En Santander, precisamente el departamento donde en los ultimos tres años surgió uno de los movimientos ambientales más importantes del país - alrededor de la protección del agua en Santurbán -, la Alianza Verde hace la apuesta más fuerte por los ambientalistas. 

Cuatro de sus ocho candidatos al Congreso por Santander son verdes-verdes. Esta proporción no concuerda con el partido que, a pesar de su nombre, ha pasado desapercibido en los grandes debates del sector. 

El único santandereano en la lista verde al Senado es Erwing Rodríguez-Salah, quien desde 2011 es uno de los principales voceros del movimiento en defensa del Páramo de Santurbán que tiene paralizados tres grandes proyectos mineros en la zona.

Por el lado de la Cámara, una de las cartas verdes es Jairo Puente Bruges, un ingeniero químico de la Universidad del Atlántico, columnista de opinión de Vanguardia Liberal desde hace dos décadas, decano de la facultad de Química de la Universidad Santo Tomás y referente obligado en Santander cuando se trata de temas ambientales sensibles en la región, como la minería o el relleno sanitario de Bucaramanga y sus municipios aledaños.

También será candidata a la Cámara María Luisa Álvarez, una ingeniera ambiental de la Universidad Libre en Socorro y fundadora del comité cívico de veeduría ambiental de San Gil, cuya campaña gira en torno a la protección de los recursos naturales en Santander.

Y cierra la lista ‘ambientalista’ a la Cámara Orlando Beltrán - también animalista -, quien en 2011 fue candidato al Concejo de Bucaramanga por el Polo Democrático pero se quemó en su aspiración. Beltrán, otro de los promotores más importantes de la movilización santandereana en rechazo a la minería en Santurbán, también ha sido activo en protestas locales contra la tala de árboles y por la protección de los animales.

La lista se diferencia mucho de la 2010, cuando el candidato santandereano al senado de los Verdes era Rodrigo Romero, quien venía de ser congresista por Opción Centro pero antes había militado en Convergencia Ciudadana, partido cuestionado por parapolítica. Ni Romero, ni sus formulas a la Cámara en las elecciones pasadas - entre estas Lucila Ruiz, suegra del todopoderoso de los Verdes Carlos Ramón Gonzales -, tenían mayor relación con las causas ambientales. 

Desde que la Procuraduría anunció la sanción al Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hace más de un mes, éste ha logrado llenar varias veces la Plaza de Bolívar y ha copado las redes sociales con simpatizantes que defienden su gestión y no aceptan las sanciones impuestas por el Procurador.

Aunque el Secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, le aseguró a La Silla que la protesta es “espontánea” y “los funcionarios del distrito están dedicados a trabajar y a mostrar resultados”, el petrismo en la calle sí está organizado de manera sistemática para movilizar el respaldo hacia el Alcalde.

Para ese propósito, entre otras cosas, hay un Comité de Defensa de la Bogotá Humana que coordina la exsecretaria de Integración de Bogotá, Teresa Muñoz. Este Comité está organizado por más de 30 nodos que agrupan distintas comunidades como los animalistas, las mujeres, las fuerzas políticas o la población LGBT.

Cada día a un nodo le corresponde organizar una actividad en la Plaza de Bolívar. Y se reúnen periódicamente en el nodo de inclusión, que los convoca a todos para que compartan sus agendas y coordinen las concentraciones. Juntos han logrado los grandes encuentros en la Plaza para acompañar a Petro en su lucha por no irse del Palacio Liévano y cuestionar al Procurador Alejandro Ordóñez.

En la Plaza de Bolívar, de boina roja y atendiendo la carpa de información sobre el Comité, la exsecretaria Muñoz le dijo a La Silla que “hay que agradecerle al Procurador” porque los juntó, ya que el proyecto trasciende la manifestación contra el fallo.

“Esto es de corto plazo a que el Alcalde no se vaya, de mediano plazo a ganar en las urnas con el no la revocatoria el 2 de marzo, y a un plazo no tan largo de generar un proceso de movilización para que haya una constituyente participativa que nos reconozca a todos y a todas en las diversidad” dice Muñoz.

En contraste con lo que le pidió la Revista Semana al Alcalde, “no más balcón”, el petrismo, desde el Comité de Defensa de la Bogotá Humana, estaría preparado para radicalizar la protesta pacífica en caso de que las tutelas para frenar la destitución no prosperen. Este miércoles la manifestación tendrá una de sus grandes pruebas. El domingo el Alcalde Petro trinó invitando: “La Democracia y la paz requieren de tu concurso. ‘Bogotá Humana’ te espera este miércoles a las 4 pm en la Plaza de Bolívar #MasBalcon”.

Estos son los grupos más importantes que conforman la movilización petrista.

Querida audiencia: feliz año.

Vengo a contarles que este blog sobre errores de los medios en Colombia prácticamente se escribe solo. Me paso más tiempo pensando en qué dejar por fuera que viéndome en la dispendiosa tarea de buscar tema. Así que realmente no me necesitan para que les cuente todas las cosas de las que quizás ya saben, sino que quizás les pueda ser útil como curador o, más bien, digamos como “gurú” (que eso paga mejor) de esto del afán de los medios colombianos.

Hoy, por ejemplo, lo que puedo hacer por ustedes es contarles una historia, una historia que, a pesar de estar llena de falacias, sigue siendo verdadera. La historia comenzó el primero de enero de este año cuando los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos comenzaron a vender marihuana legalmente dentro de sus fronteras.

La historia continuó el 2 de enero cuando The Daily Currant publicó una historia diciendo que 37 personas habían muerto en Colorado por sobredosis de marihuana. Pero esta historia llegó a su cúspide cuando, el 3 de enero, el senador uribista (pero de La U) Juan Carlos Vélez demostró su infinita sapiencia sobre la marihuana, esa misma contra la que tanto ha despotricado.

Con un solo tweet, de un solo zarpazo, puso en evidencia que ignoraba que The Daily Currant es un portal de contenido satírico (es decir, de noticias falsas), así como que ignoraba que la única persona que se ha muerto de sobredosis de marihuana en la historia registrada del planeta ha sido un personaje de un cuento de Cortázar.

Ante tal revelación (no la de los 37 muertos, claro, porque esa no era revelación, sino la de que el senador Vélez no sabía ni dónde estaba parado), esta historia continuó con una seguidilla de chistes en twitter y artículos en los medios burlándose del buenhombre, lo que lo llevó a esta reacción:

Ya se imaginarán la oleada que vino después de que un senador de la República lamentara que no fuera cierta la muerte de 37 personas. Vélez de todas maneras intentó contener los daños. Borró sus dos tweets y los cambió por este:

Por fortuna la noticia de sobredosis de marihuana no era cierta, pero insisto que consumo de esta droga es perjudicial para nuestra sociedad

— Juan Carlos Vélez U. (@jcvelezuribe) January 3, 2014

Y podríamos decir que aquí acaba la historia de Juan Carlos Vélez, pero realmente lo importante es que aquí inicia realmente la historia de un pueblo, de un pueblo tan aguerrido como aburrido, tan noble como “desparchado”.

El 6 de enero, quizás inspirado por los hechos que acabo de relatar, aunque quizás no (¿cómo voy a saber?) salió al aire Actualidad Panamericana, nuestro The Onion, nuestro The Daily Currant para que nos entendamos, nuestro propio sitio colombiano de noticias falsas. Ese histórico 6 de enero, la “AP” criolla abrió con un épico “Por un heladino de ron con pasas le aplican nueva ley de conductores ebrios” y desde entonces nos han deleitado con joyas como “Cierran criadero de enanos en El Espinal” y “Controversia por funeraria que se promociona como ‘la oficial del rally Dakar’”.

Pero, desde los inicios de Actualidad Panamericana, ha sido evidente que hasta los comentaristas del sitio creen que las noticias que allí se reportan son verdaderas. ¿Y cómo no, en este país de cerdos diabólicos y penes cercenados? ¿Cómo no creer en lo absurdo de lo que pasa en este país, en lo que las personas de más de 60 años, o que han leído demasiadas crónicas malas llaman “realismo mágico”?

No es como si en la página dijera: “Actualidad Panamericana es un sitio web satírico cuyo único fin es el entretenimiento. Todos sus contenidos son ficción y no se corresponden con la realidad. Todos los referentes, nombres, marcas o instituciones que aparecen se usan como elementos contextuales, como en cualquier novela o relato de ficción”. Ah, no, sí, eso es justo lo que dice aquí.

Así que, al contemplar las posibilidades y potencialidades de este sitio, sabíamos que simplemente teníamos que sentarnos a esperar, que pronto llegaría el día prometido, el evento esperado por todo un pueblo. ¿Cuál sería la fecha? No lo sabíamos. ¿Quiénes serían los protagonistas? No importaba. Pero todos los ávidos consumidores de noticias de la patria sabíamos que llegaría, que lo veríamos, que un día un medio nacional creería que una de las noticias de Actualidad Panamerica era cierta.

Sólo tuvimos que esperar dos semanas, pues el lunes 20 de enero en Blu Radio pasó esto. Sí, la “mesa de trabajo” de Mañanas BLU armó una discusión sobre un comunicado que Actualidad Panamericana se había inventado en su artículo “Unión Europea pide a colombianos dejar de pedir que les regalen cosas”.

En el texto que ahora acompaña a la grabación en la página de la emisora se lee el intento desesperado de algún pasante intentando salvar patria: “A partir del que sería un falso comunicado de la Unión Europea publicado en Facebook sobre los perjuicios y discriminación que le trae a los colombianos fuera del país el uso reiterado de la expresión ‘me regala’ al pedir cosas, varios analistas de Mañanas BLU reflexionan acerca de la costumbre de usar diminutivos”. Pero en los gloriosos once minutos y medio de grabación nos dimos cuenta de que ninguno de los integrantes de la mesa se detuvo a pensar en que quizás la Unión Europea tenía cosas más interesantes que hacer que inventarse una campaña sobre un modismo del español colombiano.

Apenas uno de ellos (¿María Alejandra Villamizar?, perdón, estoy flojo en mi farándula radial), por unos breves segundos (hacia el 4:40) planteó la pregunta de por qué se iban a preocupar tanto los europeos por algo que pasa en una lengua que sólo se habla en uno de sus países. Los demás, por alguna razón, se quedaron con la idea de que esto venía de “una fuente de la Cancillería” (como dijo Néstor Morales). Y ahí seguimos, hablando de estereotipos colombianos, viendo a ver cómo se generalizaba a la máxima potencia, contando historias de monjas gordas y de lo triste que es el español mexicano.

Pero, mientras tanto, el pueblo gozó. El pueblo fue feliz. El pueblo se deleitó al corroborar que llegaba el error que todos sabíamos que algún día llegaría. (Y, por su parte, Actualidad Panamericana muy bien podría tener más vistas que los medios que se precian de dar noticias “de verdad”).

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Dos años después de que Marcha Patriótica naciera, muchos de sus integrantes temen que el movimiento social pueda disolverse debido a los ataques que han venido sufriendo. Foto: Juan Pablo Pino

Ayer Piedad Córdoba no sólo denunció que 29 militantes de Marcha Patriótica han sido asesinados y que decenas han sido amenazados, sino que dejó deslizar la posibilidad de que este movimiento social de izquierda -que apenas cumple dos años- se disuelva. “Vamos a estar en consulta, pensando sobre si se puede continuar. Estamos analizando si se debe continuar para garantizar la vida de quienes nos acompañan”, dijo.

De acuerdo a las denuncias del movimiento, el año pasado 15 miembros de Marcha fueron asesinados por sicarios, cinco más murieron en enfrentamientos con el Esmad durante las protestas agrarias y otros cinco fueron víctimas del Ejército, varios de ellos en los paros agrarios. Además, tres integrantes de su dirección nacional han sido detenidos por presuntos vínculos con las Farc. Todos han sufrido desde el primer día la estigmatización de haber sido señalados por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y mandos militares como un movimiento político respaldado por las Farc.

Además de que los hostigamientos y los ataques contra Marcha puedan llevar a sus simpatizantes a darle un fin prematuro a la fuerza, La Silla supo que hay otros factores que han venido debilitándola durante el último año y que se acrecentaron con las listas al Congreso. Estos son algunos de ellos.

Piedad Córdoba, la cabeza de Marcha que anunció su posible disolución, está apoyando la aspiración al Senado de su hijo por los liberales. Foto: La Silla Vacía

Aída Abella regresó a Colombia tras 17 años en el exilio para ser la candidata presidencial de la UP. Foto: Juan Pablo Pino

La decisión de Carlos Lozano, dirigente histórico del Partido Comunista y líder hoy de la UP, de ir al Senado aliado con los verdes ha sido cuestionada por antiguos militantes de su partido . Foto: Juan Pablo Pino

Cuando Marcha nació se presentó como un “espacio de encuentro político de las fuerzas de izquierda” con vocación de poder y de ponerle el acento de los sectores sociales. Dos años después, el movimiento resolvió no ir a las elecciones y sus integrantes terminaron repartidos en las listas al Congreso de la Unión Patriótica, la Alianza Verde y los liberales.

Dos personas cercanas a Marcha y otra que los conoce de cerca le atribuyen ese debilitamiento al manejo que sus integrantes le han dado a la coyuntura electoral, que juzgan como errático y contraproducente.

Para comenzar, Piedad Córdoba -de lejos una de sus figuras más visibles- está acompañando activamente a su hijo Juan Luis Castro Córdoba, que se lanzó al Senado por los liberales, el partido al que ella siempre perteneció y del que se salió peleada.

El hecho de que el hijo de Piedad terminara en las listas que armó Simón Gaviria y no con su corriente Poder Ciudadano (que nació como una disidencia dentro de los rojos) así como que la ex senadora pasara más tiempo pensando en los diálogos en La Habana que en Marcha, fue percibido como un primer campanazo de que las elecciones podrían cambiar la dinámica del grupo.

Por otro lado, la resurrección de la Unión Patriótica -muchos de cuyos veteranos militantes pertenecen a Marcha- también cambió el panorama.

Al recuperar la UP su personería jurídica gracias a una sentencia del Consejo de Estado, quedó servido el dilema de si este 'nuevo partido' podría servir de sombrilla jurídica para que floreciera una coalición amplia de izquierda o si sería otro factor que la dividiría aún más y terminaría sepultando sus opciones de poder.

Con la negativa del Polo Democrático a una coalición que no girara en torno a sí mismo, la UP terminó decidiendo apostarle a las elecciones solos y ayudados por el regreso de líderes emblemáticos como Aída Abella, que llevaba casi dos décadas exiliada en Europa. Cuando ya sus listas estaban armadas, la UP alcanzó un acuerdo con la Alianza Verde -el último día posible- para presentar listas conjuntas al Senado y separadas a la Cámara.

Esa estrategia, le confirmaron dos fuentes a La Silla, causó malestar entre personas allegadas a la Unión Patriótica. A algunos les pareció difícil entender que un partido tradicionalmente de izquierda terminara en la misma lista que figuras ubicadas más en la centro izquierda como Antonio Navarro o, sobre todo, en la centro derecha como Enrique Peñalosa.

Otros creen que los sucesivos cambios de ‘apellido’ generaron un “problema de identidad” -en palabras de un militante- difícil de entender para las bases campesinas del partido, que no tienen claro en dónde ubicar a su candidato en el tarjetón (un fenómeno que a dos meses de las elecciones también tiene, como contó La Silla, en aprietos a los uribistas). Y que la UP está intentando evitar con entrevistas como la que hizo Carlos Lozano, que va con la Alianza Verde al Senado, en el semanario comunista Voz.

Para completar, algunos veteranos líderes de la UP se sintieron dolidos de haber sido pasados por alto en las listas, mientras esos puestos iban para dirigentes de los recientes paros agrarios sin trayectoria dentro del partido, como la caqueteña Rosmery Londoño, el tolimense Danilo Ramírez o Aidée Moreno -del sindicato agrario Fensuagro- en Bogotá.

Esto pesó porque, si bien Piedad era una de las cabezas visibles de Marcha, al final la UP era la espina dorsal. “Es insostenible mantener la Marcha y la Unión Patrótica, porque -aunque no son lo mismo- sí era una especie de relevo consentido”, le dijo a La Silla un ex militante de la UP.

Entre todos esos movimientos electorales, muchas de sus figuras quedaron en orillas distintas. Lilia Solano, la mano derecha de Piedad Córdoba, es candidata de la UP al Parlamento Andino. Carlos Lozano y Jaime Caycedo -dos de los dirigentes históricos del Partido Comunista- son fórmula a Senado y Cámara, pero uno de los dos aparecerá en el tarjetón con un girasol verde y el otro con las letras de la UP.

A eso se suma que Marcha jugó un papel clave en el paro en el Catatumbo, pero en la sucesiva oleada de paros agrarios le costó trabajo sintonizarse con las reivindicaciones de muchos de los grupos campesinos de clima frío que no venían de las luchas agrarias tradicionales. Al final, como contó La Silla, las movilizaciones campesinas terminaron desbordando la capacidad de dirección de Marcha -y de los otros partidos- y agarrando una dinámica propia.

Por último, está el tema del proceso de paz. Desde un principio se pensó que este movimiento podría ser la pista de aterrizaje de los desmovilizados de la guerrilla y su éxito, un incentivo para que las conversaciones en la Habana arrojaran resultados antes de las elecciones. Pero dado que ya es evidente que no habrá un Acuerdo Final firmado con las Farc antes de marzo de 2014, la Marcha se quedó sin el impulso de la negociación.

No todos dentro de Marcha creen que los proyectos electorales de sus integrantes hayan cambiado el presente del movimiento, ni que sus resultados en las urnas tengan consecuencias drásticas.

“No creo que se haya debilitado: todo lo contrario, todos nos fortalecemos y es una posibilidad para los sectores que tienen raíces históricas en la UP de participar electoralmente”, dice Felipe Santos, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica (y que no es familiar de Juan Manuel Santos).

Para Santos sí existen muchas dificultades para evitar confusiones entre los militantes, pero éstas obedecen a que -pese a recuperar su personería- el partido no tiene recursos y hasta esta semana tendrá sede propia. Y, en todo caso, perder la personería jurídica -con un umbral de 450 mil votos- era una opción realista de ir solos al Congreso.

“Desde el inicio el planteamiento fue que seríamos una plataforma donde convergían distintos grupos y movimientos, como el Frente Amplio en Uruguay, y sabíamos que podíamos tomar caminos diferentes en lo electoral. Por eso planteamos una alternativa, que es un programa común”, dice Jairo Rivera, uno de sus integrantes que viene del movimiento estudiantil y que no está alineado con ninguno de esos grupos.

Él y otros líderes de Marcha descartan que el movimiento se acabe por cuestiones políticas, pero temen que la falta de resultados en las investigaciones por los asesinatos y hostigamientos que han sufrido -la falta de garantías que precisamente le expusieron al presidente Santos hace una semana- le pasen factura.

“Lo que nos preocupa es que vemos que un capítulo que creíamos superado -el de la UP- podría volver de nuevo. No estamos hablando de disolver el proyecto y sus objetivos, sino disolverlo como está mientras vemos que hay un patrón de señalamientos y de hostigamientos contra éste”, dice Rivera.

Por lo pronto, el futuro de Marcha se discutirá durante el próximo Comité Patriótico que reúne a sus dirigentes y que tendrá lugar durante los primeros días de febrero, si las amenazas y los asesinatos lo permiten. Ahí se verán las caras los que están en la UP, los que están en la Alianza Verde, los líderes agrarios y los descontentos, y se sabrá quién le sigue marchando a la Marcha.

La portada de la revista Semana en su última edición dice: “Petro: ¡No más balcón! Señor alcalde: por favor deje que la justicia actúe sin meterle populismo. Los bogotanos están dispuestos a aceptar el veredicto final, sea cual sea”. Semana teme al populismo chavista y agrega: “su apelación directa al pueblo en estilo gaitanista no es más que un recurso para neutralizar un fallo disciplinario con una supuesta opinión mayoritaria”. El artículo concluye: “pero lo que sí se sabe es que, mientras se llega a un fallo definitivo, es necesario dejar que la justicia actúe sin presiones populistas […]”.

Estoy de acuerdo con dos asuntos del artículo de Semana: Bogotá ha caído en una polarización innecesaria y contraproducente. También creo que debemos seguir con cuidado algunas manías grandilocuentes y desafueros que ha cometido Gustavo Petro. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la crítica de Semana a la movilización política y al uso del derecho por parte de los ciudadanos. La portada parece el llamado al orden y la disciplina del “establecimiento”.   

La revista Semana se alineó con la oligarquía colombiana que teme al pueblo porque lo percibe como peligroso e ignorante. “Populacho”, “chusma”, “lumpen” son palabras que han surgido estos días en algunos medios y por parte de la élite capitalina. Así ha sido desde la revolución de los comuneros hasta el paro agrario. Las élites colombianas temen a la movilización popular y la desestimulan por las vías legales o ilegales. 

De hecho, en este país santanderista nos inventamos la expresión “vías de hecho” para estigmatizar cualquier movilización social. En una actitud sorprendente, la revista Semana critica la movilización política, máxime cuando es pacífica y democrática. Semana se alineó, tal vez sin querer, con los críticos de los movimientos por derechos civiles, de la primavera árabe y de todo los indignados que se han levantado y se levantan en el mundo. 

Ahora hablemos de la visión de la relación entre el pueblo y el derecho que subyace a la intervención de la revista Semana. Los abogados, jueces y procuradores han jugado el rol tradicional de defender la democracia oligárquica colombiana. Gabriel García Márquez narra en “Cien años de soledad” un laberinto leguleyo que crean los empresarios para no reconocer los derechos de los trabajadores de las bananeras:

"Los decrépitos abogados vestidos de negro que en otro tiempo asediaron al coronel Aureliano Buendía, y que entonces eran apoderados de la compañía bananera, desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecían cosa de magia.... Cansados de aquel delirio hermenéutico, los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a los tribunales supremos. Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca ni tendría jamás trabajadores a su servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal. De modo que se desbarató la patraña del jamón de Virginia, las píldoras milagrosas y los excusados pascuales, y se estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores. La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos"* 

Esta es la narrativa del fracaso del derecho cuando el derecho se hace sin el pueblo y contra sus derechos. Parece ser el camino sugerido por la revista Semana, esperar que luctuosos abogados hagan juegos hermenéuticos sin contar con la ciudadanía.  

Sin embargo, una narrativa alternativa nació con la Constitución de 1991. La acción de tutela creó una verdadera revolución política que permitió que el pueblo pudiera acudir a la justicia, y con ello se inició un período de movilización del derecho nunca antes visto en Colombia. Los movimientos sociales como los indígenas, afrodescendientes, desplazados, deudores del UPAC, mujeres, gays y lesbianas, pacientes, trabajadores, personas sin casa, estudiantes embarazadas, víctimas, reclusos y otros muchos excluídos del sistema político han levantado su voz y han logrado el reconocimiento justo de sus derechos a través de la acción de tutela y la acción de los jueces.

No lo han hecho sólo a través de la acción de tutela, sino de una combinación inteligente entre organización, movilización política y acciones judiciales. La historia global y local nos muestra que sin la movilización social y legal muchas personas no tendrían derechos: los negros serían segregados, las mujeres serían inferiores, los gays y lesbianas seguirían siendo criminales, los presos serían tratados como animales, los pacientes serían cadáveres. Muchas de estas tareas están inconclusas, pero renunciar a la movilización sería como renunciar a la política misma.

La movilización del derecho ha hecho de nuestro país una democracia más grande y próspera. Decía el gran jurista alemán Rudolf von Ihering: “la primera y originaria fuente del derecho está dentro del corazón del ser humano”**. Nuestro corazón ha creado un mejor derecho y se ha enriquecido de los derechos que nosotros hemos construido. De hecho, la acción de tutela y nuestros derechos fundamentales son admirados y estudiados por personas de otras latitudes.

El derecho es movilizado por los ciudadanos y en esta acción reside una labor política y creativa. Ese es el sentido de nuestra constitución: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público” y, por supuesto, del derecho. Necesitamos más ciudadanos que usen las instituciones, pero no como simples espectadores del juego de los jueces y procuradores, sino que también se movilicen en la calle o en las redes sociales. Las instituciones fuertes también necesitan movilización social, la gente es la sangre de las instituciones. Es por ello que las protestas pacíficas enriquecen la vida política, mejoran la administración y nos hacen ciudadanos más críticos y exigentes.

En el caso de Petro, la ciudadanía organizada está haciendo uso de la calle y del derecho. Esto es legítimo y necesario. Más aún, el Procurador y el establecimento están haciendo lo mismo. De hecho, la revocatoria del alcalde es una forma de movilización social legítima que tampoco se puede estigmatizar. 

La revista Semana en su deseo de ver a Petro fuera de la alcaldía terminó haciendo una mala caricatura chavista. Despreció a los bogotanos que protestan y nos trató como títeres de un caudillo. Lo más grave aún: se alineó con la oligarquía colombiana que teme al pueblo. Además, alimentó una idea formalista y falsa de separación entre el pueblo y el derecho. No sugiero que se haga todo lo que el pueblo quiera, simplemente propongo que no se desprecie al ciudadano indignado que sale a la calle a reclamar por lo que considera una injusticia. 

Punto seguido: Por cierto, algunos medios se están preguntando para qué sirve la movilización social. En este video le responden a Vicky Dávila:

Punto aparte: el pasado 19 de diciembre me reuní en las oficinas de La Silla Vacia con el señor Ronald Valencia para conversar sobre mi última entrada en este blog. El señor Valencia reiteró que no había hecho la amenaza allí descrita. Sin embargo, Valencia se ratificó en su ideología política y religiosa (que relaté en la entrada), y dijo no avergonzarse de ellas. Me comentó también que algunas afirmaciones y calificativos en el texto de mi entrada creaban un "ambiente feo" y que podrían llevar al resentimiento en el plano religioso o político. En esto último estoy en desacuerdo con el asesor del Procurador. Le reiteré al señor Valencia y lo reitero nuevamente: no tengo ningún odio por los católicos tradicionalistas (o conocidos en la opinión como lefevristas) ni mucho menos por los católicos. De hecho tengo un gran respeto por los creyentes de todas las confesiones religiosas y sus valores. Simplemente hice una defensa de los valores democráticos y de las libertades contra el fundamentalismo religioso.

El señor Valencia me invita a conocer a los católicos tradicionalistas y yo por este medio también lo invito a conocer la situación de derechos de la población LGBT. El papa emérito Benedicto XVI escribió: “¿Se puede seguir hablando de justicia y de derecho cuando, por ejemplo, una mayoría, incluso si es grande, aplasta con leyes opresivas a una minoría religiosa o racial?”***. Esto es precisamente lo que ocurre con gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas. En gran parte del mundo, vivimos bajo leyes opresivas que nos niegan los más elementales derechos a vivir libremente y a conformar una familia.

El espíritu del Concilio Vaticano II y posteriormente del papa Francisco es de apertura al diálogo sin fundamentalismo y acogiendo la diversidad al interior de la Iglesia y fuera de ella, incluso, con los no creyentes como lo hizo en diciembre pasado. Espero que católicos como el señor Valencia y todos los que discuten en la vida pública sigan las enseñanzas de la constitución pastoral Gaudium et Spes: “Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común”****. Al menos a mí –que no soy católico– me parece una buena sugerencia.  

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* García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Alfaguara. 2007. 

** Ihering, Rudolf. ¿Es el derecho una ciencia? Editoral Comares. 2002. p. 67. (Conferencia de 1933).

*** Ratzinger, Joseph. Lo que cohesiona el mundo. En: Habermas, Jürgen & Ratzinger, Joseph (2008). Entre razón y religión: dialéctica de la secularización. Centzontle. 2008. p.39.

**** Gaudium et Spes, 43.

Hoy el Presidente Juan Manuel Santos está celebrando en los medios que la ejecución del presupuesto fue de un 94.1 por ciento. En plata fueron 15 billones de pesos más que el año pasado. Así el Presidente, ad portas de la campaña, se defiende de quienes critican su gobierno porque no ejecuta.

Sin embargo, no en todas las entidades puede haber jolgorio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apenas llegó al 71 por ciento. Y Planeación Nacional - que este año estuvo primero bajo el mando de Mauricio Santamaría y después de la barranquillera Tatyana Orozco -, donde deberían dar ejemplo pues se supone están los expertos para que se ejecute lo planeado en las entidades públicas, sólo se ejecutó el 59.2 por ciento de su presupuesto y comprometió sólo 79.6 por ciento.

Es decir, en Planeación no gastaron 286 mil millones de pesos que había presupuestado para 2013 y ni siquiera dejaron con destinación - comprometidos para esta vigencia – 145 mil millones.

En varias ocasiones La Silla ha contado cómo el oscuro panorama que padece La Guajira amenaza con reeditarse en el Cesar en el marco de la estrecha relación entre el detenido gobernador guajiro Kiko Gómez y los Gnecco que gobiernan a los cesarenses. Una posible sociedad entre ambos clanes políticos, sin embargo, no será posible para las legislativas de este año debido a los líos judiciales que enfrenta Kiko, que ocasionaron que varios partidos se negaran a avalar a sus aspirantes al Congreso, como también contó La Silla.

No obstante, mientras Kiko Gómez Cerchar está de capa caída, sus parientes los Gnecco hacen ambiciosas apuestas para las elecciones. Lo hacen con todas las de ganar, teniendo como mayor fortaleza nada menos que todo el poder burocrático del departamento, bajo la batuta de Cielo Gnecco Cerchar, la primera dama y -según varias fuentes enteradas- la actual cabeza del clan político que tiene como gobernador a Luis Alberto Monsalvo Gnecco (hijo de Cielo).

Como se sabe, los Gnecco quieren llevar al Senado a su actual representante a la Cámara José Alfredo Gnecco, sobrino de Cielo Gnecco e hijo de Lucas Gnecco, el dos veces gobernador del Cesar luego condenado a 24 años de cárcel por la suscripción irregular de millonarios contratos y por constreñimiento al elector.

Para la Cámara tienen su apuesta más ambiciosa, pues no quieren quedarse con una sino con las cuatro cámaras a las que tiene derecho el departamento: tienen acuerdos de apoyo con Alfredo Ape Cuello (conservador), con Andrés Arturo Fernández Cerchar (liberal), con Fernando de la Peña (de Opción Ciudadana, el antiguo PIN) y con Cristian Moreno Villamizar (de La U).

De hecho, su alianza con Moreno generó que el hermano del aspirante -el ex gobernador Cristian Moreno Panezo, quien también se llama como el candidato- se retirara de esa campaña por no compartir la forma de hacer política de los Gnecco. 

Según un periodista, un analista y un exalto funcionario de la zona, esos son los cuatro candidatos a la Cámara con mayores posibilidades de quedar en este momento, lo que significa que si ganan su apuesta los Gnecco no sólo serían dueños de la Gobernación y de un senador sino que con las cuatro cámaras del Cesar su poder político en la región sería prácticamente absoluto.

El asunto no tendría antecedentes, pues según dos de esas fuentes nunca un mismo grupo político se ha quedado con las cuatro cámaras del Cesar aunque se logren acuerdos posteriores.

Los Gnecco son una de las familias más cuestionadas del departamento del Cesar y varios de sus miembros han sido vinculados a las mafias. Como contó La Silla, su líder Jorge Gnecco -y hermano de Cielo- tenía el sueño mafioso, paramilitar y parapolítico de fundar el “Magdalena grande”.

Como en efecto dominó, el movimiento Mira lleva una semana de escándalo tras escándalo, cada uno al parecer peor que el otro. Lo que arrancó con los videos que muestran a María Luisa Piraquive –la líder espiritual de la iglesia que dio origen al partido cristiano y madre de su fundadora, la senadora Alexandra Moreno Piraquive- dando una escándalosa declaración contra los discapacitados ya llegó a que la Fiscalía investiga a Piraquive por enriquecimiento ilícito y asociarse con los Urabeños.

A mes y medio de las elecciones y en momentos en los que el Mira se enfrenta al ya de por sí difícil reto de superar la cifra de alrededor de 450 mil votos del nuevo umbral, el escándalo -que es más contra la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional que contra el partido- tiene al mayor partido cristiano a un paso de quedarse por fuera del Congreso y posiblemente de desaparecer. Aunque ellos se dicen optimistas y planean su estrategia de supervivencia.

María Luisa Piraquive, líder espiritual que la iglesia cristiana que dio origen al Mira, lleva una semana de escándalo en escándalo.

El Mira, que dirige el senador Carlos Baena, cree que sobrevivirá a los escándalos de la iglesia aunque reconoce que perderá votos de opinión. Foto: Juan Pablo Pino

En octubre Alexandra Moreno Piraquive decidió sorpresivamente no volver al Senado, pese a que la convención del Mira la eligió de nuevo como cabeza de lista. Foto: Senado.

La tarea electoral del Mira, que tiene una bancada de cuatro congresistas y es la octava fuerza política en el país, era ya bastante dura sin los escándalos de su líder espiritual.

En las últimas elecciones al Congreso sacaron 320 mil votos, por lo que para sobrevivir este año necesitan unos 130 mil nuevos votos. Aspiraban a conseguirlos con nuevos simpatizantes del partido -que ha tenido un crecimiento sostenido cada ciclo electoral- y con votos de opinión, que esperaban jalonar con sus 'listas cremallera', que ponen tantas mujeres candidatas como hombres, y con su agenda legislativa en torno a servicios públicos, el precio de la gasolina, las madres comunitarias o los conductores borrachos, todos temas con capacidad de conectar con un electorado urbano y de clase media.

El problema es que ahora lo harán sin su fundadora y figura más visible, ya que Alexandra Moreno Piraquive decidió sorpresivamente retirarse de la lista al Congreso porque, según dijo, quiere dedicarle más tiempo a su familia.

También lo tendrán que hacer con su imagen de partido disciplinado y sus posibilidades de atraer el voto de opinión muy golpeadas por los escándalos, con la ironía adicional y difícil de explicar de que el Mira fue el principal impulsor de la ley contra la discriminación y el escándalo empezó con un acto discriminatorio. La suma de estos factores hace que sus posibilidades de no pasar el umbral sean grandes.

Dentro del Mira hacen cálculos más optimistas. El partido le venía apuntando a los 600 mil votos, que le permitirían crecer incluso a seis senadores: 450 mil de ellos vendrían de sus estructuras políticas propias y otros 150 mil de opinión. Calculan que el 70 por ciento de sus líderes y la mitad de los votantes pertenecen a la iglesia neopentecostal que fundaron el pastor Luis Eduardo Moreno y su esposa María Luisa Piraquive, y que ahora está en la mira.

Con los escándalos de María Luisa Piraquive, las cuentas son menos alegres, pero en el Mira todavía creen que les alcanza y que al menos el voto miraísta saldrá fortalecido, como rechazo a lo que ellos ven como un "complot político, religioso y judicial". Pero reconocen que el voto de opinión -al que ya le apuntaron en los últimos meses con una campaña de publicidad en televisión hablando de las penas a conductores borrachos o las licencias- sí puede darles la espalda.

“Este escándalo lo que hizo fue compactar a la estructura que viene debajo de nosotros, que está más unida en defensa del trabajo político que hemos venido haciendo. Nos tocará ver cómo hacer control de daños en la opinión y ver qué estrategia tendremos para revertir el ambiente. Lo que nos va a pasar es que no creceremos en representación en el Senado como queríamos”, le dijo a La Silla Samir Bedoya Piraquive, que es en estos momentos el único vocero autorizado del Mira.

“Se fortalecerán nuestras estructuras porque atacaron algo que es nuestro y que no es como lo están mostrando”, dijo un candidato a la Cámara que no está autorizado para hablar públicamente. (La Silla intentó hablar con los congresistas del Mira como siempre ha hecho, pero fue imposible).

Cuando hablan de estructura, se refieren a los talleres de trabajo comunitarios que el Mira ha impulsado en todo el país para temas como mujeres, adultos mayores o educación técnica, a la red de 60 mil líderes que ha estado vinculado a éstos y a los 10 votos que cada líder apunta a conseguir. A eso se suma que hace un año el partido le dio vocería en las regiones a muchos de ellos, lo que les ha dado mayor visibilidad en medios locales.

El escándalo también ha evidenciado las fracturas que hay entre sus dos líderes más visibles, Moreno Piraquive y el senador Carlos Baena, aunque en el partido niegan una ruptura. “En el Mira llegamos a consensos y posturas comunes, pero con deliberación y sin unanimismo”, dice Bedoya, citando como ejemplo la fallida propuesta de hace un año de declararse en oposición al Gobierno de Santos, apoyada por Baena pero no por Moreno Piraquive.

Gloria Stella Díaz, la única mujer cabeza de lista al Senado, es menos conocida que Alexandra Moreno Piraquive pero ha sido la cara visible del debate sobre conductores borrachos.

El ex concejal Carlos Guevara es la principal carta del Mira para mantener su curul en la Cámara en Bogotá.

Jorge Muñoz, el "ángel de Queens" y un 'Héroe' de CNN, es la carta con la que el Mira aspira todavía a ganar una curul en el exterior. Foto: Gloria Stella Díaz.

Aunque el principal problema para el Mira es raspar el umbral, si llegara a superarlo podría irónicamente obtener su mayor bancada hasta ahora: tres senadores y un representante en Bogotá que mantendrían y unas dos nuevas curules en la Cámara, muy posiblemente en el Valle y entre los colombianos en el extranjero. Eso abre el panorama electoral en al menos tres regiones, donde los demás partidos podrían aumentar al menos una curul.

En Bogotá, donde tienen su principal fortín político, esperan sacar al menos 140 mil votos (o uno de cada tres necesarios para salvar el umbral). Como contó La Silla, el Mira sacó 82 mil votos en Bogotá hace cuatro años y su lista al concejo en 2011 obtuvo 75 mil, por lo que es más probable que terminen con unos 100 mil votos.

Eso les daría una curul para Carlos Guevara, el ex concejal y ex candidato a la Alcaldía de Bogotá que intentará reemplazar a Gloria Stella Díaz (que reemplazó a Moreno Piraquive como número uno al Senado y será la única mujer cabeza de lista en estas elecciones).

En el Valle, el Mira y su candidata la ex diputada Guillermina Bravo eran vistos como uno de los partidos con más chance de beneficiarse del colapso de Opción Ciudadana, el viejo PIN que no tiene cómo mantener sus tres curules vallecaucanas en la Cámara tras la pelea entre el ex senador condenado Juan Carlos Martínez y el ex gobernador Juan Carlos Abadía.

Aún más favorable es -o era- el panorama entre la diáspora colombiana. Hace cuatro años el Mira estuvo cerca de lograr la curul, pero Jaime Buenahora de La U terminó ganándole por mil votos. Este año, con la ley que impulsó Buenahora habrá dos curules para los colombianos en el exterior y el Mira de nuevo parte como favorito con Jorge Muñoz, el 'Ángel de Queens' y ‘Héroe’ de CNN reconocido en Nueva York por alimentar a la gente sin recursos.

También aspiran a crecer en votos en el Eje Cafetero, Caquetá (donde tienen al gobernador Víctor Isidro Ramírez) y Cundinamarca, pero no tienen opciones muy realistas de sacar una curul.

Que los espacios políticos del Mira son atractivos para otros partidos ya es visible y varios de sus rivales ya están usando los escándalos en campaña.

Priscila Angulo, una ex feligresa de los Piraquive y candidata del Polo a la Cámara en Santander, está haciendo campaña con la promesa de una 'ley antisectas' que cierre su antigua iglesia. Y Buenahora, ex cónsul en Nueva York, ex viceministro y rival entre la diáspora colombiana, ya pidió cerrar la iglesia asociada al Mira y se manifestó contra la discriminación de las personas en situación de discapacidad.

http://t.co/I7sEA4pahA a la Iglesia MIRA - No a la Discriminación

— Jaime Buenahora (@jaimebuenahora) enero 16, 2014

Por su parte, el Mira ya comenzó su estrategia para limpiar su imagen: no sólo asegurando que las acusaciones contra su líder son un complot sino, por ejemplo, con comerciales como el que muestra a un concejal invidente de su movimiento, para subrayar que sí son incluyentes.

Habrá que ver si esto (y el resto de lo que tienen planeado para conseguir los votos que les faltan) les alcanza para que sobreviva un partido pequeño que, como el resto de pequeñas colectividades, está en apuros por el umbral. Solo que al Mira, además, le cayó la roya.

Por: Oskar Nupia

Sobre el pacífico, México y Perú tienen 8 puertos marítimos importantes, Chile tiene 6 y Colombia 1. Estos son los puertos importantes de la Alianza del Pacífico. Claro, para Chile y Perú ésta es la única salida directa al mar pero no para México ¿Quién se quedará con la menor parte de los 200 millones de consumidores de la alianza?

Y es que no son solo los puertos sino también el stock de carreteras con el que cuentan los departamentos del pacífico colombiano. Con excepción de Valle, todos los departamentos que están sobre el pacífico están en la cola de éste indicador en el país (ver gráfica abajo).

Y es que no son solo los puertos y las carreteras sino también el tamaño de la economía de los departamentos del pacífico colombiano. Tan solo el 8.2% de la producción se concentra en los departamentos de esta región. Claro, si Chocó contara con un puerto importante (el cual incentivaría su economía), Antioquia tendría una salida más fácil y directa al pacífico y esto subiría la participación de la economía con acceso al litoral. Chile y Perú concentran gran parte de la producción muy cerca del pacífico.

En fin, lo de siempre, hasta no salir de este letargo de infraestructura y no hacer proyectos grandes en regiones poco desarrolladas que incentiven su economía (Chocó), los 200 millones se verán invadidos de marcas Chilena, Peruanas y Mexicanas. Ojalá este sea el inicio para empezar a desarrollar esta región. Sin embargo, el mercado no será suficiente para que esto ocurra, hacen falta muchos bienes públicos.

El domingo está citada la convención del Partido Conservador, en la que los azules definirán si van con candidato propio o si se suman a la reelección de Juan Manuel Santos. La decisión es tan crucial que a los que dicen que van a votar por Santos les están pagando el tiquete de avión.

La Silla conoció ayer una grabación en la que un convencionista de Caldas llama al partido a averiguar por el subsidio que existe para viajar a Bogotá a participar en la convención. En ella queda claro que la ayuda no es para todos los miembros del partido sino solo para aquellos que manifiestan de entrada su respaldo a la reelección del Presidente, un hecho que pone en entredicho el carácter democrático del evento.

En la grabación un convencionista, llamado Alejandro, llama a un celular que le dieron en el Partido para organizar su viaje a Bogotá. La persona que le responde, llamada Nancy Quintero, le pregunta si va a votar por Santos y le dice que si lo hace le pueden poner los pasajes de avión para ir a Bogotá y el alojamiento.

Esta es la grabación, a la que le quitamos los datos de identidad del convencionista:

Para comprobar la veracidad de la grabación, La Silla llamó al teléfono al que llamó Alejandro y comprobó que efectivamente quien lo atiende es Nancy Quintero, quien trabaja en la logística de la convención. Ella explicó que les organizan el transporte y el alojamiento a los convencionistas, pero no nos contó para quién trabaja exactamente, si para el senador Yepes o para el partido Conservador.

Al preguntarle si había alguna diferencia en la ayuda que le daban a los convencionistas según la intención de voto, dijo que no sabía y que eso no le correspondía a ella. En la grabación, sin embargo, parece estar segura.

Dice: "Una pregunta ¿tú nos vas a colaborar con la reelección del doctor Juan Manuel Santos?" (minuto 1:22- 1:26). Luego, cuando Alejandro le pregunta si hay que votar por Santos para el subsidio, responde "Sí, para qué le digo que no si sí" (minuto 1:32 -1:37).

También presenciamos la llamada a otro convencionista, de otro departamento, por parte de Alejandro Duque, quien se identificó como asesor del senador Arturo Yepes. Duque lo llamó para asegurarse de su asistencia a la convención y le preguntó cómo pensaba votar. El convencionista le dijo que no había decidido su voto y el asesor se despidió.

Ómar Yepes, excongresista y actual presidente del directorio nacional conservador, se ha alejado de Santos y quiere que el partido tenga candidato propio. Foto: Juan Pablo Pino

Roberto Gerlein es uno de los senadores más santistas. Foto: Juan Pablo Pino

El senador Yepes, de quien Nancy Quintero afirma que está impulsando que se vote por la reelección de Santos, es hermano de Ómar Yepes, el presidente del partido.

Ómar Yepes le dijo a La Silla que él prefiere que haya candidato único, pero que efectivamente su hermano Arturo está del lado de Santos. La Silla llamó al Senador pero no se pudo comunicar con él.

Para los convencionistas con los que habló La Silla no es claro si las llamadas las hace el equipo del senador Yepes a título privado o las hace el partido, ya que su hermano lo maneja y los dos pertenecen a un mismo grupo político. Tampoco es claro quién corre con los gastos de los tiquetes y el alojamiento que ofreció Quintero.

La Silla habló con el presidente del partido, quien dijo que no conocía la grabación ni sabía quién podría estar haciendo las llamadas. Explicó que oficialmente el Partido Conservador sí iba a apoyar a los convencionistas.

“El directorio le va a dar a los convencionistas en general, sin preguntar cuál es su intención de voto, un subsidio pequeño, no suficiente, para desplazarse“, dijo Yepes. Es decir, nada de viajes en avión.

Yepes también señaló que es legítimo que quienes apoyan una u otra opción acudan a los medios económicos a su alcance para buscar que la mayor cantidad de convencionistas puedan estar el domingo.

A la convención del domingo pueden asistir miles de personas, por lo que no es fácil prever el futuro de la convención.

Según los estatutos del Partido, tienen derecho a ir a la convención y a votar los ex presidentes y ex vicepresidentes; los congresistas, diputados y concejales conservadores actuales y los que ocuparon esos cargos en el pasado; los miembros de los directorios nacional, departamentales, distritales y municipales; los ex gobernadores, ex alcaldes, ex magistrados, ex ministros.... y la lista sigue.

Según fuentes del Partido, esas categorías suman unas 13 mil personas con derecho a voz y voto, y ayer por la tarde había más de cuatro mil personas acreditadas. Son tantos que no hay una base de datos completa y definitiva y nadie sabe exactamente hacia dónde irá el Partido.

Juan Manuel Santos podría ser el candidato de los conservadores, y así mantendría unida a su coalición de gobierno, la Unidad Nacional. Foto: Juan Pablo Pino

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Marta Lucía Ramírez es precandidata presidencial y miembro del directorio nacional. Foto: Juan Pablo Pino

En principio las acreditaciones siguen hasta mañana a las 6 pm, cuando la Comisión de Acreditación debe producir un listado de todos los acreditados. Con esos datos ya empezarán las cábalas más claras.

Además, todavía no se sabe exactamente quiénes son los precandidatos: la convocatoria permite que se inscriban hasta el viernes.

Por ahora están la ex ministra Marta Lucía Ramírez, el ex ministro Álvaro Leyva, el ex congresista Pablo Victoria y el coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez.

La más opcionada de estos cuatro es la ex ministra de Defensa de Uribe, quien lleva un año acercándose a los directorios departamentales y en los últimos meses ha llamado, personalmente, a todos sus miembros para convencerlos de que no voten por apoyar a Santos sino por ella.

Con esa campaña y la bandera de que el partido necesita candidato propio, y de que Santos es un presidente liberal que no deben apoyar las bases conservadoras, Ramírez espera ganarle la batalla a los santistas a punta de obtener el apoyo del directorio.

Sin embargo, se enfrentará al peso de los congresistas, la mayoría de los cuales están aparentemente con la reelección y han comenzado a mover sus estructuras políticas para que acudan a la convención.

Aunque no todos los senadores han destapado sus cartas, los más poderosos dentro de la bancada defienden claramente el apoyo a Santos, como Roberto Gerlein (a quien Santos le dio el Banco Agrario), Hernán Andrade (que tiene el Incoder) Myriam Paredes o Efraín Cepeda (quien se quedó con el Ica) mientras que José Darío Salazar, Jorger Hernán Pedraza, Juan Mario Laserna o Juan Manuel Corzo preferirían tener candidato propio.

El domingo se sabrá el desenlace de esta pugna de poder dentro del partido, que tendrá un impacto importante sobre la reelección. El Partido Conservador cuenta con 22 de los 98 senadores, 36  representantes a la Cámara y alrededor de una cuarta aprte de la fuerza parlamentaria de la Unidad Nacional.

Si van con candidato propio, en rebeldía con el Presidente, y se alían con el uribismo, podrían llevar a Santos a una segunda vuelta. Eso también significaría su muy probable salida de la Unidad Nacional, con la consecuente pérdida de burocracia, pero su alianza con el Centro Democrático en el Congreso constituiría un poder de veto significativo para el gobierno de Santos.

No en vano, los azules santistas trataron de aplazar la convención tanto como les fue posible, como contamos el año pasado, para y ahora algunos de ellos andan tratando de amarrar los votos de los convencionistas desde antes de que lleguen a Bogotá.

La elección de María Claudia Rojas Lasso como presidente del Consejo de Estado y de Fernando Castro Caballero como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema es una victoria más para Alejandro Ordóñez en las Altas Cortes: los dos son de línea conservadora y se han beneficiado de nombramientos en la Procuraduría.

En el caso de Rojas, su hijo ha tenido altos cargos en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Y en el de Castro, su esposa ha trabajado allí y por eso el magistrado se declaró impedido para votar por la candidatura de Ordóñez para su reelección, aunque al final sí lo hizo.

Con las elecciones de esta semana, los amigos de Ordóñez siguen mostrando sus mayorías en las Altas Cortes, y se suman a otros amigos del Procurador en los órganos de control: es amigo personal y fue impulsor de las victoriosas candidaturas de Jaime Ardila a la Auditoría y de Sandra Morelli a la Contraloría.

Hace un año Ordóñez salió ganando con la elección de Alfonso Vargas, su amigo personal, como presidente del Consejo de Estado, y de su gran amiga Ruth Marina Díaz en la Corte Suprema. Con Rojas y Castro, reedita esa moñona. Y también refrenda el poder de la rosca de los que vienen de la rama.

La elección de Rojas en el Consejo de Estado era muy probable. El año pasado, cuando el Consejo eligió a Vargas, ella se quedó con la vicepresidencia y la tradición es que quien es vicepresidente un año, al siguiente sea elegido en la presidencia.

Esa regla, sin embargo, se rompió el año pasado -cuando Vargas le ganó con facilidad al anterior vice William Zambrano, que también es conservador pero no es cercano al Procurador ni viene de la rama judicial- y por eso no era claro si se iba a respetar esta vez.

María Claudia Rojas reemplazó a Alfonso Vargas en la presidencia del Consejo de Estado. Los dos son cercanos a Alejandro Ordóñez.

Alejandro Ordóñez fue ternado en 2008 por el Consejo de Estado y en 2012 por la Corte Suprema, y tiene excelentes relaciones en las dos Altas Cortes. Foto: Juan Pablo Pino.

Aunque Rojas era una candidata sólida, se enfrentó a otros dos consejeros conservadores, Hugo Fernando Bastidas (que tiene un hijo trabajando en la Procuraduría) y Marco Antonio Velilla, conocido porque fue uno de los ternados por Álvaro Uribe para la Fiscalía y no quiso renunciar a su aspiración, hasta el punto de que demandó a la Presidencia por cambiar la terna para conformar una nueva.

Finalmente, tras casi 50 rondas de votaciones en las que Rojas lideraba la votación pero no lograba la mayoría de dos tercios, Bastidas (que era el segundo en votación), renunció. En la votación siguiente Velilla obtuvo tres votos, hubo cuatro en blanco y Rojas fue apoyada por 20 de los 27 magistrados.

Rojas sonó recientemente porque e principios de diciembre protagonizó un choque con su colega Luis Rafael Vergara por el proceso de pérdida de ivnestidura contra los conciliadores de la fallida Reforma a la Justicia de Santos. Rojas era la ponente del caso y solicitó unas pruebas, de als que Vergara dijo que no eran usuales en ese tipo de procesos y que indicaban que se trataba más bien de un juicio político al Gobierno.

Como contamos en su momento, Rojas es una de los magistrados cuyos vínculos con el Procurador podrían enredar la reelección de éste: su hijo José Fernando Gómez ha sido asesor de Ordóñez en su despacho y parte del equipo de la Procuraduría para acompañar a las víctimas en los procesos de restitución de tierras.

Ordóñez nombró a Gómez en 2011, antes de empezar su campaña reeleccionista y cuando Rojas, abogada de la universidad San Buenaventura de Cali, ya era consejera de Estado. En ese momento Ordóñez no había definido si iba a buscar ser ternado por el Consejo de Estado o la Corte Suprema.

También coinciden en su posición frente al aborto. Rojas fue la magistrada ponente del fallo del Consejo de Estado que tumbó el decreto que reglamentaba la prestación de los servicios de salud para los abortos en los tres casos despenalizados, y que fue celebrado por la Procuraduría. Como lo dijo en su momento un editorial de El Espectador, "El caso fallado coincide sin embargo con la cruzada, reavivada por estos días, por parte del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez".

En la Corte Suprema, la elección a Fernando Castro confirma la sólida mayoría que goza el bloque en el que está la saliente presidente, Ruth Marina Díaz. Castro hace parte de ese grupo que volvió a imponer su cómoda mayoría para elegir a uno de sus miembros como presidente de la pdoerosa Sala Penal.

Castro Caballero es un abogado de la Santo Tomás con larga trayectoria en la rama judicial y ex decano de la Universidad Militar Nueva Granada. Su nombre se dio a conocer porque fue abogado del esmeraldero Víctor Carranza durante el período en que fue abogado litigante, entre 1999 y 2004. También fue magistrado de varios tribunales, incluyendo el Tribunal Nacional, el máximo de la justicia sin rostro, entre 1996 y la eliminación de dicha justicia en 1999.

Castro llegó a la Corte en diciembre de 2010, cuando se destrabaron las votaciones y se eligió a Viviane Morales como Fiscal General. La Sala Penal, que ha cambiado radicalmente tras la salida de Álvaro Uribe de la Presidencia y el fin del choque con el Ejecutivo. De hecho, Castro ha sido identificado como uribista, cercano a los militares e incluso “de ultraderecha”.

Fernando Castro es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, decisión que muestra que la tendencia más progresista de la Corte está muy debilitada.

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Ruth Marina Díaz entrega la presidencia de la Corte tras un período muy movido, marcado por el escándalo del crucero que tomó con magistrados del Tribunal de Cundinamarca.

Su cercanía con Ordóñez quedó clara cuando fue uno de los apoyos claves para que la Corte Suprema ternara al Procurador para un nuevo período. Incluso, Castro se declaró impedido para votar por que su esposa trabajaba en la Procuraduría, pero ese impedimento (como los demás) fue derrotado por los demás magistrados. Caballero fue uno de los magistrados que argumentó contra los impedimentos de otros magistrados. Antes esa negativa, Castro finalmente votó y Ordóñez resultó ternado por la Corte Suprema.

Lo que significa

Las presidencias de las Altas Cortes son en principio dignidades protocolarias, pues esencialmente son sus voceros. Pero tienen otras funciones importantes de menor perfil. Por ejemplo, son quienes citan a las reuniones de las salas plenas, definen el orden del día, reparten a los magistrados los expedientes de las salas y dar permisos a los magistrados y otros empleados. Es un poder similar al muy deseado del Secretario del Senado, que permite, por ejemplo, demorar una elección, para hacerla coincidir con otras y así negociarlas en conjunto, o demorar o adelantar un asunto.

Por eso, para Ordóñez es útil tener amigos en la presidencia de dos de las Altas Cortes. Primero porque alguna de las dos debe decidir sobre las múltiples quejas disciplinarias contra Ordóñez, incluyendo las que se han presentado por su decisión de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá Gustavo Petro y las que señalan posibles conflictos de interés en su reelección.

En los últimos años, Ordóñez también se ha venido acercando a magistrados como Leonidas Bustos, Pedro Munar, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, que han armado una fuerte mayoría en la Corte Suprema. Ahora, Ricaurte y Munar están sentados en el Consejo Superior de la Judicatura, con lo cual su red de contactos se sigue extendiendo. Esa cercanía se ha demostrado en el hecho de que Ordóñez haya nombrado en altos puestos a familiares o personas cercanas a varios de ellos, como mostró La Silla Vacía.

En la Corte, la fuerza del grupo dominante se reiteró en la elección de Castro y demostró que efectivamente salió reforzado con la llegada de cinco magistrados en septiembre de 2009. Así se sigue reforzando el poder de este grupo de magistrados, muy proclives a defender los privilegios de la Rama en la que casi todos han desarrollado toda su vida profesional. Con ellos se refuerza el poder de Ordóñez, quien se siente uno de ellos pues fue magiistrado durante casi 20 años y no en vano ha defendido privilegios de los magistrados, como su régimen pensional.

Esta fotografía evidencia una nueva alianza que se ha gestado en el Magdalena con miras a las legislativas de marzo próximo: los dos personajes que aparecen en la mitad son Kelyn González Duarte, candidata a la Cámara en la lista liberal quien -según fuentes que conocen bien la política en ese departamento- heredará los votos de su esposo el parapolítico Rodrigo Roncallo, y Roberto José Herrera actual segundo vicepresidente de la Cámara y quien -según Verdad Abierta- llegó a su curul con apoyo del también parapolítico Trino Luna.

Herrera no aspira a reelegirse y su candidata es Kelyn, la esposa de Roncallo. Al menos, así lo evidencia la foto que fue tomada hace unos 15 días en Pivijay (Magdalena) durante una jornada en la que el representante le hizo campaña a la aspirante roja.

Dos periodistas políticos del Magdalena le explicaron a La Silla que Kelyn es una desconocida en el mundo político de la región y aspira a heredar los votos de su esposo, quien fue condenado por haber firmado el Pacto de Chivolo con el paramilitar 'Jorge 40'.

Por su parte, Roberto José Herrera llegó a la Cámara por el extinto partido ALAS e hizo su campaña al lado de Manuel Mazenet (candidato de Trino Luna al Senado) quien salió elegido, pero fue inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en un contrato.

Herrera obtuvo su puesto en la mesa directiva de la Cámara cuando esa corporación, al parecer por presión mediática, le incumplió un acuerdo político al partido MIO (del parapolítico Juan Carlos Martínez) y no eligió segundo vicepresidente al representante Heriberto Arrechea, pupilo y exasistente del 'Negro' Martínez.

Kelyn y Herrera no suelen hacer mucha campaña en Santa Marta y se han concentrado en promover a la candidata en la zona del río y sur del Magdalena.

Son desconocidos a nivel nacional. No salen en Semana.  No pertenecen a una familia con trayectoria política. No son delfines. No son alfiles de otros que no participan porque están en la cárcel o inhabilitados. No son protagonistas de debates o escándalos mediáticos. Pero son muy poderosos.

Estos son los barones y/o baronesas electorales que sin tener una agenda pública reconocida a nivel nacional, tuvieron más de 50 mil votos propios en 2010, más de tres cuartos de su caudal viene de un solo departamento, y son senadores que buscan ser reelegidos.

.. José Clavijo Contreras Clavijo Contreras llegó por primera vez al Senado en 2010 con la votación más alta en Norte de Santander entre todos los partidos, y uno de los conservadores más votados en el país. Había sido antes diputado de Norte de Santander y Concejal de Cúcuta, y funcionario público. Su departamento le dio 75.373 votos hace cuatro años, cuando sobrepasó a otros caciques de la región como el expresidente del congreso Juan Manuel Corzo (43 mil votos), el senador de la U Manuel Guillermo Mora (38.728) o el actual presidente del senado, el liberal Juan Fernando Cristo (casi 26 mil votos). Clavijo sólo obtuvo más votos que todos los candidatos del liberalismo en esa región. El 92% del total que recibió en el país vinieron de Norte de Santander. Dentro de los municipios su fortín electoral, por su tamaño, es Cúcuta donde obtuvo más de 34 mil votos. Pero hay pueblos pequeños, como la Playa, la Esperanza, la Arboleda, Mutiscua o Cachira, que hoy tienen Alcaldes conservadores y donde alrededor del 30% de los votos totales al Congreso en 2010 por cualquier candidato o partido, iban para Clavijo. En su gestión como congresista ha pasado desapercibido, a excepción de un proyecto que presentó para reformar el himno nacional sobre el cual algunos medios hicieron ruido. Los demás no han sido mediáticos, ni trascendentales. No es dueño de ningún agenda política con mayor repercusión a nivel nacional. Dentro de los conservadores es del ala santista que ha apoyado los proyectos del gobierno y acompaña la reelección del Presidente. Clavijo, en su página, se ufana de haber gestionado recursos para obras departamentales ante el gobierno nacional. La gran mayoría son proyectos en los pequeños municipios conservadores que soportan el caudal de este senador. Honorio Galvis Honorio Galvis es un senador del Partido Liberal que tiene mucho peso (y sobre todo votos) en su región de origen, pero no ha sido protagonista de debates nacionales ni ejerce mayor liderazgo en la movida política del país. Galvis, quien ganó la Alcaldía de Bucaramanga en 2003 como candidato de la ANAPO con el apoyo de los Moreno Rojas - antes había sido un empresario del sector asegurador -, llegó al senado en 2010 con 63.697 votos. Y desde diciembre del año pasado, Santander está inundado de la publicidad de su campaña para ser reelegido. Esta vez irá en formula con el exgobernador de Santander y actual representante Jorge Gómez Villamizar. Casi la mitad de los votos de este senador vinieron de Bucaramanga en las elecciones pasadas. Desde que dejó la Alcaldía en 2007 a Galvis se la ha atribuido mucho poder en varias dependencias locales. Precisamente su paso por la Alcaldía y el apoyo que le habría dado a su sucesor, Fernando Vargas, a cambio de mantener poder en el municipio, le permitió crear una red de líderes políticos que soportan su estructura electoral. Hoy cuenta con el apoyo de varios de los concejales de la ciudad y de diputados del departamento.. Además de los de Bucaramanga y su área metropolitana, los demás votos por Honorio se repartieron por los distintos pueblos del departamento. El 91 por ciento del total de sufragios por este senador en el país vinieron de Santander. En su gestión como senador no ha liderado ningún tema de connotación nacional y es un liberal santista. Para el Partido Liberal es una carta segura en Santander, y seguramente, después de Serpa, será el más votado. Sin embargo, es posible que no termine su periodo porque ha sonado como la ficha roja para recuperar la gobernación en las próximas elecciones locales o incluso como candidato a la Alcaldía para mantener dicho fortín rojo. Daira de Jesús Galvis Daira de Jesús Galvis es una de las grandes electoras de Cambio Radical en Colombia. Fue la tercera candidata más votada de ese partido. Obtuvo 65.939 votos en total, y el 77 por ciento provinieron de Bolívar, que le dio más de 51 mil votos. En su departamento esta senadora fue la segunda candidata más votada en 2010, por encima incluso del parapolítico Javier Cáceres o del hijo de la ‘Gata’ Héctor Julio Alfonso López. La única que le ganó fue Piedad Zuccardi que no estará en el tarjetón este año. La primera candidatura al Congreso de esta dirigente fue en 2006 por Convergencia Ciudadana cuando obtuvo apenas 22 mil votos y se quemó. Sin embargo llegó al Congreso cuando los parapolíticos dejaron sus curules y en pocos años logró crecer su caudal en 44 mil votos. El baluarte electoral de Daira de Jesús es Cartagena. Allí en los últimos dos años, a través de su candidata María del Socorro Bustamante, ha hecho dos campañas por la Alcaldía de la Heroica. En 2011 perdió con Campos Elías y en las atípicas de 2013 con Dionisio Vélez, pero el caudal no fue despreciable. En las primeras Bustamente sumó más de 52 mil votos y en las del año pasado 76 mil. Ahora la excandidata a la Alcaldía aspirará a la Cámara como afrodescendiente y no por Cambio Radical, pero harán campaña juntas. En Cartagena dicen que la estructura política de Galvis y Bustamante en esa ciudad, compuesta de líderes locales, comunales y ediles, pone a lo menos 30 mil votos. Antes de lanzarse a la política, la senadora Daira Galvis era reconocida en la región como una exitosa abogada penalista. Aunque Daira ha estado al borde del escándalo nacional por las relaciones de su estructura política con La Gata, siempre ha sostenido que se trató de una relación profesional - fue su abogada - pero que no hay ninguna alianza política. En otros temas mediáticos a nivel país, no ha tenido ninguna participación significativa. Musa Besaile Fayad El senador Musa Besaile, es junto a Bernardo Miguel Elías Vidal, uno de los barones electoral del Partido de la U en Córdoba. Besaile logró 62.059 votos en las elecciones de 2010 y un poco más del 75 por ciento de su caudal llegó desde Córdoba. Y aunque al senado llegó hace cuatro años, en el congreso ocupa una curul de 2002 cuando salió elegido representante a la Cámara de su departamento por el liberalismo con 52 mil votos. A diferencia de la gran mayoría de caciques, la capital del departamento no es su fortín. En Montería manda Arleth Casado, del Partido Liberal. Los votos de este senador vienen sobre todo de Sahagún y Ciénaga de Oro. Sumando ambos obtuvo más de 12 mil votos en 2010. En otros pueblos como Planeta Rica, Lorica, Pueblo Nuevo, Chinu sumó más de 2500 votos en cada uno. En Ciénaga de Oro, hace cuatro años, el 74% de los votos por la lista del Partido de la U fueron por Musa Besaile. En Sahagún, aunque perdió por menos de dos mil votos, Besaile jugó con su hermano - John Moises - a ganar la Alcaldía de dicho municipio en 2011. Ahora, después de quemarse, John Moises es Secretario del Interior de la Gobernación de Córdoba donde el senador, dicen en Córdoba, tendría otras cuotas políticas. Además, le atribuyen desde hace años poder e influencia dentro de la Corporación Ambiental Valles del Sinú y San Jorge CVS. El senador viene de una familia de hacendados y arroceros con grandes cultivos en la zona de la mojana. En la región son conocidos como gente de mucha plata, y Musa Besaile estuvo involucrado en los negocios de su familia, ayudando a políticos con recursos, hasta que le dio por meterse con nombre propio a las elecciones como fórmula del exsenador Juan Manuel López Cabrales. Una periodista de la región le dijo a La Silla que en Sahagún, el municipio donde Musa inició su trayectoria, dicen que él se metió sólo para demostrar que podía ostentar no sólo poder económico, sino también político. Esta misma fuente asegura que los votos del senador “son sólo de él, a punta de plata”, pero que en Córdoba le critican su bajo perfil y falta de protagonismo como congresista. Incluso en 2005, cuando era representante, entró a un grupo de congresistas invisibles elegidos por periodistas que cubrían el tema. Y los últimos cuatro años como senador no han sido la excepción. Musa no ha hecho parte del radar mediático ni se ha apropiado de alguna agenda política que tenga micrófono nacional. Germán Villegas Germán Villegas tuvo más de 50 mil votos en las elecciones de 2010. Y en estas elecciones es una de las apuestas claves del Partido de Conservador en el Valle del Cauca. Su hermana Miriam Villegas fue una de las protagonistas del gobierno Santos como Directora del INCODER, durante la gestión del conservador Juan Camilo Restrepo en el Ministerio de Agricultura. El senador, sin embargo, no fue abanderado del tema tierras y el agro en la legislatura, y de ningún otro relevante o mediático a nivel nacional. El Valle es su fortín, allá sacó 45 mil votos, alrededor de 90% de su caudal electoral. Ha sido Alcalde de Cali, Gobernador, y es senador desde 2006. Es decir, tiene una larga trayectoria y los votos son suyos. No es heredero ni aliado de ninguno de los grandes caciques que en los últimos años se tomaron ese departamento, como Dilian Francisco Toro de La U o Juan Carlos Martínez, que están detrás de los otros candidatos fuertes al congreso en dicha región. Los votos de Germán Villegas están concentrados en Cali, donde alcanzó los 26 mil en 2010. En el resto de municipios, en casi todos tiene votos, aunque en ninguno es muy fuerte. Un periodista local le dijo a La Silla que la fortaleza de Villegas es que “la gente lo recuerda por su buena gestión como alcalde y gobernador, porque hizo muchas obras importantes para Cali y el departamento”. En la región lo conocen como el senador del palustre, y alrededor de esa imagen gira su campaña. Según esta fuente, el senador, quien maneja buena relaciones tanto con los gremios como con los líderes comunales y no ha estado inmerso en ningún escándalo, tiene muchos votos de opinión y maquinaria dentro del ala más tradicional de los conservadores en el Valle. Sin embargo, dos periodistas oriundos del Valle le dijeron a La Silla que Villegas podría perder su condición de cacique en Marzo. “Es un cadáver político” dijo uno, “está colgado para el senado” dijo el otro. Uno de los golpes fuertes que recibió fue la movida de Milton Castrillon del Partido Conservador a Cambio Radical. Castrillon iba a ser la formula a la Cámara de Villegas y ahora está apoyando a Carlos Fernando Motoa. No obstante, según uno de los periodistas, al senador lo podría salvar el respaldo “por los lados” del gobernador Ubeimar Delgado, quien aunque tiene a su sobrino de candidato al senado no querría que los conservadores pierdan a una de sus figuras de mayor trayectoria regional. Jesús Ignacio García El senador liberal Jesús Ignacio García obtuvo 52.286 votos en el año 2010 y quiere ser reelegido. De los votos referidos, más de 45 mil llegaron desde su departamento el Cauca. Allá maneja mucho poder, sin embargo y a diferencia de otros senadores de esa región, como Luis Fernando Velasco - Liberal - o José Darío Salazar - Conservador -, García es desconocido en el plano nacional. Y aunque en Popayán tiene menos votos que su copartidario Velasco, en la gran mayoría del resto de municipios del Cauca, el senador García le gana de lejos. Jesús Ignacio García está haciendo política desde los años 80. Ocupa una curul en el Congreso de 1986, primero como representante a la Cámara hasta 2006 y a partir de ese año como senador. No obstante, este largo periplo no le ha alcanzado para ganarse la posición de ser un referente ante los medios nacionales sobre los temas que discuten y se aprueban en el senado. Él, en contraste con su coterráneo Velasco que asumió el debate de la gasolina desde hace mucho - aunque tenga muchos votos -, no tiene una agenda propia definida. Durante el gobierno Santos, Jesús Ignacio García fue uno de los miembros de la polémica comisión de conciliación del proyecto de reforma a la justicia que golpeó la imagen del congreso y del presidente en 2012 por los micos que beneficiaban a los congresistas. Pero, aún así, no surgió como protagonista de dicho escándalo. Carlos Enrique Soto Jaramillo Carlos Enrique Soto fue elegido senador en 2010 con más de 57 mil votos. El 75% de esos votos los obtuvo en Risaralda. Fue el más votado entre todos los senadores de todos los partidos. Antes había sido Representante a la Cámara por ese departamento en dos periodos. En 2002, cuando entró al Congreso militando en el Partido Liberal, llegó como el Representante más votado de Risaralda. Había sido Concejal de Pereira en dos ocasiones, y diputado durante tres periodos consecutivos. Es decir, Soto Jaramillo ha hecho toda la carrera política desde el primer peldaño. Siendo representante por el liberalismo, saltó al Partido de La U como uribista de pura cepa y se consolidó el líder más importante de ese grupo político en la región. En el congreso fue ponente de los dos actos legislativos que permitieron la primera reelección y después entre 2006 y 2010, también como representante, promovió la fallida segunda reelección del expresidente. Fue involucrado en la llamada Feria de las Notarias pero la Corte archivó la investigación en su contra. Dentro de la estructura política de la región tiene mucho poder. Su candidato a la Alcaldía de Pereira ganó en 2011, y como contó La Silla en su perfil, en esas elecciones locales puso otros cuatro alcaldes en el departamento y varios concejales y diputados con alta votación. El baluarte político de Jaramillo es precisamente Pereira, donde sacó 30 mil votos en 2010 y tiene influencia y poder dentro de la administración municipal. Pero además, tiene votos en cada uno de los municipios de Risaralda.

Los dos congresistas liberales de Cundinamarca, el Senador Camilo Sánchez - el más votado en ese departamento en 2010 -  y el representante a la Cámara Joaquín Camelo -el tercero con más votos en las elecciones pasadas - no serán candidatos al Congreso  de este año. Así las cosas, el liberalismo podría perder dos curules en la región. Sobre todo porque sus candidatos principales no estarían trabajando juntos.

La carta para el Senado es el exalcalde Zipaquirá Jorge Enrique González, quien cuenta con el respaldo del representante Camelo y del candidato a la Cámara Oscar Sánchez León. Sin embargo, en la campaña del exalcalde de Girardot Rodolfo Serrano, una de las principales fichas a la Cámara del liberalismo, no estarían trabajando para González sino para la competencia, para el candidato al senado de Cambio Radical Juan Carlos Restrepo Escobar. La Silla tuvo acceso a fotos en la que los equipos de campaña de Restrepo Escobar y Serrano reparten publicidad de ambos candidatos como si trabajaran en llave. Esto a la postre dejaría a la formula oficial de Restrepo, el exalcalde de Funza Jorge Rey, compartiendo ‘pareja’.

La Silla llamó cinco veces al exalcalde Serrano a los dos telefonos de la campaña, para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. 

por: Alf Onshuus

Las noticias que últimamente hablan sobre científicos colombianos y la capacidad e incapacidad de los medios de entender el impacto en ciencias, han generado bastantes reacciones por parte de mis colegas casi siempre atacando la labor periodística en cuestión. Y aunque muy posiblemente haya fallas en el periodismo (algunas de las cuales aparecen explícitas en la editorial de El Espectador que apareció al día siguiente del artículo de Bernal sobre Cuero), yo quisiera enfocarme un poco en fallas que hemos tenido como comunidad científica, que yo creo han afectado no sólo la capacidad de los periodistas de hacer cubrimiento científico, sino la capacidad del gobierno de distinguir y apoyar la ciencia que se hace en Colombia.

Siempre que surgen estos dilemas, vuelvo a una conversación muy larga que tuve con Javier Moreno. Él acababa de escribir una columna en El Espectador titulada “Especulación Científica” (http://www.elespectador.com/opinion/columna-376789-especulacion-cientifica), columna que le había costado la indignación de muchos colegas y amigos. La conversación fue larga, y a mí me quedó una idea clara: no existen ni pareciera que se buscaran mecanismos para evaluar adecuadamente el impacto de la inversión que se hace en ciencia en Colombia, y esa falta de evaluación hace que sea mucho más difícil justificar el incremento en inversión que soñamos todos los científicos colombianos. En general pedimos financiación argumentando que la ciencia es claramente un motor de desarrollo ignorando que también lo son (y quizás más claramente) infraestructura, educación, seguridad, seguridad fiscal y jurídica, etc. Es decir, todo contra lo que estamos compitiendo por recursos.

Y es un problema nuestro, entendiendo por “nosotros” a la comunidad académica y de administración científica que hay en Colombia (es decir, desde investigadores hasta Colciencias) que no es sólo sobre mecanismos de evaluación. Creo que hay dos tendencias en las cuales caemos muy fácilmente.

La primera es que somos muy buenos reaccionando, sin proponer alternativas. Siempre que el gobierno o algún columnista nos sugiere explicar las virtudes de la inversión científica antes de pedir más inversión en un país con las necesidades de Colombia, saltamos a atacar la solicitud o las sugerencias sin proponer nada a cambio. No queremos que se mida el impacto en patentes y en el PIB argumentando la investigación pura es algo que tiene posibles impactos inesperados en unos rangos de tiempo que pueden variar desde años hasta siglos. Somos muy rápidos y puntuales a la hora de criticar cuando los periodistas se equivocan en evaluar a personajes como Cuero o Patarroyo, y explicamos por qué los argumentos están equivocados con toda la rigurosidad de un artículo científico.  Y no es que estemos equivocados en ninguno de los razonamientos anteriores. El problema es que casi nunca buscamos proponer alternativas concretas. Casi siempre decimos por qué las propuestas son equivocadas sin explicar cómo serían propuestas adecuadas, y esta falta de sugerencias positivas nos está costando: ni la inversión en ciencia, ni la comprensión de los periodistas y del público general sobre lo que és la ciencia y los científicos han mejorado en los últimos años. ¿Por qué no hay una propuesta sobre mecanismos de evaluación de las políticas de inversión en ciencia que surja de la comunidad científica? ¿Por qué no tenemos metas claras así sea a mediano y largo plazo sobre (algo de) lo que la inversión en ciencia puede lograr como mecanismo de igualdad y progreso, con metas y mecanismos precisos, con informes y resultados periódicos, que por lo menos le den la oportunidad al gobierno de acogerlos con algún tipo de perspectiva de cómo mejorarán las cosas por medio de la inversión en ciencia?

Y aún cuando pensamos en proponer alternativas llegamos a la segunda tendencia que considero problemática que, en palabras coloquiales vendría siendo el conocido refrán de “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Tenemos casi un consenso sobre el hecho de que hoy en día la mejor manera de decidir sobre ciencia es la opinión y evaluación de los pares. Pero caemos en un error grave si pretendemos que esa sea la manera de evaluar ciencia en Colombia: Funciona muy bien para asignación de recursos a un proyecto puntual, o para definir la calidad de la obra científica de una persona particular. Pero si Colciencias llega a tener la capacidad de poder hacer juicios rutinarios cualitativos sobre toda la ciencia en Colombia, sería un síntoma claro de que la burocracia científica ha avanzado mucho más que la ciencia misma y eso sería un muy mal síntoma de la ciencia (y de la inversión en ciencia) en Colombia. Necesitamos generar y pensar en mecanismos cuantitativos prácticos que, si bien no deben ser la única manera de evaluar la ciencia, sí deben ayudar al estado (y, por ejemplo, a los periodistas) a poder tener indicadores rápidos e inteligentes del estado de la ciencia en Colombia. Otro ejemplo, me parece razonable pedirle a los periodistas que hacen documentales sobre un científico a que indaguen un poco la opinión de los pares para entender el lugar y la calidad del trabajo. Pero antes de llegar a ese punto, debemos generar datos que indiquen quienes de los científicos tienen una obra suficientemente sobresaliente para que se considere hacer el documental.

Y el problema de la falta de planeación y evaluación no se limita a los trabajos periodísticos, sino que comienza precisamente en Colciencias, el organismo que más debería estar ayudando en esto. ¿Por qué Paula Arias responde a la pregunta de si hay mucha fuga de cerebros financiados por colciencias sin datos, diciendo “No tanto. El modelo de becas-crédito condonables ayuda a que regresen"? Y no estoy hablando de estudios complicados y costosos. Deberíamos tener datos precisos, con un informe claro y público que incluya: cuántos becarios se han financiado, cuántos han vuelto a Colombia, durante cuánto tiempo, cuántos años de trabajo en Colombia hemos logrado con cada financiación y cuál ha sido el monto de los gastos. Incluir también, de los que se han quedado, cuál ha sido su impacto, cuántos están involucrados con academia o con funciones que requieren o por lo menos se benefician de un doctorado. Asimismo, cuál es su escuela, su investigación y el impacto que ha tenido en la ciencia y la sociedad. Todos estos son datos que Colciencias podría y debería tener, y hacerlos públicos, lo que nos permitiría bien sea modificar las políticas de financiación de doctorados para optimizar los recursos o dejar de cuestionar las virtudes de los mecanismos de una vez por todas, en lugar de estar cambiando de políticas dependiendo del director de Colciencias. La respuesta a la pregunta sobre cerebros fugados debería ser “No, tenemos estudios que demuestran lo contrario”, o “sí, pero estamos mejorando los incentivos para que regresen, con estudios concretos que nos hacen pensar que esta vez sí va a funcionar”. Pero esas respuestas requieren datos que no parece haber en Colombia.

Personalmente creo que cualquier inversión de los dineros de nuestros impuestos debe ser estudiada, hecha con metas claras y precisas, y con mecanismos de evaluación durante el proceso. Creo también que la ciencia tiene facetas muy particulares (incluyendo un grado importante de incertidumbre y demora en los procesos) que hace que sea difícil para personas ajenas a la comunidad poder plantear la planeación y la verificación. De nuevo, cuando a la directora de Colciencias se le preguntó en El Tiempo sobre los motivos de no dar becas a estudiantes que ya hubieran comenzado su doctorado, dio argumentos, si bien consistentes y razonables para alguien que esté fuera del medio, claramente falsos y simplistas a ojos de alguien que hubiera hecho un doctorado: “Quienes ya estudian es porque, de alguna manera, tienen recursos para pagar su formación.”. Los científicos necesitamos poder justificar los incrementos en inversión que queremos con argumentos claros y sin vaguedades, justificaciones precisas de lo que el país logrará a cambio, planes concretos para lograrlos, y evaluaciones periódicas que por lo menos den indicios de si se están logrando o no. Y no únicamente valoraciones cualitativas que a todos nos parecen ideales y que deben hacerse cada cierto tiempo, sino de indicadores fáciles de obtener, que si bien no deben ser definitivos, sí pueden usarse como señales de que las cosas van por buen camino.

Una política de investigación científica explícita, clara y continuada es esencial para que la ciencia pueda tener repercutir positivamente en la sociedad que la finanza. Sin ella, cualquier beneficio que se obtenga será accidental y frágil.

Ayer Ernesto Macías Tovar, candidato al senador por el Centro Democrático y una de las personas más cercnaas a Álvaro Uribe Vélez, entregó una presentación a la Comisión de Acusaciones donde detalla los datos sobre las cuotas y los montos que le habría entregado el Gobierno a los congresistas para asegurar su apoyo. Lo curioso es que, según Macías, la mermelada llegó hasta sus colegas uribistas.

Y es que, según la presentación, entre los “enmermelados” están dos congresistas uribistas: Juan Carlos Vélez, jefe de debate de la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga, y Liliana Rendón, senadora conservadora del grupo de Luis Alfredo Ramos.

Vélez habría recibido -según el documento- siete cargos y 2.500 millones de pesos para vías. Entre esos cargos están los directores en Antioquia de la Escuela Superior de Administración Pública Juan Carlos Mejía Betancur (quien estuvo en el cargo desde el gobierno Uribe hasta el año pasado), y Luis Gómez la Red Postal 4-72. También tendría dos cargos en la Aeronáutica Civil y habría pedido varios cargos en Urabá.

Rendón habría recibido -de nuevo según Macías- tres cargos, 3 mil millones para vías y 3 mil millones “por entidad” (una categoría cuya definición no es clara). Dos de esos cargos serían los directores en Antioquia del Icbf, Guillermo Gaviria (que llegó a la entidad en el gobierno Uribe y salió en 2011), y del Invías, Gustavo Otálvaro Paucar.

Otros congresistas distantes de Santos y con cercanía al uribismo, aunque menos evidente que Rendón y Vélez, aparecen también en el lista que denuncia el Centro Democrático. Por ejemplo, el senador conservador José Darío Salazar, quien se ha movido para que su partido no apoye la reelección, tendría 18 cargos y habría recibido más de 4 mil millones de pesos en vías y obras.

En cualquier caso la información está desactualizada, lo que se nota en otros detalles como que Conrado Gómez aparece como Superintendente de Salud, cargo al que renunció en julio de 2012, o que aparecen personas que ya no son congresistas, como Dilian Francisca Toro, Carlos Eduardo Merlano y Álvaro Pacheco.

También está incompleta. Por ejemplo, no explica de dónde salen los dineros que el Gobierno le habría dado a los congresistas; dice que a Germán Vargas Lleras y a Juan Carlos Pinzón le dieron un cargo a cada uno; y habla de que a “gobernador” le dieron un cargo, a “gobernadora” le dieron otro, a “directora” le entregaron dos, a “general” dos más, a "director" 13 y a “director entidad” le dieron cuatro, sin decir a qué gobernadores, directores y general se refiere.

Y tiene datos que parecen absurdos, como que el gobierno le dio cargos (sin especificar cuáles) a los senadores petristas Luis Carlos Avellaneda y Jorge Eliécer Guevara, que le han hecho oposición a Santos; y errores, como poner la foto de la concejal liberal de Bogotá María Victoria Vargas al referirse a la representante a la Cámara por el Altántico Victoria Eugenia Vargas Vives.

Mejor dicho, la Comisión de Acuscaciones -que no es conocida precisamente por su diligencia- tendrá que hacer un gran trabajo de investigación para que la denuncia de Macías coja forma.

Por Nelson Camilo Sánchez

El balcón de Petro - y ahora la rodilla de Falcao -  han hecho que pase sin mucho protagonismo la sentencia de la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz.

La recientemente publicada Sentencia C-579 de 2013 era ansiosamente esperada después del incidente de los contradictorios comunicados de prensa en donde un día se anunciaba una cosa y al otro una distinta. La información era tan vaga que al otro día de la decisión todo el mundo se sentía ganador: tanto quienes demandaron la norma como quienes la defendían. Todos daban parte de victoria.

Ahora, con la decisión en la mano y tras el estudio de sus más de 350 páginas, las cosas parecen apreciarse de otra manera. O, al menos, esa parece ser la opinión de uno de sus demandantes, Gustavo Gallón, quien critica la sentencia en su reciente columna del diario El Espectador.

En últimas, lo que dijo la Corte es que si bien se debe investigar con exhaustividad todos los crímenes, esto se puede hacer a través de “macroprocesos” que descubran los patrones generales de violencia. Lo cual no necesariamente conlleva a que todos los involucrados en estos procesos terminen tras las rejas, pues la Corte al final autoriza al Congreso para que establezca criterios de selección para escoger a los máximos responsables.

Pero lo que no puede perderse de vista es que la batalla en la Corte Constitucional – y que tiene repercusiones directas en la mesa de negociación de La Habana – no ha terminado. Hay dos cuestiones todavía pendientes, que deberán ser resueltas por la Corte en los próximos meses. Las dos vienen de una demanda presentada por Rafael Guarín, un ex viceministro del gobierno anterior.

La primera se refiere al tema de la participación política de las FARC y eventualmente del ELN. El marco para la paz en su segundo artículo establece unas medidas para permitir que los miembros de grupos desmovilizados que hayan cometido ciertos delitos puedan ser elegidos en cargos de elección popular. La demanda de Guarín pretende que no se consideren como delitos conexos al delito político otros delitos más graves. Con esto prácticamente se eliminaría la posibilidad de que los cuadros de las guerrillas pudieran hacer política una vez desmovilizados.

La segunda resulta más sorpresiva pues puede revivir la discusión del año pasado. La demanda de Guarín volvió a demandar el tema de la selección de los máximos responsables para ser los únicos procesados penalmente.  Inicialmente, el Magistrado Alberto Rojas Ríos rechazó este argumento diciendo que había cosa juzgada, pues la Corte ya se había referido al tema con ocasión de la demanda de la Comisión Colombiana de Juristas.

Sin embargo, Guarín le pidió al pleno de la Corte que reconsiderara. Y la Corte acaba de darle la razón. Dice la Corte que como la sentencia no se había publicado cuando Guarín presentó la demanda, es excesivo rechazarle por ahora su argumento. Aun cuando esto no garantiza que se vaya a modificar la sentencia C-579 - pues es muy probable que la Corte le vuelva a decir lo que ya le dijo (que hay cosa juzgada) -, abre una ventanita de esperanza para quienes están en desacuerdo con esa sentencia. Especialmente cuando dice que habría “argumentos razonables para considerar que la cosa juzgada tendría carácter relativo”. Lo que en castellano significa que la Corte podría retomar el punto.

Sobre estos dos temas se deberá pronunciar la Corte en los próximos meses. Ojalá que para cuando lo haga la situación de Petro y de Bogotá se haya resuelto, y que la rodilla de Falcao esté ya en las canchas llenándonos de alegrías. #FuerzaTigre

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El alcalde Gustavo Petro (y parte de su familia) en el balcón del Palacio de Liévano defendiendo su Administración. Fotos: Juan Pablo Pino

El fallo de fondo de una tutela que hoy suspendió la destitución del alcalde Gustavo Petro por violar el derecho al control político (la revocatoria que está en curso) es el segundo espaldarazo que tres magistrados de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dan al mandatario.

En junio pasado, los mismos magistrados: Juan Carlos Garzón, Alfonso Sarmiento y Bertha Lucy Ceballos, firmaron el fallo de tutela que aseguró que la Registraduría no le respetó el debido proceso a Petro en el tema de la revocatoria y ordenó que un grupo de grafólogos conformado por el Alcalde entrara a la entidad electoral a revisar una por una las firmas presentadas por el representante Miguel Gómez.

Los magistrados en ese momento permitieron además que el equipo del Alcalde cotejara dichas firmas con los archivos del censo electoral y con el Archivo Nacional de Identificación (ANI).

Esa sentencia, que en su momento dejó sin efecto la resolución de la Registraduría que certificó las firmas de la revocatoria, aplazó el trámite del mecanismo de participación y le dio un respiro a Petro cuya estrategia hasta ese momento era ponerle todas las trabas jurídicas a la revocatoria.

Curiosamente, hoy con su fallo estos magistrados defienden el derecho de una ciudadana a ejercer ese control político de la revocatoria por encima del control disciplinario del Procurador.

El fallo es una ayuda más contundente que la que le dio hace unos días a Petro el magistrado José María Armenta porque deja la destitución en un limbo jurídico.

Una cosa que deja claro el fallo de hoy es que la novela de la destitución de Petro pica y se extiende, mientras la ciudad está polarizada.

El fallo de hoy tiene dos grandes ejes. El primero es señalar que la revocatoria debe tener la primacía sobre la decisión administrativa, y la segunda que como la Procuraduría “reemplazó” a los electores en el control político, la destitución se debe suspender hasta que el Consejo de Estado defina si la decisión del Ministerio Público fue legal o no.

En la primera parte del fallo, los magistrados se concentran en qué pasa cuando hay un proceso de revocatoria en curso y el Procurador destituye el funcionario que puede ser revocado. Como el derecho a hacer el control político es un derecho fundamental, concluyen que éste no puede ser limitado por una decisión administrativa.

“Una sanción disciplinaria de destitución de un funcionario elegido popularmente, limita el goce efectivo del derecho fundamental de los electores, si impide el ejercicio del control político” dice el fallo.

Después, los magistrados refuerzan ese argumento señalando que el proceso de revocatoria ya está muy avanzado, incluso con fecha fijada para la realización de la revocatoria, y que por lo tanto es claro que los electores sí van a tener la oportunidad de ejercer su derecho al control político.

Hasta ahí, la sentencia parece que va a suspender la destitución hasta que haya revocatoria, lo que dejaría a Petro en una sin salida: si gana en las urnas, se reactivaría la destitución. Pero no porque el documento da otra vuelta de tuerca.

Sin embargo, aunque no desconocen la competencia disciplinaria de la Procuraduría para sancionar funcionarios (es decir no dictan un precedente para otros destituidos), los magistrados estudian el contenido de la sanción. Lo hacen porque a su juicio si la sanción es excesiva, puede afectar también el derecho al control político. Y arremeten contra la decisión del Ministerio Público.

Para los magistrados las faltas imputadas a Petro no son gravísimas. Pero van más allá y dicen que la Procuraduría, en línea con lo que ha sostenido el Alcalde, convirtió la ejecución de política pública en una falta disciplinable.

“...tal como se encuentran redactados los cargos, el ente de control - la Procuraduría - no centra la actuación en la conducta disciplinable del Alcalde Mayor, sino que se encuentra cuestionando el ejercicio de política pública de la ciudad”.

En el mismo sentido el fallo señala que la Procuraduría, a través de la sanción disciplinaria, ejerció un control político que no le correspondía, lo que pondría en entredicho si la decisión es legal o no. Por lo anterior, suspende la Sala hasta que el Consejo de Estado “se pronuncie frente a la legalidad del acto”.

En pocas horas seguramente se conocerá la reacción del Procurador que, es de esperarse, apelará el fallo de tutela.

Con esta decisión no se aclara necesariamente la situación del alcalde de Bogotá, porque hay cuatro maneras en que se podría voltear su situación.

Uno es que pierda la revocatoria, lo que parece poco probable pero no imposible.

Otro es que la Procuraduría apele esta sentencia y el Consejo de Estado (que es quien estudiaría la apelación) cambie el sentido de la tutela, lo que se demoraría alrededor de un mes.

El tercero es que, así el Consejo de Estado reitere la decisión, la Corte Constitucional decida revisar la tutela y tome una decisión cotnraria a la del Tribunal.

Y un cuarto es que nadie demande la destitución, pues la tutela dice que si en los cuatro meses siguientes no se demanda, se acaba la suspensión.

Pero, en cualquier caso, se prende una luz para Petro: si no pierde la revocatoria, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional respaldan la decisión de estos tres magistrados y alguien demanda la destitución, tendría suficiente tiempo para terminar su período.

Otra paradoja del fallo de hoy es que, así como frente a otro reciente fallo de otro magistrado (José María Armenta) se dijo que -al también suspender la destitución, aunque por otros motivos- se había afectado la posibilidad de que la CIDH otorgara las medidas cautelares que está pidiendo Petro, podría interpretarse que el proceso de revocatoria de Miguel Gómez terminó afectando la salida que parecía inminente del Alcalde. Es decir, que -sin querer- Miguel Gómez impidió la para él anhelada destitución del mandatario de Bogotá.

Este es el fallo:

SentenciadetutelaafavordePetro.pdf by lasillavacia

​​El nuevo director del Incoder Rey Ariel Borbón reemplazó a casi toda la cúpula de esa entidad, justo en la semana previa a que la ley de garantías congele los nombramientos. Y lo hizo para seguirse rodeando de funcionarios conservadores, huilenses o ambas en una de las entidades más importantes en el proceso de paz. Es decir, del mismo origen suyo y de su padrino político, el senador Hernán Andrade.

La Silla supo que hace una semana Borbón -que, como contó La Silla, llegó al Incoder por gestión de Andrade- le pidió la renuncia a cinco altos funcionarios de la entidad, que dejarán sus cargos en estos días. Ayer aparecieron en la página de Presidencia las hojas de vida de los postulados para reemplazar a tres de ellos, que se suman a otros tres altos funcionarios que nombró Borbón y que incluyen a un ex alcalde azul de Neiva, como han contado Opanoticias y Noticias Uno.

Eso significa que el Incoder está -como muchas otras entidades del Gobierno- en una carrera contra el reloj por dejar lista su nómina y sobre todo su cúpula, ya que desde este sábado la ley de garantías impedirá que las entidades del Estado contraten funcionarios salvo en casos de fallecimiento o renuncia irrevocable.

Y los nombramientos seguirán porque aún falta por saber quién va a reemplazar al director de procesos agrarios Andrés Ocampo (que también estuvo de subgerente de tierras encargado por cuatro meses) y a la directora de baldíos Alejandra Vega, y aún no se conoce a sus sucesores. Todos son cargos claves en la transformación del campo que plantea el acuerdo agrario en La Habana.

Este es el organigrama de los nuevos nombramientos de Borbón en el Incoder, que incluyen tres de las cinco subgerencias, tres direcciones técnicas claves y al director jurídico.

Haga clic en cada uno de los nombres para ver su hoja de vida. 

Hernán Andrade Senador Andrade, el mayor barón electoral de los conservadores en el Huila, es uno de los apoyos claves del presidente Juan Manuel Santos entre los azules más santistas y uno de los súper poderosos de la reelección. Jugó un papel crucial como ponente del “referendo para la paz” que pasó en el Congreso. Como contó La Silla, el Gobierno le garantizó que le respetaría el derecho a designar al nuevo gerente, aunque su primer recomendado para el Incoder, el ex Supersociedades Hernando Ruiz López, se cayó tras haber sido postulado oficialmente. Ahí vino el nombramiento de Rey Ariel Borbón. Cerrar             Rey Ariel Borbón Gerente del Incoder Borbón es un ingeniero agrícola de la Universidad Surcolombiana que ha hecho casi toda su carrera en la corporación autónoma del Huila. Llegó a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) en 1996 como contratista y luego fue su director zonal en el norte del Huila, tras un paso como subdirector de Cormagdalena, la CAR del río Magdalena. En 2002 se convirtió en el director general de la CAM e iba va por su tercer período ahí, cuando saltó al Incoder para reemplazar a Miriam Villegas. Como contó La Silla, no tiene mayor experiencia en tierras pero su gestión al frente de la CAM ha sido bien reconocida en el sector ambiental. Es de extracción conservadora y fue reelegido en la CAM en 2012 con el apoyo de Andrade, que fue uno de sus primeros padrinos políticos. Esa relación se mantuvo a pesar de que en 2011 Borbón lanzó su precandidatura a la gobernación por los azules, enfrentado a la hermana del congresista. Además ha mantenido buenas relaciones con otros grupos políticos, como el de los ex gobernadores Luis Jorge Pajarito Sánchez y Cielo González, ambos destituidos por irregularidades en contratos. Cerrar           Gonzalo Gómez Gómez Subgerente de tierras (postulado) Camilo Agudelo Perdomo Subgerente de gestión César Augusto Patarroyo Asesor y subgerente (e) de tierras Héctor Aníbal Ramírez Asesor del gerente Gonzalo Gómez Gómez Gómez es un político y administrador de empresas caldense que lleva cuatro años dirigiendo la Fundación Salva el Amazonas en Manizales y que antes de eso fue jefe de planeación en el Findeter. Aunque Gómez no es huilense, arrancó su carrera política de la mano del ex senador y ex gobernador opita Jaime Bravo Motta y reemplazó en el Senado durante tres meses en 2005, convirtiéndose en el senador más joven. En 2006 se quemó intentando llegar a la Cámara en Bogotá por Alas Equipo Colombia, el partido del conservador Luis Alfredo Ramos. En 2010 volvió a lanzarse con el PIN, quemándose con 4200 votos y mientras apoyaba la campaña de Antanas Mockus a la Presidencia. Trabajó durante una década en el sector licorero, en la distribuidora de Ron Viejo de Caldas en el Huila. Llega a uno de los cargos claves en el Incoder sin mayor experiencia en tierras aunque Findeter se encarga de prestarle dinero a las entidades territoriales para impulsar el desarrollo territorial. De él dependerán muchas de las investigaciones en temas como apropiación irregular de baldíos de la Nación o de acumulación indebida de antiguos baldíos. Es decir, precisamente aquellos procesos que comenzó impulsando Santos y que luego terminaron costándole la salida a la ex directora Miriam Villegas y la ex subgerenta de tierras Jhenifer Mojica cuando el Gobierno les quitó el respaldo político. Cerrar Camilo Agudelo Perdomo Agudelo, uno de los cinco subgerentes de Borbón, es un agrónomo huilense que ha hecho casi toda su carrera en la CAM, que precisamente dirigió el nuevo gerente del Incoder por una década. Comenzó allí como contratista y era hasta hace poco su jefe de planeación, siendo -según Opanoticias- uno de los hombres de confianza de Borbón. También trabajó como director de un proyecto en el Huila de ONF Andina, la rama suramericana de cooperación y desarrollo de la Oficina Nacional de Bosques (ONF) francesa. Cerrar César Augusto Patarroyo Patarroyo, asesor del despacho de Borbón y subgerente encargado de tierras, es un abogado huilense que ha trabajado con varios aliados políticos de Andrade. Fue asesor y secretario general de la Supersociedades durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe. Su jefe allí fue el Superintendente Hernando Ruiz López, también huilense y tan cercano a Andrade que el senador conservador intentó colocarlo en el Incoder a finales del año pasado, hasta que -como contó La Silla- su hoja de vida (que ya había sido publicada) se cayó en Presidencia por el manejo que le dio al tema de las pirámides como Súper. Anteriormente Patarroyo fue asesor de Cormagdalena -la CAR que vigila el río Magdalena- entre 1999 y 2001, durante en período en que Rey Borbón fue su subdirector, y de la CAM huilense. Y antes de eso personero municipal de Nátaga y Baraya, en el Huila. Cerrar Héctor Aníbal Ramírez Ramírez, una de las manos derechas de Borbón, es un político conservador huilense que fue alcalde de Neiva. Ramírez tiene una larga trayectoria política, siendo elegido dos veces concejal de Neiva en los años noventa y luego diputado en 2001, siempre como conservador. Fue elegido alcalde de la capital huilense en 2007 con 54 mil votos, sacándole veinte puntos porcentuales de ventaja al liberal y actual alcalde Pedro Hernán Suárez. Ya había sido candidato a la alcaldía en 2003, cuando perdió por dos mil votos con Cielo González Villa, posteriormente elegida gobernadora y destituida. Según su hoja de vida fue asesor de Cormagdalena entre 1999 y 2000, preciso cuando Borbón era su subdirector. Es ingeniero de petróleos de la Universidad Surcolombiana. Cerrar         Jorge Dilson Murcia Director jurídico Albeiro Trujillo Castro Director de ordenamiento productivo (postulado) Fabio Flórez Giraldo Subgerente de planificación (postulado)   Jorge Dilson Murcia Murcia, que es el nuevo director jurídico de Borbón, es un abogado y político conservador huilense. Fue gerente del Infihuila durante la gobernación de Cielo González Villa y anteriormente había sido asesor jurídico de la Secretaría de Salud Departamental del gobernador conservador Luis Jorge Pajarito Sánchez. En 2011 fue precandidato a la Alcaldía de Garzón de Integración Conservadora, el grupo político de José Antonio Gómez Hermida y del senador Carlos Ramiro Chávarro, y a raíz de eso terminó peleado con el grupo. También fue contralor delegado de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría durante seis meses del 2013. Cerrar Albeiro Trujillo Castro Trujillo, postulado para liderar una de las tres direcciones técnicas en el tema de tierras, es un geógrafo y político conservador tolimense que en la última década se ha dedicado a temas más bien técnicos. Fue alcalde conservador de Alpujarra en 2001 y luego durante ocho años el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) en el Tolima. Sonó fuertemente para dirigir Cortolima, la CAR tolimense en 2012. Arrancó su carrera política en el grupo político del ex senador Luis Alberto Gómez Gallo, aunque hace años tomó distancia y es visto como un 'conservador ambientalista' y más afín al ex congresista Óscar Barreto. Reemplaza a Miguel Mejía en este cargo clave. Cerrar Fabio Flórez Giraldo Flórez, postulado ayer para ser el nuevo subgerente de planificación, es un economista caldense que llevaba dos décadas trabajando en el Instituto de Seguros Sociales, donde llegó a ser jefe de recursos humanos y luego vicepresidente administrativo hasta su liquidación. No tiene trayectoria política conocida ni afiliación a los conservadores. Reemplaza a María Claudia Páez, que hasta hace poco era subgerenta de gestión encargada al mismo tiempo que subgerenta de planificación. Cerrar

Pensaría uno que para los colombianos es claro desde hace décadas que el mercado de drogas ilícitas se mueve por la demanda antes que por la oferta. Y sin embargo ahora, mientras el gobierno y las FARC negocian el tema ante la indiferencia del país, son pocos los análisis sobre el funcionamiento del mercado a nivel rural. Porque allí también funciona por demanda, antes que por oferta. Como escribí hace unos meses en este blog, basada en un trabajo de investigación realizado con Sebastián Rubiano y Julián Berrío, los pequeños intermediarios son determinantes para el cultivo de coca. Ellos, a quienes una de mis fuentes campesinas llamó “los capitalistas,” entregan dinero para insumos y compran la pasta de coca. En la coca, como en todas partes, sin “capitalistas” que inviertan, no hay negocio.

Sin embargo la estrategia de represión de los gobiernos de turno se ha enfocado en los cultivos y los cultivadores en el campo, y en los grandes narcotraficantes en las ciudades antes que en la demanda que generan estos intermediarios. Se sabe muy poco sobre ellos: quiénes son, cuál es su origen social, cómo operan dentro del negocio, cómo contactan a los campesinos, y cuál es su relación con el control territorial de los ejércitos irregulares (y regulares…)

Lo que sí parece ser claro es que varios frentes de las FARC son los “capitalistas” en sus zonas de influencia, y que otros frentes extorsionan a estos pequeños intermediarios, pidiendo una porción del negocio (“gramaje”) por dejarlos funcionar, y protegerlos.

En este marco la propuesta de las FARC, enfocada en el bienestar de los campesinos, suena extraña. Parte del supuesto que el negocio de la coca funciona por oferta: los campesinos cultivan porque han sido abandonados por el Estado, y en este cultivo radica el problema. Eso no es así de fácil, ni de claro.

Sin duda la inversión social en el campo es un deber político y moral de los gobernantes.

Pero poco tiene que ver con el negocio de la coca: después de todo hay vastas zonas del país propicias para el cultivo de la hoja, abandonadas a la miseria, donde no prosperan los cultivos ilícitos. Y no se debe a que exista una mayor cultura ciudadana, sino por la pedestre razón que no hay quien la compre. La presencia o no de compradores depende de otros factores poco conocidos, como son la presencia de trochas ancestrales, ríos navegables, rutas aéreas clandestinas, y otras formas de mover la pasta. Depende también, como en todo negocio, de la presencia de redes familiares y comerciales en el lugar en el cual se piensa invertir dinero.

Espero que por lo menos a espaldas del país las FARC estén negociando la forma de salirse del negocio, y entregar sus rutas y sus socios. Así sea por el interés en saldar cuentas con los americanos.

Sin embargo la entrega de rutas y socios no basta, pues, como suele suceder, a nivel local las FARC serán rápidamente reemplazadas por otros compradores, otros capitalistas interesados en el mejor negocio de todos los tiempos en el campo colombiano.  Así, se está perdiendo quizá una oportunidad histórica para utilizar el conocimiento local de las guerrillas para diseñar instituciones capaces de identificar, judicializar y desmantelar con rapidez las redes de intermediarios que, cargados de dinero en efectivo, son la voraz demanda que mueve el mercado de la coca en el campo.