El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo en una entrevista al periódico El País, respecto a la transparencia y el secreto las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, que el proceso "es como cuando un pintor está pintando un cuadro y comienza con el 25%, la gente no entiende lo que va a pintar y puede decir ‘qué cuadro tan desagradable’ o ‘qué cuadro tan mal pintado’. El pintor quiere vender su obra cuando esté todo completo. Nosotros queremos vender nuestro acuerdo cuando esté todo completo porque así se va a poder apreciar en su totalidad. Individualmente puede ser muy mal interpretado."

La analogía pictórica presidencial permite un juego: proyectar la pintura completa de la paz que puede tener el artista Santos en su mente. Es tan amplio el archivo del arte, y tan coloridos y ambivalentes los artificios de este gobierno, que no una sino muchas variaciones son posibles. He aquí unas cuantas interpretaciones:

En The Peacemakers (1868), George P. A. Healy representa al presidente Abraham Lincoln reunido con tres altos oficiales. La pintura expuesta en la Casa Blanca acompañó a George W. Bush durante su interregno como presidente y él mismo la describió de esta manera:

“En ella se ve la agonía y la grandeza de un hombre que cada noche se puso de rodillas para pedir la ayuda de Dios. La pintura muestra a dos de sus generales y un almirante en la reunión cerca del final de una guerra que enfrentó a hermano contra hermano. El exterior muestra el momento en que la guerra recrudece. Sin embargo, lo que vemos en la distancia es un arco iris, un símbolo de la esperanza, del paso de la tormenta. El nombre de la pintura: Los Pacificadores. Y para mí, esto es una constante tranquilidad de que la paz triunfará y que nuestra causa puede ser el futuro por el que Lincoln dio su vida: un futuro libre de opresión y miedo.”

Sirva esta retórica santurrona de Bush, (ahora también pintor, ¡de verdad!) para retratar a Santos como Lincoln, que soluciona la paz desde un apacible aposento acompañado por un arco iris. Un arco iris tan colorido como el crisol mediático que pinta a Juan Manuel para la historia como el mandatario que logró la paz que tanto anhelamos todos los colombianos para nuestra patria querida.

En La rendición de Breda (1634), Velázquez pinta el momento en que la guarnición militar del ejército holandes tuvo que rendirse ante la estrategia militar que usó el ejército español para sitiar la ciudad de Breda. Aun así, el triunfador reconoció la valentía del ejercito vencido y le permitió una salida digna y una entrega caballerosa. Y, tal vez, por esa misma caballerosidad que se engilgan los valientes caballeros es que Velázquez, como pintor cortesano, hizo más llevadero el solemne encargo de la inmensa pintura con algo de humor velado: nunca antes en los anales de la pintura bélica, el reverso y los prominentes gluteos de un caballo habían ocupado un primer plano tan destacado. Es claro que la pintura, a luz de un par de ejércitos de pequeñas guerras, de las malparideces de la guerrilla de las FARC y de un sector corrupto y amangualado en el Ejercito Nacional de Colombia, no cuadra, se desluce. Tampoco se puede hablar de rendición pues en esta guerra ambos bandos, por la vía militar, no logran acabar el uno con el otro y a cambio si mutan en disímiles franquicias y variaciones. Sí, Velázquez, para el proceso de paz en Colombia, resulta grandilocuente. Sin embargo, la pretendida altura con que ambas partes conducen la negociación y la solemnidad gentlemanesca del Gobierno Santos sí permite pensar que él, en su autoengaño, ha imaginado así el instante que da comienzo a la paz que tanto anhelamos todos los colombianos para nuestra patria querida.

Santos, como pintor, puede resultar más que desastroso, y por más que su gobierno intente restaurar la obra de la paz tal vez la empeore y termine haciendo esto:

Ecce Homo de Borja, ejecutado por Elías García Martínez (1930), inspirado en Guido Reni (1800…), y restaurado (interpretado) por Cecilia Giménez (2012). La historia de esta obra es reciente y conocida, una señora aficionada a la pintura intentó restaurar un fresco del Ecce Homo de la iglesia de su localidad y terminó por malograrlo. La intenciones de la artista fueron bien retratadas por Juan Domínguez en su columna He aquí el mono del Heraldo de Aragón, periódico de la región donde sucedieron los hechos:

“la voluntariosa restauradora del Ecce Homo quizá ha pasado por un cursillo acelerado de conservación de cuadros, o ha estado cuatro días en una escuela de pintura, o, todavía más sencillo, es una estupenda ama de casa que le gusta mantener su hogar como los chorros del oro, y no tolera ningún desconchón en las pinturas de sus paredes, puertas y ventanas y, con su habilidad doméstica, lo tiene todo como nuevo. Pero, ¡ay!, en la Parroquia hay un Ecce Homo, que está hecho un “Cristo”, y su sentido de la pulcritud le dice que no hay derecho y que puesto que nadie lo remedia, allí está ella… No tiene la formación suficiente, no ha estudiado a fondo ni pintura ni restauración pero ¡quién lo necesita si la cosa es tan sencilla! ¡Si cualquiera lo puede hacer! Limpiar las suciedades como ella hace con sus cristales; rellena los desconchones, como ella con sus paredes; poner un poco de pintura aquí y allá, para que resalte el color que se había desteñido… Y poco a poco, sin darse ni cuenta, el Homo se ha convertido en mono. En definitiva volvimos al origen, o eso decía Darwin”.

Y parafraseando a Domínguez, podríamos decir que el voluntarioso Santos quizá ha pasado por unos cursos de buen gobierno, y dice saber hacer la paz porque ha hecho la guerra, y le gusta mantener las apariencias y quedar bien con todo el mundo, y en él todo es gusto, golf, poker y cultura, pero como el país está hecho un Cristo, envalentonado se le mide a repararlo. Una faena pictórica que él, como presidente, y como todos los últimos presidentes, se ha hecho a cargo realizar, pues todos los mandatarios recientes han sido elegidos por las FARC, por los golpes de opinión que en plena campaña presidencial le han sacado a la amenaza guerrillera y a la promesa de la paz (Belisario, Barco, Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos…). Y Santos a la obra, solo que lo que el Gobierno Santos hace con la mano —por ejemplo, la ley de tierras—, lo borra con el codo —por ejemplo, volver a ternar como Procurador a Alejandro Ordoñez—, una pinceladita de buenas acciones por aquí y un baldado de mermelada por allá, para que resalte en algo la política y en mucho la politiquería, hay que pintar pintando y gobernar chamboneando… Y poco a poco, sin darse cuenta, la pintura de la paz se ha ido desdibujando y se convierte en guerra, pues así se llegue a firmar el dicho acuerdo con el tal grupito guerrillero, la chambonada continúa y producirá iguales o mayores daños, deformidades y desproporciones en el rostro, ya simiesco de por sí, de esta caricatura de nación. En definitiva, volvemos al origen de la causas de la guerra y se aleja la paz que tanto anhelamos todos los colombianos para nuestra patria querida.

El mono pintor (1833), Alexandre-Gabriel Decamps

Nota al margen: este mismo ejercicio pictórico podría extenderse a otros artistas del poder local. A continuación, unos ejemplos, apenas bocetados, de cómo otros actores del país político, podrían ver la pintura completa de la paz, tal vez los lectores puedan ampliar y mejorar el repertorio (incluido el del Gobierno Santos):

Las FARC:

Tas ponchao (2013), autor desconocido, performance colectivo.

El Ejercito:

Los tres soldados (1984), Frederick Hart, monumento figurativo y representacional al heroismo de los soldados en la Guerra de Vietnam.

Alejandro Ordoñez:

Cristo conservador se eleva sin cruz al cielo azul, sí, azul, lejos de la sodoma comunista y la gomorra eyaculatoria de las ideas libertinas (2013), Ramón Vásquez.

Álvaro Uribe:

Fiesta nacional (2006), Álvaro Uribe y Fernando Botero. Pintura, performance, donación-subasta…

Gustavo Petro:

El Chamán (2013), Luis Luna + Bolívar, entre el amor y la muerte (2013) (Sebastián Ospina) Pintura, escultura, atril, balcón, performance (Sala Libertador —antes Salón Jiménez—, Palacio Liévano)

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Recordar es vivir… más reseñas de Santos y cultura:

Santos: el presidente peliculero

Santos: goles, balas, culos y tetas

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Enrique Peñalosa fue el primer candidato que se inscribió a la consulta verde, pero ahí muchos no lo quieren. Foto: Laura Rico

Buena parte del ala progresista de la Alianza Verde que no se siente representada por Enrique Peñalosa por considerarlo una ficha del uribismo, se va a mover para ponerle palos a la rueda de su aspiración a la candidatura presidencial por ese partido. El problema es que, sacando a su mayor elector, podrían terminar haciéndose el harakiri.

Cuando -en contra de su voluntad- el Partido Verde selló la fusión con el Movimiento Progresistas que dio paso a esa Alianza, el exalcalde se había anotado un hit al lograr que esa nueva unión definiera la consulta como mecanismo para elegir candidato presidencial, pues eso reducía las opciones viables a él y Antonio Navarro. Con Navarro como cabeza de la lista al Senado, Peñalosa es la única carta poderosa que de lejos le ganaría esa elección a los otros precandidatos: los senadores John Sudarsky y Camilo Romero. 

De manera oficial, las movidas de ese grupo de progresistas comenzaron esta tarde, en la reunión de la Dirección Nacional de la Alianza que arrancó a la 1.

Pero el asunto viene ventilándose en encuentros de carácter más informal, que se han dado a lo largo de esta semana entre miembros progresistas de la Alianza Verde. El más reciente fue esta mañana en la sede del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y a él asistieron, entre otros, la parlamentaria andina Gloria Flórez, el precandidato presidencial Camilo Romero, los concejales Yezid García, William Moreno y Diego García, y Sonia Veloza, candidata a la Cámara y cercana al secretario de Desarrollo Económico de Bogotá Carlos Simancas.

La Silla supo que en el encuentro de esta tarde varios progresistas argumentarán que Peñalosa no ha cumplido con los 11 puntos del acuerdo programático que selló la unión verde-progresista, y que por lo tanto no sería un candidato de unidad por mucho que gane la consulta.

Puntualmente, dirán que Peñalosa le ha hecho oposición al alcalde Gustavo Petro (el jefe y fundador de los progresistas) y que, precisamente, uno de los puntos del acuerdo era apoyar al mandatario.

En palabras sencillas, buscarán sacar del juego a Peñalosa cuestionando su lealtad a los principios del recién nacido partido.

¿Con qué fin? Una fuente progresista le dijo a La Silla que la parte del progresismo que quiere hacerle zancadilla a Peñalosa tendría en mente dos opciones: una, darle impulso a la aspiración de Camilo Romero, que es el candidato que más le gusta a Petro. Y dos, proponer una consulta interpartidista con Aída Avella, candidata presidencial de la UP, con quien por ser de izquierda sienten mucha más cercanía.

Camilo Romero es el precandidato del progresismo en la consulta y constantemente se reúne con el Alcalde Petro. Foto: Juan Pablo Pino

El senador John Sudarsky es defensor de la consulta y anda en campaña por todo el país. Foto: Juan Pablo Pino

Según esa fuente, también hay un grupo de progresistas que sí es partidario de que Peñalosa esté en la consulta, pero previas exigencias de apoyo a Petro y a todo el acuerdo programático de la Alianza Verde.

La Silla no pudo precisar a ciencia cierta quién está en uno u otro bando en el progresismo, pero sí hablamos con varios progresistas que declararon que los tres precandidatos presidenciales deben respetar los 11 puntos del acuerdo que incluyen no sólo el respaldo a Petro, sino también al proceso de paz y la defensa de lo público.

Por ejemplo, la concejal Diana Alejandra Rodríguez nos dijo que “sin duda, Peñalosa ha incumplido” la concertación política de la Alianza porque, por ejemplo, “es un defensor a ultranza del modelo concesionado de la educación, cuando el progresismo defiende lo público”. A título personal, Rodríguez agregó que ella nunca le haría campaña a Enrique Peñalosa y que él sería una carta uribista en las presidenciales. Esa preocupación la comparten otros progresistas.

Por su parte, el también concejal progresista William Moreno reconoció que “efectivamente este tipo de preocupaciones (el cumplimiento al acuerdo programático) se han expresado en reuniones”, pero advirtió que “no hay una decisión unificada del progresismo”.

“Algunos en el progresismo creen que no cumplir lo pactado es un punto complicado, pero no le puedo anticipar una decisión”, agregó el concejal Moreno.

Consultada, la parlamentaria andina Gloria Flórez dijo que no le revelaría nada a La Silla y que el tema de la consulta podría definirse esta tarde cuando la Dirección Nacional de la Alianza Verde en pleno lo plantee. “Lo que sí le digo es que uno de los puntos esenciales es que los precandidatos apoyen el programa nuestro y las decisiones tomadas en el congreso de la Alianza, incluyendo el respaldo a Petro”, remató Flórez.

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Antonio Navarro, según supo La Silla, no se ha metido en el tema de la consulta. Foto: Juan Pablo Pino

Antonio Sanguino, copresidente de la Alianza, apoya la candidatura de Peñalosa. Foto: Juan Pablo Pino

Sacar o intentar sacar a Peñalosa de la consulta de la Alianza Verde sería un harakiri por parte de los progresistas. Son tres las razones para afirmarlo.

Primero, porque un grupo dentro de la Alianza Verde se iría contra el candidato más viable que tiene el partido para las presidenciales, como lo demuestran los números: Peñalosa sacó en 2010 alrededor de 500 mil votos en la consulta del Partido Verde, mientras que Sudarsky y Romero -mucho menos conocidos- sacaron a Congreso 32 mil y 44 mil votos, respectivamente.

Segundo, los votos de Peñalosa en la consulta podrían sumarse a la lista al Congreso de la Alianza Verde, debido a que ambas elecciones se harían el mismo día. Y eso sería una ayuda clave para el partido en momentos en los que todas las colectividades pequeñas penden de un hilo por el aumento del umbral (todos los partidos deberán sacar alrededor de 450 mil votos a Congreso para poder mantener su personería jurídica y no desaparecer).

Y tercero, sacar a Peñalosa de la Alianza sería graduarlo como uno de los jefes de la oposición a Petro, que podría mover votos en su contra en la revocatoria, por ejemplo. Mientras esté en la Alianza Verde, Peñalosa está obligado a no apoyar la revocatoria a Petro.

Eso sin contar cómo podría caer en la opinión pública una eventual zancadilla del progresismo a Peñalosa que, desde que se selló la Alianza, ha trinado “críticas de carácter técnico a la Administración de Bogotá", como él mismo dice, sin apoyar abiertamente la revocatoria.

Advirtiendo que no conoce detalles de las movidas de los progresistas, Antonio Sanguino -copresidente de la Alianza Verde- dijo que “cualquier veto a Peñalosa rompería el partido”.

Mientras que el mismo Peñalosa le dijo a La Silla que a él le habían dicho que habría consulta y que, en cualquier caso, sacar a alguien de un partido no es tan fácil pues es uno de los derechos básicos contemplados en la Constitución.

El desenlace de esta historia comenzará a darse a fines de esta tarde, cuando culmine la reunión de la Dirección Nacional en la que tendrán la palabra los tres precandidatos presidenciales verdes y seguramente se oirán críticas y contraargumentos. Esa colectividad tiene hasta el 7 de febrero para notificarle a la Registraduría los nombres de los aspirantes que irán a la consulta. Ese día se sabrá si estará el de Enrique Peñalosa.

Siempre en época electoral, antes de Ley de Garantías - que empezó a regir el pasado 26 de enero -, el número de contratos de prestación de servicios se multiplica dentro de las entidades públicas. El número de contratistas es proporcional al poder burocrático de los dueños del poder allí. Este año no fue la excepción y la Alcaldía de Bucaramanga sobresale porque batió sus propios records y está lejos de sus pares.

Entre enero 7 y enero 24 de este año la Alcaldía de dicho municipio celebró 1912 contratos directos que suman 27.724 millones de pesos. Restándole a esa cifra contratos de arrendamiento de inmuebles y otros con organizaciones para distintos proyectos, se cuentan más de 1880 contratistas para los próximos meses que le costaron a la ciudad más de 26 mil millones de pesos provenientes de recursos para inversión. Hay de todo: abogados, comunicadores, zootecnistas, financieros, contadores, especialistas en recurso humano, administradores de empresas, y asesores y personal de apoyo en cualquier cantidad de temas. Con esto el Alcalde tiene montada una nomina paralela seis veces el tamaño de la nomina oficial que es de 300 personas según la Contraloría local*.

En comparación con otras Alcaldías similares del país, la de Bucaramanga fabrica muchos más contratos. En el mismo periodo de tiempo Medellín sólo celebró 55 contratos de prestación de servicios que suman alrededor de 3000 millones. En Barranquilla sólo se cuentan 47 contratos de este tipo por 1724 millones de pesos. En Pereira se firmaron un poco más de 760 por un valor total cercano a los11 mil millones.

Así, el Alcalde liberal de Bucaramanga ‘Lucho’ Bohórquez’ está jugando con fuego.

No sólo rompió el record preelectoral de su antecesor Fernando Vargas, que en 2011 estuvo en la palestra pública porque su administración contrató 708 profesionales antes de ley garantías por 9.737 millones de pesos. También ignora un control de advertencia que la Contraloría Municipal le hizo en Junio de 2012, precisamente por el uso excesivo de estos contratos que trasladan la función pública a particulares y desvían la inversión a gastos que en la practica son de funcionmiento.

En su momento, la Contralora Magda Amado le pidió que hiciera los ajustes necesarios a la nomina después de que la prensa local denunciara que en los primeros seis meses de la Alcaldía de Bohórquez se habían firmado más de 1000 contratos de esta naturaleza, entre los que había 111 asesores jurídicos.

*Esta nota fue complementada después de publicada

Por Jorge Alberto Parra Norato  (@JParraNorato)

Hace pocos días entró en vigencia el nuevo código penitenciario con la pretensión de reducir los problemas estructurales del sistema carcelario y penitenciario del país. El problema más visible es el hacinamiento, y una de sus grandes causas es la criminalización desproporcionada de los delitos de drogas. ¿Qué dice el nuevo código al respecto?

Según el INPEC, el país terminó el 2013 con un total de 120.032 personas recluidas en centros penitenciarios que cuentan con una capacidad máxima de 76.066 cupos. Cerca del 15 % de esas personas se encuentra privada de la libertad por haber cometido el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conducta que se ha mantenido desde hace al menos diez años dentro de las cuatro modalidades delictivas de mayor participación en las dimensiones de la población reclusa en Colombia.

Al respecto Dejusticia realizó una investigación en 2010, que fue publicada nuevamente el año pasado, en la que se estudió el impacto de los delitos relacionados con drogas en el sistema penitenciario. Este estudio permitió concluir que la gran mayoría de personas recluidas por actividades relacionadas con estupefacientes entre 2007 y 2009 no tuvo una participación importante en las redes del narcotráfico, pues tan solo el 2 % de ellas fueron procesadas en concurso con otros delitos como el concierto para delinquir o el porte ilegal de armas.

Por el contrario, lejos de ser grandes capos de la droga, la mayor parte de estas personas son tan solo eslabones débiles del negocio que se caracterizan por no estar involucrados en actividades violentas, no recibir grandes sumas de dinero , ser reemplazados con facilidad tras ser capturados y, en un buen número de casos, vivir en condiciones socioeconómicas problemáticas. Sin embargo, en la actualidad cumplen penas de prisión de entre 5 y 30 años y contribuyen significativamente a elevar las tasas de hacinamiento carcelario.

Ante esta realidad, que ha sido igualmente identificada en el informe de la OEA sobre el problema de las drogas en las Américas (2013) y en el informe de la Comisión Asesora de Política Criminal (2012), la reforma del código penitenciario era una oportunidad de oro para reducir el impacto de los castigos desproporcionados de los delitos de drogas en las tasas de hacinamiento.  

Sin embargo, la reciente Ley 1709 dice muy poco sobre la población reclusa por delitos de drogas. El único cambio potencialmente positivo introducido por el nuevo código es la posibilidad que ahora tienen las personas condenadas por actividades que involucran pequeñas cantidades de estupefacientes de cumplir la segunda mitad de la pena en su lugar de residencia  (Art. 28). De igual manera podrán acceder a la libertad condicional (que ahora procede al cumplir 3/5 partes de la pena) y a la sustitución domiciliaria de la detención preventiva como lo venían haciendo desde la ley anterior.

Pero este código también incluye un cambio problemático que no guarda coherencia con la realidad carcelaria anteriormente retratada: incluye indistintamente a todos los “delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones” dentro de la lista de las conductas que por su inmensa gravedad son excluidas de acceder a los beneficios y subrogados penales (Art. 32). Aunque esta medida sea razonable para los miembros de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, el riesgo está en extenderla a los eslabones débiles de la cadena de la droga que, como se mencionó, no son peligrosos, constituyen la inmensa mayoría de la población condenada por este tipo de actividades e impactan significativamente las tasas de hacinamiento.

En pocas palabras, para el nuevo código penitenciario todas las personas que tengan alguna relación con una actividad que involucre drogas ilícitas deben cumplir su pena en prisión sin importar si se trata de campesinos cocaleros, pequeños expendedores de marihuana o grandes capos de las mafias del narcotráfico. Ante la poca atención que recibió la evidencia empírica existente no habrá cambios en la desproporcionada penalización de los delitos de drogas y muy seguramente poco se avanzará en la superación del hacinamiento carcelario del país.

Cuando se comprueba que Colombia se encuentra catalogada, y desde hace muchos años, como uno de los peores países del mundo en materia de educación, lo que en la práctica significa que nuestra principal riqueza se ha dilapidado condenando al fracaso a generaciones enteras, la ministra del ramo opina que el asunto es un campanazo de alerta. Por favor! (Y la que por años estuvo al frente del sector es premiada con la rectoría de una universidad privada).

Cuando desde hace muchos pero muchos años cientos de miles de presidiarios se lamentan por el hacinamiento al que los someten en las cárceles y se producen catástrofes como la del reciente y fatídico incendio en Barranquilla, el ministro del ramo opina que el asunto es como una bomba de tiempo. (No, ministro. La bomba le está explotando en las manos).

Cuando para hacer efectivo su derecho a la salud miles de colombianos tienen que recurrir a la tutela, mientras se enriquecen las EPS  y la reforma sectorial no avanza a causa de los vicios, triquiñuelas y argucias habidos y por haber de parlamentarios, ex ministros, empresarios… y se anuncia el ajuste a la tutela.

Cuando Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad,  la mayor concentración de tierra, la mayor concentración del ingreso. Cuando se hace poco para garantizar el derecho a estar bien informados, cuando el suministro de agua potable sigue siendo un problema en muchas partes, cuando la explotación minera destruye los páramos que nos garantizan el agua, cuando se trafica con la reforma a la justicia, cuando en un país de tanta pobreza el sector financiero reporta año tras año utilidades vergonzosas, cuando no se solucionan las demandas de los campesinos del Catatumbo, ni de los paperos, ni los caficultores…...etc …etc..

Cuando todas esas cosas pasan a espaldas de un congreso, el mismo congreso que se reinventa año tras año, al que de nada le valen las protestas, los paros, los reclamos... Los senadores y representantes van y vuelven.

Ahora llega Serpa, el padre, a renovar el partido liberal tomado por los hijos de los expresidentes. Serpa, el hijo, se encargaría del Concejo de Bogotá. Samper, el padre, dictando cátedra en todos los medios de comunicación. Samper, el hijo, en el gabinete de Santos. Galán, sus hijos todos, incluido el que entregó las llaves a Gaviria, el padre, cuando el atroz asesinato, repartidos en cuanto movimiento liberal exista. Ahora Gaviria, el hijo, en la presidencia del partido liberal. Ahora Gerlein, ahora los Guerra de la Espriella, los hermanos Yepes,  ahora José Obdulio, ahora Uribe. Ahora todos los mismos de siempre. Ahora ellos y sus hijos. Ahora Telésforo Pedraza….ahora Martha Lucía. Poco o nada  han hecho ni harán, éstos y los demás señores, por cambiar o mejorar las cosas en el país. ¿Querrán legislar por la paz que se avecina?  Absolutamente no. 

Pero existe todavía una sola cosa de la que       nosotros, los ciudadanos común y corriente, podemos echar mano para hacer efectiva nuestra protesta contra la clase dirigente del país y sus partidos, que nada hacen para lograr el bienestar de la mayoría: el voto en blanco. Porque estamos hartos de que se diga e insista que acá existe una verdadera, antigua y estable democracia,   aunque no funcionen las cosas.

Así que con el voto en blanco nos obligamos a un cambio absoluto, total, de nombres yy fihçguras de la clase dirigente del país. Peor no podemos estar.

Y es que el artículo 258 de la Constitución establece que si del total de votos válidos los votos en blanco constituyen la mayoría, deberá repetirse por una sola vez la votación. Y si se trata de las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

Claro que el triunfo del voto en blanco podría significar el sacrificio de pocas aunque valiosas figuras políticas, cuyo trabajo es menester reconocer: el del liberal Guillermo Rivera del Putumayo y sus valerosas, infructuosas y solitarias denuncias sobre la fumigación de cultivos ilícitos en su departamento y en Colombia. Jorge Robledo, Iván Cepeda, Camilo Romero, Ángela María Robledo, Wilson Arias. Escasa lista que ahora enriquecerían el profesor y ex magistrado Rodolfo Arango y  Claudia López.  Pero ¿será acaso que esta escasa decena de ilustres hombres y mujeres podrán concretar algo en contra de la brutal y unificada maquinaria liberal-conservadora-uribista-pastranista? Lo dudo mucho. Porque si los movimientos y grupos a los que estos personajes pertenecen no logran abrigarlos con oportunas e inteligentes propuestas que nos hagan ver que la oposición también puede lograr puntos de encuentro en pro del bienestar de la mayoría, pues que se los trague también a ellos el voto en blanco!

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Con prácticamente el mismo equipo con el que ganó su primera elección, Santos arranca su segunda campaña que va principalmente tras los indecisos para ganar en primera vuelta.

Esta semana arrancó en forma la campaña de reelección de Juan Manuel Santos después de que el partido de la U le diera su aval como candidato. Será una campaña montada sobre los hombros de los partidos de la Unidad Nacional.

De ahí la importancia de la reunión de ayer del Presidente con los directores de los partidos que apoyan la reelección. Santos les garantizó a Simón Gaviria, jefe del Partido Liberal, a Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, y a Sergio Díaz Granados, de la U, que la interlocución sobre la campaña sería directamente con él y con Roberto Prieto, el gerente de la campaña. En otras palabras, que no sería con Germán Vargas Lleras, quien genera resistencias entre los rojos y los de la U porque creen que al final el exministro terminaría trabajando en beneficio de su partido Cambio Radical.

Vargas Lleras dejó la Fundación Buen Gobierno para convertirse en el director del comité estratégico de la campaña de Santos. Foto: Juan Pablo Pino

El polémico estratega JJ Rendón asesorará nuevamente a Santos. 

El gerente de la campaña, Roberto Prieto, estará a cargo de los asuntos tácticos de la campaña. Foto: Juan Pablo Pino

Vargas Lleras será el director de un comité estratégico, que en principio definirá las líneas estratégicas de la campaña y en el que participarán todos los que formaban parte de la Fundación Buen Gobierno (que vuelve a desaparecer).

El único que no participará en este comité es el general Naranjo, que esta semana puso a sonar su nombre como posible fórmula vicepresidencial de Santos. La Silla trató de averiguar si las declaraciones del ex comandante de la Policía al País de España sobre su disponibilidad y deseo de ser el segundo de Santos habían sido de su cosecha o parte de una coreografía puesta en escena desde Palacio de Nariño.

Ninguna de las fuentes consultadas lo sabía con certeza. Pero dos funcionarios del gobierno y un aliado político suponían que venía de Presidencia con un triple objetivo: poner a los medios a hablar de esto y no del rechazo de los azules a la reelección; medir la reacción de la opinión pública a este nombre; y sobre todo, abrir el abanico de candidatos para que Vargas Lleras no resultara la única opción.

La línea oficial es que si el Presidente sabe a quién escogerá como fórmula vicepresidencial aún no se lo ha hecho saber a nadie.

Lo que sí es un hecho es que el estratega de la campaña será nuevamente JJ Rendón, quien asesoró a Santos en la pasada elección. 

Aunque todavía falta concretar el acuerdo, la decisión, según le contó el gerente de la campaña Roberto Prieto a La Silla, la tomó él después de revisar fríamente 12 criterios. Uno de ellos fue qué problemas podría generarle a Santos con el gobierno venezolano tener a un asesor que es odiado a muerte por el chavismo. Pero al final pesó más que Rendón conociera bien a Colombia, que tuviera un equipo capaz de encargarse de varios asuntos de la campaña y sobre todo, que ya hubiera tenido éxito ayudándole al Presidente y a los de la U a ganar en el 2010.

Como lo contó La Silla hace meses, JJ ya está asesorando al partido de la U y a un puñado de candidatos de ese partido, y ahora también trabajará con el presidente-candidato. Con su llegada quedaron descartados los asesores gringos que trabajaron en la anterior campaña y que a la postre también terminaron siendo reemplazados por Rendón cuando Mockus se convirtió en un rival peligroso para Santos.

Prieto no quiso revelar cuál sería la estrategia de campaña ni tampoco alrededor de qué mensaje giraría. Pero de los últimos discursos del Presidente, es fácil inferir que el proceso de paz y la necesidad de que él esté al frente para que las negociaciones lleguen a feliz término será un eje central de su mensaje.

En la campaña de Santos creen que podrían ganar en primera vuelta y se han planteado como principal desafío seducir al 30 por ciento que hoy dice en las encuestas que no sabe por quién votar o que lo haría en blanco.

¿Cómo se proponen conseguirlo? Prieto tampoco quiso hablar de eso. Pero lo que sí es claro es que la campaña estará armada sobre los hombros de los partidos de la Unidad Nacional.

Para los santistas, derrotar a Uribe en las elecciones de marzo es el primer gran objetivo porque saben que los resultados del Congreso marcan la pauta en las presidenciales y un éxito arrollador del expresidente le daría un impulso importante a su candidato, ya sea Óscar Ivan Zuluaga o Martha Lucía Ramírez, o a la fórmula en la que vayan ambos.

“El desafío es fortalecer los partidos, inclusive trabajando conjuntamente”, explicó Prieto a La Silla. “El objetivo es que su sumatoria sea tan contundente que los resultados del Centro Democrático queden en su justa proporción”.

Este propósito es tan fuerte y tienen tan claro que necesitan que estos partidos ayuden a potenciar la campaña de reelección, que el ex embajador en España y amigo cercano de Santos Orlando Sardi estará dedicado principalmente a recaudar fondos para las campañas legislativas de estos tres partidos.

Para la campaña de Santos, en cambio, están pensando que quizá lo mejor sería no buscar donaciones. El raciocinio que se están haciendo es el siguiente: el tope de la campaña son 13.600 millones de pesos y el anticipo son 8 mil millones. Para conseguir la diferencia por reposición de votos, necesitarían sacar 2,5 millones de votos, una cifra relativamente fácil.

De esta forma evitarían el riesgo de que alguien polémico les done plata y se quitarían de encima las suspicacias de los periodistas. En la campaña pasada, como lo contó La Silla, los dueños de Interbolsa, por ejemplo, fueron grandes donantes de Santos.

En todo caso, el grueso de la financiación de una campaña ocurre antes de que se inscriba el candidato y tenga que comenzar a reportar las donaciones. Además, un presidente en ejercicio tiene un gran acceso y gratis a la televisión, que es lo más costoso en una campaña. Les basta con poner a rodar una historia como la declaración del general Naranjo para cambiar en un segundo la agenda mediática a su favor.

En la campaña todavía no saben cuándo se inscribirá oficialmente Santos como candidato. Hay un debate sobre si es mejor hacerlo pronto o esperar a la fecha límite. En todo caso, antes de hacerlo tienen que anunciar el vicepresidente, y este será el primer test para la ‘unidad’ de la Unidad Nacional que respalda la reelección..

Aunque ayer el Ministerio de Hacienda había dejado entrever que posiblemente no estarían listos los recursos que se necesitan para la revocatoria al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hoy la entidad volvió a pronunciarse para decir que le girará a la Registraduría 35 mil millones de pesos para invertir en esta jornada. Así las cosas, la revocatoria a Petro parece lo único claro en el mar de dudas jurídicas que se ha generado luego de que la Procuraduría destituyera al mandatario.

Anoche en el Park Way, Petro participó en un acto de lanzamiento de la campaña de los petristas a favor del NO en la revocatoria. Entre las opciones de la abstención y el NO, el Alcalde eligió jugársela por la segunda que lo deja corriendo el riesgo de que la revocatoria alcance el umbral. Lo que no se conoce aún al respecto es la petición que le hizo Petro a los miembros de su Movimiento Progresista en el sentido de que quiere que le ayuden a sacar un millón de votos por el NO.

"La orden de Petro es un millón de NOs, así lo dijo esta semana en una reunión que hubo en la CGT (Confederación General de Trabajadores)", le contó a La Silla una fuente de Progresistas.

Para que la revocatoria pase, necesita alcanzar un umbral de 1.234.214 votos mínimos. Entre el sí y el no, gana el que saque la mitad de los votos válidos más uno. Un millón de votos a favor del NO sería un mensaje contundente del petrismo y de la ciudad para el Procurador que destituyó al Alcalde. Se trata de una meta bastante ambiciosa teniendo en cuenta que cuando salió elegido Petro sacó 723 mil votos y que esa vez un millón 100 mil personas no votaron por él.

Habrá que ver si su disparada en las encuestas de estos días le alcanza al mandatario para tener su millón de amigos que le digan que no a su salida del Palacio Liévano.

Los debates para las elecciones presidenciales comenzarán por muy temprano en marzo, pero los candidatos podrían tener un primer 'fogueo' a finales de febrero con uno de los temas más polarizadores en el país: la minería.

El Sector de la Minería a Gran Escala (Sgme), el gremio que lidera Claudia Jiménez y que reúne a las 13 grandes mineras que operan o quieren operar en el país, está organizando una mesa redonda -durante su congreso anual este 20 y 21 de febrero en Cartagena- en la que espera reunir a todo el ramillete de candidatos para discutir el impacto social de la minería y su rol en el desarrollo nacional.

La Silla supo que ya Clara López confirmó que estará y se espera una respuesta de Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván Zuluaga y Aída Avella, así como la del muy probable candidato verde Enrique Peñalosa. Con ellos también están invitados tres 'no candidatos' que lideran partidos políticos que están con Santos o que jugarán un papel crucial en las elecciones: Simón Gaviria por los liberales, Carlos Fernando Galán por Cambio Radical y Germán Vargas Lleras por la Fundación Buen Gobierno.

El presidente-candidato Juan Manuel Santos, que el año pasado había confirmado que cerraría el Congreso y luego se excusó (pese a estar en Cartagena ese mismo día, como contó La Silla, inaugurando el festival de cine), no estará sentado en esa mesa con sus rivales pero sí inaugurará el congreso ese mismo día por la mañana.

Hoy es un día inusual para la Corte Constitucional, que tiene en sus manos un caso tan complejo que tres de sus magistrados -Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio- están haciendo una audiencia en plena selva amazónica. Allá buscan pruebas para determinar si tiene razón la asociación indígena que interpuso una tutela contra la creación del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis alegando que nunca la consultaron o la que lideró el proyecto de la mano de Parques Nacionales.

Como contó La Silla, en el centro de esta disputa está la minera canadiense Cosigo Resources, que se niega a renunciar a un título minero de 2 mil hectáreas que tiene su presidente para América Latina -Andrés Rendle- dentro del parque, pese a que la Constitución le prohibe explotarlo.

El problema es que si la tutela tumba la creación del parque, el título de Cosigo podría ser explotado. Eso a pesar de que Parques Nacionales y la Agencia Nacional de Minería han intentado que renuncie al título e incluso lo demandaron en diciembre, dado que la minera canadiense se niega a renunciar voluntariamente a él debido al potencial aurífero que tiene esta zona del Escudo Guyanés y porque lo consideran un derecho adquirido. 

Por tratarse de un parque que protege 10.557 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica y que es el segundo más grande de Colombia (solo detrás de Chiribiquete), muchos ven el caso como la prueba ácida de la minería en la Amazonía.

En la región se habla de una relación entre Cosigo y la asociación demandante, pero ambos lo niegan. Sin embargo, La Silla encontró un blog antiminero canadiense en el que alguien que firma como Benigno Perilla Restrepo defiende a Cosigo. El asunto es que ése es el mismo nombre del ex inspector de Policía que se instaló en la zona y lidera la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava), que presentó la tutela tras declararse en disidencia de Aciya (la asociación que solicitó al Gobierno proteger esta pata del sur del Vaupés). 

Al final de la nota, que acusa sin pruebas a Cosigo de estar relacionada con el asesinato de indígenas, Perilla defiende a la minera: “estamos en dialogos amenos con la multinacional y en ningun momento se nos han violado los derechos humanos, es más esta multinacional ha traido médicos a nuestras comunidades y tambien trajo utiles escolares para nuestros niños”.

Y remata concluyendo que “lo triste de todo esto es que mientras el gobierno decide si se hace un proyecto de exploración social y ambientalmente responsable, la minería ilegal gana terreno y eso si deja miseria y problemas ambientales”.

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​​Por estos días se ha dicho que el presidente Juan Manuel Santos se realizó una cirugía dirigida a dar una apariencia más joven a sus párpados. En ese contexto alguien dijo –además- que el presidente ocultaba sus canas pintándose el pelo y otro interrumpió para decir que eso era un asunto baladí que no valía la pena comentar. La vanidad ha sido uno de los rasgos de personalidad del Presidente más resaltados desde hace años.

Dicen que la operación no solamente fue por razones estéticas, sino que se trataba de un tema de funcionalidad porque el problema llegaba hasta dificultarle ver. Es obvio que –en ese rasgo de la “personalidad colombiana” de mamarle gallo a todo- ya muchos han dicho que la operación se volvió urgente después de la famosa expresión que “el tal paro no existe”.

Santos siempre luce impecablemente vestido, se le nota cómodo en escenarios elegantes y le gusta estar rodeado de personas con esos mismos rasgos. Por ejemplo, mucho se ha comentado sobre el origen social de los miembros del gobierno. Los intelectuales y estudiosos de los fenómenos políticos suelen despreciar el tema de qué tanto influye la personalidad del gobernante en sus decisiones y desempeño, pero está claro que resulta determinante y lo que es más importante resulta decisiva a la hora de que los electores escogen por quien votar.

Los franceses e italianos han tenido que sufrir las veleidades machistas de sus últimos gobernantes y la calificación sobre Sarkozy, Hollande o Berlusconi está más asociada a su comportamiento en la vida privada que a su gestión como gobernantes. Los tres profundamente vanidosos. Allá también discuten si es importante o no hablar de eso.

Pero claro que ese es un factor determinante en la política. Mucho del éxito electoral de un candidato está dado por la manera como la gente lo percibe. Claro influye la ideología, lo que representa, pero la decisión última depende de la valoración que el ciudadano hace de los rasgos del personaje. No cabe duda que, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, no sólo no despega, sino que se hunde en las encuestas porque es percibido como falto de carácter. Siempre al lado de Álvaro Uribe con cara de regañado, como dando una lección frente a un profesor autoritario (rasgo importante de la personalidad del ex presidente).

A las mujeres les ha sido más difícil tener éxito en la política electoral porque en países con tradición machista sus rasgos de personalidad suelen ser calificados en forma más dura que los de los hombres. Se ha dicho que una mujer que alza la voz es una “vieja histérica” y que si lo hace un hombre “denota carácter”. De Marta Lucía Ramírez se ha subrayado su rigidez mental. Se le critica que habla largo y que no parece tener buen sentido del humor.

En las escalas de rasgos que usa la psicología para medir la personalidad de Ramírez se diría que es fuerte y segura, dedicada al trabajo, no artística, irritable, auto disciplinada, puntual. Sus asesores tendrán que trabajar más que en su propuesta política en cómo evitar ser calificada como una “vieja intensa”.

Santos es persistente, lo fue para llegar a la Presidencia, que fue un objetivo que se trazó según cuentan quienes lo conocen de cerca desde casi niño. Las encuestas y las apuestas no le favorecían, pero él se empeñó en hacer lo que tocaba, lo que convenía con sus asesores y lo hacía con dedicación.

Parte del éxito de Uribe es que su personalidad transmite elementos que a muchos electores les gusta. Por ejemplo, el 'trabajar, trabajar, trabajar' denotaba un hombre abnegado, disciplinado y dedicado, algo que los electores valoran mucho. Atento a los problemas así no los solucionara. Ese rasgo de personalidad se expresaría por ejemplo en cómo enfrentar un atentado como el de Pradera de hace un par de semanas. Allá hubiera llegado. Santos en cambio no fue y Zuluaga llegó pero parecía mandado. El candidato uribista es tímido y eso lo transmite. Como que le da pena. Ahora ese día en Pradera, tenía muchas razones para darle pena hacer la tarea que le habían mandado a hacer.

Hay quienes dicen que a mucha gente le gusta Uribe porque expresa esa especie de padre protector que es ansiado por muchos y a otros les molesta por lo contrario, porque refleja un padre autoritario, casi del estilo de la mamá de Helenita Vargas, según muestra la muy exitosa serie La Roca de Oro que por estos días exhibe el Canal Caracol.

De los presidentes de Colombia casi siempre cuando la gente en una conversación informal los recuerda lo hace a través de los rasgos de personalidad que la gente dice haber percibido y que se convierten en la imagen pública del personaje: de César Gaviria, calculador, frio y distante; de Samper hablador, dicharachero y mentiroso; de Pastrana superificial, indiciplinado y hedonista; de Uribe rígido y autoritario; de Santos vanidoso y “quedabien”.

Claro eso también tiene su lado positivo: de Gaviria calmado y con total control de sus emociones; de Ernesto Samper cercano y afable; de Andrés Pastrana sociable y generoso; de Uribe trabajador y disciplinado; de Santos conciliador y persistente.

Todos, todos los días nos la pasamos aplicando al ojo el test de personalidad y aplicando el cuestionario de los cinco factores NEO PI que usan los psicólogos para identificarnos. En campaña electoral es básicamente eso lo que hacen los electores, o ¿alguien ha leído las 16 paginitas que después de mucho pensar le entregó la Fundación Buen Gobierno a Santos como las líneas de su programa para la reelección?

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Los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio hicieron una audiencia pública este viernes en medio del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el segundo más grande de la Amazonía

Este viernes la Corte Constitucional hizo una audiencia pública en plena selva amazónica para intentar resolver una compleja disputa ambiental que lleva tres años en veremos. Apenas arrancaba esa audiencia convocada por los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio cuando, para sorpresa de todos los presentes, el líder de la comunidad indígena que tiene entutelada la creación del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis -con el argumento de que no los consultaron previamente- hizo una confesión que ninguno anticipaba.

Benigno Perilla, el líder de la demandante Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava), admitió públicamente que su estrategia legal fue organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources, que tiene un título minero dentro de este parque en el Vaupés y que no puede explotarlo mientras el área permanezca protegida.

Esta confesión espontánea de la relación entre Cosigo y Acitava, que se rumoraba en la región pero de la que no había ninguna evidencia, le dio un giro dramático al caso -que aún debe fallar la Corte- y terminó juntando en una sola novela lo que en principio parecían dos tramas diferentes. Y podría ser decisiva en un caso que, como contó La Silla, es visto en el sector ambiental como la prueba ácida de la política minera en la Amazonía.

El caso del que depende la existencia del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis llevaba tres años en el despacio del magistrado Gabriel Mendoza, que organizó la audiencia en la selva.

Para Martín von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas y uno de los mayores expertos en la Amazonía, el caso de Cosigo podría ser definitivo para la región y la minería.

Este mapa muestra los tres títulos de Cosigo Resources en el sur del Vaupés, incluyendo el del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis y otros dos en la zona rural de Taraira. Tomado de investigación de Diana Mendoza (Indepaz). ​

El Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, que protege 10.557 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica y es el segundo más grande de Colombia (solo detrás de Chiribiquete), viene enfrentando dos duras batallas legales desde su nacimiento en 2009.

Primero, porque Ingeominas le otorgó un título minero de 2 mil hectáreas en medio del parque a Andrés Rendle, presidente para América Latina de Cosigo, tan sólo dos días después de que el Yaigojé-Apaporis fuera creado. Aunque la Constitución le prohíbe explotar este título, uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, revocarlo ha probado ser igual de difícil y la minera 'junior' -que cotiza en la Bolsa de Toronto como casi todas las mineras de oro- se niega a renunciar a él.

Como contó La Silla, en octubre finalmente la Agencia Nacional de Minería -que dirige María Constanza García y que tomó las responsabilidades de titulación de Ingeominas- lo demandó.

Y por el otro lado está la tutela que amenaza la existencia del parque y que interpuso una comunidad que se declaró en disidencia de la Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé-Apaporis (Aciya), que fue la que originalmente le propuso al Gobierno su creación y que hoy ayuda a cuidarlo.

Esta tutela, que presentó el ex inspector de policía y líder Benigno Perilla en nombre de Acitava, fue negada en primera y segunda instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y luego fue seleccionada por la Corte para revisión. El caso es tan singular que el magistrado Gabriel Mendoza, después de tenerlo tres años en su despacho, decidió organizar una audiencia pública con todos los implicados dentro del parque.

Así surgió la reunión que se hizo en la maloka de Centro Providencia, un poblado makuna sobre el río Apaporis y en el punto más céntrico del parque.

En total, llegaron a este remoto poblado ribereño unas cien personas, incluyendo al viceministro de Ambiente Pablo Vieira (en reemplazo de la ministra Luz Helena Sarmiento, que se enfermó), la directora de Parques Nacionales Julia Miranda y delegados de Presidencia, la Procuraduría (que ha pedido revocar el título desde 2011), el Ministerio del Interior (que hizo la consulta) y la Defensoría del Pueblo. Allá les llegaron por el río representantes de las siete comunidades indígenas que viven en la zona, además de la Fundación Gaia Amazonas y del Fondo Patrimonio Natural que han trabajado con ellas.

La logística era tan compleja que los magistrados y funcionarios del Gobierno viajaron en avión militar hasta el pueblo de La Pedrera y allí agarraron un helicóptero hasta Centro Providencia, mientras los magistrados auxiliares y la avanzada de la Corte hicieron el viaje de seis horas en lancha y dos a pie unos días antes. Era la primera vez que un helicóptero aterrizaba en esta zona del Vaupés desde que hace dos décadas la primera dama francesa Danielle Mitterrand -esposa de François- visitó la misión médica de su compatriota Jean-Marc Fischer, que vivió 15 años en el Vaupés.

Aunque en principio los dos casos parecían independientes, sus efectos se traslapan. Si la Corte falla a favor de la comunidad indígena de la parte norte del parque y declara que no se les consultó, el Yaigojé-Apaporis dejaría de existir y esta zona del Escudo Guyanés solo quedaría protegida como un resguardo indígena. Eso significa que la prohibición para explotar el título que tiene Cosigo se caería.

Si eso sucediera y Parques Nacionales comenzara el proceso de declaratoria de nuevo, el título de Cosigo ya le precedería en el tiempo y se convertiría en un derecho adquirido. Por eso el caso es tan delicado.

Según cinco personas que estuvieron en la audiencia, apenas comenzaba la sesión Benigno Perilla le contó a los magistrados que la iniciativa de la tutela había sido de Cosigo y que la minera había pagado a los abogados que la interpusieron.

Cuando los magistrados le pidieron que les contara más sobre la relación con la minera, Perilla les contó que hace diez meses “partieron cobijas” tras darse cuenta -según él- de que Cosigo los estaba utilizando y que ellos ahora ya no querían minería en su territorio. Otras dos personas de Acitava le corroboraron a los magistrados que la comunidad había llegado a esa conclusión.

Perilla y Acitava siguen insistiendo en que no fueron consultados durante el proceso (algo que Aciya, Parques Nacionales y el Ministerio del Interior contradicen), pero en la práctica han cambiado de opinión frente al parque y están comenzando a trabajar en su cuidado con Parques.

De hecho, en las últimas semanas las dos asociaciones indígenas han venido limando sus asperezas y reuniéndose, por lo que varias de las personas consultadas anticipaban que durante la audiencia los de Acitava suavizarían su oposición al parque. Pero ninguna esperaba que Perilla inaugurara la sesión reconociendo de frente y por voluntad propia que habían estado aliados con Cosigo.

La Silla intentó contactar a los directivos de Cosigo tanto en Bogotá como en Vancouver -vía teléfono y correo electrónico- para conocer su versión de los hechos, pero dado que era fin de semana no fue posible. Apenas consigamos su versión de los hechos la incluiremos en la historia.

Parques Nacionales, que dirige Julia Miranda, llevaba tres años insistiéndole a las autoridades mineras -Ingeominas antes y la Agencia Nacional de Minería hoy- en la necesidad de revocar el título de Cosigo.

La Agencia Nacional de Minería, que dirige María Constanza García, finalmente demandó el título en octubre después de que Cosigo rehusara renunciar voluntariamente al título en el parque.

Este mapa muestra los tres títulos de Cosigo Resources en el sur del Vaupés, incluyendo el del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis y otros dos en la zona rural de Taraira. Tomado de investigación de Diana Mendoza (Indepaz). ​

El meollo del problema es que Yaigojé-Apaporis, la 'patica' que le sale al Vaupés en el sur, forma parte del Escudo Guyanés y tiene la particularidad, como contó La Silla, de ser al mismo tiempo la parte mejor conservada de la Amazonía -una zona de gran biodiversidad y relativamente aislada- y una geológicamente muy rica en minerales.

Por eso, el Gobierno la preseleccionó para ser parte del Sistema Nacional de Parques desde finales de los años setenta, solo que cuando ya estaba listo para declarar un parque nacional hacia 1996 las comunidades indígenas de la zona le dijeron que no les interesaba.

Esto cambió hacia 2005, cuando los indígenas se dieron cuenta de que había intereses mineros y buscaron a Parques Nacionales para proteger su zona. El cambio de opinión tiene que ver con el atractivo que tiene el llamado Cinturón de Oro de Taraira para Cosigo, que lo describe como “potencialmente uno de los mayores distritos auríferos no explorados del mundo” y lo compara con el Witwatersrand que jalonó el desarrollo de Sudáfrica a finales del siglo XIX.

“Nosotros teníamos la propiedad colectiva que nos daba el resguardo, pero eso sólo protegía un metro debajo del suelo -lo que usamos para cultivar- y no la profundidad del subsuelo. Y cuando la enfermedad viene del mundo blanco, como pasa con la minería, la medicina hay que buscarla ahí mismo. Por eso buscamos una alianza que pudiera salvaguardar el territorio y ahí fue que nació el parque”, cuenta el líder makuna Gerardo Macuna por 'compartel' desde Centro Providencia.

En particular les preocupaba la Serranía de la Libertad, un pequeño macizo montañoso que termina en una cascada con el mismo nombre (Yuisi en una de las lenguas locales), que es el símbolo del parque nacional y un lugar sagrado para varios de los siete grupos indígenas que viven allí. Precisamente, por tratarse de un lugar sagrado, obligaba al Gobierno a hacer una consulta previa tanto a la hora de crear el parque como de conceder el título minero, que se encuentra muy cerca. (Por eso, los magistrados sobrevolaron el raudal antes de la audiencia).

Así que entre 2007 y 2009 se llevó a cabo la consulta previa -para crear el parque- con los indígenas makuna, tanimuka, tuyuca, cabiyari, letuama, yauna y yujup-maku, gracias a una financiación de la Fundación Moore estadounidense y la Fundación Gaia Amazonas que lidera el etnólogo Martín von Hildebrand.

Pero entonces se dio una división entre las comunidades a ambos lados del Apaporis que conformaban Aciya y algunas del lado del Vaupés simplemente no volvieron a las reuniones (aunque hay evidencia en video de que alcanzaron a participar e incluso vocearon su oposición al parque).

Ya existían algunas dificultades entre ellas por la gestión de las transferencias enviadas al resguardo desde Bogotá, pero esas tensiones crecieron con el tema minero. Bajo el liderazgo de Perilla se creó Acitava y ésta presentó la tutela que ahora está en manos de la Corte Constitucional. Aunque por el momento el fallo del Consejo Seccional está en firme y por lo tanto el parque existe, todos están esperando que la Corte se pronuncie y ponga punto final a la disputa.

Cuando La Silla hizo un reportaje del caso, tres personas le contaron que Cosigo estuvo muy activo en ese proceso y que un funcionario de la minera recorría las comunidades en la misma época de la consulta previa, una injerencia no permitida legalmente que la minera siempre ha negado y de la que no había evidencia.

Hasta que Perilla la reconoció frente a los tres magistrados de la Corte que sesionaron en la selva  y que ahora tienen la última palabra.

Por: Catherine Rodriguez

La cantidad y la calidad de la educación influyen de manera determinante en el futuro de los individuos y de la sociedad en general. Desde el lado personal, una mayor y mejor educación permite a los individuos en su vida adulta alcanzar un mejor trabajo, obtener ingresos laborales más altos, reducir las probabilidades de cometer crímenes y gozar de una mejor salud, entre otros. Desde el lado de la sociedad, se ha demostrado que la educación está positivamente correlacionada con las tasas de crecimiento y de innovación en un país. De manera similar, países con una población más educada tienden a tener democracias más estables, menores tasas de criminalidad y una menor probabilidad de sufrir conflictos armados.

Las ventajas de la educación son tan grandes y obvias que como madre creo firmemente que, junto al amor, lo más importante que les puedo dar a mis dos preciosos hijos es una educación de calidad. Afortunadamente, gracias a la educación que a la vez recibí de mis padres, puedo asegurarme que ellos recibirán una cantidad y calidad de educación lo suficientemente buena de forma tal que, si se esfuerzan, perseveran y trabajan de manera honesta y constante a lo largo de su vida, podrán tener un futuro asegurado. Lastimosamente, mientras escribo estas líneas sé que soy una madre privilegiada y sé que no todas las madres en Colombia pueden estar tranquilas que la educación que sus hijos están recibiendo, si es que la están recibiendo, les brindará las herramientas necesarias para superarse y tener un trabajo que les permita vivir una vida digna y llena de bienestar. De hecho, cifras recientes del MEN muestran que la tasa de cobertura neta en educación media alcanza únicamente un 40%. Esto implica que de cada 10 niños que entran a la escuela solo 4 se gradúan de educación media a una edad apropiada. De manera preocupante también, de acuerdo a los resultados de las últimas pruebas internacionales PISA de 2012, el 47% de nuestros estudiantes no están en capacidad de entender un texto, el 55% no son capaces de tomar resultados científicos simples y relacionarlos con su cotidianidad y el 71% no son capaces de hacer inferencias simples a partir de resultados matemáticos.

Invito a los candidatos presidenciales a leer cuidadosamente dos estudios recientes (el estudio para la Misión de Movilidad Social del DNP de Barrera et al. 2012 y el estudio impulsado y promovido por la Fundación Compartir de Garcia et al. 2013) en donde junto a mis coautores proponemos las políticas en el sector educativo que permitirían superar estas cifras aterradoras y que son una de las causantes de la pobreza, inequidad y baja movilidad social en el país. En estos estudios justificamos como políticas alrededor de los docentes, el tipo de jornada escolar, el fortalecimiento de pruebas estandarizadas, el fortalecimiento de programas exitosos y la participación controlada del sector privado en casos específicos son necesarios en el país. Sin embargo, aunque es necesaria una reforma sistémica en el sector, considero que el próximo gobierno debe centrar su atención en dos políticas específicas: mejorar la calidad docente en el país y asegurar una jornada continua a todos los estudiantes.

Respecto a los docentes, se deben implementar acciones en cinco ejes críticos que permitan: i) alcanzar la excelencia en la formación pedagógica universitaria; ii) atraer a los mejores bachilleres a los programas de pedagogía; iii) evaluar a los docentes de manera multi-dimensional y periódica para el mejoramiento continuo; iv) ofrecer a los docentes una formación durante el servicio oportuna y personalizada, y v) asegurar que los docentes tengan una remuneración mensual competitiva. Es necesario acciones en estos cuatro ejes y la aplicación sistémica de lo sugerido en el estudio. Diversos estudios en Colombia y alrededor del mundo, resumidos en un blog anterior, demuestran la importancia de este insumo escolar. Todos debemos entender que sin un buen docente al frente de nuestros hijos no podremos esperar que ellos aprendan aunque tengan los mejores libros, equipos o infraestructura a su alcance. En segunda medida creo que es necesario también asegurarles a todos los estudiantes en el país una jornada continua, algo que paradójicamente está plasmado en nuestras leyes desde hace más de veinte años y que lastimosamente estamos lejos de alcanzar. Como lo expliqué en un blog pasado también, esto permitiría además de mejorar la calidad educativa, reducir también las probabilidades que nuestros jóvenes se involucren en actividades criminales, en el consumo de drogas o el embarazo adolescente.

Se acercan las elecciones presidenciales en el país y con ellas comienzan a presentarse los planes de gobierno de los candidatos. Entre ellos ya se hicieron públicos algunas de las propuestas como la del Presidente Santos, la de Oscar Ivan Zuluaga y la de Clara Lopez.  La de otros candidatos como Enrique Peñalosa, Martha Lucia Ramirez y Aida Avella no las he encontrado. Me alegra saber que de tres propuestas que ya están circulando, en dos de ellas (la del Presidente Santos y la de Zuluaga) la educación es uno de los ejes fundamentales de los planes futuros. De hecho, ya el Presidente Santos propone en su segundo gobierno implementar la política sistémica alrededor de los docentes recomendadas en el estudio de Compartir y Zuluaga a su vez urge por la necesidad de la doble jornada y de mejorar también la calidad docente. Creo que la discusión y las propuestas del Presidente Santos y Zuluaga son un avance y espero que, junto con el tema de la paz, la educación sea el eje de los debates que se aproximan. Ojalá los otros candidatos, incluida Clara Lopez, incorporen también a la educación como un eje estratégico de sus planes de gobierno. Más importante aún, espero que el próximo Presidente, quien quiera que sea, implemente y ponga en marcha las políticas sugeridas por ambos estudios que el sector educativo y todos los colombianos necesitamos tanto. Si de verdad queremos una Colombia en paz, una Colombia prospera, con mayor crecimiento, menor pobreza y menor inequidad, el futuro Presidente debe apostarle de manera seria a la educación.

La semana pasada, el Instituto de Ciencia Política presentó una intervención (técnicamente llamada "amicus curiae") ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro. La firman varias personaldiades y abogados, incluyendo a la ex magistrada de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas.

Las diez primeras páginas del escrito sustentan la tesis de que la CIDH no tiene competencia para emitir medidas cautelares y que si las tuviera, las medidas no serían obligatorias en Colombia. "La Comisión podría, con base en su facultad de hacer recomendaciones, sugerir a los Estados medidas cautelares, pero que éstas carecen de carácter obligatorio", dice el amicus curiae. Es decir, va en contravía de lo que sostienen los abogados del alcalde de Bogotá y de lo que le sirve a Petro.

Lo paradójico es que la Corte Constitucional, en una sentencia de la que fue ponente Vargas, dijo todo lo contrario desde hace diez años - y aunque lo ha repetido desde entonces, esa sentencia fue la que fijó el precedente. En esa sentencia, la T-558 de 2003, la Corte dice lo siguiente: "las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno".

Parece que la ex presidenta de la Corte Constitucional cambió de parecer frente a la sentencia que escribió y defendió en la sala.

Hoy la Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento contra del representante Pedro Muvdi (capturado el mes pasado por sus presuntos vínculos con los paramilitares) y con eso se le embolatan las listas a Congreso de Simón Gaviria en el Cesar.

Muvdi es la carta fuerte de los rojos en el Cesar (tras llegar con 20 mil votos al Congreso actual), al punto en que pretende subir de Cámara a Senado y -según se dice en los corrillos de Valledupar- el jefe liberal Simón Gaviria le dio vía libre para que armara la lista a la Cámara que acompañará su aspiración, aunque Simón le dijo a La Silla que la lista la hizo él.

Según una fuente de la región, además Muvdi estaba encargado de atraer votos para el Senado en el Magdalena, departamento en el que muchos caciques se quedaron sin candidatos como lo contó La Silla.

Gaviria, que en Sucre le negó el aval a Julio Miguel Guerra (contra quien no cursa ninguna investigación, solo por ser hijo del cuestionado gobernador Julio César Guerra), en el Cesar avaló a Muvdi a pesar de que en contra de éste hay una investigación en la Corte por presuntos nexos con el Bloque Norte de las AUC.

En la dirección liberal no consideraron esto un impedimento para dar el aval, debido a que muchos políticos tienen investigaciones de diferente índole. Además, la de Muvdi no se había movido en siete años.

En cualquier caso y aunque Simón Gaviria no ha tomado aún una decisión con respecto a la candidatura de Muvdi, con ese aspirante tras las rejas va a ser muy difícil que esa campaña tome vuelo. Muvdi podría seguir como candidato, pero no estaría presente en las reuniones con líderes, por ejemplo. 

Desde ya en Valledupar algunos anticipan que los apoyos de Muvdi podrían terminar yéndose a las toldas de Cambio Radical, puntualmente a donde el aspirante al senado Alfonso Mattos. El medio local Radio Guatapurí, por ejemplo, dice que Mattos podría recoger los grupos políticos que Muvdi había aglutinado por estar fuera de la coalición del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, cuyo candidato al Senado es José Alfredo Gnecco.

Pedro Muvdi ya fue senador en 2003 cuando reemplazó al parapolítico Vicente Blel. En las elecciones de 2002 había sido segundo renglón de Blel en el movimiento Mipol (y había sacado menos de 3 mil votos), y por eso, más la investigación que para entonces ya tenía abierta por parapolítica, hicieron que el aval que le dio el liberalismo en 2010 fuera polémico. Llegó a la Cámara en 2006 con 21 mil votos y los mantuvo.

Como ha quedado claro en las últimas semanas, a los candidatos actuales a la Presidencia no los quieren sus propios partidos. Y, a juzgar por la reciente encuesta Gallup, tampoco la gente.

La encuesta de Ipsos Napoleón Franco señala que más de la mitad de los colombianos no sabe por quién votar o votará en blanco. Su rechazo e indiferencia frente a los actuales aspirantes presidenciales es abrumador y representa un fenómeno inédito en Colombia, como lo contó Semana.

El 26 por ciento dice que no sabe por quién votar y el 25 por ciento que lo haría en blanco.

El presidente Juan Manuel Santos, que es al que mejor le va, no supera el 26 por ciento en la intención de voto, y eso que prácticamente triplica a los demás candidatos. Aún así, uno de cada tres de los encuestados dice que jamás votaría por él.

Pacho Santos seguiría con su candidatura presidencial en caso de que Uribe no se lance. 

Una eventual candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga no tendría ningún peso sin Uribe como aspirante al Congreso. 

Una eventual candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga no tendría ningún peso sin Uribe como aspirante al Congreso.

El voto en blanco y el indeciso –si no crece más- es inocuo electoralmente. Como le explicó a La Silla Vacía Javier Restrepo, el director de asuntos públicos de Ipsos Napoleón Franco, los que dicen que votarán en blanco terminan quedándose en su casa el día de elecciones y los indecisos se reparten entre los candidatos proporcionalmente a la intención de voto que tienen en las encuestas.

Sin embargo, políticamente, que la mitad de los colombianos no sepa por quién votar o diga que no lo hará por ninguno sí envía una señal de indiferencia o de rechazo contundente frente a los candidatos actuales.

“Es muy probable que la gente no vea sus problemas reflejados en las posturas de los candidatos”, argumentó a Restrepo. “El tema de los candidatos es la paz, pero la gente es pesimista frente a la paz”.

La impopularidad de los candidatos, además, se refleja en sus propios partidos. Solo una tercera parte del partido de la U dice que votaría por Santos (el 31 por ciento sigue indeciso). Lo mismo los del Centro Democrático por Óscar Iván Zuluaga (el 18 por ciento no sabe por quién votar).

La encuesta no pregunta directamente por la Alianza Verde o el Polo, pero ni Enrique Peñalosa ni Clara López sacan más del 7 y 8 por ciento, respectivamente, en la categoría del voto de los que pertenecen a “otros partidos”.

La otra característica de esta contienda es que si bien los candidatos no logran provocar emoción entre los futuros electores, tampoco han logrado el consenso dentro de sus propios partidos.

Marta Lucía Ramírez logró un triunfo impredecible en la convención conservadora derrotando en su propio terreno a los caciques del partido, como Roberto Gerlein, Efraín Cepeda y Hernán Andrade. Pero antes de ganarse al electorado, tendrá que terminar de ganar la pelea interna pues su nominación está impugnada por los mismos azules ante el Consejo Nacional Electoral.

La situación de Enrique Peñalosa dentro de su propio partido es aún más frágil. Como lo contó La Silla el viernes pasado, los progresistas dentro de la Alianza Verde están moviéndose para evitar que se haga la consulta interna que muy probablemente convertiría al ex alcalde de Bogotá en el candidato de esa fusión entre los verdes y los petristas. Peñalosa no ha arrancado campaña (de hecho pasa más tiempo fuera del país que adentro) y su verdadera batalla hoy en día es dentro de su movimiento.

Algo similar le sucede a Óscar Iván Zuluaga dentro del Centro Democrático. No había pasado un día desde que Marta Lucía Ramírez ganó la nominación conservadora, cuando Pacho Santos, Alfredo Rangel y José Obdulio Gaviria salieron a decir que el movimiento debería “replantear la estrategia” para las elecciones presidenciales. Es decir, que el uribismo apoye a Ramírez ante el no despegue de Zuluaga en las encuestas (aunque la nominación tampoco impulsó a Ramírez, según la Gallup).

La excepción sería Clara López, quien cuenta con el consenso de su partido, pero no ha logrado superar el 6 por ciento en intención de voto a pesar de que es candidata del Polo desde 2012. Además, la militancia del Polo que logró votaciones altas en las presidenciales de 2006 y 2010, con Carlos Gaviria y Gustavo Petro respectivamente, se ha mermado pues los grandes electores del M-19 y la Anapo ya no están en la colectividad. En una situación similar está Aída Avella, a quien sí la respalda su partido pero que no pasa del 1 por ciento en intención de voto.

Juan Manuel Santos cuenta con el apoyo de los congresistas de la coalición oficial. Pero su vulnerabilidad es notoria. Para un presidente en ejercicio, que sólo uno de cada cuatro colombianos piense votar por él es una señal preocupante. El voto en blanco -que envía una señal activa de rechazo- sea seis veces más grande que hace cuatro años también es un castigo para él.

Si es cierto que la reelección es un plebiscito sobre su gestión, el Presidente –de acuerdo a las últimas encuestas- lo va perdiendo (así gane sobrado en segunda vuelta). Santos no genera emoción y el 31 por ciento dice que jamás votaría por él.

Seis de cada diez colombianos siente que el país va “por mal camino”. Este es un resultado que, según supo La Silla, desconcierta totalmente a Santos, pues no coincide con las mediciones objetivas de la evolución de la economía, reducción de la pobreza e incluso de los índices de seguridad. Tampoco con los avances reales logrados en La Habana.

El proceso de paz, tema bandera de Santos, perdió apoyo en la última encuesta y no ha habido ninguna apertura respecto a la posibilidad de ofrecer concesiones a cambio de que dejen las armas (el 85 por ciento se opone), una condición necesaria para que algún día se firme un Acuerdo Final.

Esta es una discusión que ni el Presidente Santos ni nadie en su Gobierno ha querido comenzar a liderar públicamente, pero que lo tendrán que hacer cuando se discutan las condiciones específicas para que dejen las armas los guerrilleros. Este punto, entonces, es otro síntoma de su fragilidad pues si bien un avance sustancial en el proceso de paz lo llevaría a ganar en primera vuelta, para que esto se de antes hay que dar este debate, y nadie en la campaña reeleccionista lo quiere dar.

Por último, está la pregunta de si suman los candidatos más cercanos al uribismo y qué tanto. Por ahora, en la Gallup aparece que la suma de su principal rival más los indecisos no alcanzan a Santos. En otras palabras, en el país de los ciegos el tuerto es rey.

El alcalde de Bogotá Gustavo Petro le pidió hoy la renuncia a su secretario de Ambiente, Néstor García Buitrago, y dos fuentes muy cercanas a ese funcionario le confirmaron a La Silla la razón. Al Alcalde le molestó que la bancada del Partido Verde en el Concejo le haya dado hoy sus votos al opositor liberal Miguel Uribe para ser elegido presidente de la corporación.

Al pedirle la renuncia a su Secretario de Ambiente, Petro dijo que rompía relaciones con los verdes del Concejo.

García Buitrago es el padre de Néstor Daniel García Colorado, secretario general del Partido Verde (hoy Alianza Verde) y por eso su nombramiento fue visto por muchos como la entrada de los verdes a la Unidad Distrital. Además, una vez posesionado, García Buitrago les entregó subdirecciones de la Secretaría de Ambiente a los concejales verdes Hosman Martínez, María Clara Name y Edward Arias.

Al votar por Miguel Uribe, los verdes respetaron un acuerdo previo -y anterior a su fusión con progresistas- según el cual la presidencia del Concejo este año correspondía al Partido Liberal. El movimiento Progresistas (de Petro) votó en blanco.

Los Progresistas y los verdes se unieron a nivel nacional, pero al parecer siguen separados a nivel distrital. 

"Teníamos que respetar el acuerdo y elegir a Miguel (Uribe), pues gracias a esos acuerdos nosotros tuvimos la presidencia del Concejo en 2013 en cabeza de María Clara Name", le explicó una fuente de la bancada verde a La Silla.

Con la llegada de Miguel Uribe Turbay (y también de Roberto Hinestrosa, elegido hoy vicepresidente) a la mesa directiva del Concejo, sube la oposición pura y dura a Petro a la cabeza de la corporación. Tanto Uribe como Hinestrosa han sido férreos críticos del mandatario e incluso apoyan su revocatoria.

Tras haberse convertido en la concejal más votada de la izquierda en Bogotá y en la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella sufrió un atentado que la condujo a un exilio de 17 años. Foto: Cortesía UP

Con Aída Avella, la candidata presidencial con que la Unión Patriótica regresa a las urnas después de una década, La Silla continúa con una serie de perfiles de las personas que serán protagonistas en esta temporada electoral, que iniciaron con Pacho Santos y que seguiremos publicando en las semanas que vienen.

“Tranquilo, que trabajamos para regresar”. Eso le decía siempre Aída Avella a sus amigos, a sus colegas de lucha sindical y a sus viejos aliados políticos, a todos los que le preguntaran cuándo viajaría a Colombia.

Ella siempre respondía lo mismo, “tranquila, que trabajamos para regresar”, pero tuvieron que pasar 17 años para que su promesa se cumpliera y ella venciera el miedo que la mantuvo alejada del país desde aquella mañana en 1996 en que la concejal bogotana de la Unión Patriótica iba por plena Autopista Norte y un carro con una bazuca en la ventana se le parqueó al lado.

Esa madrugada, a las 7:50 de la mañana del 7 de mayo, su historia por poco termina de la misma manera que la de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel Cepeda Vargas y otros tres mil militantes de la UP, que fueron silenciados en una feroz campaña contra un partido que surgió de las fallidas negociaciones entre las Farc y el Gobierno durante los años ochenta.

Tuvieron que pasar 17 años, seis meses y cuatro días para que Aída, hoy una mujer de 65 años, cambiara su plácida ciudad lacustre en Suiza por Colombia – así eso fuera lo último que tenía ella en los planes cuando abordó el avión de regreso. Para ella era un viaje de una semana, que terminaría con una escala en París y estaría de regreso en su casa en Ginebra. Se equivocó.

Tres meses después, Aída está instalada en Colombia, viviendo de invitada en la casa de una de sus viejas amigas de los años setenta, como candidata presidencial de una Unión Patriótica revivida de forma inesperada por un fallo del Consejo de Estado. Como política en campaña por un país al que le siguió la pista con compulsividad desde la distancia europea, pero que físicamente le resulta un perfecto desconocido.

Y como figura poco conocida por las masas, pero símbolo de un partido que hoy siente sus banderas reivindicadas por unos diálogos en La Habana que buscan ponerle punto final a cuatro décadas de guerra.

Es ahí, en ese nuevo espacio político que se abrió el día en que el Gobierno y las Farc se sentaron juntos en Oslo, donde Aída Avella siente que está su nueva misión.

Así anunciaban los afiches el primer congreso nacional de la UP, en 1985. Hoy se instalará el quinto. Fotos archivo Unión Patriótica, expedientes contra el olvido, libro de Roberto Romero Ospina

Bernardo Jaramillo, el segundo candidato presidencial de la UP asesinado. Fotos archivo Unión Patriótica, expedientes contra el olvido, libro de Roberto Romero Ospina..

Avella regresó a Colombia por una semana para el Congreso de la UP y salió del evento proclamada su candidata presidencial. Foto: Cortesía UP

A diferencia de los otros candidatos presidenciales, la campaña de esta mujer boyacense, de voz reposada y conversación fogosa, que sigue llamando “compañeros” a sus amigos y colaboradores, está hecha con las uñas.

No tiene sede permanente, sino que va migrando de lugar en lugar. Algunas veces trabaja en las casas de viejos amigos, otras en las sedes de partidos de izquierda amigos, como el Partido Comunista o la Marcha Patriótica. O en la del semanario Voz, que desde su fundación hace cinco décadas recoge las ideas de la facción más a la izquierda de la izquierda colombiana.

Los afiches, los útiles de trabajo, la logística de campaña los están pagando con plata que ella y sus amigos han aportado. No han podido sacar préstamos a nombre del partido porque los bancos les dicen que no hay antecedentes inmediatos de resultados electorales.

“Más que con las uñas, es una campaña hecha con los ñocos, porque no tenemos cómo”, dice Felipe Santos, el veterano militante y secretario ejecutivo de la UP, que no es familiar ni del presidente ni del casi candidato uribista. “A pesar de que recuperamos la personería jurídica, no se contempla que nuestro caso es singular y nuestras condiciones especiales. Nos están exigiendo como si aquí no hubiera pasado nada”.

Singular porque esa “rosa llamada UP”, como la llaman sus militantes adaptando el viejo cántico setentero y de protesta español, reaparece en el escenario político doce años después de no lograr los 50 mil votos del umbral. Y especial porque si resucitó en julio pasado fue gracias a un fallo del Consejo de Estado que reconoció que no obtuvo esos apoyos porque físicamente no tenía candidatos que los buscaran. Casi todos habían muerto o desaparecido, como dice Aída, “a punta de plomo”.

“Mira, no me hagas bromas”, le dijo a Jael Quiroga, la antigua militante de la UP que ha liderado las demandas de las víctimas de este partido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la llamó a contarle del fallo. “Yo todavía no creo, pero si me mandan la resolución te lo creo”.

Aída decidió volver para el congreso de la UP, contra la voluntad de su esposo Pedro, un antiguo sindicalista como ella, y sus dos hijos. No esperaba ver sino a un centenar de viejos conocidos, pero llegaron más de mil personas a la Universidad Pedagógica, ondeando las banderas verdes y amarillas del partido.

Estaba sentada en el podio de honor cuando la cúpula de la revivida UP le hizo a su “Bernardo Jaramillo con faldas” -como la llamó un amigo- una propuesta inesperada: ¿sería Aída su candidata presidencial?

“Nos miraba como pidiendo auxilio, como diciendo qué hago”, dice Carlos Lozano, el dirigente comunista que la conoce desde que eran estudiantes y que es candidato al Senado de la alianza entre la UP y los verdes. “Seguramente va a decir que le toca pensarlo”, pensó Yaneth Corredor, una de sus amigas más cercanas y en cuya casa ella se refugió antes de salir al exilio suizo.

“Casi me caí de la silla. La gente empezó a cantar y yo pensaba ¿qué hago? Era incapaz de echarle un balde de agua fría al Congreso. No pude ni llamar a mi esposo y mis hijos, porque estaban dormidos, y dije que sí. Así mi familia se enterara al día siguiente por el periódico”, dice ella.

Y, así, menos de cuatro días después de su regreso estaba firme en el tarjetón presidencial.

De casa prestada en casa prestada y con recursos muy limitados, Aída Avella ha montado una campaña "con las uñas". Foto: Juan Pablo Pino

Aída llegó a la política, como muchos líderes de la izquierda, desde el movimiento sindical.

Corría el gobierno de Misael Pastrana cuando se graduó de psicóloga en la Universidad Nacional y entró a trabajar al Ministerio de Educación, donde rápidamente se puso a organizar un sindicato y a lidiar con lo que ella percibía como un mundo de inequidades laborales. Aún no se había hecho comunista, pero la movían las historias que le oía en Sogamoso a su abuelo, un liberal en la tradición radical de José María Vargas Vila.

De ahí llegó a la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), que reunía a todos los sindicatos del sector público que en realidad eran organizaciones de papel, sin capacidad de incidir en nada. O “comités de aplausos y de recibimiento a los nuevos ministros”, como dice una de sus colegas sindicales de la época. Por esos años le llegó la primera de decenas de amenazas, un papel que decía “enemigos de la patria, los seguimos paso a paso”, cuando apenas ultimaba los detalles para un paro de empleados del Estado.

Desde Fenaltrase, Aída asumió la misión de fundar nuevos sindicatos y reactivar los que estaban moribundos: en Educación y en Hacienda, en el Fondo Nacional de Ahorros y en Asonal Judicial, en Medicina Legal y la Filarmónica. En total, pusieron de pie una cincuentena de sindicatos que luego se sumarían al paro cívico contra el gobierno de Alfonso López Michelsen en septiembre de 1977, su primer gran prueba como líder.

Era la época en que les decían “las chicas del CAN”, como las merengueras dominicanas, porque los sindicatos que tenían su fortín en el Centro Administrativo Nacional eran de los pocos donde no reinaba el machismo que, como en el resto de la política, aún hoy campea en el sindicalismo.

De ahí saltó al Partido Comunista y luego a la UP, pero nunca fue una militante convencional. Un 7 de noviembre en que se celebraba el aniversario de la revolución rusa de 1917 que dio pie a la Unión Soviética, Aída se paró frente al Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Los empleados del teatro estaban en medio de un pleito laboral con la ciudad y ella les organizó un mitin ahí mismo, frente al embajador ruso y toda la diplomacia de izquierda, frente a Cepeda Vargas y la plana mayor del comunismo colombiano.

“Todos la miraban de reojo y le decían 'Deja que entren y al final lo haces'. A ella le importó un pito, seguía ahí con su megáfono”, recuerda Roberto Romero Ospina, un antiguo militante de la UP que estaba cubriendo el evento para Voz y que luego documentó el exterminio del partido.

En 1991 estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en la misma lista con el ex Canciller conservador Alfredo Vázquez Carrizosa, que había dejado su carrera diplomática para dedicarse al activismo de derechos humanos. Por puro error presidió la Consituyente durante su primer mes, ya que un error ortográfico en su apellido -no ‘b’ sino ‘v’- la colocó por delante de Jaime Arias, a quien correspondía el honor.

Allí protagonizó duros debates en la Comisión Primera, en temas de derechos humanos y el rol de los militares, que llevaron a uno de sus colegas constituyentes a describirla como “dogmática y poco dada a admitir la verdad ajena, pero muy trabajadora y honesta, tanto intelectual como moralmente”.

En esos años los asesinatos de militantes de la UP fueron incrementando y las amenazas que ella recibía se multiplicaron, sobre todo desde que asumió la dirección del partido meses después del asesinato de Bernardo Jaramillo. Ya entonces había sido graduada como la “vocera de la insurgencia”, pese a que ella nunca estuvo en la lucha armada.

Aída, elegida concejal de Bogotá con una de las mayores votaciones, entendió que ella seguía en la lista. Un providencial hueco, la sagaz reacción de su conductor Eliud Barbosa y la misteriosa aparición de dos policías que nunca volvió a ver (“ángeles de la guarda”) le ayudaron a ver esa mañana de 1996 que, como dice ella, “no eran tiempos de mártires”.

Un par de días después llegaría a Ginebra, capital de los organismos internacionales, con un par de maletas y nada de francés. “Allí vivía en Suiza de día, en Colombia de noche”, dice. Durante la mañana trabajaba para vivir, cuidando niños, enseñando español, atendiendo en una chocolatería y una perfumería. Luego en la tarde patinaba los casos de sindicalistas colombianos en la Organización Internacional del Trabajo, les hacía las veces de traductora, de guía y, con mucha frecuencia, de anfitriona. Así pasó los últimos 17 años, como “embajadora de los sindicalistas”.

Vargas Lleras dejó la Fundación Buen Gobierno para convertirse en el director del comité estratégico de la campaña de Santos. Foto: Cortesía UP

Avella fue la única constituyente que venía de la UP, en una lista que compartió con el conservador Alfonso Vázquez Carrizosa. Foto: Cortesía UP.

La UP participará en sus primeras elecciones en más de una década, tras el fallo del Consejo de Estado que la revivió. Fotos archivo Unión Patriótica, expedientes contra el olvido, libro de Roberto Romero Ospina. 

“Sentí que algo había cambiado, que por fin se abría un espacio diferente al de la guerra, que había un espacio para los que tenemos visiones del país diferentes”, dice hoy cuando intenta explicar el impulso que la empujó a quedarse.

Su optimismo de entonces se mantiene, pero se ha ido matizando con cada señal de que todavía no todo es color rosa. Este fin de semana le llegó un panfleto de los Rastrojos dando “la orden explícita y perentoria para neutralizarla” a ella y los demás candidatos de la UP, ofreciendo 50 millones de pesos a quien ponga en marcha el “plan pistola”. Hoy mismo llegó otro panfleto, esta vez de las Águilas Negras, advirtiéndole que "recuerde que si fallamos una vez no fallamos dos veces".

Mientras tanto, sigue con su campaña hecha a la medida de sus modestos recursos. No es sólo la financiación lo que los preocupa, sino la posibilidad de competir de tú a tú, un tema que está en el corazón de lo que el Gobierno acordó sobre participación política con las Farc en La Habana. Es decir, que la izquierda pueda medirse en iguales condiciones en las urnas. Y gobernar, si gana.

Pero por ahora Aída siente que la competencia es desigual. “La gente que no aparece en televisión no existe. El que no sale en El Tiempo no existe. Al que no lo llaman de La W no existe”, dice una de sus más cercanas consejeras.

Ella subraya esa diferencia cada vez que puede, siempre con un toque de su humor negro. En diciembre, la revista Semana publicó un análisis de la carrera electoral en que la candidata de la UP no aparecía ni en un pie de foto. Unos días después, Avella se topó con Alejandro Santos, el director de la revista, en un programa de radio.

“Hola, yo todavía existo”, le dijo, parca pero amable. “¿A qué te refieres?”, le preguntó él. “A eso, que yo existo”. Fin de la conversación.

Esas diferencias se notan en el terreno, al hacer campaña. Mientras el ex presidente Álvaro Uribe y su candidato Óscar Iván Zuluaga han recorrido una decena departamentos en las últimas semanas, ella apenas ha visitado cuatro regiones en total.

A mediados de enero estuvo en la zona de la Laguna de Tota en Boyacá y luego hizo el viaje en carretera desde Neiva hasta el Caquetá. Esta semana pasada estuvo en Cali y en Santa Marta. Aún no ha pisado Antioquia, Santander o el Eje Cafetero -por solo mencionar tres lugares centrales en cualquier campaña- en casi dos décadas.

“Cuando salíamos de Neiva hacia el sur, yo veía que Uribe estaba al mismo tiempo en el Huila y había estado en cinco o seis municipios. ¿Y cómo hace él?, preguntaba yo sin entender. Claro, él iba en helicóptero”, dice

Esos viajes han sido el reencuentro de Aída con un país que recorrió intensamente como líder sindical. La carretera de Neiva a Florencia, que era una trocha la última vez que la recorrió, la deslumbró ahora con sus túneles. Bogotá, su hogar durante 30 años, le resulta irreconocible con “tantas orejas y tantos puentes”.

Aída sabe que sus opciones electorales y las de su partido son muy bajas, que seguramente perderán la personería por la imposibilidad de llegar a los 450 mil votos del umbral, pero le apuestan a otra cosa. Tanto que ella declinó el ofrecimiento de Clara López de ser su fórmula vicepresidencial, diciendo que "los comunistas no le vamos a seguir cargando la maleta a la izquierda como siempre hemos hecho".

En su partido no se habla de alianzas con Santos, ni tampoco de afinidades ideológicas con él. Pero es evidente que -más allá de cualquier postura sobre la economía, sobre la educación o la movilización social, sobre las drogas o el matrimonio igualitario- hay sintonía en el tema de la paz.

El regreso de la Unión Patriótica al ruedo electoral, para ella, tiene todo que ver con la paz. “Somos un aporte al proceso de paz porque a pesar de toda la atrocidad contra la UP, del atentado y del exilio, creemos en la reconciliación”, dice.

Un grupo de proselitismo religioso de funcionarios de la Procuraduría General, que ya metieron en problemas a la entidad en el pasado, ampliaron su labor por fuera la entidad con unos calendarios que reparten de forma gratuita.

Hace algunos días llegaron a cientos de juzgados unos calendarios con rótulo de la institución, versículos de la Biblia y el correo electrónico de Semillas de Esperanza, el grupo religioso que desde hace más de 10 años. Según el calendario, su visión es “Dar a conocer la Palabra de Dios a los servidores públicos, restaurando sus vidas y sus familias” y su misión es “Servir a Dios para que la Semilla de Cristo germine en el corazón de los servidores públicos”

Semillas de Esperanza es la misma fundación por la que dos funcionarios de la Procuraduría, Ernesto Convers y Daniel Sastoque, entutelaron a la entidad en 2011, señalándola de incentivar el proselitismo religioso en una institución de un Estado laico. Tanto en el caso de Convers como en el de Sastoque los calendarios de Semillas de Esperanza eran una de las pruebas de esa forma de actuar.

Los dos perdieron sus tutelas y ahora Semillas de Esperanza amplía su campo de acción a los jueces ¿Se vendrán más tutelas?

Enrique Peñalosa fue el primer candidato que se inscribió a la consulta verde, pero ahí muchos no lo quieren. Foto: Laura Rico

La Alianza Verde sí hará una consulta para escoger su candidato presidencial, pero la gran mayoría del ala progresista de esta fusión no participará en ella. Eso significa que ya hay una disidencia en el partido que aún no cumple seis meses de creado y amenaza con romperse.

Desde las 10 de la mañana de hoy, la Dirección Nacional de la Alianza comenzó a debatir por segunda vez este año el mecanismo para elegir su candidato presidencial. Hasta este viernes tiene ese partido -que es una fusión entre los progresistas y el Partido Verde- para notificarle a la Registraduría si hará o no una consulta el mismo día de las legislativas. La Silla supo por cinco fuentes de la colectividad que ganó la idea de hacer la consulta, como se había acordado en el Congreso de hace unos meses, pero los progresistas se abstendrán de participar para no tener que asumir el compromiso de apoyar al exalcalde Enrique Peñalosa, su más seguro ganador.

Como lo contó La Silla, los progresistas que no se sienten representados por Peñalosa (que viene del Partido Verde y a quien consideran uribista) intentaron hacerle el cajón a su precandidatura presidencial en la reunión que tuvo la Dirección Nacional la semana pasada. Argumentaron que el exmandatario no ha cumplido con los 11 puntos del acuerdo programático que selló la unión verde-progresista, especialmente con el de apoyar al alcalde Gustavo Petro, fundador de progresistas.

Sin embargo, quedaron desarmados cuando Peñalosa -por sugerencia del candidato al Senado Néstor Daniel García- aceptó reunirse con Petro y dijo que acataría todos los acuerdos de la Alianza, incluyendo no hacerle campaña a la revocatoria contra Petro.

Camilo Romero es el precandidato del progresismo en la consulta y constantemente se reúne con el Alcalde Petro. Foto: Juan Pablo Pino

Antonio Navarro es cabeza de lista al Senado, pero posiblemente no tendrá candidato presidencial. Foto: Juan Pablo Pino

El senador mockusiano John Sudarsky es defensor de la consulta y anda en campaña por todo el país. Foto: Juan Pablo Pino

Sin más opciones, debido a que Peñalosa tiene el derecho político de estar en ese partido, los progresistas acordaron presentar en el encuentro de hoy una comunicación anunciando que no participarán en la consulta.

La decisión se concretó en una reunión anoche en la que estuvieron el senador Luis Carlos Avellaneda (copresidente de la Alianza por el ala progresista), los concejales de Bogotá Yezid García, María Fernanda Rojas y William Moreno y algunos ediles. Todos del progresismo.

Según le explicó a La Silla el candidato a la Cámara Inti Asprilla (hijo del ex secretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla), los progresistas “no podemos asumir el compromiso principal de una consulta, que es apoyar al candidato que gane. Peñalosa no nos representa y bastantes dificultades genera en plaza pública explicarle eso a la gente”.

El concejal William Moreno (también progresista y miembro de la Dirección Nacional), por su parte, nos dijo: “Progresistas se aparta de participar, pero respeta la participación de los tres precandidatos”.

Los tres precandidatos son, entonces, Enrique Peñalosa y los senadores John Sudarsky (verde mockusiano) y Camilo Romero (progresista). El más viable: Peñalosa, quien sacó en 2010 alrededor de 500 mil votos en la consulta del Partido Verde, mientras que Sudarsky y Romero -mucho menos conocidos- sacaron a Congreso 32 mil y 44 mil votos, respectivamente.

Un directivo verde le dijo a La Silla que los progresistas tienen derecho a armar esa disidencia dentro de la Alianza, siempre y cuando no le hagan campaña a otro candidato presidencial.

La decisión deja en una situación incómoda a Camilo Romero, quien a pesar de ser el representante de progresistas en la consulta, no tendrá el apoyo de su movimiento.

Al respecto, La Silla supo por dos fuentes que conocen el progresismo por dentro que el Alcalde le habría pedido a Romero que retirara su precandidatura para no legitimar la consulta. Sin embargo, Romero está convencido de que puede darle la pelea a Peñalosa.

Pero quienes podrían quedar en el peor de los mundos con esta disidencia son los candidatos de la Alianza al Congreso, entre los que hay verdes y progresistas. Esto porque no tiene mucha presentación para los progresistas elegirse por una Alianza, pero no apoyar a su candidato presidencial.

Los candidatos progresistas al Senado con más opción son Antonio Navarro, Witney Chávez (la ficha del hoy senador Luis Carlos Avellaneda) y Jorge Guevara. Habrá qué ver qué van a decir ahora.

Esta disidencia se presenta en una alianza que tiene apenas cinco meses de haber sido sellada, lo que no haría raro que pronto se rompiera en pedazos.