Después de que el Procurador Alejandro Ordóñez ratificó la decisión de la Procuraduría de destituir a Gustavo Petro e inhabilitarlo durante 15 años, los próximos días serán decisivos para varios protagonistas de la política nacional y local. Estos son los dilemas que enfrentan:

Gustavo Petro
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Desde el viernes, Gustavo Petro había convocado a los ciudadanos a mantenerse en “alerta democrática” para protestar inmediatamente el Procurador ratificara el fallo de destitución. Aunque esta vez no llenó la plaza, Petro dijo que le apuesta “a la justicia y a las multitudes” para poder seguir ejerciendo como alcalde y agregó que la decisión de “la Bogotá Humana es convocar a la Nación a una constituyente”.

De este discurso se infiere que Petro dará la pelea hasta el último minuto para quedarse en el cargo y que seguramente le apostará a una estrategia similar a la que emprendió Andrés Manuel López Obrador en México cuando perdió por un punto las elecciones presidenciales en 2006. Tras denunciar que se había cometido un fraude en su contra, el candidato del PRD convocó movilizaciones multitudinarias de protesta durante meses e incluso se hizo nombrar simbólicamente como “presidente legítimo” de su país. Esto le sirvió para quedar de segundas en las próximas elecciones presidenciales pero no para que se diera un reconteo de votos como él quería.

La apuesta de Petro es que el respaldo masivo de la gente en la calle haga muy difícil sacarlo del palacio Liévano ya sea por el costo político que ésto representaría para Santos o por las repercusiones que esto tendría sobre el proceso de paz.

Una movilización masiva y sostenida también le demostraría a la Cidh que hay una verdadera violación del voto popular. Sin embargo, mantener la indignación durante varias semanas será todo un desafío.

Su apuesta para que Santos se demore en ejecutar el fallo del Procurador a la espera de una tutela a su favor o de una medida cautelar de la Cidh hasta que la jornada de revocatoria legitime su mandato también es arriesgada. Suponiendo que no es destituído antes, si mucha gente convocada por Petro sale a votar el 2 de marzo y la iniciativa pasa el umbral (que es lo más difícil), el Alcalde se arriesga a que al final gane el Sí o que la diferencia entre los que quieren que se quede y los que desean que se vaya no sea lo suficientemente amplia.

La otra estrategia es la pragmática, que es el acatar el fallo, trabajar por dejar en la Alcaldía un sucesor que lleve a cabo su programa de Bogota Humana, y mantener viva la indignación para cuando la CIDH revoque su inhabilidad poder lanzarse a la Presidencia en el 2018. Tocará ver cuál camino escoge Petro pues cada uno lo llevaría a sitios muy distintos.

Juan Manuel Santos
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El Presidente tiene 10 días para ejecutar la decisión del Procurador a partir del momento en que Ordóñez le comunique formalmente la decisión. Esto solo puede suceder cuando esta esté en firme, es decir, cuando se haya notificado Petro. Como Petro seguramente no se notificará personalmente, sino que lo tendrá que hacer Ordóñez por estrado, entre la semana del 10 y el 15 de febrero, Santos estaría procediendo con la destitución formal del Alcalde y nombrando un encargado.

Según lo que le han dicho a La Silla Vacía personas cercanas a Santos, aunque la destitución de un alcalde que dejó las armas y le apostó a la democracia envía un mensaje nefasto para la negociación con las Farc en la Habana, el Presidente acatará el fallo salvo que una medida cautelar de la Cidh o un fallo de tutela le digan lo contrario.

La pregunta es si lo acatará en el menor tiempo posible o encontrará razones para dilatar su ejecución.

Como lo contó La Silla, en Palacio preferirían que las elecciones de Bogotá ocurrieran después de la primera vuelta presidencial por el peso que tiene la capital en las elecciones presidenciales. Si el uribismo o la tercería se queda con este fortín, eso podría darles una ventaja sobre el Presidente.

Una vez tome la decisión vienen otras decisiones difíciles para Santos. La primera es a quién dejar encargado mientras el Registrador convoca a las elecciones atípicas.

El nombramiento del encargado ineludiblemente enviará un mensaje: no es igual dejar encargada a Gina Parody, ex candidata a la Alcaldía y ex rival de Petro que poner otra vez a María Fernanda Campo, la ministra de Educación que encargó cuando Ordóñez destituyó a Samuel Moreno.

La segunda es si el Presidente moverá los hilos para que haya un candidato de la Unidad Nacional para las elecciones atípicas.

La Silla supo de buena fuente que el candidato ideal para Santos sería Enrique Peñalosa y que le habrían enviado varios mensajes al precandidato presidencial de la Alianza Verde para que se baje del bus nacional y le apueste nuevamente a su obsesión que es la ciudad. Sin embargo, detrás de esta “preferencia” también poftís estar el interés de tener un rival menos en las presidenciales.

 

 

Los progresistas
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Para los miembros del movimiento político de Gustavo Petro el dilema sobre qué hacer en las próximas semanas es grande.

Si Petro se mantiene en no acatar el fallo del Procurador, a su movimiento le quedará difícil moverse rápido para enviarle una terna al Presidente para que encargue un miembro de Progresistas en la Alcaldía y también para preparar una campaña efectiva para las elecciones atípicas.

Hacer ambas cosas rápido sería fundamental para mantener el fortín político que es Bogotá ya que la verdadera fuerza de la Alianza Verde está en la capital.

A candidatos como Antonio Navarro les convendría que la burocracia de la ciudad siguiera estando en manos de progresistas. Permitir que el santismo asuma las riendas de Bogotá durante estos meses cruciales de campaña es un riesgo que no querrán correr.

Si le apuestan a mantener el modelo de ciudad planteado por la Bogotá Humana, para los progresistas también será de vital importancia arrancar lo antes posible una campaña política fuerte para las atípicas con un candidato que pueda culminar el proyecto iniciado por Petro.

Pero enviar una terna al Presidente implicaría acatar tácitamente el fallo del Procurador y sería muy difícil hacerlo si el actual alcalde le apuesta a la estrategia López Obrador.

 

Enrique Peñalosa
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Una vez Santos ejecute el fallo del Procurador, los ojos de los interesados en la Alcaldía de Bogotá estarán puestos en Enrique Peñalosa.

El ex alcalde de Bogotá ha dicho públicamente que su apuesta es por la presidencia de Colombia y que no le interesa competir por la Alcaldía de Bogotá en las elecciones atípicas para un período inferior a los dos años.

Pero teniendo en cuenta su obsesión por la ciudad y que en su propio partido hay muchos que no quieren verlo como su candidato oficial, la posibilidad de que Peñalosa vuelva a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá no está cerrada.

Dado que la campaña para las elecciones atípicas es muy corta, solo tienen un chance los candidatos que ya cuentan con un reconocimiento entre la ciudadanía y por más antipatías que genere Peñalosa, su nombre pesa.

Si él decide renunciar a su aspiración presidencial y lanzarse a la Alcaldía en unas eventuales elecciones atípicas, otros candidatos con menor trayectoría se abstendrían de participar.

Si no se lanza, el abanico se abre para nuevos nombres. Por eso su decisión es una pieza fundamental en este rompecabezas.

Francisco Santos
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Dentro del uribismo parece haber un cierto consenso de que Francisco Santos sería su candidato si hay elecciones atípicas en Bogotá y el ex vicepresidente no ha escondido su interés en postular su nombre para ese cargo.

Si finalmente se lanza, muchos petristas quedarían convencidos de la tesis de que la destitución de Petro en efecto fue un complot de los uribistas para poner a Pacho Santos en la Alcaldía y arrebatarsela a la izquierda.

Pero más allá de esa paranoia, la entrada de Pacho Santos a una contienda política justo cuando su primo y rival Juan Manuel está aspirando a la reelección perjudicaría al Presidente: reforzaría la idea de que al país lo maneja una élite excluyente.

Para Pacho el dilema sería si se lanza para gobernar la ciudad solo año y medio o si espera para competir en las elecciones del 2015.

 

 

 

 

 

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Se requiere una reforma a fondo de la Procuraduría.

Como lo pudimos constatar el año pasado con la fallida reforma de la Justicia, los escándalos en la cúpula judicial, y las confrontaciones entre los organismos de control y la Fiscalía, algunas de las entidades creadas en la Constitución de 1991 han mostrado serias fallas de diseño. Si estos problemas no se corrigen podría colocarse en riesgo el crecimiento incluyente, en un ambiente de respeto al régimen de libertades, de que hemos disfrutado durante un buen número de años.

Respecto de la Procuraduría abundan las criticas sobre las normas que regulan la designación del Procurador General, la duración de su mandato y el repertorio de funciones que se le otorgan. Habiendo concluido su actuación en el caso del Alcalde Gustavo Petro, se abre un espacio nuevo de discusión de gran relevancia: si esas reglas están o no bien concebidas.

Estas son algunas sugerencias para corregir algunos de los problemas de la institución:

El magistrado que frenó temporalmente la destitución de Gustavo Petro sabe en carne propia lo que es ser destituído.

José María Armenta Fuentes, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó suspender la decisión de Alejandro Ordóñez en contra del Alcalde de Bogotá mientras la Sala Administrativa del Tribunal decide la tutela interpuesta contra el fallo, fue destituido como juez en el 2004. Y dos años después, mediante un tutelazo, logró que la Corte Constitucional revocara esa sanción y lo restituyera.

La historia es así: en el 2000, el candidato que perdió las elecciones para la Alcaldía de San Juan del Cesar interpuso una tutela contra el Consejo Nacional Electoral por considerar que le habían violado sus derechos al negarse un reconteo de votos. La tutela le llegó por reparto a Armenta, quien junto con otro magistrado, le dio la razón al candidato.

Una semana después de su decisión, Salomón Vergara -que era el que había ganado la Alcaldía- presentó una tutela contra la decisión de Armenta, que a su vez le fue concedida por la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira. En este caso, la Judicatura revocó el fallo de Armenta, ordenó que declararán alcalde a Vergara y, además, ordenó investigar disciplinariamente a Armenta y al otro juez

Entonces, el candidato perdedor puso una nueva tutela pidiendo que no se declarara a Vergara alcalde mientras se decidía un acción de nulidad que él había interpuesto. En respuesta a esta tutela, un mes después Armenta, nuevamente, ordenó inaplicar el acto administrativo que declaraba alcalde a Salomón Vergara mientras se decidía un recurso de nulidad contra la elección.

Vergara se volvió a quejar y esta vez el Consejo Seccional de la Judicatura ordenó abrir investigación disciplinaria contra Armenta y el otro juez Álvaro Rodríguez, a quienes destituyó en noviembre de 2004 por considerar que han debido declararse impedidos para conocer la acción de amparo interpuesta por el candidato perdedor.

En su defensa, Armenta puso una tutela ante la sala displinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca para reversar su destitución.

Esta no le dio la razón, pero la tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional que en un fallo de 2006 le dio la razón a Armenta y revocó la destitución.

Los magistrados que tomaron esta decisión fueron Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda y Nilson Pinilla.

Luego, en cumplimiento del fallo de la Corte, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, declaró en noviembre de 2006 la prescripción de la acción disciplinaria contra Armenta y dispuso su reintegro el 15 de diciembre de 2006.

En otras palabras, si alguien entiende lo que le pasó a Petro es el juez que pidió suspender el fallo durante los próximos diez días.

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No alcanzaron a transcurrir ni 12 horas desde que el magistrado José María Armenta suspendió el fallo de destitución contra Petro antes de que Caracol Radio anunciara que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidiría este miércoles si le abre una investigación disciplinaria. La razón es que pudo haber incurrido en un conflicto de interés al no haberse declarado impedido para conocer el caso porque su esposa trabaja en el Acueducto de Bogotá, entidad que actúa bajo las órdenes del alcalde.

Este hecho eclipsará seguramente el debate de fondo sobre los argumentos de Armenta para suspender el fallo, lo que evita el problema de que Santos ejecute el fallo de destitución y luego el tribunal falle de fondo la tutela a favor de Petro. La Silla leyó su auto y estos son los cinco principales argumentos del juez y las debilidades señaladas por tres constitucionalistas que lo analizaron:
 

Este es el fallo completo, con las anotaciones de La Silla:

Tutela Petro Con Anotaciones by lasillavacia

Nota: La foto de portada fue tomada de Semana.com

Hace un par de meses el presidente de Cambio Radical y candidato al Senado, Carlos Fernando Galán, se dio la pela de negarle el aval al político y contratista santandereano Fredy Anaya, quien aspiraba ser candidato a la Cámara de Representante en formula con el senador Bernabé Celis. Anaya, cuestionado por múltiples motivos en la región – desde parapolítica hasta corrupción -, y quien al final terminó en Opción Ciudadana, era una buena pareja para Bernabé por el poder que maneja en esa región. Al final Galán ganó la puja, no lo aceptó en el Partido, y Bernabé - que incluso amenazó con irse del Partido – le tocó buscar otras formulas a la Cámara.

Ya en campaña, Carlos Fernando Galán está buscando encontrar un espacio en Santander, aprovechando entre otras cosas el reconocimiento de su familia allá. Sin embargo, Bernabé no se la ha puesto fácil.

La Silla supo que al menos dos candidatos a la Cámara de Representantes por Santander - Víctor Camacho y Ciro Fernández -, que habían expresado interés por apoyar Galán, terminaron en las toldas del senador Bernabé Celis, quien apalancado en el apoyo político que puede ofrecer (alcaldes, concejales y diputados) amarró toda la lista a su nombre.

Con Bernabé dueño de toda la maquinaria, a Carlos Fernando le queda buscar el voto de opinión para ser la alternativa de Cambio Radical en Santander. 

La Alianza Verde surgió hace cuatro meses de la fusión de Progresistas y el Partido Verde con la idea de “no nacer ni con pie izquierdo ni con pie derecho, sino por el centro”. Pero una parte significativa de los 'nuevos verdes' son en realidad muchos de los fundadores originales del Polo Democrático Independiente y su sucesor Alternativo.

Esa reconfiguración, visible en las listas que presentarán los verdes al Congreso, se dio después de que los Progresistas se reencontraran con los luchistas y algunos viejos integrantes del AD M-19 que estuvieron aliados al primer PDI y luego fundaron Opción Centro. Y se cimentó cuando la Alianza Verde selló un acuerdo con la Unión Patriótica, donde a su vez están las figuras más visibles del Partido Comunista, expulsado del Polo. Con ellos hay personas que vienen de otros grupos más pequeños -en general de centro izquierda- como la Corriente de Renovación Socialista, el Partido del Trabajo o el Colectivo Sindical Guillermo Marín, que también fundaron el primer Polo hace una década.

Estos son los viejos polistas que heredó la Alianza Verde:

Haga click en las flechas para ver hacia dónde va y de dónde proviene cada personaje.

ANTIGUO POLO

Antonio Navarro

Una de las cabezas detrás del nacimiento del PDI hace una década y de la unión con la Alianza Democrática que dio vida al PDA en 2005. Arrancó en el M-19 y estuvo en la Asamblea Constituyente con el AD M-19, con quien fue Ministro de Salud de César Gaviria y dos veces candidato presidencial. Fue representante por Bogotá y senador por el Movimiento Vía Alterna, luego alcalde de Pasto y gobernador de Nariño por el Polo y precandidato presidencial del Polo en 2006, perdiendo con Carlos Gaviria. Luego se fue con Petro a Progresistas y fue su Secretario de Gobierno en Bogotá.

 

Gustavo Petro

Militó en el M-19 y llegó en 1991 a la Cámara por Cundinamarca de la mano de la AD M-19. Tras quemarse en 1994 y salir del país por amenazas (siendo cónsul de Ernesto Samper en Bruselas), volvió en 1997 como candidato a la AD M-19 a la Alcaldía de Bogotá. Regresó a la Cámara como segundo renglón de Navarro en la lista del Movimiento Vía Alterna y luego al Senado ya con el PDA, convirtiéndose en su candidato presidencial en 2010 y luego saliéndose para fundar Progresistas. Fue elegido Alcalde por firmas, por Progresistas.

 

Jorge Iván Ospina

Fue elegido Alcalde de Cali en 2007 por el movimiento ciudadano Podemos Cali, tras la dificultad del Polo para escoger un candidato. Antes fue Secretario de Salud de John Maro Rodríguez en Cali y Secretario de Gobierno del destituido alcalde Apolinar Salcedo. Era considerado independiente en el Polo, aunque viene de la corriente de la AD M-19 en el PDI.

 

Jorge Guevara

Líder sindical que dirigió Fecode y que integra el Partido Social Demócrata Colombiano, que se unió al PDA. Fue elegido senador del Polo en 2006 y de nuevo en 2010.

 

Luis Eduardo Garzón

Líder sindical que fue Alcalde de Bogotá en 2004 por el PDI y fue tercero en las presidenciales del 2002. Tras ser presidente de la USO -el sindicato de la empresa petrolera- y de la CUT -la mayor central sindical del país- se unió al Frente Social y Político que daría origen al PDI. Se salió del Polo en 2009 y fue uno de sus precandidatos presidenciales en 2010, consulta que lanzó la 'ola verde'.

 

Carlos Lozano

Líder histórico del Partido Comunista y del semanario Voz, que fue uno de los fundadores del Frente Social y Político que luego se sumó a la Alternativa Democrática y terminó constituyendo el PDA. Como dirigente del Partido Comunista fue expulsado del Polo en 2011, junto con Gloria Inés Ramírez y Jaime Caicedo. También es uno de los líderes de Marcha Patriótica.

 

Antonio Sanguino

Llegó al Partido Verde como parte de la corriente luchista. Viene de la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN que se desmovilizó en los años noventa y que formó parte del Polo, y trabajó también durante una década en la Corporación Nuevo Arco Iris. Fue elegido concejal de Bogotá por el Polo en 2007 y de nuevo en 2011 con los verdes.

 

Antonio López

Uno de los fundadores y también presidente de la Corporación Nuevo Arco Iris, la ONG dedicada inicialmente a la investigación de la paramilitarismo. Viene, la igual que la mayoría de miembros de Arco Iris, de la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN que se desmovilizó en los años noventa y que formó parte del Polo.

 

Franklin Legro

Líder sindical que hizo casi toda su carrera política al lado del vicepresidente Angelino Garzón, de quien fue Secretario de Gobierno. Aunque Angelino no terminó llegando al Polo, Legro era -con Orlando Riascos- parte de la corriente 'angelinista' en el Polo. Fue representante del Polo por Valle en 2006 y se quemó en 2010, cuando le ganó Wilson Arias.

 

Guillermo Asprilla

Fue miembro de la AD M-19, a la que representó en el "Congresito" que reemplazó al Congreso cuando su mandato fue revocado por la Asamblea Nacional Constituyente. Se quemó intentando llegar al Concejo de Bogotá por el Polo en 2007, luego siguió a su amigo Gustavo Petro a Progresistas y a la Alcaldía como Secretario de Gobierno hasta ser destituido por el Procurador.

 

Luis Carlos Avellaneda

Líder sindical que llegó al Senado en 2002 con el partido Unidad Democrática, que después se uniría a Alternativa Democrática y eventualmente se aliaría con el PDI para dar lugar al PDA. Fue elegido senador por el Polo en 2010, yéndose luego con Progresistas.

 

Gloria Flórez

Viene del sector de derechos humanos y de la Minga, integrando tanto el PDI como el PDA como independiente. Luego se convirtió en una de las políticas más cercanas a Gustavo Petro. Fue elegida al Parlamento Andino por el Polo.

 

Carlos Vicente de Roux

Veterano líder de derechos humanos que fue consejero presidencial para los derechos humanos de César Gaviria y Ernesto Samper, y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras entrar a la política con Antanas Mockus y Hernando Gómez Buendía, llegó al Concejo de Bogotá por el PDI en 2003, repitió con el PDA y luego en 2011 con Progresistas.

 

Camilo Romero

Senador nariñense que llegó al Congreso impulsado por el movimiento Tienen Huevo. Se quemó intentando llegar a la Cámara por Bogotá en 2002 y llegó al Polo de la mano del colectivo Vamos Independientes. Fue elegido senador en 2010 por el Polo.

 

Angélica Lozano

Ex alcaldesa local de Chapinero en tiempos de Lucho Garzón, que viene del movimiento ciudadano Alternativa Política Colectiva (APC) y fue fundadora del PDI. Pasó del PDA al Partido Verde, y luego a Progresistas cuando Peñalosa recibió el apoyo de Uribe, siendo elegida concejal progresista en 2011.

 

Orlando Riascos

Ha hecho toda su carrera política al lado del vicepresidente Angelino Garzón, de quien fue Secretario de Gobierno y quien luego lo nombró director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Aunque Angelino no terminó llegando al Polo, Riascos era parte de la corriente 'angelinista' en el Polo. Fue candidato del Polo a la Gobernación del Valle en 2007 y subdirector de hacienda de Jorge Iván Ospina en Cali.

 

Witney Chávez

Líder sindical que milita en Unidad Democrática, la corriente liderada por Luis Carlos Avellaneda que llegó al PDA. Arrancó en el Sindicato de Trabajadores Educativos del Valle (Sutev) y luego dirigió Fecode, el sindicato que reúne a 270 mil maestros de todo el país.

 

Marcelo Torres

Uno de los fundadores del Moir –la corriente del Polo que lidera Jorge Robledo- y luego del Partido del Trabajo. Fue uno de los impulsores de la Corriente Democrática, que fue la semilla de donde salió el Movimiento Ciudadano Progresistas. Se quemó intentando llegar al Senado por el Polo en 2010.

 

Tarsicio Rivera

Líder sindical caucano que pertenece al Colectivo Guillermo Marín, que se sumó al Polo Democrático Independiente, y lleva casi una década en el comité ejecutivo de la CUT, la mayor central sindical del país.

 

Carlos Ramón González

Antiguo militante del M-19, que fue representante a la Cámara y concejal de Bucaramanga por el AD M-19 y director de ese partido en la época en que fue aliado del PDI. Luego formó el Partido Opción Centro a partir de la personería jurídica del AD M-19, que se convertiría en la semilla del Partido Verde y luego de la Alianza Verde. Ha sido director nacional de éstos tres.

 

Rodrigo Romero

Antiguo militante del M-19 e integrante del AD M-19 en la época en que fue aliado del PDI. Fue elegido representante a la Cámara por el Partido Opción Centro, que se convertiría en la semilla del Partido Verde y luego de la Alianza Verde. Volvió al Congreso a ocupar la curul de la fallecida Gilma Jiménez.

 

ALIANZA VERDE

Antonio Navarro

Líder de Progresistas y uno de los cerebros de la fusión con los verdes. Decidió ser cabeza de lista de los verdes al Congreso en vez de precandidato presidencial.

 

Gustavo Petro

Alcalde de Bogotá por Progresistas, a la espera de que se resuelva su destitución. Si ésta queda en firme, la terna para reemplazarlo vendría de la Alianza Verde.

 

Jorge Iván Ospina

Se sumó a último minuto a la lista verde al Congreso, al mismo tiempo que su hermano Mauricio decidió no repetir Senado con el Polo.

 

Jorge Guevara

Es el único de los cuatro congresistas polistas ahora en los verdes -tres progresistas, una comunista- que buscará repetir curul.

 

Luis Eduardo Garzón

Se mantiene como Alto Consejero para el Diálogo Social de Santos. Su hijo Eduardo Garzón ocupó su lugar en la dirección nacional de los verdes -y hoy en la Alianza Verde- y es candidato a la Cámara en Bogotá.

 

Carlos Lozano

Inicialmente iba al Senado por la Unión Patriótica -tras la decisión de Marcha Patriótica de ir con la UP- y fue una de las cabezas del acuerdo con los verdes para presentar listas conjuntos a Senado y separadas a Cámara. Su fórmula será el ex concejal bogotano y secretario general del Partido Comunista Jaime Caicedo (quien sí irá en nombre de la UP).

 

Antonio Sanguino

Se mantiene como concejal de Bogotá y ahora es copresidente de la Alianza Verde.

 

Antonio López

Candidato al Senado.

 

Franklin Legro

Candidato al Senado.

 

Guillermo Asprilla

Tras su destitución en 2012, fue uno de los negociadores de la unión con los verdes. Su hijo Inti Raúl Asprilla es candidato a la Cámara en Bogotá.

 

Luis Carlos Avellaneda

Fue uno de los compromisarios para la unión con los verdes. No regresará al Congreso y actualmente es copresidente de la Alianza Verde.

 

Gloria Flórez

Se mantiene en el Parlamento Andino por el Polo y fue una de las negociadoras de Progresistas en su alianza con los verdes.

 

Carlos Vicente de Roux

FSe mantiene como concejal de Bogotá y suena para la terna verde que podría reemplazar a Petro en la Alcaldía.

 

Camilo Romero

Es uno de los tres precandidatos presidenciales de los verdes, con Enrique Peñalosa y John Sudarsky.

 

Angélica Lozano

Candidata a la Cámara por Bogotá, tras renunciar al Concejo.

 

Orlando Riascos

Candidato a la Cámara por el Valle

 

Witney Chávez

Candidato al Senado y miembro del comité ejecutivo de la CUT, la mayor central sindical del país

 

Marcelo Torres

En 2011 fue elegido alcalde de Magangué por el Partido Verde, aunque era ya cercano a Progresistas y a antiguos funcionarios de Petro como Consuelo Ahumada.

 

Tarsicio Rivera

Candidato al Senado.

 

Carlos Ramón González

Fue uno de los que adelantó acercamientos con los Progresistas y de los compromisarios en las negociaciones, quedando como representante legal de la Alianza Verde.

 

Rodrigo Romero

Senador verde, que fue uno de los negociadores de la unión entre progresistas y verdes. No buscará volver al Congreso.

 

En Noviembre Las Dos Orillas contó que a la hija de la fallecida exsenadora verde Gilma Jiménez, Yohana Salamanca Jiménez, se la estaban peleando varios partidos para que aspirara al senado. En Diciembre Yohana se decidió por el Partido de la U porque, según le dijo (link) a El Tiempo, el presidente de ese Partido, Sergio Díaz-Granados, pondría el tema de los niños en primera línea.

Ya con miras a las elecciones, en enero, parece que fuera la propia Gilma la que estuviera haciendo campaña.

En los volantes que están repartiendo por las calles de Bogotá sale dos veces la foto de la exsenadora y sólo una vez la de su hija. La página oficial de la campaña www.alcienpornuestrosninos.com también gira alrededor de Gilma.

Además, en la cuenta de twitter de Gilma @gilmajimenez (acompañada de un QEPD), con casi 45 mil seguidores, todavía trinan. La foto del perfil es de la exsenadora con su hija-candidata Yohana – la oficial de la campaña -, y el espacio está dedicado a hacer RT a los trinos de la candidata (@yjimenez13) y de su formula a la Cámara por Bogotá de la U, Giovanny Caicedo (@pelungo). También desde allí han hecho RT a mensajes que cuestionan a los verdes. Quién iba a imaginar que desde el más allá Gilma iba a seguir en campaña, jalando votos para La U y criticando a su Partido de antaño. 

*Esta nota fue ajustada después de ser publicada. 

Cuando Javier Betancourt llegó a la cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos hace un mes, vino un remezón en la alta cúpula de la entidad que se encarga de la parte técnica del sector petrolero. Esta semana Presidencia publicó las hojas de vida de quienes podrían llenar esas vacantes.

Al llegar Betancourt en diciembre, le pidió la renuncia a tres de los cinco vicepresidentes que tiene la ANH.

Una de las que salió fue Claudia Lafaurie, la vicepresidenta de contratos que llevaba unos ocho años en la entidad y que era la alta funcionaria de mayor trayectoria allí. Su perfil era tan alto que incluso sonó para dirigir la Agencia, después de que se cayera el nombramiento del ex ministro Jorge Bendeck por su edad y de que tanto el director saliente Germán Arce como Evamaría Uribe -la ex Superservicios, ex vice de Energía y actual presidenta del gremio Gasnova- descartaran ocuparlo.

A Lafaurie la reemplazaría Carlos Mantilla McCormick, un abogado que trabajó durante dos décadas en la OXY y que desde hace cuatro años es abogado especializado en hidrocarburos en la firma Martínez Córdoba & Abogados.

En ese momento también salió Carolina García Guzmán, la vice de promoción y asignación de áreas, que estuvo de presidenta encargada durante el mes largo en que -como contó La Silla- la ANH estuvo acéfala. García llevaba un año en este cargo, que es clave porque se encarga del proceso de rondas para subastar los nuevos yacimientos, y ya había estado a cargo de ese tema en un paso anterior por la agencia.

A ella la reemplazaría Nicolás Mejía Mejía, un abogado que trabajó con García y cuyo nombre ha sido bien recibido, pero que tiene menor experiencia en el sector. Mejía es hijo de Lázaro Mejía Arango, quien fue presidente de Proexport de Ernesto Samper, gerente de la Empresa de Energía de Bogotá y Secretario de Hacienda de Bogotá.

Y a la vicepresidencia administrativa y financiera llegaría el contador Luis Alejandro Dávila, que venía trabajando en esa oficina con el vice saliente Erles Espinosa.

Esta semana el Centro Democrático arrancó su publicidad. En Bogotá aparecieron las primeras vallas del expresidente Uribe, candidato al Senado. Una foto de él, una frase clara: “Uribe es Centro Democrático”, y un slogan que reza “Sí a la paz con castigo a los criminales”, componen la gráfica.

En radio también se activó la campaña. Una tercera voz aclara dos veces que Uribe es Centro Democrático en Senado y Cámara. Y el propio Uribe repite cuatro veces “sí a la paz” con intervalos tales como “sin secuestradores al congreso”.

La principal apuesta con esta campaña es lograr que la gente identifique el nombre del movimiento Centro Democrático con el expresidente, después de que el Consejo Nacional Electoral prohibió que su nombre apareciera en el tarjetón. Es todo un desafío porque encuestas internas contratadas por políticos muestran que para muchos colombianos la U sigue siendo el partido de Uribe.  Siendo una lista cerrada, ellos necesitan que la gente que quiere votar por el expresidente lo ubique el día de la votación.

Valla en Bogotá del Centro Democratico -  Avenida NQS con calle 62. Foto: Juan Pablo Pino.

La segunda apuesta por centrar el mensaje en el apoyo a la paz sí es más sorprendente. El discurso es básicamente el mismo que ha mantenido Uribe desde hace una década, de que quiere la paz pero sin ninguna concesión. Sin embargo, que el uribismo ponga el énfasis de su estrategia de comunicaciones en su respaldo a la paz, lo más importante que tendrá Santos para mostrar, tiene varias connotaciones.

“No podemos dejar que en el país se cree ese falso dilema entre la paz y la guerra”, le dijo a La Silla el director del Centro Democrático, Alejandro Arbeláez.

Algo similar aseguró el candidato uribista al Senado Alfredo Rangel: “Un propósito es contrarrestar los señalamientos del gobierno en el sentido de que los uribistas son la guerra y Santos y sus amigos la paz”.

Alvaro Uribe, cabeza de lista del Centro Democratico.

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Valla del Centro Democratico en Antioquia, con el mensaje de "Sí a la paz con castigo para los criminales". 

Alfredo Rangel, candidato al Senado Centro Democratico. Foto www.hacer.org

Por otro lado, para Germán Medina, estratega político y experto en campañas, la estrategia publicitaria de Uribe también refleja que el Centro Democrático ha sabido leer que “los colombianos quieren la paz pero con condiciones, no gratuita para las FARC”.

En todas las encuestas, aparece que los colombianos quieren la paz, pero una paz que no implique mayores concesiones. El 62 por ciento en la última Gallup de diciembre dice que apoya los diálogos con las Farc mientras que sólo un 35 por ciento dice que no. Pero apenas el 20 por ciento estaría de acuerdo con que los jefes guerrilleros hicieran política sin pagar cárcel mientras que el 78 por ciento se oponen.

Uribe refleja esta posición.  “Les ofrece el BMW a diez millones de pesos”, dijo a La Silla un político rival de Uribe.

La popularidad de Uribe, que aunque sigue doblando con creces la de Santos, ha pasado desde que arrancó este gobierno del 80 por ciento al 58 por ciento en diciembre, según Gallup, y su imagen negativa ha pasado en ese mismo período del 16 por ciento al 40.

Uno de los factores para esto, según dos analistas consultados, es que la gente lo ve alineado solo con la guerra y sin darle un chance a la paz. Con esta campaña, ese efecto se neutralizaría. Y aspira a neutralizar también el discurso de Santos, quien dejaría ser el único dueño de la aspiración por la paz.

Con este nuevo enfoque publicitario de los uribistas, para Germán Medina, en Presidencia “tienen que preocuparse por buscar nuevos elementos de comunicación, distintos a la paz en la que habían enfocado todos sus esfuerzos”.  

Además, obliga al Presidente a hablar de lo incómodo que tiene la paz, de concesiones como la elegibilidad con la que los colombianos no están de acuerdo.

Precisamente, según Alejandro Arbelaez, el Centro Democrático quiere comunicar que ellos “buscan y quieren la paz pero sin impunidad y elegibilidad para quienes han cometido violaciones a los derechos humanos”.

Pero otra forma de verlo es que esta campaña de Uribe, que hasta ahora venía siendo el archienemigo de los diálogos en la Habana, confirmaría que  “triunfó la idea de terminar el conflicto y alcanzar la paz por la vía negociada”, como lo afirma Héctor Riveros.

Tras ocho años de la Seguridad Democrática, los colombianos se convencieron de la mano de Uribe de que la vía militar era el único camino para acabar con la guerrilla. Esta estrategia publicitaría significa, a primera vista,  que hay un viraje en esa aproximación.

Sin embargo, dadas las condiciones estrictas que todavía le ponen a la negociación con una guerrilla que no lograron aniquilar y que no está negociando su rendición, en la práctica, la apuesta de Uribe no es realmente a favor de los diálogos con las Farc. Aunque sus vallas tratan de coger lo mejor de los dos mundos y de quitarle a Santos la paloma.

Los políticos independientes que en esta campaña que arranca quieran financiarse con miles de pequeños aportantes, como lo hizo Barack Obama, comienzan a descubrir que es imposible hacerlo.

Rodolfo Arango, el ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y profesor de filosofía del derecho que se lanzó por primera vez a la política electoral en la lista del Polo, presentó hoy una queja a la Superintendencia Financiera contra Bancolombia por las dificultades que ha tenido para manejar las donaciones a su campaña: no pudo crear una plataforma en internet y solo puede recibir las que sean hechas de forma personal y solo en tres oficinas en todo el país. Es decir, le tocó escoger tres oficinas bancarias en Colombia, que son las únicas que podrán recibir esos aportes y en físico.

Hacerlas por internet está descartado. Claudia López, la candidata de Alianza Verde, exploró la posibilidad de montar una plataforma online para recibir pequeños aportes de sus seguidores y descubrió que los proveedores de este servicio no lo pueden hacer.

ACH, la compañía que opera el principal sistema de pago en línea del país, tiene varias restrricciones en los servicios que presta. Por ejemplo, no pone su plataforma para pagar el acceso a sitios de pornografía ni para jugar en casinos online. En esa misma categoría están las campañas políticas.

Esos límites buscan que se cumplan los topes a la cantidad de dinero que alguien puede donar a las campañas y la prohibición de que lo hagan las personas jurídicas. También evitar el lavado de dinero. Pero también terminan afectando las campañas de quienes no tienen un gran músculo financiero y podrían conseguir recursos a través de pequeños aportes.

En cambio, las campañas vinculadas a donantes más poderosos llevan años sorteando estos obstáculos.

Esta es la queja de Arango:

Queda Rodolfo Arango SuperfinancieraQueda Rodolfo Arango Superfinanciera by lasillavacia

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Después de la tutela que suspendió el fallo de destitución contra el Alcalde de Bogotá, una pregunta recurrente es qué pasará ahora. La respuesta es que nadie sabe con certeza. Pero, salvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirme en los próximos días la sanción del Procurador, todas las demás rutas conducen a la jornada de revocatoria (esto sin contar todas las demás tutelas que seguramente se fallarán en los próximos días). Esta es la ruta de la tutela que suspendió provisionalmente el fallo de Ordóñez contra el Alcalde de Bogotá:

Por: Santiago Wills

Si la situación actual se mantiene, existe una posibilidad de que en un futuro el Lago de Tota, una de las fuentes hídricas más importantes del país, se convierta en una maloliente charca cubierta de plantas acuáticas.

Pero las primeras impresiones engañan. Los paisajes de Tota ocultan sus problemas. Muchos de los hoteles, que imitan chalets suizos y cabañas de esquí, vierten sus desechos en el agua. Las elodeas, esas algas verdes, rojas y amarillas, aparentemente pintorescas, son un síntoma del proceso de eutrofización –el enriquecimiento de nutrientes del ecosistema—que poco a poco agota el oxígeno para los peces que aún habitan la laguna. Fertilizantes, pesticidas y desechos orgánicos animales y humanos fomentan el crecimiento de las algas, al tiempo que hacen daño a las 12 aves endémicas y a las 14 aves migratorias que habitan el lago en el curso del año.

Tío Conejo visitó el área hace un par de meses y habló con ambientalistas, representantes de la industria y políticos de la región para tratar de identificar quiénes son los responsables del deterioro del lago más grande del país.

De acuerdo con ambientalistas de la región, hay por lo menos tres graves problemas que aquejan el lago: la eutrofización, producto de los cultivos de cebolla, los jaulones de truchas y parte de la industria hotelera que mató miles e truchas en julio de este año; la contaminación hídrica –el agua de Cuítiba y Firavitoba, dos municipios cercanos al lago, no es apta para consumo humano, según el informe de la Contraloría--; y la extracción indiscriminada de agua.

A esto se suma un cuarto problema que se encuentra relacionado con todos los anteriores: los políticos más importantes de la región tienen intereses en gran parte de las actividades económicas que causan dichos problemas ambientales.

Miembros de las familias Pedraza, Montaña, Cardozo y Torres, cuatro apellidos que se repiten a menudo en alcaldías y otros cargos públicos de Sogamoso, Aquitania y otros municipios aledaños, se encuentran relacionados con la cebolla–una actividad agrícola que mueve alrededor de 300 mil millones de pesos al año según la Contraloría-- o la truchicultura. En ese sentido, la familia Pedraza, un grupo que se asentó en la región hace cerca de 80 años, es ejemplar.

El senador conservador Jorge Hernando Pedraza, un abogado que lleva más de 20 años en la vida pública y que ha impulsado numerosas iniciativas en pro de Tota, posee un cultivo en las inmediaciones del lago, y su hermana Emperatriz tiene dos fincas más. Su primo Diego es el presidente de Asolago, Asociación de Usuarios de Distritos de Riego de Aquitania, Cuítiva y Tota, organización que recibió fondos de Agro Ingreso Seguro en 2009. Entretanto, su hermano Gustavo, con quien el senador afirma haber roto relaciones, participa en un negocio de jaulones de truchas con un empresario agroindustrial llamado Eduard Sarmiento.

El senador Pedraza afirma que su rol como funcionario público no tiene ninguna injerencia sobre los negocios de su familia, y que se ha declarado impedido cada vez que surge un conflicto de intereses.

Ambientalistas de la región, entre tanto, critican que la familia Pedraza y los demás clanes políticos de la región no hagan más por la protección del lago. “Uno se pregunta por qué la familia Pedraza sigue apoyando una situación insostenible,” dijo una fuente refiriéndose a los cultivos de cebolla larga que no son limpios u orgánicos.

El premio y la promesa de cambio

En parte por lo anterior, no es claro que exista una solución para los problemas de Tota. Aunque a menudo surgen iniciativas prometedoras, en general todo vuelve a su curso normal al poco tiempo.

El 7 de julio de 2012, por ejemplo, la World Wetlands Network (WWN), una organización global compuesta por ONGs especializadas en la protección y conservación de humedales, premió al Lago de Tota con un Globo Gris, un “reconocimiento” al avanzado deterioro de la laguna.

Según la WWN, el lago más grande de Colombia sufre de numerosos focos de contaminación, cada uno de los cuales está contribuyendo a la eventual ruina de esta fuente hídrica, cuya cuenca abastece cerca de 400.000 habitantes. El lago carece de protección estatal, afirmó la organización, y existe una ignorancia generalizada acerca de su importancia ecológica.

A raíz de ese “reconocimiento”, el Lago de Tota ocupó brevemente los titulares de diarios como El Tiempo, El Espectador y BBC Mundo. En parte gracias a la atención mediática, políticos boyacenses convocaron un debate en el Congreso para discutir la laguna.

Se presentaron proyectos académicos para estudiar el estado del lago. Se creó una mesa de trabajo permanente desde el gobierno central, y el senador Pedraza propuso crear un documento CONPES para orientar la planeación en la zona.

Pocos meses después, la embajada de Francia prometió 3 millones de euros (aproximadamente 7.780 millones de pesos) en ayudas para la laguna. Corpoboyacá decretó una cota de inundación mínima para el lago y una ronda de 30 metros de protección alrededor del agua, a pesar de las protestas de campesinos de la zona. Todo parecía apuntar hacia un cambio y ambientalistas locales como Felipe Andrés Velasco de la Fundación Montecito, una ONG de Sogamoso que promueve la protección de la laguna, celebraron los hechos como un posible punto de inflexión en la historia reciente del lago.

Cerca de año y medio después, el balance de ese entusiasmo no es fácil de evaluar. Los estudios académicos revelan que el lago poco a poco se acerca a un punto de no retorno. El gobierno se ha olvidado del tema y un reciente informe de la Contraloría revela de manera exhaustiva la existencia de serios problemas e irregularidades fiscales y administrativas en Corpoboyacá y los demás entes encargados de regular el uso de la laguna.

El documento CONPES es aún una hoja en blanco y por el momento no se ha visto un centavo del dinero prometido por la embajada de Francia debido a demoras burocráticas. La cota y la ronda aún no se han implementado, y, como lo comprobó Tio conejo, resulta sumamente difícil imaginar que algún día se lleguen a implementar, dada la localización actual de los cultivos de cebolla --en algunos casos, los cultivadores han creado colchones de tierra a partir de llantas para poder sembrar sobre el agua cerca de la orilla.

Poco se escucha hablar sobre programas de la Gobernación o de Corpoboyacá para educar a los campesinos que continúan con estas prácticas, a pesar del relativo éxito de grupos como Asoparcela que cultivan cebollas orgánicas.

De hecho, hasta la presente administración, Corpoboyacá era considerado un bastión político que poco parecía preocuparse por hacer algo por la laguna. Miguel Arturo Rodríguez Monroy, el director de la administración pasada, fue cuestionado en numerables ocasiones por la entrega licencias ambientales en lugares protegidos, y era un secreto a voces que nada sucedía en la Corporación sin antes ser consultado con el senador Juan de Jesús Córdoba. “Era muy politizado y era muy difícil hacer algo durante esa administración,” le dijo a Tío Conejo una fuente que trabajó con la Corporación durante el tiempo de Rodríguez Monroy.

El nuevo director, el ingeniero José Ricardo López, parece ser un cambio bienvenido por políticos como el senador Pedraza y por los ambientalistas más importantes de la zona. Varios de ellos le dijeron a Tío Conejo que esperan que López establezca límites a los cultivos de cebolla y trucha. Otros esperan que se ataque lo que consideran el verdadero origen de todos los problemas: la falta de educación. Sólo de esa manera, afirman, tal vez se pueda empezar a dar vuelta a los procesos que en este momento amenazan con acabar el Lago de Tota.

Eso le contaron a Tío Conejo

@Tio_conejo
@lorenzomorales
@carogarcia1606
@swillsp

Hay tres listas a la Cámara que están tambaleando no por falta de fuerza política sino porque violan la ley de cuotas. Son las del Centro Democrático en Boyacá y en Bolívar, y la de la Alianza Verde en Córdoba. Ese es un golpe especialmente fuerte para el parapolítico Ciro Ramírez, quien trataba de volver a la vida política con su hijo Ciro Alejandro, en Boyacá, pues de las tres listas éste era la que tenía más fuerza.

En esos tres casos las listas tienen menos del 30 por ciento de participación femenina, que es la exigencia de la ley en los departamentos donde hay cinco o más curules para la Cámara, y por eso el Consejo Nacional Electoral seguramente va a anular esas listas.

En Boyacá hay seis curules y la lista del Centro Democrático tiene cuatro candidatos: tres hombres y una mujer, lo que viola la ley de cuotas. Uno de los candidatos es Ciro Alejandro Ramírez, el hijo del cacique conservador condenado por parapolítica Ciro Ramírez. En los otros renglones hubo varios cambios, y finalmente iban dos mujeres: Mayra Vianchá, quien quedó en la lista definitiva, e Ingrid Sogamoso Alfaro, una ex concejal conservadora de Garagoa, que finalmente no quedó en la lista.

En Bolívar también hay seis curules y el Centro Democrático tenía una lista con dos mujeres y cuatro hombres. Pero Carmen Emilia Isaza, una empresaria que asesora en comercio exterior, renunció a la lista y la dejó coja. Como el movimiento no incluyó un reemplazo, terminaron con una lista que incumple la ley de cuotas.

En Córdoba, donde hay cinco curules, los verdes tienen una lista con cuatro candidatos y solo una mujer. A diferencia de los dos casos del Centro Democrático, esta lista desde un principio se inscribió sin cumplir ese requisito, pues nunca tuvo más de una mujer.

Hoy el presidente Juan Manuel Santos prometió luchar contra la minería criminal y anunció una Fuerza de Tarea Conjunta para combatirla en el Pacífico, pero a juzgar por las veces en que el Gobierno ha hecho promesas similares y por los magros resultados en la lucha contra esta actividad ilegal, Santos corre el riesgo de quedar como el pastorcito mentiroso. 

La minería ilegal es un objetivo de alto valor y así será combatida por las Fuerzas Armadas.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) enero 17, 2014

Estas son las anteriores veces en que Santos ha prometido mano dura con la minería criminal:

Febrero de 2011

“Esta política de ir con todo lo que tenemos en contra de la minería ilegal va a continuar”, dijo Santos en Neiva después de que se desarticulara una banda criminal dedicada a la minería.

Enero de 2012

“Uno de nuestro objetivos de alto valor militar y policial es la gran minería ilegal y esa la vamos a combatir con todo lo que está a nuestro alcance. Ya en algunas zonas del país se están haciendo acciones; aquí también vamos a hacer las acciones pertinentes”, dijo Santos al visitar el sur de Bolívar.

Hemos presentado Política Forestal y emprendimos cruzada contra tráfico ilegal de madera, así como lo hemos hecho contra minería ilegal.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) enero 26, 2012

Combatir la minería ilegal es un objetivo de nuestra Fuerza Pública porque financia violentos.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) enero 30, 2012

Junio de 2012

El principal enemigo del medio ambiente es la minería ilegal, que estamos combatiendo sin tregua.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) junio 5, 2012

Noviembre de 2012

"Vamos detrás —con todo— de la minería ilegal", dijo al presentar el decreto que permite la destrucción de maquinaria y que luego fue una de las razones para que los pequeños mineros, que se sintieron criminalizados, se fueran al paro.

Abril de 2013

“La minería criminal está acabando con nuestros ríos, está acabando con nuestro medio ambiente, está acabando con nuestras cuencas, está acabando con nuestro país en una forma devastadora”, dijo Santos en Medellín. “Les he dado instrucciones al señor ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y a los señores comandantes de la Policía, para que hagan operaciones en 8 departamentos que hemos identificado como los departamentos con más actividad en materia de minería criminal”

Gobierno trabaja en el desarrollo de mecanismos legales necesarios para combatir la minería criminal: @JuanManSantoshttp://t.co/5hAOrzd5Nx

— Ministerio de Minas (@MinMinas_) abril 5, 2013

Julio de 2013

“También luchar contra esos grupos ilegales que se lucran de esa minería ilegal: las Farc, las bandas criminales, todos esos grupos que utilizan narcotráfico y minería criminal para financiar sus actividades”, dijo Santos al activar la Fuerza Naval del Oriente en el Vichada. Y de nuevo tuvo que tranquilizar a los pequeños mineros de que no estaba confundiendo minería informal con criminal.

No pretendemos acabar con la minería artesanal, sino con la minería criminal, que está destruyendo los ríos y los bosques del país.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) julio 17, 2013

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Canal Capital, un canal regional de naturaleza pública, de propiedad exclusiva del Distrito de Bogotá, tiene como Gerente –nombrado por una Junta Directiva integrada por personas designadas por el Alcalde- a Hollman Morris, un excelente periodista, que es reconocido como uno de los mejores en televisión, recibió múltiples premios, fue objeto de persecución por parte del Gobierno de Álvaro Uribe que lo “chuzó”, los paramilitares lo amenazaron y lo obligaron a permanecer en el exilio unos años.

Hollman, que es un magnifico productor y director de televisión, decidió hacer una pausa en el ejercicio del periodismo y aceptó ser Gerente de Canal Capital. Según los estatutos del canal quien ejerce ese cargo tiene 21 funciones, todas ellas de carácter administrativo como nombrar el personal, hacer las operaciones bancarias, suscribir los contratos, etc, ninguna de ellas relacionadas con la realización y producción de programas periodísticos. Otros periodistas han dejado transitoriamente el ejercicio de su profesión por aceptar cargos públicos. Recuerdo –por ejemplo- a Ricardo Galán que ocupó un cargo en la Presidencia de la República durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Hay centenares de casos similares en esa y otras profesiones.

Hollman ha sido un gran gerente de Canal Capital. Ha logrado que ese canal  crezca en audiencia y ha promovido la producción de programas culturales, recreativos, históricos, documentales de muy buena calidad, sin embargo –una vez en el cargo- Hollman, que lleva en las venas el periodismo, decidió seguir en el ejercicio periodístico, especialmente en el informativo y de opinión, sin reparar que  la ley se lo prohíbe.

El tema –que no es nuevo- ha saltado al debate público por el uso abusivo que el Gobierno de Bogotá ha hecho del canal en el marco de la crisis institucional que vive la Capital. La programación se ha modificado para transmitir emisiones de un “noticiero” oficial que informa no sobre los hechos sino sobre las reacciones que generan en el Alcalde y sus partidarios.

La situación es el resultado de una deformación, que no se inventó Hollman sino que viene del pasado, que ha permitido que el canal (y lo han empezado a hacer otros canales regionales porque el mal ejemplo cunde) produzca directamente informativos y programas de opinión en contravía (así se llamaba el programa que Hollman hacía en los canales nacionales) de lo ordenado por la ley 182 y los propios estatutos del Canal adoptados en 2010.

La ley quiso –por obvias razones- preservar la información y la opinión de las manipulaciones políticas y prácticamente proscribió la posibilidad de que hubiera “noticieros oficiales” al ordenar que para la realización de esos programas los canales regionales debieran hacer una licitación pública e incluso ordenó que su adjudicación se hiciera en audiencia pública. Trasladó la tradición de lo que ocurría en la televisión pública colombiana en la que los noticieros nunca han sido producidos por el Gobierno.

Es cierto que hasta la expedición de la Constitución del 91 la adjudicación de esos espacios había sido usada indebidamente como herramienta política para distribuirlos con criterios partidistas. Ante esa situación los constituyentes no optaron por  entregar al gobierno la televisión, sino todo lo contrario, por crear un órgano autónomo que quitara la injerencia oficial del manejo de la televisión. María Mercedes Carranza, a quien le hicieron un excelente homenaje hace unos meses en el Canal Capital, dio una dura batalla para evitar que los gobiernos manipularan la información y se sintieran con el derecho de tener periodistas de información u opinión pagos y escogidos a dedo por los funcionarios públicos. A pesar de eso, el Presidente Ernesto Samper castigó al noticiero QAP por asumir una posición crítica frente a su gobierno y el proceso 8000.

Dicen –yo no logré encontrar el documento- que la Comisión Nacional de Televisión emitió un concepto  –a mi juicio abiertamente ilegal- en el que autoriza a los canales regionales a realizar y producir directamente noticieros y espacios de opinión sin tener que acudir a licitación pública. Aparentemente por ese concepto Canal Capital y algunos otros canales regionales –no todos- empezaron a hacerlo y una vez allí varios resolvieron usar esa posibilidad para poner esos noticieros a su servicio como lo hizo Teleantioquia en las épocas de Luis Alfredo Ramos, según denuncias de Sergio Fajardo.

En el marco de la discusión algunos han recordado que la BBC, Televisión Española, la Rai y otras europeas son televisiones públicas, de propiedad del Estado y que hacen buena televisión. Claro Canal Capital ahora también hace buena televisión y qué bueno que así sea, pero ni esos experimentos, ni los nuestros han sido muy buenos en materia informativa.

La televisión pública es magnífica para producir programación que la televisión comercial no produce en materia histórica, cultural, documental, etc., como lo está haciendo aquí no solo el Canal Capital sino Señal Colombia. Allá, con todos los controles legales y sociales, también echan a los directores que difunden información que no les gusta a los gobiernos, por lo que parece obvio afirmar que la “información oficial” no es un logro sino un retroceso para los ciudadanos. En Colombia, allá no, optamos por prohibir ese tipo de información y exigir que cuando los canales regionales quieren tener programas informativos y de opinión deban entregarlo a un particular previo una licitación pública.

La Junta del canal ha reconocido esa diferencia en los estatutos. En los que adoptó en el 2010 dijo expresamente que el canal podría hacer todo tipo de contratos de producción, coproducción, cesión de derechos, etc para la realización de programas (artículo 5, numeral 3) pero inmediatamente aclaró (numeral 4 del mismo artículo) que  si se trata de informativos, noticieros o programas de opinión solo lo puede hacer mediante el mecanismo –ordenado por la ley- de la licitación pública.

Hollman decidió usar el canal para defender a su jefe, con una serie de argumentos que trasladados a Telecaribe hubieran dado para que “noticieros” eternos de ese canal se dedicaran a defender al gobernador de la Guajira que recibió una multitudinaria manifestación de respaldo, espontánea y copiosa, como las que han ocurrido en Bogotá, cuando la Fiscalía ordenó su captura. En la Guajira también dicen que Kiko Gómez ha sido objeto de persecución por parte de los grandes medios de comunicación, tanto que la revista Semana lo calificó en una carátula de Gobernador peligroso. En Sucre y el Magdalena se quejan del matoneo mediático de que han sido objeto sus gobernadores por adjudicar la licitación del chance a una empresa de alias “la gata” y por saltarse todas las advertencias para no adjudicar una licitación vial multimillonaria, que ahora ha suspendido la Corte Constitucional.

Afortunadamente en Telecaribe no ha pegado la tesis “Hollman”, allá hay unos noticieros y unos programas de opinión que han sido adjudicados previa licitación pública.

Aunque la locomotora minera que prometió el presidente Juan Manuel Santos apenas prendió motores y todavía no ha comenzado ningún proyecto nuevo en su gobierno, la minería ya se convirtió en uno de los temas de debate más polarizadores en el país. 

Para nutrir la discusión con información, La Silla, con el apoyo de la Fundación Ford, creó una nueva sección -La Silla Minera- que aspira a convertirse en una fuente indispensable para todos aquellos interesados en la industria extractiva y en un espacio donde sea posible no solo un diálogo constructivo entre las comunidades de las zonas mineras, el gobierno y las empresas mineras sino también entre los colombianos que están a favor y en contra de la minería.

En esta sección, los usuarios encontrarán una completa base de datos que permite mirar la información de las grandes empresas que explotan carbón, oro y níquel en el país y aquellas que tienen planes de hacerlo, desde cuántos títulos tienen y en dónde están hasta en qué fase del proyecto están, pasando por cuánto aportan en impuestos, regalías, canon superficiario e inversión social propia en sus regiones de influencia.

También podrán hacer comparaciones entre las cifras de la minería en Colombia y otros países donde también se explota oro y carbón.

Todas las historias sobre minería producidas por La Silla se archivarán en esta sección, así como los perfiles del Quien es Quién en la minería y los debates alrededor de este tema. En la Mineropedia se encuentra una compilación de documentos claves sobre la minería en Colombia y sobre proyectos específicos. En el Atlás minero aparecen las historias contadas en mapas.

En unos días aparecerá la información sobre los miembros de las juntas directivas de las principales mineras del país y una sección que refleje los sentimientos de los usuarios frente a los temas mineros.

El sitio estará en constante evolución y esperamos a partir de hoy comenzar a reflejar la conversación que se está dando en el país (o que se debería dar) sobre la minería.

La Silla Minera nace con el objetivo de que los usuarios tengan acceso a mejor información, que permita una discusión menos pasional y más informada sobre qué tipo de minería queremos (si la queremos) y cómo lograrla. 

Estaremos pendientes de sus comentarios y sugerencias. Haga clic aquí para ver la sección.

Rodrigo Uprimny

Hay un tema jurídico esencial sobre la destitución de Petro pero que ha sido discutido muy poco por no decir nada. Es el siguiente: incluso si se aceptara que el Procurador puede destituir a un alcalde, tendría que hacerlo con unas exigencias sustantivas y procesales muy rigurosas, que no fueron cumplidas en el caso de Petro.

El tema tiene que ver con el debate sobre las implicaciones del artículo 23 de la Convención Americana (CA)  en el caso Petro, que hasta ahora se ha centrado en si el Procurador puede o no destituir a un funcionario electo popularmente. Pero, como lo expliqué en mi columna en el Espectador de este domingo, y lo desarrollo en esta entrada, con el fin de poder debatirlo con ustedes, ese artículo 23 tiene otra implicación trascendental. Comienzo entonces por i) plantear el debate y ii) el dilema al que lleva, para luego mostrar el iii) tema que ha pasado de agache y iv) sus enromes implicaciones.

El debate

El artículo 23 de la CA establece que un derecho político solo puede ser limitado por una “condena, por juez competente, en proceso penal.”  Estos requisitos no son caprichosos: se justifican no sólo por la importancia de los derechos políticos en una democracia sino además por los riesgos de que las autoridades administrativas persigan a los opositores. Y por eso la CA establece una doble garantía: que la sanción provenga de i) un juez, por ser una autoridad independiente e imparcial, y que sea consecuencia de ii) un proceso penal, pues es el que ofrece mayores garantías para el eventual sancionado.

La destitución e inhabilidad de un funcionario electo es claramente una restricción de los derechos políticos del elegido (que no puede culminar su periodo y no puede aspirar a ser elegido durante muchos años) y de sus electores (que se ven privados de su mandatario).  El  artículo 23 parece entonces aplicable a una destitución de un alcalde por el Procurador y eso ha generado una polarización entre dos posiciones encontrada:.

Para algunos, entre quienes me cuento, ese artículo 23 implica la incompetencia de la Procuraduría para destituir a un funcionario electo o para inhabilitarlo pues esa una limitación de un derecho político que, a nivel sancionatorio, solo puede ser como consecuencia de una “condena, por juez competente, en proceso penal.” Y esa tesis se ve reforzada por la sentencia, muy estricta en ese punto, de la Corte IDH en el caso Lopez Mendoza contra Venezuela.

Para otros, en cambio, ese artículo 23 de la CA es irrelevante en el caso colombiano para valorar las actuaciones de la Procuraduría, a nivel interno, pues le lay autoriza al Procurador a imponer esas sanciones y la Corte Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, ha admitido que la Procuraduría destituye e inhabilite funcionarios electos. Al menos eso se desprende aparentemente de su desafortunada decisión en caso de Piedad Córdoba.

El dilema

Yo creo que sustantivamente tienen razón quienes sostienen la primera opinión pues no sólo el artículo 23 de la CA es claro sino que además su finalidad es clave: proteger los derechos políticos contra persecuciones por autoridades administrativas. Sin embargo, creo igualmente que existe un precedente de la Corte Constitucional, que ojala varíe pues es equivocado, pero que por el momento está en vigor y no puede ser ignorado. Esto parece conducir a un dilema sin salida: ¿o respetamos la jurisprudencia de la Corte Constitucional pero desconocemos el artículo 23 de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte IDH? ¿O defendemos la jurisprudencia de la Corte IDH y lo prescrito por el artículo 23 de la CA pero tenemos que invitar a desconocer la doctrina de la Corte Constitucional?

¿Una salida?

La mejor forma de salir de ese dilema es que la Corte Constitucional cambie su jurisprudencia, pues es equivocada, o que la ley sea reformada, para privar al Procurador de esta antidemocrática facultad. Pero mientras eso sucede, ¿habrá alguna forma de acercar estas posiciones encontradas?

Creo que existe una vía parcialmente armonizadora, que respeta la doctrina de la Corte Constitucional, pero le otorga eficacia normativa al mandato del artículo 23 y reduce los riesgos de los poderes del Procurador.

La tesis es la siguiente: en gracia de discusión, y como consecuencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aceptemos que mientras esa jurisprudencia no cambie o la ley sea reformada, el Procurador puede destituir e inhabilitar incluso a funcionarios electos. Sin embargo, es claro que la destitución e inhabilidad de un funcionario electo es una restricción de los derechos políticos del elegido y de sus electores. Por consiguiente, esas sanciones disciplinarias del Procurador restringen derechos políticos y por ello el artículo 23 de la Convención Americana sigue siendo relevante, no para impedir la  actuación del Procurador en destituir e inhabilitar a funcionarios electos (pues la Corte Constitucional dijo que puede) pero para condicionar su actuación en esos casos, debido a su impacto negativo sobre los derechos políticos.

En efecto, ese artículo señala en su numeral 2 que la limitación de esos derechos por razones sancionatorias es exclusivamente por “condena, por juez competente, en proceso penal (subrayo)”. Incluso si uno admite la posibilidad de sanción de destitución por el Procurador a un funcionario electo, eso no quiere decir que ese mandato del artículo 23 de la Convención Americana pierda toda su eficacia normativa sino que adquiere otro efecto: implica que la actuación Procuraduría, para poder imponer sanciones limitadoras de derechos políticos, debe respetar los estándares propios de actuación y valoración probatoria de “un juez competente, en proceso penal”.

Es obvio que el proceso disciplinario del Procurador es administrativo y no penal. Sin embargo, por mandado del artículo 23 de la CA, cuando se trata de la destitución de un funcionario electo, el Procurador no debe actuar como un funcionario administrativo ordinario que impone sanciones administrativas ordinarias sino que debe respetar estrictamente las garantías institucionales, procesales, sustantivas y de valoración probatoria del proceso penal, a fin de armonizar esa facultad sancionatoria de la procuraduría sobre servidores públicos electos popularmente  (reconocida por la Corte Constitucional), con las exigencias del artículo 23 de la Convención.

Las implicaciones de la anterior tesis

Mi tesis es entonces que para que el Procurador pueda destituir a un alcalde no debe respetar únicamente el debido proceso administrativo sino que se debe respetar el debido proceso penal, que es más exigente.

La Corte Constitucional y la doctrina han señalado que las garantías penales, como las establecidas en el artículo 29 de la Constitución o en el artículo 8 de la CA se aplican en materia disciplinaria. Sin embargo, han señalado que debido a la naturaleza del proceso disciplinario, que no afecta la libertad, es admisible una flexibilización en varios aspectos de estos principios. Por ello la Corte, en varias  sentencias, como  la C-181 de 2002, ha resaltado que “las garantías propias del proceso penal no tienen plena aplicabilidad en el campo administrativo disciplinario por la diferencia que existe entre el bien jurídico protegido por una y otra sub-especialidad del derecho punitivo”. Igualmente en la sentencia T- 952 de 2006 reiteró que  “en tanto el proceso disciplinario es diferente al penal, el juez actúa en el primero de los casos, con mucha más libertad en la adecuación de la conducta”. Y eso es así pues el derecho disciplinario es un sistema de “numerus apertus, por oposición al sistema de numerus clausus del derecho penal”( Sentencia C-948 de 2002.).

La Corte entonces, ha aceptado que en este ámbito es admisible que las faltas disciplinarias se consagren en “tipos abiertos”, “ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos.”  (Sentencia C-948 de 2002). Y esa apertura de los tipos disciplinarios le otorga al juez disciplinario un margen de apreciación más amplio que el que posee el juez penal, pues le permite valorar el cumplimiento, diligencia, cuidado y prudencia con el cual cada funcionario público ha dado cumplimiento a los deberes, prohibiciones y demás mandatos funcionales que le son aplicables (T-1093 de 2004).

La tesis de que el Procurador, cuando disciplina a funcionarios electos popularmente debe respetar las exigencias del proceso penal, por mandato del artículo 23 de la Convención Americana, implica entonces que al disciplinar esos funcionarios electos, el Procurador respetar todas las garantías del proceso penal penal, como no usar tipos disciplinarios abiertos, ni hacer adecuaciones con amplio margen de apreciación (como puede hacerse en los procesos disciplinarios ordinarios) sino que debe limitarse a realizar investigaciones y sanciones disciplinarias que respeten los principios de tipicidad estricta y adecuación estricta propia del proceso penal. Y debe esforzarse por garantizar los derechos procesales del investigado como si fuera un proceso penal, como por ejemplo asegurar un derecho efectivo de apelación

Nada de eso ocurrió en el caso de Petro pues no hubo derecho efectivo de apelación ni fue respetada la tipicidad propia del proceso penal. En efecto, las tres faltas gravisimas que invoca el Procurador son extremadamente abiertas, por lo que son incompatibles con las garantías propias del proceso penal, que rigen en este caso.

Esta aplicación parcial del artículo 23 de la CA conduce en el caso Petro a una conclusión igual que la aplicación plena de ese mismo artículo: la tutela debería ser concedida a los ciudadanos que presentaron la acción o al alcalde por violación de sus derechos políticos, no por falta de competencia del Procurador sino por no haber actuado con las garantías propias de un “proceso penal”.

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Foto y foto de portada tomadas de la página web del Centro Democrático de Antioquia

Álvaro Uribe Vélez es de lejos el político más reconocido en su natal Antioquia y es allí donde el ex presidente tiene más opciones no solo de sacar una gran votación para su lista al Senado sino de conseguir una buena participación a la Cámara. Sin embargo, después de recorrer dos de las regiones más uribistas de ese departamento La Silla encontró que en Antioquia hay mucho más fervor por Uribe que decisión e información de cómo apoyarlo electoralmente, lo que puede terminar en cientos de miles de votos perdidos para el Centro Democrático.

En el Oriente, una de las regiones más uribistas de Antioquia y la segunda más poblada de Antioquia (con unos 250 mil votantes potenciales) fuimos a La Ceja. Se trata de un próspero pueblo de unos sesenta mil habitantes, a una hora de Medellín. En la plaza central hay estacionamiento al aire libre, pero los cupos están llenos y en las esquinas hay enjambres de motocicletas parqueadas.

"Ese señor es un teso”, “Por Uribe pa’ las que sea”, “Eh, claro que lo apoyo” fueron algunas respuestas sobre el candidato Uribe de comerciantes y pensionados, que estaban en tertulia, a la sombra de grandes árboles en el centro de la plaza.

Pero al preguntarles si iban a votar por él, quedó claro que, por lo menos allá, la campaña del uribismo no ha calado: "¿Y es que va a volver a ser Presidente”, “Ah, yo no sabía que era candidato”, dijeron varios. Casi ninguno lo identificaba con algún partido: “No, yo no sé de qué partido es”, “¿Cómo así su partido?”.

Recibimos respuestas similares en Rionegro, un municipio más grande, más rico y más urbano del Oriente, y en el mismo Medellín. “Ah, el partido de Uribe no importa”, dijo un taxista que se declaró uribista.

Pero sí importa. El Centro Democrático tiene menos de dos meses para lograr que el uribismo se convierta en votos.

En el Centro Democrático saben que su gran activo es Uribe Vélez. El primer reto que se han planteado -según le dijeron a La Silla sus líderes- es igualar Uribe y Centro Democrático. Con eso, calculan sacar entre 500 y 750 mil votos al senado en Antioquia - es decir, alrededor de uno de cada dos votos por candidatos.

Para lograrlo, se enfrentan a varios desafíos.

“Hay candidatos de los partidos de la Unidad Nacional que van a los pueblos y dicen que siguen siendo uribistas. Tenemos que explicarle a la gente que el único uribismo real es el que está en el Centro Democrático” le explicó a La Silla un dirigente de ese movimiento en Antioquia. Precisamente eso fue lo que hizo el mismo Uribe en diciembre, cuando en Andes, en el Suroeste, criticó al representante a la Cámara de La U Juan Felipe Lemus.

“La forma de hacerlo es con un mensaje muy claro: Uribe igual Centro Democrático” fue como lo puso Juan Fernando Jaramillo, el gerente de la campaña en ese departamento.

Para eso, la escasa publicidad que ya sacaron buscar reforzar esa identidad. Por ejemplo, así se ven los carteles que identifican la sede del Centro Democrático en el barrio Belén, una zona de clase media, en Medellín.

Foto: Juan Esteban Lewin

Las recientes vallas, que están en Bogotá y en Medellín, son aún más claras:

Foto: Juan Esteban Lewin

Pero esa labor pedagógica se ha demorado. “Nos hace falta la publicidad, es urgente recibirla,” le dijo a La Silla Gustavo Botero, líder uribista de La Ceja.

“Tavo”, como se refiere a sí mismo, es un ferviente uribista. En las últimas semanas ha organizado reuniones del hoy candidato al Senado en la Ceja, Sonsón, Abejorral y otros municipios del Oriente. "Esos pueblos son todavía más uribistas que la Ceja porque hubo más violencia", explica. Despachando desde Billares, un restaurante y taberna en el marco de la plaza de La Ceja, nos presentó su visión del problema de la falta de publicidad.

Como el movimiento se enfocó en lograr un logo que dijera “Uribe” o “Uribismo” en el tarjetón, solo hasta la semana pasada comenzaron a poner las primeras vallas en las ciudades grandes y sacaron las primeras cuñas radiales, y apenas el viernes lograron que el Consejo Nacional Electoral les aceptara un logo.

“Los dueños de este negocio son uribistas. Y tienen carteles liberales, conservadores, de La U”, explica "Tavo". Nos dio una vuelta por la plaza de La Ceja, en medio del ruido de las motos y de los saludos de conocidos y amigos de "Tavo".

Alrededor de la plaza encontramos propaganda de otros partidos, como los afiches de Jaime Garzón, candidato liberal a la Cámara, en una cafetería.

Foto: Juan Esteban Lewin

“¿Si ve esos balcones que están desocupados? Esos son muy uribistas. No dejan poner propaganda de otros”, explica con una sonrisa de picardía. “Pero ya es mucha la publicidad de los otros partidos. Tenemos que arrancar pronto y podemos sacar la mitad de los votos en la Ceja”, concluye.

Esa ausencia de publicidad puede explicar que las personas que consultamos en la plaza no supieran ni que Uribe era candidato. Aunque Uribe tiene programadas dos giras más en Antioquia, a fines de enero y de nuevo a finales de febrero, la duda es si esas giras son suficientes para que el mensaje quede claro./p>

El otro problema que están enfrentando los uribistas en estos pueblos es que la publicidad se va a seguir concentrando en la figura del ex presidente y ningún otro candidato está moviendo su campaña.De hecho, con la excepción de Wilson Córdoba en Urabá, los candidatos a la Cámara no van a aparecer en las propagandas. Y eso, aunque puede ayudar a vincular la imagen de Uribe con el Centro Democrático, plantea uno de los mayores puntos débiles del movimiento: sus resultados para las Cámara. Y eso es clave porque, según sus propios cálculos, poco más de la mitad de los votos en Antioquia vendrán de estructuras políticas y no de la opinión.

Las giras de Uribe, por exitosas que sean, no reemplazan el trabajo permanente que tienen los equipos políticos de otros partidos, que ya tienen a sus candidatos y a sus concejales y diputados trabajando todas las semanas, haciendo reuniones y encuentros.

“Este pueblo es uribista. Quizás un poco menos que otros de Oriente, como Marinilla, El Santuario o La Ceja. Pero uribista”, nos dice un concejal de Rionegro que pidió que no diéramos su nombre, porque está avalado por otro partido pero le va a hacer campaña al Centro Democrático, un fenómeno que se puede empezar a repetir en el resto de Antioquia, especialmente entre los conservadores. “Lo que pasa es que necesitamos esa publicidad ya”, repite las quejas de Tavo. “Y que los candidatos a la Cámara salgan más, que los candidatos al Senado vengan, hagan reuniones. Que conozcan a la gente y la gente los conozca.”

“Yo creo que esos candidatos están muy cómodos porque sienten que el presidente Uribe los va a arrastrar, y por eso no aparecen por acá. Trabajan la mitad de él ¡y deberían trabajar el doble!”, dijo otra de las personas que entrevistamos, un líder uribista del Suroeste.

Esa región es clave porque állí fue donde nació Uribe, donde él y su primo Mario Uribe -condenado por parapolítica- hicieron su trayectoria política, y donde el Centro Democrático puede tener más fuerza. Uribe estuvo allí a fines de diciembre, logró convocatorias importantes en pueblos como Andes, Jardín y Salgar

Foto: cortesía Centro Democrático de Antioquia

Por eso, la expectativa es que se quede con un porcentaje grande de los votos de esa subregión.

Pero incluso allí la campaña a la Cámara no ha despegado. “La lista cerrada nos quita fuerza”, le explicó a La Silla otro uribista que estuvo cerca de ser candidato. “Eso desmotiva a todos los que están abajo para hacer campaña, porque calculan que no van a quedar y por eso no le meten la ficha".

"Tavo" lo explica a su manera. “Ningún candidato es de por acá, pero yo le he dicho a uno que venga, porque acá tiene familia. Unos de sus primos ya está trabajando con Cambio Radical, y él podría venir y traerlos. Pero hasta ahora no ha venido y todo este uribismo sigue en el aire”.

Además, algunos sienten que la lista es muy del Valle de Aburrá y no de las regiones, lo que le quita fuerza en los pueblos. “Acá la gente no conoce a los candidatos. Si hubiera alguien con más fuerza regional, sería más fácil hacer campaña en los barrios y las veredas”, dijo el concejal de Rionegro.

Eso crea una desventaja frente a los otros partidos, que tienen candidatos de las regiones y llevan años haciendo política en ellas. Por ejemplo, en el Norte es muy conocido el conservador César Eugenio Martínez y en Oriente el representante de La U Elkin Ospina le está haciendo campaña a Álex Flórez.

Foto: Juan Esteban Lewin

“Ah, si Uribe va al Senado yo voto por él. Pero a la Cámara voy a votar por el de Elkin Ospina”, explicó un habitante de La Ceja. “Voy a votar por Jaime Garzón (un candidato liberal a la Cámara) y por Uribe, pues”, explicó otro de Rionegro. Es decir, una combinación en la que los votos a la Cámaras van a la Unidad Nacional y los del Senado a la lista uribista.

La estrategia del Centro Democrático para superar esa situación es entregarle a cada candidato a la Cámara, y a los antioqueños en la lista al Senado, una región, municipios o comunas de Medellín para que se encarguen de ellas en los próximos meses. Como “padrinos”, deben asegurarse de que haya una presencia fluida y de que se cumplan las metas de votación. Mejor dicho, deben convertir la pasión por Uribe en votos por el Centro Democrático.

Para eso tendrán la ayuda de comités municipales, que según Leonardo Agudelo, coordinador de giras en Antioquia, ya existen en 66 municipios.

Esa repartición se hizo la semana pasada, y este fin de semana se crearon seis comités en el Suroeste. En las próximas semanas esperan crear más.

Pero aún así todavía los frenan las distancias internas.

En Antioquia el grueso de los cuadros del Centro Democrático viene de tres fuerzas políticas que hasta ahora eran rivales: el grupo conservador de Fabio Valencia Cossio (llamado Coraje), el del ex gobernador Luis Alfredo Ramos (Equipo Colombia) y el del senador de La U Juan Carlos Vélez, más algunos grupos más estrictamente uribistas.

Pero esta mezcla no se refleja en todas partes. Para "Tavo", para el concejal de Rionegro y para otros dos uribistas que consultamos, la lista a la Cámara es muy conservadora: la cabeza es el ex senador ramista Óscar Darío Pérez, el segundo es Santiago Valencia, hijo de Fabio Valencia Cossio, y la tercera es Regina Zuluaga, ex concejal de Medellín por el ramismo.

Esa marca conservadora aleja a las personas que se sienten liberales uribistas, según explicó el concejal de Rionegro. “Esa fue la decisión que se tomó. Ahora lo que tenemos que explicar es que ellos son los de Uribe”, explicó uno de los consultados.

En todo caso ese carácter conservador dificulta que la lista tenga éxito en zonas liberales, como el occidente de Antioquia, o en grupos sociales que no se sienten cercanos a esos grupos políticos. Eso hace más probable que la gente solo vote por Uribe al Senado.

Como lo señaló el analista Francisco Gutiérrez en la entrevista que le hizo La Silla a comienzos del año, así el uribismo arrase en el Senado si su presencia en la Cámara es casi nula el poder del grupo del ex presidente en el Senado se verá mermado dado que cualquier ley tiene que pasar por ambas cámaras.

“Con esos comités, además del trabajo, vamos viendo quién está con nosotros y quién no. Los que quieran llegar después de nuestro éxito en marzo, bien puedan, pero que sepan que tienen que respetar la fila,” explicó Hernán Darío Saldarriaga, líder uribista del suroeste.

Y aunque el fervor uribista alimenta con razón este optimismo, aún es mucho lo que les falta para que esa emoción se convierta en votos a Senado y, sobre todo, a la Cámara

Hoy Rafael Barrios, abogado de Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunirá con los representantes de la Comisión en Washington para analizar el caso del alcalde de Bogotá. Según supo La Silla, el abogado se enfrentará a una Comisión que hoy por hoy vive un dilema frente a la petición de Petro de que decrete medidas cautelares a su favor.

La Comisión vive un momento particular frente a las medidas cautelares que pesa mucho en la decisión frente a lo de Petro.

En 2011, la Comisión ordenó suspender la construcción de la represa de Belo Monte en Brasil hasta que realizara una consulta previa con diez comunidades indígenas. Esto provocó el rechazo del gobierno en Brasil, que como protesta, retiró su candidato a la Comisión. Y esto dio pie para que otros países de la región, como Ecuador, que tiene un problema serio de libertad de prensa, se movieran para quitarle el poder a la Comisión para decretar medidas cautelares.

Después de mucho muñequeo, la Comisión logró preservar las medidas cautelares pero algunos comisionados temen que decretarlas ahora a favor de Petro –que es un caso menos blanco y negro a que hubiera un riesgo contra su vida, por ejemplo- pueda ponerlos en contra de otros países como Colombia, que siempre ha sido un aliado de la Comisión.

Pero del otro lado, hay otros comisionados que creen que esta sería una excelente oportunidad para congraciarse con los gobiernos de izquierda del continente y de demostrar que también pueden ser activistas en un país con un gobierno más de derecha.

Al final, la tutela del juez Armenta a favor de Petro les dio unos días más para observar el desenlace de este episodio y sumar más votos a favor de uno u otro campo.

El 27 de diciembre del año pasado la emisora La W tuvo como invitado a “tomarse un tinto” a “Mauricio Wills [sic]” para que comentara sobre los “problemas con Cine Colombia por trailer de nuevo documental”.

Mauricio Builes, representante del Centro de Memoria Histórica, habló sobre la negociación que por tres meses había tenido lugar con representantes de Cine Colombia. El acuerdo era pasar en salas de cine el trailer del documental No hubo tiempo para la tristeza, que recoge las reflexiones del informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y dignidad entregado a mediados de julio al Presidente Juan Manuel Santos. La investigación añadía varios años de análisis académicos de las diferentes fuerzas y actores del conflicto armado en Colombia, con un énfasis especial en la población civil que lo ha sufrido.

En el trailer, de 2 minutos 24 segundos, había  imágenes, la banda sonora del documental, y la dirección del portal de internet desde donde puede ser visto y descargado. La pauta se había acordado por 140 millones de pesos y, justo un día antes de comenzar a ser proyectado, Builes comentó que recibieron una llamada en la que les decían que “la música estaba muy bien” pero que “las imágenes las debíamos editar […] que eran muy fuertes y que ellos no estaban dispuestos a pasarlas en las salas de cine”. El Centro de Memoria Histórica no accedió: “no podíamos editar las imágenes porque consideramos que es como si tuviéramos que editar la realidad del país, no pudimos llegar a un acuerdo con Cine Colombia y el documental no pasó”.

Hasta ahí hablaba Builes en solitario, pero el verdadero invitado, o el motivo real de la entrevista, no parecía ser el Centro de Memoria Histórica o el caso de censura, como algunos pocos medios lo sugirieron (la noticia apenas circuló y ni El Espectador, ni Blue Radio, ni Caracol TV —del Grupo Santodomingo, propietario de Cine Colombia— la mencionaron).  Fue entonces cuando aterrizó en medio de la entrevista Munir Falah, Presidente de Cine Colombia, que gozó de micrófono abierto y se despachó en un comunicado de cuatro puntos (apoyado por la poca interpelación de los presentadores de turno de La W).

El discurso de Falah fue un buen preámbulo para el día de los inocentes, la “entrevista” resultó ser un homenaje tácito a una gran figura del cine mexicano, Mario Moreno “Cantinflas”. Una de las características del cantinfleo es “hablar para no decir” y “escuchar para no entender” (como lo señala Carlos Monsivais).

Estas características del discurso cantinflesco las empleó de forma magistral Falah en su soliloquio que comenzó siendo fiel a la verdad, con algo que ya se había aclarado, que Builes había mencionado unos segundos antes, que a esta altura era obvio, pero que Falah consideró importante volver a mencionar (tal vez por aquello de ““hablar para no decir y escuchar para no entender”). El presidente de Cine Colombia dijo que el primer medio que reportó la noticia había dicho que el problema no involucraba al trailer sino que se “trataba del documental en sí”, y que “ese, ese es un error muy grande […] nunca se había hablado del documental completo […] esa es la primera aclaración que quería que quedara clara […] pero hay una más importante”.

El segundo punto fue decir que ““ningún funcionario del Centro de Memoria Histórica se ha reunido con funcionarios de Cine Colonbia para pasar el trailer […] ninguno, ninguno”.

El tercero fue mencionar que “quien nos comercializa a nosotros la pauta en cine es Caracol Televisión, no Cine Colombia, entonces ese es un tema que valdría la pena, que hablaran con Caracol Televisión, porque lo más seguro es que fue Caracol Televisión quien se reunió con los funcionarios de Memoria Histórica”.

Y en el cuarto punto afirmó que “después de investigar un poquito de qué se trataba, cuando me enteré a través de los medios, efectivamente Caracol Televisión se reunió. Pero se reunió hace 15 o 20 días, cuando comenzó a salir la noticia, con Cine Colombia, para efectos del trailer, y el equipo digamos de Cine Colombia que está encargado de tomar la decisión, efectivamente le dijo a Caracol que siguieran adelante con la pauta pero no en salas de cine, en otros medios de comunicación, por una razón muy sencilla: esta época es de películas familiares, películas infantiles, y mal haría Cine Colombia, quien contribuye permanentemente con temas de responsabilidad social en sus pantallas. No era la época, repito, no era la época apropiada, para pasar ese tipo de documental, o de trailer, en razón a que era una época de películas familiares y película infantil. Ese es básicamente el tema que lo han sacado un poquito fuera de contexto.”

En este momento Builes intervino y señalo que era Cine Colombia quien les había pedido que hablaran con Caracol Televisión, empresas ambas del mismo grupo empresarial, y que en efecto les habían propuesto pasar el trailer por El Espectador o por Blue Radio pero que ellos no entendían como se podía proyectar un producto audiovisual por un medio impreso o radial.

Falah, blindado a cualquier interpelación, o a dialogar con Builes, o siquiera a intentar llegar a algún acuerdo con el Centro de Memoria Histórica en aras de mostrar algo de “responsabilidad social”, continuó con su libreto: “lo que hace Caracol Televisión cada vez que tiene pauta para los diferentes medios es que se reúne con Cine Colombia para ver si una pauta en particular es apropiada para las salas de cine […] En televisión pauta es pauta y todo lo que es pago se proyecta […] En las salas de cine la política es sumamente distinta. Nosotros le damos, digamos que, tenemos los principios por encima de lo económico, me explico: nosotros hace más de 15 años, por ejemplo, a pesar de que está permitido, no pasamos una pauta de tabaco, de cigarrillos, eso es una política interna que se tiene, podríamos hacerlo, y nos ofrecen pues una suma de dinero muy importante, pero los principios los tenemos por encima de la parte económica.”

Uno de los periodistas pareció despertar de su letargo, trajo al periodismo de vuelta de sus vacaciones, y preguntó: “¿Existe al interior de Cine Colombia algún tipo de política de no pasar o de no proyectar algunos documentales o películas que hablen del conflicto en Colombia, porque no solamente nos enteramos de este caso sino que, también en un pasado, Impunity de Hollman Morris, o Testigo Indeseable de Juan José Lozano, no pudieron ser proyectadas en Cine Colombia por una negativa por parte de las directivas de la compañía a la proyección de estos filmes?”

“Claro, ahí es distinto”, respondió imperturbable el cantinflesco Falah, “si es un documental o si es una película, no, porque efectivamente si es un documental o una película que se está proyectando en la pantalla de cine, no trailer sino como documental o como película,  el cliente tiene la opción de ir  a verla o no ir a verla, de pagar por ir a ver o no, mientras que si es un trailer no, el cliente no tiene mucha opción. Entonces tratamos de ser muy cuidadosos con el tipo de pauta o de trailer que se pase, obviamente si es un documental o una película que no va a ser proyectada en nuestras salas de cine, pues mal haríamos nosotros en proyectar el trailer”.

Aquí, de nuevo el periodismo se volvió a ir de vacaciones, cerró intempestivamente la entrevista retornando a Builes, y uno de los presentadores, tal vez contagiado por el cantinflismo de Falah, volvió a preguntarle por la negativa del Centro de Memoria Histórica a editar las imágenes. Builes, con paciencia, repitió lo mismo que ya había dicho y añadió que habían hecho una contrapropuesta para pasar el trailer solo en la franja de mayores de 15 años pero no habían recibido respuesta.

Y así terminó la entrevista.

“¡Ahí está el detalle! Que no es ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario.”, dice Cantinflas en una de sus memorables líneas. Y sí, Cine Colombia censura y no censura, sino todo lo contrario.

Cine Colombia no quiere tener propagandas de cigarrillos en sus cines porque aquello de poner “los principios por encima de lo económico”, pero, en este día y época, ¿quien quiere ser asociado con el tabaquismo? Y así como no quiere asociar su empresa con el aire del tabaco, tampoco parece querer que sus salas se vean asociadas con contenidos críticos en relación a lo que pasa en Colombia: sí, se pasan cortos, y una que otra película hecha en el país, pero la estrategia de mercadeo parece estar más emparentada con el bienestar, con el consumo, con la misma experiencia entretenida que ofrece el Centro Comercial. Se trata de entrar a un mundo maravilloso donde el crédito todo lo hace posible, de consumir helados, zapatos, celulares o películas de forma indistinta, de gozar de un jardín de las delicias global donde la felicidad es directamente proporcional a la capacidad de pago y la tolerancia a los estreñimientos y solturas posteriores cuando toca pagar por esos inevitables instantes de consumismo y evasión.

Cine Colombia parece querer cumplir el sueño anhelado de Hollywood de producir una sola película que le funcione a todo el mundo por igual, convertir todo el cine en un solo salvapantallas, un chicle audiovisual que no altere la pasividad intelectual. Y claro, hace sus pinitos, y con la ayuda de su empresa siamesa, Caracol Televisión, producen sagas como la serie de películas El paseo, que estrenó su tercera entrega en esta “época de películas familiares y película infantil” en más del 80% por ciento de sus salas el 25 de diciembre. Y para garantizar que todo el público cautivo del Centro Comercial terminé viendo este salvapantallas mermó su oferta. Alejandro Peláez, en su cuenta en twitter, señaló que al dividir el número de salas por el número de opciones que se ofertaban en diciembre, daba 0.038 de películas por pantalla. Un triunfo del mercadeo, un logro “comercialmente admirable”. Peláez lo resume así: “Las películas de Dago son casi casí un fenómeno de abuso de posición dominante en el mercado”, “el revenue de la estrategia de copar la exhibición de películas con un producto financiado por el mismo exhibidor debe ser brutal.”

Cinemark: 0.04 películas por sala; Cinecolombia: 0.038 películas por sala.

— apelaez (@apelaez1) December 25, 2013

Y nada de malo hay en hacer dinero, en la libertad de empresa, el cine siempre ha sido una empresa comercial, los mismos productores de Hollywood, hoy tan contrarios a la piratería,  provenían de la costa opuesta del país y migraron al oeste buscando un laxitud legal que les permitiera piratear todas las invenciones cinematográficas licenciadas en la costa este y que les significaban grandes costos de producción y menos dividendos por derechos de autor. Pero, a tanta basura que se produce, algo bueno debía quedar y de tanta ganancia, algo se podría financiar, al menos por “responsabilidad social”, por masa crítica, y no solo por descontar impuestos, sino para contribuir de verdad y hacer apuestas arriesgadas y de incierta utilidad. Pero no, a Munir Falah, a Cine Colombia y al Grupo Santo Domingo solo parece dárseles lo del mecenazgo y la responsabilidad social cuando les trae buenos réditos, bien sea en lo económico o en dorar su nombre con una escatimada pero bien publicitada oferta cultural.

Vía Change.org se hizo una petición a la directivas del Grupo Santo Domingo de para que reconsideraran la decisión de sus subalternos en Cine Colombia Caracol Televisión. La firmatón llegó a más de ocho mil firmas, un cifra pírrica comparada con la estadística que realmente anima a Cine Colombia: los 94.218 espectadores que en día apertura vieron El Paseo 3 en 197 pantallas, o los 568.019 espectadores que acumula esta película en sus primeras dos semanas de exhibición. Por fortuna hay otros paseos y el plan de ir a cine, a no ser que se trate de una emboscada familiar en un centro comercial, o de una rara situación ocasional, es cada vez más prescindible. Para ver películas que tengan cierta singularidad, hay amigos en internet que las comparten vía “par a par”, o agachaderos que las venden por una undécima parte de lo que cuesta una boleta de Cine Colombia. Y aún así la decisión de los productores y exhibidores no ha sido mejorar la calidad sino ofrecerle menos a su público cautivo. Queda entonces convertir la experiencia en algo que no se tenga en el hogar: cine en tercera dimensión, y lo que viene, sillas que se mueven, olores, efectos más contundentes de sonido, una montaña rusa retinal acompañada de un aturdimiento sensorial donde poco importa la película, y sí chulearla, consumir por consumir, pagar para que otros hagan negocio con el tiempo de ocio propio.

En conclusión y como decía Cantinflas: “Los países subdesarrollados tienden a desarrollarse dentro de un desenrollamiento natural porque si no nos enrollamos. Y como decía Napoleón: El que parte y reparte, le toca su Bonaparte.”(¿o esto último lo dijo Cine Colombia?)