en el seguimiento al estado de la salud".

@ruizcasastian

Rta K: Verdadero. Estrictamente hablando, el seguimiento al estado de la salud refiere al seguimiento del curso de la enfermedad en términos generales. Es decir, qué tanto se ha propagado y bajo qué condiciones. Pero para hacer este tipo de seguimientos, que son de naturaleza estadística, no se requiere saber información personal como el nombre de una persona o algunas características personales como preferencias o datos que permitan identificar quién es. Aunque algunos datos personales como la edad sí son importantes a la hora de hacer seguimiento a la enfermedad. Particularmente en una como el Covid, donde hay tantas diferencias entre grupos etarios.  

"Al descargar CoronApp me pedía acceso a contactos, cámara y Chrome, de inmediato desinstalé".

@crizz_preciado

Rta K: Exagerado. En las versiones que hemos visto Coronapp nunca ha pedido acceso a la cámara. De las aplicaciones relacionadas con el manejo de la pandemia que hemos revisado solo GABO, la de Bogotá, pedía acceso a la cámara. Sin embargo, Coronapp en sus múltiples versiones ha pedido diferentes permisos como el acceso a la administración privilegiada del Bluetooth y el acceso a los contactos. En el momento, la aplicación pide 11 permisos incluido, según los términos y condiciones de Coronapp, el de “acceder a la conexión Bluetooth del dispositivo para compartir con el INS (Instituto Nacional de Salud) la cercanía, en los últimos 21 días, con otros dispositivos móviles que utilizan CoronApp, con la finalidad de saber si una persona confirmada con COVID-19 estuvo cerca del usuario e identificar potenciales cadenas de contagio". 

Luego añade: "Esta funcionalidad se encuentra desactivada por defecto y solo se activará para los usuarios confirmados por COVID-19 y aquellos que tengan síntomas muy probables de contagio, aún así la información será enviada solo cuando los usuarios deseen compartir su historial de cercanías a través del Menú de CoronApp".

Más allá de lo que dicen los términos de uso de la aplicación, podemos decir que sobre el rastreo digital de contacto de CoronApp no se sabe cómo funciona, quién recibe los datos y cuál es el flujo de los mismos (eso sí se sabe del seguimiento de síntomas, por ejemplo). Para hacer el rastreo se necesita activar el bluetooth para poder recoger sus datos. Revisando la aplicación sabemos varias cosas: que el permiso para activar y usar el bluetooth se da pide desde el principio, que los celulares intercambian con un servidor del gobierno identificadores y que el INS dice que no recibe datos de esa funcionalidad. Entonces, ¿quién más recibe esos datos que se están recogiendo?, eso no lo sabemos ni lo dicen los términos.

"Las aplicaciones no me generan confianza porque no tienen caducidad los términos del contrato sobre el uso de la información".

@daniela.munozsalcedo

Rta K: Verdadero. Los términos y condiciones de uso de Coronapp, por ejemplo, han cambiado muchas veces y ninguna versión tiene fecha, por tanto no es fácil rastrear cuál es la vigente. En la que parece ser la actual encontramos lo siguiente:

“El tiempo del tratamiento de los datos recolectados a través de CoronApp, toda vez que hacen parte del sistema de vigilancia de salud pública, es determinado por las actividades que despliegue el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud para afrontar la enfermedad del COVID-19, así como para el análisis del comportamiento del virus que deban realizar las entidades de salud del país.Una vez finalice la necesidad para la cual fueron recolectados los datos, la información que no requiera conservarse para fines históricos, científicos o estadísticos (información anonimizada), será suprimida según los procedimientos de eliminación de documentos establecidos por el Instituto Nacional de Salud”.

Efectivamente, el plazo que tendrán los datos es incierto por lo que las personas tienen que decidir por su propia cuenta si confían que el INS hará una adecuada supresión de ellos cuando sea correcto. 

"No importa dar los datos porque de todas maneras ya el sistema de salud tiene esta información".

@andres.r0410

Rta K: Falso. Puede que tenga parte de esa información, pero no la tiene toda. Por ejemplo, mucha de esta información apenas se está recopilando por primera vez, como datos de síntomas o ubicación actual. Otra información puede que ya esté en los hospitales, por ejemplo, como las historias clínicas, y sin embargo, mucha de ésta puede estar desactualizada y, por tanto, lo que recoge una aplicación como Coronapp sobre síntomas sí puede ser información nueva que agrega a los datos que ya se tenían. 

"No es del todo claro cómo se usan los datos y quién los analiza".

@oecamelor

Rta K: Verdadero. Si bien ha sido claro, en el caso de Coronapp, que el responsable de la aplicación es el INS (Instituto Nacional de Salud) y el responsable del desarrollo es la AND (Agencia Nacional Digital), otras entidades tienen (o pueden tener) acceso a los datos.

Sabemos que los datos del seguimiento de síntomas le llegan al INS e ingresan a través de Sivigila (Su sistema de información). Además, en la versión más actualizada de los términos y condiciones de uso se dice que la información la reciben las secretarías de salud para hacer seguimiento a las personas según sus riesgos. También el usuario puede autorizar la entrega de información a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), la aseguradora de salud y/o al empleador. Pero finalmente, y esto es muy importante, en los términos y condiciones de uso también se dice que “de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la referida ley”.

Esto suscita una pregunta y es si esto implicaría, en principio, que una entidad como la Policía o la Fiscalía, que son entidades públicas, podrían solicitar información anonimizada recogida por la aplicación, si alegan que lo necesitan para sus funciones. Creemos que es una excepción y debe ser interpretada con restricciones pero sin duda no da confianza por lo amplia que está dispuesta. 

Ahora bien, en relación con las otras funcionalidades diferentes a la de síntomas, como el rastreo de contagio y el pasaporte de movilidad, no hay información clara sobre si y cómo, incluso con quiénes, se están usando los datos que se recogen en la actualidad. Es decir, no se sabe cómo se usa o se utilizará y quienes están haciendo el análisis de esos otros datos.

"Sí doy los datos porque facilita seguir una vía o ruta de propagación del virus".

@jorge_arturo_mendoza

Rta K: Exagerado. Si bien nos han vendido la idea de que la tecnología puede jugar un papel preponderante en el manejo de la pandemia y facilitar el seguimiento del contagio, la verdad la tecnología ni es infalible (yo puedo tener el bluetooth de mi celular encendido en mi cuarto y encontrarme a muchos kilómetros de distancia de él, por lo que no hay una relación fidedigna entre mi ubicación y la del celular, por lo que el bluetooth no necesariamente sirve para determinar dónde estoy) Pero tampoco está disponible para todos (Si bien en el país tenemos más celulares que colombianos, solo 23 millones son inteligentes, es decir, la mitad de la población del país tiene celulares que teóricamente no les permitirían descargar y usar las aplicaciones de seguimiento de la pandemia).

Por todo esto, en realidad debe considerarse su uso como una estrategia complementaria dentro del plan general de manejo de la pandemia. No siempre es posible hacer el seguimiento de la propagación del virus solo con la información de las aplicaciones y para asegurar la calidad de la información que recopila, ésta debe ser comprobada por otros métodos como el cruce con otras bases de datos de salud disponibles. 

"Sin análisis de datos no es posible enfrentar la pandemia. Protege salud y empresa".

@luciamedieta21

Rta K: Verdadero. Hay muchas fuentes de datos y muchas formas de manejarlos. No se trata de no tener datos sino de tener sistemas respetuosos de los derechos de las personas, que minimicen los riesgos. La pregunta es si realmente son necesarios y si son proporcionales.

Descripción del ciclo de conferencias:

La crisis sanitaria del 2020 –además de los retos, por todos conocidos, que trajo para gobiernos, sistemas de protección social e instalaciones hospitalarias- ha desafiado también la capacidad de las ciencias sociales para iluminar nuestra comprensión del presente. Los análisis urgentes sobre el sentido de la vida en común y las oportunidades abiertas para su reconstitución postraumática se han sucedido, con impresionante celeridad, prácticamente desde el momento mismo en que se declaró la pandemia. Aquí y allá se ha insistido en interpretaciones económicas, sociológicas o politológicas previsibles que, de hecho, han recalcado los términos previos del debate contemporáneo sobre lo político. En efecto, las más de las veces la urgencia dio paso a la oportunidad de insistir sobre las agendas políticas precedentes. Para un sector de la tradición crítica, por ejemplo, la crisis sanitaria –al enfrentarnos con la pulsión de muerte y con la precarización de la vida social- trae consigo los renovados esfuerzos del Estado por extender su cobertura y regularizar amplios aspectos de la vida cotidiana. Por otra parte, la crisis también ha despertado anhelos entre sectores importantes de la sociedad civil a replantear lo común y ejercer la solidaridad en detrimento de la privatización neoliberal. Y, desde un lugar políticamente diferente, se ha insistido en el peligro de la intromisión pública sobre las libertades individuales con ocasión del control poblacional profiláctico. El problema de la constitución de lo común y lo público está en el centro de la polémica contemporánea y ha florecido con ocasión de la crisis actual. Este ciclo de conferencias desarrolla el asunto desde una mirada histórico-conceptual.

En estos meses, las sociedades contemporáneas –confinadas como nunca en sus espacios privados- han debatido intensamente sobre el valor y la naturaleza de lo público. Bien para jerarquizar la importancia de las actividades económicas y su relación con el bien común; bien para evaluar los rescates que deben cubrirse con el erario; bien para reconocer los esfuerzos solidarios o bien para censurar los comportamientos irresponsables; la constitución de lo público, en el filo entre los intereses privados y colectivos, está más que nunca en discusión. Así y todo, lo público, más que una verdad unívoca sobre su naturaleza y funcionamiento necesita hoy una reflexión sobre su constitución histórica, que reconozca sus profundas herencias sociales y conceptuales. Aunque está en el centro de nuestra vida política, rara vez se lo reconoce como un escenario controversial que define los límites de nuestra imaginación política. Este ciclo de conferencias, cada una a su manera, se ofrece como una oportunidad de avanzar al respecto.

Conferencias:

Lugar, fecha y hora:

Las conferencias inician a las 9:00 am Colombia cada día. Estas serán transmitidas en vivo por medio de YouTube en los canales del Banco de la República y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. También seguirán disponibles en los canales mencionados después de su transmisión en vivo.

Este ciclo de conferencias está organizado por:

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Con el apoyo de:

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Como se sabe, y fue contado hasta en medios internacionales que destacaron la gestión del alcalde Daniel Quintero, Medellín hasta hace poco era una de las ciudades que vivía con menos intranquilidad la pandemia del covid. 

Por una mezcla de cultura ciudadana y capacidad de la Administración de hacer y mantener los cercos epidemiológicos, era la capital del país con menor incidencia de casos.

Según reportes de la Alcaldía, en mayo no se registró ni un fallecido, mientras en ciudades como Leticia y Cartagena ya padecían entonces los embates del coronavirus.

Hasta la primera mitad de junio, se contagiaban 30 personas o menos al día.

Pero esa torta se volteó a partir del mes pasado, cuando en esta capital y todo Antioquia empezaron a crecer exponencialmente los enfermos y los muertos por el virus. Hoy es el departamento que más casos diarios reporta, después de Bogotá: pasó de 52 contagiados diarios en promedio en junio a 1.080 en promedio estos últimos siete días. 

Los muertos reportados todos los días también pasaron en promedio de 0,57 en junio a 8,85 en julio. 

En un símbolo del golpe de esa crisis, la semana pasada se supo que los dos mandatarios principales de la región: el alcalde Quintero y el gobernador (e) Luis Fernando Suárez dieron positivo para covid, el primero se encuentra asintomático y el segundo tuvo que ser hospitalizado, aunque en las últimas horas informó que dio negativo en su última prueba.

La explicación simple que obtuvimos tras hablar con ocho fuentes, entre epidemiólogos, médicos intensivistas y funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación, es que la disparada es consecuencia de los acercamientos físicos generados por la reapertura de sectores de la economía y de que muchos se relajaron en su protección al considerar que todo estaba bien.

Andrés Vecino, experto e investigador de la Escuela Pública de Salud Johns Hopkins University, agrega que, más allá de eso, este pico hace parte del curso normal de la pandemia y es similar a lo que lo que han vivido o viven otras ciudades como Barranquilla y Bogotá. 

Como sea, ante esta foto y dado que Medellín concentra el 82 por ciento del servicio médico dispuesto para la atención del covid en todo el departamento, la pregunta siguiente es si a la elogiada Administración de Quintero le alcanzó el tiempo para alistar el sistema de salud para atender a los pacientes críticos que requieren Unidad de Cuidado Intensivo UCI.

La respuesta es que no del todo.

Los efectos de la reapertura y el exceso de confianza

Medellín arranca esta primera semana del mes de agosto con un 14 por ciento de camas UCI disponibles hoy, y, dado que el Gobernador Suárez decretó la alerta roja en el sistema tras superar el 75 por ciento de ocupación, lo más seguro es que en las próximas semanas vuelvan a declarar cuarentena total en el Área Metropolitana. 

Aunque en estos cuatro meses que lleva la pandemia en el país, la ciudad logró pasar de 332 a 767 camas UCI, se vienen dos semanas a contrarreloj para lograr las mil que Quintero prometió y conseguir, de la mano de las clínicas y hospitales públicos y privados, el resto de insumos y personal médico que hace falta.

Desde el 30 de junio, luego de los tres fines de semana con festivo de ese mes, el mandatario anunció ley seca para todos los fines de semana y toque de queda en los próximos puentes, y contó que en los últimos días la Policía había intervenido más de mil fiestas.  

Eso es una muestra de que, aunque las autoridades locales tomaron medidas contundentes como decretar cuarentena estricta en los primeros dos meses de la pandemia, y luego obligar a las empresas y sus trabajadores a registrarse en la aplicación Medellín Me Cuida para poder transitar por la ciudad, la tensión y el miedo por el covid se fue reduciendo en los habitantes de a poco. 

Según Silvana Zapata, epidemióloga de la Gobernación de Antioquia, se ha documentado en teorías del comportamiento que cuando la percepción del riesgo es baja o cuando no hay personas infectadas cerca, las personas bajan la guardia, y “personalmente esa percepción del riesgo nos ha jugado una mala pasada”. 

El secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, reconoció que “la cuarentena se controlaba al inicio, pero cuando la economía se reactivó y las personas salieron a trabajar, muchos se aprovecharon para burlar la misma norma y salir sin medir consecuencias”.

Eso se refleja, por ejemplo, en las capturas que ha hecho la Policía por la violación a medidas sanitarias, muchas de ellas cuando encuentran fiestas o reuniones sociales en los barrios. Mientras en abril fueron 67, en mayo subieron a 203, en junio 171 y en julio 157. 

A esa situación se sumó la incredulidad, “al ver que el virus no llegaba empezaron las creencias populares de que estábamos bien, de que no existía o no era tan grave como parecía”, nos dijo Francisco Molina, intensivista y coordinador de UCI de la Clínica Universitaria Bolivariana. 

Pero el factor principal, y en el que todos coinciden, es la reactivación económica. 

El intensivista Nelson Fonseca, quien hace parte de un grupo de 106 intensivistas de Antioquia que se unieron para hacerle seguimiento al virus en la ciudad, y que se reúnen constantemente con la Alcaldía de Medellín, nos contó que desde abril le advirtieron a Quintero que se debía levantar de a poco y con orden. 

Fonseca, al igual que otros dos intensivistas que trabajan en hospitales y clínicas de la ciudad, coincidieron en que el primer Día sin IVA (19 de junio) fue determinante para que comenzaran a dispararse los casos y empezaran a llegar a los centros de salud más personas en estado grave.

“El pico creciente lo empezamos a notar desde el último fin de semana de junio, justo diez días después del día sin IVA”, nos dijo el doctor Molina. 

Además del Día sin IVA, Medellín fue la primera ciudad en hacer pilotos para abrir los centros comerciales, a finales de mayo; e incluso, en las primeras semanas de junio ya estaba todo casi listo para comenzar el piloto de apertura de restaurantes. 

Pero desde julio el alcalde Quintero cambió de discurso. 

Pasó de invitar a los paisas a “hacer patria” para salir a comprar el Día sin IVA, como dijo en uno de los programas del presidente Iván Duque; a volver a frenar varios sectores de la economía decretando el Estado Total de Cuidado, e imponer la medida 4/3: apertura económica de lunes a jueves, y cierre total (con excepciones de fuerza mayor) entre viernes y domingo. 

Eso le está generando roces con el empresariado antioqueño. La semana pasada el Comité Intergremial de Antioquia (que reúne a 29 gremios empresariales y a las cinco Cámaras de Comercio del departamento) sacó un comunicado donde dice que están en cuidados intensivos por las medidas que ahora está tomando Quintero. 

Desde que comenzó la pandemia, el Comité, la Alcaldía y la Gobernación se reúnen todos los viernes para tomar en conjunto las decisiones que tengan que ver con abrir o cerrar sectores de la economía. 

“Después del mes de julio, ya la Alcaldía no atiende ningún llamado, ninguna sugerencia, todas las decisiones se toman completamente aislada, no informada a los gremios”, nos dijo el presidente del Comité, Nicolás Posada. Según él, ya se han perdido ocho mil empleos formales en el Área Metropolitana en lo que va de pandemia. 

De hecho, a los empresarios les tomó por sorpresa que hoy el Alcalde anunciara por su cuenta de Twitter que la medida 4/3 está funcionando y que por eso abrirá nuevos sectores de la economía y autorizará la apertura de aeropuertos.

El Intergremial niega que el aumento de casos se deba a la reactivación porque las empresas han reforzado sus medidas de bioseguridad y no ha habido casos, hasta ahora, de cierres por contagios masivos. 

Aunque sí es cierto que 15 días después del primer día sin IVA los casos confirmados en Medellín pasaron de 86 a 182. 

Además, según Lina Bustamante, secretaria de salud de Antioquia, aunque si bien no se registran contagios masivos en empresas, el transporte de la casa a la empresa puede ser el foco más común para contraer el virus; o el hecho de que más personas salgan a hacer uso del comercio. 

El experto de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, complejiza todos estos argumentos señalando que, más allá de ellos, la pandemia tiene un curso normal y es lo que está pasando en la ciudad.

“Medellín ha hecho las cosas bien, no veo la falla. Abrió rápidamente la economía y estaba haciendo un buen trabajo en general, pero de pronto no alcanzó a construir la capacidad suficiente en salud”, nos dijo Vecino. 

Es justamente ese el principal reto que tiene la ciudad ante su nueva foto porque, según las proyecciones de la Gobernación, la Alcaldía y los expertos, las próximas dos semanas serán las más difíciles y aún les falta terminar de conseguir más de 200 UCI, además de personal médico e insumos para poner a funcionar la totalidad de las que ya tienen. 

El reto, más allá de los ventiladores

Desde marzo, la Alcaldía de Medellín anunció el Plan Mil, con el que pretendía pasar de 332 camas UCI a mil para el momento más complejo. Ese momento, que según proyecciones de expertos sería entre julio y agosto, está llegando y aún faltan conseguir 233. 

Para eso, desde la semana pasada, la Gobernación y la Alcaldía reunieron a los directores de las clínicas y hospitales, además de los intensivistas que coordinan las UCI en esas instituciones, para saber cómo van a hacer esa expansión en cuestión de dos semanas. 

El lapso de dos semanas es porque entre el 12 y el 15 de agosto, según nos contó la secretaria Bustamante, esperan un gran flujo de pacientes y un número de casos diarios superior a 1.800 en Medellín (ayer fueron 1.564).  

Algo que de todas maneras no se le podría llamar pico pues no es seguro que de ahí para adelante los casos comiencen a bajar. Según información y proyecciones que tiene Bustamante, eso podría no suceder incluso hasta septiembre. 

Luego de esa reunión y de una encuesta que le hicieron a cada una de las 34 instituciones prestadoras de servicios de salud que tienen UCI, las secretarías de Salud de Medellín y de Antioquia han estado visitando los lugares para hacer inventario de lo que falta. 

Además, van en compañía de Carlos Alviar, un intensivista paisa que atendió pacientes en plena crisis en Nueva York y que trajo Quintero la semana pasada para dar recomendaciones en las IPS. 

El Ministerio de Salud se comprometió a ayudar en la dotación de monitores, bombas de infusión y demás recursos que se necesitan para poner a andar las UCI en las próximas dos semanas, según Bustamante. 

Y algunas IPS, por su parte, asumirán el costo del personal y adecuarán la infraestructura para poder ubicar más camas, según nos contaron dos intensivistas por aparte: el doctor Bladimir Gil, coordinador de UCI en la Clínica Las Américas y el doctor Molina, de la Clínica Universitaria Bolivariana. 

El problema es que, por las deudas que tienen las EPS con las clínicas y hospitales, y por la plata que han dejado de recibir este año por el covid, algunas no tienen ni siquiera los recursos para poner a funcionar los ventiladores que ya tienen.

Es el caso de la Clínica Fundadores. Hasta la semana pasada la Alcaldía de Medellín contaba, entre sus camas disponibles, 23 en este sitio. Pero la realidad es que casi la mitad de esas está sin funcionar.

El doctor Fonseca quien coordina las UCI en esa Clínica nos contó que a la fecha solo puede usar 12 camas de esas; y aunque la Alcaldía les envió 10 ventiladores más, no cuentan con los otros insumos igual de importantes para ponerlos a andar o no tiene personal que los manejen. 

“No sé por qué todos piensan solo en los ventiladores. Sí es un aparato indispensable, pero no es lo único que se necesita”, nos dijo Fonseca. 

Por eso, y por la insistencia de varias instituciones de ser precisos con la información, desde este fin de semana la Alcaldía cambió los datos del portal donde publica todo lo relacionado al covid. Ahora especifica que de las 148 UCI libres, no todas están disponibles: 48 de ellas están bloqueadas por mantenimiento o por falta de personal. 

En parte, por esa falta de personal, el alcalde Quintero hizo la polémica petición a Cuba de una brigada médica, y, ante la negativa del Gobierno Nacional, se reunió con asociaciones de médicos del departamento para ver qué otras posibilidades hay. 

Aunque la Alcaldía hasta ahora no tiene en sus planes contratar el personal, tiene otra alternativa con la Gobernación que consiste en tener una segunda línea de especialistas como internistas y anestesiólogos que puedan cubrir o apoyar a los intensivistas, que son los expertos en el manejo de UCI.  

Y en caso de necesitar más, están pensando en recurrir a los estudiantes residentes de medicina y de estas especialidades que puedan reforzar el personal. 
 
A eso se le suma otra tarea que no está fácil: reforzar el equipo humano para hacer cercos epidemiólogos que por el aumento de casos ya se desbordó. La idea es pasar de 200 a 900, pero según la subsecretaria de Salud de Medellín Natalia López ha sido complejo encontrar la gente. 

Todo esto en dos semanas, que son las que faltan para que los paisas sientan con más fuerza esta ola llamada coronavirus.

Seis meses después de que se tuviera que surtir el proceso, y cuando casi todos los contralores de capitales y departamentos están elegidos, Bogotá sigue sin contralor distrital en propiedad. Y probablemente se quede así por lo que resta del año.

El asunto es importante porque el ente encargado de hacer vigilancia a cómo invierte el presupuesto la Administración de Claudia López tiene enfrente retos tan clave como controlar los recursos invertidos para atender la pandemia del coronavirus en la capital.

Pero no sólo eso. Mientras la mesa directiva del Concejo, encargada de hacer la convocatoria para el nuevo contralor, no ha podido adelantar el trámite con éxito, la entidad continúa bajo la impronta del cuestionado excontralor -que terminó su periodo en febrero de este año-, Juan Carlos Granados.

Este llegó al cargo con carné del Partido de la U e impulsado por Cambio Radical, y hoy está en un proceso judicial por supuestamente haber recibido aportes de la corrupta multinacional Odebrecht en su campaña a la Gobernación de Boyacá en 2011.

La razón de su huella en la Contraloría tiene que ver con que, ante la falta de elección, quedó en su reemplazo su contralora auxiliar María Anayme Barón. 

La Contralora encargada es vista como cuota de Granados porque antes había sido su secretaria de Hacienda en Boyacá y ha mantenido las cuotas que ese excontralor les entregó a amigos de concejales que respaldaron su elección, de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Alianza Verde y Liberal, como lo contamos.

Como pasa con el control fiscal en todo el país, la Contraloría de Bogotá lleva años siendo considerada un botín burocrático por los políticos, por su presupuesto y su nómina, que les permite hacer muchos favores a sus redes clientelares.

(Tristemente célebre es, por ejemplo, el excontralor, del Partido Liberal, Miguel Ángel Moralesrussi, condenado por su participación en el cartel que saqueó a Bogotá en cabeza del exalcalde Samuel Moreno Rojas).

Además del millonario presupuesto de la entidad, que este año es de 168 mil millones de pesos; está la nómina de 1.045 empleados, 125 directivos, 31 asesores, 621 profesionales, 103 técnicos y 165 empleados de nivel asistencial, de los cuales son de libre nombramiento los directivos, los asesores, cuatro conductores y dos secretarias.

Todo un megapoder que, por un buen tiempo más, seguirá en encargo.

El proceso (hasta ahora) fallido, en parte por la pandemia

Para hacer este proceso de selección de Contralor por un periodo de dos años (normalmente es de cuatro, pero la Contraloría General emitió la resolución 0728 para unificar periodo con el del Presidente y que, así, no coincidan los contralores regionales con el mandatario al que van a vigilar), el Concejo de Bogotá contrató a la Universidad Nacional para que adelantara un concurso de méritos, el pasado enero. 

La institución abrió convocatoria pública el 23 de ese mes y más de 100 personas se presentaron. 

Sin embargo, el proceso quedó suspendido desde el 18 de marzo por la pandemia del covid. 

Hasta ahora no ha sido posible que la Universidad les haga el examen que debe a los inscritos, porque en el contrato quedó establecido que éste se haría presencial, la institución está cerrada por la crisis e, incluso si permitiera la entrada de los participantes, no hay cómo garantizar que los postulados de fuera de Bogotá puedan llegar. 

El Concejo dejó pasar tres meses sin hacer mucho frente a esto y, a principios de junio, le hizo una solicitud a la Nacional para ver si es posible llevar a cabo el trámite de forma virtual.

Lo que la Nacional debe hacer es evaluarlos y sacar una lista de elegibles. Este examen tendrá una puntuación del 60 por ciento y también se tendrán en cuenta la formación (15 por ciento), experiencia (15 por ciento), actividad docente (5 por ciento) y producción en obra (5 por ciento). Asimismo, hay una evaluación de aptitudes y una entrevista con concejales de los elegibles que no tienen puntuación. 

Después de eso, los tres que tengan mayor puntaje serán los que conformen la terna que se presentará en el Concejo para, por fin, elegir al contralor por mayoría simple. 

El 10 de junio, la Universidad respondió con un informe señalando los posibles riesgos que se presentarían si el concurso se lleva a cabo virtualmente.

Básicamente, lo que dice el documento es que la evaluación se podría filtrar, ya que el personal que hace la prueba necesita acceso a esos datos para montar la plataforma. Que un tercero podría suplantar a un concursante. Que los postulados podrán tomar fotos o grabar la prueba. Y que alguien podría tener ayuda de terceros o valerse de otros dispositivos móviles y acceso a internet para contestar las preguntas. 

También, el Concejo planteó la posibilidad de hacerlo presencialmente con los protocolos de bioseguridad, pero sigue existiendo el inconveniente de que no es sencillo garantizar la prueba de los concursantes que se encuentran fuera de Bogotá. 

Este martes el presidente de la corporación, el concejal Carlos Fernando Galán, se reunirá con las directivas de la Universidad Nacional para ver de qué modo se puede avanzar, no sólo en la escogencia del Contralor, sino también la del Personero, que igualmente está estancada y fue encargada a esa institución.

Parte de la explicación de por qué Bogotá, a diferencia de otras ciudades, no pudo elegir contralor antes de que la pandemia lo impidiera, tiene que ver con que el Concejo que terminó periodo en diciembre de 2019 no surtió el concurso con una universidad, como sí lo hicieron otras corporaciones.

Ese Concejo había sacado una resolución para hacer el trámite, pero la nueva mesa directiva que llegó en enero, liderada por Galán, la derogó por considerar que debían revisar todo con cautela. Así que el proceso volvió a iniciar.  

Para el 23 de enero, que es la fecha en la que se abre la convocatoria de Bogotá, por ejemplo ya estaban elegidos los contralores de Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla .

Con todo esto, es un hecho que, por bien que le vaya, Bogotá si acaso tendrá contralor en propiedad el último mes del año.

Aún hace falta establecer cómo se hará la prueba. Ver que efectivamente los postulados cuenten con lo necesario para concursar. Después de eso vendría la etapa de evaluación y la publicación de los elegibles. 

Además se daría un espacio para las objeciones de los demás concursantes. Y luego la armada de la terna y la votación. Todo eso tomaría entre dos o tres meses.

Así es que a la allegada de Granados y a la idea de que él sigue con poder en la entidad le queda todavía un buen trecho.

El control bajo la impronta de Granados

En conversación con La Silla para esta historia, la contralora encargada María Anayme Barón aseguró que no fue elegida por ser cuota de Granados, que su carrera ha sido técnica y que el reglamento del Concejo establecía que, si no había Contralor en propiedad, debía quedar el segundo en jerarquía que cumpliera con los requisitos, y la entidad estableció que esa era ella.

Además, argumenta la Contralora que su encargo fue ratificado por el Concejo en votación. Y así fue. Efectivamente: 35 concejales, de 45, votaron a su favor. 

A esa circunstancia hay que agregarle, no obstante, que varios de esos concejales que la respaldaron fueron beneficiados por Juan Carlos Granados, exjefe de la Contralora, con puestos, como lo contamos. 

Puestos que ella ha mantenido.

Conversamos con siete concejales de la Alianza Verde, del Polo, de Cambio Radical, de La U y del Partido Liberal. También con dos altos funcionarios del Gobierno López. Varios coinciden en que Barón mantiene un bajo perfil. 

Para Manuel Sarmiento y Carlos Carrillo del Polo, su gestión no ha sido tan notoria y ha estado más bien quieta. Lo mismo nos dijo Diego Cancino, de la Alianza Verde. 

Sin embargo, en el Palacio Liévano, un funcionario de alto gobierno nos dijo off the record que la Contraloría sí les ha pedido información en especial sobre las contrataciones que se han hecho en el marco de la pandemia en la Secretaría de Salud y de Integración Social. También respecto a las contrataciones que han hecho las alcaldías locales. 

La Contralora (e) por su parte nos aseguró que, de las 226 auditorías programadas en la entidad, han terminado 73. Que tienen 66 procesos a sujetos de control como secretarías, empresas públicas o funcionarios y 87 pendientes por iniciar.

Destaca que están en indagaciones a la creación del hospital de Corferias y a 16 alcaldes locales que realizaron un convenio para repartición de mercados con la Cruz Roja por 80 mil millones de pesos. 

Recordó que el control es posterior a la ejecución y por eso están enfocados en lo que terminó la Administración de Enrique Peñalosa (que es del mismo partido de Granados). 

Procesos de interés ciudadano como el metro de Bogotá están en manos de la Contraloría General, ya que la Nación puso el 70 por ciento del dinero de la obra.

El proceso contra Uribe, de pe a pa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió detener preventivamente al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos y soborno. Si lo acusa, pasará a la Sección de Primera Instancia de esa misma Corte.

El proceso está abierto desde 2018 y se remite a que supuestamente buscó que exparamilitares cambiaran los testimonios que lo vinculaban a él y a su hermano con el paramilitarismo en Antioquia.

El caso nace con hechos que ocurrieron en apenas tres días: el 21, 22 y 23 de febrero de 2018, cuando por lo menos dos personas se habrían acercado a convencer al exparamilitar y testigo Juan Guillermo Monsalve de retractarse de su testimonio. En el mapa para entender esos hechos y lo que se viene hay varios personajes y eventos clave.

El boomerangLos caminosLas pruebasLa no renunciaLa detenciónLos otros testimoniosLo que puede venir

 

El boomerang

Iván Cepeda

Senador Polo Democrático

17 de septiembre 2014
Hizo un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Presentó testimonios de dos exparas que decían que Uribe y su hermano Santiago fundaron el Bloque Metro de las AUC.

Álvaro Uribe

Expresidente y
senador C. Democrático

17 de septiembre 2014
Salió del debate a la Corte Suprema para agregar, a una demanda que había hecho contra Cepeda, unas entrevistas que demostrarían que el senador manipulaba testigos en su contra.

16 de febrero 2018
A Uribe se le devolvió la denuncia. En un auto, la Sala Penal de la Corte* anunció que cerraba la investigación contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente por manipular testigos.

* Auto de una Sala de Instrucción de la Sala Penal en la que dos magistrados apoyaron la ponencia del magistrado José Luis Barceló.

Uribe tenía una semana para presentar un recurso en contra de la decisión. Los hechos por los que lo procesan se habrían dado justo cuando su defensa buscaba pruebas para presentar ese recurso, por lo que los dos casos están vinculados.

Iván Cepeda

Senador Polo Democrático

17 de septiembre 2014
Hizo un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Presentó testimonios de dos exparas que decían que Uribe y su hermano Santiago fundaron el Bloque Metro de las AUC.

Álvaro Uribe

Expresidente y senador C. Democrático

17 de septiembre 2014
Salió del debate a la Corte Suprema para agregar, a una demanda que había hecho contra Cepeda, unas entrevistas que demostrarían que el senador manipulaba testigos en su contra.

16 de febrero 2018
A Uribe se le devolvió la denuncia. En un auto, la Sala Penal de la Corte* anunció que cerraba la investigación contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente por manipular testigos.

* Auto de una Sala de Instrucción de la Sala Penal en la que dos magistrados apoyaron la ponencia del magistrado José Luis Barceló.

Uribe tenía una semana para presentar un recurso en contra de la decisión. Los hechos por los quelo procesan se habrían dado justo cuando su defensa buscaba pruebas para hacer presentar ese recurso, por lo que los dos casos están vinculados.

Iván Cepeda

Senador Polo Democrático

17 de septiembre 2014
Hizo un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Presentó testimonios de dos exparas que decían que Uribe y su hermano Santiago fundaron el Bloque Metro de las AUC.

Álvaro Uribe

Expresidente y senador C. Democrático

17 de septiembre 2014
Salió del debate a la Corte Suprema para agregar, a una demanda que había hecho contra Cepeda, unas entrevistas que demostrarían que el senador manipulaba testigos en su contra.

16 de febrero 2018
A Uribe se le devolvió la denuncia. En un auto, la Sala Penal de la Corte* anunció que cerraba la investigación contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente por manipular testigos.

* Auto de una Sala de Instrucción de la Sala Penal en la que dos magistrados apoyaron la ponencia del magistrado José Luis Barceló.

Uribe tenía una semana para presentar un recurso en contra de la decisión. Los hechos por los que lo procesan se habrían dado justo cuando su defensa buscaba pruebas para hacer presentar ese recurso, por lo que los dos casos están vinculados.

 

Los caminos

Para recoger las pruebas en la semana que tenía, Uribe habría intentado convencer al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de Iván Cepeda, de que se retractara. Según la defensa de Uribe, fue Monsalve quien los buscó a ellos como forma de tenderle una trampa. Los contactos se habrían dado, en cualquier caso, por dos vías:

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Hernán Prada

Representante
Centro Democrático

Carlos López, ‘Caliche’

Exparamilitar y excompañero de Monsalve Bloque Metro

Juan Guillermo Monsalve

Exparamilitar Bloque Metro AUC
y testigo clave

Diego Cadena

Abogado de Uribe para
buscar testigos a su favor

Enrique Pardo Hasche

Vecino de celda de Monsalve

Camino 1

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Hernán Prada

20 de febrero 2018
Habría hablado con ‘Caliche’ para que convenciera a Monsalve de hacer un video retractándose de sus testimonios y culpando a Cepeda de haberlo manipulado.

Carlos López, ‘Caliche’

21 de febrero 2018
Vía WhatsApp le manda audios a Monsalve diciéndole que Prada y Uribe necesitan el video para el viernes 23 y que a cambio le encuentran pista en la JEP y ayudan a proteger a su familia.

Juan Guillermo Monsalve

Camino 2

Álvaro Uribe Vélez

Diego Cadena

21 de febrero 2018
Va a La Picota para hablar con Monsalve y pedirle que firme un documento retractándose para presentarlo a la Corte. Monsalve no lo recibe.

Enrique
Pardo Hasche

22 de febrero 2018
Sirve de intermediario entre Cadena y Monsalve. Se reúnen los tres. A cambio de firmar, Cadena le ofrece una acción de revisión de su caso sin cobrarle y gestionarle mejores condiciones de reclusión y seguridad.

Juan Guillermo Monsalve

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Hernán Prada

Representante Centro Democrático

Carlos López, ‘Caliche’

Exparamilitar y excompañero de Monsalve Bloque Metro

Juan Guillermo Monsalve

Exparamilitar Bloque Metro AUC y testigo clave

Diego Cadena

Abogado de Uribe para buscar testigos a su favor

Enrique Pardo Hasche

Vecino de celda de Monsalve

Camino 1

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Hernán Prada

20 de febrero 2018
Habría hablado con ‘Caliche’ para que convenciera a Monsalve de hacer un video retractándose de sus testimonios y culpando a Cepeda de haberlo manipulado.

Carlos López, ‘Caliche’

21 de febrero 2018
Vía WhatsApp le manda audios a Monsalve diciéndole que Prada y Uribe necesitan el video para el viernes 23 y que a cambio le encuentran pista en la JEP y ayudan a proteger a su familia.

Juan Guillermo Monsalve

Camino 2

Álvaro Uribe Vélez

Diego Cadena

21 de febrero 2018
Va a La Picota para hablar con Monsalve y pedirle que firme un documento retractándose para presentarlo a la Corte. Monsalve no lo recibe.

Enrique Pardo Hasche

22 de febrero 2018
Sirve de intermediario entre Cadena y Monsalve. Se reúnen los tres. A cambio de firmar, Cadena le ofrece revisar su caso sin cobrarle y gestionarle mejores condiciones de reclusión y seguridad.

Juan Guillermo Monsalve

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Hernán Prada

Representante Centro Democrático

Carlos López, ‘Caliche’

Exparamilitar y excompañero de Monsalve Bloque Metro

Juan Guillermo Monsalve

Exparamilitar Bloque Metro AUC y testigo clave

Diego Cadena

Abogado de Uribe para buscar testigos a su favor

Enrique Pardo Hasche

Vecino de celda de Monsalve

Camino 1

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Hernán Prada

20 de febrero 2018
Habría hablado con ‘Caliche’ para que convenciera a Monsalve de hacer un video retractándose de sus testimonios y culpando a Cepeda de haberlo manipulado.

Carlos López, ‘Caliche’

21 de febrero 2018
Vía WhatsApp le manda audios a Monsalve diciéndole que Prada y Uribe necesitan el video para el viernes 23 y que a cambio le encuentran pista en la JEP y ayudan a proteger a su familia.

Juan Guillermo Monsalve

Camino 2

Álvaro Uribe Vélez

Diego Cadena

21 de febrero 2018
Va a La Picota para hablar con Monsalve y pedirle que firme un documento retractándose para presentarlo a la Corte. Monsalve no lo recibe.

Enrique Pardo Hasche

22 de febrero 2018
Sirve de intermediario entre Cadena y Monsalve. Se reúnen los tres. A cambio de firmar, Cadena le ofrece revisar su caso sin cobrarle y gestionarle mejores condiciones de reclusión y seguridad.

Juan Guillermo Monsalve

 

Las pruebas

El 22 de febrero Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, fue a la Corte a decir que el exparamilitar Monsalve estaba recibiendo mensajes y visitas para cambiar su testimonio.

Con las pruebas que llevó sobre los contactos a Monsalve y otras pruebas que el CTI de la Fiscalía ayudó a encontrar, la Corte llamó a indagatoria el 24 de julio de 2018 a Uribe por la presunta manipulación de tres testigos.

Juan Guillermo Monsalve

Quién es: el testigo más clave, por ser el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez y que según él y otros exparas fue la base del Bloque Metro, al que Monsalve perteneció.

Las pruebas que se conocen

×

Grabación de reunión de Cadena con pareja de Monsalve

Fecha

 

5 de abril de 2018

 

Lugar

 

Cafetería centro de Bogotá

Grabación de una reunión entre Deyanira Gómez, compañera de Monsalve, y Cadena. En ella Gómez iba a entregar el documento de retractación firmado por Monsalve, pero no lo hace, en parte porque Cadena dice que solo puede comprometerse a revisar el caso y no a meterlo a la JEP, y en parte porque se da cuenta de que lo están grabando.

×

Interceptación a llamada entre Cadena y Uribe

Fecha

 

9 de abril de 2018

 

En una conversación telefónica Cadena le dice a Uribe que cree que Gómez es quien no deja concretar el trato y le cuenta de su reunión con ella. Uribe concluye que la reunión era una trampa del fiscal y la Corte Suprema.

*Según una columna de Daniel Coronell, la Fiscalía y la Corte tienen un reporte de 12.500 interceptaciones a Cadena hablando, entre otras personas, con Monsalve, Gómez, Pardo Hasche y Uribe.

×

Chat de Whatsapp de ‘Caliche’ a Monsalve

Fecha

 

21 de febrero de 2018

 

Conversación revelada por el periodista Daniel Coronell en la que ‘Caliche’ le envía audios a Monsalve contándole que Prada lo contactó para que le ayudara a hacer un video del testigo retractándose de su testimonio, a cambio de protección a su familia y aterrizaje en la JEP. Dice Caliche que Prada puso a Uribe en altavoz cuando se reunieron.

×

Video de reunión de Cadena y Monsalve

Fecha

 

22 febrero de 2018

 

Lugar

 

Cárcel La Picota

En el video revelado por el periodista Daniel Coronell y grabado por la cámara escondida de un reloj se oye la voz de Monsalve, que dice que no se va a retractar porque le da más cárcel, su compañero de celda Enrique Pardo Hasche, que le explica que solo tiene que decir que Cepeda le ofreció plata y lo manipuló, y Cadena, que le dice que el tiempo se acaba y que necesita que firme el recurso que presentará al día siguiente.

×

Registro ingresos y visitas de Cadena a Monsalve/Pardo Hasche

Fecha

 

22 febrero de 2018

 

Lugar

 

Cárcel La Picota

Registro ingreso de Diego Cadena Ramírez a la sala de visitas del pabellón de extraditables de La Picota el 22 de febrero, día de la reunión grabada.

Juan Carlos El 'Tuso' Sierra

Quién es: expulsado de Justicia y Paz por ser narco puro y extraditado a Estados Unidos. Dice que los congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara le ofrecieron asilo para su familia a cambio de su testimonio contra Uribe. También dice que Cadena lo contactó.

Las pruebas que se conocen

Según el auto de la Corte en el que citó a Uribe a indagatoria, el expresidente lo buscó para que hiciera un video a su favor.

 

Hilda Jeannette Niño Farfán

Quién es: exfiscal condenada por favorecer a paramilitares con beneficios de Justicia y Paz a cambio de plata.

Las pruebas que se conocen

Según el auto de la Corte en el que citó a Uribe a indagatoria, Cadena contactó a Niño para que se comprometiera a declarar que había un supuesto complot del exfiscal Eduardo Montealegre contra Santiago Uribe, a cambio de que la cambiaran de cárcel.

El auto también plantea que Cadena contactó en diferentes cárceles a exparamilitares para que, a cambio de favores políticos y plata, hicieran escritos y videos a favor de Uribe y su hermano. Las pruebas no se conocen, aunque Cadena ya aceptó que le dio plata a un expara. El abogado alegó que fue por ayuda humanitaria.

Con estas pruebas, el 24 de julio una sala de instrucción de la Sala Penal de la Corte llamó a indagatoria a Uribe por soborno y fraude procesal.

 

La no renuncia

El mismo día en que se conoció el auto de la Corte anunciando el llamado a indagatoria de Uribe, el expresidente anunció que renunciaba al Senado porque se sentía “moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa”. Esa bomba política, a dos semanas de que su pupilo Iván Duque asumiera la presidencia, ocupó todos los titulares.

Tengo en mi poder la carta de renuncia al Senado de @AlvaroUribeVel , en los próximos días, una vez cumpla su incapacidad médica, daremos el trámite correspondiente. Entretanto, en el @CeDemocratico le hemos pedido que reconsidere su decisión.

— Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) July 28, 2018

Apenas una semana después, Uribe echó para atrás su renuncia, después de que su defensa (no en cabeza de Cadena sino de Jaime Granados) logró que aceptaran una recusación contra los tres magistrados de la Sala Penal que lo llamaron a indagatoria.

He pedido al senador Ernesto Macías, Presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 1, 2018

Esa demora resultó fundamental porque cambió los jueces del proceso. Los que hay ahora fueron elegidos magistrados después, son menos conocidos y no son de la Sala Penal sino de una nueva Sala Especial de Instrucción que servirá para que los congresistas, como Uribe, puedan tener dos instancias en la Corte.

Esa Sala es una suerte de fiscalía: revisa el caso, recopila pruebas, escucha a los denunciantes (cuando hay), a las víctimas, a la defensa y a la Procuraduría, y decide si acusa a las personas ante la Sala de Primera Instancia de la misma Corte, o si precluye la investigación en su contra.

 

La detención

Un año y varios meses después de la llamada a indagatoria, Uribe se presentó ante 5 magistrados de la nueva Sala Especial de Instrucción Penal de la Corte Suprema. La sexta y única mujer, Cristina Lombana, está por fuera del caso porque sus colegas aceptaron una recusación de Cepeda, por ser oficial activo del Ejército (recientemente renunció).

Ellos cinco fueron los que decidieron que hay elementos suficientes para detener preventivamente al expresidente.

Ellos mismos deben decidir si lo acusan ante la Sala de Primera Instancia, donde en ese caso avanzaría el juicio en su contra.

César Reyes Medina

El que tiene la función más importante, como ponente, hizo carrera como defensor público (abogado que paga el Estado para defender en los procesos penales a las personas que no tienen abogado) y litigante, por lo que de todos es el que tiene menos experiencia como juez.

Abogado de La Gran Colombia especializado en penal, derechos humanos y en docencia universitaria, su principal fortaleza está en el procedimiento, el sistema acusatorio y la oralidad, temas de los que ha escrito y ha sido consultor para Usaid en varios países latinoamericanos.

Su mano derecha en la Corte es su antiguo socio en la empresa Litigación y Oralidad, el exdirector nacional de Fiscalías, Fernando Jiménez Montes.

Marco Antonio Rueda Soto

El de más experiencia como juez penal y el principal candidato de la Sala Penal para elegir magistrados de la Sala de Instrucción, venía de ser magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Antes hizo toda la carrera judicial, desde juez promiscuo municipal hasta Fiscal delegado ante la Corte, incluyendo haber sido juez y luego magistrado de la justicia sin rostro, encargada de los casos más peligrosos contra el crimen organizado en los años 90.

Héctor Alarcón Granobles

Trabajó en la Procuraduría y ha sido abogado asistente y magistrado auxiliar de la Sala Penal, donde investigó la parapolítica como parte de la comisión especial que encabezó Iván Velásquez, especializado en Antioquia.

El exjefe paramilitar ‘Don Berna’ lo acusó, junto con Velásquez, de haber ofrecido beneficios a otros exparas para enlodar a Uribe y a su primo, el entonces senador Mario Uribe.

El jefe para Salvatore Mancuso luego dijo que la acusación de Berna era parte de las movidas de Uribe para desprestigiar a la Corte en retaliación por la investigación por parapolítica a su primo, que terminó condenado.

De hecho, el testigo contra Alarcón dijo que había dicho mentiras y la Fiscalía encontró en 2009 que todo era un montaje, pero el magistrado salió de la Corte en medio de una ruptura grande que tuvo la mayoría de la Sala Penal con Velásquez, en 2008.

Luego volvió a la Corte y su último cargo antes de entrar la Sala de Instrucción fue ser magistrado auxiliar de Fernando Castro en la Sala Penal.

Francisco Farfán

Este abogado cesarense de Los Andes ha mezclado el penal con el disciplinario y los derechos fundamentales.

Fue procurador delegado ante la Sala Penal y director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría cuando su coterráneo Edgardo Maya era Procurador General. Es cercano a Carlos Arturo Gómez Pavajeau, también cesarense y viceprocurador de Maya.

Fue litigante, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura entre 1999 y 2001, director de la Escuela Judicial y asesor del Programa Presidencial Antisecuestro, entre otros.

Misael Rodríguez

El de más experiencia en investigación penal, hizo carrera en la Fiscalía, donde arrancó como investigador del CTI para luego ser fiscal, y llegó hasta a ser delegado ante la Corte Suprema, donde llevó casos tan sonados como el de las chuzadas del DAS con decisiones tan fuertes como enviar a Mario Aranguren a La Picota, y director de Fiscalía de derechos humanos de Eduardo Montealegre.

En ese cargo avanzó en procesos como el del asesinato del periodista Orlando Sierra, por el que terminó condenado el político liberal Ferney Tapasco o las mismas chuzadas. Terminó saliendo después de que una fiscal de su unidad decidió dejar el libertad al violador de Jineth Bedoya.

 

 

Los otros testimonios

La defensa de Uribe le apunta a mostrar que los acercamientos con Monsalve sí existieron pero vinieron de él, como parte de un complot para enlodarlo. Los testimonios que indiquen por lo menos que fue Monsalve quien buscó a Uribe, y no al revés, benefician al expresidente, mientras que los que señalen lo contrario lo perjudican.

Además de la versión de Uribe, la Sala de Instrucción espera el testimonio de estas personas:

Pase el cursor sobre cada cara para conocer el perfil.

Sector: Político Abogado Exparamilitar Otros

Ayuda a Uribe

Álvaro Hernán Prada
Quién es: representante huilense del Centro Democrático, también está llamado a indagatoria, el 9 de octubre.
Relación con el caso: fue uno de los intermediarios que habló con el expara ‘Caliche’ para que Monsalve hiciera un video con una retractación de su testimonio que favoreciera a Uribe.
Qué ha dicho: que no buscó a Monsalve para que cambiara su testimonio sino que un amigo de Monsalve, ’Caliche’, lo contactó a través de amigos suyos del Huila porque Monsalve quería retractarse.

Diego Javier Cadena
Quién es: uno de los abogados de Uribe, poco conocido hasta ahora y con trayectoria en negociaciones entre narcos y la justicia.
Relación con el caso: aparece mencionado varias veces en el expediente. Visitó el 21 y el 22 de febrero a Juan Guillermo Monsalve para que supuestamente cambiara su testimonio. La primera vez Monsalve no lo recibió. Además, dentro del proceso que tiene el hermano del expresidente, Santiago Uribe, la Corte tiene pruebas de que buscó a la exfiscal Hilda Niño Farfán para que desacreditara el caso.
Qué ha dicho: que todo hace parte de un montaje contra Uribe.

Jaime Lombana Villalba
Quién es:penalista famoso, abogado de Uribe. \
Relación con el caso:entró con su suegra a la Picota el 22 de febrero, mismo día en que el abogado Cadena visitó a Monsalve. Ha dicho que fueron a visitar a Enrique Pardo Hasche, cuñado de su suegra y no tuvieron nada que ver con la reunión de Monsalve y Cadena.
Qué ha dicho: que todo hace parte de un montaje y que no se reunió con Monsalve ese día.

Luis Eduardo Montealegre
Quién es:exfiscal General de la Nación, cuando fue elegido en 2012 fue señalado por algunos como uribista, pero culminó su período en las antípodas de Uribe, en parte porque fue un claro defensor del Acuerdo con las Farc.
Relación con el caso: según ‘el Tuso’, junto con su vicefiscal, Jorge Perdomo, y el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló le ofrecieron mantenerlo en Justicia y Paz si declaraba contra Uribe.
Qué ha dicho:no se ha pronunciado públicamente. No se sabe cómo impactará su testimonio a Uribe

Jorge Fernando Perdomo
Quién es:penalista, fue vicefiscal general de Eduardo Montealegre.
Relación con el caso:Según el expara extraditado ‘el Tuso Sierra’, junto con el exfiscal Montealegre y el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló le ofrecieron mantenerlo en Justicia y Paz si declaraba contra Uribe.
Qué ha dicho: no se ha pronunciado públicamente. No se sabe cómo impactará su testimonio a Uribe.

Máximo Cuesta Valencia, ‘Sinaí’ Quién es: exparamilitar condenado y encarcelado por el asesinato de Gustavo Soler Mora, sindicalista de la Drummond.
Relación con el caso: en 2012 lo habría buscado Iván Cepeda, a través de la abogada María Mercedes Arroyave, para que declarara contra Santiago Uribe.
Qué ha dicho: firmó una carta en julio de 2018 apoyando esa versión y diciendo que Monsalve no fue paramilitar. No se sabe qué dijo ante la Corte.

Giovanny Alberto Cadavid Quién es: exparamilitar condenado y encarcelado.
Relación con el caso: en 2012 lo habría buscado Iván Cepeda, a través de la abogada María Mercedes Arroyave, para que declarara contra Santiago Uribe.
Qué ha dicho: firmó una carta en julio de 2018 apoyando esa versión y diciendo que Monsalve no fue paramilitar. No se sabe qué dijo ante la Corte.

Elmo José Mármol, ‘Poli’ Quién es: exparamilitar condenado y encarcelado por el asesinato de Anuar Yaver Cortez, líder liberal del sur del Cesar.
Relación con el caso: en 2012 lo habría buscado Iván Cepeda, a través de la abogada María Mercedes Arroyave, para que declarara contra Santiago Uribe.
Qué ha dicho: firmó una carta en julio de 2018 apoyando esa versión y diciendo que Monsalve no fue paramilitar. No se sabe qué dijo ante la Corte.

Darley Guzmán Pérez, ‘Jopra’ Quién es:exparamilitar del bloque Cacique Pipintá, que no se desmovilizó con el resto de las AUC.
Relación con el caso: era escolta de Pablo Hernán Sierra, comandante del Bloque y uno de los testigos clave contra Uribe.
Qué ha dicho: Es uno de los testigos de la defensa de Uribe, aunque no hay detalles de lo que ha dicho.

Fauner José Barahona, ‘Racumin’
Quién es: exparamilitar de los Llanos, está en la cárcel.
Relación con el caso:por mediación del exjefe Pablo Hernán Sierra, le sirvió de testigo a Cepeda.
Qué ha dicho: ha dicho que no le consta la relación de Uribe con los paras, que no recibió sobornos y que el senador del Polo <patrocinaba un mejor trato para Monsalve en la cárcel por ser testigo contra Uribe.

Hamilton Mosquera Hernández
Quién es:exparamilitar, aparece como uno de los contactos del condenado exgobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco, con las AUC.
Relación con el caso: Uribe pidió que la Corte lo llamara. El expresidente dice que en una correría política por Pacho, Cundinamarca, antes de las elecciones presidenciales de 2018, Mosquera lo abordó y le dijo que el senador Cepeda y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, lo habían buscado para que rindiera un falso testimonio para incriminar al expresidente.
Qué ha dicho:no sabemos.

Enrique Pardo Hasche
Quién es:compañero de celda del testigo clave Juan Guillermo Monsalve. Está condenado a 29 años de cárcel por secuestro.
Relación con el caso: intermedió para que Monsalve se reuniera con el abogado de Uribe, Diego Cadena, y trató de convencerlo de decir que Cepeda lo había manipulado.
Qué ha dicho: que Monsalve le dijo que se quería retractar y él sirvió de intermediario. Que su compañero de celda le confesó que todo lo que ha dicho contra Uribe es mentira.

María Mercedes Williamson
Relación con el caso:suegra del abogado de Uribe, Jaime Lombana, y cuñada de Enrique Pardo Hasche, compañero de celda del testigo clave Juan Guillermo Monsalve. Fue a visitar a Pardo el mismo día que el abogado Diego Cadena se reunió con el testigo Monsalve.
Qué ha dicho: que ni ella ni Lombana se reunieron con Monsalve y que en los diez años que lleva visitando a su cuñado, jamás ha cruzado palabra con él.

Rodrigo Vidal Perdomo
Quién es:veterinario nacido en Neiva. Fue presidente del Comité de Ganaderos de San Vicente del Caguán en 2002, pero hoy vive en una finca de su familia en Neiva. Fue presidente del Centro Democrático en Garzón en 2014.
Relación con el caso:Según la versión de Prada, fue quien le dijo que Monsalve quería retractarse de sus señalamientos a Uribe y quien le presentó a Caliche, que dijo conocer a Monsalve. Vidal llegó a Prada por medio de Hernando Mauricio Marroquín.
Qué ha dicho: Que él buscó hablar con Prada y le presentó a Caliche, que a su vez conoce a Monsalve y le tenía el mensaje de que quería cambiar su testimonio.

Hernando Mauricio Marroquín
Quién es:Ingeniero agrónomo, es pariente lejano del exsenador Hugo Tovar Marroquín y fue coordinador de Neiva para su campaña a Senado el año pasado por el Partido Conservador.
Relación con el caso:según la versión de Prada, tanto él como el entonces candidato Tovar Marroquín, fueron el enlace y le insistieron al Representante para que hablara con Caliche.
Qué ha dicho: que Rodrigo Vidal, el contacto con el expara Caliche, buscó a Hugo Tovar en la sede de su campaña y que como no estaba, él lo atendió. Según él, Vidal le dijo que tenía un señor que tenía contacto con Monsalve y que quería retractarse y decir la verdad sobre Uribe. También le dijo que con quién podía hablar y primero le preguntó por el senador Ernesto Macías, pero Marroquín le dijo que con él no se hablaba, pero sí con Prada. Que entonces llamaron a Prada, le contaron, y él dijo que se vieran esa tarde en el aeropuerto de Neiva. A esa reunión fueron Marroquín, Vidal y Caliche y le contaron a Prada el mensaje que querían darle al expresidente.

Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández
Quién es: coronel a cargo de la seguridad de Uribe.
Relación con el caso: según Uribe, estuvo presente cuando Hamilton Mosquera, un expara, lo abordó para decirle que el senador Cepeda lo había buscado para que declara en su contra.
Qué ha dicho:no sabemos.

Hilda Niño Farfán
Quién es: exfiscal condenada por beneficiar a paramilitares en procesos judiciales por plata.
Relación con el caso:es clave por dos vías. Una es que dice, como ,reveló El Espectador, que los procesos contra Uribe y su hermano Santiago son parte de un complot de la fiscalía de Eduardo Montealegre, que habría presionado a exparas que se postulaban a Justicia y Paz para que declararan en contra de ellos a cambio de beneficios judiciales. La otra es que la Corte tiene pruebas de que Diego Cadena, abogado de Uribe, la buscó para que declarara en el caso de Santiago Uribe por el expediente de Los 12 Apóstoles y dijera que fue un montaje.
Qué ha dicho: Niño dice que todo es un complot de la Fiscalía y de la Corte contra Uribe.

 

 

 

No se sabe o no es claro

Hugo Tovar Marroquín
Quién es:exsenador de origen liberal, militó en el uribismo y luego en el conservatismo.
Relación con el caso:que no fue intermediario y que conoce a Prada hace años por su militancia en el uribismo. Que Vidal sí lo buscó para decirle que hablara con Caliche, pero que él no estaba cuando fue a su sede de campaña y se vino a enterar que lo buscó por los medios. Que con Uribe no se habla desde las elecciones a Congreso, porque no clasificó en la lista del Centro Democrático a Senado en 2018. No es claro cómo impactará su testimonio a Uribe.
Qué ha dicho:no sabemos.

Hernando Torres Barrera
Quién es:excongresista conservador boyacense.
Relación con el caso: según dijo el expresidente Uribe, Torres lo buscó para decirle que su familia conocía a la exfiscal Hilda Niño Farfán (condenada por corrupción) y que ella quería dar a conocer irregularidades del caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente, y el grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’. Que por eso Uribe le dijo a su abogado, Diego Cadena, que la contactara. Pero la Corte tiene otra versión: que Cadena sí la contactó para que declarara en el proceso contra Santiago Uribe, pero para que dijera que altos funcionarios de la Fiscalía se habían confabulado para acusarlo, a cambio de cambiarla a ella de centro de reclusión.
Qué ha dicho:no sabemos.

María Claudia Daza Castro
Quién es:vallenata, uribista desde 2001 y vicecónsul de Uribe en Miami, ahora lo asesora en el Senado.
Relación con el caso:no es claro.
Qué ha dicho:no sabemos, aunque probablemente ayude a Uribe.

Samuel Arturo Sánchez Cañón
Quién es: abogado caldense detenido en mayo de 2018, cuando la Fiscalía le imputó cargos por supuestamente manipular testimonios a favor de un delincuente.
Relación con el caso: ha ayudado al abogado de Uribe, Diego Cadena, en todo el caso.
Qué ha dicho:no sabemos.

Juan José Salazar Cruz
Quién es: abogado de la oficina del abogado de Uribe, Diego Cadena.
Relación con el caso:ha ayudado a Cadena con todo el caso. Estuvo en una reunión con la exparamilitar alias Diana, también llamada a dar su testimonio en la Corte y quien fue contactada por Cadena para testificar a favor de Uribe.
Qué ha dicho:no sabemos, aunque probablemente lo ayude.

Maria Mercedes Arroyave
Quién es: abogada de varios exparamilitares, incluyendo los testigos clave Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.
Relación con el caso:según Cepeda, ella lo buscó para que hablara con Sierra porque quería hacer una denuncia.Después también fue el contacto con Monsalve y el senador. Varios exparamilitares han dicho que fue el puente con Cepeda para que éste los buscara y les ofreciera ayuda a cambio de testificar contra Uribe.
Qué ha dicho:probablemente confirmará la versión de que buscó a Cepeda por petición de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Pero no se sabe cómo impactará su testimonio a Uribe.

Héctor Romero Agudelo
Quién es:abogado del expara Juan Guillermo Monsalve, el testigo central de Cepeda contra Uribe y al que Uribe habría intentado manipular.
Relación con el caso: E estuvo en la reunión clave del 22 de febrero en La Picota entre Monsalve, su compañero de celda Enrique Pardo y el abogado de Uribe, Diego Cadena.
Qué ha dicho: no sabemos.

Euridice Cortés Velasco, ‘Diana’
Relación con el caso: por petición de Cadena grabó un video en 2018 contra la versión del expara Pablo Hernán Sierra de que él mismo fue fundador del Bloque Metro. Sierra es un testigo clave en las denuncias de Cepeda contra Uribe por su relación con el paramilitarismo.
Qué ha dicho:que no es cierto que Uribe haya tenido vínculos con paramilitares. Pero también, que Cadena, el abogado de Uribe, le dio 700 mil pesos en “viáticos” para que buscara a otros paramilitares que pudieran ser útiles en la defensa del expresidente. No es claro cómo impactará su testimonio a Uribe.

Jhon Jaime Cárdenas, ‘Fosforito’
Quién es:exparamilitar del Bloque Calima y excompañero de cárcel del expara Pablo Hernán Sierra, testigo clave en las denuncias presentadas por Cepeda contra Uribe en los debates de control político.
Relación con el caso: en 2014 el expresidente entregó su testimonio como prueba en su denuncia por manipulación de testigos contra Cepeda. ‘Fosforito’ dijo que Pablo Hernán Sierra le pidió declarar sobre lo que pasaba en la hacienda Guacharacas y que le dijo que lo preparaba con lo que debía decir.
Qué ha dicho:no sabemos.

José Gelvez Albarracín, ‘El Canoso’
Quién es: exparamilitar, se sometió a la JEP a cambio de información sobre la relación entre Drummond y el paramilitarismo.
Relación con el caso:según Cepeda, en sus visitas a las cárceles como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, ‘El Canoso’ se le acercó le dijo que lo querían extraditar por haber declarado ante una fiscal de Justicia y Paz que Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente, tuvieron vínculos con el expara Hernán Giraldo. Cepeda llevó esa información a la Fiscalía y al noticiero de la Cámara de Representantes. Por esa nota el expara Pablo Hernán Sierra buscó al senador para hablarle sobre la supuesta participación de Uribe y su hermano en la creación del Bloque Metro.
Qué ha dicho:no sabemos.

Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra
Quién es:narco que se metió a las AUC para beneficiarse del proceso de Justicia y Paz por la negociación con el Gobierno Uribe. Terminó extraditado por ese mismo Gobierno.
Relación con el caso: Es uno de los tres testigos a los que Uribe habría tratado de manipular pidiéndole que hiciera un video que lo beneficiara.
Qué ha dicho: que en 2009 se reunió con Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, y que los entonces senadores le ofrecieron conseguirle asilo a su familia si daba una declaración vinculando a Santiago y Álvaro Uribe con las AUC. No es claro cómo impactará su testimonio a Uribe.

Salvatore Mancuso Gómez
Quién es:uno de los más visibles jefes paramilitares. Se desmovilizó en 2005 gracias a la negociación de las AUC con el Gobierno Uribe y en 2008 lo extraditó ese mismo Gobierno, por narcotráfico. Está preso en Atlanta, Estados Unidos.
Relación con el caso: como ‘el Tuso’, que dijo que lo habían buscado para que declarara contra Uribe, Mancuso tuvo una reunión con los senadores Rodrigo Lara e Iván Cepeda y la política Piedad Córdoba en Estados Unidos. Pero no es clara su relación con los hechos de febrero de 2018.
Qué ha dicho: que tiene un documento listo para entregar a las autoridades. No ha hablado sobre lo que sucedió en la reunión con los congresistas, señalando que lo hará ante las autoridades judiciales, aunque confirmó que la reunión sí existió. “Voy a declarar la verdad, convéngale a quien le convenga y perjudique a quien perjudique, pero que sea la justicia la que decida si hubo o no direccionamientos al respecto”, dijo por ejemplo a la W Radio. En otros testimonios Mancuso ha dicho que Uribe apoyó a las Autodefensas y que se reunió con él. No se sabe cómo impactará su testimonio a Uribe aunque probablemente lo afecte.

Eduardo Soto Castillo
Quién es:no hay datos.
Relación con el caso: no es clara.
Qué ha dicho: no sabemos.

Victoria ‘Vicky’ Jaramillo
Quién es:militante uribista y asesora política.
Relación con el caso: le dijo a Uribe que Juan Guillermo Monsalve lo estaba buscando para retractarse.
Qué ha dicho:que solo llevó una razón y no conoce directamente a Monsalve. No es claro cómo impactará su testimonio a Uribe.

Fabián Rojas
Quién es:abogado, es asesor de Álvaro Uribe en el Senado desde 2016.
Relación con el caso: Uribe habría llamado a Rojas justo después de que el expara Hamilton Mosquera lo abordara en plena campaña presidencial de 2018 para mencionarle que habría un complot en su contra.
Qué ha dicho:no sabemos,aunque probablemente lo ayude.

 

 

 

Afecta a Uribe

Piedad Córdoba
Quién es:conocida política de origen liberal.
Relación con el caso: según el extraditado expara ‘el Tuso Sierra’, Lara le ofreció con Cepeda y Piedad Córdoba beneficios para que entregara información sobre supuestos nexos de los hermanos Uribe Vélez con paramilitares.
Qué ha dicho: que la reunión con El Tuso fue autorizada por el Congreso de la República y que no le ofreció nada.

Rodrigo Lara Restrepo
Quién es:senador de Cambio Radical.
Relación con el caso: según el extraditado expara ‘el Tuso Sierra’, Lara le ofreció con Cepeda y Piedad Córdoba beneficios para que entregara información sobre supuestos nexos de los hermanos Uribe Vélez con paramilitares.
Qué ha dicho: el 8 de agosto de 2018 en un debate en W Radio dijo que el viaje a Estados Unidos fue una visita oficial para buscar cooperación con el Departamento de Estado. “Está informado el Congreso, informada la Fiscalía, se trató de ir a buscar mecanismos de cooperación judicial. Cuando se extraditó a estos señores, se extraditó sin mecanismos de cooperación”, dijo.

Iván Cepeda Castro
Quién es:senador del Polo Democrático, es uno de los más fuertes críticos de Uribe por el crecimiento del paramilitarismo mientras era Gobernador de Antioquia.
Relación con el caso:en un debate en el Congreso en 2012 presentó los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, dos exparas que decían que en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, se habría creado el Bloque Metro de las AUC. Uribe negó esas versiones recopiladas por Cepeda como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y lo denunció en la Corte por fraude procesal, calumnia y abuso en función pública.
El 17 de septiembre de 2014 Cepeda hizo otro debate sobre paramilitarismo en Antioquia. Ese mismo día Uribe le pidió a la Corte que investigara al senador por supuestos ofrecimientos a testigos a cambio de que declararan contra él y su hermano Santiago. Tres años después, la Corte desestimó la denuncia, dijo que Cepeda hizo esas entrevistas en su rol de congresista y abrió la puerta para investigar al expresidente por manipulación de testigos. Todo el caso nace a partir de lo que habría hecho la defensa de Uribe para obtener testimonios que le dieron fuerza a su recurso contra esa decisión.
Qué ha dicho: Cepeda habló el viernes 4 de octubre en la Corte. Su testimonio es clave porque es el que desató la denuncia de Uribe y la decisión de la Corte de investigar al expresidente en vez de él, pero no sabemos qué dijo.

Iván Velásquez Gómez
Quién es: exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, encabezó la comisión especial que creó la Sala Penal para investigar la parapolítica en Colombia. Por eso, desde hace más de 10 años es visto por muchos uribistas como un rival, fue víctima de las chuzadas y de intentos por deslegitimarlo, y tiene un proceso penal contra Uribe por injuria y calumnia.
Relación con el caso: según el extraditado expara ‘el Tuso Sierra’, Lara le ofreció con Cepeda y Piedad Córdoba beneficios para que entregara información sobre supuestos nexos de los hermanos Uribe Vélez con paramilitares. según Uribe, un exparamilitar lo abordó en la campaña presidencial de 2018 para decirle que Velásquez y el senador Cepeda le habían ofrecido beneficios a cambio de testificar contra él.
Qué ha dicho: no ha hablado públicamente. Dio su testimonio el viernes 4 de octubre.

Pablo Hernán Sierra,‘Alberto Guerrero’
Quién es:exparamilitar del Bloque Cacique Pipintá, que no se desmovilizó con el resto de las AUC, por eso nunca pudo entrar a Justicia y Paz.
Relación con el caso:fue el primer expara que le dio la versión a Cepeda sobre la supuesta participación de Uribe en la fundación del Bloque Metro y uno de los que llevan años señalando al expresidente de tener vínculos con el surgimiento del paramilitarismo.
Qué ha dicho:que los hermanos Uribe Vélez, Santiago Gallón y los hermanos Luis y Juan Guillermo Villegas crearon el Bloque Metro de las AUC. Pocos días antes de dar su testimonio ante la Corte, le dijo a La W que tiene un video que supuestamente demostraría las relaciones entre Uribe y los paras antioqueños, de una reunión en el Magdalena Medio entre 1998 y 1999.

Carlos Enrique Vélez, ‘Víctor’
Quién es:exparamilitar condenado y encarcelado.
Relación con el caso: el expresidente entregó un testimonio suyo diciendo que Cepeda le había ofrecido beneficios a cambio de que declarara contra Uribe, como prueba en su denuncia contra el senador.
Qué ha dicho: dijo que Cadena le dio casi 40 millones de pesos a cambio de que testificara a favor de Uribe, uno de los elementos que tiene más emproblemado a Cadena. El abogado no lo negó, pero dijo que fue por razones humanitarias, y que de hecho lo hizo dejando rastros para poderlo probar de ser necesario. Además, unos audios que reveló La W dan a entender que Vélez estaba buscando dinero o beneficios por su testimonio.

Juan Carlos Giraldo
Quién es:veterano periodista, experto en fuente judicial, fue cercano a Montealegre. Salió de RCN en 2015 y tuvo un breve paso por Caracol y Blu radio ese mismo año, que terminó por lo que el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, llamó “un manto de dudas”.
Relación con el caso: Giraldo se reunió con ‘el Tuso’ después de que el exnarco salió de la cárcel. Según ‘el Tuso’, Giraldo le dijo que si declaraba contra Uribe, el fiscal Eduardo Montealegre, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló lo mantenían en Justicia y Paz. Giraldo dice que solo lo entrevistó y le dio la razón al exfiscal Montealegre de que Giraldo necesitaba ayuda con su pasaporte.
Qué ha dicho: : que la versión del Tuso es falsa.

 

Lo que puede venir

Lo primero que podría ocurrir es que el defensa de Uribe reponga la decisión de detenerlo, es decir, use un recurso para ver si la tumba. Lo difícil es que decidirían los mismos magistrados de la Sala de Instrucción.

También es posible que su abogado, Jaime Granados, busque otros mecanismos como nulidades para buscar tumbar la detención.

Entre tanto, ésta puede durar hasta un año, en paralelo con el proceso para la otra gran decisión que debe tomar la Sala de Instrucción.

Su principar labor es decidir si acusa a Uribe ante la Sala de Primera Instancia de la misma Corte Suprema, o si encuentra que no hay suficientes elementos para eso y precluye la investigación en su contra.

La Sala de Primera Instancia, que tiene tres magistrados y existe desde 2018, sería quien definiría si es culpable o inocente. Una eventual condena podría ser apelada ante la Sala Penal de la Corte.

 

 

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Para seguir leyendo sobre el caso de Uribe:

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Lo que hizo hoy la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, al cobijar con medida de aseguramiento domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez, fue apenas definir la libertad del expresidente y senador, mientras lo sigue investigando por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno.

Todavía faltan varias etapas antes de la decisión final.

La Sala se decidió tras tres días de discusión de la ponencia del magistrado Cesar Reyes, quien asumió el caso luego de que la magistrada Cristina Lombana se declarara impedida para conocer los casos del expresidente.

Aún no se conocen detalles del debate, pero lo que se había filtrado hasta ahora es que durante la primera sesión, el pasado jueves, tres magistrados, incluido Reyes, estaban a favor de que Uribe quedara detenido; y que finalmente todos habrían coincidido en que sí era necesario.

Esta decisión solo se toma si se cumplen por lo menos una de estas condiciones: que puede afectar el proceso estando en libertad, represente un peligro para la comunidad o pueda volarse.

Por eso, según nos dijeron tres abogados penalistas por aparte, en el expediente contra Uribe deben existir pruebas con indicios muy contundentes.

Sin embargo, esta determinación solo marca otro paso dentro del proceso del expresidente, quien deberá estar detenido en el domicilio que él elija, por lo menos durante un año que es lo máximo que puede durar, en principio, esa detención preventiva.

Este es el camino que deberá transitar el caso.

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El origen del proceso por el que a partir de hoy, y al menos durante un año, estará detenido preventivamente Álvaro Uribe, tiene su origen hace nueve años. Y paradójicamente, el caso nace de una denuncia que el expresidente puso contra el senador opositor Iván Cepeda.

Esta es la cronología detallada de lo que ha pasado, para entender mejor el hecho histórico de hoy, en un camino en el que se conectan varios personajes y distintos procesos alrededor de un mismo poderoso personaje.

El origen de todo

Septiembre 2011

Iván Cepeda

El entonces congresista del Polo presentó en la Fiscalía la declaración de dos exparas, Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, que decían que Uribe y su hermano Santiago habían participado en la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia en San Roque y en la conformación del Bloque Metro.

Febrero 2012

Álvaro Uribe

El expresidente denunció a Cepeda por supuestamente presentar testimonios falsos. Según su denuncia, el congresista "falsamente se valió de sus funciones parlamentarias para buscar declaraciones que implicaran al expresidente y a su hermano Santiago (...) con el único fin de hacerles daño".

11 abril 2012

Iván Cepeda

En un debate de control político, el Senador presentó testimonios de exparamilitares que involucraban a Santiago Uribe, hermano del expresidente, en la creación del grupo paramilitar Los 12 apóstoles. También pidió establecer la eventual responsabilidad de los Uribe Vélez en crímenes ocurridos en el nordeste antioqueño.

4 agosto 2020

Juan Guillermo Monsalve

El expara e hijo del exmayordomo de la finca Guacharacas, de los Uribe Vélez, declaró la Fiscalía que el Expresidente y su hermano, Santiago, entre otros, crearon entre 1996 y 1997 el Bloque Norte de las Autodefensas. Con eso se convirtió en testigo clave en todo el proceso.

El debate que marcó la historia

17 septiembre 2014

Iván Cepeda

En un nuevo debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el Congreso, que se ha vuelto con el tiempo un referente, Cepeda presentó testimonios de los mismos dos exparas del debate de 2012, que decían que Álvaro y Santiago Uribe fundaron el Bloque Metro de las AUC.

17 septiembre 2014

Álvaro Uribe

El Senador salió del debate de Iván Cepeda a la Corte Suprema para agregar a la demanda de 2012 contra Cepeda unas entrevistas que demostrarían que el congresista de la izquierda manipulaba testigos en su contra.

El boomerang

16 febrero 2018

La Sala Penal de la Corte Suprema anunció que cerraba la investigación contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente por supuestamente manipular testigos.

Uribe tenía una semana para presentar un recurso en contra de la decisión. Los hechos por los que hoy se le dictó medida de aseguramiento se habrían dado en esos días, cuando su defensa buscaba pruebas para presentar ese recurso.

Por eso, los dos casos están vinculados.

Los tres días clave

20 febrero 2018

Álvaro Hernán Prada

Carlos López ‘Caliche’

El representante del Centro Democrático Prada habría hablado con el paramilitar ‘Caliche’ para que convenciera al expara y testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, de retractarse de su testimonio contra Uribe. Y para que culpara a Cepeda de haberlo manipulado.

21 febrero 2018

Carlos López ‘Caliche’

Juan Guillermo Monsalve

‘Caliche’ le manda a Mosalve vía WhatsApp unos audios diciéndole que Prada y Uribe necesitan un video para el viernes 23 de ese mes (fecha en la que se vencía el plazo para que Uribe presentara el recurso) y que a cambio le encontrarían pista en la JEP y daría protección a su familia.

21 febrero 2018

Diego Cadena

El entonces abogado de Uribe va a La Picota para hablar con Monsalve y pedirle que firme un documento retractándose para presentarlo a la Corte. Monsalve no lo recibe.

22 febrero 2018

Enrique Pardo Hasche

Diego Cadena

Juan Guillermo Monsalve

Hasche, compañero de celda de Monsalve, sirve de intermediario entre Cadena y el exparamilitar.

Se reúnen los tres en La Picota. A cambio de firmar, Cadena supuestamente le ofrece a Monsalve revisar su caso sin cobrarle y gestionarle mejores condiciones de reclusión y seguridad.

Las pruebas clave llegan a la Corte

22 febrero 2018

Reinaldo Villalba

Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, fue a la Corte a decir que el exparamilitar Monsalve estaba recibiendo mensajes y visitas para cambiar su testimonio.

La Corte le toca la puerta a Uribe

24 julio 2018

Corte Suprema

Con las pruebas que llevó Villalba sobre los contactos a Monsalve y otras que el CTI de la Fiscalía ayudó a encontrar, la Corte llamó a indagatoria a Uribe por la presunta manipulación de tres testigos.

La renunciada y la patraseada

24 julio 2018

Álvaro Uribe

El mismo día en que se conoció el auto de la Corte anunciando el llamado a indagatoria de Uribe, el expresidente aseguró que renunciaba al Senado porque se sentía “moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa”.

1 agosto 2018

Álvaro Uribe

Apenas una semana después, Uribe echó para atrás su renuncia, después de que su defensa (no en cabeza de Cadena sino del abogado Jaime Granados) logró que aceptaran una recusación contra los tres magistrados de la Sala Penal que lo llamaron a indagatoria.

Los nuevos magistrados encargados del caso

17 septiembre 2018

César Reyes

Héctor Alarcón

Misael Rodríguez

Francisco Farfán

Marco Antonio Rueda

La Corte Suprema eligió a los cinco magistrados de la nueva Sala de Instrucción Penal, que investiga a Uribe. La sexta y única mujer, Cristina Lombana, quedó por fuera del caso porque sus colegas aceptaron una recusación de Cepeda, por ser oficial activa del Ejército.

La indagatoria

Septiembre - octubre 2019

Corte Suprema

Un año y varios meses después de la llamada a indagatoria Uribe se presentó ante los cinco magistrados. La defensa del Senador le apuntó a mostrar que los acercamientos con Monsalve sí existieron pero vinieron del exparamilitar, como parte de un complot para enlodarlo.

Durante esos días, 39 personas también presentaron testimonios ante la Corte. Entre ellos había políticos, abogados y exparamilitares, algunos que con sus testimonios ayudaban a Uribe y otros que lo afectaban.

Lo que vino después de la indagatoria

5 noviembre 2019

Jaime Granados

El abogado de Uribe, Jaime Granados, presentó sus alegatos ante la Corte Suprema después de la indagatoria a Uribe. Pidió que no lo envíen a la cárcel porque no hay indicios graves contra él.

El primer expresidente detenido

Para seguir leyendo sobre el caso de Uribe:

En vivo: la detención de Uribe, explicadita.Al camino del caso Uribe le faltan varias estacionesEl proceso por el que Uribe está en domiciliaria, de pe a pa

Desde hace unas horas está circulando en redes un audio de Paola Holguín, senadora del Centro Democrático. 

En la grabación, Holguín le pide a la reserva activa (los militares retirados) que apoye al expresidente y senador Álvaro Uribe, después de la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de darle medida de aseguramiento por el proceso de falsos testigos. 

Este es el audio que está moviéndose por redes:

A través de su cuenta de prensa, la senadora del Centro Democrático confirmó haber sido la autora del mensaje. Holguín publicó la transcripción del texto en la que se ve que su mensaje sí iba dirigido a que la reserva activa apoyara al expresidente. 

- @HELIODOPTERO La Senadora @PaolaHolguin como demócrata en ningún momento está haciendo llamados a la violencia. Este es el mensaje de la Senadora, transcripción literal del audio que circula pic.twitter.com/OwzJeVSpxk

— #PaolaMiSenadora (@PaolaSenadora) August 4, 2020

Holguín, que está en la comisión segunda del Senado (que trata de temas de seguridad y defensa, y define los ascensos de los generales) tiene una relación cercana con algunos militares en retiro, y apoyó su presencia en listas uribistas en las elecciones regionales de 2015.

Además, los invitó a participar en la marcha uribista antiSantos y contra la corrupción de 2017 

Invitación a la Reserva Activa a marchar #VamosALaCalle#1DeAbrilALaCalle#MarchemosPorColombiapic.twitter.com/2UjpBJ3bMX

— Paola Holguín  (@PaolaHolguin) March 15, 2017

Además, es permanente defensora de los militares, y por ejemplo salió en defensa del general Nicacio Martínez en pleno escándalo por chuzadas ilegales e instrucciones que podían ser el germen de nuevos falsos positivos el año pasado.

O este año, ante los perfilamientos a activistas, periodistas y políticoss dijo que había "sectores  interesados en estigmatizar la inteligencia y contrainteligencia, en resquebrajar la institucionalidad que duros golpes le ha dado a la criminalidad"

Calificamos el mensaje de audio que se mueve en redes como cierto porque la senadora Holguín sí lo escribió. 

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe es un golpe simbólico con pocos antecedentes en Colombia por lo que él ha significado en nuestra historia reciente, por ser el jefe de la coalición de gobierno y por ser el senador más votado. Y augura una coyuntura muy difícil para el país en el corto plazo porque agudizará la polarización y desconcentrará aún más al Presidente de los problemas estructurales. Pero quizás despeje el largo plazo si las instituciones logran salir fortalecidas y los extremos deslegitimados.

Independiente del curso que tome el proceso, este caso será a las elecciones presidenciales del 2022, lo que fue el plebiscito para las del 2018.

El corto plazo

A juzgar por las primeras reacciones frente a la detención de Uribe, es fácil anticipar que el país entrará en una fase difícil en los próximos meses.

Aunque Uribe acató la decisión de la Corte Suprema  y solo manifestó su tristeza, su partido no optó por un discurso institucional. 

Por el contrario, escogieron el camino más rentable políticamente en el corto plazo pero más peligroso para el país de ahondar la polarización y marcar el contraste frente a los desmovilizados de las Farc.

Es un discurso atractivo para las bases del partido, más cuando la primera reacción del partido de la exguerrilla fue lanzar la primera piedra, como si no tuvieran rabo de paja.

Los tiranos quieren convencernos que son intocables, que pueden hacer lo que quieran contra la gente y que nada les pasará nunca. Pero la verdad es que por más intocables que se crean al final los pueblos triunfan sobre ellos. pic.twitter.com/5YkRQSJbbf

— FARC (@PartidoFARC) August 4, 2020

Manipular testigos, el delito del que se le acusa, es un grave crimen contra la justicia. Según el comunicado de la Corte Suprema, la orden de detención es para “evitar la obstrucción de la justicia” (uno de los motivos explícitos en la ley penal para asegurar un investigado) en un caso que “tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

Aún así, frente a todo lo que se ha dicho de Uribe en su larga trayectoria política, que incluye desde que participó en la masacre del Aro hasta que mandó asesinar a su amigo convertido en crítico Pedro Juan Moreno que murió en un accidente aéreo, acusaciones que llevan años y no han avanzado ni se han esclarecido judicialmente, este caso es relativamente menor en comparación.

Y justo que Uribe sea detenido por la menor de las acusaciones que se han hecho en su contra y cuando hasta ahora arranca el proceso, exacerba la narrativa del uribismo de que mientras Uribe es víctima de una venganza política de sus enemigos, los guerrilleros de las Farc que tanto combatió son directivos en el Congreso. Y confirma un temor que existe entre el uribismo desde hace años.

Es un discurso que utilizaron las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia, que ya pidió en el Senado convocar una Asamblea Constituyente para unificar las cortes, y María Fernanda Cabal desde el instante en que se conoció la noticia.

Detener a @AlvaroUribeVel es el símbolo de la degradación moral en la que vivimos en Colombia.
Narcoterroristas en el congreso y el Presidente Uribe en la cárcel; es el epilogo de #LaPazDeSantos acuerdo de criminales.

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 4, 2020

Y es un discurso que la senadora Paola Holguín, también del Centro Democrático, ha llevado a un nivel aún más desestabilizador pidiendo la ayuda (no es muy claro para qué) de las Fuerzas Militares de reserva con este audio que están circulando y este documento.

Es una narrativa que, de manera muy problemática para el país por la neutralidad que se espera y se demanda de un Presidente, también asumió Iván Duque en su primera declaración al respecto.

“Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado el país con barbarie se defiendan en libertad, o inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y a que un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia.”

En otras palabras, del Presidente para abajo en su partido del Centro Democrático, la narrativa ya está formulada, a pesar de que el caso por el que se investiga a Uribe gira alrededor de hechos ocurridos después del Acuerdo de La Habana y que, si el crimen fue cometido, no se hizo dentro de la lógica de guerra como para que se apele a una equivalencia. 

Victimizar a Uribe y usar su detención para avivar la polarización será rentable políticamente con miras al 2022 para un partido como el Centro Democrático, que venía de capa caída.

Sin un liderazgo claro del presidente Iván Duque ni en su partido ni en otras fuerzas políticas, una división en la colectividad producto de disputas generadas en las elecciones regionales, la caída en la popularidad de Uribe que, de acuerdo con la encuesta Gallup Poll, desde junio del año pasado entró en terreno negativo y ha seguido bajando hasta llegar a 59 por ciento negativo y 30 por ciento favorable en la última medición de junio, el panorama para el Centro Democrático no era nada halagüeño.

Panorama que se hace más difícil a futuro pues los nombres que suenan para disputar la Presidencia, entre los que están Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto, no dan certeza de ser cartas ganadoras. 

Ahora, con el teflón desgastado, la victimización de Uribe puede movilizar los votos para mantenerse en el poder y unificar a la derecha alrededor de su caso.

El analista Jaime Duarte, profesor del área de gobierno de la Universidad Externado, explica que hay dos formas de ganar elecciones: sumar voluntades y conformar una gran mayoría, o generar polarización garantizando ser el grupo más fuerte en esa división. 

“Ese libreto lo conoce el expresidente Uribe y su partido el Centro Democrático, fue aplicado con éxito en el plebiscito con el que, finalmente, se dieron cuenta que sí eran mayoría. La fórmula fue repetida para la elección de Duque, con un resultado más holgado”, dijo Duarte.

Ahondar esa polarización, como contó La Silla, es también la estrategia electoral de Gustavo Petro con miras al 2022.

Si la reciente decisión del Consejo de Estado de admitir una denuncia en contra del líder de la Colombia Humana, que busca que le quiten la investidura por haber llamado a la desobediencia civil y a desconocer la elección de Duque, avanza pues habrá un ingrediente adicional en la confrontación.

Así las cosas, la detención de Uribe demarcará el campo y marcará el tono para las elecciones de 2022, algo que no deja de ser paradójico en medio de una pandemia de las proporciones que vivimos hoy en día.

Que este tema absorba la agenda política del país justo cuando se cuentan más de 10 mil muertos por covid, se han perdido millones de empleos y nos embarcamos en una crisis económica y de salud sin precedentes, es una mala noticia para los colombianos. Si como analizó La Silla, ya Duque tenía problemas para priorizar la agenda y convocar a los colombianos a su alrededor, ahora le será prácticamente imposible.

Sobre todo si, como refleja su primera alocución, opta por actuar como jefe de su partido, defensor de oficio o “ciudadano dolido” con la suerte de su mentor, y no como garante de la separación de poderes y el respeto a las instituciones.

Al mismo tiempo, si Duque opta por la neutralidad que le exige la Constitución corre el riesgo de que su partido se le voltee en respuesta al repudio de las bases uribistas, como le pasó cuando sintieron que no fue suficientemente contundente en respuesta a la extradición de Andrés Felipe Arias. 

Ya el exalcalde uribista de Rionegro, Andrés Julián Rendón, salió a culpar a Duque. Si esta actitud gana tracción, la endeble mayoría del Presidente en el Congreso se disolvería y sería incapaz de sacar adelante alguna de las reformas estructurales que se necesitan en este momento (y que en todo caso no ha presentado).

En conclusión, en el corto plazo, a la tragedia medida en vidas y pobreza ocasionada por el coronavirus y a la creciente inseguridad, la detención de Uribe nutrirá una intensa confrontación política que si, con suerte, no termina en más violencia, como mínimo debilitará la capacidad de Duque para liderar una salida a la crisis.

El largo plazo

Sin embargo, paradójicamente, esta situación abre una oportunidad para que la democracia colombiana salga fortalecida en el largo plazo.

Para comenzar, que la Corte Suprema pueda detener preventivamente a una de las personas más poderosas de Colombia ratifica su independencia frente al poder Ejecutivo y Legislativo y envía la señal de que nadie se puede sentir por encima de la ley. Y que Uribe acate la decisión, como lo ha hecho hasta ahora, también da ejemplo de respeto a las instituciones y contrasta con los embates de sus senadoras.

Esta decisión -aunque no tiene relación con el Acuerdo de paz- le pone políticamente una presión muy grande a la JEP para que realmente haga justicia contra los guerrilleros que cometieron crímenes graves, y también a la Farc para que cuente la verdad y reparen a sus víctimas. Incluso, de parte de aliados del proceso como lo demostró la reciente respuesta del senador Roy Barreras al trino inmediato de las Farc.

Equivocada reacción de partido farc. Frente a los fallos de las Cortes: respeto y acatamiento. Sobran los adjetivos. Quien no está libre de culpa no debe tirar la primera piedra. La tarea de farc frente a decisiones de la justicia no es celebrar sino ir a la JEP a decir la verdad https://t.co/ZEJhp9eqtP

— Roy Barreras (@RoyBarreras) August 4, 2020

Por último, como le dijo uno de los consultados para esta historia a La Silla, “pone desnudos en el espejo a los extremos”.  En los próximos días y meses, quedarán en evidencia los políticos, los periodistas, los líderes sociales y los empresarios que apuestan por salidas no institucionales, los que tienen sed de venganza, los que avivan el odio. También los capaces de ofrecer una opción para sacar de este episodio una propuesta de futuro.

Que de la crisis que se avecina salga una oportunidad dependerá del rigor jurídico del caso y del carácter democrático de los líderes políticos para aceptar lo de que de él resulte.

Con la decisión de la Corte Suprema de detener en su casa al expresidente Álvaro Uribe, el uribismo revivió su propuesta de una Constituyente para reformar la justicia, mientras el Gobierno sigue concertando una reforma con las Cortes. Para hablar del tema invitamos a Rodrigo Pombo, columnista de La Silla Llena y de Blu Radio y a Andrea Calemín, profesora de derecho de la Universidad de los Andes.

La bomba política que ha sido la medida de detención preventiva a Álvaro Uribe (de quien Semana dijo hace unas horas que había salido positivo para coronavirus), dictada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que lo investiga por presunta manipulación de testigos, ha generado como era de esperarse una ola de reacciones en todas las orillas y sentidos, algunas con la impronta de la ya tradicional violencia verbal de las redes.

Entre esas reacciones están, por supuesto, las manifestaciones de mandatarios, congresistas, funcionarios, posibles candidatos presidenciales y empresarios, cuyas posturas evidencian de alguna manera qué tan del lado de la institucionalidad están, qué tanto avivan odios, aplacan las aguas, informan, desinforman, hacen campaña o prefieren la mesura.

Como el pasado de twitter no perdona, todo lo que están diciendo esos líderes de opinión quedará para el registro. Aquí seleccionamos algunos de sus trinos:
 

Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. pic.twitter.com/C32N0blWY6

— Iván Duque (@IvanDuque) August 4, 2020

Mínimo gesto de solidaridad: izar la tricolor a media asta y con cinta negra.

— Darío Acevedo C. (@darioacevedoc) August 4, 2020

¿Que si me siento contento? No

Nunca me ha producido satisfacción que una persona pierda su libertad. No seria un democrata si me sucediera lo contrario

A Uribe hay que derrotarlo en las urnas o nunca la sociedad colombiana saldará su deuda: La del fascismo que la carcome

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2020

Como ser humano he aprendido a no desearle el mal a nadie. Espero que el expresidente Uribe pueda resolver su difícil situación. Como ciudadano y demócrata le exijo a la justicia plenas garantías y a los colombianos pleno respeto por la justicia.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 4, 2020

Se cumplió el plan contra Uribe: Uribe Preso.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 4, 2020

Siempre el periodismo.

— Daniel Coronell (@DCoronell) August 4, 2020

@AlvaroUribeVel es un ser honorable y de inconmensurables cualidades. Hoy es inconcebible que a quien ha dado su vida por la patria, se le niegue una defensa en libertad, y otros que incumplen con su deber se regocijan en la impunidad.

— Maria Paula Correa (@mariapcorrea) August 4, 2020

Medida de aseguramiento al expresidente de Colombia Álvaro Urive Vélez

Solo puedo decir: #PorFin#CasaPorCarcelParaUribe

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 4, 2020

No suelo trinar sobre Uribe, sin embargo, y a pesar de las diferencias, reconozco el dolor que causa su detención en él, en su esposa e hijos Tomás y Jerónimo. Mi abrazo sincero y solidario en estos momentos.

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 4, 2020

La medida de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe no tiene precedentes. Respeto por una decisión en derecho cargada de valentía. Hoy la @CorteSupremaJ da ejemplo; nadie está por encima de la ley.

— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) August 4, 2020

Estamos viendo ante nuestros ojos una terrible injusticia; Uribe es inocente.

La izquierda sigue destruyendo a Colombia.

No cesaremos hasta que Colombia pueda ver #JusticiaJusta

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 4, 2020

Los guerrilleros impunes en el Congreso y Uribe preso. Ésta es Colombia, en la que no hay misericordia para quienes defienden la patria y en cambio si hay clemencia para quienes la destrozan. https://t.co/QannGxYmDj

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 4, 2020

Nadie en este país podrá borrar el gran legado del Pte @AlvaroUribeVel, el hombre que ha protegido la democracia colombiana. Ni los montajes más perversos doblegarán a este extraordinario patriota! #InfamePersecuciónAUribepic.twitter.com/7pPuKDpR6M

— Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) August 3, 2020

Saludamos el pronunciamiento de la @CorteSupremaJ con esto se reafirma que en Colombia impera un Estado social de derecho y consideramos que se debe hacer un llamado a todos los sectores políticos y sociales del país a la temperancia. pic.twitter.com/ZUnjJj5lq3

— Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) August 5, 2020

Los tiranos quieren convencernos que son intocables, que pueden hacer lo que quieran contra la gente y que nada les pasará nunca. Pero la verdad es que por más intocables que se crean al final los pueblos triunfan sobre ellos. pic.twitter.com/5YkRQSJbbf

— FARC (@PartidoFARC) August 4, 2020

Respeto por Cortes. Instituciones están por encima de los individuos. Garantias para el debido proceso para Alvaro Uribe. Nadie debe celebrar fallos de la justicia sino acatarlos. El uribismo es un fenómeno político que no se derrota con un fallo sino en las urnas

— Roy Barreras (@RoyBarreras) August 4, 2020

Nadie está por encima de la Ley, esa es la esencia y verdadera vigencia del Estado de Derecho.

Las decisiones de la Justicia se respetan, se controvierten en derecho y se acatan.

Como ciudadana y alcaldesa respeto y rodeo a las autoridades judiciales.#ColombiaSeRespeta

— Claudia López (@ClaudiaLopez) August 4, 2020

La libertad es la lucha de la humanidad. La privación de la libertad debe ser verdaderamente la última opción.Duele ver tanto odio en nuestra patria.Envió en este duro momento un mensaje de solidaridad a @AlvaroUribeVel a Lina y sus hijos. Su defensa debería hacerse en libertad.

— #AníbalGobernador (@anibalgaviria) August 5, 2020

A la ya muy difícil situación social y económica producto del Covid, se le viene la muy compleja nubosidad que traerá la decisión judicial, tenemos ahora más nunca que asumirnos en calma y respeto por la institucionalidad.
No perder el enfoque, los momentos demandarán serenidad

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) August 4, 2020

La presunción de inocencia y derecho al debido proceso son parte fundamental de la justicia.
Las medidas cautelares para un investigado o imputado deben ser la excepción. Esto es válido para absolutamente todos los ciudadanos.
La defensa en libertad es la norma no la excepción.

— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) August 5, 2020

Cuando nos asesinaban y secuestraban por miles quienes hoy están en el Congreso de la República, Álvaro Uribe nos devolvió el derecho al trabajo y, sobre todo, a la libertad y a la vida. Los ganaderos de Colombia no olvidamos. Fedegán con @AlvaroUribeVelpic.twitter.com/7RJW2Z6V8o

— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) August 4, 2020

Estimado presidente @AlvaroUribeVel, con mi familia acompañamos de corazón a Usted y los suyos en este duro trance que pone a prueba la fe en la justicia y las instituciones democráticas de nuestra querida Colombia

— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) August 4, 2020

institucionalidad en decadencia la que pone en el congreso a los peores criminales, reclutadores de menores, violadores, asesinos, secuestradores, narcotraficantes en el congreso pero pone a un expresidente sin pruebas contundentes a defenderse desde la privación de su libertad

— Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) August 4, 2020

Si la decisión de la Corte Suprema es parte de un “plan”, debe ser el “plan” más sofisticado de la historia, pues necesitaba que Álvaro Uribe denunciará a Iván Cepeda por manipulación de testigos, para que el “plan” pudiera activarse.

— Félix de Bedout (@fdbedout) August 4, 2020

Mi solidaridad con @AlvaroUribeVel , con su esposa Lina, sus hijos y familia.
Respeto a la Justicia. Acato sus decisiones. Pero la justicia debe ser igual para todos. Sin haber sido condenado, debería poder asumir su defensa en libertad. Ha acudido a todo llamado de la justicia.

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 4, 2020

Respeto total a las decisiones judiciales.
Al expresidente @AlvaroUribeVel y su familia solidaridad y fortaleza en su defensa.
Para la mayoría de colombianos es imposible entender la paradoja de criminales de lesa humanidad, delincuentes, narcos, y corruptos, por encima de la ley

— Pinzón Bueno (@PinzonBueno) August 4, 2020

Respeto lo que diga la Corte Suprema. En el caso de Uribe, y en todos, deben obrar bajo la majestad de la Justicia. Un fallo impecable, explicado y que se cumpla. Eso ayuda a recuperar la confianza en las instituciones. (Entrevista con MasTV hoy https://t.co/GZC58nJN0k)

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 4, 2020

Es un momento histórico para Colombia, se necesita conocer la verdad.

Eso es lo que debe buscar una sociedad democrática: ni linchamientos ni presiones, la verdad!

Hoy #LaCorteSuprema no es de bolsillo, como ha sido la Fiscalía. En buena hora la independencia de poderes.#PorFin

— Camilo Romero (@CamiloRomero) August 4, 2020

#AUribeLeDigo Señor Uribe: los Colombianos estamos cansados de que usted hable de los opositores como enemigos!!! #delcasouribepienso

— Ing Rodolfo Hernandez (@ingrodolfohdez) August 5, 2020

#MásUribistaQueNunca Que dolor tan grande, el Pte @AlvaroUribeVel privado de la libertad por una justicia politizada; mientras bandidos dan clases de moral en el Congreso sin haber respondido por los crímenes de los que se les señala #LoQueEsConUribeEsConmigo@PaolaHolguinpic.twitter.com/teIRdGfjOV

— #PaolaMiSenadora (@PaolaSenadora) August 4, 2020

La medida de la @CorteSupremaJ de reclusión domiciliaria al senador Alvaro Uribe debe acatarse y respetarse.
Porque es de la potestad de la @CorteSupremaJ valorar la pruebas y decidir según su leal saber y entender, de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República.

— Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) August 4, 2020

Desde hace unas horas está circulando en redes un trino de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, sobre César Reyes, el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que lleva el proceso de presunto fraude procesal y soborno de su padre, por el que éste está detenido en su domicilio. 

Como el trino ha tenido 2.200 retrinos y 3.100 ‘me gusta’, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es engañoso porque mezcla información fuera de contexto e incorrecta. 

Este es el trino que está circulando en redes:

Más contexto sobre el encarcelamiento de Álvaro Uribe. pic.twitter.com/BVJi2aw76f

— Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) August 5, 2020

En el trino hace referencia a Reyes, quien asumió el caso de Uribe luego de que la magistrada Cristina Lombana se declarara impedida para conocer los casos del expresidente.

Chequemos cada punto del trino y esto fue lo que encontramos: 

1.  “El juez Reyes, quien encarceló a Uribe, fue compañero de trabajo de la esposa de Cepeda, senador y máximo jefe de las Farc": engañoso y falso

Como contamos aquí, ayer la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, por unanimidad, decidió cobijar con medida de aseguramiento domiciliaria a Uribe mientras lo sigue investigando por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno.

Lo que Reyes hizo fue solicitar la detención, y logró convencer a sus cuatro colegas de que era la medida indicada. Por lo tanto, decir que fue él quien lo encarceló es impreciso.

El magistrado es un abogado de la Universidad La Gran Colombia especializado en derecho penal y derechos humanos. Fue defensor público durante 13 años, luego litigante y consultor de varias entidades, incluyendo la Usaid, y llegó a la nueva Sala de Instrucción cuando ésta se creó, en 2018.

La supuesta relación entre él y Pilar Rueda, la esposa del senador Iván Cepeda que trabaja en la JEP, se conoció por un trino de El Expediente que aseguró que Reyes fue consultor de Usaid en un programa que Rueda coordinó.

Pero eso también es impreciso, pues los dos sí trabajaron en un mismo proyecto, pero cada uno coordinaba un componente diferente. Es algo similar a trabajar en una misma entidad o empresa, pero en departamentos o unidades diferentes, sin que ninguno haya definido que el otro entrara al proyecto ni fuera jefe del otro.

En esta publicación de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, Rueda aparece como “coordinadora Componente de Género del Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID (Contratista)”.

El director general del proyecto era Mark Williams, como se puede ver acá y acá. 

En esta publicación de la Fundación Ideas para la Paz con Usaid, sobre justicia y territorio, Reyes aparece como coordinador del componente “Fortalecimiento de la Justicia local y del Proceso de Restitución de Tierras”, proyecto de Acceso a la Justicia de USAID.

Es decir, Reyes y Rueda fueron contratistas en un proyecto de Usaid, pero coordinaban diferentes componentes.

Rueda nos confirmó que durante un año fue responsable del enfoque de género en el proyecto. “Él (Reyes) hacía parte del programa, pero no teníamos ninguna relación laboral ni de amistad”, explicó.

El hecho de que Reyes y Rueda hayan trabajado en el mismo programa no implica que él deba declararse impedido porque no hubo una relación de subordinación.

Por otro lado, es falso que Cepeda sea el “máximo jefe de las Farc”, como dice el trino.

Cepeda es senador del Polo Democrático, y durante su carrera política ha asumido el drama de las víctimas de los paramilitares y de miembros del Estado, lo que lo acercó también a la Unión Patriótica, el partido en el que militó su padre asesinado, Manuel Cepeda.

Fue facilitador del proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno Santos y las Farc, y lo ha sido de los acercamientos entre los gobiernos Santos y Duque, y el ELN.

Sin embargo, no hizo parte de la guerrilla de las Farc, ni del partido Farc, y por eso tampoco puede ser su máximo líder. 

Esa acusación la hemos chequeado antes y, como contamos en esta historia de 2014, Cepeda no ha sido acusado de farcpolítica ni siquiera durante el Gobierno de Uribe.

2. “Cepeda es el denunciante de Uribe en este proceso”: cierto 

Como explicamos aquí, el origen del proceso por el que está detenido preventivamente Uribe es una denuncia que el expresidente puso en contra del senador Cepeda en 2012

Ese proceso se le devolvió como un bumerán: en 2018 la Corte cerró el caso contra Cepeda y abrió una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos contra el senador del Polo, como se ve acá.

 

 

 

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Una publicación compartida de La Silla Vacía (@lasillavaciaoficial) el 7 Oct, 2019 a las 6:02 PDT

El 8 de octubre del año pasado, cuando lo llamó a indagatoria, la Corte Suprema vinculó formalmente al expresidente Uribe a un proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

3. “La juez Lombana preguntó por escrito a Reyes sobre su relación con la esposa de Cepeda, pero Reyes no explicó dicha relación.”: engañoso

Es cierto que hubo esa pregunta, pero no es cierto que no haya habido una explicación.

En abril, la magistrada Cristina Lombana envió una carta a Reyes preguntando si es cierto que como consultor de Usaid sostuvo un vínculo laboral o de amistad con la esposa de Cepeda.

Reyes respondió a El Tiempo: “He sido absolutamente claro: no hay ninguna causal de inhabilidad o impedimento porque no tengo ningún tipo de vínculo o amistad con el senador Iván Cepeda ni con la doctora Rueda (su esposa)", dijo.

Y agregó: "En 30 años de litigio, consultorías y trabajo profesional no he compartido con ellos. Este tema lo han traído a colación en otras salas y siempre he dicho lo mismo. No tengo impedimento".  

El 22 de abril Reyes ordenó retirar del expediente el oficio de Lombana. Al día siguiente Lombana le reclamó esa decisión y alegó que ella no lo presentó como sujeto procesal.

4. “El juez Reyes tampoco ha respondido a la pregunta periodística de si es cierto que amenazó al fiscal Hernández por haber concluido en su investigación que Uribe no tuvo parte en sobornos a testigos.”: inchequeable

Tomás Uribe hace referencia a una nota de El Expediente que dice que el magistrado Reyes “montó en cólera cuando oyó los detalles de la imputación del fiscal Hernández contra el abogado Cadena, pues en ella quedó perfectamente establecido que el presidente Uribe no tuvo participación ninguna en las actividades humanitarias adelantadas por Cadena”. 

Ese portal también dijo que por ello Reyes “ha amenazado con pedir una investigación penal en contra del fiscal Hernández”.

Sin embargo, no presentó ninguna prueba o fuente de esa nota, que es algo clave por la acusación que hace.

Reyes efectivamente no ha dicho nada al respecto, pero no hemos encontrado que algún medio le haya preguntado. 

Lo que sí está probado es que Daniel Hernández, fiscal del caso de Diego Cadena, dijo que el exabogado de Uribe le habría ocultado información a su cliente y que eso implicaría que Uribe no participó en soborno a testigos.

“Cadena no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente (Álvaro Uribe)", señaló Hernández en la audiencia de imputación a Cadena.

Hay que aclarar que los casos de cadena y Uribe se llevan en paralelo y ante jueces diferentes pues, por ser congresista, Uribe tiene un fuero que hace que lo investigue la Corte Suprema, mientras que Cadena es investigado por la Fiscalía.

En esa medida es posible que en los dos casos no haya las mismas pruebas ni la misma valoración de ellas.  

5. “Nos enteramos de este proceso hace dos años por las filtraciones que desde la secretaria de la Corte hicieron a un bloguero estadísticamente diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo hacia Uribe.”: inchequeable

No hay forma de verificar cómo se enteró la familia Uribe del caso, pero del proceso se supo inicialmente porque la Sala Penal de la Corte Suprema emitió un auto en febrero de 2018 por el que cerraba la investigación contra Cepeda y abría una contra Uribe.

Para los avances posteriores, Uribe tenía y tiene una defensa que participó en el proceso, por lo que lo más probable es que tuviera información de cada paso, como se ve aquí. 

Al hablar de "un bloguero", Tomás Uribe puede estar haciendo referencia al periodista Daniel Coronell, quien con sus columnas de opinión en Semana, y ahora en su portal Los Danieles, ha dado luces sobre todo el proceso de Álvaro Uribe.

Las columnas “El que la hace, la paga”, “Cadena de mando”, “El diablo se viste de Prada”, “Ni siquiera lo van a tocar”, "Tres cartas, una historia" permiten dilucidar el panorama del caso.

Se suma “La Calladita”, en la que reveló que la magistrada Cristina Lombana no había dicho en la Corte que había trabajado hace años con Jaime Granados, abogado de Uribe.

No tenemos cómo saber si los datos que recibió Coronell venían de filtraciones de la Secretaría de la Corte, pues él ha mantenido la reserva de sus fuentes, una protección constitucional a los periodistas.

Sobre la calificación de Coronell como bloguero, es una opinión personal de Tomás Uribe sobre uno de los periodistas más reconocidos en el país; también es una opinión lo del diágnostico estadístico. 

6. “Anoche se produjo una nueva filtración del proceso para justificar el encarcelamiento de Uribe”: inchequeable

Ayer a la 1 de la tarde, Uribe publicó un trino en el que habló de la detención.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020

Solo en la noche, la Sala de Instrucción emitió un comunicado en el que explica su decisión de imponerle medida de aseguramiento al expresidente Uribe.

También informó que el representante uribista Álvaro Hernán Prada, procesado por los mismos delitos, podrá seguir en libertad. 

No sabemos a qué hace referencia cuando habla de una "nueva filtración" y por eso calificamos esa frase como inchequeable.

7. “Reyes defendió libertad a Santrich porque este compareció a los llamados de la Corte, igual que ha hecho Uribe”: engañoso

En mayo del año pasado la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la libertad del exjefe de las Farc, Jesús Santrich, quien había sido recapturado por el CTI de la Fiscalía por delitos de narcotráfico, supuestamente cometidos después del acuerdo de paz. 

El alto tribunal consideró que los funcionarios que ordenaron su captura "no tenían competencia para su aprehensión y legalización". 

Como contó El Espectador, los seis magistrados de la Sala Penal tomaron la decisión de forma unánime, al estudiar el conflicto de competencias que presentaron los abogados de Santrich, en el que argumentaban que el exjefe guerrillero no podía ser procesado por la Fiscalía porque fue elegido congresista por el partido que surgió de la desmovilización de las Farc. 

En el trino está ajdunta una foto de un comunicado de la Sala de Instrucción, de la que hace parte Reyes, en el que anuncia una orden de captura a Santrich por concierto para delinquir agravado y fabricación de estupefacientes.

Ese texto hace un recuento que recuerda que antes otra Sala (la Penal) había dejado libre a Santrich.

Pero no lo hace como defensa de esa decisión, como dice el trino, sino para explicar por qué ahora debe emitir una orden de captura (como es evidente, si no hubiera quedado libre, no habría sido necesario).

8. “Cepeda sacó a Santrich de la cárcel y será inolvidable la foto de ambos a la salida abrazados”: engañoso

Como ya contamos, en mayo del año pasado Santrich quedó en libertad por orden de la Sala Penal de Corte Suprema mientras analizaba su caso.

El exguerrillero salió del búnker de la Fiscalía acompañado por los senadores Cepeda, del Polo, y Pablo Catatumbo, de la Farc.

Es engañoso decir que Cepeda sacó a Santrich de la cárcel, pues solo lo acompañó y su salida obedeció a una decisión judicial.

Calificamos el trino de Tomás Uribe como engañoso porque mezcla datos ciertos con otros fuera de contexto para llegar a conclusiones erradas.

El empresariado colombiano no tardó en reaccionar ante la noticia que sacudió la agenda de esta semana (y del año): la detención preventiva para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunta manipulación de testigos.

El mismo martes por la noche, el Consejo Gremial Nacional (CGN) publicó un comunicado cuestionando la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y pidiéndole evaluar la posibilidad de que Uribe se defienda en libertad. 

En un tono más fuerte, con horas de diferencia, también se manifestó el presidente del gremio de los ganaderos, Fedegán, el uribista pura sangre José Felix Lafaurie. Y, ayer en la mañana, el Consejo Intergremial de Antioquia, la Andi y Asocolflores, se pronunciaron también solidarizándose con el expresidente.

Hablamos con nueve fuentes, entre líderes gremiales y empresarios de compañías que están en el ranking de las 100 más grandes, todos de tendencias que van desde la moderación y el apoyo al Acuerdo de Paz hasta el uribismo más radical; y coincidieron en decir que la decisión de la Corte les pareció exagerada.

A la mayoría -y en el mismo sentido de lo que expresan oficialmente los comunicados que han salido- lo ocurrido les despierta el temor de que la justicia no esté aplicando en sus decisiones la presunción de inocencia, sino que trata a algunos de sus investigados como culpables a priori.

Algunos incluso nos dijeron que ven detrás de la detención de Uribe el fantasma del “castrochavismo”, que tanto marcó la campaña presidencial pasada y que es una narrativa uribista, y lo interpretan como un triunfo de la izquierda: un “peligroso triunfo de la izquierda”, como nos aseguró una de las fuentes.

Además de lo político, les preocupa que -aunque en principio no lo parezca- el caso Uribe pueda tener un impacto en la economía. Justo en medio de una de las mayores crisis que enfrenta el país en esa materia, con un año que huele a recesión y una tasa de desempleo históricamente alta.

Entre preocupación por la justicia y miedo al “castrochavismo”

“Entre los empresarios hay un rechazo generalizado. La consideran (la decisión de la Corte) desproporcionada e injusta, sobre todo porque aún no hay una imputación”, nos dijo Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial de Antioquia.

Y algo similar nos dijeron los otros siete dirigentes gremiales con los que hablamos, algunos bajo la condición de no ser citados para evitarse líos.

“Hay una señal de que nadie está por encima de la ley, lo que es bueno, pero es que es desproporcionado. Hay un principio y es que la  medida de aseguramiento no es la primera opción, sino la última”, nos dijo otro de los dirigentes gremiales miembros del CGN, que, según nos dijo, no es fan de Uribe y respaldó públicamente el proceso de paz con las Farc.

Lo del expresidente, más la orden de detención domiciliaria, hace unas semanas, contra el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, revela para algunos un patrón del uso exagerado de la detención preventiva por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La unanimidad en torno a esa sensación de injusticia por la decisión contra Uribe, sumado a que se trata un hecho histórico, llevó al Consejo Gremial a pronunciarse a pocas horas del anuncio de la Corte. 

En lo que hubo diferencias fue en el tono y en qué tanto se la jugaban por la defensa de la inocencia de Uribe.

“Algunos estaban pidiendo sangre”, nos dijo uno de los miembros del Consejo sin mencionarnos nombres. 

También hubo una discusión interna sobre si debían pronunciarse, o podría verse como una presión indebida a la justicia, pero dado que el pronunciamiento se hizo después de la decisión y no antes (como sí lo hizo el gremio de las estaciones de gasolina, Fendipetróleo, también en favor de Uribe) para ellos era claro que el comunicado no presionaba a la Corte.

Al final optaron por defender que Uribe tiene “el derecho y la legitimidad para atender su proceso judicial y las diligencias que derivan del mismo en libertad”, y exaltar que el expresidente “ha sido un servidor público ejemplar, y un líder político que ha contribuido al país, a la sociedad, a la economía y al desarrollo empresarial colombiano”, pero sin abogar por su inocencia explícitamente.

En una línea un poco más moderada se pronunciaron la Andi y Asocolflores, que fueron más contundentes en sus comunicados en el respeto a las decisiones judiciales sin dejar de expresar solidaridad con Uribe e incluso elogiar su “ invaluable servicio” y “confiar” en que “logrará demostrar su inocencia”.

Otros gremios optaron por la narrativa del Centro Democrático, y del presidente Iván Duque, de que, mientras Uribe está preso, los exguerrilleros de las Farc están sentados en el Congreso.

Por ejemplo, el Consejo Intergremial de Antioquia dijo en su comunicado: “Hacemos un llamado público a la reflexión, pues consideramos que muchos de los actores violentos que azotaron con barbarie a todo un pueblo, hoy estén gozando de su libertad y tengan garantizado nunca ir a prisión o pagar por sus atroces delitos”, en clara referencia a los exlíderes de las Farc.

Y le dieron un apoyo contundente al expresidente: “Ratificamos nuestro absoluto apoyo al Presidente Uribe y esperamos que su situación sea resuelta lo antes posible y tenga condiciones en libertad para hacer su legítima defensa”.

El presidente de Fedegán, Lafaurie, fue aún más fuerte: “Y tengo que repetir, Fedegán está con Álvaro Uribe Vélez, creemos en su inocencia y queremos seguir creyendo en la justicia colombiana”.

Y en un trino, Lafaurie lanzó al aire una preocupación que, si bien no es unánime entre los empresarios, la comparten muchos de ellos, según confirmamos en la reportería: que detrás de la orden de detención está la izquierda, y específicamente “el castrochavismo”.

Indignación, dolor de patria. Las fuerzas oscuras del castrochavismo y del centrosantismo lograron mandar a la cárcel a quien le devolvió a Colombia la dignidad, la seguridad y los derechos a la libre movilización, que nos habían robado narcoguerrilleros impunes #FedegánConUribe. pic.twitter.com/D20fx20bAG

— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) August 4, 2020

El que en el pasado la misma Corte que esta semana mandó detenido a su casa a Uribe haya dejado en libertad al exguerrillero Jesús Santrich, quien luego volvió a las armas, es el combustible que enciende ese temor de que la izquierda se haya tomado la justicia.

“El evidente sesgo ideológico de la Corte que premia a representantes de la izquierda radical y que se evidencia en las diferencias como asumieron el caso de Santrich y el de Uribe, es una amenaza para todos los que creemos en la iniciativa privada, la democracia pluralista y el Estado de Derecho. Ya que todos debemos ser tratados en forma similar por la justicia”, nos dijo un empresario, que apoya a Uribe, pero respaldó el Acuerdo, off the récord. 

Y a eso le suman el hecho de que la contraparte del pleito que tiene al expresidente detenido sea uno de los líderes visibles de izquierda, el senador del Polo Iván Cepeda. 

“Para algunos su percepción es que por el triunfalismo de Cepeda, esta decisión se trata de un pulso que le ganó la izquierda a la derecha”, nos dijo otro presidente gremial que respaldó el proceso con la exguerrilla.

Según nos dijo la misma fuente, algunos empresarios, si bien son cercanos al poder, ven la política en blanco y negro sin muchos matices: “Esto hace que le encuentren más sentido a la narrativa del uribismo de la justicia castrochavista”.

En este punto no hay consenso entre quienes consultamos, al fin y al cabo, los empresarios no son una unidad de ideas homogéneas.

Pero en general, sí hay una preocupación de que la justicia esté mostrando, según ellos, un sesgo ideológico, más aún con algunas cortes con su credibilidad debilitada por escándalos de corrupción, como el Cartel de la Toga.

“La justicia tiene la cola del cartel de la toga, lo de Santrich”, nos dijo otro de los dirigentes gremiales consultados propaz.

Y una justicia poco creíble, es mala para los negocios.

Es la economía... otra vez

Más allá de lo político, el verdadero dolor de cabeza de los empresarios con los que hablamos es el efecto que esta decisión pueda tener en la economía. En resumen, ven que el golpe puede venir por tres lados: la inversión, el Congreso y el Gobierno.

Por el lado de la inversión, uno de los empresarios consultados puso como ejemplo los datos de la fundación Heritage, que hace un índice de libertad económica y pone en una lista a los países según qué tan libre es el mercado. 

Colombia ocupa el puesto 45, entre 180 países, lo que lo ubica en la categoría de moderadamente libre, y uno de los puntos en los que se raja el país es en justicia. 

Ahí la calificación de 69,2 puntos sobre 100, pero en efectividad de la justicia se raja con 32,8 puntos.

“En la justicia, tener una justicia politizada y que genera dudas de honorabilidad y objetividad, hace que Colombia sea un destino menos atractivo para la inversión y es un factor de inestabilidad para la empresa privada”, nos dijo el empresario y en esa misma línea nos hablaron cuatro líderes gremiales.

Otra arista de esta preocupación de la inversión, es que el hecho de que detengan a un expresidente haga que los inversionistas perciban a Colombia como un país inestable: “Los temas políticos terminan influyendo en la decisión de inversión y muy seguramente esa inversión la vamos a necesitar todo el otro año para reactivar la economía”, nos dijo a su turno el uribista Lafaurie.

El segundo efecto que ven posible es que, sin Uribe en el Congreso, el Gobierno se vea aún más débil de lo que ya es, como  hemos contado. Entonces. un gobierno débil, sin el jefe de la coalición actuando, justo en el momento en el que tiene que pasar proyectos clave para la reactivación como presupuesto, ley de regalías, ley de reactivación para las mipymes y para el sector naranja, no tiene asegurada su gobernabilidad.

Aunque para un líder gremial, que nos habló extraoficialmente porque es un tema que no ha discutido con sus empresas afiliadas, es claro que aún en detención domiciliaria Uribe podrá seguir ayudando al Gobierno en el Congreso, más en un escenario de virtualidad.

Pero, en todo caso, su atención probablemente estará más concentrada en su defensa que en apoyar al Gobierno.

Lo que lleva al último punto de preocupación: el Gobierno y más lo que haga el presidente Iván Duque.

Esta inquietud tiene que ver con que el tema de Uribe acapare tanto la agenda de la opinión pública que el Gobierno se desenfoque de su plan de reactivación para salir a atajar propuestas, como la constituyente que propuso el martes el Centro Democrático, o para salir en defensa del padre político del mandatario.

Y que la polarización se profundice tanto que sea imposible pensar en proyectos de ley o iniciativas entre partes opuestas para ayudar a que el país se recupere pronto de los efectos económicos de la pandemia, que ya ha dejado más de cuatro millones de personas sin empleo y las perspectivas de un crecimiento de -5 a -8 por ciento este año.

Como nos dijo un líder gremial, “Gústele o no le guste a uno, el país cae en esta discusión y se traga toda la agenda, hoy en todos los medios, todas las noticias son de Uribe, hoy no hablamos de covid, de ventiladores, de la reactivación, estamos hablando de eso y en este exceso de política esto va a exacerbar la polarización”... y eso también puede ser malo para los negocios.