El cuestionado magistrado Jorge Pretelt le envió una carta a sus colegas en la Corte Constitucional contándoles que se declarará impedido en una demanda clave de tierras de la que depende el emblemático caso de los campesinos víctimas de Las Pavas, por estar él mismo involucrado en un escándalo por presunta apropiación irregular de tierras baldías en otro lugar.

Como contó La Silla, hay dos acciones judiciales cruciales para las 106 familias de Las Pavas el despacho de Pretelt desde hace año y medio. Ambas llegaron hace tres semanas a la Sala Plena de la Corte, donde desataron un tierrero después de que el magistrado Jorge Iván Palacio invitara a Pretelt a declararse impedido por tener un proceso agrario en su contra desde 2008 por Las Gaviotas, un islote en San Bernardo del Viento que sigue siendo baldío de la Nación y donde él tiene una casa.

El argumento de Palacio era que uno de los dos casos habría beneficiado a Pretelt si era fallado como él les anticipó ese día que iría su ponencia. Pretelt se negó inicialmente a declararse impedido, por lo que su otro colega Alberto Rojas le abrió un incidente de recusación para definir si él podía quedar de ponente en los dos casos de Las Pavas o si éstos pasaban a manos de otro magistrado.

Pero, antes de que se resolviera esa recusación, Pretelt cambió de opinión y se declaró impedido en la demanda contra un artículo de la Ley 160 agraria que congela todas las decisiones anteriores que se toman en un proceso de extinción de dominio mientras sale un fallo definitivo de una corte o tribunal. (La tutela puntual por el caso de Las Pavas sigue, hasta donde supo La Silla, en su despacho).

Ese artículo de la Ley 160 fue el que permitió que se frenara la extinción de dominio que había decretado el Incoder sobre varios de los predios que los campesinos de Las Pavas encontraron abandonados en 1997, después de que su actual propietario José Ernesto Macías solicitara un proceso especial de revisión, su última instancia, ante el Consejo de Estado.

Y también es el artículo que permitiría que Pretelt mantenga el uso de su casa-isla mientras le sale a él una decisión final también en el Consejo de Estado.

De modo que, tras la presión de sus colegas, el caso pasará al despacho del siguiente magistrado en orden alfabético. Es decir, Rojas.

Al apoyo del uribismo, que La Silla ya había contado hace dos semanas, y de los acuerdos programáticos en los que trabaja con el Mira, Alejandro Char suma a su candidatura a la Alcaldía de Barranquilla el respaldo oficial que “pronto” le dará el Partido Conservador.

Así nos los contó el senador Efraín Cepeda, uno de los líderes azules del Atlántico, quien aseguró que su partido aún no define la fecha del evento a realizarse en Barranquilla y en el que se explicarán los detalles del mencionado respaldo.

Char, quien oficializó su aspiración a la Alcaldía el 28 de mayo pasado en el Hotel El Prado de Barranquilla, inscribirá su candidatura el próximo 9 de julio con el aval de Cambio Radical y ese mismo día presentará su programa de gobierno.

Por los lados uribistas también están a la espera de la inscripción de la candidatura para oficializar el respaldo, ya sea mediante la publicación de un documento o de una rueda de prensa en la que podría participar el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El senador del Centro Democrático Jaime Amín le dijo a La Silla que su partido apoya a Char porque su “buena alcaldía” fue posible, en parte, gracias al “vigoroso respaldo” que Uribe le dio desde la Presidencia. Espaldarazo que Alejandro logró porque su familia, liderada por su  papá el exsenador Fuad Char, es vieja aliada política del uribismo.

Con el “vigoroso respaldo”, el senador Amín hizo referencia a los 650 mil millones de pesos que la Nación le entregó a Char, como alcalde de Barranquilla entre 2008 y 2011, para que comenzara las obras de infraestructura pública (vías y colegios) por las que su administración es recordada.

En cuanto al apoyo que el Mira le dará a Char, Gloria Stella Díaz, secretaria general de ese partido, le dijo a La Silla que van adelantadas las conversaciones para lograr “acuerdos programáticos” y no alianzas porque solo respaldarán los puntos en común que la candidatura charista tenga con los principios del Mira, es decir, mayor inversión social para promover la inclusión de mujeres, adultos mayores y de personas con discapacidad, así como darle prioridad a la seguridad vial.

El único de la Unidad Nacional que no se sube al bus de la victoria charista es el partido de La U, dirigido en el Atlántico por el presidente del Senado José David Name. Como lo contó La Silla, Name promueve desde hace semanas el voto en blanco, opción a la que también se unirían la Alianza Verde y el Polo Democrático.

Desde que llegó a la Fiscalía General, Eduardo Montealegre asumió la paz como una de sus prioridades.

El llamado a interrogatorio a cuatro generales de la República, incluido Mario Montoya, por su presunta relación con falsos positivos, es resultado de la nueva aproximación a la investigación penal que ha impulsado desde su llegada Eduardo Montealegre. Y si esas investigaciones avanzan hasta su juicio, seguramente alinearán a los militares con la justicia transicional en un eventual proceso de paz.

Además de Montoya, quien fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008 cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, la Fiscalía llamó a los generales retirados Ricardo Andrés Bernal Mendiola, denunciado por uno de sus subalternos de haber participado en la masacre de 12 personas en Ocaña, Norte de Santander; y a Jorge Arturo Salgado Restrepo, investigado por la muerte de dos personas en el 2006 en Antioquia y quien más tarde fue comandante de la Brigada XI (en Montería) y superior del coronel Luis Fernando Borja, que ha confesado su participación en 50 casos de falsos positivos.

El único general activo de este grupo es Henry William Torres Escalante, llamado a rendir versión libre. Un juzgado de Paz de Ariporo (Casanare) compulsó copias contra Torres después de condenar a 22 años de cárcel a uno de sus subalternos, el teniente Marco Fabián García, por el asesinato de un campesino. Según García, el comandante “sabía de todos los falsos positivos”.

Este llamado no tiene antecedentes no solo porque se trata de tantos generales sino porque envía un mensaje de que la responsabilidad de un alto oficial se puede establecer así no haya una “prueba reina” que indique que mandó cometer un delito. Basta con comprobar que a pesar de la información que tenían no hicieron lo necesario para castigar y evitar la comisión de nuevas ejecuciones extrajudiciales.

En el caso de Montoya, según pudo establecer La Silla con fuentes de la Fiscalía, se le llama a interrogatorio más por los falsos positivos que ocurrieron en las divisiones del Ejército cuando él era su comandante que por un hecho específico en el que se haya comprobado que él hizo algo activamente. Es más por omisión. 

El general Jorge Arturo Salgado Restrepo rendirá indagatoria por la muerte de dos personas en el 2006 en Antioquia.

El único general activo de este grupo es Henry William Torres Escalante, llamado a rendir versión libre después de que un juez compulsó copias en su contra por el asesinato de un campesino

Desde que llegó a la Fiscalía General, Eduardo Montealegre asumió la paz como una de sus prioridades.

Mientras que hacia afuera se ha dedicado a fijar posiciones al respecto –muchas de ellas polémicas por su contenido y por el hecho de que sea él quien lidere esos debates, normalmente reservados a los ministros y políticos- hacia adentro definió una estrategia de investigación para la paz que comienza a dar sus frutos. Estos llamados a altos mandos militares por los falsos positivos son uno de ellos.

La estrategia de paz fue definida en el despacho del Fiscal con la Dirección de Políticas Públicas y de Planeación, también creada por Montealegre (y que dirige el esposo de la directora de este medio). Esta tiene como objetivo preparar a la Fiscalía para el momento en que comience a operar la justicia transicional como parte de un Acuerdo de Paz (si es que se firma). E incluye reunir la información judicial contra los actores del conflicto, incluidos máximos comandantes de las Farc, los paramilitares y altos oficiales de las Fuerzas Militares y una aproximación más estratégica a los casos.

En el caso particular que condujo al llamado a interrogatorio a los generales, la Dirección de Análisis y Contextos, desde su inicio, definió un esquema de investigación para los falsos positivos enmarcado en una etapa específica: los años entre finales de 2005 y 2008, cuando se dio el pico de estas ejecuciones extrajudiciales.

Esta dirección realizó toda la investigación durante 2013 recopilando pruebas y practicando allanamientos, entre otras cosas. Posteriormente, a partir de noviembre del 2014, se dio un impulso nuevo a estas investigaciones, comenzando una  fase más analítica. Se redoblaron los esfuerzos para encontrar “los elementos institucionales” que subyacen en los crímenes de falsos positivos: es decir, aquellos indicios que mostrarían que no se trató de manzanas podridas dentro del Ejército sino que sucedieron en una amplia porción del territorio, en un período de tiempo determinado y en el que participaron por acción u omisión altos niveles jerárquicos.

La estrategia incluyó sacar gente de varias divisiones, incluyendo de la Dirección de Contextos, para que los fiscales a cargo de estos procesos tuvieran menos carga laboral y más investigadores y analistas. Y también mirar los casos en conjunto y no aisladamente como venía sucediendo.

Lo más importante es que comenzaron a conectar las investigaciones que tenía la Dirección de Derechos Humanos contra la tropa con las de la Unidad Delegada para la Corte Suprema que investiga a los altos mandos.

“Comenzamos a construir de abajo hacia arriba, apoyados en un grupo de enlace entre ambos”, explicó a La Silla Sebastián Machado, asesor del despacho del Fiscal. “Así pudimos ver cómo se estaba comportando todo un grupo”.

Por último, se hizo un proceso de priorización dentro de los casos ya priorizados para que los fiscales se concentraran en aquellos casos donde se habían presuntamente cometido conductas más graves o donde había mayor claridad de que se había cometido un delito.

Todo esto permitió acelerar las investigaciones contra altos mandos que condujo a la captura de cinco coroneles (cuatro de ellos activos) hace tres meses y ahora a este llamado a interrogatorio de los generales.

El General en retiro Mario Montoya fue el comandante del Ejército hasta noviembre de 2008 cuando estalló el escándalo de los falsos positivos.

Entre 2002 y 2003, el General Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, que opera en Antioquia - el departamento donde más casos de falsos positivos se investigan en todo el país- . En el 2006 pasó a ser el comandante del Ejército hasta el 2008.

Dos meses después de que se conociera el caso de los 12 falsos positivos de Soacha, el General Montoya renunció. Antes de él, ya habían salido 27 militares de alto rango. Casi cuatro meses después, en febrero del 2009, fue nombrado por el entonces presidente Álvaro Uribe como embajador en República Dominicana. Ese fue el momento en el que empezaron a aparecer las denuncias en su contra.

En 2009, la Fiscalía General de la Nación le abrió investigación preliminar por la posible participación de los paramilitares en la Operación Orión que él lideró. Esta operación se llevó a cabo en octubre de 2002, y consistió en la entrada de las Fuerzas Militares en la Comuna 13 de Medellín, con el objetivo de atacar las milicias urbanas de las Farc.

Después, Montoya ha sido señalado de otros delitos por coroneles, por el ex paramilitar “El Tuso” Sierra e incluso por el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien lo responsabilizó de la falsa desmovilización de la Cacica Gaitana.

A esas denuncias se suman las que han hecho sus subalternos en relación a su participación en los falsos positivos. El polémico coronel Robinson González del Río dijo en junio del año pasado que Montoya fue “el cerebro” detrás de “la creación de los falsos positivos”, que por lo menos el 20 por ciento de las muertes que fueron reportadas como en combate estuvieron relacionadas con estos crímenes.

También habló del macabro ranking con el que Montoya medía a las unidades a través de un “famoso top 10 de las unidades del país clasificadas según las bajas”, que priorizaba bajas sobre capturas. Incluso, dijo que le había oído decir que él no quería reguero de sangre, “sino ríos de sangre”.

Montoya ha negado todos esos señalamientos y ahora tendrá -como los otros tres generales- la oportunidad de dar su versión de los hechos durante el interrogatorio en la Fiscalía.

Dependiendo de qué tan satisfactorias sean sus respuestas, se les vinculará o no formalmente a una investigación que establecerá si en realidad cometieron algún delito.

Si el proceso avanza como es posible que lo haga dado el material probatorio que supuestamente ha recopilado la Fiscalía, estos procesos ayudarán a comprender el fenómeno criminal de los falsos positivos ocurrido durante el gobierno de Álvaro Uribe y cuando el actual presidente Santos era su ministro de Defensa. Uno de los capítulos terribles del conflicto armado.

El Informe Suárez producido por una comisión creada por Santos y Uribe para investigar los falsos positivos cuando estalló el escándalo, estableció que las supuestas operaciones donde habían muerto esos supuestos guerrilleros, carecían de una verdadera planeación salvo unos mapas de la ubicación geográfica del supuesto combate; los operativos no tenían una misión clara como lo exige el Plan de Campaña; los capitanes se saltaban la cadena de mando y ordenaban la acción directamente a los vice-sargentos segundos o cabos terceros y la mayoría de las acciones no tenían datos precisos sobre los ‘bandidos’ dados de baja. La negligencia y la falta de profesionalismo en las operaciones era la norma.

Curiosamente la mayoría de los muertos no eran reportados como guerrilleros, sino como miembros de bandas criminales o meros delincuentes. La razón de esto es que así no los tenían que ubicar en un organigrama de las FARC o del ELN ni asignarles un alias.

Otro dato impresionante era la cantidad de munición que invertían en cada supuesto combate. Daba para matar a decenas. En realidad no las utilizaban para cometer el asesinato, sino para venderla en el mercado negro y luego compartir la recompensa por ‘recuperarla’.

Como lo contó La Silla en su momento a partir de entrevistas realizadas 'off-the-record' con personas que investigaron el tema, los falsos positivos en cada zona tuvieron unas variables regionales.

Por ejemplo, en zonas como Norte de Santander, donde el narcotráfico es intenso, en algunos casos se produjo una ‘triangulación’ con paras y narcotraficantes que le proveían a miembros corruptos de la brigada muertos a cambio de su silencio cómplice frente al narcotráfico.

Pero en todos los casos, la falta de inteligencia, la ausencia de valores de miembros de la tropa, algunos de ellos con pasado en las filas paramilitares, y sobre todo la falta de controles por parte de los superiores, influyeron mucho.

Para los comandantes de las brigadas y las divisiones era más importante quedar bien con el general Mario Montoya, cuya presión a las tropas por guerrilleros muertos es ampliamente reconocida (es famosa su insistencia en querer “ver litros de sangre” de los guerrilleros dados de baja), y cumplir con la exigencia de resultados del presidente Uribe, que examinar realmente la legalidad de los positivos.

Aunque el Informe Suárez, investigaciones periodísticas y el reporte del Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales Philip Alston, han aportado mucha información sobre cómo fue el modus operandi, solo si estos procesos avanzan se sabrá la verdad judicial, que es más difícil de ignorar.

Pero más importante aún es que dado que la investigación preliminar de la Fiscalía que conduce a estos interrogatorios apuntó a encontrar esos “elementos institucionales”, si se vincula formalmente a los generales y sus procesos avanzan, seguramente se constituirán en una presión para que el estamento militar reconozca que sí hubo unos incentivos o diseños institucionales que facilitaron los falsos positivos o que por lo menos evitaron que se actuara rápidamente sobre las denuncias de aquellos militares que denunciaron que esto estaba sucediendo. Y para que desmonten los que persistan.

La contraprestación para ese reconocimiento de responsabilidad organizacional que seguramente se daría en la Comisión de la Verdad creada por la mesa de negociación entre el gobierno y las Farc serían generosos beneficios penales para los involucrados ya que muy probablemente los falsos positivos entrarían a la justicia transicional. De esta manera, los intereses de poderosos miembros de las Fuerzas Militares quedarían alineados con los que quieren que el proceso de paz llegue a feliz término.

La mayoría de herederos de políticos cuestionados de Bolívar que acompañaba a la candidata de La U a la Gobernación Yolanda Wong, conocida como “la china” por sus ancestros, abandonó ese barco para subirse al bus de la carta del gobernador Juan Carlos Gossaín: el abogado Dumek Turbay, que puntea en las encuestas.

Montemariano, nacido en El Carmen de Bolívar, Turbay viene de dirigir por ocho años el instituto de deportes del departamento, tiene amplia experiencia en lo público y una cercana amistad con el Gobernador de quien es compadre.  

Avalado por el liberalismo, el candidato ha logrado armar una campaña tutti frutti que evidencia la desaparición local de la Unidad Nacional, porque además se le han acercado desde el MAIS y los conservadores hasta los uribistas.

Dumek Turbay y su reciente aliada, la senadora Daira Galvis.

Hasta hace unos días, Galvis estaba con Yolanda Wong. Aquí, ambas junto a los congresistas Picho Padauí, Sandra Villadiego y Marta Curi.

Como lo contó La Silla hace unos meses, la “avalancha china” (como bautizó ella su proyecto) de cuestionados de Wong la conformaban la representante de Cambio Radical Karen Cure, del grupo de la condenada Enilce López ‘La Gata’; y las congresistas de La U Marta Curi (esposa y heredera de votos de William Montes, condenado por parapolítica) y Sandra Villadiego (esposa y heredera de votos de Miguel Ángel Rangel, condenado por parapolítica).

Tanto Rangel como Montes siguen al frente de sus respectivos grupos políticos.

También apoyaban entonces a la china la senadora de Cambio Radical Daira Galvis y el representante de ese partido Hernando ‘Picho’ Padauí, investigado disciplinariamente en su colectividad por haber avalado a Karen Cure, a pesar de las advertencias desde Bogotá por su relación con el grupo de La Gata.

De toda esa galería de respaldos poderosos, hoy apenas le quedan el de los Rangel Villadiego y el de Padauí.      

El primer divorcio público fue el de Daira Galvis, quien la semana pasada se tomó una foto de apoyo con Dumek Turbay, que la acompañó a entregar el aval de la candidata de Cambio a la Alcaldía del municipio de Arjona.

Una fuente importante del viejo PIN (el partido que ha manejado La Gata en este departamento), una persona de la campaña de Wong y otra de la de Turbay, nos aseguraron por separado que también Karen Cure se pasó de bando. Según los tres consultados, no ha hecho correría pública con el liberal porque ha tenido que guardar reposo por su estado avanzado de embarazo.

La representante Marta Curi simplemente dejó de hacerle campaña a la china, mientras que -coincidieron las mismas tres fuentes- su esposo William Montes sí está activo desde hace varias semanas, pero por Dumek.

Luego de su condena y debido a que la titular de la credencial del Congreso es su esposa, Montes no aparece en la foto oficial de nadie. Pero evidencia de que el respaldo de su clan es ahora para ese candidato, es que el dirigente de Mompox Guillermo ‘el Guillo’ Montes está con Dumek.

El ‘Guillo’ Montes es hermano de William y dicen que puede llegar a poner unos 12 mil votos, pues cuenta con votantes en pueblos vecinos como Talaigua Nuevo y Margarita. Su hijo es el diputado conservador Andrés Montes.

“El Guillo es un patrón, él solito es capaz de empujar una muy buena votación y él y William están con nosotros. Marta (Curi) está más bien fría, como que no se ha decidido”, nos detalló un político importante que está dentro de la campaña de Dumek Turbay y nos pidió no citarlo.

“(William Montes) no sólo se fue para donde Dumek, sino que está teniendo un papel clave para llevarse a la gente para allá. Nosotros sabemos que fue definitivo para que se fuera Daira (Galvis)”, aseguró por su lado un líder de las toldas de la china.

Turbay junto a Luz Estela Cáceres (extremo derecho de la foto), el día que se oficializó su unión. 

Dumek Turbay y Yolanda Wong fueron compañeros en la Administración de Juan Carlos Gossaín. Hasta hace poco, no se sabía cuál de los dos era el favorito del grupo del Gobernador. Hoy es claro que el ungido es el primero.

A la desbandada se suma que al bus del candidato de la cuerda del Gobernador también se subieron dos poderosas casas que estaban indecisas: la de los García Zuccardi (en cabeza del senador de La U Andrés García, hijo y heredero de votos de los excongresistas Juan José García, quien fue condenado por corrupción, y Piedad Zuccardi, quien está en juicio por parapolítica). Y la de los Blel (en cabeza de la senadora conservadora Nadia Blel, hija y heredera de votos del excongresista Vicente Blel, condenado por parapolítica).

A pesar de estar en La U, el partido que avaló a Wong, los García han liderado una cruzada por quitarle ese respaldo a la candidata, que fue ungida gracias a la gestión de la senadora Sandra Villadiego. Como lo contó La Silla, la semana pasada Andrés García pidió a la dirección nacional de la colectividad votar para revocar el aval en Bolívar argumentando que supuestamente ella va muy mal en las encuestas. Sin embargo, recibió una aplastante derrota de 15 votos contra 1.

En mayo, un abogado de la cuerda de los García (Rafael Vergara Campo) fue nombrado secretario de víctimas y Derechos Humanos de la Gobernación.

A fines de marzo, se le había unido a Dumek el grupo del también condenado por parapolítica Javier Cáceres (en cabeza de su hija, la aspirante a la Alcaldía de Cartagena Luz Estela Cáceres), menos poderoso porque no logró llevar a su heredera el año pasado al Congreso.

Y la semana pasada, casi al tiempo en que lo hizo Daira Galvis, tuvieron turno para la foto oficial de respaldo a Turbay el destituido e inhabilitado (en 2006, por irregularidades en una licitación) exgobernador Luis Daniel Vargas, el diputado José Félix García y el candidato a la Asamblea Daniel Vargas. Todos liberales.

Mejor dicho, todos quieren con Dumek Turbay, quien además tiene el respaldo de los partidos de tendencia de izquierda AICO y MAIS, y de los congresistas liberales Lidio García y Silvio Carrasquilla y del conservador Pedrito Pereira.

Hasta el Centro Democrático quiere con él. La Silla confirmó que en las próximas semanas, el uribismo podría adherir a su candidatura. Aunque el único senador uribista de Bolívar, Fernando Nicolás Araújo, nos explicó que la última palabra la tiene la dirección nacional de su partido, en la campaña del liberal lo dan como un hecho y esperan incluso recibir el co aval.

“Aspiro a que el presidente (Uribe) haga el anuncio en mi tierra (el Carmen de Bolívar). Con él hay una gran sintonía, una gran admiración y respeto por todo el tema de seguridad, además de mi gran amistad con Fernando Nicolás (Araújo)”, nos contó el propio Dumek Turbay.

Sólo le falta Miguel Ángel Rangel, el mentor de Yolanda Wong, para completar la lista de políticos que ayudó a llegar a su otrora jefe el Gobernador Gossaín: Vicente Blel, Daira Galvis, William Montes y Giovanni Meza (pareja de Karen Cure y líder del grupo de los gatos).

Muchos en su campaña celebran y publicitan su primer lugar en la primera encuesta de intención de voto para este octubre (de Datexco para El Tiempo y la W, conocida hace unos días), en la que en realidad está en empate técnico con la china: 21,3 por ciento vs 19,4 por ciento.

Mientras, otros se preguntan cómo va a hacer para gobernar, si gana, debiéndose a tantas y tan distintas fuerzas. Buena parte de ellas, cuestionadas.

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La posibilidad de firmar un Acuerdo Final en La Habana, entre el Gobierno y las Farc, pasa por definir cómo será la justicia transicional. Y uno de los puntos más debatidos es qué tipo de penas cumplirían los guerrilleros.

Por eso la pregunta para nuestra segunda versión 2015 del debate "Sí o No: El Poder de los Argumentos", organizado por la Universidad Javeriana y La Silla Vacía, es ¿Debe exigirse la privación de la libertad de los que cometieron delitos atroces para firmar la paz?

Por el lado del 'SI' estará Antanas Mockus, ex alcalde Bogotá; y por el 'NO' Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación.

Hoy 24 de junio debaten sobre el tema durante 20 minutos y luego responderán las preguntas de José Vicente Arizmendi, director de Javeriana Estéreo, y Juanita León, directora de La Silla Vacía.

El debate, que va de 12:30 a 1:30 p.m., es transmitido por La Silla en tiempo real y se puede ver acá.

Luis Enrique Arango, el ex rector de la Universidad Tecnológica de Pereira que aspira a la alcaldía de esa ciudad por firmas, está a punto de convertirse en el primer candidato verdeuribista, tras reunirse con el ex presidente Álvaro Uribe en su finca de Rionegro (Antioquia) y firmar una alianza con el Centro Democrático el pasado lunes.

Arango hasta ahora no ha firmado un acuerdo similar con la Alianza Verde, pero él mismo ha dicho que lo ha buscado. Además, su jefe de debate es el empresario Roberto Gálvez, uno de los líderes más visibles del fajardista Compromiso Ciudadano y luego del Partido Verde en Risaralda en 2010, y quien sonó fuertemente como candidato verde a la alcaldía en 2011.

El dueño de Busscar, la ensambladora de buses para sistemas masivos de transporte, tenía la intención de lanzarse pero adhirió a Arango en noviembre, lo que abrió las puertes a un acercamiento con los verdes.

Y, más recientemente, algunos líderes verdes locales como Óscar Cruz han impulsado esa posibilidad, que de concretarse dejaría a Arango como el primer verdeuribista del país - o por lo menos como el primer candidato con aval del Centro Demcorático y apoyos dentro de los verdes, ya que la dirección nacional de ese partido tiene la regla de que no se harán alianzas con el uribismo en ninguna parte.

Por ahora, la alianza con el Centro Democrático -que adelantó La Silla hace un mes- sacó del camino al aspirante uribista, Álvaro Ramírez González, y dejó a Arango como la ficha para enfrentarse a los candidatos de la Unidad Nacional, el ex alcalde Israel Londoño (que es del grupo político del senador de La U Carlos Enrique Soto) y el concejal liberal Juan Pablo Gallo.

Y todo indica que terminará en llave con el conservador Sigifredo Salazar, que es la carta del senador azul Samy Merheg (quizás el congresista godo menos santista) a la Gobernación de Risaralda. En esa carrera se enfrentará a otro sotista, el ex gobernador Víctor Manuel Tamayo que va por firmas.

Este domingo estaba planeada la convención del Centro Democrático en Antioquia, que tiene en su orden del día definir la lista de candidatos a la Asamblea y, sobre todo, darle la aprobación final a la ex senadora Liliana Rendón como candidata a la gobernación. Sin embargo, fue aplazada porque lo de Rendón está menos definido de lo que parece y el partido podría dividirse.

La postergación del domingo no es la primera: la convención, que es la que por estatutos debe entregar formalmente el aval, estaba programada para fines de mayo y se ha movido ya dos veces. Además, la decisión de hacerla este domingo se tomó el viernes pasado, por lo que el reverzazo del lunes es notorio.

Dado que la reunión parecía un acto de trámite, pues Rendón es la única aspirante después de que derrotó al ex diputado Andrés Guerra en una encuesta a principios de mayo, el mes largo de demora lo que muestra para seis uribistas antioqueños consultados es que sigue viva una oposición importante para que Rendón sea la ungida.

“Al no existir consenso, lógicamente, buscamos sacrificar tiempo y no sacrificar unidad. Y aplazar la convención”, explica un directivo del partido en el departamento. Eso fue lo que dijo explícitamente la dirección en el decisión de hace un mes: "El aplazamiento de dicho certamen se debe al propósito de buscar consensos generales sobre el tema de lista para la Asamblea y la Dirección Departamental", dice.

Pero hay otra lectura. “La dirección se aplaza para frenar a Liliana, porque iba a llenar ese lugar y hacerse aclamar y ahí si no habría vuelta atrás”, dice otro.

Una tercera fuente, cercana al triunvirato que dirige ese partido en el departamento (en el que están Guerra Hoyos, el ex ministro Fabio Valencia Cossio y el ex congresista Luis Nolberto Guerra), explicó que esa codirección ha preferido postergar la convención para darle tiempo a que se construya un consenso en torno a Rendón.

Solo uno de los entrevistados, el miembro de la dirección nacional Alejandro Arbeláez, dijo que el aplazamiento era normal, debido a que caía en puente. Pero acepta la resistencia que genera la candidatura de Rendón. “La resistencia a Liliana no es cuento”, dice.

Liliana Rendón es la candidata no oficial del uribismo a la Gobernación y ha hecho varios recorridos con Álvaro Uribe.

El ex senador conservador Fabio Valencia es uno de los tres miembros de la dirección departamental y miembro de la dirección nacional del Centro Democrático.

Como contó la Silla, la candidatura de Rendón (que viene del corazón del grupo conservador del ex gobernador Luis Alfredo Ramos y renunció a su curul en el Senado en 2013 para prepararse para esta campaña) ha creado resistencias entre varios grupos uribistas desde el inicio.

“Varios no se sienten identificados con ella porque representa la vieja forma de hacer política”, dice un aspirante uribista. “Liliana tiene poca entrada en el voto de opinión”, explica un congresista distante de ella.

En esa orilla opuesta a Rendón, algunos de manera más pública que otros, están los senadores José Obdulio Gaviria, Alfredo Ramos y Paola Holguín, y los representantes Federico Hoyos, Margarita Restrepo y Wilson Córdoba, varios de los cuales apoyaron la aspiración de Andrés Guerra a la Gobernación, e incluso promovieron el nombre del ex director de Colciencias Jaime Restrepo Cuartas .

Rendón, por su lado, tiene el apoyo de los otros tres representantes (los ramistasÓscar Darío Pérez y Regina Zuluaga, y Santiago Valencia, hijo de Valencia Cossio). También tiene un apoyo importante en el ex alcalde de Bello Óscar Andrés Pérez, candidato del Centro Democrático en ese municipio y quien viene del grupo político conservador del parapolítico Óscar Suárez Mira.

La tensión entre esos dos grupos no se superó con la encuesta que, como era previsible, le ganó Rendón a Guerra por un amplio margen (la intención de voto de lla fue del 43 por ciento, frente al 13 de él).

Aunque Guerra ahora está dedicado a su campaña a la Asamblea, en la que tiene fijo el primer lugar de la lista cerrada, y no ha marcado distancias con Rendón, varios de quienes lo apoyaron sí se han mantenido lejos de la campaña de la ex senadora.

“Ella tiene mucha resistencia con los parlamentarios y los más jóvenes del partido”, explica un aspirante al concejo de Medellín por el uribismo. Y eso lleva a que el aval que ganó en la encuesta siga en duda

Como quedó claro en la convención para elegir candidato presidencial en 2013, quien define todo es el ex presidente Álvaro Uribe. Y hasta ahora el ex presidente, aunque ha realizado tres recorridos con Rendón como aspirante (que ésta ha difundido para disipar los rumores), no ha dado su guiño.  La pregunta es qué haría el uribismo si se queda sin Rendón.

La candidatura del ex senador Juan Carlos Vélez a la alcaldía de Medellín sí está firme.

“La alternativa no es clara. En la dirección departamental, que antes la impulsaba, parece que ha habido cambios respecto a la candidata”, dice un congresista antioqueño.

En el aire hay rumores de que el uribismo podría terminar aliado con alguna de las otras dos candidaturas a la Gobernación: la fajardista de Federico Restrepo o la santista de Luis Pérez, a cambio de que el beneficiado apoye, a su vez, la candidatura del ex senador uribista Juan Carlos Vélez a la alcaldía de Medellín.

Incluso, dos de las fuentes hablaron de la existencia de reuniones, pero La Silla no pudo verificar que se hayan dado. Así lo confirma Arbeláez. “Las conversaciones son puro cuento “, dice, aunque confirma que sí hay rechazo a Rendón.

Y si eso es así y su aspiración peligra, el uribismo tendría que encontrar otro candidato o buscar una alianza. Y todos los entrevistados señalan que la opción sería la segunda.

“Hay dos bloques. Uno con ganas de hacer coalición con el fajardismo para la Gobernación y con eso amarrar al Grupo Empresarial Antioqueño para Juan Carlos Vélez, y el otro con ganas de irse a donde Luis Pérez”, explica una de las fuentes del Centro Democrático.

La disyuntiva no es fácil, según esa misma fuente. “Eso tiene unas aristas tenaces. Si es con Fajardo, Liliana y el ramismo de una se van del Centro Democrático por aquello del libro blanco. Y si es con Luis Pérez, el Grupo Empresarial Antioqueño se emberraca y no apoya a Vélez“.

Otro directivo uribista va aún más allá. “Como veo las cosas, Uribe no le dará el aval a Liliana, ella marcharía con Luis Pérez y Uribe quedará libre para buscar una coalición con el fajardismo. Así las cosas, la disputa seria entre Federico Restrepo apoyado por Fajardo y Uribe, y Luis Pérez apoyado por la Unidad Nacional de Santos”.

Cualquiera de los dos escenarios sería un golpe grande para el uribismo, que aunque lograría darle más bríos a la campaña de Juan Carlos Vélez a la alcaldía de Medellín, también resignaría la posibilidad de quedarse con la Gobernación que ocupó Uribe antes de ser Presidente, dejándole ese cargo a un alfil de Germán Vargas o de Sergio Fajardo, dos de los presidenciables para el 2018. Es decir, reduciría las bases que tendría el uribismo para recuperar el poder en el siguiente cuatrienio.

Y por eso otro de los uribistas consultados ve otra opción que dejaría al uribismo con más fuerza: que Juan Carlos Vélez vaya a la Gobernación (una posibilidad que el candidato acarició hasta diciembre, cuando se decantó por la alcaldía) en alianza con el fajardista con amigos en el uribismo Federico Gutiérrez.

Por ahora está pendiente saber para cuándo queda la convención y qué pasa mientras se reune.

Hoy a mediodía, después de una candente discusión que comenzó desde la mañana, la dirección nacional del Partido de La U decidió coavalar al candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Montería.

Se trata del exalcalde Marcos Daniel Pineda García, del movimiento de los congresistas Nora García Burgos y David Barguil. Ellos hacen parte del grupo de los conservadores no santistas, que en segunda vuelta presidencial hicieron campaña por el uribista Óscar Iván Zuluaga.

El partido del presidente Juan Manuel Santos terminó apoyando al godouribismo cordobés, luego de que así lo propusiera la representante de ese departamento Sara Piedrahita Lyons.

Piedrahita  es prima del gobernador Alejandro Lyons y hace parte de uno de los dos sectores en los que quedó reventada La U en Córdoba: uno liderado por los llamados ñoños (los senadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile) y otro por el mandatario Lyons.

El grupo de Lyons tiene como aspirante a la Gobernación al abogado Carlos Gómez Espitia, quien perdió el aval de La U frente al candidato de los ñoños (el arquitecto Edwin Besaile, hermano de Musa) y terminó recibiendo ese respaldo el viernes pasado de Cambio Radical, como lo contó La Silla.

Gómez va en fórmula a la Alcaldía con Marcos Daniel Pineda. Argumentando que su sector perdió el aval a la Gobernación, y que debe haber un equilibrio, la Representante Piedrahita y el senador Martín Morales (que también está con Lyons) pidieron a su partido La U que aprobaran el coaval para Pineda y no para la fórmula de Edwin Besaile: el candidato liberal a la Alcaldía Juan José González, de la cuerda del exsenador condenado por parapolítica, Juan Manuel López Cabrales.

Esta mañana en la reunión de la dirección nacional de La U, los ñoños pujaron para que el coavalado fuera el liberal.

Ante la falta de consenso, decidieron tomar la decisión mediante el voto de los 22 miembros de la dirección. Además de lo del equilibrio, Sara y Martín expusieron que el apoyo debía ser para Pineda García debido a que va mejor en las encuestas y a que la Representante tiene más votación que los ñoños en Montería (un tema que los estatutos privilegian a la hora de decidir avales en un sitio).

Por su lado, Musa Besaile exigió al copresidente de La U Roy Barreras que cumpliera el supuesto compromiso que éste hizo con su movimiento, en el sentido de que el aval a la Alcaldía de Montería lo definiría el grupo que hubiese ganado el aval de la Gobernación, para así facilitar las alianzas.

Dos personas que estuvieron presentes en esa reunión, nos aseguraron por aparte que Besaile estaba visiblemente molesto y llegó a gritarle a Roy: “¡Sea serio!”.

Los ñoños también criticaron que Sara Piedrahita hubiese presentado hace dos días papeles ante la secretaría del partido para avalar a otro aspirante a la Alcaldía de Montería.

Al final, la votación quedó 16 contra 5 (no estaba presente toda la dirección), a favor del coaval para Marcos Daniel Pineda.

La movida generará todo un ‘bololó’ político en Córdoba, debido a que los ñoños quedaron con el candidato de La U a la Gobernación y Lyons con el candidato de La U a la Alcaldía, pero ninguno de los dos grupos podrá cumplirle el respaldo a sus respectivas fórmulas, si no quiere caer en doble militancia y exponerse a las sanciones que eso conlleva.

Como están las cosas, ni los ñoños podrán hacerle campaña de frente al liberal Juan José González ni los congresistas de Lyons tendrán libertad para lo mismo con Carlos Gómez a la Gobernación.

Más allá, esta historia es otra evidencia de la muerte de la Unidad Nacional santista en las regiones y de que no se cumplió la directriz del Presidente de que los tres partidos de su coalición (La U, liberal y Cambio Radical) trataran de ir juntos a las regionales de octubre.

Peñalosa se lanzó con la idea de hacer "Equipo por Bogotá" pero se ha ido quedando solo porque David Luna aceptó ser ministro y Cambio Radical seguramente se irá con Pardo. Le queda el apoyo político de Carlos Fernando Galán pero en las encuestas viene subiendo.

Enrique Peñalosa se ha lanzado infructuosamente a la Alcaldía de Bogotá cuatro veces. En su campaña piensan que la quinta será la vencida.

Con una estrategia centrada nueva y únicamente en la figura del candidato, la campaña peñalosista le apuesta a que en medio del caos que vive la ciudad su visión sobre el futuro de Bogotá, su trayectoria de logros concretos y visibles y su discurso urbano anti-izquierda le alcanzarán para sacarle una ventaja tal a Rafael Pardo que obligue a su salida de la carrera. Si logran este objetivo, lo demás que necesitan para derrotar a Clara López –piensan ellos- vendrá por añadidura.  

Rafael Pardo arrancó su campaña hace meses pero en la última encuesta Peñalosa lo empata.

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La campaña de Peñalosa es abiertamente antipetrista, y es uno de los diferenciadores con la de Pardo.

Enrique Peñalosa ha hecho campaña por Bogotá desde 1990 y, a diferencia de los personajes contra los que se enfrentó en ese momento, no ha perdido vigencia política.

Sin embargo, en las últimas campañas fue criticado porque su discurso sobre la ciudad no había variado significativamente desde que fue alcalde en 1997 y más bien apuntaba a continuar las obras que le habían quedado inconclusas. Su argumento en ese momento era que seguía proponiendo lo mismo porque seguía existiendo la necesidad.

Esta vez, sin embargo, su campaña está proyectada más hacia el futuro que hacia el pasado y tiene dos componentes novedosos en su discurso: salud y educación.

En salud, Peñalosa va proponer crear 26 Centros de Atención Prioritaria en Salud (Caps) que le resuelvan el problema de atención urgente que viven cotidianamente miles de bogotanos. 

La campaña ha identificado que al año más de un millón de personas llegan a urgencias con problemas que no representan un riesgo inminente para la vida (migrañas fuertes, una diarrea intensa de un niño, problemas respiratorios, una otitis) y que quedan “atrapados” en el hospital durante cinco o seis horas mientras se evacúan los casos realmente graves.

La idea de estos centros (calcados de los walk-in clinics de Estados Unidos y Argentina, entre otros) es que en en menos de una hora y sin cita médica, cuatro médicos por centro puedan atender urgencias no vitales pero que son urgentes. Estarían ubicados al lado de los hospitales, y la mayor parte de la atención estaría cubierta por las EPS y la ARS pero a un costo inferior para ellas que lo que hoy se tramita por urgencia.

Con esto, Peñalosa aspira a resonar en el 44 por ciento de bogotanos que –según la última encuesta de de Bogotá Cómo Vamos- percibe que su derecho a la salud no está garantizado y el 58 por ciento que dijo que buscó atención de urgencias el año pasado.

En el frente de la salud, la campaña del candidato también está proponiendo terminar el megacentro de urgencias de Hospital de Kennedy, cuya construcción quedó suspendida el año pasado; crear un hospital nuevo para atender traumas graves en esa misma localidad y convertir el San Juan de Dios en un hospital de investigación de enfermedades complejas.

En educación, Peñalosa está proponiendo crear unaD sede de la Universidad istrital en el sur y universidades técnicas, tecnológicas y profesionales en las localidades de Bogotá, algunas en concesión, con el fin de que jóvenes de estrato 1, 2 y 3 puedan acceder fácilmente a ellas y sin tener que atravesarse media ciudad.

Además del metro elevado, más troncales de Transmilenio y una “segunda revolución de ciclovías”, Peñalosa propone transformar a Bogotá en “la franja oriental y la franja occidental”, según le explicó a La Silla su gerente de campaña Andrés Villamizar.

Quiere volver el Río Bogotá navegable y convertir la tierra aledaña en una alameda con un malecón con ciclorrutas y andenes. “Esa obra pagada con la plusvalía se volvería el sector más caro de Bogotá”, dijo Villamizar.

Por los cerros orientales, crearía un sendero peatonal con ciclorutas que irían por los canales de agua de la ciudad creando un circuito ecológico. Y  promete crear un mega centro de recreación, cultura y deporte en cada localidad.

En fin, Peñalosa tiene todo un plan en su cabeza para “la ciudad del futuro” –que será el mensaje central de su campaña-. La pregunta es si tiene un plan para ganar.

En las últimas encuestas, Peñalosa aparece en empate técnico con Rafael Pardo y le saca una ventaja a Pacho Santos, aunque sigue muy por debajo de Clara López, la candidata del Polo.

En la campaña peñalosista esa última encuesta y las internas que han hecho los han convencido de que tienen una opción real de sacar a Pardo del juego.

Aunque su retórica pública es la de invitarlo a “hacer equipo” por Bogotá, lo cierto es que el objetivo inmediato de la campaña es forzar su retiro a punta de demostrarle que es inviable.

El razonamiento peñalosista es que aunque Pardo tiene de su lado toda la maquinaria política (ayer la U lo avaló oficialmente y tiene el apoyo del Partido Liberal y extraoficialmente el de Cambio Radical), el guiño del presidente Santos y a la gran prensa haciéndole barra, en las encuestas viene cayendo mientras que Peñalosa lo supera.

La propuesta de Roy Barreras al comienzo de esta semana de hacer una encuesta entre Pardo y Peñalosa para escoger un solo candidato del partido de la U (que ya ayer lo avaló oficialmente) y la decisión del sector samperista de irse con Clara López son para ellos evidencia de que ese apoyo de la maquinaria política–que es el eje de la campaña pardista- está flaqueando.

Para sacarle ventaja a Pardo, la campaña de Peñalosa busca con sus propuestas de futuro atraer a los jóvenes (donde el candidato liberal no tiene ninguna entrada hoy) y llegarle a los estratos más bajos donde Peñalosa por fin está teniendo algún acceso y tiene la capacidad de golpear al ex ministro de Santos.

“El malestar de la ciudad está permeando todos los estratos”, dijo a La Silla un analista cercano a Peñalosa que por su trabajo no puede dar la cara. “Peñalosa tiene el mismo mensaje contra la izquierda que tuvo en 2011 pero ese discurso ahora resuena mas porque más de la mitad de la ciudad está tan rabiosa como él”.

El discurso de Peñalosa contra los gobiernos de izquierda que lo sucedieron en la ciudad y que se ha intensificado contra el alcalde Petro (a quién acusó en la campaña pasada de no haber manejado nunca ni un parqueadero) es uno de los diferenciadores frente a Pardo, que con un discurso más propositivo se ha abstenido de volver su campaña un plebiscito contra el alcalde.

Si, como contó La Silla, los progresistas se quedan sin un vehículo político para participar en las próximas elecciones, la campaña peñalosista intentará acercar en la percepción pública a Pardo más hacia Petro, además de pintarlo como el candidato de las maquinarias.

El problema de Peñalosa es que tiene un techo muy bajo porque uno de cada cinco encuestados (en la de Cifras y Conceptos) dice que jamás votaría por él y el 48 por ciento tiene una imagen desfavorable.

El ex ministro Pardo, en cambio, solo genera una resistencia similar entre el 4 por ciento de los encuestados y de todos los candidatos es el que tiene la menor imagen negativa y es el más desconocido por lo cual tiene un margen para crecer.

La otra dificultad para Peñalosa es que si bien cuando él habla de lo que va a hacer a la gente le queda más fácil creerle porque ya lo ha hecho, toda su campaña está apuntalada solo en su figura pues en todos estos años de carrera política en la que ha saltado de un partido a otro, no ha logrado crear una estructura política que lo respalde. Incluso, varios de los que lo apoyaron en el pasado ahora están con otras campañas. Y de su "Equipo por Bogotá" solo queda Carlos Fernando Galán, quien aunque fue uno de los senadores más votados en Bogotá, ahora está marginado en su partido Cambio Radical por haberse negado a darle avales a candidatos cuestionados. David Luna, el otro coequipero, aceptó un ministerio a los pocos meses de lanzada la iniciativa de unirse por la ciudad.

En su campaña dicen que esa falta de estructura no es un problema porque el voto que elige Alcalde en Bogotá es de opinión y no de maquinaria. Pero su reto es convencer a la opinión de que sí puede ganar porque como dijo un observador a La Silla “uno no puede ir perdiendo elecciones como quién pierde dientes y que eso no lo afecte”.

Los financiadores, también, están presionando para que él y Pardo se unan y les han dicho que cuando lo hagan llegará la verdadera financiación.

Por ahora, la campaña está terminando la recolección de firmas. Creen que podrán inscribir más de 200 mil, cuatro veces las que necesitan.

En su regreso a la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos, volvió a ser el ponente de la solicitud de nulidad que hizo la Procuraduría para tumbar una sentencia de tutela de esa misma Corte, que obligó al Procurador General Alejandro Ordóñez a retractarse en temas de derechos reproductivos. Pero Rojas puede terminar apartado del caso, lo que sería un golpe para Ordóñez.

En el período en el que estuvo fuera de la Corte, después de que tres conjueces y una magistrada del Consejo de Estado anularon su elección (decisión que luego se cayó, por lo que regresó a su cargo), Rojas le dio una entrevisa a El Tiempo. En ella se refirió a ese proceso: “Los casos que tenía eran dos nulidades, en las que no queda demostrado el perjuicio que supuestamente se les causó a las demandantes. El debate se resume en que son sentencias que no se ajustan a la jurisprudencia”, dijo.

En ese momento, Rojas era un ex magistrado que se refería a procesos que había tenido a cargo, lo que no tenía ningún problema. Pero como regresó a la Corte, las declaraciones que haya hecho sobre los procesos pueden mostrar que prejuzgó.

Y en este caso, en el que Rojas dijo que la tutela no demuestra el perjuicio -lo que tiene como consecuencia que se debe anular-, eso es lo que argumenta una de las demandates de la tutela original en una solicitud para que se le declare impedido. Falta ver si Rojas acepta o no ese impedimento.

Opción Ciudadana acaba de anunciar que le dio el aval al ex congresista Didier Tavera para la Gobernación de Santander, una movida que muestra que la ruptura entre los grupos de los parapolíticos Luis Alberto 'el Tuerto' Gil y el coronel Hugo Heliodoro Aguilar -los todo poderosos de Santander- es definitiva y pone dura la pelea para las elecciones de octubre.

Tavera, quien estaba alejado del partido por el que fue congresista, termina así como la ficha de la senadora Doris Vega de Gil, esposa del 'Tuerto'. Y el grupo de Gil deja plantado al ex presidente del partido Ángel Alirio Moreno. 

En esta pelea entre ex aliados, Tavera cuenta con la ventaja de su cercanía con el Partido Liberal, y específicamente con el senador Horacio Serpa, a quién él apoyó en las elecciones al Congreso hace un año.

Quedan entonces tres fichas fuertes para la gobernación de Santander, todas con lazos con el antiguo PIN. Aparte de Tavera, están los dos candidatos del clan Aguilar: el ex congresista Holger Díaz -quien es la ficha del gobernador Richard Aguilar- y el ex director del Parque Panachí Carlos Fernando Sánchez, impulsado por el coronel Aguilar y su hijo el senador Nerthink Mauricio, quien a su vez tiene una rivalidad con su hermano gobernador.

Una de las comunidades que lideró la creación del Parque Nacional Uramba Bahía Málaga, punto de paso para las ballenas yubarta, ahora está considerando presentar una acción judicial contra el parque. Foto: Parques Nacionales

Hay dos parques nacionales pioneros en Colombia porque fueron creados por iniciativa de las comunidades locales para protegerlos de megaproyectos. En uno de ellos, Uramba Bahía Málaga, los afro que lideraron la iniciativa están tan molestos con el Gobierno que están pensando tumbar la creación del parque.

Aunque hace una semana decidieron cambiar la tutela que tienen lista contra el parque por otra acción judicial menos fuerte, su descontento con Parques Nacionales es un campanazo de alerta doble: por un lado, porque son considerados un modelo de conservación ambiental socialmente más viable; y, por otro, porque son un ejemplo concreto del enfoque territorial y participativo que tendrían los acuerdos ya logrados en La Habana con las Farc.

El consejo comunitario de La Plata, que lidera Hoovert Carabalí, estaba listo para demandar la resolución que creó el parque. Ahora demandará los incumplimientos en la consulta previa con ellos.

Para Parques Nacionales, que es la autoridad ambiental del parque y que lidera Julia Miranda, el modelo de Bahía Málaga es muy distinto a los tradicionales y eso hace que no sea fácil manejarlo.  

La Bahía de Málaga es una enorme ensenada de estuarios y manglares a una hora en lancha desde Buenaventura, cuyas aguas son uno de los puntos fijos en la ruta migratoria que hacen todos los años entre 500 y 700 ballenas jorobadas, que paran entre junio y noviembre para criar a sus ballenatos.

Hacia 2008 las comunidades afro que viven allí buscaron a Parques Nacionales y le propusieron proteger la bahía, preocupadas por la idea del Comité Integremial del Valle de instalar un puerto de aguas profundas -similar al de Buenaventura- en su cerrada bahía.

Tras un duro pulso al interior del gobierno y la oposición de los empresarios vallecaucanos, el parque de 47.094 hectáreas vio la luz el 5 de agosto de 2010, dos días antes de que Álvaro Uribe dejara la Casa de Nariño. Con eso se volvió uno de los parques más importantes del Pacífico y uno de los pocos que conservan ecosistemas marino costeros, junto con Gorgona, Sanquianga o Utría.

Eso lo convirtió también en apenas el segundo parque nacional cuya iniciativa ha venido de las comunidades locales, después del Yaigojé-Apaporis en la selva del Vaupés donde viven nueve grupos indígenas que estaban preocupados por las expectativas de minería de oro en la región.

El modelo suena sencillo sobre el papel: Parques Nacionales es la autoridad ambiental y las comunidades, que se comprometen a hacer un uso sostenible de los recursos que hay ahí, se vuelven sus socios en el cuidado del parque.

Pero esa idea ha sido más difícil de llevar a la práctica.

Normalmente los parques tienen como misiones centrales preservar los ecosistemas o la biodiversidad pero en Bahía Málaga hay uno adicional e innovador: fortalecer a las comunidades que viven adentro.

En 2009 Parques y los cinco consejos comunitarios que viven en las costas del parque (La Plata, Ladrilleros, Juanchaco, La Barra y Puerto España-Miramar) acordaron“construir un esquema de manejo conjunto (…) basado en la corresponsabilidad y la toma de decisiones conjuntas”.

Para eso tienen dos espacios fundamentales: una mesa coordinadora en la que se sientan Parques y los consejos a discutir los temas de manejo conjunto del parque y un comité de seguimiento a los compromisos de la consulta previa que hicieron en 2009 (que, bautizada el Acuerdo de Uramba, es considerada un modelo).

Según los líderes del consejo comunitario de La Plata, que con 700 habitantes es el más grande de la zona, ninguno de los dos ha cumplido su misión y se sienten marginados por Parques.

“Cada año el director del parque se sienta con los delegados de los cinco consejos a discutir el presupuesto y los programas prioritarios. Pero nosotros seguimos siendo convidados de piedra porque las decisiones se toman sin nosotros. En realidad sólo nos están informando”, dice Hoovert Carabalí, el líder de La Plata, un consejo comunitario que le viene apostando a la conservación desde hace una década y que además lideró la creación del vecino Parque Regional La Sierpe (que protege 7.700 hectáreas de bosque húmedo tropical).

Sobre todo, los plateros sienten que Parques no le ha hecho seguimiento a la consulta previa. “Dos reuniones en cinco años no son suficientes para mirar cómo vamos. Porque, si no, sólo se cumplen los objetivos de conservación y no los de fortalecer a las comunidades que vivimos allí”, dice Carlos Andrés Hinojosa, el secretario de ese mismo consejo.

Para complicar aún más las cosas, hay roces entre los consejos. Dos de ellos, el de Chucheros y el de La Barra, se han alineado con Rosa Solís, la polémica ex alta directiva afro que -como ha contado La Silla- mantuvo durante varios años un férreo control sobre la representación nacional de los afro ante el Gobierno y era un dolor de cabeza para ambos. Chucheros, que se escindió de La Plata en 2011, incluso la invitó una vez a una mesa de coordinación en Juanchaco, que terminó en gresca por su presencia.

Incluso para Parques -que lidera Julia Miranda- es un esquema muy distinto al que maneja en la mayoría de sus 59 parques nacionales.

Ellos, que reconocen que hay descontento de las comunidades, no sabían sin embargo que La Plata estuviera contemplando llevarlo a la justicia.

“Es un modelo nuevo que requiere concertación y discusión. Fue una apuesta tanto para el Estado como para las comunidades, que implica que muchas veces no tenemos certeza sobre cómo va a ser el manejo compartido. Tenemos que llenar ese concepto de contenido, porque no existía en el país. Y hemos construido ya muchas cosas, pero es lento y difícil”, le explicó a La Silla Juan Iván Sánchez, el director territorial de los parques en el Pacífico.

En palabras de un funcionario de Parques Nacionales, "si uno quiere conocer el Pacífico colombiano va a Bahía Málaga. Ahí hay un poquito de todo: acantilados, manglares, playas, estuarios", además de 1350 especies. Foto: Parques Nacionales.

Uno de los temores de los afro de La Plata es no poder participar en la construcción del plan de manejo del parque, que determinará dónde pueden hacer actividades como la recolección del codiciado molusco llamado piangua.

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El parque de Bahía Málaga nació tres días antes del final del gobierno Uribe, cuando el entonces ministro Carlos Costa ganó la pelea de conservar la zona por encima de privilegiar un puerto de aguas profundas.

Este mapa muestra los cambios que se hicieron al polígono del parque entre su consulta y propuesta a la Academia de Ciencias y su creación (uno de los temas que, para el consejo de La Plata, prueba una violación de la consulta). Los amarillos son puntos nuevos, el rojo uno que cambió de coordenadas y el azul uno cuya definición a partir de las mareas cambió. (Haga clic en el mapa para verlo más grande). 

Lo que más preocupa a los afro de La Plata es cómo se definirá el uso de los recursos naturales en el parque hacia adelante y que, según ellos, no tienen voz en esa discusión.

Esos criterios quedan consignados en el plan de manejo del parque, que es una suerte de biblia que establece qué se puede hacer y en dónde, cuáles son sus zonas intangibles (de conservación más estricta) y cuáles las actividades tradicionales permitidas a las comunidades.

Normalmente ese documento se elabora en el segundo año de vida de un parque pero en Bahía Málaga solo arrancó hace un año (es decir, tres años después de creado) porque Parques trabaja con muchas limitaciones presupuestales. Tras lograr financiarlo con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), acaban de terminar la fase de diagnóstico y están listos para arrancar la de manejo.

Es ahí dónde quedará claro dónde podrán pescar y cazar. De dónde sacar la robusta madera del mangle con la que fabrican sus remos ('canaletes' en la jerga platera), sus canoas de dos puestos ('potrillos'), los cabos de sus hachas y las bases de sus casas palafíticas ('bambas'). Y sobre todo dónde 'pianguar', el verbo que describe la ardua labor de buscar la piangua, un pequeño y muy apetecido molusco que las mujeres arrancan de los tallos sumergidos del mangle.

“Nos preocupa que, como la coadministración ha sido tan débil, esa debilidad se traslade al plan de manejo y a los proyectos que formulen para su implementación”, dice Carabalí.

Su mayor argumento, aparte de que no se sienten involucrados, es que sienten que Parques los engañó al cambiar el mapa del parque después de hacer la consulta e incluso tras haber enviado la propuesta del área a conservar a la Academia de Ciencias Naturales, cuyo visto bueno es el último paso en la creación de un parque. Es decir, que lo modificaron justo antes de crearlo y sin volverlos a consultar y que eso afectó las zonas donde viven.

“Si la consulta fue regulada por la buena fe y la transparencia, no tendría por qué haber variaciones entre lo consultado y lo que aparece en la resolución [de creación del parque]”, dice Carabalí, subrayando que ellos se dieron cuenta de esas diferencias cartográficas desde el comienzo pero decidieron apostarle a sacar el parque adelante.

Dos personas del sector ambiental consultadas por La Silla, que hicieron advertencias sobre esos cambios hace cinco años, también creen que son “irregulares” en el proceso de creación de un parque y que podrían darle alas al reclamo jurídico de La Plata.

En Parques defienden que esos cambios no afectan el área ni han sido objeto de trámites o permisos, pero admiten que son un factor de discordia.

“En el último comité de seguimiento les propusimos hacer una verificación de los puntos y que tratemos el tema acá, una tarea que requiere unas visitas conjuntas de cada punto que ya arrancaron. Pero hemos tenido incumplimientos por parte y parte y los consejos aún no han terminado las visitas. Y no tiene sentido reunirnos si no hemos hecho toda la tarea”, dice Juan Iván Sánchez.

De todos modos, Sánchez enfatiza en que le apostarán a resolver el tema en la mesa y lejos de los tribunales. “Hay unos espacios donde nos sentamos los consejos y Parques. Si hay un tema tan fuerte, es el espacio natural para colocar las diferencias e inquietudes y trabajarlas”.

En La Plata también decidieron darle un compás de espera a su demanda, tras consultar a varios abogados ambientales. “Vamos a empezar a presionar legalmente para que se cumplan los acuerdos de la consulta. Y en la última vía presentar una acción de nulidad contra la resolución 1501 [que creó el parque]”, dice Carabalí.

Mientras tanto, presentarán una acción de cumplimiento del acta de la consulta previa ante un juez (que, de todos modos, tiene mayor probabilidad de éxito que una demanda contra un parque nacional). 

Que Parques y las comunidades afro de La Plata puedan resolver su disputa es clave, dado que -como dice una persona que conoció el proceso de cerca pero no está autorizada para hablar- “lo que garantiza la verdadera conservación de los parques no es solo la institucionalidad, sino las comunidades que viven ahí y que enfrentan los desafíos de protección de los recursos naturales contra los actores armados”.

De hecho, el 'modelo Bahía Málaga' se ha extendido y son cada vez más las áreas protegidas pobladas. Como el parque Acandí-Playón-Playona, creado en 2013 en torno a tres comunidades afro en el Urabá chocoano que cuidan las playas donde anidan las tortugas caná y carey. O Bahía Portete, creado en 2014 con los indígenas wayúu víctimas de la masacre del mismo nombre.

El debate cobra fuerza a medida que la gestión ambiental se enfoca cada vez más en la convivencia entre ecosistemas y comunidades, como lo muestra todo el conflicto en el páramo de Santurbán o la discusión que se viene con los humedales.

Como dice Diana Rodríguez Franco, una de las abogadas en temas ambientales de Dejusticia, “¿cómo van a convivir las zonas de reserva campesinas con los parques? ¿Y las zonas de reserva forestal de Ley Segunda? ¿Cómo vamos a convivir todos en épocas del posconflicto? El plan de convivencia que logren armar en este parque podría ser un buen comienzo”.

Más allá del modelo ambiental, el éxito o fracaso del modelo de Bahía Málaga será un predictor del futuro del esquema de participación comunitaria que subyace todo el punto de desarrollo agrario acordado con las Farc en La Habana, en donde las comunidades supuestamente participarán desde la elaboración de presupuestos hasta la veeduría de las obras públicas construidas.

Y se sabrá si sigue siendo acertado el nombre que le dieron las comunidades al parque de 'Uramba', un vocablo africano que significa 'trabajo conjunto'.

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A cuatro meses de las elecciones regionales, en Casanare hay una multiplicidad de candidatos que se disputan los dos primeros cargos del segundo departamento petrolero del país. Sin embargo, en el fondo, la mayoría son fichas de un solo grupo político: el “Clan de la Casita”, que ha mantenido su poder intacto durante la última década, liderados por el cuestionado ex Representante a la Cámara, José Rodolfo ‘El Negro’ Pérez.

Pérez se eligió en las elecciones al Congreso del año pasado por el partido de bolsillo de Yahir Acuña, 100 por ciento con Colombia. Sin embargo, en octubre renunció al parecer, porque tiene una investigación por parapolítica en la Corte Suprema.

Resulta que ‘El Negro’ es hermano del dos veces gobernador del Casanare, Miguel Ángel Pérez, condenado a pagar seis años de cárcel por haber recibido financiación para su campaña del ex jefe paramilitar Martín Llanos. Llanos no solo dijo que le puso dos mil millones de pesos a esa campaña sino que José Rodolfo fue el intermediario en ese negocio. El ex congresista lo negó y dijo que esta acusación de Llanos respondía a una serie de amenazas de la que él es víctima. 

Además de él, los otros dos integrantes del Clan son el actual Gobernador, Marco Tulio Ruiz, y el ex alcalde y ex gobernador, Nelson Mariño, destituido por la Procuraduría por la contratación irregular de 7 mil almuerzos para niños de colegios del departamento. Mariño también ha sido salpicado por paramilitares de haber recibido apoyo de Martín Llanos para llegar a la Alcaldía de Yopal en 2003. Como Pérez, Mariño también ha negado cualquier tipo de vínculo con los paramilitares y no tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía por esta acusación.

Para octubre, el clan liderado por Pérez, que hoy tiene "el poder y la chequera" como opinan varias fuentes políticas en Casanare, tiene lista una estrategia que ya han empleado en el pasado con éxito: poner a competir varios candidatos en distintos partidos para terminar apoyando al que tenga más probabilidades de ganar cuando se calienten las elecciones. Y esta vez lo están haciendo con casi todos: el Centro Democrático, La U, Cambio Radical y Opción Ciudadana.

“Ellos no quieren que nadie más que ellos lleguen al poder. No les importa si (en el camino) tienen que sacrificar corderos. Todo depende de qué tanto corra el cordero”, le dijo a La Silla una de las seis fuentes que conocen bien la política en Casanare con las que habló La Silla para esta historia.

Los otros partidos que quedan en la baraja y que podrían tener algún chance, son el partido Liberal (que tiene hoy al Representante a la Cámara, Camilo Abril Tarache) y el Verde, (con el senador Jorge Prieto). Ambos tienen candidato propio, es decir están divididos, lo que los debilita frente al grupo político de Pérez que es conocido en el departamento porque sabe ganar, con cara o con sello.

Estas son las fichas que tiene en cada una de las canastas:

La U: la nueva credencial del 'Negro' en cuerpo ajeno

En el viejo Pin, el 'Negro' es rey en Casanare

Cambio Radical: el abrigo de la ficha de 'El Sanador'

Centro Democrático: el 'Negro' y el domador de caballos

 

En noviembre del año pasado, el segundo en la lista de 100 por ciento por Colombia a la Cámara de Representantes asumió la curul que dejó vacante José Rodolfo Pérez. Se trata de Jhon Eduardo Molina, un odontólogo y ex concejal de Villanueva, Casanare, que ha hecho política siempre con el Clan de la Casita. La del año pasado fue la segunda vez que aspiró a la Cámara como segundo renglón de la lista de Pérez, quien es su jefe político.

Sin embargo, después de que 100 por ciento por Colombia perdió su personería jurídica, Molina pidió el resguardo de la U. El pasado mes de febrero presentó la solicitud al partido, que le otorgó la credencial un mes después de la mano del co presidente, Roy Barreras. Así, Pérez ingresó al partido de la Unidad Nacional en cuerpo ajeno, justo cuando se había quedado sin techo.

Mientras tanto, el partido de La U ya avaló a sus candidatos de octubre: para la Alcaldía de Yopal, el candidato es Carlos Fredy Mejía, que perdió las elecciones hace cuatro años con Willman Celemín, que fue destituído por la Procuraduría por contratación irregular y por no haber hecho nada para solventar la crisis de agua en la ciudad.

Mejía ya está haciendo campaña con el grupo político de ‘El Negro’. Hace dos días, un medio local publicó un video en el que se ve el ex gobernador Nelson Mariño, ‘el sanador’ orando por la candidatura de Mejía, y pidiendo el voto a los yopaleños para respaldarlo. Mientras Mariño habla sobre la relación de vieja data entre ambos candidatos (lo conozco hace 25 años y me ayudaba con mi porqueriza de marranos, dice), el público grita ‘amen’.

Esta es una de las fichas más fuertes del grupo de Pérez para octubre. Como contó La Silla, la Alcaldía del departamento se ha convertido en la joya de la corona en estas elecciones, porque mientras se vienen reduciendo las regalías por cuenta de la reforma de 2012, la capital tiene un nuevo estatuto de rentas que llenó las arcas públicas -con la ventaja para el alcalde de que se trata de recaudo de impuestos que son de libre gasto, con la aprobación del Concejo.

Por el lado de la gobernación, La U avaló al también ex candidato a la gobernación, Alirio Guzman. Guzmán que hizo la mayor parte de su carrera política como gerente de la empresa de energía del departamento, Enerca, ha negado varias veces que sea el candidato del grupo político de Pérez. Aunque La Silla no puedo confirmar si esto es cierto o no, tres fuentes consultadas por La Silla, (dos políticos y un periodista) no lo creen del todo, porque la gerencia de Enerca, que depende de la Gobernación hoy en manos de ese grupo, puso en su reemplazo a su socio político y amigo personal, Bayardo Santana.

 

 

A principios de marzo, el departamento del Casanare tuvo una visita inesperada: el ex parapolítico Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil, fundador del otrora Pin hoy Opción Ciudadana, apareció para asistir a una reunión en la finca del ‘Negro´Pérez", según una fuente que estuvo allí, aunque no pudo entrar a la reunión.

Gil anunció lo que ya se venía especulando en el departamento: el viejo Pin, el partido que se ha convertido en la pista de candidatos cuestionados como ha contado La Silla, estaba contemplando la posibilidad de vincular al ‘Negro’ Pérez al Partido.

“Él solicitó una cita hace como mes y medio con el presidente del partido, Ángel Alirio Moreno. Ahí se le explicó que debe estar afiliado tres meses antes de la inscripción. Él se afilió. Si él no tiene vínculos con alguno de los factores que pueda poner en riesgo la personería jurídica del partido, no habría ningún problema (para recibirlo)”, dijo Gil.

Esa movida se concretó después de una segunda reunión entre Pérez y Gil hace unos 20 días, según tres fuentes (dos del viejo Pin en el Casanare y otro político) consultadas por La Silla.

Hasta ese momento, los candidatos del viejo Pin eran Julio Cala, un diputado de ese partido para la gobernación y Angélica Linares, la ex secretaria de Agricultura de Nelson Mariño. Ambos anunciaron sus candidaturas a los medios pero tras la reunión los planes del viejo Pin cambiaron.

Hace cuatro días, el viejo Pin anunció “sin mediar argumentación”, que ahora el candidato que van a avalar para la Alcaldía de Yopal es Luis Alexis ‘Lucho’ García, que ya tenía el aval de Aico pero que lo perdió por líos internos en ese partido. Y según cuatro fuentes de ese departamento, García es de la cuerda política de Pérez.

“Son del mismo combo, de la misma estirpe”, dijo uno de ellos, “están acomodado sus cartas con sus candidatos bien puestos en sus partidos”.

Mientras tanto, según dos fuentes de Opción Ciudadana en Casanare, del candidato Cala no se volvió a saber más. “Se desapareció sin darnos la cara”, dijo uno de ellos. La razón, explicaron, es que el acuerdo que fraguaron entre Gil y el Negro Pérez fue que el viejo Pin no tuviera candidato propio a la Gobernación, sino que apoyaran a la ficha del ‘clan casita’, Julio Ramos que aspira a recibir el aval de Cambio Radical.

 

 

Julio Ramos es un abogado que casi nadie conoce en el Casanare. Sin embargo, desde el año pasado está en correrías por el departamento de la mano de uno de los líderes del Clan Casita de José Rodolfo Pérez, el ex gobernador -destituído e inhabilitado por irregularidades en la contratación- Nelson Mariño, que exponiendo su nueva faceta de ‘sanador’ reparte comida y bebida por todo el departamento promocionando su nombre.

De hecho, en el video que se publicó hace dos días donde se ve a Mariño ‘orando’ por el candidato de La U, Carlos Fredy Mejía, también está Ramos, vestido de negro a su lado.

Ramos trabajó el año pasado como gerente de la campaña reeleccionista de Santos. A pesar de que no tiene ninguna trayectoria política propia, ha trabajado también en las campañas de los ex gobernadores William Pérez, de Mariño y del actual Gobernador, Marco Tulio Ruiz. Incluso, el Gobernador Ruiz le dijo a La Silla que era su amigo personal.

Aunque todavía no tiene el aval, Ramos aspira ser gobernador con Cambio Radical. Como contó La Silla, el partido de Vargas Lleras llegó a un acuerdo con el clan del Negro Pérez después de que ellos “se quedaron sin partido y buscaron el abrigo de Cambio Radical. Por eso terminamos apoyando a su candidato porque ellos tienen el poder y la credencial” como dijo en su momento el ex representante de ese partido en el Casanare, Camilo Abril Jaimes.

Según Jaimes, el aval llegaría en los próximos días. Y Ramos es el candidato que por ahora pinta más fuerte del clan de Pérez, no porque tenga trayectoria, sino porque además de la bendición de las cabezas del clan, cuenta con el apoyo del ex candidato a la Cámara por La U, Rodrigo Chaparro que encabezó la lista cerrada que sacó más de 14 mil votos en marzo y ahora del viejo Pin.

 

 

La última carta del ‘Negro’ Pérez para quedarse con el Casanare es un político que está en una orilla opuesta a todas las anteriores. Se trata de un domador de caballos, sin ninguna trayectoria política, que ya cuenta con un pre aval del uribismo para la Gobernación, Alirio Barrera.

Como contó La Silla , Barrera es socio de negocios, amigo personal y fue el coordinador de la campaña a la Cámara del “Negro” Pérez en el municipio de Aguazul el año pasado Cámara, donde el domador tiene un rancho para amansar caballos.

“Él hace lo que le diga José Rodolfo”, dice una de las fuentes.

Aunque no tiene muchas posibilidades porque el partido de Uribe no ha podido armar cuadros fuertes para repetir el éxito de las pasadas elecciones, con Barrera ‘El Negro’ también bloquea las posibilidades de tener la competencia uribista en Casanare, y así darle más fuerza a sus otros candidatos.

 

En Sincelejo todavía no se conoce al candidato que le hará oposición a la carta del cuestionado exrepresentante Yahir Acuña a esa Alcaldía. Y mientras llega el ungido por la coalición de la Unidad Nacional en contra de Yahir, el nombre del exconcejal Carlos Vergara Montes comienza a tener ventaja.

Pese a que están en conversaciones desde marzo pasado, los partidos Cambio Radical, Liberal y La U siguen sin definir cuál de sus tres aspirantes será el ‘gallo’ con el que se enfrentarán a Yahir. Por los lados de La U está avalada la concejal Karina Cabrera, esposa del representante por esa misma colectividad Nicolás Guerrero, mientras que por Cambio Radical y los liberales están inscritos, y a la espera de aval, los concejales Diego Mercado y Juan Torres Rico, respectivamente.

El abogado uribista Elkin Monterroza, en el centro, y la concejal Karina Cabrera, avalada por La U, son dos de los ocho aspirantes a la Alcaldía de Sincelejo.

Entre los aspirantes a la Alcaldía de Sincelejo también están el comerciante José Eder Alzate (superior izquierda), el exconcejal Carlos Vergara Montes (superior derecha), el concejal Juan Torres Rico (inferior izquierda) y el expersonejo Jacobo Quessep (inferior derecha).

También están en la contienda el abogado Elkin Monterroza, por el Centro Democrático; el historiador Edgardo Tamara, avalado por la alianza Mais - Progresistas, y por firmas, el expersonero Jacobo Quessep y el comerciante José Eder Alzate.

El termómetro político en Sincelejo apunta a que quienes más opciones tienen de dar la pelea son la carta de Yahir, el exconcejal y excandidato a la alcaldía Carlos Vergara, y el nombre que emerja de la coalición santista.

Para Vergara este es su tercer intento consecutivo de llegar a la Alcaldía, pero esta vez le auguran muchas posibilidades por tener el respaldo de la maquinaria electoral de Yahir, quien logró pasar de 50.000 votos en las legislativas de 2010 a 126.000 sufragios en 2014 repartiendo whisky y plata.

En la coalición santista la balanza se inclina a favor de la concejal Karina Cabrera por estar avalada desde abril pasado por La U. El candidato escogido también recibiría el apoyo del alcalde Jairo Fernández Quessep, quien ya no tiene como carta a su sobrina política Ana María Castañeda. Ella fungió hasta el año pasado como gestora social de Sincelejo. La Silla supo que Castañeda le dijo no a una candidatura a la Alcaldía para dedicarse  al hogar que tiene formado con el senador liberal Mario Fernández, sobrino del alcalde.

A diferencia de la Alcaldía, en la pelea por la Gobernación de Sucre el ‘Todos contra Yahir’ va más avanzado porque la coalición santista escogió al diputado liberal Jairo Barona Taboada para enfrentarlo a él o a su esposa la exdiputada Milene Jaraba.

Esta ciudad, de casi 300 mil habitantes que los ocho aspirantes se pelean, tiene entre sus atractivos un presupuesto anual cercano a los 400 mil millones de pesos y servir además como epicentro comercial para algunos municipios de Sucre, Córdoba, Bolívar y Magdalena.

Mientras le llega el ‘gallo’ que le peleará la Alcaldía, Yahir impulsa a su candidato Vergara desde hace meses. En Sincelejo hay gorras, camisetas, murales y calcomanías pegadas en los vehículos con el nombre de Vergara y las palabras ‘Plan M’. Estas últimas son el eslogan de campaña de Yahir a la Gobernación: M de Milene, el nombre de su esposa, y su 'plan b' si no puede lanzarse, y sobre la M una Y de Yahir, pintada en rojo. Las calcomanías prueban que Vergara y Acuña van en fórmula.

La estrategia de ambas campañas, tanto para la Alcaldía como para la Gobernación, incluye regalarles a los ciudadanos cartones de huevos. La entrega más reciente, nos dijo una fuente en Sincelejo,  ocurrió entre la noche del viernes 12 y la mañana del sábado 13 de junio en un comando político, ubicado frente al CAI de policía de la Avenida San Carlos, en la capital sucreña. Es en ese comando político en el que Yahir suele reunirse con Vergara, le dijeron a La Silla otras dos fuentes consultadas.

Al indagar sobre la entrega de huevos, una persona del movimiento político de Acuña nos aseguró que “la bondad no es delito”.

Con huevos o no, en lo que a la Alcaldía respecta, el equipo de Carlos Vergara le apuesta a que se elija con tres veces más votos que quien quede de segundo. Eso nos dijo la persona de adentro de esa campaña que consultamos. La misma fuente nos aseguró que Vergara se inscribirá como candidato antes del miércoles próximo, sin revelarnos el partido por el que lo hará.

Como militante histórico del conservatismo -fue concejal y candidato a la Alcaldía para las elecciones pasadas, Vergara ha manifestado su interés en ser coavalado por los azules y por Opción Ciudadana, el partido al que Yahir pertenece y en el que su decisión pesa a la hora de entregar los avales.

De la campaña de Vergara nos aseguraron estar "definiendo" el coaval. Sin embargo, el copresidente de los conservadores David Barguil le negó a La Silla que esas conversaciones existan porque para la Alcaldía de Sincelejo no habrá aval azul.

El 'Plan M' de Yahir Acuña: M de Milene, su esposa, quien sería candidata a la Gobernación de Sucre como plan B si él no puede lanzarse.

Calcomanías como esta, con el nombre de Carlos Vergara Montes y 'Plan M', campaña impulsada por el exrepresentante Yahir Acuña, están pegadas desde hace semanas en los vehículos de Sincelejo.

Vergara no es el único que infringe las normas electorales. Esa ha sido una constante en esta contienda en Sincelejo, le dijo a La Silla Freddy Aguilera, miembro de la Misión de Observación Electoral (MOE).

La concejal y candidata Karina Cabrera, por ejemplo, también tiene calcomanías en los carros con la inicial de su nombre. En su perfil en Facebook usa la etiqueta #HinchadaK para promover su aspiración aprovechando la coyuntura de los partidos de la Selección Colombia en la Copa América que se celebra en Chile. Mientras que el concejal Juan Torres es señalado de estar detrás de la campaña de expectativa “Si es posible”, de tener calcomanías en los carros y anunciar por radio sus visitas a los barrios.

Otro que promociona bastante su aspiración, pero que por estar recogiendo firmas se hace más difusa la línea entre lo que la ley le permite y lo que no, es el comerciante paisa José Eder Alzate, dueño de los almacenes El Maniconio y quien ha vivido en Sincelejo durante las últimas tres décadas.

En noviembre del año pasado, Alzate inscribió en la Registraduría el comité impulsor del grupo significativo ‘Avanza Sincelejo’. A Alzate se le vio el año pasado como un aliado de Yahir porque fue con los bonos de El Manicomio que Yahir supuestamente le habría pagado a quienes votaron por él a Congreso. En la demanda de nulidad que evalúa el Consejo de Estado en contra de Yahir, están los bonos como prueba.

También están en campaña, aunque sin denuncias todavía de estar incurriendo en publicidad extemporánea, las cartas del uribismo y del Mais-Progresismo, al igual que el expersonero Quessep quien recoge firmas para avalarse por el grupo ‘Red por Sincelejo’.

Sobre el uribismo había expectativa en Sucre por los 22.500 votos al Congreso que la lista cerrada de ese partido obtuvo, y por tener como senadora a María del Rosario Guerra, miembro de una de las familias políticas más tradicionales de ese departamento. Sin embargo, la candidatura del abogado Elkin Monterroza no despega aún, pese a haber sido proclamado en convención uribista en mayo pasado y ser reconocido en Sincelejo por sus iniciativas a favor de la comunidad: una de ellas, el haber invocado la acción de nulidad de la valorización en 2011.

A un mes de que comience la campaña en firme, Sincelejo espera el nombre del candidato de la coalición santista para ver si podrá hacerle contrapeso al poderoso proyecto de Yahir. Mientras eso sucede, tal y como está planteada la contienda, en la capital sucreña no hay mayores esperanzas de una renovación de gobierno para los próximos cuatro años.

Desde hace más de un año, la Fiscalía 57 de la Unidad de Derechos Humanos ha tratado de hacer la audiencia de imputación de cargos contra el coronel del Ejército Róbinson González del Río. El último intento fue el miércoles en la mañana, pero González no llegó y la audiencia se canceló. Esta es la tercera vez que ocurre en menos de tres meses.

González del Río está detenido desde el 2012 por las ejecuciones extrajudiciales de dos campesinos en el centro del país. El año pasado, aceptó su participación en más de 27 casos de los llamados falsos positivos. De hecho, el informe que publicó el miércoles la Ong Human Rights Watch usa su testimonio para salpicar a altos generales del Ejército, incluidos el general Mario Montoya y el actual comandante del Ejército, Juan Pablo Rodríguez Barragán.

A pesar de que ya confesó, hasta ahora ha sido imposible que la Fiscalía le impute cargos para avanzar en el juicio.

Además de la audiencia del miércoles, el pasado 20 de mayo se celebró otra con el mismo fin en el compeljo judicial de Paloquemao, en Bogotá. González del Río, supuestamente recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué, iba a asistir por videoconferencia.

La audiencia comenzó, pero de pronto el fiscal 57 notó que la persona que estaba sentada frente a la pantalla no era González del Río, sino otro recluso. Tras una verificación de nombre y cédula, la Fiscalía y la juez que iba a presidir la audiencia se enteraron que, sin saberlo, el coronel había sido trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá y que, por lo tanto, la audiencia no se iba a poder hacer.

Y hace un poco más de tres meses se había programado la misma audiencia  en Ibagué. Allí llegaron desde Medellín el fiscal 57 con su equipo, la Procuraduría e incluso varias víctimas. Sin embargo, la sala de audiencias estaba cerrada y tenía un mensaje en la puerta firmada por el juez en la que se excusaba porque había trabajado hasta tarde la noche anterior.

Los militares hasta ahora se han resistido a que las organizaciones civiles entren a hacer desminado humanitario en Colombia. Eso cambió el viernes pasado, cuando el Batallón de Desminado y la Inspección general del Ejército finalmente le dieron el visto bueno a la ONG británica Halo Trust para que entre a trabajar en Abejorral (Antioquia). 

Como contó La Silla, hace cinco meses Halo Trust -que el año pasado se convirtió en la primera organización civil en entrar a desminar en el país- le solicitó al Gobierno trabajar en Abejorral, después de que los tres municipios que le habían encargado en Antioquia tuvieran pocas minas y otro más no tuviera ninguna.

Aunque nunca les respondieron su petición, los desminadores del Ejército llegaron a trabajar a ese municipio del Oriente antioqueño -que tiene un número alto de víctimas y que está ubicado en la zona donde Halo ya había contratado y entrenado desminadores locales- sin que les fuese asignado. Incluso le pidieron plata a la Gobernación de Antioquia para desminar, cuando los británicos ya tenían lista su propia plata para hacerlo.

Ese era uno de los escollos para las organizaciones civiles que quieren trabajar en el país, cuya llegada fue un compromiso que Colombia hizo al pedir una extensión del plazo de la Convención de Ottawa para liberar de minas todo el país.

Los congresistas uribistas antioqueños que no apoyan la candidatura a la Gobernación de Liliana Rendón se destaparon. Los senadores José Obdulio Gaviria, Paola Holguín y Alfredo Ramos (hijo del padrino político de Rendón, el ex gobernador Luis Alfredo Ramos, pero quien no representa al ramismo en esta decisión) y los representantes Federico Hoyos y Margarita Restrepo sacaron una carta pública en la que anuncian que no van a apoyar a Rendón, hacen críticas a su perfil y piden que el Centro Democrático piense en apoyar otra candidatura.

Ahora hay que ver si, después de esa carta, se empantana más la convención que ungiría a Rendón o si, por el contrario, finalmente se convoca y el uribismo antioqueño queda roto.

Una acción de tutela interpuesta por la concejal de Cambio Radical Ana María Muelle es el capítulo más reciente de la novela en la que se ha convertido el aval a la Alcaldía de esa colectividad en Santa Marta, en la que se enfrentan dos fuerzas del mismo partido: la del gobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes y la del exsenador Miguel Pinedo, condenado por parapolítica.

Muelle es respaldada por Pinedo y lidera las encuestas. Ella tuteló ayer jueves ante un juzgado administrativo de esa ciudad a la Dirección Nacional de Cambio Radical, solicitando el amparo del derecho fundamental de petición y de los derechos políticos a elegir y ser elegida.

Con ese mecanismo, le explicó Muelle a La Silla, busca una respuesta a la solicitud de aval que presentó el 4 de febrero pasado y del que sigue sin obtener respuesta. Para esa misma fecha, asegura la concejal en la tutela, la exalcaldesa de Albania Oneida Pinto también solicitó ser avalada por Cambio para la Gobernación de La Guajira. Tres meses después, Oneida obtuvo el aval.

La aspirante argumenta en la tutela que sus garantías han sido vulneradas porque, en entrevista con W Radio, el director de esa colectividad Rodrigo Lara aseguró el 23 de junio pasado que “Cambio Radical tuvo que retirar un candidato a la Alcaldía (de Santa Marta) para darle lugar a un candidato del partido de La U”. Según Muelle, eso es prueba de que su candidatura fue retirada unilateralmente sin haber sido notificada antes.

Las declaraciones de Lara se dieron dos meses después de Muelle haber recibido una comunicación firmada por el secretario general de Cambio Radical, Antonio Álvarez Lleras. En ella se le aseguraba que no existía alianza alguna entre su partido y La U para la Alcaldía de Santa Marta.

Aunque a Muelle las encuestas le dan el primer lugar en intención de voto, dos senadores y un representante de Cambio Radical le dijeron fuera de micrófonos a La Silla que lo más seguro es que la concejal no sea avalada.

La razón es que si Muelle recibe el aval entorpece los acercamientos entre el Mello y el sector del representante Eduardo Diaz-Granados del partido de La U.

La idea de ese acuerdo es que Díaz-Granados apoye a la tía del Mello Rosa Cotes en su candidatura a la Gobernación del Magdalena y el ‘Mello’ al candidato de La U a la Alcaldía. El más opcionado a llevarse el aval de La U es el médico y exalcalde de Barranquilla Humberto Caiafa, quien se lo disputa con el exdiputado Adolfo ‘Chofo’ Gómez y con el diputado Humberto Díaz.

Con esta acción de tutela Miguel Pinedo, en cabeza de Muelle, pone en aprietos al Gobernador luego de que el segundo ganara el aval a la Gobernación para Rosa y Pinedo se quedara sin posibilidades de postular a su hijo, José Luis Pinedo, a ese mismo cargo. 

La apuesta del fajardismo para mantener el poder en la Gobernación de Antioquia dio un giro radical: Federico Restrepo, su carta, ya no tiene una fórmula exclusiva a la alcaldía de Medellín con Federico Gutiérrez, sino que le abrió la puerta al ex alcalde Alonso Salazar.

Como esa decisión se supo por una filtración, no hay un pronunciamiento oficial y Salazar y Restrepo solo se van a reunir el martes, no es claro hasta dónde hay una ruptura entre los federicos o si Restrepo tendrá dos fórmulas. Pero sí queda claro es que el fajardismo le apuesta a reunificarse para aumentar las posibilidades de mantener la Gobernación.

Cinco fuentes del fajardismo, que prefirieron no dar su nombre, le dijeron a La Silla que el viraje se debió a una decisión del gobernador Sergio Fajardo, cabeza visible del movimiento. “Eso vino desde arriba”, explica uno. “Fajardo cedió a la presión de Alonso”, dice otro.

Incluso, tres de las fuentes, una cercana a Salazar y dos a Gutiérrez, dijeron que Restrepo lo había hecho contra su parecer, pues siempre había preferido seguir con Gutiérrez.

Restrepo, en cambio, le explicó a La Silla que la decisión la tomó por varios motivos: porque era absurdo parecer en la orilla opuesta de su compañero político por 15 años, con quien tiene grandes coincidencias programáticas; porque la campaña de Alonso se va consolidando y deben empezar a trabajar en programas coincidentes para el departamento y la ciudad; y porque en este punto su campaña se enfoca en posicionar su nombre en Antioquia, no salir con algún candidato a la alcaldía.

"La nuestra es una campaña de convergencia, que por eso va por firmas", explica. "Acá caben Federico y Alonso".

El líder natural de Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo, habría sido quien definió el apoyo de Restrepo a Salazar. . Fotografía: Santiago Mesa.

El ex alcalde Alonso Salazar parece haberse salido con la suyo. Foto: www.elcolombiano.com

Cuando, a mediados del año pasado, se empezó a reorganziar el fajardismo, Restrepo y Salazar estaban presentes. Tras 15 años trabajando juntos en política, eran dos de los referentes de Compromiso Ciudadano y dos de las posibles cartas para las elecciones de este año.

Pero unos meses después, en noviembre, Salazar salió del panorama y de la baraja.

Federico Restrepo se lanzó a recoger firmas para ser candidato a la Gobernación, por fuera de la Alianza Verde (el partido que avaló a Fajardo hace cuatro años) y de la ASI (el partido por el que Compromiso ganó por primera vez la alcaldía en 2003, y donde están otros históricos del movimiento, como el concejal Luis Bernardo Vélez), y en llave con el ex concejal Federico Gutiérrez.

Esa decisión marcó el inicio de una ruptura que no se ha superado.

Uno es que Gutiérrez es visto como muy de derecha por una parte de Compromiso, precisamente la más cercana a Salazar. Y esa percepción tiene sentido: Gutiérrez tiene amigos cercanos en el Centro Democrático y nunca lo ha ocultado; apoyó a Óscar Iván Zuluaga en las presidenciales del año pasado; fue candidato a la alcaldía en 2011 por La U y con el apoyo de Álvaro Uribe.

Desde antes de que se oficilizara la alianza, esa orilla se opuso a Gutiérrez, y buscó una carta para hacerle contrapeso incluyendo la hoy gerente del metro de Medellín Claudia Restrepo (a cuya aspiración dio una bienvenida pública Salazar) o al concejal Vélez.

Al final, Salazar decidió lanzarse directamente, se alejó de Federico Restrepo y empezó campaña solo. Eso, como contó La Silla, molestó a Fajardo (y, claro,a los federicos), pues unos meses antes Salazar había dado a entender que no se iba a lanzar.

Desde entonces, la división no ha hecho sino ahondar.

Las campañas avanzaron aparte. Gutiérrez y Restrepo se dedicaron a recoger firmas en Medellín, mientras Salazar aseguró los avales de la ASI y la Alianza Verde; Salazar va a apoyar las listas al concejo de esos dos partidos, mientras que Gutiérrez armó una que va por firmas y que tiene antiguos militantes de esos partidos, como los ex ediles verdes Catalina Lopera y Andrés Felipe López o el de la ASI Alejandro de Bedout.

Sin embargo, la prioridad para el movimiento siempre fue la Gobernación, sobre todo desde que los otros dos candidatos, la uribista Liliana Rendón y el santista Luis Pérez, representan los dos principales enemigos del fajardismo en Antioquia.

Salazar, aunque ha hecho críticas a la campaña de quien fue su gerente de la EPM cuando era alcalde, siempre ha manifestado que sería su candidato predilecto.

Por eso, el candidato a la Gobernación podía convertirse en el puente para terminar con la división, con lo que sumaría nuevas fuerzas a su campaña y evitaría el ruido que produce la división de Compromiso en la elección de Medellín.

Y la decisión muestra que para allá va, aunque el camino no sea fácil.

Federico Restrepo, director de Planeación en la alcaldía de Fajardo, coordinador de la campaña de Alonso Salazar a la alcladía y ex gerente general de EPM, es definitivamente la carta a la Gobernación. Foto: www.elcolombiano.com

Federico Gutiérrez lleva meses haciendo campaña a la alcaldía.

La gran pregunta es qué va a pasar con Federico Gutiérrez y quienes lo acompañan.

El candidato a la alcaldía ha dicho claramente que él sigue adelante, que su candidato a la Gobernación sigue siendo Restrepo y que, como va por firmas, no necesita del aval de ningún jefe político.

“Lo nuestro es la independencia”, explica. “Ya estamos llegando a las 100 mil firmas, que es el doble de lo que nos exige la ley. Y seguimos adelante”.

Pero la decisión de Gutiérrez no es la única duda. También están todos los militantes de Compromiso Ciudadano que han hecho campaña con él, desde sus cuadros hasta los miembros de la lista al Concejo.

“Esto ha beneficiado la campaña. Hay gente, sobre todo jóvenes, que sienten que los están obligando a tomar decisiones desde arriba, y no les gusta. Por eso se están viniendo para acá, a donde Federico”, dice un fajardista de esa orilla. “Nos han llegado más voluntarios para recoger firmas. Algunos incluso dicen que ya no van a ayudar a Restrepo a la Gobernación”.

Y es que entre muchos de ellos se ha extendido la percepción de que Restrepo incumplió su palabra con Gutiérrez - después, además, de que de la campaña del aspirante a la alcaldía le ayudaron a recoger firmas.

“Hemos recogido firmas juntos, pero la campaña va avanzando”, explica Restrepo. “Es una campaña por una Antioquia más educada, más desarrollada, decente, honesta, transparente, limpia, inteligente. Alonso ha encarnado eso y mal haría en decirle que él no es de ahí“.

“Esto va a dejar heridas. Pero a la larga, cuando se acerquen las elecciones, vamos a terminar juntos”, dice un joven fajardista. 

“Lo ideal sería que hubiera una sola candidatura a la alcaldía, pero eso lo definirá la percepción ciudadana”, dice Restrepo. Hasta ahora ni él ni Salazar ni Gutiérrez hablan de quién sería el único candidato a la alcaldía o cómo elegirlo.

El martes se reúnen Restrepo y Salazar. Quizás ese día se defina hasta dónde va la alianza y la ruptura con Gutiérrez.

Mientras tanto, está claro que la Gobernación es la prioridad para el fajardismo - y más desde que los otros dos candidatos, la uribista Liliana Rendón y el santista Luis Pérez, representan sus dos principales enemigos. Y si Restrepo logra sumar la buena imagen de Fajardo, el reconocimiento de Salazar y lo que ya sembró con Gutiérrez en Medellín, podría despegar finalmente en las encuestas.

La semana pasada, después de 13 años de espera, por fin se vio la justicia en el asesinato del periodista caldense Orlando Sierra, con la condena a 36 años de prisión del dirigente político Ferney Tapasco. Pero aún son muchos los colegas muertos que faltan por alcanzar ese resarcimiento. Y varios de ellos ni siquiera son recordados más allá de sus círculos íntimos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tiene registro de 143 periodistas asesinados entre 1977 y 2015, y en apenas 20 de los casos hay sentencias condenatorias. En muchos de esos procesos la Fiscalía suspendió las investigaciones (hay 65 prescritos) o ni siquiera hay reporte oficial de su estado.

Con el siguiente perfil, La Silla comienza el especial ‘Desenterrar al periodista’, un proyecto hecho con el apoyo de Oxfam y la Unión Europea, que busca rescatar la memoria de ocho periodistas anónimos asesinados en región a causa del oficio.

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Oswaldo de Jesús Regino Pérez había hecho cursos de periodismo por correspondencia. Fotos: cortesía familia Regino Negrete.

Su muerte, uno de los primeros asesinatos de periodistas registrados en Córdoba, causó conmoción, pero aún hoy hay quienes temen hablar al respecto.

Nadie en este país sabe quién es Oswaldo Regino. Excepto sus seres queridos y algunos en una generación que ya va doblando la esquina, nadie recuerda que un día existió, que le gustaba leer, que hizo periodismo desde los 18 años y que a los 34 lo mataron luego de que se atreviera a registrar las primeras masacres paramilitares en Córdoba, a finales de los 80.

Nadie conoce que era un periodista de región, cuya valentía no alcanza a llegar a los titulares de la gran prensa nacional. Que fue director de radio, corresponsal de periódico y de televisión, producía noticias para tres medios todos los días, y que todo eso lo alternaba con sus estudios nocturnos de ciencias sociales.

Nunca ganó un premio, ni siquiera póstumo, no hay menciones a su trabajo. Nadie pide justicia para él en editoriales o con plantones en el aniversario de su muerte. Nada. A veces alguien a nivel local lo incluye como parte de la cuota de dolor del periodismo en la guerra. Ni sus asesinos deben ya recordarlo.

Su nombre hizo parte de una de las primeras listas de objetivos del horror paramilitar en este departamento. Era 1988 y, entre dirigentes de izquierda, profesores, sindicalistas, abogados, médicos, estudiantes, sacerdotes, periodistas críticos y líderes de las luchas agrarias, Oswaldo de Jesús Regino Pérez fue ubicado en el puesto número 30 de un pasquín que recorrió calles y callejones con su mensaje de miedo.

El día que mataron al profesor que estaba en el lugar 29 de la lista de amenazados, un vecino tocó a la puerta de la casa de Oswaldo, en el barrio Panamá de Montería, para darle la noticia:

“¡Mataron al profesor José, mataron al profesor José!”, recuerda Yolanda Negrete, la viuda del periodista, que dijo el vecino.   

Los 28 de más arriba también habían aparecido muertos, muchos decapitados o con tiros de gracia, o estaban huyendo. Otros simplemente fueron desaparecidos. La aparente calma de siempre en Córdoba se había ido del todo para entonces, por cuenta de la naciente macabra asociación entre algunos ganaderos, comerciantes, militares y políticos, que decidieron apoyar el proyecto de autodefensa que lideraba el narcotraficante Fidel Castaño.  

Oswaldo Regino, que había estado durmiendo, se incorporó antes de responder: “Mierda, la otra semana me matan a mí”.

Varios días antes, en agosto de ese año, su mejor amigo y colega, quien había tenido que abandonar la ciudad por el mismo tipo de amenazas, quiso tramitar la salida de Oswaldo de Montería pero éste se negó argumentando que no quería dejar solos a su esposa y tres hijos pequeños.

Ese amigo se llama Jorge Enrique Rojas Rodríguez y es el reconocido líder de Derechos Humanos que en 1992 fundó la Consultoría para los DH y el Desplazamiento Codhes, y hoy es uno de los principales escuderos de la Administración de Gustavo Petro en Bogotá.

Nacido en el pueblo de Santa Rosa, en Risaralda, Jorge llegó de 17 años a Montería y ejerció el periodismo allí casi siempre al lado de Regino. Fueron tan cercanos, que alcanzaron a ser compadres porque el primero es el padrino de bautizo de Andrés Eduardo, el hijo mayor de Oswaldo y Yolanda. Juntos fundaron en Córdoba el Colegio Nacional de Periodistas, cuya presidencia se alternaron hasta que la violencia acabó con todo y dejó a uno muerto y al otro exiliado.

Desde la emisora Todelar, en donde ambos fueron primero reporteros y, luego, jefe de redacción Oswaldo y director Jorge, les hicieron bulla a las masacres y a los muertos y tomaron partido a favor de los campesinos despojados de sus tierras.

Jorge Rojas tuvo que salir huyendo hacia Sincelejo metido en un baúl, luego de contar sobre una masacre atribuida al Ejército en la zona del alto San Jorge: cinco campesinos fueron atacados a machete, uno sobrevivió y en el hospital de Caucasia le contó al periodista que habían sido militares de la Brigada XI.

La última vez que vio a Oswaldo Regino fue en el entierro del profesor Alfonso Cujavante Acevedo, a mediados de marzo de 1988. En aquellos tiempos aciagos, según rememoró El Heraldo en una nota de 2011, en un hecho sin precedentes en Córdoba y en el país, 200 profesores abandonaron sus puestos por las amenazas de grupos armados de la ultraderecha.

A pesar del ambiente y las advertencias en su contra, Oswaldo se quedó en su región y dio cuenta de la génesis de la tragedia paramilitar.

Registró en micrófonos la considerada primera masacre de la Costa Caribe, ocurrida el 3 de abril del mismo 1988 en la vereda cordobesa de La Mejor Esquina, en donde unos 10 hombres vestidos de militares que se hacían llamar ‘Los Magníficos’ mataron con sus fusiles a 27 campesinos, a los que acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla del EPL.

Asimismo, cuatro meses después contó sobre la matanza del pueblo de El Tomate, a unos 55 kilómetros de Montería, al que también llegaron hombres con prendas del Ejército para masacrar a 16 personas y quemar sus casas.

Asesinado vilmente.

Durante el reinado del terror paramilitar, en Córdoba se cometieron unas 40 masacres y unos 200 crímenes políticos, según Jorge Rojas e Iván Cepeda.

Buena parte de ese horror se planeaba en la finca Las Tangas, a tres kilómetros de Valencia (Córdoba) y orillas del río Sinú, que por la época se convirtió en la base de operaciones paramilitares de los hermanos Castaño. En una ocasión, Regino se atrevió a llegar a sus vecindades para hacer tomas de cuerpos desmembrados que habían sido tirados al río, con la cámara del Noticiero de las 7 del que era corresponsal.

Fue dando una de estas noticias que un día no pudo aguantar el llanto frente a las cámaras, en un episodio que le valió la fama de hombre sensible que aún hoy le destacan varios de sus allegados. Detallaba los trozos de cuerpo que había visto, el dolor de la mujer de una víctima y lloraba. 

"Le apasionaba investigar temas, pero sobre todo le gustaba lo social, hacer informes defendiendo a la comunidad", recuerda el periodista Rafael Chica, quien trabajaba como corresponsal de Todelar desde Cereté, cuando el periodista tenía el cargo de jefe coordinador en la emisora.

Lo social iba desde hablar con una víctima de la violencia hasta promover la recolección de ayudas por una inundación. En 1980, cuando se cayeron las corralejas en el vecino Sincelejo y murieron alrededor de 500 personas, dedicó todos sus esfuerzos durante semanas para pedir a los oyentes ropa, medicamentos, sábanas y otros implementos, que él mismo viajó a entregar a los organismos de socorro.

Oswaldo de Jesús Regino Pérez cargaba con un dolor social grande. Por eso fue notario de muchas muertes -como muchos otros comunicadores valientes en esos tiempos- en uno de los principales escenarios de la guerra paramilitar en Colombia. Y, más allá, por eso intentó darles voz a los que casi nunca la habían tenido.

En su noticiero radial ‘El Fiscal popular’, que se pasaba todos los días de 6 a 7 de la noche por Todelar, les abría el micrófono a los campesinos que se quejaban de la falta de luz, de la falta de alcantarillado, de la falta de hospitales.

Solía viajar de pueblo en pueblo, buscando esas voces cansadas.

En el 84 decidió que había que entrevistar a todos los líderes de la guerrilla del EPL de la región, cuando éstos aceptaron dialogar con el gobierno de Belisario Betancur. Difundió las opiniones de los miembros cordobeses de la UP. Los domingos trabajaba en un programa radial del magisterio.

Fue atrevido. Y todo eso generó la idea en algunas personas de a pie de que era un impulsor del comunismo, y en los grupos de exterminio de la ultraderecha de que era un guerrillero. Bajo ese convencimiento lo incluyeron en el puesto 30 de aquel pasquín.

Los días siguientes a la visita del vecino que le notificó la muerte del profesor, que estaba en el puesto 29, transcurrieron en medio de las labores periodísticas usuales, a pesar del miedo reiterado que le manifestaba su esposa Yolanda.

A ella la había conocido cuando tenía 18 años (y su mujer 17) en Aguas Negras, vecino a Montería, a donde Oswaldo llegó como vendedor de paso de productos de aseo. De casa en casa, de pueblo en pueblo, el periodista se ganaba entonces su sustento y el de sus padres ofreciendo desodorantes, cremas dentales, jabones y ungüentos para los dolores, que regresaba a cobrar una semana después.

Unos dos años antes había comenzado a acercarse al oficio como lector de noticias en algunos programas radiales. "Cuando yo lo conocí, hacía pinitos en el programa de Jaime Rhenals, a las 3 de la tarde", recuerda su mujer. Fallecido en 2009 a los 60 años, Rhenals es considerado una institución del periodismo cordobés por haber sido pionero de la radio en el departamento.

Las emisoras locales eran muchachas jóvenes, casi recién nacidas, a las que no era muy difícil conquistar si se tenían ganas, pues todos los periodistas eran empíricos. Regino, que había hecho unos cursos de comunicación por correspondencia, pasó por Ondas de Urrá y La Voz de Montería, entra varias otras.

Yolanda Negrete residía con sus papás y sus 12 hermanos en Aguas Negras, pero al año de conocer al andariego -que nació en Cereté- se fue a vivir con él a la capital del departamento. Tuvieron a Yoli, a Andrés Eduardo y a Pavel Albeiro. Y de la unión por un tiempo con otra joven llamada Ángela Humanez, a Oswaldo le nació un cuarto hijo al que también llamó Pavel.

Dos Pavel, en homenaje al personaje del muchacho reservado que forjó su carácter de socialista defensor de las libertades y la justicia leyendo libros prohibidos, en la novela La Madre del escritor y político ruso Maksim Gorki.

Dos Pavel a los que les tocó conocer a su padre por referencias, porque tenían 8 y 2 años, respectivamente, cuando éste fue asesinado.

El día antes de su muerte y como siempre por esos días, Oswaldo Regino salió de su casa temprano en su moto a hacer el noticiero de las 5 de la mañana en La Voz de Montería. Regresó a desayunar y luego, a las 9, volvió a irse a escribir noticias para El Universal de Cartagena, del que era corresponsal. A la 1 almorzó con su familia. Tomó una siesta. Y a las 4 se levantó a estudiar para sus clases en la Universidad de Córdoba, que iban de 6 de la tarde a 9 de la noche. Le faltaba un semestre para terminar la carrera de ciencias sociales.

A la mañana siguiente, viernes, le dijo a su esposa, que laboraba como modista en la casa, que debía ir a buscar a un señor al aeropuerto para ir después a una reunión en el basurero de la ciudad. Oswaldo -cuenta Yolanda- llevaba meses trabajando con un grupo de recicladores a los que les estaba consiguiendo la seguridad social y la posibilidad de una vivienda, y los solía visitar al menos una vez a la semana. Eran más o menos las 8 de la mañana cuando se despidió para siempre de ella.

Su amigo cercano, el periodista y exconcejal de la UP Édgar Astudillo, quien vivió para contar las amenazas que padeció en aquel tiempo, cuenta el final de esta historia con mucha pausa para contener las lágrimas.

“Lo que más me duele… de las cosas que más me duelen… lo que me duele, es que yo se que el sicario lo hizo arrodillar en la carretera hacia Planeta Rica, por donde pasaban buses y carros… y todos miraban. Él lloraba e imploraba que no lo mataran, pero…”.

Un llanto discreto.

El 11 de noviembre próximo se cumplirán 27 años desde aquella escena triste en la que terminó la existencia de un hombre que hoy sería abuelo de cinco muchachitos, que nunca lo verán hablando de literatura rusa ni de Mercedes Sosa o Pablo Milanés. O diciendo una y otra vez que seguro se iba a ganar el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, con un documental sobre el secuestro.

Yolanda Negrete, quien no se volvió a casar y sigue hablando de su esposo con entusiasmo de quinceañera enamorada (“lo recuerdo todos los días”, suspira), tampoco verá jamás la justicia. Decidió renunciar a ella, luego de que días después del asesinato le mandaran un papelito anónimo en el que le decían que si quería paz y tranquilidad dejara todo así. Y, ¿cómo no?, en aquellas circunstancias y con tres hijos pequeños.

Para aspirar a una reparación del Estado, ella ni siquiera ha podido conseguir el registro civil de defunción de Oswaldo, que simplemente desapareció como si él no hubiese existido. Así también se esfumaron los recortes de noticias de prensa escrita que tenía en su oficina.

“A Oswaldo Regino lo desaparecieron física y civilmente, pero además borraron su historia y aseguraron la impunidad: es el crimen perfecto contra un periodista”, resume bien Jorge Rojas, quien aseguró en su libro (escrito junto al senador del Polo Iván Cepeda) ‘A las puertas del Ubérrimo’, que entre el 80 y el 93 durante el reinado paramilitar en Córdoba se cometieron 40 masacres y cerca de 200 crímenes políticos. Horrores que dejaron de registrarse, tras el asesinato no sólo de Regino sino también de otros periodistas como William Bendeck Olivella (en 1989).

"Para resumirlo de manera sencilla, simplemente nos autocensuramos. Ni siquiera teníamos que esperar la amenaza para saber que no podíamos estar reportando muertes de esa mano negra paramilitar así como así. Eso se calló por mucho tiempo", relata un periodista que ejercía en esos tiempos en Montería.

Ese fue el efecto inmediato que tuvo haber callado a Oswaldo, quien no se especializó en develar el actuar de las autodefensas en profundidad, por ejemplo; ni hacía grandes investigaciones, pero incomodó por el simple (y grande) hecho de ejercer el sagrado deber de registrar lo que estaba pasando.

Rojas es de las pocas personas por fuera de Córdoba que saben quién fue el periodista de casi dos metros de estatura que ocupó el puesto 30 en uno de los pasquines de la muerte.

En mayo, cuando la Administración de Bogotá, varios periodistas del conflicto e invitados internacionales, encendieron una llama por la paz en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el hoy secretario de Integración Social de la capital del país mencionó a su amigo públicamente. Pero nadie supo bien a quién se refería.

Porque a Oswaldo Regino lo enterraron bien. En todos los sentidos.