Una foto con la leyenda “Experiencia y decisión, Dilian Francisca Presidenta”, en la imagen de whatsapp de un congresista y un exalcalde de su cuerda, es la muestra más reciente de que la poderosa exgobernadora y baronesa del Valle, Dilian Francisca Toro, está tanteando el terreno de una eventual candidatura presidencial en 2022.

La Silla Vacía encontró los mensajes exactamente en los chats del representante de La U por el Valle, Jorge Tamayo, y del exalcalde encargado de Buenaventura, Édison Ruiz; ambos del grupo de Toro, una de las políticas regionales más poderosas del país y quien, incluso, cuenta con una bancada propia de seis congresistas y con un Viceministerio que le acaban de dar en el alto Gobierno.

Cuando les consultamos, ambos coincidieron, sin decir explícitamente que la lanzada es un hecho, en que la también exsenadora tiene intenciones de armar una aspiración para las próximas presidenciales y nos detallaron algunas movidas en ese sentido:

“Los vallecaucanos queremos que ella sea nuestra presidente, ella está haciendo un ejercicio de diálogo con sectores sociales, empresariales y gremiales de todo el país para auscultar qué opinión tienen de ella y si sería viable su proyecto presidencial”, nos dijo el Congresista Tamayo.

Ese diálogo de Dilian con varios sectores y sabor a campaña se vio fuerte antes de la pandemia, los primeros meses del año, justo cuando ella dejó el cargo de Gobernadora; y ha seguido en la virtualidad en estos días.

En enero, por ejemplo, visitó junto a algunos políticos de La U los municipios del norte del Valle, como Roldanillo, con el argumento formal de “continuar conociendo el sentir de la comunidad para trabajar en equipo por su bienestar”, según dijo en ese momento Norma Hurtado, otra de sus congresistas. 

Un mes después, trascendió las fronteras de su departamento, y estuvo en Armenia y Pereira, en donde asistió a eventos públicos y se reunió con dirigentes políticos para hablar de su gestión. 

Según registró el local Diario Occidente, allí algunos políticos la “animaron” a lanzarse a la Presidencia. Una persona que supo de primera mano sobre esta reunión que contó con diputados y concejales de Risaralda, nos dijo que fueron puntualmente integrantes del Partido de La U, que no hacen parte del movimiento de Dilian, llamado Nueva Generación, los que le mostraron ese respaldo frente a los demás asistentes.

Antes de la cuarentena, Toro incluso viajó también al Caribe, de donde es otra aspiración presidencial cantada de exmandatario saliente: la del exalcalde de Barranquilla Álex Char.  

Dilian estuvo justamente en la capital del Atlántico, y también en Cartagena y Montería, según nos detalló alguien de su grupo.

Allí se reunió en privado con comerciantes, artesanos, empresarios y líderes de sectores como el cultural y el deportivo (un sector que fue clave en su Gobernación, como contamos aquí, y que hizo parte de la maquinaria para las elecciones de 2019 que le ayudó a poner a su sucesora: Clara Luz Roldan). 

Aunque no nos dieron los nombres de sus contertulios, sí fue público que en Montería se vio con el representante de La U Erasmo Zuleta, el secretario de salud de Córdoba, Walter Hernán Gómez, y las directivas de la Universidad del Sinú (que es un fortín de Zuleta), para hablar sobre el modelo de salud del Valle, como lo tuiteó ella misma. 

Con la pandemia, Dilian pasó a reunirse de forma virtual y a asistir a webinars y lives por redes sociales. Según nos confirmó una persona que la ha asesorado “se han buscado amigos y aliados en diferentes zonas del país y se han dado reuniones con ellos”.  

La misma fuente que hace parte del primer círculo de Toro nos mencionó como un momento clave de esta movida el que, a finales de 2019, unos empresarios del Valle, cuyos nombres no nos detalló la fuente, se le hayan acercado a la entonces Gobernadora a decirle que “ya era hora que el Valle tuviera una presidente”.

Por esa misma fecha, Toro fue premiada como una de las mejores gobernantes del país por la entidad Colombia Líder, que busca visibilizar las mejores gestiones de alcaldes y gobernadores, y terminó su periodo con una favorabilidad del 65 por ciento, según la encuesta de Gallup Poll e Invamer.

Eso, sumado a la poderosa maquinaria que ha podido armar después de más de 30 años en la política tradicional, le dio a su combo los argumentos para pensar en una aspiración nacional.

Aparte de su bancada propia en el Congreso y del Viceministerio de relaciones laborales, en cabeza de Ligia Stella Chávez; Dilian Francisca Toro logró dejar en el Valle como su sucesora y heredera a la actual Gobernadora Clara Luz Roldán.

El grupo de Toro Nueva Generación, asimismo, controla nueve de las 42 alcaldías de su departamento 

A principios de año sonó un fuerte rumor, con fuentes dateadas, de que el Gobierno del presidente Iván Duque le había ofrecido el Ministerio de Salud, ocupando ella directamente la silla de ministra.

El asesor con el que hablamos nos aseguró que eso fue cierto, pero que a la exgobernadora le pareció inconveniente aceptar debido a la desfavorabilidad de Duque (que mejoró con la pandemia), y que prefirió concentrarse en empezar a fortalecer sus redes de aliados nacionales, con miras a concretar su eventual aspiración.

La candidatura, en todo caso, aún no es un hecho, y dependerá del recibimiento que logre ella y también de cómo se decante la estrategia de alianzas para presidenciales en el Partido de La U, en donde de entrada es una de las figuras más poderosas.

Como sea, algunos de sus aliados cercanos ya la están moviendo y de frente.

La firma Cifras y Conceptos publicó hoy un estudio sobre quiénes debaten en los principales programas de opinión.

Documentaron las 602 personas que fueron invitadas a 2.348 programas realizados por Semana en Vivo, Hora20*, Voces RCN, Vicky Dávila, Zona Franca y Si o No de RCN Televisión entre el 2 de marzo de 2019 hasta el 24 de julio de 2020.

Estas son las conclusiones de La Silla a partir del estudio y de nuestra reportería con tres directores de estos medios y dos productores.

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Los hombres llevan la voz cantante

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Por cada mujer que participa en los programas de debate de opinión, hay tres hombres. Para esto, hay varias explicaciones. Una, es que dada la baja representación femenina en cargos de liderazgo gremial y político, las mujeres siguen teniendo menos visibilidad que los hombres y no se les vienen de primera a la cabeza a los productores.

“Hay que tener la decisión de ampliar el número de mujeres y a pesar de que buscamos y buscamos y tenemos muchas, considero que todavía es insuficiente y que debemos ampliar esa búsqueda y visibilizar esas voces”, dijo a La Silla Diana Calderón, directora de Hora 20, el programa con mayor proporción de mujeres junto con Voces RCN.

Aun cuando las invitan, dicen que es más difícil que vayan.

“Las mujeres son más difíciles de invitar”, nos dijo Daniel Pacheco, director de Zona Franca. “Tienen compromisos de la casa a la hora del programa, asociado a la disparidad de género. También, las mujeres son menos dadas a opinar sobre temas de los que no son expertas, los hombres no. Hay estudios que lo muestran”.

“Toca esforzarse más para encontrarlas. Hay muchas mujeres académicas pero a la mayoría no les gusta asistir a los debates. No es fácil encontrar mujeres académicas con ganas de hablar”, nos dijo, a su vez, María Jimena Duzán, directora de Semana en Vivo.

Un productor de uno de estos programas con el que hablamos nos contó que de cuatro mujeres que invita a un programa, le va una. “A veces me toca invitar a 5 o 6 para que vaya una. En cambio, tú invitas a tres hombres y te van dos”, dice.

Más cuando los invita el mismo día. Definitivamente, los hombres tienen más flexibilidad para cancelar planes previos para salir al aire en estos programas, no así las mujeres.

 

3

Los políticos marcan los debates

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El estudio muestra que los políticos son los que marcan la opinión en estos programas de debate.

En los programas en que menos los invitan -Zona Franca y Hora 20- igual representan un poco menos de la mitad de los invitados, y en algunos como los programas de Vicky Dávila son casi el 75 por ciento.

“La agenda pública está puesta por los políticos y la desarrollan”, dice el analista Héctor Riveros. “Funcionan casi como una vitrina del Congreso”.

En efecto, entre los diez más invitados a los programas el año pasado, cinco son congresistas, uno es concejal de Bogotá, otro -Luis Felipe Henao- era la mano derecha de Germán Vargas y otro más es aspirante presidencial (Rafael Nieto).

Los únicos dos que no son políticos y son muy invitados son dos penalistas.

Hay varias explicaciones para esto.

“El peso de los políticos es porque saben debatir, es su vida”, dice César Caballero, el presidente de la firma Cifras y Conceptos que hizo el estudio. “Pero terminan marcando el tono de los debates”.

Precisamente porque saben argumentar, y no les importa argumentar sobre todo, son más versátiles para participar en programas de opinión que no suelen ser sobre un solo tema. Los académicos, por ejemplo, hablan más largo, tienen matices lo que puede hacer los programas menos entretenidos porque no suelen provocar confrontación y noticia como los políticos, y prefieren hablar sólo de lo que saben. Los empresarios, por su parte, sienten que es muy costoso hablar de política y no participan.

Pero también hay un tema práctico y es que para los políticos la visibilidad que dan estos programas es clave y por eso sus jefes de prensa buscan activamente ser invitados, siempre dicen que sí, y, además, lo que dicen puede generar un titular y ser reproducido por otros medios, un indicador de éxito para muchos periodistas.

En todo caso, que los políticos tengan tal peso en estos programas es un indicador de lo estrecha que suele ser la agenda de los medios, usualmente centrada en el poder político oficial y nacional.

Esto no deja de ser paradójico, si se contrasta con encuestas como la Gallup, que reflejan el desprestigio y la falta de confianza en los poderes institucionales como el Congreso.

“Yo siempre trato de que no vayan políticos”, dice María Jimena Duzán, en cuyo programa el 48 por ciento de los invitados son políticos. “Los partidos representan cada vez menos a la sociedad. Tenemos que abrir las puertas a distintas voces”.

 

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El equilibrio que se refleja en los debates de opinión es sobre todo político

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Aunque los organizadores de los debates buscan deliberadamente que haya una confrontación de argumentos, para efectos de que sea un programa divertido y que además se expongan opiniones diferentes, el equilibrio que reflejan es sobre todo político.

Si bien los invitados del Centro Democrático tienen un peso desproporcionado en términos numéricos, si se tiene en cuenta cuántos defienden al Gobierno versus cuántos lo critican el uribismo termina siendo ligeramente superado por los demás. Casi que los invitados se reparten por terceras parte entre el uribismo, los partidos de centro derecha y la suma de los de oposición.

Los de la Farc están entre los menos invitados, pero ellos, los de la Unión Patriótica y Mais (que avalaron a los petristas) y el Polo, suman casi 180 invitados de los casi 1200 invitados.

Hay otros desequilibrios que no se ven: por ejemplo, el bogocentrismo es absoluto, quizás porque incluso para los programas radiales se prefiere que los participantes vayan físicamente. Sería interesante ver si ahora que todo es por zoom participan más voces regionales, pero el estudio no discrimina.

Tampoco se ven muchas voces de minorías étnicas, ni extranjeros, ni gente muy joven. Y si se mirara por profesión, el sobre peso de los abogados sería evidente. Por lo menos lo es entre los 20 más invitados.

Es notoria la ausencia, por ejemplo, del sindicalismo, que siempre es ávido de hablar, pero quizás está por fuera de la agenda estrictamente política.

 

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Más que descubrir voces, amplifican las que existen

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Los programas de debate a veces ‘descubren’ nuevas voces, pero la mayoría de las veces lo que hacen es amplificar las voces de los que más hablan.

Los más invitados son también muy activos en redes, con lo cual sus opiniones fuertes en Twitter terminan siendo amplificadas en estos programas. De hecho, casi todas las 19 personas más invitadas tienen cuenta en esta red social y son activos.

Después de los políticos, los segundos más invitados son directores o columnistas de medios de comunicación, que ya exponen sus opiniones en sus respectivos medios.

Las organizaciones sociales más invitadas a debatir son Pares, Fedesarrollo y Dejusticia. Las tres cuentan ya con una voz propia, independiente de la que les den los medios, y participan en el debate público nacional.

Esta voz se la da contar con reconocidos expertos en temas económicos, políticos y sociales que se meten de lleno en el debate público nacional a través de columnas de opinión, programas de televisión o en las redes sociales; especialmente Twitter.

De hecho, miembros de estas organizaciones -como Rodrigo Uprimny (Dejusticia), Ariel Ávila (Pares) y Luis Fernando Mejía (Fedesarrollo)- son activos tuiteros que se involucran en las conversaciones que se dan en esta red social.

Esta visibilidad es una de las razones que ayudan a explicar su alto número de apariciones en este tipo de programas y lo que hace que en uno de cada cuatro de estos programas aparezca, por lo menos, uno de los 20 persoanjes más invitados.

Ávila, por ejemplo, nos contó que considera que las apariciones de Pares se deben, entre otras cosas, a la visibilidad que tienen él y León Valencia (fundador de la organización) con sus columnas y a que la mayoría de sus investigaciones son hechas para ser difundidas en medios de comunicación. Muy pocas son para consumo interno. Esto les permite estar en el radar de los periodistas y directores que los invitan a los programas.

En Dejusticia, tienen un vocero por cada investigación lo que le facilita a los productores de los programas invitarlos.

Hay varios estudios que muestran que los que tienen un interés en salir en medios tienen más probabilidad de salir en ellos, y los programas de debate no son la excepción.

Cuando le preguntamos a dos productores de estos programas a qué atribuían que el senador Edward Rodríguez fuera tan invitado, lo atribuyeron a que su jefe de prensa habla con los medios para poner a su jefe en la agenda. También a que el Congresista nunca suele negar una invitación y va a todo a lo que lo llamen.

 

7

Las universidades públicas no están en el debate

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Una de las conclusiones del estudio es que los académicos que son invitados a los debates (que son una minoría en los seis programas analizados) trabajan en universidades privadas.

De las seis universidades en la que trabajan los invitados sólo una es pública: la Nacional que, en todo caso, ocupa el cuarto lugar con 20 invitados; casi cuatro veces menos invitaciones que los Andes, la de más asistencias con 76.

Le siguen el Externado con 58 y el Rosario con 50.

Una explicación para esto es que salvo la Nacional, la Distrital y la Pedagógica no cuentan con tantos académicos en los temas políticos. Y que la del Valle, la Uniantioquia, y otras importantes públicas están en las regiones.

Pero aún así, el bajo peso de la Nacional es elocuente y no pudimos encontrar entre los productores una razón para ello.

 

8

Un debate de abogados

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El estudio de Cifras y Conceptos muestra que la discusión en Colombia la dominan los abogados.

Ocho de las diez personas más invitadas han estudiado Derecho. Siete son abogados de profesión y uno (el senador Roy Barreras) es médico, pero, luego, hizo dos postgrados en Derecho Público e Internacional.

Los cinco más invitados (el representante Edward Rodríguez, el senador Ciro Ramírez, el exministro Luis Felipe Henao, Barreras y el uribista Rafael Nieto) todos tienen estudios en Derecho.

Los únicos que tienen otra profesión son el concejal uribista de Bogotá Andrés Forero (economista) y el senador verde Antonio Sanguino (sociólogo).

Es posible que esto se deba al gran peso que tienen los congresistas en estos programas, a la sobreoferta de abogados que existe en Colombia y a que, por lo general, los abogados están entrenados para debatir.

Pero una consecuencia de esto es que muchos debates en Colombia se encuadran desde una óptima jurídica, incluso cuando se trata de temas puramente políticos o sociológicos.

 

Tras siete meses, ayer finalmente la Fiscalía imputó al abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, por haberle supuestamente prometido a dos presos plata y ayudas a cambio de que cambiaran los testimonios que vinculaban a Uribe y a su hermano con el paramilitarismo en Antioquia.

Si se le prueban en juicio los delitos por los que fue imputado, Cadena encajaría en dos patrones que se han repetido en otros casos de allegados a Uribe enredados judicialmente:  personas que cometen delitos cuyo único beneficiario es el expresidente y la movida de una estrategia de defensa similar a lo que al parecer hizo Cadena con testigos presos.

En la entrevista que le hicimos a Uribe (ver la transcripción con el chequeado a sus respuestas que le hizo Colombiacheck), a mediados del mes pasado, le preguntamos sobre ambos patrones pero el Senador eludió hablar de éstos y prefirió referirse a cada caso particular por separado.

Estos son los dos patrones.

El viernes la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, que es la columna vertebral de los Acuerdos de Paz, aceptó el sometimiento del excongresista caqueteño Luis Fernando Almario para establecer si -como ya lo han dicho algunos exguerrilleros y otros testigos- él se alió con las Farc para exterminar a la familia de políticos liberales Turbay Cote a finales de los años noventa.

Dado que, para acceder de manera permanente a los beneficios de esa Justicia Especial, Almario tiene que, entre otras, decir efectivamente la verdad, el hecho promete remover los lazos que logró concretar la vieja guerrilla con políticos en las regiones y vuelve a poner de presente la verdad que deben las Farc frente a uno de sus crímenes más atroces.

Pero, esto tendrá varios retos.

Comenzando porque Almario no piensa aceptar esas acusaciones en la JEP, según le dijo a La Silla Vacía.

El político nos dijo que cree que, a diferencia de la justicia ordinaria, ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz sí tendrá garantías para demostrar que todo por lo que lo han acusado es supuestamente un montaje de testigos falsos. 

Esa es la misma tesis que usó en la investigación por vínculos con paramilitares por la que, en 2016; fue condenado a diez años de cárcel que aún está pagando, aunque en libertad. 

Eso, y el hecho de que otros exguerrilleros clave en el proceso han muerto o están en las disidencias, hace más grande el reto de la JEP de entender por qué las Farc se ensañaron con desaparecer a los Turbay Cote.

El exterminio de una familia

La JEP accedió a estudiar el proceso de Almario porque, además del compromiso de aportar al esclarecimiento de los hechos, excomandantes del Bloque Sur lo mencionan en las versiones individuales y colectivas que han presentado sobre los crímenes cometidos en ese departamento.

Además, la Fiscalía entregó un voluminoso expediente con pruebas que señalan al político como autor intelectual del crimen.

Una vez arrancó a funcionar oficialmente en marzo de 2018, la JEP decidió priorizar el caso de la familia de Turbay Cote porque lo enmarcó dentro del caso 001 que se refiere a las retenciones ilegales -como se llama el delito- hechas por las Farc. 

La relación hace referencia al secuestro en 1995 del dirigente liberal Rodrigo Turbay Cote, en ese momento presidente de la Cámara de Representantes. Almario ocupaba la otra curul que la Constituyente del 91 le dio al Caquetá, en representación del partido conservador.

Aunque en medio del secuestro se conoció una prueba de supervivencia en la que Rodrigo hablaba de los avances de un acuerdo político para su liberación, su cadáver apareció dos años después en un río del Caquetá. 

El ensañamiento de las Farc con la familia no paró ahí.

Cinco años después, el 29 de diciembre de 2000, en un retén entre Florencia y Doncello, esa guerrilla mató a Diego Turbay Cote (quien había relevado a Rodrigo en el Congreso en 1998 y buscaba su reelección con Almario), y a su mamá Inés Cote, una líder regional que tenía un programa de radio muy influyente, llamado ‘La Conga’, desde donde cuestionaba con frecuencia a la guerrilla. 

Otros cinco acompañantes (Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos), también fueron obligados a bajarse de las camionetas, y asesinados en el piso.

De esa manera, las Farc acabaron con una de las fuerzas políticas más poderosas del sur del país matando no solo a sus líderes más visibles, como era la familia Turbay Cote, sino a varios de los políticos que integraban esta vertiente del Partido Liberal.

La conexión con Almario

Dos jueces de Florencia, con fallos en 2002 y 2009, condenaron a 40 años de cárcel a los integrantes del Secretariado de las Farc por ser los responsables materiales de los secuestros y las muertes de los Turbay Cote.

Dijo la justicia que, según testimonios de exguerrilleros, ‘Joaquín Gómez’ dio la orden del ataque, ‘Rubén Polanco’ lo ejecutó y ‘Fabián Ramírez’ estuvo en la escena de los hechos.

Pero un debate en el Congreso de la República en el 2007 que lideró el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, dio pistas para entender que detrás del crimen hubo razones políticas más allá de las Farc. 

Ahí se empezó a hablar de ‘Farcpolítica’ y salió el nombre de Almario. 

En ese debate, se conocieron unos testimonios de exguerrilleros, entre ellos el de un desmovilizado que se llama Gerardo Aguirre Ballesteros, que dice que fue testigo de una conversación entre el exjefe guerrillero de las Farc, ‘Fabián Ramírez’, y otro comandante con el alias del ‘Guara’, en la que mencionan que Almario mandó razón de atacar a la familia Turbay porque ellos habían traído a los paramilitares al departamento.  

El fallo del 2009 del juzgado penal de Florencia contra el Secretariado, advierte que en el año 2000 las Farc habían declarado objetivo militar a todos los políticos de partidos tradicionales o que estaban señalados de ser aliados de los paramilitares. 

La relación entre paramilitares y la familia Turbay nunca se comprobó. 

Pero meses después de ese debate de Petro, la Fiscalía sí encontró pruebas para señalar a Almario de instigar el ataque, y ordenó su captura a finales de 2008.

Como lo contó La Silla, Almario logró dilatar ese proceso apelando a sus relaciones en la judicatura, y en 2009 un juez lo dejó libre porque encontró errores de procedimiento en la investigación de la Fiscalía.   

En 2012, el proceso revivió y volvió a la Corte. 

Desde entonces, la Fiscalía ha documentado más testimonios de otros exguerrilleros que le dan peso a la versión de que Almario implantó en las Farc la idea de que los Turbay eran promotores del paramilitarismo.   

Además, en 2011 circuló un video de las Farc en el cual dos de los comandantes en el Caquetá conocidos como ‘Mauricio Gareca’ y ‘Rubén Polanco’ confesaron el crimen de la familia Turbay Cote y volvieron a vincular a Almario. 

“El señor Almario nos dio la información que nos permitió conocer los movimientos de la familia Turbay”, dice Gareca.

Los señalamientos fueron de tal magnitud que, en el 2012, el entonces procurador Alejandro Ordoñez destituyó e inhabilitó a Almario por 18 años por sus nexos con grupos armados. 

“Las alianzas establecidas entre las Farc y líderes políticos tenían fines criminales, económicos y políticos”, dice el fallo.

En ese momento, paralelamente, Almario fue vinculado al proceso con los paramilitares. En 2016, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a diez años de cárcel porque probó que se alió con ellos  entre 2001 y 2006 para ganar las elecciones. 

En 2017, el excongresista quedó en libertad condicionada porque cumplió dos terceras partes de la condena y consiguió beneficios por buen comportamiento. 

Un año después, pidió pista en la JEP por la investigación de farcpolítica que aún la Corte no había resuelto. Así, no solo le quitó el expediente al juez que ya lo había condenado por parapolítica, sino que ganó tiempo para preparar la estrategia con la que cree puede demostrar su inocencia en otra instancia.

La estrategia de Almario

A pesar de todo el material probatorio que lo vincula, Almario sostiene que es inocente y que tiene pruebas que desvirtúan los señalamientos. 

“Yo sí estoy agradecido de que me escuchen en la JEP, tengo todo para comprobar que nunca fui enemigo de la familia Turbay Cote, que nunca me beneficié de su desaparición, y que nunca me apoyé en las Farc o los paramilitares para poder hacer mi carrera política”, le dijo a La Silla Vacía, cuando lo consultamos para esta historia. 

El político empezará a contar su versión desde el 1 de septiembre. 

Dice que hablará del contexto político que antecedió el secuestro de Rodrigo Turbay y la masacre de los demás miembros de la familia porque eso daría pistas para entender qué motivó a las Farc.

Que, por ejemplo, hay sentencias y testimonios que relacionan el crimen a un interés propio de las Farc por mantener el control territorial atacando a la clase política tradicional.

Que había disputas al interior del turbayismo que desencadenaron en una pelea que las Farc terminó zanjando a punta de bala. Y que eso le permitió a otros dirigentes crecer políticamente.

O que había enfrentamientos políticos fuertes en algunos municipios como Puerto Rico en el que los Turbay y las Farc tenían candidatos. 

Hipótesis que no son novedosas porque son las mismas que salieron al aire en el debate de 2007 de Petro, pero que Almario dice que la justicia ordinaria nunca quiso indagar. 

En esa línea, serán clave los testimonios de los excomandantes del Bloque Sur que están condenados por la masacre. El lío para el proceso y para Almario, es que las Farc están divididas y las versiones entre los sobrevivientes del Secretariado no siempre coinciden.

Por un lado está ‘Fabián Ramírez’, que está alejado del partido y está liderando su propia implementación. 

Él ya rindió versión individual a la JEP sobre su participación en los hechos. Inicialmente aceptó su responsabilidad en el caso del secuestro y muerte de Rodrigo Turbay, porque dijo que era el responsable de garantizar el traslado de Rodrigo a otro campamento cuando  supuestamente se presentó un accidente, y el político cayó y se ahogó. 

En entrevistas con medios locales, ha dado a entender que no es cierto que Almario los haya instigado para atacar a los Turbay. 

Pero eso contradice lo que dijeron en su momento otros excomandantes del Bloque Sur como ‘Mauricio Gareca’ y ‘Rubén Polanco’, los del video de 2011.

Los dos actualmente están encargados de coordinar el espacio de reincorporación que montaron excombatientes en Putumayo y han estado en las versiones colectivas que ha hecho el Bloque Sur, como la de Miravalle, Caquetá, el año pasado.  

Los detalles de ese relato colectivo hacen parte de la reserva del proceso, y por eso no está claro si entregaron más datos que terminen de hundir a Almario. Pero dado que ellos también firmaron actas de compromiso de verdad para obtener beneficios jurídicos, lo lógico sería que se ratificaran si tienen las pruebas.

El cruce de versiones entre los exfarc, ha dado paso en Caquetá a especulaciones como que Almario se ha acercado a ‘Fabián Ramírez’ y a ‘Joaquín Gómez’ para que le ayuden en su versión. 

Almario dice que nunca se ha reunido con ‘Ramírez o ‘Gómez’’, que se los ha encontrado en eventos académicos o foros de paz, y que está preparado para un ‘cara a cara’ con Gareca y Polanco o “los que sean”.

Más allá de las contradicciones y los detalles, la JEP cree que la variedad de testimonios son funcionales para esclarecer la relación de Almario. 

“(...) los hechos por los cuales es investigado el señor Almario Rojas fueron expuestos en la ampliación de la versión colectiva correspondiente al Bloque Sur, llevada a cabo en Miravalle el 10 de diciembre de 2019 . Igualmente, hubo menciones sobre el secuestro del señor Rodrigo Turbay Cote y los hechos victimizantes ejecutados contra la familia Turbay Cote en la versión voluntaria del compareciente Fabián Ramírez Cabrera”, señala el auto que acepta el sometimiento.

Eso dobla la apuesta porque, 20 años después de la masacre, han muerto o desaparecido más de 38 testigos, entre exguerrilleros, taxistas que presenciaron los hechos y otros civiles. 

Por ejemplo, alias ‘Patamala’, quien perpetró el ataque, murió en 2009 y se llevó a la tumba muchos secretos de los grandes crímenes políticos de los últimos años en este país como lo contó La Silla en su momento.

‘Iván Márquez’, que era del Caquetá, conocía detalles de las relaciones políticas e incluso en 2014 les pidió perdón a los sobrevivientes de los Turbay, ya no está en la JEP y montó una banda con ‘El Paisa’, comandante de la columna ‘Teófilo Forero’.

Al margen de lo que digan los exguerrilleros que quedan, Almario también va a plantear que él fue víctima y no socio de grupos armados. 

De las Farc porque, dice, le hicieron 15 atentados, como el del 2003 cuando le pusieron una bomba en su casa. Que llegó a tener hasta cien escoltas cuando se movía por el departamento.

Y de los paramilitares porque ellos no tenían capacidad para intervenir en política en el departamento y por eso resultaría ilógico el argumento de beneficiarse de una alianza con ellos. 

“Los paramilitares nunca hicieron política en Caquetá, ellos se dedicaron al narcotráfico, a la extorsión, a la delincuencia. Lo han dicho varios excomandantes”, añade. 

Un argumento que se cae de su peso no solo por la condena que tiene encima y revela el entramado con esa relación, sino porque, como contamos, otro político de la región como el exgobernador liberal Álvaro Pacheco también fue condenado por aliarse con los paramilitares para crecer electoralmente. 

En medio de su convencimiento, Almario dice que una vez empiece su tránsito por la JEP dará más detalles de sus compromisos de verdad.

Para la Sala de Reconocimiento, que lo aceptó con el salvamento de voto de dos de los seis magistrados, lo que ha propuesto hasta ahora el excongresista es prometedor porque representa una oportunidad de “comprender el conflicto desde una perspectiva amplia que supere su entendimiento como simples confrontaciones armadas entre actores o grupos armados”. 

Si lo encontraran culpable y él no reconociera su culpa, Almario volvería a la justicia ordinaria y pagaría cárcel hasta por 20 años.

Aunque hay muchas evidencias y movidas para probarlo, pocas veces de manera tan explícita en un audio queda claro cómo se toman algunas decisiones sobre el poder en el país.

Es el caso de un audio de ocho minutos, que La Silla Vacía conoció y hoy publicamos, en el que el presidente del Partido de La U, Aurelio Iragorri, les informa por chat de whatsapp a los representantes de esa colectividad los detalles de una reunión que tuvo hace unas semanas con el presidente Iván Duque.

El motivo de ese encuentro: hablar de la terna para Defensor del Pueblo que debe armar Duque y sobre la cual elegirá la Cámara de Representantes este mes de agosto al reemplazo del actual defensor, Carlos Negret, quien es de ese partido.

En el audio, aunque no se compromete con darles el puesto y ni siquiera un espacio en la terna, se confirma, como lo habíamos revelado en La Silla Vacía, que el Presidente está recibiendo hojas de vida de La U para ese cargo.

Esa movida contrasta con la posición de Duque desde que estaba en campaña de no dar mermelada (concebida como puestos) a los partidos para conseguir apoyos en el Congreso, como sí lo hizo su antecesor, Juan Manuel Santos, de quien el actual Presidente fue uno de los principales críticos justamente por las repartijas burocráticas.

Por otro lado, queda claro una vez más el gran apetito burocrático de La U, que viene de ser santista, cuando Iragorri dice frases como:

“Le ratificamos (a Duque) la importancia de que no nos deje a este Partido por fuera, que nos tenga en cuenta y le dije ‘esta es la última oportunidad o el último cargo que le queda a nivel organizacional de carácter nacional importante, no tenemos nada más Presidente, nada distinto a esa opción’”.

Escuche el audio completo aquí:

La puja por los candidatos de La U

El propósito de la reunión, resume Iragorri en su audio, fue el de hablar “el tema de los nombres enviados por el partido (para la terna) y cómo se siente su bancada respecto al trato”.

Ambos temas son clave porque, como revelamos, dentro de La U hubo una pelea interna por los nombres que envió el partido, a petición de Duque, para conformar la terna; y sobre el trato de la bancada en el Gobierno, porque, como también contamos, esa colectividad aparentemente entró a la coalición de Duque al recibir el Ministerio de Trabajo, pero no se siente representada por el ministro, Ángel Custodio Cabrera.

Según detalla Iragorri en sus ocho minutos, le entregó al Presidente la hoja de vida del actual director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez, a quien en el audio Iragorri referencia como ‘Poncho’, que es como se le conoce al hoy funcionario en Cesar, donde ha hecho carrera política.

Prosigue el director de La U agregando que, si bien Duque le recibió esa hoja de vida, lo descartó porque no lo piensa a mover del cargo que tiene actualmente: “Que a ‘Poncho’ lo había designado como director de la Unidad Nacional de Protección, que él no sabía de dónde Poncho había pensado que era el candidato a la Defensoría”, dice Iragorri.

El otro nombre cuya hoja de vida entregó y del que habló con Duque, es el de la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez, a quien Iragorri inicialmente no había candidatizado por parte de su partido y que, como contamos, es cercana al Presidente y al ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera.

“Él (Duque) me señaló que daba por recibidas esas dos hojas, pero al mismo tiempo me dijo que no eran sus candidatos”, advierte Iragorri a sus copartidarios en el parte de la reunión que les dio.

El presidente de La U dice que Duque “no me desechó a nadie, pero tampoco me dio la sensación de que aprobara a nadie”.

Aparte de quedar en evidencia que el Primer Mandatario les da contentillo a los de La U, recibiéndoles hojas de vida, pero sin comprometerse; el audio también revela que Duque no está dispuesto a dejar el cargo de Defensor en manos de la oposición.

Duque no quiere un Defensor de oposición

Según dijo Iragorri, uno de los nombres sobre los cuales hubo más discusión en la charla con el Presidente fue el del actual secretario del partido, Álvaro Echeverri, quien fue inicialmente candidatizado por La U, pero que, como contamos, no tuvo buen recibo dentro del Gobierno por su pasado en el Gobierno Santos.

Echeverri, quien llegó al cargo de secretario de La U por el senador opositor Roy Barreras, fue director de consulta previa en el Ministerio del Interior con los exministros santistas  Germán Vargas y Juan Fernando Cristo. 

Según Iragorri, precisamente por su cercanía con Cristo y una reunión previa que tuvieron con Echeverri, fue que hubo ruidos de que el Secretario era un “candidato de oposición”.

“Con respecto a Echeverri, que supuestamente había hecho un acuerdo con Juan Fernando Cristo. Nosotros nos reunimos con Cristo en la oficina. Él quería que le ayudáramos a tener una reunión con el de las cajas de compensación para un tema de la Caja de Norte de Santander”, explica Iragorri.

(Con esa frase sobre Cristo, Iragorri confirma las movidas del exministro para recuperar burocracia y poder en Norte de Santander, un asunto que contamos en detalle la semana pasada en La Silla).

Según el jefe de La U, Duque creería que ternar a Echeverri es abrir espacio para que gane un Defensor contrario a su Gobierno:

“El Presidente tiene la idea de que si llega a ternar a Álvaro, como bien me lo dijo, no solo Álvaro se despachará en contra del Gobierno Nacional, como parte de la oposición y de toda la izquierda, sino que no tendrá el Presidente ninguna garantía al tenerlo a él como candidato a la Defensoría.

Me lo dijo con estas palabras: yo no soy hue...”, detalla Iragorri.

Más allá de este rasgo, a Iragorri le quedó claro que Duque armará su propia terna, pero sin pelear con los partidos.

El 'aquí mando yo' de Duque

Al final del audio, Iragorri asegura que Duque le reiteró que, más allá de las negociaciones, no quiere que le impongan nombres:

“Me dejó claro nuevamente: ‘Es que la terna la armo yo y yo no voy a cometer errores’, me dijo: ‘Al suscribir esa terna que es la única en la que la Constitución me da la potestad’, dijo él, ‘de suscribirla, así que permítame, me señaló, de hacer el ejercicio libremente, y de incluir en esa terna a quien me dé todas las garantías’”, relata Iragorri.

Pero también dijo que Duque lo mantendrá al tanto hasta momentos antes de enviar la terna a la Cámara.

“Quedamos de volver a hablar. Delegó parte del tema de la discusión en cabeza del viceministro (del Interior, Daniel Palacios) y la Ministra (del Interior, Alicia Arango) y me garantizó que antes de enviar la terna estaríamos revisando la composición de la misma, porque dijo que ‘yo por ningún motivo quiero afectar al partido con mi decisión’”.

Según supo La Silla Vacía, la terna sería enviada a finales de esta semana.

En momentos en que el presidente Iván Duque anuncia que el confinamiento obligatorio irá en el país hasta el próximo 30 de agosto, con lo cual Colombia tendrá, al menos en el papel, pues existen extensas excepciones, una de las cuarentenas más largas del mundo por el covid; Bogotá amanece con una ocupación del 90,4 por ciento de las Unidades de Cuidado Intensivo UCI para atender a los pacientes que se agraven.

Eso quiere decir que, de las 1.503 UCI existentes, solo quedan 145 para los críticos por coronavirus en una ciudad de 7,5 millones de habitantes, a donde, además, llegan enfermos de municipios aledaños.

De 56 instituciones de salud que hay, 30 ya están a tope con todas sus camas de cuidados intensivos llenas. 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hace tres meses había asegurado que el día que se llegara al 70 por ciento de ocupación decretaría el confinamiento estricto (sin tantas excepciones), sigue con su cuarentena sectorizada y medidas para personas con patologías particulares; mientras la mayoría de gremios médicos le pide cerrar porque el sistema de salud colapsó.

La mandataria, en respuesta, les sugiere tener “nervios de acero” y asegura que se trata de una saturación, más no de un colapso.

Más allá del término, varias historias que se están viviendo en los hospitales de la ciudad confirman una crisis que tiene padeciendo a enfermos, familias y personal de salud.

Esta es la crónica de lo que vimos y oímos tras hablar con doce personas y recorrer cuatro instituciones de salud:  

*** 

Marco y la UCI de su papá, que le dieron a alguien más joven

Hace 15 días, Marco Antonio Carrillo, de 29 años, despertó y vio que su papá, quien también se llama Marco, tenía dificultades para respirar. Lo llevó en carro desde el barrio Tabora (Engativá) al hospital público Palermo. No alcanzó a avisar en el colegio donde enseña tecnología que no podría dar las clases virtuales. Veía a su padre muy grave.  

Al señor Marco, de 85 años, lo dejaron en urgencias y desde ese día su familia no lo volvió a ver. El miércoles siguiente, un día después de haber llegado al hospital, le dieron una habitación y le dijeron que necesitaba ventilación. El jueves le avisaron que le asignarían un ventilador, pero llegó un paciente más joven y en la entidad decidieron priorizarlo a él.

Veinticuatro horas después, llegó al hospital otro equipo y, con este, la promesa de una UCI para el papá del profesor. Pero una vez más los médicos optaron por dárselo a otra persona de menos edad que también lo necesitaba.

“Los médicos me dicen que por ética deben darle el ventilador a los pacientes más jóvenes”, dijo, desesperado, por esas horas Marco hijo en un video que publicó en sus redes.

Hace 10 días, después de que ese mensaje se viralizó, al papá, por fin, le asignaron la esperada UCI. 

La semana pasada, el profesor contó que no sabe cómo se contagió el señor Marco, pues en su casa nadie sale. Él da sus clases de forma virtual, una prima que convive con ellos tampoco va a la calle, y su mamá también cumple el confinamiento pues es ama de casa. 

El señor Marco se pensionó de una fábrica de colchones. Antes de caer enfermo, le gustaba estar en familia y leer la biblia. 

Por varios días, su hijo Marco recibió cada 24 horas un reporte telefónico sobre cómo seguía, pues no lo dejaban entrar a verlo.

Este lunes falleció.

El profesor llamó a contar la noticia y pidió, por favor, publicar que su padre era un gran hombre.

El trauma de la enfermera Patricia

Patricia* es una enfermera que trabaja en la (privada) Clínica de Occidente. A principios de este mes, cuenta sin dar muchos detalles por miedo a perder su trabajo, vivió la experiencia más traumática que le ha tocado en su oficio:

Vio morir ahogada a una señora de unos 50 años, positiva para covid, que estaba esperando ventilación artificial.

En su relato, Patricia añade que, unas dos semanas después, le oyó decir en medios a la Alcaldesa López que en Bogotá nadie se estaba muriendo por falta de atención.

“Pero, si eso no es colapso, ¿qué es?”, remató la mujer, quien agregó que la muerte por ahogamiento “es muy dolorosa”. 

No es la única enfermera testigo del mal momento.

El pasado viernes por la tarde, a las afueras de los hospitales (públicos ambos) San Rafael y San José Centro, dos auxiliares de enfermería coincidieron en contar -de forma anónima también- que los pacientes que llegan remitidos de otras entidades, y se supone que por eso mismo deberían pasar a ser atendidos enseguida, a veces tienen que esperar hasta cuatro horas en la puerta, montados en la ambulancia, hasta que los ubican.

Si tienen la buena fortuna de que los ubiquen.

“El hecho de que un paciente tenga que esperar entre 24 y 72 horas para recibir ventilación es un colapso porque el virus avanza tan rápidamente que en ese tiempo puede entrar en paro respiratorio, tener afectaciones neurológicas o incluso morir”, añadió por su parte, en el mismo sentido de las enfermeras, el médico general de UCI en el hospital de Kennedy,  Camilo Rodriguez.

El Keneddy ya no tiene ni una UCI disponible. 

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

La intuición del doctor Herman 

Era el 19 de junio, el primer Día sin IVA. Semanas antes, el doctor Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, había visto cómo varios medios promocionaban en Colombia esa jornada como una oportunidad para apoyar a los comerciantes y revivir la economía del país. No le puso mucha atención.

Ese día llegó temprano al Centro de Investigaciones Oncológicas, donde trabaja hace 20 años. 

A eso de las diez de la mañana un colega le mandó un mensaje por Whatsapp. Estaba intentando comprar algo online y tenía 150.000 turnos por delante. Minutos después, le llegaron, también al teléfono, videos de personas abarrotadas en las calles para aprovechar los descuentos. 

“En ese momento yo dije: ‘Nos vamos a reventar’”, recuerda. 

A eso de las 11 de la mañana, el doctor estaba empezando su jornada de cirugía. 

Tenía tres pacientes enfermos de covid para hacerles traqueostomía, un procedimiento por el cual se crea una abertura dentro de la tráquea, a través de una incisión en el cuello, y allí se inserta un tubo para facilitar el paso del aire a los pulmones. 

Esta ejecución es cada vez más frecuente en los pacientes que necesitan ser intubados y tienen graves fallas respiratorias. 

Dejó su celular y con angustia se puso uno a uno los elementos de protección para empezar a trabajar: vestido quirúrgico, bata, traje completo de seguridad, una escafandra, un tapabocas N95, gafas y escudo facial.  

En la sala de cirugía, sigue recordando, todos se preguntaban “¿A quién se le ocurrió tal absurdo?” del Día sin IVA.

Ese 19 de junio, Bogotá tenía 10.661 casos activos de coronavirus. Catorce días después la cifra era 20.936. A ayer: 49.143. 

Recorrido por urgencias

Hicimos un recorrido este viernes por cuatro de los 30 hospitales de Bogotá que ya superaron su capacidad de UCI: San Rafael, Santa Clara, San José y Palermo para ver más cómo está funcionando el sistema de salud. 

También hablamos por teléfono con parte del personal médico de otros centros de salud que están a tope.

En las puertas de estos hospitales, no se veía una gran aglomeración de personas. En todos había restricción para el ingreso de personas. Las filas se hacían con distancia y la sala de espera de urgencias no estaba llena. 

En la ciudad no se ve lo que pasaba en Guayaquil o en Nueva York hace unas semanas, donde la gente moría en las calles o tenían que enterrarla en parques.

Pero la demora en la atención es evidente.

Por ejemplo, afuera del San Rafael había una ambulancia con un paciente positivo del virus. Tres horas de espera después, le dieron entrada. A su esposa, de unos 70 años, la dejaron pasar para acompañarlo.

La auxiliar de enfermería que lo acompañó en la ambulancia contó sin dar su nombre que les habían advertido que no habría ventilación disponible en dado caso de que la requiriera. 

Este hospital ya había superado su capacidad. El único ventilador libre estaba reservado para un joven de 19 años que hacía pocos minutos también había llegado con fallas respiratorias por el virus.

“Es un dilema terrible porque todo el personal médico quisiera atender a todos por igual. Pero en este punto también decides a quién le salvas la vida”, explicó la auxiliar.

A la entrada de urgencias llegó llorando Paola Romero. Le suplicó al celador que le pidiera a alguna enfermera que por favor le revisara el azúcar a su papá, Jose Dagoberto Romero.

“Lo traje a las cuatro de la mañana porque estaba muy mal–contó– Mi papá es diabético y tuvo contacto con una tía que salió positiva. Me preocupa que debería estar en 120 de azúcar, ayer estaba en 517 y ahora se bajó a 80. Desde anoche no respira bien”.

Paola recuerda que llamó a las dos de la mañana a la línea 195 para pedir una ambulancia. Le aseguraron que le devolverían la llamada, pero esperó por dos horas hasta que su papá se puso tan mal que un vecino tuvo que ayudarlos llevándolos desde Usme hasta el hospital que está en la localidad de Antonio Nariño. “Lo veo ahogado, ya se quitó el tapabocas porque no puede respirar”, se lamentaba.

Esa noche le dieron salida a José, mientras le daban los resultados de la prueba de covid. Aún no se los han entregado, pero este martes, cuatro días después, tuvieron que llevárselo de nuevo al hospital por problemas respiratorios.  

“El hecho de que tenga que poner a pacientes en consultorios médicos en vez de habitaciones es un colapso. Ni siquiera se pueden esperar las tres horas que dura la desinfección porque es mucha la gente que llega contagiada (…) Es tanto el personal médico que se ha contagiado que los que no nos hemos enfermado tuvimos que doblarnos en turnos”, dijo, casi al otro lado de la ciudad, desde la Clínica El Lago, que queda al norte y también está al rojo, una enfermera.

Otra enfermera, del hospital Santa Clara, también dijo que para ella el colapso se dio hace tres semanas, cuando el coordinador les dijo que la sala de UCI de pediatría se iba a adecuar para pacientes adultos y que el personal que atendía a menores ahora tendría que ocuparse de adultos.

Sin presentar sustento ni estudios técnicos, hace un mes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le pidió al Concejo de la ciudad facultades para cambiar el objeto social de la empresa de servicios públicos EPM, que, con transferencias anuales a la ciudad cercanas a un billón de pesos para proyectos de desarrollo social, es la joya de la corona de los paisas.

El mandatario presentó un proyecto de acuerdo en el que propuso un paquete de negocios tutti frutti para esa empresa con líneas cercanas a lo que EPM hace actualmente (por ejemplo, propuso incursionar en energías no convencionales y aprovechamiento de residuos), pero también tan variadas como monetización de las bases de datos de la compañía, turismo, venta de seguros y comercialización de electrodomésticos.

A la semana, sin embargo, lo tuvo que retirar ante la lluvia de críticas que le cayó de varios sectores, como la academia, el empresariado, políticos y hasta exfuncionarios de la empresa; por la falta de estudios y porque una iniciativa de esta magnitud tendría que ser debatida por los concejales y no un asunto decidido unilateralmente por el Alcalde.

Quintero anunció que volverá a apostar con otro proyecto en octubre, luego de hacer unas mesas técnicas con actores públicos y privados, pero la montaña para él seguirá difícil de subir.

La razón: le esperan no sólo las discusiones con los sectores y los concejales, entre quienes ya hay prevenciones después de este antecedente; sino la puja en la propia junta de EPM, que sería la encargada de aterrizar el plan y en donde hay cacaos que no necesariamente están alineados con el mandatario. 

De que esto le salga depende que a Quintero se le materialice la apuesta, que anunció desde la campaña, de convertir a EPM en una superempresa que apalanque su bandera de volver a Medellín un Valle del Software.

Las expectativas de Quintero con EPM

Cambiarle el objeto social a EPM para que expanda sus negocios más allá de los servicios públicos, aunque no es una discusión nueva, no se había dado en los términos en los que lo está proponiendo Quintero. 

Según nos contó Jorge Londoño, gerente de EPM en la Administración pasada, cuando llegó en 2016 a la cabeza de la empresa ya esa discusión estaba. Incluso, para eso contrataron un estudio con la firma McKinsey, una consultora estratégica que ayuda a las empresas en temas de modernización e innovación. 

De ahí salió el plan 2025, en el que se planteó la necesidad de cambiar el objeto social para “profundizar en el mundo de distribución de energía y expandirse en el mundo del gas”, como nos detalló Londoño.

El exfuncionario agregó que no le propusieron en ese momento al Concejo cambiar el objeto social porque la emergencia de Hidroituango les copó toda la atención, y que, en cualquier caso, el tema quedó planteado en el empalme con el Gobierno Quintero.

Sin embargo, en ese empalme el cambio de objeto estaba enfocado a los negocios actuales de EPM “y no en abrirnos a otras áreas como infraestructura o tecnología”, según explicó Londoño.

Desde campaña, Quintero había dicho que quería ir más allá e incluso propuso “insertarse en mercados hasta ahora inexplorados” por la empresa.  

Por eso, más allá de incursionar en energías no convencionales y renovables, como la producción y comercialización de páneles solares; o de potencializar a Empresas Varias de Medellín, la entidad de EPM que se encarga de recoger las basuras y tratarlas; en su proyecto fallido incluyó dos grandes apuestas de Quintero: la de la información y la infraestructura.

• La de la información: tiene que ver con una propuesta de campaña de Quintero que escaló hasta el anteproyecto del Plan de Desarrollo y que finalmente no quedó en el documento final que aprobó el Concejo: crear la Empresa de Información Pública de Medellín. 

Esa idea tiene varios hilos. Por ejemplo, Quintero quiere que esa empresa maneje una plataforma en la que se recojan todas las bases de datos que tiene la Alcaldía y sus dependencias para tener una sola de big data, como parte de su propuesta de avanzar en un gobierno digital. 

También, como parte de un proyecto de mejorar la movilidad en la ciudad a través de un sistema de información, quiere que esa empresa recoja toda la información del transporte de la ciudad, aplique analitica de datos y administre la semaforización. 

Incluso, Quintero planteó que esa empresa manejada por EPM avance en procesos de digitalización, sensorización y vigilancia, y que absorba a la Empresa de Seguridad Urbana ESU, un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín que presta servicios como asesorías en seguridad, instalación y manejo de cámaras de vigilancia y plataformas web para denuncia de delitos. 

• La de infraestructura: Quintero lanzó en campaña la propuesta de que EPM cree una empresa tuneladora, para ingresar “en el mercado de la infraestructura para la construcción de redes de servicios públicos sin zanja, autopistas y líneas de metro subterráneas”, según dice en su programa de Gobierno.

De hecho, en ese mismo documento, planteó la posibilidad de que EPM participe en la construcción de una nueva línea del Metro que atraviese la ciudad de norte a sur con algunos tramos subterráneos. 

Quintero argumenta que EPM tiene la experiencia en ese campo por proyectos que ha hecho en Antioquia para mejorar el acueducto y alcantarillado, y que, de lograrlo, “Medellín será la primera ciudad de Colombia en adquirir una tuneladora a través de una empresa pública”.

Sin embargo, ninguna de esas propuestas quedó en el Plan de Desarrollo, sino que el mandatario las quiso aterrizar en el proyecto que retiró y con algunas movidas dentro de EPM.

Quintero alinea a EPM con su Valle del Software

Para aterrizar esas ideas, Quintero está haciendo trabajo al interior de EPM. Primero, con el nombramiento del gerente Álvaro Guillermo Rendón que, aunque es abogado y conservador de vieja data, está alineado con el lenguaje y visión del Valle del Software del Alcalde. 

Así se evidenció en marzo cuando, en un desayuno para periodistas, expusó los siete focos estratégicos de EPM, y el primero lo nombró “servicios del futuro, ciudades inteligentes y Cuarta Revolución Industrial”, y allí expuso que la data de 65 años de la empresa tenía un uso limitado y la idea era ponerla al servicio en temas ambientales, de seguridad y de movilidad. 

“Que nazca la marca Valle del Software, para que podamos desde allí mostrar nuestra inteligencia en cada uno de los procesos”, dijo Rendón en ese desayuno. 

Además de Rendón, Quintero llevó a EPM dos vicepresidentes: Daniel Arango Ángel, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Negocios, y Darío Amar Flórez, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología. Dos puestos clave para pensarse la incursión de EPM en otros campos. 

Arango fue viceministro del Ministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuando Quintero era viceministro de Economía Digital del Ministerio de las TIC; y dejó la junta de la Cámara de Comercio de Pereira para recibir su cargo actual.  

Amar fue el vicepresidente de Estrategia durante once años de Quipux, una empresa colombiana que desarrolla software de gobierno digital como los de gestión de movilidad de las ciudades y recaudo de cobros de impuesto vehicular, y se los vende y maneja a los gobiernos locales. Entre sus clientes están más de 20 alcaldías y gobernaciones del país, y proyectos en Brasil y Costa de Marfil. 

Ese funcionario, además, es hermano de César Amar, quien siendo vicepresidente de Tecnología del Fondo Nacional del Ahorro conoció a Quintero cuando el Alcalde era Viceministro de TIC, y luego el mandatario lo metió en su empalme para los temas de EPM, pues trabajo en esa compañía durante 15 años. 

Que estas personas que comparten la visión de Quintero estén dentro o cercanas a EPM, hace que haya un buen ambiente para socializar el proyecto en la empresa y en la Junta Directiva, donde igual el Alcalde es el mandamás porque la preside y elige a cinco de sus ocho miembros, pero eso no implica que vaya a ser fácil. 

Ni el aterrizaje en EPM ni las negociaciones para el proyecto en las mesas técnicas y en el Concejo.

La cuesta arriba 

Según un exfuncionario de EPM que conoce de cerca a la Junta, el proyecto tendrá que discutirse allí con pesos pesados del empresariado antioqueño como el cacao Manuel Santiago Mejía, cabeza de la familia dueña de Corbeta, uno de los grupos empresariales más importantes del país con marcas como AKT, Alkosto o Kalley; o Javier Genaro Restrepo, expresidente de Ecopetrol y exgerente de ISA. 

En la Junta, por ahora, Quintero sólo ha nombrado al exmagistrado de la Corte Suprema, Luis Fernando Álvarez, y al ingeniero civil y exfuncionario de EPM, Jesús Aristizabal; aunque no ha querido dar opiniones oficiales, La Silla supo que este último en varias ocasiones de manera informal ha manifestado no estar de acuerdo con el proyecto del Alcalde. 

Socializarlo por fuera de EPM también va a ser complejo para Quintero. 

En principio por el paso en falso que ya dio de pedirle al Concejo que le diera las facultades para hacerlo sin sustentos ni estudios técnicos. 

Eso generó desconfianza en varios sectores: exgerentes y exfuncionarios de EPM, algunos concejales, empresarios antioqueños y académicos. 

Por ejemplo, Nicolás Posada, el presidente del Comité Intergremial de Antioquia (que reúne a 29 gremios empresariales y a las cinco Cámaras de Comercio del departamento), le dijo a La Silla que el Alcalde no les consultó el proyecto en ningún momento.

“Cuando se plantean reformas tan importantes, lo más natural es que se hubiera presentado ante el Comité la presupuesta para nosotros discutirla y hacer un análisis juicioso”, pero esto no ha ocurrido hasta ahora. 

En un comunicado oficial el Comité expresó que “puede ser conveniente estudiar una posible y puntual ampliación del objeto social” de EPM, pero que esa discusión tendrá que darse en el Concejo. 

Y la concejal Paulina Aguinaga del Centro Democrático, que es conocida por el control político que le ha hecho a EPM, le dijo a La Silla que el Concejo no puede firmarle un cheque en blanco al Alcalde. 

Aguinaga asegura que las finanzas de EPM no están en buen momento para invertir en nuevos negocios, pues, además de los sobrecostos de Hidroituango, que casi llegan a cuatro billones de pesos, el primer trimestre del año la empresa tuvo una pérdida histórica de utilidades de 276 mil millones de pesos. 

Otros concejales, como el verde Daniel Duque y el uribista Alfredo Ramos, que son los más críticos de la gestión del Alcalde, también se han pronunciado en contra de darle facultades a Quintero para modificar el objeto de EPM. 

También académicos, como los ingenieros de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, de donde salen muchos de los técnicos y profesionales de EPM, concluyeron en un comunicado que la propuesta del mandatario es inoportuna por las responsabilidades que tiene la empresa en cuestión de servicios públicos en el país; es riesgosa y los beneficios no son obvios; y “no está justificada ni respaldada por estudios independientes y creíbles”. 

Por último, está una carta firmada por 162 exfuncionarios de EPM, en respuesta a la iniciativa, en la que dicen que para innovar en el mundo de los servicios públicos, como con el tema de energías renovables o aprovechamiento de residuos sólidos, no se necesita cambiar el objeto social; y que el resto de líneas de negocios que se proponen son “innecesarios, improcedentes y peligrosos”. 

Además de todo esto, por el momento Quintero enfrenta otras urgencias, como la disparada de casos de covid en la ciudad, en donde cada vez hay menos camas de UCI disponibles, y la propia atención de su enfermedad (el mandatario anunció esta semana que salió positivo para coronavirus, aunque está asintomático y sigue gobernando a distancia).

El debate sobre la renta o ingreso básico universal lleva ya varios años en el mundo. Incluso, en algunos países se ha llegado a implementar si bien no de manera permanente como: Irán o Mongolia, otros han hecho pruebas piloto como Uganda, Kenia, Namibia, India, Estados Unidos, España o Los Países Bajos.

Aquí apenas está arrancando. Ha sido tema ya de muchos webinar y discusiones en los medios, y dará lugar a un pulso político en el Congreso donde ya hay radicados tres proyectos de ley, pero desde diferentes orillas ideológicas y cada uno con sus particularidades. Uno lo lidera, por ejemplo, el senador Iván Marulanda de la Alianza Verde con otros nueve partidos: el Polo, Maís, la coalición Decentes-Unión Patriótica, la Farc, Colombia Humana, el Partido Liberal, La U y Cambio Radical. Otro, el senador Álvaro Uribe.

Para discutir sobre los diferentes modelos políticos, económicos y sociales que hay en disputa en las diferentes formas de renta básica y en el debate mismo sobre su viabilidad, invitamos a Juan Ricardo Aparacio, profesor del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de Los Andes a quien le hicimos esta entrevista hace más de dos años en la que ya hablaba del tema.

 

 

 

 

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Juan Ricardo Aparicio da luces sobre las coordenadas del debate.

A post shared by La Silla Vacía (@lasillavaciaoficial) on Jul 29, 2020 at 5:09pm PDT

Cuando se cumple el primer medio año de gobierno de los mandatarios regionales, en La Silla Vacía revisamos cómo ha sido hasta ahora la megacontratación de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán (Partido de La U).

Esto es importante, no sólo porque el departamento tiene un presupuesto de dos billones de pesos, sino porque esa Administración es el principal fortín de la exgobernadora y madrina política de la mandataria: la baronesa Dilian Francisca Toro, quien, como contamos, quiere jugar en las presidenciales de 2022.

En concreto, revisamos el detalle de los 37 contratos que por más de mil millones de pesos ha entregado Roldán estos seis meses y que en total suman 172 mil millones de pesos, y encontramos que casi la mitad de las empresas ganadoras vienen de ser megacontratistas del Gobierno de Dilian Francisca y que casi todo se entregó de manera directa y con poca pluralidad.

Además, que el mayor contratista, tanto en número de contratos como en monto, es Indervalle, el instituto de deportes del Valle, que es un ente autónomo en el que se fortaleció la carrera pública de la actual Gobernadora y ha sido un botín del grupo de ambas políticas, como hemos contado. 

Y, por último, hallamos que de nueve contratos para atender la emergencia por el covid, cinco están bajo cuestionamiento por parte de algún ente de control. 

Este es el desarrollo de esas conclusiones y también se puede revisar la base de datos completa con toda la información de los megacontratistas vallunos.

Los 37 contratos revisados quedaron en manos de 31 empresas, de esas 15 también tuvieron contratos por más de mil millones de pesos en la Administración pasada de la baronesa Dilian Francisca Toro.

Entre estas está Sistemas y Computadores S.A., que fue una empresa cuestionada en Cali porque hizo parte de la unión temporal Sicali que en 2005 firmó un contrato por 15 años con la Secretaría de Hacienda del municipio para recaudar impuestos. 

Esa ejecución fue muy controvertida porque, entre otras cosas, a sólo dos años de la firma, el contratista ya estaba a punto de recuperar su inversión inicial, según lo registró El País de Cali. En 2013, la Alcaldía de Rodrigo Guerrero lo terminó de forma unilateral por considerarlo ilícito y en detrimento de las finanzas de la ciudad, y luego el Consejo de Estado le dio al razón a  ese mandatario y determinó que el contrato era nulo.

También hay varias empresas públicas que fueron las más frecuentes en contratación Dilian Francisca Toro era gobernadora, como lo contamos en esta historia. Además de Indervalle, entre ellas se encuentran la Imprenta departamental, la Unidad Especial de Saneamiento y los institutos de Bellas Artes e Incolballet. Según la secretaria jurídica del Valle, Lía Patricia Pérez, esto "obedece al cumplimiento de la misión y ejecución de los planes, programas y proyectos en beneficio de la población vallecaucana desde la especialidad de cada una" de las empresas.

La figura de la urgencia manifiesta, decretada en atención a la pandemia, les ha permitido a los mandatarios del país hacer contratos directos relacionados con el manejo del covid.

La Gobernadora Roldán no ha sido la excepción, pero encontramos que los contratos a dedo de su Administración incluyen varios además de los concernientes al coronavirus (que fueron nueve).

De hecho, son la mayoría: el 81 por ciento de los 37 megacontratos que revisamos se entregaron de manera directa. 

Apenas seis fueron por licitación pública y uno más por selección abreviada de servicios de salud. 

De los seis por licitación, únicamente dos tuvieron más de un proponente. En uno de los casos, el segundo proponente no fue habilitado. Y en el otro, se presentaron cinco proponentes y ganaron tres (porque fue un contrato dividido para amparar con pólizas de seguros los riesgos del personal y los bienes del departamento y la Asamblea).

Como contamos en esta historia sobre la contratación de Dilian Francisca Toro hasta 2018, Indervalle fue el contratista más consentido del Gobierno de la baronesa. Ahora repite con la sucesora y heredera de ésta: Clara Luz Roldán, quien justamente fue gerente de esa entidad nombrada por Toro.

De hecho, como también revelamos durante la campaña de las regionales del año pasado, varios contratistas de Indervalle estuvieron alineados con la candidatura de Roldán y desde allí le buscaron apoyos. 

En estos seis meses, Clara Luz Roldán le ha entregado al Instituto tres contratos que suman 30 mil millones de pesos.  

Indervalle es consentido de Roldán desde que ella estuvo como directora de Coldeportes en 2016. Durante esa época, Carlos Felipe López, quien había trabajado con ella en la entidad de deportes del Valle y pasó a ocupar su cargo cuando la hoy mandataria presentó la renuncia, firmó 12 de los 25 contratos de más de mil millones de pesos que desde Coldeportes entregó Roldán. 

Esto también es clave porque el grupo político de Dilian Francisca Toro, llamado Nueva Generación, tiene como una de sus banderas el deporte.

La Gobernadora ha entregado, hasta el 30 de junio pasado, nueve contratos de más de mil millones de pesos, por un total de 40 mil millones de pesos, para atender la emergencia del covid. Cinco de éstos, que suman más de 28 mil millones de pesos, están cuestionados.

La Procuraduría tiene en la lupa dos, uno por valor de 1.300 millones firmado con Fenalco Valle del Cauca, por supuestas irregularidades en la metodología de entrega de ayudas alimentarias empleada por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación..

 Y otro por más de 15 mil millones con Medical Pharmacy, para suministros de insumos médicos importados, y en el que se busca aclarar si hubo presuntos sobrecostos e irregularidades en la celebración y ejecución del contrato.

Este último también está en la mira de la Contraloría que, además, abrió investigación preliminar por presuntos sobrecostos en otro contrato de Medical Pharmacy para entrega de tapabocas por un valor de más de 6.400 millones, en uno con Químicos GM por 3.500 millones para suministrar elementos de protección personal y en uno con Corpovalle por 2.300 millones para entregar más de 10 mil kits a adultos mayores en centros día y vida y centros de protección.

Estas actuaciones de los entes de control hicieron que Clara Luz Roldán se pronunciara asegurando que ha actuado con responsabilidad y que cuenta con todos los documentos para despejar dudas. Según nos contó el diputado Julio Cesar García, del Centro Democrático, la Gobernadora explicó a la Asamblea la inversión realizada durante la pandemia y presentó los documentos que respaldaban las decisiones y el proceso. Por su parte, la secretaria jurídica del Valle, Lía Patricia Pérez, le dijo a La Silla que han acompañado las respuestas a los entes de control con “los debidos soportes documentales para evidenciar el apego a la ley en nuestras actuaciones contractuales”.

Desde abril, el representante Christian Garcés, también uribista, había solicitado una rendición de cuentas del Valle y de Cali por presuntas irregularidades en la contratación.

La muerte en Bogotá, el pasado 29 de mayo, de Alejandra Ortega ‘Monocuco’, una trabajadora sexual trans de Magangué que al parecer tenía covid y que aparentemente no recibió atención médica cuando informó que era portadora de VIH; el acoso policial del fin de semana pasado por seis horas a Emma Hidalgo, otra mujer trans, cuando intentaba entrar al Metro de Medellín.

Son dos casos recientes que mencionan organizaciones de defensa de los derechos de los trans (personas cuya identidad de género es diferente a su sexo asignado) para evidenciar los padecimientos y vulnerabilidades que está viviendo esta comunidad en tiempos de pandemia por coronavirus.

La violencia, sin embargo, según los mismos detalles que dan en estos colectivos e individualmente algunos trans, es apenas la punta del iceberg de una situación más dramática, que no es nueva, pasa por limitaciones para acceder al sistema de salud y tiene la complejidad de que no todas las cifras para hacerse a una idea están actualizadas o unificadas.

El drama de la violencia

La situación de los trans en pandemia comienza, como lo ha hecho desde hace muchos años, por la violencia y discriminación que a muchos les toca padecer.

Según tres colectivos trans que consultamos para esta historia, uno de los momentos críticos en esta época de confinamiento se evidencia en la medida de ‘pico y género’ que, desde el pasado 13 de abril y hasta el 11 de mayo, impuso en Bogotá la alcaldesa Claudia López.

Para controlar la salida de personas por la ciudad, la medida fijaba los días impares para que salieran los hombres y los pares para las mujeres, y decía que las personas trans podrían circular según su identidad de género.

Pero la decisión no fue bien recibida entre organizaciones trans por varios argumentos. 

La Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), una de las más visibles de la ciudad, dijo que el pico y género abría la puerta a situaciones de abuso policial, pues, como la identidad de muchas personas trans se sale de una norma binaria, dejaba en manos de la Policía hacer el perfilamiento de si podían salir o no.  

El temor no es infundado. Responde a que estudios han visto a esta institución como una de las que más ha ejercido violencia en contra de la población LGBTI.

Las cifras, sobre los uniformados y en general de violencia, varían y han sido recogidas por varias ONG reconocidas. 

En una encuesta publicada en 2009 que hizo la Universidad Nacional y Profamilia, se mostró que el 78 por ciento del abuso policial cae sobre la población LGBTI. 

Simón Uribe, reconocido activista trans, aseguró en un foro sobre identidad trans y violencia policial, el 23 de julio pasado, que la violencia contra ellos ha aumentado durante la pandemia y que se han registrado dos asesinatos de trabajadoras sexuales trans prácticamente cada semana. 

Por su parte, Colombia Diversa, una de las más grandes organizaciones que promueve la defensa de los derechos de las personas LGBT en el país, tiene un Sistema de información de violencia contra personas LGBT en Colombia. 

Lo consultamos y registra ocho homicidios contra personas trans desde el mes de marzo Vs. cinco en los mismos meses de 2019.

La Red Comunitaria Trans- que nació en 2012 en Bogotá y trabaja desde el Barrio Santafé por visibilizar las situaciones de injusticia de las personas trans en contextos de marginalidad y violencia- nos habló de otros 25 casos, en Bogotá, de violencia en supermercados y establecimientos porque no los dejaban entrar y cuatro hechos de violencia policial en el marco de la medida.

Para Juli Salamanca, la directora de Comunicaciones de la Red, el problema, al menos en Bogotá, es que la Alcaldesa le ha dado todo el poder a la Policía para que sean ellos los que perfilen y lleven el trato con las personas trans.

Por su parte, la Alcaldía dispuso de una Línea Diversa a la que pueden llamar personas LGBTI, la cual ofrece atención psicosocial y remite a los servicios sociales del Distrito.Y durante  la pandemia estuvo entregando mercados junto alcaldías locales, como Mártires, en jornadas de entrega a 410 personas en un caso, y de 173 ayudas monetarias en otro.  

Ahí en el Distrito tienen sus datos y no creen, contrario a lo que aseguran las ONG y varios activistas, que la violencia contra los trans haya aumentado en pandemia, al menos en Bogotá.

Así lo aseguró David Alonzo, el nuevo Director de Diversidad Sexual en la Secretaría de Planeación Distrital: “La pandemia no nos permite ver un aumento en casos letales o de muerte violenta durante la pandemia si se compara con el año pasado, por ejemplo”, nos dijo.

En sus registros no tienen a ninguna persona trans asesinada en Bogotá durante la pandemia, y dice que le reportaron nueve casos de vulneración de derechos a personas trans en establecimientos comerciales y uno más de abuso de autoridad por parte de un Policía.

Aunque admite que sí hubo casos en otras ciudades del país, como en Medellín, donde han muerto cuatro personas; la Fundación Paz y Reconciliación habla de siete casos de homicidio contra personas trans todo el país e incluye a Alejandra Ortega entre ellos, aunque no se trató de un homicidio. 

Alonzo agrega que eso no quiere decir que los trans no estén en vulnerabilidad, ni que sea una noticia para celebrar, pero sí advierte desde la institucionalidad que no se le debería adjudicar la responsabilidad de la violencia a medidas como el pico y género, y sí, en cambio, a la histórica exclusión de estas comunidades y la cultura de violencia contra estos grupos que hay en la Policía.

Aunque, la vulnerabilidad pasa y se ve también en las historias íntimas de las relaciones de los miembros de la comunidad trans con el sistema de salud. 

La transición en suspenso

Hugo Martín es un joven activista trans en Bogotá. Él, como muchos otros, está en el camino de hacer una transición de rasgos fisiológicos a través de un proceso de inyección hormonal, pero su curso médico se ha visto interrumpido por la pandemia. 

Conseguir una cita de control se ha vuelto imposible, pues desde marzo quedaron parados todos los controles médicos hormonales. 

“Entiendo que el tema prioritario es ahora la pandemia, pero eso no quiere decir que no tengamos otras necesidades de salud pública. Ahora mismo no tengo recetas de hormonas, se me acabaron las inyecciones y, en casos de conocidos, las cirugías de reasignación fueron canceladas hasta nueva orden”, dice.  

Martín cuenta que normalmente tiene que hacerse controles cada tres meses, en los cuales le inyectan testosterona y otras hormonas. Pero con estas citas médicas congeladas, él y sus amigos temen que les aparezcan síntomas por no seguir con ellos. Él mismo ha tenido el hígado sobrecargado y se ha sentido enfermo y cree que esto puede estar asociado a que cambió el ritmo que llevaba de su tratamiento.  

Su caso muestra no sólo cómo muchos procesos médicos importantes para el desarrollo de la personalidad se pararon, sino la relación tensionante que las personas trans tienen en general con el sistema médico y a algunas instituciones del país. 

Por ejemplo, Hugo y otras cuatro personas que entrevistamos para esta historia, coincidieron en que se sienten incómodos frente a la idea de dar sus datos personales en plataformas como Bogotá Cuidadora o CoronApp que buscan controlar el curso de la pandemia.   

“No me siento cómodo poniendo mi dirección, la ciudad donde trabajo o en dónde vivo. Antes me ha pasado que, extrañamente, después de dar mis datos a una plataforma, aparece gente amenazándome en Twitter diciendo que saben dónde vivo y trabajo”, asegura Martín.

En la práctica, eso se traduce en su vida cotidiana en que no publica fotos donde se vea el logo de su empresa o que cuando lo llaman desde algún operador telefónico para pedir sus datos, simplemente se calle y omita su información personal. 

Una encuesta del Ministerio del Interior de 2018 mostró que el 69 por ciento de las personas trans encuestadas piensan que los servicios de salud no les proporcionan atención inclusiva y el 57 por ciento ha decidido no usar los servicios de salud por temor a que su género (como persona trans) afecte la atención. 

Victor Saavedra, consultor en Dejusticia y Fellow del área de tecnología, transparencia y derechos humanos en esa organización, opina que los datos que están pidiendo a día de hoy las aplicaciones de control del virus no se relacionan de modo inmediato a cuestiones discriminatorias. 

Sin embargo, recordó el caso de Corea del Sur, donde tampoco le preguntaban a nadie su identidad de género en las aplicaciones de rastreo, pero al final los datos recogidos daban una información georeferenciada que permitía inferir que algunos casos podían venir de clubes o bares gay, un asunto que salió en los medios de comunicación  y desató una ola de discriminación en el país en mayo pasado.

Laura Weinstein, líder activista trans y Directora Ejecutiva de la Fundación GAAT, se refiere a la discriminación por datos en Colombia con el caso de Alejandra ‘Monocuco’, la mujer trans que falleció asfixiada y esperando atención el pasado mayo en Bogotá. 

Weinstein criticó el uso que se hizo de su información privada cuando esto sucedió.

“Decir que una persona tiene VIH rompe la confidencialidad de las personas trans. Hacer público el diagnóstico, como lo hizo la Alcaldía (de Bogotá) y la prensa, va en contra de la dignidad de Alejandra, incluso ya después de muerta. Habría bastado decir que no la atendieron y murió porque no la podían atender”, dijo la activista.

Ya no se sabrá si fue el covid el que mató a Alejandra Monocuco’, pues su cuerpo fue cremado. Sus cenizas todavía reposan en una funeraria, a la espera de que se reactive el transporte para que puedan viajar de regreso con su familia en Magangué. 

Pero el problema es general, pues no se sabe qué tan duro le ha pegado la pandemia a los trans, pues hoy los registros de defunciones no incluyen la categoría de mujer trans u hombre trans, por lo que, en la práctica, es imposible saber cuántas personas de esta comunidad han muerto durante la pandemia. 

En cualquier caso, este es un problema que viene heredado al menos desde la última Encuesta Nacional del Dane en 2018, que no incluía la variable de mujer u hombre trans en sus registros. Así que ni siquiera se sabe qué tan grande es esta comunidad en el país

Una de las pujas clave que habrá en el Congreso este semestre legislativo es la regulación de las plataformas de transporte como Uber, Didi y Beat, un negocio que tiene como gran contradictor al sector de los taxistas y que ha cobrado importancia en tiempo de confinamiento obligatorio.

Ya se han radicado cinco proyectos en la Cámara y uno en el Senado, de diferentes grupos políticos y con diferentes visiones de lo que deberá ser esa reglamentación.

El Gobierno, a pesar de que en la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio, anunció en su agenda legislativa un proyecto para en ese sentido, no ha avalado ninguna de las iniciativas radicadas y en el Ministerio de Transporte nos descartaron que vayan a presentar una propia.

Por eso es, al menos por ahora, el gran ausente del debate.

Y mientras esta puja se da en las salas de Zoom del Congreso, por fuera, grupos de presión de taxistas (divididos entre apoyar una regulación o exigir que las plataformas sigan siendo catalogadas como ilegales) y de las mismas aplicaciones, que hace unos meses crearon un gremio propio, hacen lobby para apoyar la propuesta que más se ajuste a sus intereses y frenar o modificar los puntos que no les favorezcan.

Lo que está en juego en esta carrera no es solo el futuro del negocio del transporte urbano individual, sino también lo que pasará con otras aplicaciones que funcionan hoy para domicilios, como Rappi o turismo, como Airbnb.

La puja de proyectos

La mayoría de los proyectos, salvo uno del senador del Polo Jorge Enrique Robledo, parten de reconocer que se puede prestar un servicio público en carros particulares, pero ponen distintas condiciones para hacerlo. 

Y se pueden clasificar en tres categorías:

El que cambia poco: es justamente el de Robledo, pues, según el mismo congresista dijo a La Silla, no representa mayor novedad frente a lo que está en la ley hoy: “Uber tendría que constituirse en una empresa de transporte”, nos dijo y sus carros tendrían que pedir cupos y cumplir las demás condiciones de los taxis o del servicio especial (como los carros blancos).  También incluye un límite al porcentaje que pueden cobrar las plataformas por intermediar entre conductores y pasajeros. Solo podrían cobrar cinco por ciento cuando algunas plataformas cobran hasta un 30 por ciento. 

Los que legalizan Uber, pero con restricciones: en este grupo están los proyectos de los senadores Álvaro Uribe (CD) y Rodrigo Lara (Cambio Radical), otro del representante Edwin Ballesteros, también del Centro Democrático, el del representante conservador Ciro Rodríguez y el del representante Carlos Acosta de Colombia Justa Libres. Las iniciativas permiten prestar servicio público de transporte pero algunos (como el de Ballesteros y el de Uribe) obligan a cada conductor a constituirse como empresas, o ponen límites a cuántos carros pueden circular prestando el servicio bajo esa modalidad. 

(Dele clic en el recuadro de abajo si quiere conocer más detalles de este grupo proyectos, que son la mayoría)

El más liberal: es el del representante del Partido Verde, Mauricio Toro, que se hundió el año pasado, y que en esta legislatura él volvió a presentar. Este proyecto no pone ni a las empresas ni a los conductores a registrarse, aunque sí las obliga a tener los mismos seguros de los taxistas, incluido uno que cubra daños y riesgos a los pasajeros y conductores y pone a las plataformas a que constituyan una empresa de transporte que pague renta no por el porcentaje que reciba por intermediación.

También crea un fondo para compensar a los taxistas, que se creará con el 2 por ciento de los ingresos de las plataformas.

Alrededor de estos proyectos se ha tejido una red de apoyo y oposición de taxistas y plataformas.

La batalla fuera del Congreso

A los taxistas que apoyan una reglamentación les gusta más el proyecto de Robledo: “Es el mejor, el que más se ajusta a la ley. Pero esto no es de buenas intenciones sino de poder político. Ahí el menos malo es el del senador Uribe”, dijo a La Silla Manuel Gil, presidente del Sindicato de Taxistas de Bogotá y miembro de la junta de la Unión Nacional de Taxistas.

Lo del poder político lo dice porque Uribe es el que tiene más apoyos, presentó su proyecto con 45 firmas, frente a las 11 del proyecto de Ballesteros.

Mientras que el proyecto de Toro no lo pasan: “Al señor Mauricio Toro palo es que le doy porque no entiende el sector de transporte”, nos dijo Gil.

Y si bien el director del gremio de las plataformas Alianza In (que reúne a aplicaciones como Uber, Didi, Beat, Rappi, y otras 9 empresas), David Luna, nos dijo que no están apoyando activamente ningún proyecto, sí hay elementos del proyecto que le gustan como que no ponga cupos a los carros particulares, que haya libertad tarifaria y que exijan seguros (muchos de los que ya usan los carros en plataformas) y que se cree el fondo con las utilidades de las plataformas.

Luna, por cierto, nos aclaró que no llama Alianza In un gremio como tal sino “una alianza de empresas preocupadas por promover una apuesta por un país más digital”. Pero dicha Alianza se creó justo durante la pandemia, a meses de que iniciara la legislatura en donde se definirá buena parte del futuro de este negocio, y ha sido activa para estar en el debate.

Financiaron un estudio de Fedesarrollo para que caracterizara cuánto aportan los negocios mediados por plataformas a la economía, y cuáles son las condiciones de las personas que trabajan en el sector y se han reunido con todos los senadores que tienen proyectos para que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

“Las conversaciones del gremio vienen desde el año pasado, en agosto, pero la conversación no ha estado nunca tan vigente, por el contexto de la pandemia (...) Necesitábamos una voz unificada”, nos dijo la directora de Asuntos Públicos de Beat.

No son los únicos, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en cabeza de María Fernanda Quiñones (que maneja no solo plataforma sino otros temas relacionados con ventas de internet) también ha enviado comentarios a los congresistas sobre los proyectos de ley.

Y los taxistas han hecho lo mismo. Gil, por ejemplo, nos dijo que ha estado en contacto constante con el asesor de Uribe para hablar de este proyecto, y aunque nos niega que él personalmente haya participado, nos dice que en el proyecto sí quedaron varias propuestas de taxistas y dueños de taxis.

Mientras que otro sector de taxistas está haciéndole oposición a todos los proyectos, porque consideran que la regulación ya está: “Todos los proyectos lo que quieren hacer es acabar con la movilidad y legalizar un negocio ilegal”, nos dijo Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi y uno de los voceros más visibles del sector.

Dice que quieren acabar con la movilidad porque al legalizar todas las plataformas de carros particulares el número de vehículos en las calles va a aumentar, y que premiarían unas conductas abiertamente ilegales de plataformas como Uber.

Y por eso Ospina cataloga públicamente como “traicioneros” a los miembros del gremio taxista que lo apoyaron en la elaboración del proyecto de ley de Uribe, y que el senador debería “delatarlos”.

En todo este debate el gran ausente ha sido el Gobierno Nacional.

Una ausencia notoria

A principios de año el Gobierno, en cabeza de la ministra de Transporte,Ángela María Orozco, y del entonces alto Consejero Económico y de Transformación Digital, Víctor Muñoz, mostraron su apoyo al proyecto de ley de Toro que se hundió en la legislatura, y que inició con el apoyo del representante Ballesteros. 

La Ministra se comprometió a acompañar el proyecto las mesas técnicas que lideraron Toro y Ballesteros lideraron con taxistas, empresas de plataformas y conductores para afinar el proyecto. Al final resultaron radicando dos iniciativas por separado

Y la Ministra dejó de acompañar el proyecto de Toro, pues dijo que se necesitaba más socialización antes de presentarlo. Y hoy, según nos contó una fuente del Ministerio de Transporte que nos pidió no dar su nombre porque no es la vocera oficial, el Gobierno está asesorando técnicamente a todos los proyectos, lo que implica que el equipo jurídico los revisa y les hace a los autores recomendaciones si algo que contemplan es contrario a las normas o muy difícil de implementar.

Nos dijo también que cuando la Ministra habló de hacer acompañamiento al proyecto de Toro se referían a eso: un acompañamiento técnico.

Que la razón por la que no respaldaron la iniciativa el semestre pasado, cuando se hundió el semestre pasado fue porque querían terminar de hacer las mesas de trabajo para que el proyecto tuviera más legitimidad y contara con las observaciones de todos.

Toro tiene otra versión. Dice que el Gobierno les dio la espalda, que dilató las mesas de conversación y que no le interesaba que saliera el proyecto.

“La primera vez que en 10 años se logró un consenso de casi todas las fuerzas políticas fue el que se nos hundió la vez pasada. Me tomé el trabajo de reunir a todos aquellos que estaban interesados en el tema, alrededor del mío y al Ministerio eso nunca le gustó pues ellos no quieren meterse en esto. Eso les asustaba, entonces se dedicaron a dilatarlo hasta que lo hundieron”, nos dijo.

Y en este comunicado dijo que la razón por la que no apoyaba el proyecto era en realidad porque estaba “intimidado por el sector taxista”, y que muestra de ello fue la decisión de la SIC de suspender a Uber (que luego fue reversada por un juez) y el hecho de que torpedeara su proyecto de Ley.

Hoy, con seis proyectos en el legislativo, (y pendientes de uno más que radicará el senador Gabriel Santos, también del Centro Democrático) la posición del Gobierno es no comprometerse con ninguno. “Tenemos una visión de lo que debería ser la regulación pero no es pública”, nos dijo la fuente, quien por esa razón no nos dijo cuál es el proyecto que más se alinea con la visión del Gobierno.

Aunque entre los congresistas se da por hecho que el proyecto que apoyarán es o el de Álvaro Uribe o el de Ballesteros, esta no es la posición del Ministerio, que dice que la ley que regula el Congreso obliga a que la discusión de los proyectos que hablan sobre un mismo tema se acumule, es decir se discutan en un mismo proceso. 

El Gobierno espera que en ese momento se fusionen algunos proyectos, y será ahí cuando el Ministerio emita su concepto técnico, sobre proyectos más definitivos.

Y aunque Presidencia presentó en su agenda legislativa un proyecto legislativo para regular plataformas en el Ministerio de Transporte tienen descartada esa opción. “Hay demasiados proyectos ya”, nos dijo el funcionario del Ministerio de Transporte.

Pero mientras Transporte se limita a dar “acompañamiento técnico” a los congresistas, en la cartera de Trabajo se estudia un proyecto que podría terminar legalizando por la puerta de atrás las plataformas. 

Es un proyecto para que los que las aplicaciones paguen seguridad social a los que trabajan con ellas, crea un vínculo laboral entre las plataformas y sus colaboradores, no solo la de transporte, sino de todas.

En el mismo Ministerio de Transporte ven esto como una manera de legalizar las plataformas, porque crea un vínculo laboral entre dos partes, que no existiría si fuera un servicio ilegal. Pero a pesar de esta conexión, no se meterán en esta discusión que es liderada por el Mintrabajo, que ya tiene el proyecto siendo revisado por la oficina Jurídica de Palacio (sobre este tema específico de seguridad social para todas las plataformas hay dos proyectos más radicados en el Congreso, también por Uribe y o Toro). 

La ausencia del Gobierno es notoria cuando desde el año pasado ha venido diciendo que es necesaria una regulación, pero no ha definido de qué tipo, y cuando uno de los ejes centrales de su plan reactivación económica es la economía digital, mucha de la cual pasa por el desarrollo de los negocios de estas plataformas.

Pero así no esté presente la discusión, sea cual sea el proyecto que sea aprobado se convertirá en una tarea para el Ministerio de Transporte, y en ese momento tendrá que tomar decisiones.

Ecopetrol y la Asociación Colombiana del Petróleo estuvieron ayer en la entrega a la Comisión de la Verdad de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que detalla cómo la infraestructura del sector petrolero fue atacada durante el conflicto, incluyendo un conteo de más de tres mil atentados contra oleoductos –1.563 de los cuales han sido contra Caño Limón – Coveñas- entre 1985 y mayo de este año.

Esta es quizás la única buena noticia en dos semanas muy turbulentas para la entidad de la justicia transicional que tiene el mandato de entender y explicarles a los colombianos qué pasó durante décadas de violencia.

Las tensiones al interior de la Comisión han aflorado públicamente a raíz de la filtración, este fin de semana, de una carta escrita por el comisionado y mayor retirado del Ejército Carlos Guillermo Ospina, calificando la cancelación de un evento de la Comisión el viernes pasado con militares como censura y preguntando si ésta va a “reconstruir la verdad escuchando solo a algunos interlocutores”. 

Ese duro cruce, atípico en comisiones de la verdad, se sumó a la sonada polémica por el trino del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón acusando a los comisionados de “afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, sin aportar evidencia, y de tener un sesgo político de izquierda.

El informe de los petroleros, sin embargo, es más una excepción que la regla. En año y medio de funcionamiento, es uno de los muy pocos que el sector privado ha entregado, subrayando cómo la Comisión debe todavía ganarse la confianza de los sectores de la sociedad colombiana que han sido más escépticos de su trabajo, incluidos los empresarios, los políticos conservadores, los líderes religiosos y los militares.

Aunque la Comisión ha avanzado con la mayoría de éstos, le está costando especialmente lograrlo con el sector privado.

Una Comisión centrada en las víctimas

Aunque la mayoría de líderes empresariales y dirigentes gremiales rehúyen de la retórica de Pinzón, en privado muchos comparten su percepción de que hay un sesgo político en la Comisión contra el sector privado. Un trino de hace tres años de Lucía González, celebrando –antes de ser comisionada- que las Farc había creado su partido político y declarando que compartía sus principios, resucitó e inflamó aún más el debate.

Es un problema que han tenido desde el principio. El proceso público de selección dio como resultado un grupo muy diverso de comisionados, incluyendo a una líder comuntaria afro, una abogada indígena, un mayor retirado del Ejército, un abogado de derechos humanos, una periodista de investigación, una exdirectora de museos, una investigadora feminista, un experto en salud pública y un psicólogo cuyo trabajo se ha centrado en las víctimas. 

Al frente está el padre Francisco de Roux, un sacerdote jesuita con doctorado en economía y años liderando el exitoso experimento de construcción de paz en el Magdalena Medio del que han surgido cuatro iniciativas locales que han recibido el Premio Nacional de la Paz.

Los antecedentes de este grupo, más orientado al trabajo en el terreno que a la investigación académica, parecían adecuados –como contó La Silla- para un enfoque centrado en las víctimas para buscar la verdad sobre la forma en que el conflicto armado afectó a 20 grupos de población identificados en el mandato de la Comisión.

Pero no le ha ayudado con cuatro grupos específicos priorizados: agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios. La distancia ha sido mutua: ningún comisionado viene del sector privado y tampoco hubo líderes empresariales que se postularan para serlo. El resultado es que la Comisión, desde los comisionados hasta sus equipos de investigación y sus enlaces territoriales, conocen y se relacionan poco con el mundo empresarial. 

Una oportunidad para acortar esa brecha surgió cuando la Comisión eligió a un nuevo integrante en abril, tras la muerte del escritor Alfredo Molano a finales de 2019. Sin embargo, una vez más no se presentaron candidatos que vinieran del sector privado y resultó electo Alejandro Castillejo, un antropólogo que trabajó en la comisión peruana y que ha estudiado la transición sudafricana.

Los empresarios subrayan que miles de ellos fueron víctimas de extorsión, secuestro o asesinato, al tiempo que cientos de empresas fueron saqueadas, obligadas a cerrar u operaban en regiones donde no había presencia del Estado, una realidad que consideran se ha reconocido poco en Colombia. 

Por otro lado, muchas organizaciones de derechos humanos denuncian que empresas y empresarios financiaron o asesoraron voluntariamente a grupos armados como los paramilitares y las Farc, algo que el sector privado se ha mostrado reacio a admitir a pesar de que al menos una –la bananera gringa Chiquita- se declaró culpable. También hay muchas zonas grises, como la distinción entre cuándo hubo extorsión y cuándo financiación al terrorismo.

Sin conversaciones sinceras sobre estos temas, parece difícil que surja un relato más complejo sobre el sector privado durante la violencia.

La Comisión ha intentado compensar esta limitación de varias maneras. Invitó al azucarero Henry Éder, hijo de una de las primeras víctimas de secuestro y asesinato de las Farc, a hablar durante su inauguración en noviembre de 2018. Incluyó a David Bojanini, hasta hace poco presidente de Sura* y una voz muy respetada del Grupo Empresarial Antioqueño, en su consejo asesor. Tanto él como Gonzalo Restrepo, el expresidente del Éxito que formó parte del equipo de negociación de paz, han facilitado reuniones con líderes empresariales.

En general, la Comisión ha confiado en su presidente, el Padre de Roux, la tarea de hablar con los cacaos, dada su experiencia pasada de reunir a personas diversas para encontrar un terreno común en asuntos espinosos. Por ejemplo, ayudó a crear un Grupo de Diálogo Minero compuesto por 12 personas –incluyendo a un exministro de minas, un ejecutivo minero, un científico ambiental y líderes indígena y afro- para acordar una propuesta de hoja de ruta para la política minera.

La Comisión ha celebrado decenas de reuniones privadas con líderes del sector privado y publicó una cartilla especialmente pensada para éste, en el que explica la naturaleza de su trabajo, que combinará un informe exhaustivo y audiencias públicas que buscan una catarsis colectiva sobre las atrocidades del pasado.

Pero, justo cuando acaba de llegar al punto medio de su mandato de tres años, los avances han sido tímidos en el mejor de los casos y la confianza entre ambos brilla por su ausencia.

Un comienzo poco auspicioso

Los distintos acercamientos se han topado con todo tipo de escollos. La Comisión ha priorizado a los gremios como forma de llegar a los empresarios, pero las reuniones han sido a menudo difíciles y usualmente han involucrado a los directores de responsabilidad social o vicepresidentes en lugar de sus jefes. “No hablemos de no repetición, porque es como si yo hubiera hecho algo malo” o “Necesitamos garantías” son líneas comunes en ellas.

Esas reuniones han sido aún más tensas cuando han ido los abogados. Más preocupados por el blindaje jurídico que por ayudar a la sociedad a comprender los contextos de violencia, suelen preguntar a los funcionarios de la Comisión si hay información incriminatoria contra sus clientes y han pedido firmar acuerdos de confidencialidad como precondiciones. “Cuando mandan de primero a los abogados, ya perdiste la oportunidad de tener una conversación de sustancia”, dice un observador externo que ha tratado de mediar entre ambos y que pidió proteger su nombre para discutir el tema con franqueza.

La mayoría de esfuerzos no han prosperado más allá de las reuniones iniciales. Varias personas con conocimiento directo creen que la decisión de la Comisión de canalizar los esfuerzos a través de los gremios fue un error, ya que suelen adoptar posturas defensivas para proteger los intereses de sus miembros, mientras que otros sostienen que la falta de coordinación interna también ha jugado en contra. Una empresa grande incluso se quejó de que dos comisionados distintos llegaron a su oficina con mensajes diferentes.

Incluso los modestos avances han sido recibidos con vacilación. Un ejecutivo que asistió a una audiencia pública sobre el alarmante aumento en la violencia contra los líderes sociales, que la Comisión convocó para elevar la consciencia sobre ese problema, estaba inicialmente preocupado de que su invitación como ‘testigo’ significaba que estaba siendo citado formalmente.

Dada esta desconfianza mutua, varias organizaciones cívicas cercanas al empresariado empezaron a pensar cómo ayudar a juntar a la Comisión y al sector privado. Su mesa de trabajo informal ganó terreno rápidamente, uniéndoseles primero la ANDI y luego la propia Comisión. Incluso se reunieron con Leigh Payne, una respetada académica de Oxford quien ha trabajado mucho el tema. Pero tras un año de discusiones, su único avance fue un protocolo metodológico que no se ha traducido en una relación más fluida.

“Hablar con la Comisión del tema de empresarios ha sido muy difícil y hablar con los empresarios de la Comisión ha sido igualmente difícil. Pero incluso ese documento procedimental hubiera podido fructificar si las voluntades estuvieran alineadas”, dice otra persona que ha tratado de actuar, en sus palabras, como ‘traductora simultánea’ entre ambos.

Al final, la Comisión ha tenido más éxito al hablar con pequeños empresarios, comerciantes y ganaderos en regiones como el Magdalena Medio, Tumaco y Córdoba. Esto se debe seguramente a que muchos de ellos no sienten la necesidad de que los gremios nacionales hablen por ellos y les preocupa sobre todo la reconciliación en lo local, algo que coincide con los sondeos entre empresarios que hizo el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (Creer) en tres regiones.

Desconfianza en los informes de las ONG

Muchos empresarios creen que la Comisión está más cerca de las ONG de derechos humanos y de víctimas, muchas de las cuales han señalado a empresas en el pasado. Su percepción se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de investigadores de la Comisión viene de la academia o de organizaciones sociales.

La Comisión ha insistido en que todos los informes que recibe son confidenciales, no representan su punto de vista y serán corroborados y verificados. Pero las dudas han reaparecido a raíz de que varias ONG los han hecho públicos de todos modos. En mayo, varios empresarios expresaron su consternación después de que El Espectador publicó detalles de un informe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo sobre empresas y conflicto justo después de entregado. En total, la Comisión ha recibido hasta ahora 204 informes y ha hablado con 17.475 personas.

Varias organizaciones han tratado de persuadir a los empresarios de que los informes de las ONG y las voces de las víctimas en las regiones, muchas de ellas críticas de muchos actores del sector privado, inevitablemente llegarán a la Comisión – y que ellos deberían centrarse en aportar su visión de los hechos, en lugar de rehuirle.

Una investigación de la Fundación Ideas para la Paz demostró que muchos informes de ese tipo ya están disponibles públicamente. Tras analizar 56 informes de ONG nacionales e internacionales de la última década, concluyó que al menos 81 empresas, sobre todo de  agroindustria y el sector extractivo, han sido señaladas en relación a violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales en el marco del conflicto. Esa realidad amerita, argumentaron, que las empresas y gremios vean la importancia de hablar con la Comisión.

Pero los empresarios siguen temiendo que las ONG de derechos humanos tengan un papel más influyente que el de simples proveedores de información. Un acuerdo firmado entre la Comisión y la ONG holandesa Pax Colombia para que ésta le preste apoyo técnico y financiero es vista por algunos ejecutivos como una señal de sesgo, dado que esta última publicó un informe muy crítico vinculando a dos empresas carboneras con los paramilitares.

“En un reto como el que tiene la Comisión de engendrar un diálogo entre opuestos, algo que parte de crear confianza para luego construir consensos, tener como aliado a una organización activista como Pax levanta más alarmas que lo que calma”, dice un antiguo ejecutivo del sector minero.

Lo que más temen las empresas

No era la verdad lo que originalmente preocupaba al sector privado, sino la justicia. La mayoría de sus debates sobre la justicia transicional se centraban en su brazo judicial, la JEP, y las posibles consecuencias de ser convocados como ‘terceros civiles’ que financiaron o colaboraron con grupos armados, coinciden dos personas que han discutido estos temas con ellos. Esos temores se desvanecieron cuando la Corte Constitucional decidió que el tribunal no podría obligar a los civiles a comparecer, pero les permitió hacerlo voluntariamente.

Una vez disipado ese miedo, algunos empezaron a preocuparse por la búsqueda de la verdad de la Comisión, algo que antes casi ni les había importado. No tienen ningún incentivo para asistir, pero sí dos temores: el riesgo para su reputación y posibles consecuencias jurídicas en el futuro, a pesar de que la información compilada por la Comisión no puede utilizarse en los tribunales. “Son como venados asustadizos. Siquiera sugerir que alguien puede poner en tela de juicio su reputación los aterra y si hay algo que los espanta, es la justicia transicional”, dice una persona que ha trabajado con ellos.

La polarización también avivó los temores de una caza de brujas. Una campaña de desinformación de la época del plebiscito, que sostenía que la JEP tendría jurisdicción para investigar la responsabilidad de 57 empresas mencionadas en Justicia y Paz hace más de una década, sigue siendo mencionada en los círculos empresariales a pesar de haber sido probada como falsa, según dos fuentes.

Varios asesores informales también han presionado a la Comisión para que adopte una visión más compleja y matizada sobre el sector privado. “He visto que la conversación pasara de cómo hacemos que reconozcan a cómo lograr que quede la visión de todos los sectores sobre lo que pasó en Colombia. Eso incluye a unos actores que tendrán que reconocer cosas”, dice uno de ellos.

Uno de los resultados de esos diálogos ha sido la decisión de la Comisión de promover una línea de investigación sobre buenas prácticas de diversos actores para prevenir y mitigar las violaciones de los derechos humanos, como parte de su mandato -el primero en el mundo para comisiones de la verdad- de documentar también las transformaciones positivas. Esto podría dar a muchas empresas y ejecutivos la oportunidad de visibilizar otro tipo de vivencias.

¿Un informe engavetado?

Hace tres años, la ANDI decidió que los empresarios también debían recoger su experiencia en el conflicto, en parte después de que un grupo de industriales guatemaltecos le aconsejaran jugar un papel activo en la transición y asegurarse que su voz no quedara fuera del informe final de la Comisión.

Encargaron a Jorge Giraldo Ramírez, Gloria Isabel Ocampo y Gustavo Duncan, tres investigadores de Eafit cuyo trabajos académicos sobre clientelismo y economías criminales son respetados en todo el espectro político, documentar la experiencia del sector privado durante el conflicto desde 1985. La universidad incluso anunció que sus hallazgos se publicarían como libro y que Usaid los financiaría.

Entonces ocurrió algo extraño. Después de que los investigadores presentaron su trabajo a la ANDI en 2018, el informe sigue sin salir.  Una fuente le dijo a La Silla que su junta directiva bloqueó su publicación y entrega a la Comisión. Uno de los autores declinó discutir el tema.  

Tres personas con conocimiento del informe atribuyen su engavetada a las tensiones entre los empresarios sobre el Acuerdo de Paz que aún persisten. “Quieren que ande el carro de la Comisión, pero con el freno de mano puesto”, dice un antiguo ejecutivo del sector petrolero. “El empresariado sigue muy fracturado: una parte sigue apoyando el Acuerdo, otra se opone a él y una tercera va con la corriente más fuerte, que era la paz pero que ahora [que Iván Duque es presidente] parece que es con el ‘no’. Al final, opera la vieja tradición de enfilar con el Gobierno”, dice otro observador.

Bruce MacMaster, presidente de la Andi niega que el estudio esté engavetado. “Es un estudio cuyo informe final no se ha producido. Nos falta algo de trabajo”, le dijo a La Silla, sin dar detalles sobre si han avanzado en ese trabajo tras más de año y medio de que se les hubiese presentado.

Un prólogo de un año para hablar con los palmeros

La Comisión sigue en diálogos con varios gremios, aunque el progreso ha sido muy lento. Desde mediados de 2019, se viene reuniendo con Fedepalma para discutir cómo escuchar las experiencias de los palmicultores. Han llegado a acuerdos preliminares sobre cómo podrían ser esos espacios de escucha, incluyendo un informe, un acto público para escuchar sus testimonios y reuniones privadas para conversar con los comisionados.

En marzo las conversaciones se interrumpieron súbitamente. Después de que varias ONG presentaron un informe sobre el despojo de tierras en los Llanos e incluyeran una foto de un cultivo de palma en su afiche, donde aparecía el logo de la Comisión de la Verdad como patrocinador, Fedepalma le envió una carta severa. También protestaron porque la líder de ese evento realizado en Villavicencio era Jhenifer Mojica, exsubgerenta de tierras del Incoder que ha sido muy crítica del sector palmero y que también ha sido contratista de la Comisión.

Fue necesaria una carta de Pacho de Roux, que fue bien recibida por el gremio, para tranquilizarlos, pero el impasse retrasó sus discusiones varios meses. En todo caso, la Comisión no ha hablado aún con su presidente Jens Mesa –quien no respondió a nuestras preguntas- y cualquier decisión debe pasar por la junta del gremio.

Los palmicultores son uno de los cinco sectores económicos que la Comisión decidió priorizar recientemente. También ha avanzado en diálogos preliminares con el gremio bananero Augura. Con los ganaderos no han avanzado más allá de una reunión inicial en 2019 en la que José Félix Lafaurie -un crítico vocal de la Comisión- les entregó los dos informes realizados por Fedegan sobre cómo los afiliados soportaron el secuestro, la extorsión y el abigeato por parte de grupos como las Farc durante décadas. Ni Lafaurie ni la nueva cabeza de Augura, Emerson Aguirre, respondieron a nuestras preguntas.

Por último, las embajadas de Suiza, Suecia y los Países Bajos han intentado facilitar diálogos con empresas de varios sectores, incluyendo las mineras, pero sus buenos oficios no han tenido mucho éxito hasta ahora dado que, como dice un observador, “los diplomáticos solo pueden hacer tanto”.

Estos retrasos significan que el reloj corre rápidamente en contra de la Comisión, cuyo mandato termina en noviembre de 2021 y que ya ha visto su trabajo fuertemente afectado por la pandemia.

Pero también corre para los empresarios: si eligen no hablar, tendrán que ir haciéndose a la idea de que otros lo harán en su lugar y que la visión resultante puede terminar dejándolos mal parados. Que el sector privado y la Comisión puedan encontrar ese punto medio influirá en qué capacidad pueda tener la justicia transicional de fomentar la reconciliación entre los colombianos.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

* Sura patrocina el podcast de La Silla "El Futuro del Futuro".

Detrás del caso de Alex Saab, el empresario colombiano y presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, hay una larga historia de intimidación y censura. Durante más de cinco años, un grupo de periodistas le siguió la pista a Saab y su círculo cercano, que incluye un par de caras conocidas. 

Esta es La Mesa de Centro. Dirige @CarlosCortes

El rol de los bancos durante esta pandemia ha sido muy criticado, incluso por el Gobierno que confió en ellos, inicialmente, como principal motor para la reactivación económica a través de los créditos que pudieran otorgarles a los empresarios en crisis.

La Silla Académica entrevistó a Edna Sastoque, profesora de Historia Económica de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y autora del libro “El papel de los banqueros en la construcción de Estado y soberanía monetaria en Colombia (1880-1931)”.

A partir de su libro hace una análisis de las interacciones que se han dado entre el poder político y el poder de la banca a lo largo de la historia de nuestro país, el cual ayuda a comprender la importancia del sistema financiero como articulador de la economía y del sistema monetario, pero también el por qué de la mala fama que tienen en sectores de la sociedad.

La Silla Académica: Su estudio no es solo el del rol del sistema financiero en la construcción de la nación sino el del sistema monetario, “el dinero, dice usted, es el centro de gravedad de todas las relaciones sociales”...

Edna Sastoque: La moneda, al momento de la construcción del Estado Nación, que tuvo lugar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue el lazo que permitió que confluyeran los intereses diversos que tenían el Estado, los comerciantes-banqueros y la sociedad civil.

El Estado, por una parte, necesitaba adoptar una moneda que fuera legítima, aceptada por los ciudadanos y que sirviera para pagar las deudas en el exterior. Hoy vemos la moneda como algo que decidió el Banco de La República y que todos aceptamos, pero no siempre fue así: entre 1870 y 1882 había cerca de 42 bancos y cada uno circulaba sus propios billetes.

L.S.A.: ¿Cómo se unificaron?

E.S.: Antes de crear un banco central hubo dos intentos fallidos, el de los expresidentes Rafael Núñez, en 1880 y Rafael Reyes, después de la Guerra de Los Mil Días.

Reyes era un personaje fantástico, un empresario, nació en Boyacá pero en sus diferentes intentos de crear empresa terminó en el Amazonas buscando comercializar caucho. Ante la negativa de los banqueros de conformar un banco central, lo hizo con los industriales del país. Solo necesitó como principales  accionistas a Pepe Sierra, que era su consuegro (Rafael Reyes tuvo un
hijo que se casó con Clara, una de las hijas de Pepe Sierra), y Nemesio Camacho, el del Campín.

Ellos necesitaban a su vez el nivel de acción y planeación del Estado, para expandir sus negocios. Pero ni el intento de Núñez ni el intento de Reyes lograron consolidarse.

Solo fue posible después de la Primera Guerra Mundial cuando se pusieron de moda los bancos centrales como la única forma en que podía lograrse la reconstrucción de Europa porque podían ampliar la liquidez de la economía que en ese momento dependía del patrón monetario oro.

La moda la trajo a América Latina y a Colombia, puntualmente, el famoso “doctor dinero”, Edwin W. Kemmerer, que fue invitado por el presidente de entonces, Pedro Nel Ospina, para que asesorara la creación de lo que terminaría siendo el Banco de La República en 1923, con el cual se estabilizó el sistema monetario y bancario del país.

L.S.A.: Con la creación del Banco de La República, ¿cuál siguió siendo el poder de los bancos?

E.S.: Su poder en buena parte se deriva de que el dinero no lo maneja el Banco de La República, éste sólo maneja la liquidez básica que tiene la economía, los banqueros, en cambio, tienen todo el poder de la emisión secundaria, es decir, de expandir las posibilidades de liquidez que tiene nuestra economía y de hacerlo, además, de forma que favorezca a los grupos económicos de los que hoy hacen parte, con intereses muchas veces transnacionales.

los banqueros, en cambio, tienen todo el poder de la emisión secundaria, es decir, de expandir las posibilidades de liquidez que tiene nuestra economía

Edna Sastoque

L.S.A.: ¿En qué consiste ese poder de emisión secundaria?

E.S.: Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Supongamos que en una economía hay 100 pesos: el Banco de La República prendió su máquina de hacer billetes y monedas y sacó 100 pesos.

La gente recibió esos 100 pesos porque les pagaron salarios, por ejemplo, y los ahorraron.

Supongamos que hay un único banco. La gente deposita ahí los 100 pesos.

Después una persona va al banco y le pide prestados 50 pesos. El Banco decide prestárselos de los 100 que tiene en caja.

La pregunta es: ¿cuánta plata hay a partir de ese momento en la economía?

Hay 150 pesos: el banco con su poder de emisión secundaria creó 50 pesos más en crédito, porque en teoría quienes depositaron los 100 pesos iniciales, cuentan con ellos, cuentan con que el banco se los tiene que devolver cuando se los pidan.

L.S.A.: ¿Qué ganan los bancos?

E.S.: Su negocio es prestar dinero y ganar el diferencial entre la tasa de captación (los intereses que le pagan a la gente por sus ahorros, por ejemplo) y la tasa de colocación (los intereses a los que prestan plata).

Ese valor diferencial que ganan los bancos en Colombia es muy alto comparativamente. Según cifras de 2019 del Banco Mundial, el diferencial nuestro era del 7.2 por ciento (parecido al de países como Irak que tiene un riesgo financiero mayor), mientras el de Bolivia era 5,2 por ciento, el de México 4,9 por ciento, el de Chile 1.5 por ciento. Aún el de Haití es más bajito: 6. Perú, sin embargo, le gana a Colombia con un 12.3 por ciento. Fuera de la región el de Reino Unido es 2,7, por ejemplo.

Con la apertura económica de los 90 y la entrada de bancos extranjeros, se pensó que la competencia serviría para reducir el costo de los servicios de intermediación.

Lo que nos enseña la historia es que solo algunos bancos como el BBVA que compró el Banco Ganadero logró consolidarse y otros terminaron yéndose. Los que se quedaron se acoplaron a las reglas de juego que tenían los otros y se consolidó aún más la estructura de protección de intereses entre ellos.

L.S.A.: Usted estudió el rol que tuvieron los bancos en la construcción de nuestra nación desde la perspectiva de la interacción entre el poder político y el económico ¿qué encontró?

E.S.: Podemos pensar en una época en la que el componente político e ideológico de la sociedad eran círculos grandes y lo económico era uno pequeño.

Con el tiempo, lo ideológico se ha contraído y lo económico, en algunos sistemas sociales, ha cooptado el poder político.

En nuestro caso Estado y banqueros se han dado cuenta de su mutua importancia a lo largo del tiempo y su relación se ha profundizado a medida que han aumentado las interconexiones, no solo en el mercado interno sino en el externo, de manera que cada vez es más difícil separar lo político de lo económico.

El origen del Banco de La República da cuenta de eso.

El Banco López se creó alrededor de la exportación de café, su sede más importante era en Honda, por donde salía todo el café de Cundinamarca rumbo al puerto de Barranquilla para ser exportado.

El 13 de julio de 1923 el pánico se apoderó de sus clientes y empezaron a hacer retiros masivos de sus depósitos los siguientes días, lo que amenazaba con extenderse incluso a los demás bancos. Para frenar la fuga, el Presidente Pedro Nel Ospina, decretó que la celebración de la fiesta patria del 20 de julio arrancaba desde el 18; al terminarse el festivo, le cambiaron el letrero de Banco López por Banco de La República del que eran accionistas banqueros privados en un 50 por ciento.

Para convencerlos de crearlo, el Estado les dio su administración y endureció los requisitos para constituirse como banco, lo que hizo que muchos se quedarán por fuera del mercado propiciando que bancos grandes como el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia, fundados al rededor de 1870, absorbieran una gran cantidad de negocios pequeños que había en las regiones, aumentando así su red y su poder económico y dando lugar a la creación de una banca nacional.

L.S.A.: Esas relaciones estrechas entre el Estado y los bancos ¿se han mantenido?

E.S.: No de la misma forma.

A la par con la creación del Banco de la República se creó la Superbancaria con la que el Estado buscaba regular el sistema bancario dada la responsabilidad social que recaía sobre ellos de salvaguardar la riqueza de la gente. Si les iba mal, les iba mal a todos.

El Estado fortalece su función reguladora del poder económico y el Banco de La República va adquiriendo mayor autonomía con respecto a los banqueros e incluso al Gobierno a partir de diferentes reformas, hasta llegar a su completa independencia con la Constitución de 1991: su junta directiva está integrada por ministros y todas sus acciones están en cabeza del Estado.

Lo que va a pasar con los bancos es que a lo largo del tiempo y, sobre todo, después de la apertura económica de los 90, van a diversificar sus actividades, acumular más capital y también a cometer errores en términos microeconómicos, frente a los cuales el Estado tendrá que intervenir.

L.S.A.: Al comienzo de la pandemia, la entrega de plata a los bancos para que estos a su vez le prestaran a la gente, se leyó por algunos sectores de la opinión pública como un salvamento. Al final no era así. Pero en 2008 tras la burbuja hipotecaria si vimos como el Gobierno de EE.UU les tiró un salvavidas a los bancos ¿cómo explicar que el Estado haga eso?

E.S.: Tras la crisis económica del 99 que dio al traste con la banca hipotecaria y solidaria del país, sólo los bancos más fuertes sobrevivieron.

A partir de ese momento desarrollaron una estrategia de negocios llamada multibanca que consiste en concentrar y diversificar sus servicios: créditos de consumo, hipotecarios, leasing, incluso prestar en moneda extranjera, según la necesidad del cliente.

Paralelo a eso se fueron conformando en el país grupos económicos asociados a bancos, lo que les permitió desarrollar una plataforma tecnológica robusta y expandirse por todo el país, al punto que hoy estamos en manos de tres grupos, prácticamente: Grupo Aval, Sura-Bancolombia y Sociedades Bolívar, que incluso se han exportado a América Latina.

La realidad es que lo que pasó en 2008 nos enseñó los riesgos actuales de que en esas condiciones una crisis se pueda extender a otras entidades financieras.

Desde entonces se puso de moda la frase “demasiado grande para quebrar”, lo que significa que hay sectores que son tan poderosos que su quiebra puede terminar arrastrando a buena parte de la sociedad no solo de un país sino de varios. Por eso en términos de costo-beneficio puede terminar siendo un mal menor para un Estado rescatar un banco y nacionalizarlo que permitir su quiebra, con el fin de poder responderle al menos por una parte de los ahorros a sus clientes.

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Edna Sastoque

L.S.A.: El rol de los bancos durante la pandemia ha sido muy criticado, incluso por el Gobierno que pese a confiar en ellos, señaló que tenían que meterse la plata al bolsillo más...

E.S.: La reacción que han tenido la mayoría de bancos en esta pandemia muestra que cuando quienes necesitan ayuda son la gente o el Estado son muy poco solidarios.

Los bancos no han pagado con la misma moneda frente a la covid-19.

Volviendo a la crisis hipotecaria del 99, lo que sucedió fue que hubo una crisis internacional de mercados emergentes que se originó en Asia y se transmitió a América Latina por las relaciones que tenían Brasil y Rusia.

Eso desestabilizó nuestra banda cambiaria que era el modelo de tasa semi flexible por el que se había optado años atrás. Para controlarla lo que el Banco de La República hizo fue aumentar sus tasas de interés, ocasionando con ello grandes perjuicios sobre otro instrumento financiero, el Upac, lo cual hizo que muchos bancos quebraran como contaba anteriormente.

En respuesta a eso, el Gobierno de Pastrana creó temporalmente el 2 x 1000 para crear un fondo para financiar a las entidades bancarias que estaban en problemas. Instrumento que luego por los avatares de las coyunturas mutó a financiar otras urgencias y se convirtió en el 3 x 1000 para atender el terremoto del Eje Cafetero y luego en el 4 x 1000 que se volvió permanente.

Pero el origen fue ayudar a los bancos que en los últimos años han tenido unas utilidades increíbles.

Según cifras del año 2019 citadas en un artículo de colegas del Externado,  el crecimiento del sector fue de 5,7 por ciento, 2,4 puntos por encima del PIB total para ese año y sus ganancias en esa misma vigencia sobrepasaron los 13 billones de pesos.

Con razón entonces las críticas del por qué los bancos no han hecho más para ayudar en esta crisis: han sido completamente tímidos, por decir lo menos y mucha gente tiene en su memoria la ayuda que les dimos en el 99.

Haría solo una pequeña salvedad que muestra que los bancos sí pueden hacer un mayor esfuerzo.

L.S.A.: ¿Cuál?

E.S.: El anuncio de Banco Caja Social, cuya dueña es la Fundación Grupo Social, de condonar entre el 20 y el 25 por ciento de las cuotas de algunos créditos por seis meses.

Los jesuitas, que fueron sus fundadores, tenían en sus comienzos una postura frente a la tasa de usura: resulta que para ellos el tiempo es de Dios, así que cómo van a cobrar por el tiempo del uso del dinero, si el tiempo no les pertenece.

Me parece que algo han guardado de esa filosofía al caracterizarse por créditos más accesibles y tasa y plazos más cómodos respondiendo más a una vocación de servicio que de negocio que hace una diferencia importante en el mercado.

L.S.A.: Muchos colombianos se han visto obligados a vincularse al sistema bancario para poder realizar transacciones virtuales y para poder recibir los subsidios del Estado ¿es la bancarización algo positivo en medio de la crisis de la pandemia?

E.S.: En términos generales sí. Desde el punto de vista de la gente porque la hace menos presa de los cuenta gota, por ejemplo, con los mecanismos violentos que pueden tener en muchas partes del país para ajustar cuentas, y también porque en teoría con crédito pueden apalancar sus proyectos.

Desde la óptica del Estado porque entre más formales sean las transacciones puede tener un mejor control de la información de lo que pasa en el país y también mejorar su recaudo de impuestos.

El problema es que mientras por una parte continuemos con un sistema tributario tan inequitativo y mientras los servicios bancarios sigan siendo escandalosamente costosos va a ser muy difícil que la bancarización se extienda al cerca de 50-60 por ciento de población informal que se calcula que hay en el país y que no está entre los que están registrados en la Dian o los que están registrados en el Sisbén.

Los que comunmente dicen que guardan la plata debajo del colchón siguen sin tener un incentivo real para hacer todas sus transacciones a través del sistema financiero.

Los que comunmente dicen que guardan la plata debajo del colchón siguen sin tener un incentivo real para hacer todas sus transacciones a través del sistema financiero.

Edna Sastoque

La contrapartida mientras tanto es que con la pandemia y la necesidad que en todo caso ha tenido la gente de vincularse al sistema financiero, los bancos están recibiendo una cantidad de información valiosa que les servirá para seguir perfeccionando no solo su portafolio de servicios sino el de las demás empresas de su grupo económico. Sin contar con que las comisiones que cobran por los giros focalizados pueden ser hasta de un 15 por ciento del valor del subsidio.

Por eso me parece que el discurso de la bancarización hay que mirarlo con reserva. De hecho se empezó a hablar de él en los 90 como parte de la apertura económica que tuvo el país, de la mano de la idea de que todos podíamos convertirnos en empresarios y de que había que flexibilizar el empleo para facilitar el desarrollo económico.

L.S.A.: Usted dice que la pandemia abre la oportunidad de discutir si el Estado debería crear un banco público ¿por qué?

E.S.: Porque en una crisis tan masiva como la actual hemos dependido de los bancos privados para poder llegarle con transferencias monetarias a todas las personas que las requieren: la infraestructura de servicios de movimiento de dinero es un monopolio natural que tiene el sistema bancario en este momento. Y no hablo de un banco como el agrario que está focalizado en el campo, sino de uno para el 70- 80 por ciento de la población colombiana que hoy vive en ciudades.

Un banco público podría acercar el Estado a la gente, mejorar su comunicación y trabajar con base en unas prioridades diferentes a las que tienen los bancos privados, no tendría además el problema de riesgo moral que éstos tienen.

Edna Sastoque

Un banco público podría acercar el Estado a la gente, mejorar su comunicación y trabajar con base en unas prioridades diferentes a las que tienen los bancos privados, no tendría además el problema de riesgo moral que éstos tienen.

Ahora mismo en Europa se está dando un debate en torno a la necesidad de que haya bancos públicos en los países que administren los recursos que el Banco Central Europeo está girando para hacer frente a la crisis.

En términos financieros el tema es más complicado. Uno esperaría que un banco público fuera el encargado de administrar los ingresos y gastos del Estado, que reciba los impuestos y pague los salarios de los funcionarios públicos, por ejemplo, y que hacer eso fuera rentable.

Pero tenemos una larga lista de empresas del Estado que se han caracterizado por no tener una administración eficiente, Ecopetrol es una de las pocas excepciones. Pero debemos dar el debate.

L.S.A.: Durante la pandemia vimos que el Banco de La República bajó las tasas de interés, no así los bancos privados ¿Por qué?

E.S.: El Banco de La República tiene varios instrumentos de regulación. Están los “encajes” que es la plata que tienen que tener en caja, si el encaje de un banco es del 20 por ciento significa que solo puede prestar el 80 por ciento de los recursos que tiene.

Otro instrumento es bajar las tasas de interés a las que les presta a los bancos privados, como ocurrió en este caso que las bajó a un 2.25 por ciento. Pero si un banco determinado no le ha pedido prestado al Banco de La República este cambio no lo afecta.

Lo que puede pasar es que un banco que necesite liquidez tenga un mayor incentivo de pedirle un préstamo, pero se calcula que en estos casos puede tardar entre 6 y 11 meses que esto se vea reflejado en las condiciones de los créditos que los bancos dan a su vez a los clientes. Esto podría ayudar a explicar porque no hemos visto un cambio significativo.

L.S.A.: ¿Ha visto un Banco de La República deslucido o lucido en esta pandemia?

E.S.: Tras la crisis financiera de 1999, la Corte Constitucional le jaló las orejas al Banco de La República porque por proteger la inflación y la banda cambiaria, iba desbarajustando el resto de la economía. Desde ese momento, definió que sus funciones también eran velar por el crecimiento y el empleo, no solo por conservar el poder adquisitivo de la moneda.

En esta crisis se la ha jugado por mantener la liquidez de la economía y uno de los instrumentos que dispone para ello es, por ejemplo, la compra de deuda pública emitida por el Gobierno en Títulos de Tesorería -TES-.

Lo que he visto hasta ahora es el uso de los instrumentos tradicionales que hemos utilizado para hacerle frente a otras crisis económicas, pero ésta es principalmente una de salud pública, con efectos hasta nunca antes vistos, que me parece que debería llevar a considerar instrumentos innovadores, o, incluso, mal vistos como podría ser que el Banco de La República le preste directamente al Gobierno.

Con tasas de decrecimiento de entre el 10 y el 8 por ciento no es tan sencillo que una movida así afecte considerablemente la inflación.

Claro, esto sería un golpe durísimo a la ortodoxia económica e incluso a la independencia de la que se ha preciado siempre el Banco, además de que requeriría el consenso de los siete miembros que tiene su Junta Directiva.

Pero en general me parece que tiene que ser más creativo.

L.S.A.: Algunas aseguradoras se han quejado de que mientras el Gobierno ha sido estricto con ellas y les ha exigido por ejemplo devolver las primas de las pólizas ante la disminución del riesgo, a los bancos se les ha dejado como a su libre arbitrio las medidas que deben tomar ¿Qué tan fuerte es hoy el poder regulatorio del Estado?

E.S.: El país ha avanzado mucho en términos de regulación. A partir de lo que aprendimos en la crisis del 99, la Superfinanciera tiene más instrumentos de regulación macro y micro y los bancos son más juiciosos en su rendición de cuentas. Pero los costos que cobran por sus servicios siguen siendo excesivos.

Mientras las mejores tasas de interés efectivo anual en el mercado de tarjetas de crédito están entre el 20 y 25 por ciento, los estándares internacionales varían entre el 10 y el 18 por ciento. Y eso que han bajado con referencia a lo que manejaban años atrás.

Otro tema importante en términos de regulación es que los bancos están agremiados en la Asobancaria y hacen parte del Consejo Nacional Gremial donde tramitan sus intereses, pero al hacer parte de grupos económicos tan grandes a la final tienen línea directa con los Gobiernos y los ciudadanos no pueden hacer control sobre lo que se decide a través de esos mecanismos.

A esto se suma que la rápida velocidad de desarrollo del dinero y del sistema financiero dificulta que el Estado muchas veces vaya a la par en la regulación de los nuevos productos. Por eso en materia de regulación hay una tensión permanente. A veces ganan los bancos y a veces gana el Estado.

Hay ejemplos positivos en ese sentido. La presión de buena parte de pequeños y medianos productores de bienes y servicios hizo que el Gobierno prohibiera que sus clientes, muchas veces grandes superficies, pudieran pagarles en un plazo mayor a los 60 días, lo que impactó el negocio de recompra de facturas empresariales.

Resulta que se había generalizado que las empresas que tenían en cartera facturas a 90 días  y algunos problemas de liquidez se veían en la necesidad de vendérselas a los bancos a un costo entre el 2 y el 5 por ciento de su monto.

Con este nuevo plazo, no es tan gravoso para algunas de esas empresas esperar a que sus clientes les paguen directamente.

L.S.A.: En un tweet reciente, Humberto de la Calle juzgó como inconvenientes las “campañas presidenciales empresariales” refiriéndose al exalcade de Barranquilla, Álex Char, y al clan Char que tiene incluso su propio banco: “Serfinanza” (único de origen Caribe). Comparativamente con otros sectores económicos ¿qué implica convertirse en banquero?

E.S.: Dentro del sistema capitalista tener la posibilidad de crear dinero de entrada le da a la persona o grupo un monopolio natural muy grande, pues tiene el poder de decidir dónde poner o no ese dinero, de tener acceso a una gran cantidad de información de los usuarios, y de generar liquidez para direccionar el apoyo político y económico a determinadas causas.

Para citar:

Sastoque Ramírez, E. (2018). El papel de los banqueros en la construcción de estado y soberanía monetaria en Colombia (1880-1931). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.