Los candidatos dicen muchas cosas en campaña y suelen eludir aquellas preguntas que los forzan a tomar posiciones que los pueden llevar a perder votos. Pero hay unos temas concretos que revelan dónde están parados y que suelen importarle a los votantes. La Silla les pidió a los nueve candidatos pronunciarse sobre 12 temas. Sus respuestas y, en algunos casos, sus no respuestas son interesantes. Compare su postura frente a las de cada candidato (identificado por sus iniciales).

Si quiere leer las respuestas completas de todos los candidatos y compararlas, abajo las puede ver

La modernización y ampliación de la refinería de Cartagena es uno de los grandes proyectos de Ecopetrol. Después de una década, este año debería empezar a producir un impacto en las cuentas del grupo.

Juan Carlos Echeverry llegó a la presidencia de Ecopetrol hace poco menos de tres meses. En estas semanas ha empezado a hacer unos cambios que son fundamentales para saber si la mantiene como la gallina que reparte huevos de oro para el Gobierno y los cientos de miles de colombianos que son sus accionistas, o si la principal empresa del país se queda con sus huevos de oro y los usa para fortalecerse. Todo indica que va hacia lo segundo, lo que es una buena noticia para la petrolera y sus accionistas, pero no necesariamente para el Gobierno, y por eso sigue en el filo.

La llegada de Echeverry marcó el final de ocho años de presidencia de Javier Gutiérrez Pemberthy, quien lideró la petrolera durante una época de vacas gordas: en su presidencia la empresa pasó de producir 360 a 788 mil barriles diarios, alcanzó a producir más de presupuesto de Bogotá en utilidades, llegó a transferirle a la Nación en más de 10 billones de pesos en un solo año y en 2010 tuvo la tercera acción que más se valorizó en todo el mundo.

Su año estrella fue 2011, cuando produjo una utilidad neta de casi 15,5 billones de pesos, una cifra que en apenas tres años se redujo a la mitad.

Por eso, no es noticia decir que los buenos tiempos se acabaron y que Echeverry llegó a manejar la empresa más grande del país justo cuando ésta enfrenta una crisis de grandes dimensiones: el precio del petróleo no supera los 60 dólares por barril y la acción está cerró el viernes a 1.710 pesos, después de haber alcanzado casi 6 mil en 2012.

La pregunta es si, ante esa crisis, la petrolera va a seguir repartiendo tanta plata entre sus accionistas.

El economista y ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry llegó a la presidencia de Ecopetrol justo cuando la suerte de la compañía estaba cambiando

Javier Gutiérrez manejó la principal empresa del país durante ocho años de vacas gordas

En la reciente asamblea de accionistas de Ecopetrol de marzo, en la que Gutiérrez se despidió de los accionistas, el saliente presidente dijo que ésta se estaba endeudando no para invertir sino para pagar utilidades jugosas.

Como el Gobierno tiene la mayoría en la junta directiva y se queda con el 80 por ciento de las utilidades, esos señalamientos se leyeron como críticas al manejo que éste le ha dado a la petrolera.

Esas declaraciones se dieron cuando la junta directiva acababa de elegir a quien era visto como el más político de cuatro candidatos definidos por una firma cazatalentos.

Aunque Echeverry es un economista de perfil técnico, el que no fuera un experto en el sector petrolero como los otros tres aspirantes, y que además haya sido el primer Ministro de Hacienda de Santos, llevó a que su nombramiento fuera criticado como poco halagüeño para el futuro de la empresa.

Una crítica particularmente alarmante dada la evidente crisis de Ecopetrol. Ésta se nota en todas sus cifras, desde la caída en sus ingresos hasta su endeudamiento, pasando porque no produce más que antes (en 2013 produjo, en promedio, 788 mil barriles al día, y en 2014 bajó a 755 mil) y ahora vende su producto sustancialmente más barato.

Lo más grave es que eso no solo se debe a la caída precio del petróleo, que no puede controlar Ecopetrol y que afecta a todas las petroleras, sino que hay otros problemas.

El más grave, a mediano plazo, es que el nivel de exploración es bajo y poco exitoso. Eso ha llevado a que las reservas (que son, para una petrolera, su principal activo), hayan ido aumentando a una velocidad cada vez menor.

Por ejemplo, entre 2008 y 2009 pasó de tener 1.137 millones de barriles de reservas probadas a 1.538, un aumento del 35 por ciento. Pero en los años siguientes ese crecimiento ha bajado y no ha superado el 10 por ciento por año. A la velocidad actual, las reservas le dan para algo así como siete años de producción y por eso el reto es conseguir más reservas.

Además, buena parte del aumento reciente se ha debido más a una política de compras, posible cuando el negocio era bueno, que a éxitos en exploración. En los años recientes compró las de Hocol (empresa que adquirió totalmente) y de British Petroleum.

Y lo que ha logrado vía exploración es porque ha sido un socio obligado de petroleras privadas que encuentran yacimientos (como Oxy en Cusiana o BP en Caño Limón). Como exploradora importante, solo descubrió Castilla, que opera desde 2000.

Todo eso ha redundado en cifras decrecientes.

En el corto plazo, la situación financiera de la compañía no ha mejorado, pues está cada vez más endeudada. En 2011 debía poco más del 38 por ciento de lo que tenía y a 31 de julio del año pasado esa cifra era de casi el 48 por ciento.

En concreto, su deuda financiera es más alta que la de petroleras como Exxon, Chevron o Conoco, según un informe a los accionistas minoritarios de su representante en la Junta Directiva, el economista Roberto Steiner.

El futuro de Campo Rubiales, el campo que produce uno de cada seis barriles del país y que en 2016 dejará de operar Pacific Rubiales, es fundamental para las perspectivas de Ecopetrol

En Ecopetrol es vox pópuli que se viene un recorte de gastos de personal.

En abril de 2014 Gutiérrez inició un proceso para contratar una consultoría que le ayudara a la empresa a armar una estrategia para su futuro. Eligió a Boston Consulting Group, que entregó sus conclusiones a principios de año a la junta directiva.

Aunque el informe de la consultoría no se ha conocido en su totalidad, Confidencial Colombia publicó algunas de sus conclusiones, que muestran en parte el tamaño de la crisis - pero también la estrategia para salir de ella.

Para la consultora, según la información que hasta ahora se ha publicado, Ecopetrol debería adelgazar su carga administrativa (tiene demasiados funcionarios en áreas distintas a la producción de petróleo), focalizar su negocio en el petróleo (y salir de las inversiones en biocombustibles, energía y demás) y dedicar sus utilidades a invertir en ese negocio básico.

Igual Ecopetrol tiene dos ases bajo la manga.

Uno es la refinería de Cartagena, un proyecto que empezó hace una década con la multinacional Glencore. Tras un proceso de construcción ha sido enredado, largo y con grandes sobrecostos, que la petrolera tuvo que asumir después de que Glencore armó todo el proyecto y luego se retiró en 2006.

El otro es Campo Rubiales, que hasta el próximo año opera Pacific Ribiales y que Ecopetrol ya anunció que pasara a explotar directamente.

Aunque para la empresa es un reto sacar el crudo pesado de Rubiales, pues históricamente Colombia creció con crudos ligeros como los de la concesión de Mares del Magdalena Medio (que dio lugar a Barrancabermeja), los de Caño Limón y Cusiana o los del Putumayo, Ecopetrol ya relevó exitosamente a Chevron en Castilla La Nueva. Y si repite ese éxito, puede aumentar su producción y quedarse con todo el margen de utilidad de sacar el crudo de Rubiales.

No por eso volverá a haber un boom como el que hubo entre 2006 y 2011, cuando la acción llegó a casi seis mil pesos consecuencia de los altos precios del petróleo, la escasez de otros buenos negocios y el atractivo de Colombia como destino de inversión extranjera.

Sin embargo, la estrategia no se queda allí.

Como anunció Echeverry, con los resultados de la consultoría ya la junta aprobó una estrategia llamada Ecopetrol 2020, que hizo pública hace un mes.

En ella definen que, más que buscar producir más barriles (como era el anterior enfoque), Ecopetrol va a buscar que cada barril que produzca de más utilidades. Para eso se piensan concentrar en los pozos más productivos (de los 260 campos que tiene la petrolera, 20 corresponden al 80 por ciento de o que produce) e incluso salir de los más pequeños. Como los primeros tienen costos menores, eso implicaría concentrarse en la producción más rentable.

Para lograrlo, buscan invertir en mejorar su tecnología para seguirlos exprimiendo (lo que técnicamente se llama aumentar el recobro secundario de esos campos). De nuevo, la idea es focalizar el gasto.

La idea es que esa movida sirva para que las reservas se mantengan en el mismo nivel de hoy. Como éstas incluyen solo las reservas explotables, al ser capaces de sacarle más crudo a los pozos que hoy tienen, aumentarían reservas sin jugar tanto a la ruleta de la exploración.

El plan no es producir menos sino crecer más lento pero siempre con los campos que dejan más margen de utilidad. Y sumarle más utilidades, también, en los negocios que siguen a la extracción de petróleo: el transporte y la refinación.

En el lanzamiento de la estrategia, Echeverry dijo que ya arrancaron a implementarla. Por eso, por ejemplo, decidieron que este año van a invertir casi un 20 por ciento menos que el año pasado, redujeron los costos y gastos, y sobre todo están reduciendo los costos de extraer, transportar y refinar cada barril de petróleo.

De hecho, están en pleno proceso para vender el 6,87 por ciento que tiene de la Empresa de Energía de Bogotá, una decisión que tenía en remojo desde hace un par de años y que le va a permitir tener recursos frescos para reducir la deuda e invertir más. Y también viene la venta de las que tiene en ISA y, seguramente, de las de Invercolsa

Las metas son que, para el 2020, esté produciendo 870 mil barriles diarios, de los que le quede un margen Ebitda (una medida muy común entre las empresas para ver qué tan rentable es su operación) de 30 dólares o más por cada uno, si se venden a entre 60 y 80 dólares.

Más que la jerigonza administrativa, lo que muestra la estrategia es que Echeverry va a liderar una empresa que se quieren enfocar en gastar menos, producir solo un poco más y reducir su deuda. Es decir, en ordenar la casa.

Los resultados, aunque aún pequeños, se han empezado a ver. Por ejemplo, se recuperó el margen Ebitda, que entre 2012 y 2014 cayó del 38 al 29,6 por ciento, y cerró en 2014 en 39 por ciento. Y, sobre todo, redujo el porcentaje de utilidades que se reparten a los accionistas del 80 al 70 por ciento.

El problema es que esa reducción, beneficiosa para la empresa, es una mala noticia para su principal dueño, juto cuando menos la necesita.

Juan Manuel Santos va a terminar siendo el presidente que gozó las mieles del éxito de Ecopetrol y luego decidió si seguirla exprimiendo en un mal momento para la economía y para la empresa. 

Aunque la decisión de cuánto se va a repartir de utilidades solo la toma la Asamblea de Accionistas (en la que el Gobierno tiene más del 80 por ciento de los votos) cada año, el plan de inversiones y toda la estrategia 2020 solo funciona si no se reparten muchas. Y la reducción de este año al 70 por ciento de sus utilidades, es poco, pues esa cifra es alta frente a otras petroleras. Y, con ganancias cada vez menores, no deja mucho dinero para invertir.

Por eso la estrategia que promete reenfocar a Ecopetrol, también significa que en la disyuntiva entre sacrificar la gallina para quedarse con los huevos de oro (lo que dejaría unos ingresos grandes en el corto plazo) o dejarla crecer y reponerse pero sin ponerla a empollar (lo que quiere decir más ingresos pero en el futuro), el Gobierno parece haber elegido la primera.

Esa es una decisión particularmente difícil en un momento de desaceleración de la economía, y por eso es muy probable que Echeverry reciba presiones para cambiar de rumbo.

Ya la misma petrolera está empezando a darle menos plata al Estado: sus utilidades bajaron de 13,4 billones de pesos en 2013 a 7,81 en 2014, y los dividendos que le dio a la Nación han pasado de 10,6 billones en 2013 (año en el que eran uno de cada cuatro pesos de todo el presupuesto de inversión) a 9,4 en 2014 y apenas 4,21 este año (menos de uno de cada diez pesos del presupuesto de inversión).

Los técnicos del Ministerio de Hacienda dicen que en 2016 esas transferencias serían de apenas 2,4 billones de pesos, lo que reduce aún más una de las fuentes de ingresos más importantes del presupuesto.

Además, eso significaría una reducción significativa de los dividendos que les llegan a los 400 mil colombianos que han invertido en Ecopetrol. Sobre todo para los casi 300 mil que compraron las acciones en la segunda emisión que hizo la empresa, en 2011, pues compraron a 3.700 pesos unas acciones que hoy valen 1.710 pesos.

Aunque no es fácil saber si un anuncio de ese tipo reduciría aún más el precio de la acción, es posible que ocurra. Y así, una decisión beneficiosa para el futuro de la principal compañía del país podría tener un costo político importante para el Gobierno (que, al fin y al cabo, es el accionista mayoritario).

En suma, la gallina de los huevos de oro está enferma pero Echeverry parece estar enfocado en curarla. Lo que queda por ver es si en la asamblea de accionistas del próximo año se confirma que ese es el rumbo - y si, con la gallina recuperándose, el Gobierno espera que vuelva a poner huevos de oro o si, más bien y ante la falta de recursos, decide vender el 10 por ciento de la gallina que se viene debatiendo hace algunos años.

Hace unos días, Transparencia por Colombia publicó el Índice de Transparencia Nacional de Entidades Públicas[1], 2013- 2014. He leído sus resultados y las notas metodológicas que lo acompañan y contrario a lo expresado por los titulares de algunos medios, veo una serie de buenas noticias en sus resultados.

Primero, el Índice no es comparable con los ejercicios realizados por la misma entidad desde inicios de este milenio, pues incluye una revisión a su diseño metodológico:

“El actual enfoque es más estricto y requiere de las entidades una gestión pública a la altura de las demandas de la sociedad y los objetivos de desarrollo del país”.

Sus autores reconocen la existencia de nueva normatividad sobre acceso a la información y lucha contra la corrupción e intentan pasar de una evaluación con más peso en las prácticas reales y menos en las formalidades.  Es decir, estamos ante un ejercicio que aumentó los estándares de exigencia.

En dicho contexto, los resultados generales muestran más elementos positivos que negativos:

- El grueso de las entidades evaluadas está en nivel medio de corrupción y son minoritarias las entidades que se encuentran en el rango de riesgo alto.
- De los tres factores evaluados: visibilidad, Institucionalidad y control, el primero obtiene los resultados más altos, es decir, se notan los esfuerzos por aumentar la transparencia y el acceso a la información pública.
- La medición de Universidades públicas e instituciones de educación superior, muestran los resultados, en conjunto, más bajos. Mientras las entidades nacionales logran en visibilidad un promedio de 69.7, las entidades de educación superior en el mismo factor sólo alcanzan 61.7 y así sucede con todas las dimensiones.
- Los organismos autónomos, como el Banco de la República y las superintendencias, logran calificaciones generales por encima del promedio.

Claro hay casos alarmantes, como la Cámara de Representantes, el Consejo superior de la Judicatura, el Ejercito Nacional, las Universidades de Córdoba, Distrital, y otros más. Lo bueno de este instrumento es que permite focalizar los esfuerzos en un grupo de entidades y no asume que la corrupción es igual de grave en todas las entidades ni con todos los funcionarios públicos.

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[1] http://www.indicedetransparencia.org.co/ITN/EntidadesNacionales

La campaña de Manolo Duque les ofreció a los habitantes del barrio Bruselas, a 20 minutos del Centro Histórico de Cartagena, pantalla gigante para disfrutar del partido Colombia - Argentina. Fotografía: Tatiana Velásquez. 

¡Sí señores, Manolo ya está aquí, ya llegó Manolo! Como si fuera una estrella musical, Manolo, vestido con jeans y una camiseta de la Selección Colombia, eleva sus brazos y comienza a saludar. Le estrecha la mano a todo el que se le atraviesa mientras camina hacia la tarima. Toma el micrófono y les agradece a los presentes estar “firmes” con él.

Son las seis de la tarde y no de un viernes cualquiera. En el populoso sector Bruselas, ubicado a 20 minutos del Centro Histórico de Cartagena, hay más jolgorio que de costumbre porque Colombia y Argentina jugarán por un cupo a la semifinal de la Copa América.

Lo que más animados tiene a los vecinos, la mayoría con el tricolor nacional en el pecho, es que podrán ver las gambetas y pases de Messi, Mascherano, Falcao y James Rodríguez en una pantalla gigante instalada en la cancha de su barrio, y escuchar la narración del cotejo en vivo porque uno de los narradores deportivos más reconocidos de Cartagena, Enrique ‘Kike’ Salgado, está allí en la tarima.

Mientras suena el pitazo inicial, los barristas del equipo Real Cartagena animan la fiesta con sus bengalas multicolor y al ritmo de un bombo. Hay cerveza, ron y whiskey. Al mismo tiempo, varios jóvenes se esparcen por toda la cancha con unas planillas legajadas en fólderes para pedirles a los asistentes que las firmen. El movimiento ‘Primero la gente’ necesita mínimo 50 mil rúbricas para avalar a Manolo como su carta a la Alcaldía de Cartagena. Ya llevan 200 mil y este jueves inscribirán en la Registraduría su candidatura.

Esas planillas nos recuerdan que ante todo este es un evento político, otro más organizado por quienes buscan llevar al periodista radial Manuel Duque Vásquez al Palacio de La Aduana. Lo que en Cartagena algunos califican como una "recocha que se volvió un boom".

Manolo, como lo conocen en Cartagena, es la revelación de la actual contienda electoral de esta ciudad. Lleva menos de tres meses en campaña y ya empata en intención de voto con los exconcejales conservadores Quinto Guerra y Andrés Betancourt y con la exembajadora uribista Gina Benedetti, según la encuesta que hizo Datexco para La W Radio y El Tiempo, y cuyos resultados publicaron estos medios la semana pasada. Una medición que comenzó a despejar el panorama, nublado por una lluvia de 23 precandidatos.

¿Cómo un hombre sin trayectoria política y sin mayores conocimientos sobre lo público puede darles la pelea a candidatos con más experiencia y formación en administración pública?

La campaña de Manolo -quien viste la camiseta de la Selección y sostiene el micrófono- no desaprovechó la participación de Colombia en la Copa América para organizar proyecciones en pantalla gigante.  

Manolo, casado desde hace 17 años y padre de dos adolescentes, estudió Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. 

Desde una casona del tradicional barrio cartagenero de Manga, en donde funciona una de sus sedes de campaña, este locutor nos responde que su aceptación se debe al trabajo que durante cuatro años realizó por los más necesitados como director del Noticiero Popular. En ese espacio radial, el de mayor sintonía de la ciudad, reemplazó al fallecido Campo Elías Terán cuando éste renunció para iniciar la carrera que lo llevó a la Alcaldía en 2012.

Desde su primer día de campaña, a Manolo se le mira con el espejo retrovisor de Campo Elías porque, al igual que lo hacía el difunto alcalde, se lanzó a la arena política sin tener formación en administración pública, cimenta su popularidad en la Cartagena periférica y se vende como un político distinto al tradicional que apostará por  la inclusión social.

En la hoja de vida de este aspirante aparece su título de comunicador social, carrera que cursó  en la Universidad Externado, en Bogotá; 15 años como presentador de la sección deportiva de un noticiero de televisión regional y cuatro años como periodista radial. Ningún cargo público, tampoco curso o diplomado alguno sobre Teoría del Estado o Finanzas Públicas.

Esa falta de preparación comienza a evidenciarse desde ya. Más allá de las caminatas en los barrios, cuando debe hablar con empresarios o académicos, luce nervioso y dubitativo. Así estuvo la semana pasada en un encuentro organizado por la Andi en el Club Cartagena con todos los aspirantes a la Alcaldía. Su inseguridad  es más notoria cuando tiene que hablar sobre estructuración de concesiones o prórrogas de contratos.

De hecho, durante esta entrevista no solo nos reconoció sus falencias sino que las justificó porque “el alcalde no debe saber de todo. Tiene que rodearse bien”. Y es esa imposibilidad de nadar entre las aguas distritales sin salvavidas la que preocupa a varios sectores cartageneros porque sienten que viven un Déjà vu.

Lo que fue bautizado en 2011 como el fenómeno Campo Elías se convirtió después en una crisis de gobernabilidad y credibilidad democrática por cuenta del actuar errático del entonces mandatario.

Dado lo crucial que serán los asesores en su campaña, Manolo asegura que está reforzando ese equipo, mucho más tras los resultados de la encuesta de Datexco. Algunos de los que apoyaron a Campo Elías están con él:  Edilberto Mendoza Goes, gerente de su campaña, fue director del Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena, mientras que su hombre de confianza para aprender sobre el erario y las finanzas distritales, Felipe Merlano, fue secretario de Hacienda.

El abogado José Julián Vásquez, de camiseta roja, es el cerebro de la campaña 'Firme con Manolo' y del movimiento 'Primero la gente'. 

El movimiento 'Primero la gente' recoge desde el 9 de abril pasado firmas en Cartagena para avalar a Manolo Duque como su candidato a la Alcaldía. 

Como lo hacía Campo Elías, Manolo también se vende como un aspirante independiente. Sin embargo, el primero ganó la Alcaldía de la mano de la poderosa familia García Zuccardi (el exsenador Juan José García, condenado por corrupción, y su esposa Piedad Zuccardi, en juicio por parapolítica), y alrededor del segundo hay mucho ruido sobre el verdadero poder detrás de su proyecto político, ruido que incluye a los García Zuccardi como en el caso de Campo.

El cerebro detrás de la campaña de Manolo es su hermano de crianza José Julián Vásquez, abogado de 35 años, experto en proyectos licitatorios, que se desempeñó como jefe jurídico de la Gobernación de Bolívar durante la administración por encargo de Jorge Mendoza Diago.

A José Julián se le ve como la bisagra de la campaña de Manolo con los poderosos clanes García y los Gnecco del Cesar. Y aunque Manolo niega que estos grupos estén respaldándolo, hay vasos comunicantes innegables. Su hermano de crianza es el asesor jurídico del gobernador del Cesar Luis Monsalvo Gnecco y tan cercano es a esa familia que en las legislativas pasadas ayudó al hoy senador José Alfredo Gnecco, primo del gobernador, en su campaña en Bolívar. En este departamento, José Alfredo sumó 4.823 votos, como lo contó La Silla.

En cuanto a los García Zuccardi, Vásquez también ha reconocido su amistad con el excongresista condenado por corrupción Juan José García y con su hijo, el senador Andrés García Zuccardi, por los conceptos profesionales que suele darles cada vez que “van a presentar un proyecto para mejorar las condiciones en Bolívar”. A eso se suma que el gerente de la campaña de Manolo, Edilberto Mendoza Goez, cuando se desempeñó en la administración de Campo Elías fue visto como cuota de este grupo familiar.

Manolo reconoce que José Julián es “una pieza fundamental” en el “andamiaje” de su campaña, que “está metido en cuerpo y alma”, pero niega que su candidatura sea una estrategia de su primo para llegar al poder en cuerpo ajeno. “Lo quiero mucho, pero todas las decisiones van a estar en cabeza mía”, dice.

José Julián Vásquez asiste a casi todos los eventos de campaña y no pasa desapercibido. Al barrio Bruselas, por ejemplo, llegó minutos después de que lo hiciera Manolo. Se vio el partido a pocos metros de la tarima y en varias ocasiones se levantó de su silla para dialogar con los diferentes líderes barriales que lo llamaban, le daban una palmada en la espalda o le estrechaban la mano. Por momentos, parecía él y no Manolo el candidato.

Y es que de no haber sido por una inhabilidad de 11 años de la Procuraduría, Vásquez Buelvas, conocido como el ‘rey de las licitaciones’, sería hoy candidato a la Gobernación de Bolívar. Ante ese freno que el Ministerio Público le puso en noviembre pasado, en Cartagena aseguran que armó un experimento político con su hermano de crianza porque no se resignó a quedarse por fuera de esta contienda. Hasta ahora, el experimento está funcionando.

El acordeonero Iván Zuleta, quien fue pareja musical de Diomedes Díaz, les dio varias serenatas a las madres de la Cartagena periférica por invitación de la campaña manolista. 

Los partidos de la Selección Colombia en Copa América fueron un buen gancho de la red que apoya a Manolo Duque para hacerle campaña.

En medio de una contienda que tanto para la Alcaldía como para la Gobernación se ha caracterizado por la publicidad extemporánea y por aprovechar cada celebración para hacer política, la de Manolo sobresale como una de las más opulentas.

Camisetas, gorras y banderas con los estampados ‘Firme con Manolo’ se multiplican en los barrios. En sus redes sociales hay actualizaciones diarias con fotos y videos de sus caminatas y tomas barriales, registros que muestran que detrás tiene a un equipo de producción con tecnología de alta gama.

Sus eventos públicos casi siempre evidencian cuantiosos recursos: el 2 de mayo pasado, por ejemplo, los boxeadores Manny Pacquiao (filipino) y Floyd MayWeather (estadounidense) se enfrentaron en Las Vegas, Estados Unidos. Ese encuentro lo disfrutaron en pantalla gigante los habitantes del barrio Canapote gracias a ‘Firme con Manolo’.

Dos semanas después y también gracias a su campaña, las madres de la Cartagena periférica celebraron su día con serenata: Manolo les llevó al acordeonero Iván Zuleta para que ellas bailaran a ritmo vallenato. ‘Firme con Manolo’ organizó, además, durante junio, cuatro eventos con pantalla gigante para que la gente viera los partidos de la Selección Colombia en Copa América.

Organizar un evento con pantalla gigante y sonido cuesta al menos seis millones de pesos. Esa suma, que nos la cotizó un organizador de espectáculos, solo incluye el alquiler de una pantalla LED,  una planta eléctrica y la amplificación del sonido. Las sillas plásticas, los refrigerios y el trago se facturan aparte.

Otra de las características de ‘Firme con Manolo’ es el pegajoso jingle ‘Primero la gente’, interpretado por los cantantes de champeta Luis Towers y de salsa Ramy Torres, con la acordeón de Iván Zuleta. El organizador consultado nos aseguró que estas grabaciones cuestan, al menos, tres millones de pesos.

Tan solo en estos cuatro eventos hay 35 millones de pesos invertidos. Son cuatro eventos dentro de un cronograma diario de actividades que suelen dar de qué hablar en Cartagena, una ciudad en la que las especulaciones sobre la chequera de la campaña manolista superan los nueve ceros. Sin embargo, Manolo dice que no suele pagar nada porque la logística detrás de sus actividades, así como la publicidad, se la regalan sus amigos, los “contactos” que hizo durante su carrera periodística.

Los líderes son parte clave de la estructura de la campaña de Manolo Duque. En la fotografía posa con Jimmy De Ávila (izq.), exconcejal y uno de los más conocidos en la Cartagena insular. 

Las caminatas en la Cartagena periférica han sido el corazón de la estrategia de 'Firme con Manolo'. 

A la opulencia desplegada en los eventos se sumaría la compra de líderes, conocidos en Cartagena como ‘puya ojos’. Uno de ellos nos contó que miembros de la campaña manolista le ofrecieron un millón de pesos, de base, para que promocionara al candidato en su barrio y convenciera a los presidentes de las juntas de acción comunal sobre los que tiene influencia para que se unieran a esta causa.

El líder nos aseguró que no aceptó esa propuesta porque ya estaba “comprometido desde hace meses” con otro candidato. A él le ofrecieron un millón de pesos, pero a otros les ha escuchado decir que les han dado “para comenzar” tres millones de pesos, que se convertirían en una mensualidad de aquí a octubre próximo una vez comiencen a mostrar poder de convocatoria y potencial de votantes.

El trabajo que los líderes estarían haciendo a favor de Manolo, nos dice la fuente, varía. Según él, a algunos los contratan para que hablen bien de Manolo en la radio: para ello llaman a los noticieros radiales más escuchados y se hacen pasar por ciudadanos que antes de colgar el teléfono hablan sobre la actual contienda, mientras que a otros les corresponde inflarlo en las esquinas de barrio y en sectores clave del Centro Histórico, es decir,  asegurar que será el próximo alcalde.

Sin alterarse ni lucir incómodo, Manolo niega todas esas acusaciones que atribuye a la “rumorología” propia de la época electoral. “Porque plata siempre van a decir que hay y más en Cartagena”, nos vuelve a responder en la casona de Manga. Reconoce que los ‘puya ojos’ lo apoyan, pero por la “amistad” que lo une a algunos de ellos. En la medida de sus posibilidades, dice, los ayudará cuando sea alcalde porque ellos “se han metido a sol y sombra” en su campaña.

Aunque aquel viernes en el barrio Bruselas la noche no acabó en fiesta porque los argentinos eliminaron a Colombia de la Copa América, el equipo que sí estuvo feliz fue el de Manolo porque lo importante era promocionarlo y recoger firmas. Ambas cosas se lograron.  “Ese man va a ser el próximo alcalde, póngale la firma”, le dijo un vecino a otro. Faltan cuatro meses para saber si ese cartagenero tuvo razón o no. Mientras tanto, las próximas mediciones demostrarán si la encuesta de Datexco retrató una intención de voto pasajera o los indicios de una tendencia electoral.

Una pequeña maquinaria política bogotana muestra cómo unos mismos votos pueden terminar en orillas distintas hoy - y eventualmente volver a unirse en la misma el día de las votaciones.

Olga Lucía Serrano, una edil verde de Usaquén que históricamente ha sido peñalosista, quiere dar el brinco al Concejo y ya se inscribió en la lista de su partido. Mientras tanto, su hija Carolina Peña, que hasta hace dos meses era secretaria privada del representante de Bogotá y hoy presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara, aspira a reemplazarla y heredar los 5.322 votos que sacó su mamá hace cuatro años.

El aval de Serrano no está asegurado y su caso ya llegó a la dirección de Alianza Verde.  Mañana la dirección distrital verde va a hacer una audiencia a los 130 precandidatos al concejo y los 480 a ediles como parte de su proceso para definir las listas finales. Van a averiguar no solamente a quién apoyan en estas elecciones sino a quienes apoyaron el año pasado.

La aspiración de Serrano está enredada no solo porque está apoyando a Peñalosa -que no es candidato de la Alianza Verde- y porque su hija se llevaría sus votos a otro partido, sino porque el año pasado, cuando Peñalosa sí era candidato de ese partido a la Presidencia, ella prefirió apoyar a Juan Manuel Santos.

Pero si termina avalada por los verdes, los votos irían a Cambio Radical para la JAL, a la Alianza Verde para el concejo y a Peñalosa para la alcaldía. Aunque a lo mejor Serrano es una visionaria y sus votos terminan hasta juntos, pues no se ha definido si Cambio apoyaría a Peñalosa (algo improbable pero no imposible) ni si el candidato Verde, Carlos Vicente de Roux, va hasta el final.

Hoy el Partido Conservador le entregó oficialmente el aval al diputado de Santander Édgar Higinio Villabona para ser su candidato a la alcaldía de Floridablanca, el principal fortín azul del departamento. Y en la mesa principal estaba el ex congresista Iván Díaz Mateus (condenado por la yidispolítica), como muestra esta foto.

En ella se ve a Díaz Mateus está sentado en la mesa, en el extremo opuesto y de camisa azul, mientras habla el presidente del directorio nacional conservador, David Barguil. De chaqueta está la esposa de Díaz, la representante a la Cámara Lina Barrera, al lado de ésta el candidato Villabona, y a su lado el senador nariñense Eduardo Enríquez Maya.

Otras fotos muestran que Díaz estuvo en la mesa de forma permanente:

La presencia de Díaz es novedosa porque no había tenido una participación política tan clara desde que en 2008 fue condenado a 6 años de cárcel por concusión, debido a que en el escándalo de la yidispolítica se demostró que él había presionado a Yidis Medina para que votara a favor de la reelección presidencial. Aunque había ido a varios encuentros públicos, hasta donde supo La Silla nunca había estado en la mesa directiva de un evento oficial del conservatismo..

Pero no sorprende por dos motivos.

Uno es que él es la cabeza del grupo político en el que siempre ha militado Villabona, que incluye a Lina Barrera. También estuvieron el ex director de la Dian Néstor Díaz Saavedra (primo de Díaz Mateus) y el ex alcalde de Floridablanca Néstor Díaz Barrera (hijo de Díaz Saavedra y cuya elección como alcalde terminó anulada), que ahora andan ditanciados de Díaz Mateus.

Y otra es que Díaz Mateus suele asistir a las reuniones del directorio departamental, según dos fuentes que conocen su funcionamiento.

Con todo eso queda claro que el mea culpa del conservatismo, que en 2012 incluso dijo que iba a expulsar a Díaz (por una investigación que archivó la veeduría de ese partido en 2013), quedó en nada.

Aunque la ex senadora de Cambio Radical Nancy Patricia Gutiérrez aún no ha anunciado oficialmente que irá por la Gobernación de Cundinamarca, los indicios de que lo hará (como anticipó la Silla en mayo) son cada vez más sólidos. Esta mañana hubo uno más: el ex representante Joaquín Camelo, que aspiraba a recibir el aval liberal, renunció y le contó al directorio rojo que la apoyará a ella.

Camelo pidió una audiencia en la dirección liberal esta mañana y -tras entregarles su carnet y una rosa roja, simbolizando la Internacional Socialista a la que está afiliada el partido- renunció a éste, alegando falta de garantías y que el directorio abrió el proceso de inscripciones cuando en realidad ya tenía cocinada una alianza con el ex congresista de Cambio Radical Jorge Rey.

"Yo de buena fe pensé que [el acuerdo con Rey] era algo pasajero. Me inscribí de buena fe, como tantos candidatos en todo el país pero ya tenían el aval negociado", le dijo a La Silla.

Casi al mismo tiempo Nancy Patricia Gutiérrez -que ya se había reunido temprano con Camelo- llegó al Capitolio, donde estaba sesionando el comité de acción departamental de los liberales, para proponerles una coalición en torno a su candidatura por firmas. El comité justo estaba reunido para votar qué candidatura le iba a proponer a la dirección nacional. 

Con la propuesta de Gutiérrez, votaron entre ella y Rey, y empataron a diez votos. Ahora hay que ver qué decisión toman los doce codirectores nacionales.

Aunque Gutiérrez sigue de presidente de Asomóvil y sin anunciar su aspiración, esta es la tercera señal de que se lanza.

La primera es que el miércoles pasado Rida Aljure, ex secretaria privada de Andrés González en la Gobernación y ex embajadora en Líbano, inscribió un movimiento ciudadano en la Registraduría para empezar a recoger firmas por Nancy Patricia. Y la segunda es que el fin de semana enmpezaron a recolectarlas.

Además del grupo político de Camelo, Gutiérrez ya tiene el apoyo prometido de los conservadores y del Centro Democrático, por lo que la pelea con Rey pinta dura.

La semana pasada llamaron a declarar a su comandante del Ejército. Hace un mes, capturaron a su secretario general y a dos de sus ministros. Su Comisionado de Paz está investigado y su ex ministro estrella y ex pre candidato presidencial condenado y en el exilio. Su reciente candidato presidencial también está en la mira de la Fiscalía. Hoy se filtra la noticia de que su ex directora del DAS colaborará con la justicia (aunque ella lo niega) y en un mes serán imputados dos de su guardia pretoriana: Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez. La Fiscalía cierra el cerco alrededor del ex presidente Álvaro Uribe.

Hoy se filtró a los medios que la Fiscalía le imputará cargos al secretario jurídico de Uribe y su jefe de prensa por haber presuntamente participado en el complot en contra de la Corte Suprema de Justicia y en la operación para desacreditar a Yidis Medina, una vez la ex congresista reveló que había vendido su voto a favor de la reelección del ex presidente Uribe.

Aunque varios medios han dicho que es específicamente por la visita del paramilitar ‘Job’ a Palacio, en lo que se conoció como el episodio de “la Casa de Nari”, el portavoz de la Fiscalía explicó a La Silla que el caso comprende otros episodios además de ese como el de Tasmania y el de las “señoras de los tintos” que pusieron grabadoras en la Corte Suprema para espiar a los magistrados.

Específicamente, a Del Castillo se le imputan los delitos de peculado por utilización de bienes públicos y violación ilícita de comunicaciones, por haber supuestamente dispuesto que los equipos del DAS se utilizaran para interceptar ilegalmente a los funcionarios de la Corte, y el de concierto para delinquir por obtener información privilegiada para desprestigiar a los magistrados y a Yidis Medina.

Hoy Del Castillo dijo que no "había violado norma disciplinaria o penal alguna" y en un comunicado explicó que esa reunión con Job se realizó luego de que el abogado de 'Don Berna', “la solicitara asegurando que tenía una información que al parecer era muy importante en términos legales para la Presidencia”. Dijo que el abogado llegó con Job, “sin que en mi calidad de secretario Jurídico de la Presidencia hubiera sido notificado de esto con antelación".

A César Mauricio Velásquez le imputan concierto para delinquir por supuestamente haber participado en la campaña de desprestigio de la Corte.

Con esta imputación de cargos, que se hará el 3 de agosto, estos se convierten en los decimocuartos funcionarios del círculo íntimo de Uribe procesados por la Fiscalía. No los detendrán de manera preventiva pero sí se les restringirá el derecho a salir del país mientras un juez decide sobre su futuro. 

Los hechos que le imputarán a Del Castillo y Velásquez ocurrieron en 2008, durante la intensa confrontación que tuvo la presidencia de Uribe con la Corte Suprema de Justicia a raíz de las investigaciones por parapolítica en la que varios de los aliados de Uribe –incluyendo su primo Mario Uribe- fueron condenados por sus vínculos con los paramilitares.

Durante ese período, según han revelado en sus confesiones varios funcionarios del DAS de la época, se fraguó un complot para desacreditar a la Corte Suprema.

El paramilitar ‘Don Berna’ dijo en la Fiscalía, ya hace un par de años también, que entre los paramilitares y el gobierno de Uribe había habido "una sociedad” para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia.

Y fue en ese contexto que se dio la reunión con el paramilitar “Job” que hoy tiene a los dos alfiles de Uribe en los estrados judiciales.

En ese encuentro dos delegados de 'Don Berna' (su abogado Diego Álvarez y el desmovilizado Antonio López 'Job') le entregaron a Del Castillo y a Velásquez unas supuestas pruebas que vinculaban a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con narcotraficantes. Del Castillo las guardó durante un mes en su oficina y luego las entregó al DAS, pero no denunció ante la justicia el hecho como debió haber hecho.

Por eso, ese mismo año la Fiscalía y la Procuraduría les abrieron investigación.

En 2010, el Procurador Alejandro Ordóñez absolvió en primera instancia a Del Castillo por la reunión con ‘Job’. Confirmó esa absolución el 3 de noviembre de 2012, después de que el entonces presidente de la Corte Suprema, Pedro Munar, apeló la primera decisión. A Velásquez también lo absolvió.

En la Fiscalía, en cambio, las investigaciones siguieron su curso y en 2011 los llamaron a interrogatorio. Un año después llegó Eduardo Montealegre a dirigir esa entidad.

Según la versión oficial, su Fiscalía encontró que el expediente estaba “desperdigado”, pues estaban metidos en el de ‘chuzadas’, que abarcaba desde el ex director del DAS Jorge Noguera hasta a Velásquez.

Decidieron entonces avanzar primero con los procesos contra el secretario general de Uribe Bernardo Moreno y contra María del Pilar Hurtado, que fueron condenados hace algunos meses. Solo después se concentraron en Velásquez y Del Castillo. Por eso, dicen, se demoraron tres años en llegar a este pliego de cargos.

Los casos contra Andrés Peñate, Jorge Mario Eastman y Joaquín Polo quedaron para más adelante. Y el que había contra José Obdulio Gaviria lo mandaron a la Corte Suprema porque ahora como senador tiene fuero.

Eso indica que el capítulo contra la administración de Uribe continuará.

César Mauricio Velásquez, como jefe de presna de uribe, estuvo en la reunión con alias Job

Edmundo del Castillo fue el jefe jurídico de Uribe.

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Eduardo Montealegre llegó a la Fiscalía con el proceso ya andando.

Al conocer la decisión de la Fiscalía de imputarles cargos, Uribe Vélez –como contó Semana.com- reiteró que 'Job' y el abogado Álvarez les informaron a sus funcionarios que un magistrado auxiliar ofrecía beneficios a presos para que lo acusaran y cuestionó que la Fiscalía los acusara de una supuesta persecución a la Corte Suprema cuando en su concepto fue al revés.

“Justicia con sesgo político”, trinó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías dijo que denunciaría penalmente al fiscal Montealegre porque esta decisión era una evidencia más de la persecución política del Fiscal contra el uribismo.

“El fiscal ha sido amanuense de Juan Manuel Santos, por lo tanto la persecución al uribismo viene del Presidente”, dijo Macías.

La Silla comprobó con una fuente del círculo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso que en esa época a ellos los buscaron unas personas que dijeron ser delegados de magistrados de la Corte Suprema y que les ofrecieron blindarlos de la extradición a cambio de que cooperaran con información contra Uribe. Y que eso mismo habían hecho con Berna antes de que se produjera la reunión de Job en Palacio, una versión que el mismo Berna dio ante la Fiscalía y que reprodujeron los medios de la época.

“Era de lado y lado. La Corte siempre buscó a los bandidos para tratar de joder a Uribe y a su hermano y también nos buscaban del gobierno para joder a la Corte”, dijo esta fuente.

Explicó que de parte del gobierno Uribe los buscaron para que contaran los vínculos de Giorgio Sale (cercano a Mancuso) con algunos magistrados.

“En ese momento, 2008 y 2009, la pelea contra las cortes estaba en su peor momento. Me necesitaban para ensuciar a los magistrados”, dijo Sale en la última entrevista que dio a Semana  y que publicaron en enero de este año recién había vuelto al país a "limpiar su nombre" después de haber estado preso en Italia y antes de morirse de cáncer.

Durante el resto del gobierno de Uribe se mantuvo su pulso con la Corte. Cuando dejó el poder pero con un sucesor fuerte en la Casa de Nariño (Juan Manuel Santos) y una terna para Fiscal armada, lo predecible era que la confrontación moriría allí. Pero las circunstancias políticas cambiaron.

Por eso, una de las primeras grandes rupturas con Uribe fue cuando Santos decidió que una vez se posesionara enviaría una nueva terna a la Corte Suprema para que eligiera Fiscal.

“El nombramiento de esa nueva terna podría significar la ruptura de la ya frágil relación entre él y Uribe”, pronosticó en julio de 2010 la Silla Vacía.

Cuando Montealegre, que había asesorado en el pasado a Uribe, fue elegido Fiscal General, algunos dijeron que llegaría a tapar muchos de estos escándalos. Como el fiscal puede crear un ambiente propicio para que se muevan unos procesos más que otros (por ejemplo, dándole más o menos trabajo a los fiscales que los tienen a su cargo), esa tesis hizo carrera.

Sin embargo, casi desde su llegada –y ya con un proceso de paz andando al que se oponía Uribe y un presidente Santos enfrentado a su antecesor- el Fiscal siguió con los procesos contra uribistas que habían abierto sus antecesores, como los de Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo. E impulsó todos los demás.

De esta manera, el mayor golpe al uribismo ha sido por el flanco penal, porque uno a uno han ido cayendo los funcionarios del anterior gobierno que protagonizaron los escándalos de la época.

Esto, sin embargo, no ha debilitado en la opinión pública la figura del ex presidente, cuya popularidad en las encuestas sigue triplicando la de Santos y ni qué decir la del fiscal Montealegre.

El poder real del uribismo ahora con bancada en el Senado como fuerza de oposición se ha mantenido y se ha incluso nutrido de la percepción que el ex presidente y su partido han inducido –y con la cual algunos han buscado y conseguido asilo- de que son víctimas de una persecución política.

Ayer un escuadrón antimotines desbandó la protesta antipetrolera que llevaba manteniendo una comunidad campesina en el sur del Caquetá. Foto: cortesía campesinos de Valparaíso

Ayer en la mañana el Esmad arremetió contra un centenar de campesinos que bloqueaban un puente en el sur de Caquetá para que no pudieran pasar los camiones de la petrolera china Emerald Energy. Ese choque entre la Policía antimotines y los campesinos que se oponen a un proyecto petrolero es un campanazo de alerta doble para el Gobierno.

Por un lado, porque revive el dolor de cabeza en el que se le convirtió al Gobierno la resistencia del pueblo de Piedras, en Tolima, contra la minera AngloGold Ashanti y porque reedita los escollos que ha tenido la locomotora minero-energética a la hora de interactuar con las comunidades locales.

Y por otro, porque anticipa uno de los dilemas más grandes que tendrá el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en los años por venir: necesita los recursos de la industria extractiva para financiar la implementación de los eventuales acuerdos de paz pero, a la vez, en la medida en que crezca la movilización social ésta probablemente girará más y más en contra de este sector.

Desde hace dos meses los campesinos de Florida protestaban contra la entrada para hacer exploración de la petrolera china Emerald Energy.

Uno de los argumentos de los campesinos es que las selvas de esa zona del Caquetá son el hábitat del mico bonito del Caquetá, una especie descubierta hace cinco años y en grave peligro. Foto cortesía de UICN.  

Desde el 4 de mayo, unos cien campesinos de varias veredas en el municipio de Valparaíso, a dos horas de Florencia, estuvieron plantados en el puente sobre la quebrada La Cacho, permitiendo el paso de carros pero cerrándoselo a los vehículos de Emerald Energy.

Ese paso, que bautizaron el 'puente Resistencia', está sobre el camino hacia las veredas de Florida donde la empresa -que es parte del grupo chino Sinochem- tiene pensado cavar un pozo estratigráfico que le permita entender si la zona tiene el mismo potencial que sus campos en San Vicente del Caguán (en este momento temporalmente cerrados por la caída en el precio del petróleo).

Opuestos a la idea de un proyecto petrolero, según ellos por las malas experiencias ambientales en pueblos cercanos como San José del Fragua, los campesinos se organizaron y formaron lo que llamaron la Comisión por la Vida del Agua.

“Nosotros no tenemos ninguna claridad sobre cuáles son los daños que puede traer la explotación petrolera para la región y para el mono, pero el Gobierno nacional no ha querido escucharnos y, mucho menos, tener en cuenta lo que queremos decirle. Somos un cero a la izquierda”, dice José Antonio Saldarriaga, uno de los líderes de los campesinos que se vienen organizando desde que Emerald vino a socializar el proyecto -parte del bloque petrolero El Nogal que concesionó en 2012- hace un año.

Por ‘el mono’ Saldarriaga se refiere a otra de las banderas de los campesinos del puente: la conservación del mico bonito del Caquetá, un pequeño primate de pelo rojizo que fue descubierto en 2010 en las selvas del departamento y que está catalogado como 'en situación crítica'(la más grave) por el libro rojo de especies en peligro de la Uicn.

Desde la semana pasada se rumoraba que el Gobierno nacional enviaría a la Esmad a destrabar la vía, por lo que la gobernadora miraísta Marta Liliana Agudelo llamó al ministro del Interior Juan Fernando Cristo y le explicó que el sábado habría una reunión con todas las partes para dialogar. Le pidió no tomar ninguna decisión hasta después.

Todos respiraron más tranquilos. Ese día se pusieron de acuerdo y esbozaron un documento con los puntos en los que estaban de acuerdo y en desacuerdo los campesinos, la Gobernación, Corpoamazonía (la CAR amazónica), la Universidad de la Amazonía y la Diócesis de Florencia. Coincidieron en pedir que no se resolviera en tema por la fuerza y en que se hiciera una moratoria en las actividades de exploración de Emerald hasta que no hubiera claridad.

Por eso los agarró por sorpresa -en la Gobernación incluso- la llegada de unos 150 policías antimotines desde Bogotá la madrugada del martes.

Menos de dos horas después ya habían desmantelado el campamento, recluido a los campesinos en una finca y despejado el camino para que pudieran pasar las máquinas de la petrolera china, que -según el Gobierno- por ahora solo busca arreglar el camino como parte de la inversión social que hará en la zona.

Para los campesinos, esa respuesta no fue convincente.

“Nosotros queríamos leerles el acuerdo, pero dijo el comandante que teníamos 50 días en ese plantón y que eso era ilegal. No les interesa ningún reclamo de nosotros los campesinos”, dice César García, otro de los líderes de esta comunidad campesina que salió desplazada por los paramilitares en 2002 y solo volvió en 2010.

“Si las autoridades del municipio y del departamento tenían un acuerdo con nosotros de no usar la fuerza, e incluso vamos a estar hablando con el Gobierno en tres días en Bogotá, pensamos que se iban a esperar un poco. Pero esto fue arrollador”, añade Saldarriaga.

El saldo, según los campesinos, fue de tres heridos graves. Juan Chávez, un líder campesino, fue golpeado en la cabeza y, tras vomitar sangre, fue trasladado a un hospital de Florencia. Otros dos terminaron en el centro de salud de Valparaíso: Cristóbal Saldarriaga -hijo de José Antonio- herido en la cabeza y el brazo y Ana Pantévez con un brazo muy amoratado.

Dos personas fueron detenidas y luego puestas en libertad. Gregorio Pérez de 60 años, uno de los líderes del bloqueo, salió hacia mediodía. Y Carlos Páez, que estaba filmando la escena y a quien le confiscaron la cámara, fue liberado en la noche.

Todo esto los llevó a organizar un plantón frente a la Alcaldía ayer y de nuevo hoy, que muestra que la irrupción de la Esmad, lejos de solucionar el tema, lo está fermentando aún más.

El caso Valparaíso vuelve a desnudar las dificultades del Gobierno para facilitar las relaciones entre las comunidades y las empresas petroleras y mineras del sector que lidera el ministro Tomás González.

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El viceministro del Interior Carlos Ferro se ha reunido varias veces con los campesinos sin logra avanzar en el diálogo, que ahora retomará su jefe -el ministro Juan Fernando Cristo- este jueves.

El conflicto en Valparaíso escaló a lo largo de un año y estalló en menos de dos meses. Dos meses en los que, pese a múltiples señales y advertencias, no hubo cómo evitarlo.

Esa bomba social se debe, en gran medida, a que -como contó La Silla en un documental sobre el caso Doima- no existen espacios de diálogo entre el Gobierno, las empresas de sectores como minería e hidrocarburos y las comunidades locales, donde puedan conversar sus preocupaciones y evitar que la tensión escale hasta las vías de hecho o las consultas populares, como sucedió en Piedras (Tolima) o Tauramena (Casanare).

De hecho, el único piloto para crear esos espacios -que se llamaba Avanza y que arrancó en los municipios petroleros de Casanare- fue cortado de raíz en un cambio de ministros y cuando apenas arrojaba sus primeros resultados.

Esa falta de espacios de diálogo ha llevado a que las relaciones con las comunidades que protestan, como Valparaíso, terminen siendo un toma y dame más coyuntural que preventivo y, con frecuencia, desordenado.

En este rincón del sur del Caquetá las conversaciones no han faltado, pero con pocos resultados. De hecho, reuniones y cartas han sobrado.

El 29 de mayo los campesinos se reunieron en la Diócesis de Florencia con el viceministro del Interior Carlos Ferro, en un grupo que también incluía a la gobernadora y su Secretario de Gobierno, a los comandantes de la Policía y el Ejército, a representantes de la empresa y de la Asociación Colombiana de Petróleo.

De esa reunión salió el compromiso de hacer una mesa de concertación entre la empresa y las comunidades, que se reunió cuatro días después pero que no pudo superar el escollo del bloqueo del puente. Los campesinos le pidieron al Gobierno una semana para evaluar el contrato de concesión con Emerald, pero -según dos personas cercanas al proceso- éste se negó y dijo que era su deber legal garantizar que la empresa pudiera explorar un bloque por el que ya había firmado un contrato.

Ahí comenzó un cruce de cartas entre muchos. Francisco José Lloreda, el ex ministro que hoy lidera la Asociación Colombiana del Petróleo, le pidió al Gobierno intervenir dado que el proyecto de Emerald “cuenta con el visto bueno de las comunidades directamente aledañas al sitio [pero que] un grupo de personas que de ninguna manera representan a la comunidad del área de influencia han bloqueado el puente”.

La Procuraduría advirtió que el bloqueo era ilegal y sancionable penalmente. El obispo de Florencia, Ómar de Jesús Mejía, le respondió que el caso demostraba“las consecuencias de la inoperancia de las institucionalidad responsable del manejo económico – ambiental” y le pidió acompañar el diálogo.

La senadora verde Claudia López, que presentó un proyecto de ley que crearía unos ‘consejos ambientales municipales’ que le darían participación a las comunidades, le escribió a Santos y a tres de sus ministros insistiendo en “abrir un espacio de diálogo (...) en el cual se presente el alcance del proyecto, se escuchen, se discutan y se resuelvan las inquietudes ciudadanas”. El Ministerio de Ambiente de Gabriel Vallejo le replicó que eso no era su responsabilidad, sino de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

El representante liberal Harry González -que también se ha reunido con los campesinos- logró agendar una reunión con todos este jueves en el despacho del ministro Cristo, pero también se vio sorprendido por la entrada de la Esmad.

El Gobierno insiste en que existen los espacios de diálogo, pero que la comunidad no ha querido usarlos.

“Hemos estado en todas las instancias de diálogo, pero ahí tienen una posición cerrada y no quieren admitir razones”, le dijo a La Silla el viceministro del Interior Carlos Ferro.

Les hicieron tres propuestas que, según Ferro, la comunidad no quiso aceptar: levantar el bloqueo en el puente, hacer una auditoría con la Universidad de la Amazonía sobre las prácticas empresariales de Emerald y hacer una investigación en temas ambientales. E insistió en que es una empresa con tan buenos niveles de gestión ambiental que incluso tienen a Gerardo Viña, quien fue viceministro de Ambiente durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, como gerente de planeación. (La Silla intentó sin éxito comunicarse con Emerald Energy).

El representante liberal Harry González insiste en que es necesario dar un debate sobre el modelo de desarrollo de la Amazonía -que incluye al Caquetá- y que esté diseñado para hacer frente a las persones ambientales de la región.

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La gobernadora miraísta Marta Liliana Agudelo también ha pedido reglas de juego más exigentes para la explotación de hidrocarburos en la zona amazónica.

Más allá del 'caso Valparaíso', casi todos en Caquetá -campesinos, políticos, académicos y actores sociales- insisten en que el departamento tiene unas “características especiales” que requieren que su política de hidrocarburos sea distinta.

“La discusión de fondo es que Caquetá debe tener una política de hidrocarburos diferenciada porque es distinto explotar en un área de gran biodiversidad”, dice el congresista caqueteño Harry González, que acompañó a los campesinos de Valparaíso el fin de semana. "Ya tenemos un problema ambiental, gracias al modelo de ganadería extensiva y a la coca, y ya somos la región mas deforestada del país y la segunda del continente después del Chaco paraguayo. Seguir así es un contrasentido".

González también fue el autor de la idea, en el Plan de Desarrollo de Santos II, de que Caquetá volviera a formar parte de los departamentos de la Amazonía y no del ‘centro sur’ con el Huila y Tolima (como quedó en 2010), un argumento geográfico que están usando para defender que la región necesita un ordenamiento distinto.

Su visión la comparten en muchos sectores, desde el empresariado hasta la Iglesia, pasando por la clase política y los campesinos. Todos le están pidiendo al Gobierno un debate sobre el modelo de desarrollo para la región amazónica y, sobre todo, unas reglas de juego distintas -y más exigentes- para explotar petróleo en la selva.

“Debe salir una nueva regulación en la Amazonía que incluya al Caquetá porque hay condiciones ambientales muy frágiles y es patrimonio de la humanidad. El hecho de que se adjudique bloques petroleros ahí riñe con lo que Santos prometió en Naciones Unidas de proteger especialmente al ecosistema amazónico. Hay una contradicción entre lo que se dice y hace”, dice Eduardo Moya, el presidente de la Cámara de Comercio de Florencia.

Ese debate es crucial porque, aunque hoy solo representa el 3,7 por ciento de la producción nacional, la cuenca Caguán-Putumayo es -en palabras de un empresario- “el futuro petrolero del país”.

Por ahora, su próxima round será este jueves en el despacho de Cristo. Ahí estarán los campesinos, la gobernadora Marta Liliana Agudelo, el congresista Harry González, el presidente de la Cámara de Comercio y el obispo de Florencia para hablar del 'caso Valparaíso' y, en general, de sus angustias petroleras.

“Nosotros no tomamos parte en este conflicto, pero [los campesinos de Valparaíso] reclaman algo que desde la Gobernación vemos justo: que se revisen los términos de referencia con los que se asignan los bloques en el Caquetá”, dice la gobernadora encargada Sandra Milena Rodríguez, quien les pidió levantar el bloqueo pero también exigir un espacio de diálogo. “Todos estamos pidiéndolo. Estamos hablando el mismo idioma”.

Parecía un fandango de corraleja. Tres señoras bandas de viento amenizaban la llegada de decenas de personas, cercadas por otro tanto de vendedores de bolsitas de agua, de diabolines, de dulces, todos muy alegres y muy sudados bajo el implacable sol de antes de mediodía en Sincelejo.

Pero la mayoría venía uniformada, lo que evidenciaba que no era un festejo sino una manifestación política. Una que por dos horas paralizó ayer el tráfico en la transitada calle 20 de esa ciudad, justo al frente de la Registraduría. ¿La razón? El cuestionado cacique de Sucre Yahir Acuña llegaba a inscribir a sus candidatos para las regionales de octubre, por el partido Opción Ciudadana o viejo PIN en el que administra los avales del Caribe. La principal aspiración: la de su esposa la exdiputada Milene Jarava a la Gobernación.

Tal y como hizo el año pasado en su campaña al Congreso, en la que logró 134 mil históricos votos a punta de repartir whiskey y billete, como lo contó La Silla con reportería en terreno; el exrepresentante investigado por parapolítica vistió a sus simpatizantes con camisetas y gorras iguales.

“Plan M (de Milene) la fuerza de un pueblo!”, se leía sobre las espaldas y las cabezas de los yahiristas atraídos a ritmo de porro y cumbia, algunos de los cuales además llevaban pancartas de apoyo a la señora “Mile” como le dicen.

A juzgar por algunas de las cartas que durante el evento se inscribieron para jugar como parte de este proyecto político, y de los amigos de los que se ha rodeado, el Plan M de Yahir parece sobre todo un Plan G de Gata y un Plan I del ‘Indio’ Pedro Pestana. Este último es un médico -indígena, de la etnia zenú, al que llaman “el Indio”- que fue condenado por parapolítica cuyo gran poder local pasa de agache en el resto del país, como lo contó La Silla.

Junto a ellos quiere Yahir convertirse en el rey de este departamento. “Los mosqueteros”, les llaman en algunos corrillos políticos.

La fiesta electoral que armó el grupo de Acuña por la inscripción de la diputada Milene Jarava.

Yahir Acuña parecía ayer más candidato que su esposa, quien habló mucho menos tiempo que él con los medios.

La reconciliación con los gatos, la alianza con “el Indio” y el billete

Aunque es viejo amigo del clan de la empresaria del chance Enilce López ‘La Gata’ (condenada a 37 años por un homicidio, en juicio por otro y en un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito), Yahir Acuña llevaba años apartado de esa casa y liderando su propio proyecto político.

La separación era tal, que hasta hace pocas semanas el senador de Opción Ciudadana Antonio Correa -quien es cercano sobre todo al hijo de La Gata Jorge Luis Alfonso, condenado por el crimen de un periodista- hacía parte del ‘Todos contra Yahir’ o Toconyá que armó la Unidad Nacional para competirle a Acuña por la Gobernación. Eso a pesar de que este año, luego de perder la personería de su partido de bolsillo 100% por Colombia, Yahir entró a la misma colectividad de Correa y hoy controla la entrega de avales en la Costa.

Los llamados gatos y el exrepresentante, sin embargo, cabalgan juntos ahora y la principal evidencia es que el Senador Correa ya aparece en foto de apoyo junto a la señora Mile.

Además de eso, varios de los candidatos a Asamblea y Concejo de Sincelejo inscritos ayer de la mano de Acuña en su evento musical, son considerados cartas gatunas. Una persona importante en el viejo PIN, dos periodistas y un político, nos contaron por aparte por ejemplo que Javier Ortiz y Carlos Carrascal (actuales concejal y diputado de Opción, respectivamente) fueron elegidos con el apoyo de ese clan y ahora buscan repetir de la misma manera. Ortiz fue ubicado en el puesto 1 de la lista al Concejo, que es cerrada, lo cual le garantiza que sería el primero en obtener curul si los votos le alcanzan al partido.

Antonio Correa lleva a la Asamblea (lista abierta), con el respaldo de la misma estructura que lo eligió a él, a la comunicadora Andreína Restrepo Carrascal, según nos confirmaron otras dos fuentes que conocen bien cómo se armaron esas listas.

Pero acaso el detalle relacionado con La Gata más llamativo de esta historia, es la presencia en la manifestación de ayer frente a la Registraduría de Jorge Abisambra.

Exgerente de la empresa del chance Aposucre y hombre de la confianza de la familia Alfonso López, Abisambra fue visto allí y según alguien que conoce el grupo de Yahir por dentro estaba acompañando a Carlos Carrascal, quien de acuerdo a esa fuente es su candidato a la Asamblea.

Abisambra es de la entraña del clan de La Gata. El año pasado, Semana había dicho que supuestamente era informante de la justicia en contra de la empresaria desde Estados Unidos, pero luego él mismo negó esa información a la revista y hoy se encuentra en el país. La persona importante del viejo PIN con la que hablamos nos dijo que entre Abisambra y los gatos “no hay ningún problema” por cuenta de esa versión, y que él y Yahir son “buenos amigos”.

José Carlos Mizger, el representante que reemplazó a Yahir en el Congreso; Milene Jarava, Antonio Correa y la representante yahirista Candelaria Rojas. La foto del apoyo. 

Otra imagen que evidencia respaldo: la senadora conservadora Yamina Pestana junto a Milene Jarava.

Como es buen amigo también el “indio” Pedro Pestana,  jefe de un poderoso grupo político en Córdoba y Sucre, que fue el primero en respaldar a Yahir cuando la Unidad Nacional le dio la espalda, y ahora es uno de los “mosqueteros” de Acuña para buscar reinar en Sucre.

Pestana, condenado en 2009 por asociarse con el Bloque Héroes de Montes de María de los paramilitares y liberado en marzo del año pasado, es el fundador y dueño de la EPS indígena Manexca, que cuenta con unos 200 mil afiliados.

Con el peso de esa fortaleza, “El Indio”, que pagó su condena en una cárcel indígena en Córdoba, logró hacer de su hermana Yamina Pestana la quinta senadora más votada del Partido Conservador en el país, a pesar de no tener gran trayectoria política y ser desconocida incluso en la región. También tiene a otra hermana, llamada Sandra, como diputada de La U en Sucre y a su hermano Eligio como alcalde de Tuchín (Córdoba). Y además es aliado político del gobernador cordobés Alejandro Lyons, quien le dio representación a los Pestana con dos secretarías.

La presencia de este grupo en el evento de Yahir ayer, se sintió en la inscripción como candidato a la Asamblea por el viejo PIN del exalcalde de San Pedro, Manuel Caicedo Arrieta, quien va con el apoyo Pestana. Pero también porque hasta allá fue, para dar apoyo a los Acuña Jarava, la mano derecha del “Indio”: Antonio Martínez, quien fue condenado por los mismos hechos que el médico y pagó condena junto a él.

El efecto de esta alianza que logró armar Yahir Acuña alrededor de las candidaturas de su esposa y de aspirantes a las 26 alcaldías de Sucre, al Concejo de Sincelejo y a la Asamblea, es que por ahora su proyecto político se vea imparable frente un ‘Tonconyá’ que sigue sin definir un candidato único para apoyar. La semana pasada, el liberalismo avaló al diputado Jairo Barona, pero él aún no cuenta con el respaldo de Cambio Radical y de un sector del PIN que está contra Yahir.

Las votaciones de Antonio Correa y Yamina Pestana a Congreso el año pasado suman en Sucre casi 50 mil votos, y a eso hay que añadir el poder de manejar la EPS Manexca y la fortaleza electoral que demostró con creces Acuña en las legislativas.

En la Sincelejo política comentan que estos “mosqueteros” ya acordaron que, de alcanzar la Gobernación, Pestana se quedará con todo lo de la salud y los gatos regresarán al negocio del chance que perdieron. Estas versiones son imposibles de probar y sólo se sabrá si son ciertas en el eventual Gobierno de Milene Jarava.

Por ahora, Yahir y sus aliados arrancaron su proyecto: “Que se sienta notificado el país: el último capítulo de la vida política de Yahir Acuña no ha sido escrito y no va a ser escrito en muchos años”, dijo el exrepresentante en micrófonos ayer, durante la inscripción de su esposa.

Lo hizo minutos antes de repartir entre 300 y 500 mil pesos por cabeza a varios de los periodistas que lo estaban oyendo. Así se lo confirmaron a La Silla dos personas que estaban allí, aunque no a todos les ofrecieron y no todos aceptaron. La campaña al estilo Yahir comenzó.

Cansadas por la demora en la resolución de su emblemático caso, las 180 familias que salieron desplazadas hace dos décadas de la Hacienda Bellacruz regresaron ayer a ese rincón en el sur del Cesar. Esta madrugada, sin embargo, fueron desalojados por un escuadrón del Esmad y la Policía que -según tres personas que han acompañado el proceso- llegaron sin una orden de desalojo.

El caso de la antigua hacienda Bellacruz -hoy llamada La Gloria- se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la progresista política de tierras que impulsaron Santos y su primer ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, y que -como ha contado La Silla- está haciendo agua.

Sin ninguna decisión jurídica o administrativa en firme, estas 180 familias campesinas -que habían llegado en 1986 a esas tierras y fueron desplazados por los paras en 1996- decidieron volver mientras sale una. Su descontento se debe a una resolución que sacó el Incoder en febrero de este año, que -como contó Verdad Abierta- devolvió su proceso al estado en el que estaba en 1990.

En concreto, el Incoder anuló dos resoluciones del extinto Incora -una de 1990 y otra de 1994- que reconocían que dentro de la hacienda había seis predios de origen baldío, de las que la familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda se había apropiado de manera irregular.

En base a esas decisiones, en 2013 el Incoder -didigido entonces por Miriam Villegas- desempolvó el caso y le ordenó a la empresa que le compró la hacienda a los Marulanda en 2008 -y que es del magnate Germán Efromovich, principal accionista de Avianca- devolver las 1.200 hectáreas que aparecán como antiguos baldíos. Eso significa que el Incoder debería, una vez recuperados, titulárselos a campesinos sin tierras y estas 180 familias -como sus ocupantes históricos- tendrían el primer derecho. Por esa decisión, Efromovich demandó penalmente a Villegas y su entonces subgerenta de tierras Jhenifer Mojica.

Pero en febrero de este año, el subgerente de tierras del Incoder Carlos Carmona echó para atrás esas decisiones argumentando que faltaban muchos detalles, dejó sin piso la de 2013 y ordenó un proceso de clarificación de títulos que determine de una vez por todas el origen de esos predios.

Eso quiere decir que el proceso se va a demorar varios años más, en los que los campesinos tendrán que estar lejos de los predios que reclaman como propios desde hace tres décadas.

El polémico 'decreto navideño'sobre temas mineros -que firmaron cuatro ministros de Santos el día de Nochebuena- acaba de ser suspendido por el Consejo de Estado mientras decide de fondo.

Esa decisión es un golpe fuerte para el Gobierno. No solo porque se queda sin esa herramienta desde cuando se notifique el auto, sino porque muestra que para el magistrado ponente, Guillermo Vargas, el decreto es ilegal. Lo usual es que la ponencia siga la misma línea de argumentación del auto, y como en la mayoría de casos los demás magistrados aprueban las ponencias, lo más frecuente es que al final el Consejo de Estado termine delcarando la nulidad de las normas que suspende inicialmente.

Por eso, lo más probable es que la demanda que interpuso el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario termine con el decreto anulado.

La norma -que generó mucha resistencia en el sector ambiental y en los municipios- fue el resultado de un regaño de la Corte Constitucional, que en marzo del 2014 le jaló las orejas al Gobierno por no tener en cuenta a los municipios y las comunidades a la hora de ponerle orden al intenso debate sobre quién tiene la competencia para ordenar la minería en el país: si el gobierno nacional (al tratarse del subsuelo) o las autoridades locales (al tratarse de todo lo que sucede por encima).

En la decisión del jueves pasado, Vargas advierte que con ese decreto el Ministerio de Minas quedó en control de las decisiones sobre recursos naturales y que “respecto de las actividades mineras los municipios y distritos no puedan ejercer vigilancia, control, ni participación”.

El consejero de Estado también advierte que la ruta que creó el decreto para que los municipios puedan expresar sus preocupaciones era -como anticipó La Silla- más letra muerta que espacio útil pues el plazo de tres meses que les daba era insuficiente para presentar sus propuestas de protección de áreas.

Por eso, si el decreto sigue vivo, los municipios "no podrán implementar medida alguna para proteger el medio ambiente y garantizar la salubridad de sus pobladores frente a una posible afectación derivada del ejercicio de actividades de exploración o explotación minera, lo que quebranta los derechos y deberes ambientales consagrados en la Constitución y abre la puerta a un daño irreversible de los recursos hídricos”.

Auto decreta suspension provisional Dto 2691 de 2014.pdf by lasillavacia

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​​La Gallup Poll publicada anoche muestra lo que era predecible: los ataques de las Farc de las últimas semanas han volado en pedazos la fe en el proceso de paz. 

Fue realizada entre el 18 y el 24 de junio en las cinco grandes ciudades con un margen de error del 3 por ciento.

Estas son las principales conclusiones.

El pesimismo está en los niveles de Samper El shock producido por el asesinato de los 11 soldados por parte de las Farc parece haberse estabilizado en un pesimismo con el rumbo del país solo similar a las épocas del presidente Samper, cuando ocurrió el proceso 8000. Durante el gobierno de Santos, solo estuvo peor cuando ocurrió “el tal paro que no existe”.	“Es la guerrilla, estúpido”. Los ataques a la infraestructura por parte de las Farc desde su ruptura del cese unilateral -que han afectado principalmente a los civiles al quedarse sin agua, sin luz y sin dónde pescar en varias regiones, es sin lugar a dudas el detonante del creciente pesimismo con el país y con la negociación. Por primera vez en tres años, la seguridad y el orden público volvieron a ser la mayor preocupación de los colombianos. Supera con creces su preocupación con los temas adquisitivos a pesar de la desaceleración que ha sufrido la economía.
La peor percepción sobre la guerrilla Los ataques recientes a bienes civiles por parte de la guerrilla consiguieron que la pregunta sobre si el manejo de la guerrilla está mejorando o empeorando alcanzará el peor puntaje histórico desde que se está haciendo esta medición hace siete años. Es el resultado de la combinación de una negociación que está durando mucho más de lo que el gobierno había pronosticado unido a la ruptura del cese unilateral que ha llevado a una intensificación de los ataques por parte de las Farc.	La mancha de la guerrilla crece Una evidencia del nefasto impacto que tuvo en la opinión pública el derrame de casi 500 mil barriles de crudo por parte de la guerrilla, que alcanzaron las aguas subterráneas y los ríos de Nariño y Putumayo (incluidas zonas selváticas), es que la percepción del manejo del medio ambiente logró su peor récord histórico en siete años.
Mientras tanto todo lo demás está mejorando Es tan claro el impacto de los ataques terroristas de la guerrilla sobre el ánimo general que la satisfacción con el estándar de vida logró su mejor nivel de todo el gobierno de Santos. También mejoró sustancialmente la percepción de que otros sectores están mejorando: la educación, el transporte de carreteras, la atención de los ancianos, etc.	Santos, débil y debilitado La percepción de Santos viene empeorando desde que fue elegido en junio de 2014 pero está a punto de alcanzar su peor nivel de cuando el “tal paro”. Así de mal, realmente, solo ha estado Andrés Pastrana en su época del Caguán. Los logros que la gente reconoce en el manejo de otras áreas de gobierno no los cosecha él, que ha ligado la suerte de su gobierno a la del proceso de paz.
Entre más cerca de los ataques, les va peor Dos terceras partes de las acciones ofensivas de las Farc tras romper el cese unilateral han ocurrido en Nariño, Cauca y Putumayo. Cali y Valle son las únicas dos ciudades y gobernaciones, respectivamente, encuestadas del Suroccidente del país y el impacto de los ataques guerrilleros es evidente en la percepción del desempeño de los mandatarios. Mientras que todos los de las demás ciudades y regiones encuestados mejoran, ellos dos caen considerablemente.	​ Entre más ataques, más uribistas La popularidad del ex presidente Uribe es directamente proporcional a la importancia que cobra el tema de la seguridad y el orden público entre los colombianos. A pesar de que la opinión favorable sobre el ahora senador venía bajando desde que Santos llegó al poder, la ruptura del cese unilateral con la muerte de los 11 soldados volvió a dispararlo en las encuestas y nuevamente muchas más personas tienen una opinión positiva de él que negativa.
Se estabilizó el odio La esencia de la justicia transicional es que se está dispuesto a sacrificar parte de justicia (como años de cárcel o incluso que vayan a la cárcel) para lograr la paz. Cuando la muerte de los 11 soldados por parte de las Farc en abril de este año, se alcanzó el pico de gente que se oponía a esta transacción. A pesar de que los ataques han arreciado desde entonces, el rechazo a la justicia transicional ha vuelto a sus niveles históricos.	​ Aumenta la confianza en las armas Una mala noticia (¡otra más!) para el proceso de paz es que todavía dos de cada tres colombianos cree que el Estado está en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla y al mismo tiempo ha ido creciendo el porcentaje de gente que cree que es posible que la guerrilla algún día se tome el poder por la fuerza. Esto es grave porque una negociación es más fácil cuando la gente siente que no hay plan B para ninguno de los dos.
La mesa de la Habana pierde apoyo En consonancia con todo lo anterior, la fe en la Mesa de Negociación en la Habana ha alcanzado su peor momento desde que arrancaron las conversaciones con las Farc. Hoy hay tanta gente que cree en la salida negociada como los que abogan por levantarse de la mesa y apostarle solo a la derrota militar. Esto comprueba una vez más que ya no es tan viable el principio que ha guiado la negociación de “hacer la guerra como si no hubiera negociación y de negociar la paz como si no hubiera guerra”.	​ La paloma malherida La pérdida de fe en el proceso de paz no solo se revela en la pérdida de credibilidad en la salida negociada sino que la gente cada vez tiene menos esperanzas de que se llegue a un acuerdo final. Incluso si se llegara a firmar, cada vez menos colombianos creen que la firma conduciría a las metas que tiene: detener la violencia de origen ideológico, distribuir mejor la riqueza en el campo, combatir el narcotráfico o reparar a las víctimas. Los ataques de la guerrilla han demolido sobre todo la fe en el proceso de paz.

Acá se puede ver la encuesta completa.

Más verdes que de costumbre están algunos miembros de la Alianza Verde en la región Caribe. Los avales y apoyos entregados por ese partido, tienen a más de uno en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla con rabia casi como Hulk, el personaje de Marvel Comics.

En Santa Marta hay inconformismo porque la Dirección Departamental verde decidió apoyar al exsecretario Rafael Martínez, carta del alcalde Carlos Caicedo a la Alcaldía y quien recoge firmas desde marzo pasado con el movimiento ‘Fuerza Ciudadana’.

Robinson Morelo, diputado del Magdalena por esa colectividad, dijo que Martínez nunca se inscribió como precandidato de Alianza Verde, por lo tanto la colectividad en ese departamento no está obligada a apoyarlo y anunció la impugnación a lo que calificó como una “decisión ilegal” del directorio departamental. Sin embargo, como lo había contado La Silla, la Dirección Nacional sí contemplaba irse en coalición con la candidatura de Martínez.

A dos horas, en la capital del Atlántico, no a todos los verdes les cayó bien que el avalado a la Gobernación fuera el exconcejal de Cambio Radical Alfredo Varela. Acompañado por el senador Antonio Navarro Wolff, Varela recibió ese respaldo el 25 de junio. El escritor Federico Santodomingo, uno de los precandidatos verdes a ese cargo, tuteló ese respaldo ante el Consejo de Estado porque, según él, se ignoró su militancia en el partido y se dio un apoyo oportunista a un candidato de ideología contraria a la Alianza.

El tercer round de esta pelea Hulk lo protagonizan los verdes de Cartagena con la dirección nacional en Bogotá. Un grupo de cartageneros quiere que el aval a la Gobernación le sea entregado al exjefe de impuestos distrital Rodrigo Arzuza. Sin embargo, el partido también estudia la hoja de vida de la exsecretaria de Educación Rosario Ricardo Bray, quien recoge firmas con el movimiento ‘Firme por Bolívar’. El nombre de Ricardo generó malestar porque cuando trabajó en la administración del fallecido Campo Elías Terán lo hizo como cuota de la cuestionada casa García - Zuccardi.

Pardo ha venido haciendo una campaña en la que mezcla una política partidista tradicional con apariciones en medios, propuestas programáticas y acuerdos con sectores sociale puntuales. Foto: cuenta de Twitter del candidato.

Enrique Peñalosa se ha lanzado infructuosamente a la Alcaldía de Bogotá cuatro veces. En su campaña piensan que la quinta será la vencida.

Rafael Pardo se inscribió ayer oficialmente como candidato liberal a la alcaldía de Bogotá. Pardo, que por su personalidad no es dado a grandes golpes de opinión, le está apostando a una campaña de largo aliento, más racional que emocional, que va sumando fuerzas de a pocos y que le apunta a aprovechar que es el candidato menos rechazado de todos los que están en la contienda.

El eje de la propuesta de Pardo, según se la contó ayer a los miembros de La Silla Cachaca en un chocolate santafereño que invitó esa red (actividad que repetiremos con otros candidatos a la alcaldía de Bogotá), es construir una sociedad más equitativa, con más oportunidades para todos. Justamente los dos ejes de la campaña política que el liberalismo lanzó ayer en todo el país.

Pardo considera que los promedios no sirven para entender realmente lo que sucede en Bogotá pues las desigualdades muchas veces están focalizadas en partes específicas de la población (por ejemplo, el desempleo es bajo en promedio, pero entre las mujeres o los jóvenes sin bachillerato puede doblar ese promedio).

Otro ejemplo de un promedio que no funciona es el de la distancia que tienen que recorrer los bogotanos para ir al trabajo, a la universidad o a un hospital. Un ejemplo que dio es que mientras los estratos altos llevan a sus hijos a una kínder a tres cuadras de su casa, en los más bajos muchas veces les toca desplazarse a otra localidad. O que cuando tienen una EPS, a los bogotanos les toca ir al centro o al norte para acudir a un hospital con especialistas, pues la que queda más al sur es la Clínica Colombia, en la Avenida de la Esperanza con carrera 68.

Para superar estas desigualdades Pardo dijo que le apostaría a la educación pública de calidad mejorando el clima escolar y acercando más los colegios a las casas de las familias, ya sea con colegios públicos, por concesión o por contrato.

Además, como sin un título de bachiller es casi imposible obtener un empleo formal, dice que si no se ataca el problema de la deserción en la educación pública, se va a mantener esa segregación de por vida.

También señala un problema grande de desigualdad en la salud, donde la atención es muy distinta si una persona tiene Sisben, EPS, prepagada o ninguna de las anteriores, y que por eso creará incentivos para que se construyan hospitales en el sur y el occidente de la ciudad.

La campaña aterriza buena parte de esos problemas en la necesidad de que el nuevo POT (que por ley tiene que armar el nuevo alcalde el próximo año) cree las herramientas para que Bogotá tenga otros centros urbanos en las zonas del Occidente donde vive la mayoría de gente, con servicios como salud y con trabajos formales y bien pagos.

Pardo propone que este plan de ordenamiento territorial se construya de manera consensuada con los interesados y que combine una expansión ordenada de la ciudad con una densificación del centro.

Por último, Pardo propone un estilo de gobierno “que no sea de tribuna pública sino de ponerse del lado de la gente”. Es decir, más que de grandes discursos, que esté orientado a solucionarle los problemas concretos y cotidianos que tienen los bogotanos. Y sobre todo, que ayude a superar la polarización en la que ha estado sumida la ciudad en los últimos años.

Con esta aproximación programática más centrada en una lectura de sociedad que en una propuesta totalmente centrada en lo urbano, Pardo busca “descolocar” el debate y llevarlo a un plano donde él tiene amplia experiencia y donde su competidor por el centro Enrique Peñalosa no tiene una ventaja tan clara como en los temas estrictamente de ciudad.

Además, mientras el ex alcalde suele hablar de obras (como contó La Silla, entre sus propuestas están terminar el megacentro de urgencias de Hospital de Kennedy, volver el Río Bogotá navegable y convertir la tierra aledaña en una alameda con un malecón, hacer un metro elevado o construir más troncales de Transmilenio), Pardo concentra su discurso en lo que necesita la gente para tener más y mejores oportunidades.

También busca distinguirse de Clara López en que mientras ella dice que la situación de seguridad ha venido mejorando y que hay que enfocarse en luchar contra el crimen organizado, él defiende que la seguridad sí está mal y que hay, además, un problema grave de convivencia cotidiana.

Y para atacar ese flagelo ofrece una propuesta fuerte y polémica: crear una fuerza civil desarmada (hasta ahora llamada guardia urbana) que se encargue de imponer comparendos cuando la gente viola el Código de Policía, estacionando en lugares prohibidos, haciendo construcciones ilegales, sacando la basura a deshoras o molestando a los vecinos.

La idea es que, como la Policía Nacional se ocupa es de perseguir a los delincuentes y a duras penas da para eso (y además conseguir un aumento en el pie de fuerza es costoso y demorado), el Distrito debería encargarse de crear esa otra fuerza, ponerla bajo el mando de la Secretaría de Gobierno y enfocarla en asegurar una mejor convivencia.

Incluso en la parte social de su discurso, que lo acerca al de Clara, la campaña espera marcar una diferencia haciendo énfasis en cómo aumentar las oportunidades mientras ella se concentra en reivindicar los casi 4 millones de subsidios que le entrega el Distrito a los bogotanos (y con los que él dice estar de acuerdo).

Diferenciándose así de los dos rivales que tienen mayor intención de voto, en su campaña creen que Pardo tiene una base sólida para salir a sumar los nichos que necesita para asegurar su triunfo.

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Pardo se pelea el voto de centro y el de los indecisos con el ex alcalde Enrique Peñalosa.

Pardo fue uno de los primeros aspirantes en lanzarse al agua: ya en junio del año pasado anunció su deseo.

A pesar de venir de ser ministro de Trabajo de Santos y de haber sido candidato presidencial en 2010, Pardo arrancaba sin un reconocimiento similar a los de Peñalosa, la reciente candidata presidencial Clara López o el ex vicepresidente Pacho Santos.

Por eso, moverse rápido era fundamental para convertirse en un candidato viable.

Por la misma razón y porque no arranca con una base significativa de votos propios, Pardo empezó tempranamente a buscar apoyos políticos: se presentó como precandidato liberal, empezó a tender puentes con el resto de partidos de la Unidad Nacional y en diciembre hizo su acto de lanzamiento acompañado del senador de La U Armando Benedetti.

Aunque aún no ha obtenido el aval de Cambio Radical (se lo está peleando con Peñalosa), sí obtuvo el de su partido, el de La U (con lo que se quedó con dos de los tres partidos de la Unidad Nacional) y el apoyo del Mira (que en Bogotá puso 75 mil votos al concejo y 60 mil a la alcaldía en 2011, y 70 mil al senado y 83 mil a la Cámara el año pasado).

Esa estrategia de salir temprano a hacer campaña y de amarrar primero la maquinaria política (además de contar con el apoyo de los grandes medios) parece haberles resultado. Hoy Pardo aparece como un candidato viable, con una intención de voto de dos dígitos.

Ahora viene la segunda fase, según dijeron fuentes de su campaña, que es la de consolidarse como una de las dos grandes opciones para octubre. Y en la campaña creen que el camino es quedarse con una buena tajada de los indecisos, que según las más recientes encuestas siguen siendo un 35 o 40 por ciento de los votantes.

“La mayoría de ese 35 se va a ir a donde Pardo o donde Peñalosa”, dice un estratega cercano a Pardo que por su trabajo no puede dar su nombre. “La gente que es muy de derecha ya está donde Pacho y la que es fuertemente de izquierda donde Clara. Por eso, la oportunidad de crecer está entre esos indecisos, y la peleamos con Peñalosa”.

Ese es el norte de la campaña, más que lograr el casi imposible de convencer a Peñalosa de que se adhiera.

Y no solo por esa dificultad sino porque, según las encuestas internas, en caso de que Pardo y Peñalosa se unan, le transferiría menos de la mitad de su intención de voto. Y si Pardo lograra el apoyo y retiro del ex alcalde, el principal favorecido sería Pacho Santos y no Pardo.

Por eso, la apuesta de su campaña es aprovechar que el candidato liberal solo genera una resistencia entre el 4 por ciento de los encuestados, de los cuatro candidatos opcionados es el que tiene la menor imagen negativa y es el más desconocido, por lo cual tiene un mayor margen para crecer.

En la campaña creen que el discurso de centro, despolarizante, que habla de seguridad y de igualdad, de densificación y de expansión, le permite a Pardo crecer en en ese espacio. Y que ahora toca es que lo conozcan a él y a su visión sobre la ciudad.

Para eso esperan ponerle un ritmo rápido a la campaña. Lo muestra el que, mientras la mayoría de candidatos prefieren inscribirse cuando el plazo para hacerlo va a vencer pero la campaña está más caliente, Pardo lo hizo cuando queda casi un mes para hacerlo .

En parte para lograr esa exposición, en parte porque cree que la política se mueve por causas específicas y en parte por mero cálculo electoral, Pardo se está reuniendo y buscando hacer acuerdos puntuales con diferentes sectores sociales que poco a poco le pueden ir sumando votos.

Por ejemplo, hace diez días firmó uno con los animalistas, se comprometió a hacer la primera clínica veterinaria pública y a crear el Instituto de Protección Animal; estuvo hace una semana con organizaciones sindicales del Distrito y les prometió que como alcalde va a respetarlos; lideró un encuentro de madres comunitarias en el que recordó que ha defendido los hogares comunitarios que ellas manejan; o se reunió con personas con discapacidad.

Y, de manera aún más elocuente fue a la inscripción de ayer en taxi.

Preparándome para llegar a la Registraduría e inscribir la candidatura de nuestra #BogotaOrganizadapic.twitter.com/69hY8j9gAQ

— Rafael Pardo (@RafaelPardo) julio 1, 2015

que, según una persona de la campaña “muestra que Pardo está identificado con ellos”.

Pero esa estrategia de pequeñas causas y de asegurar el apoyo de diferentes estructuras políticas puede tener un efecto bumerán: frente a Peñalosa, con quien compite por los votos de los indecisos, Pardo aparece como un político tradicional. Como el que busca asegurar el apoyo de grupos de interés como los taxistas o los sindicalistas, el que sale en fotos con concejales y congresistas, el que quiere sumar el apoyo de los partidos tradicionales.

Eso, ante el voto impredecible e independiente de los votantes bogotanos, es una apuesta riesgosa como muestra que cinco de los últimos seis alcaldes (Mockus dos veces, Peñalosa, Lucho Garzón y Petro) ganaron haciendo campaña desde fuera de los grandes partidos. Y el único que ganó dentro de uno de ellos, Samuel Moreno en 2007, lo hizo desde el que era la encarnación de la oposición.

Precisamente ése es otro talón de Aquiles de Pardo: es el el candidato de un Presidente con muy baja popularidad. El vínculo con Santos es claro: trabajó en el Gobierno, apoyó la reelección, tiene el apoyo de los partidos de la coalición santista. Y aunque las encuestas no muestran una transmisión de la desfavorabilidad de Santos a Pardo, en una ciudad que hace 20 años no elige al candidato gobiernista a la alcaldía, ese problema no es menor.

Ninguna de estas dificultades, sin embargo, parece preocupar mucho al candidato. Su campaña es un reflejo de su personalidad: es una campaña organizada y profesional, que no genera mucha emoción, que más que refundar la ciudad busca solucionar problemas concretos y que le apunta a que al final la gente tome una decisión más con la cabeza que con el corazón.

Ayer, la Procuraduría acusó formalmente a dos coroneles del Ejército por el puente quebrado de la carrera 11 en Bogotá. Uno de ellos, sin embargo, el coronel Segundo Raúl Huertas Ceballos, quien fuera el gerente del contrato con el que se construyó el puente, ya está en la cárcel.

Huertas Ceballos es uno de los cinco coroneles que se entregaron a la justicia el pasado mes de marzo por hacer parte de la cúpula del Batallón de ingenieros Pedro Nel Ospina de Medellín en una investigación por 71 casos de falsos positivos.

Entonces, Huertas Ceballos tenía el grado de mayor y era el oficial de operaciones a cargo del Batallón que estaba especializado en la construcción de obras civiles como puentes y alumbrado, pero que curiosamente, fue el batallón que produjo más muertes en combate en el año 2007, muchas de las cuales están siendo investigadas como falsos positivos.  

Por eso, Huertas Ceballos fue enviado a la cárcel sin beneficio de excarcelación imputado por el homicidio de 15 personas en casos de falsos positivos que están relacionados además con delitos de secuestro simple, falsedad en documento público y fraude procesal.

Ahora además, tendrá que afrontar los cargos que establezca la Procuraduría por las irregularidades en la contratación y la construcción del puente peatonal que se cayó en febrero en el norte de Bogotá.

Aunque lleva meses punteando en las encuestas a Gobernación, el exmandatario liberal del Atlántico Eduardo Verano ha padecido días de zozobra en su campaña.

Las razones son la indecisión de su partido frente a darle el aval y el rechazo de los dos congresistas liberales del departamento, quienes muy temprano se alienaron con la aspiración del exfuncionario Jaime Pumarejo. Contrario a Verano, Pumarejo no ha sido un militante tradicional del trapo rojo. Pero es cuestión de días para que se le acabe la mala hora al exgobernador.

La Silla confirmó con cuatro fuentes muy enteradas y del nivel nacional, que el aval rojo en el Atlántico, uno de los avales sobre los que se ha creado más expectativa en el país, será para Eduardo Verano. El anuncio, según una de esas fuentes, se hará el fin de semana.

Aunque los únicos senador y representante liberales en el departamento, Álvaro Ashton y Mauricio Gómez, no querían, en esta movida fue decisivo el apoyo del senador Horacio Serpa a Verano.

La noticia ya la sabe la campaña del exmandatario y ha trascendido en la Barranquilla política, por lo que grupos poderosos como los Char -que estaban acompañando a Pumarejo- ya están considerando montarse al bus de Verano.

También confirmamos con una persona que conoce por dentro el proyecto de Pumarejo, que el exgerente del centro de eventos de Barranquilla está a punto de desmontar su aspiración, la cual nunca despegó en las encuestas.

Así las cosas, Verano ya no tendría que seguir recogiendo firmas a contrarreloj para presentarse con su movimiento ‘Colombia, país de regiones’, la estrategia que era su plan B, como lo contó La Silla.

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Clara López se trajo a buena parte de su equipo de las presidenciales del año pasado a su campaña para llegar al Palacio de Liévano, con la esperanza de multiplicar los 500 mil votos que sacó en Bogotá en primera vuelta. Al igual que hicimos con Rafael Pardo y Pacho Santos, este es su equipo en el que -aparte de personas de su entraña- la acompañan varias que sirven de puente con el sector del senador Jorge Robledo (con quien acaba de hacer las paces) y el samperismo. 

Ayer el Partido Liberal le entregó oficialmente el aval al ex congresista Álvaro Pacheco para la Gobernación de Caquetá. Con esa decisión no solo rompió definitivamente la Unidad Nacional en ese departamento, sino que le suma otro aspirante cuestionado a la contienda.

Pacheco, quien fue alcalde de Florencia, candidato a la gobernación en 2007 y representante a la Cámara entre 2010 y 2013, enfrenta dos procesos penales.

En uno, por parapolítica en las elecciones de 2007, fue detenido en el Capitolio en 2013 y estuvo 23 meses en La Picota, hasta que en marzo un juez especializado lo declaró inocente. Sin embargo, la Fiscalía apeló esa decisión, por lo que el hoy candidato sigue con el proceso abierto.

Por esa condición, su solicitud de aval no tuvo un trámite fácil, aunque tenía el apoyo del representante liberal del Caquetá, Harry González. La decisión final de entregárselo fue una de las que llevaron a la senadora Viviane Morales a renunciar ayer a la codirección liberal.

Ahora Pacheco se enfrentará al conservador Arnulfo Gasca, quien hace cuatro años perdió el aval conservador a la gobernación de Caquetá a raíz del video de un narcocorrido llamado 'el patrón de patrones', dedicado a él y del que era protagonista. Ese aval fue muy debatido entre los azules, y al final Gasca ganó con el apoyo del congresista azul Luis Fernando Urrego, y a pesar de la oposición del presidente del directorio azul, David Barguil.

El tercero en discordia es el ex representante por La U Luis Antonio Serrano, quien se quemó tratando de reelegirse el año pasado y que fue presentado por el senador Roy Barreras como ‘el Falcao’ del santismo. Aunque no tiene los mismos cuestionamientos de sus rivales, a Serrano no le ayuda que su ahijada política, la alcaldesa de Florencia Susana Portela, ande enredada porque en febrero pasado su esposo y uno de sus asesores fueron capturados por el supuesto pago de hasta 200 millones de pesos para que la Fiscalía cerrara una investigación en contra de ella.

Y aunque Serrano recibió el apoyo del Mira que hace cuatro años ganó la Gobernación, el partido cristiano también tiene una fuerza mermada en el departamento.

Por eso, con tres candidatos cuestionados, el panorama pinta similar al del 2011, cuando de cinco aspirantes, cuatro lo estaban. Y eso que todavía no está claro a dónde apunta el poder de Luis Fernando Almario, el cacique conservador en juicio por para y farcpolítica y cuya hermana Nelcy es la delegada de la Registraduría en el Guainía.

La semana pasada los hoteleros y comerciantes de San Andrés le enviaron una carta a Luis Carlos Villegas alertando al recién posesionado ministro de Defensa sobre “la grave y preocupante situación” de seguridad que vive la isla por la guerra entre bandas criminales. Los términos del documento y el que lo hayan hecho público demuestra que la violencia ha llegado a un punto que ya ni ellos mismos -que viven de eso- son capaces de sostener la imagen rosa del territorio rodeado por el mar de los siete colores.

“Homicidios por delitos de alto impacto como el sicariato y las extorsiones nunca antes visto en el Departamento, han generado sensación de inseguridad tanto en los habitantes del territorio, como en los visitantes nacionales y extranjeros, quedando en algunas ocasiones impunes estos actos delictivos”, le escribieron al ministro Ana María Fajardo, representante de los hoteleros, y Víctor Henao Londoño, presidente de la Cámara de Comercio.

El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas estuvo la semana pasada en San Andrés en su primera visita oficial. Fotografía tomada de elisleño.com 

El ministro de Defensa participó en un consejo de seguridad, que generó malestar entre algunos sectores de la isla porque, según ellos, se trató de maquillar la realidad. Fotografía tomada de elisleño.com 

Los gremios redactaron el documento horas después de que Villegas sobrevoló el archipiélago y presidió un consejo de seguridad en el que además de los representantes de los hoteleros y los comerciantes asistieron, entre otros, la gobernadora Aury Guerrero Bowie, el comandante de la Policía del archipiélago Luis Carlos Hernández y el almirante Andrés Vásquez, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

En esa reunión, la gobernadora y el comandante de la Policía le presentaron al ministro una isla mucho más segura  por cuenta de los operativos que dejan este año 14 capturas relacionadas con homicidios y los casos de extorsión controlados por la presencia de los hombres del Gaula.

Al final del consejo, el ministro Villegas aseguró que se llevaba un reporte “positivo” en materia de seguridad y soberanía para el presidente Juan Manuel Santos.

La declaración indignó a los gremios y decidieron dejar por escrito un testimonio de lo que, según ellos, realmente ocurre.

La carta la publicó dos días después el portal El Isleño al igual que una caricatura, dibujada por el artista SandFly, de la que se leía: “No, pero si aquí en San Andrés todo anda divinamente”.

El temor a impactar el turismo, del que depende el 80% de la economía de la isla, ha llevado a que durante los últimos años las denuncias sobre la violencia asociada al narcotráfico tiendan a minimizarse. Se ha subestimado a tal punto que en octubre pasado, la Defensoría del Pueblo cuestionó públicamente que así se hiciera.

La secretaria del Interior Licette Hooker le dijo a La Silla, por ejemplo, que durante la entrevista no hablaría a fondo de las estadísticas de inseguridad por tratarse de “temas muy álgidos” para un destino turístico como el archipiélago.

Si bien las cifras oficiales evidencian que hasta ahora el número de visitantes extranjeros y nacionales se ha mantenido estable e inclusive creció el primer semestre de este año, el temor de los hoteleros y comerciantes es que eso pueda cambiar si no se garantizan mejores condiciones de seguridad para los turistas. 

Al final ese argumento pesó más y por eso le escribieron al ministro.

Los controles terrestres y marítimos de las autoridades, en lo corrido del año, dejan casi dos toneladas de coca decomisada.   

La presencia de turistas se ha mantenido en la isla, aunque algunos sectores aseguran que el reto es elevar el nivel de los visitantes porque muchos suelen ensuciar las calles y destruir la naturaleza marina.

La violencia reciente que azota a San Andrés comenzó a ser noticia constante en 2010 por una seguidilla de asesinatos, la mayoría de ellos producto de los enfrentamientos entre las bandas Los Rastrojos y Los Urabeños: fue así como de 8 homicidios que registró la isla en 2009, según el Forensis de Medicina Legal, pasó a tener 25 en 2010. Desde entonces las cifras se han mantenido en dos dígitos. Este año ya van 9 homicidios.

Con 75 mil habitantes y solo 27 kilómetros cuadrados de extensión, San Andrés tuvo el año pasado una tasa de homicidios de 30 por cien mil habitantes, ligeramente superior a la tasa nacional que fue de 28, pero muy superior a ciudades como Bogotá con 17. 

A ese centenar de muertes durante los últimos cinco años se suman 15 desapariciones, los descuartizamientos de tres sanandresanos, encontrados en el Rodadero (Santa Marta), y las amenazas de muerte. El caso más reciente es el del promotor turístico Jimmy Gordon, propietario de la Cueva de Morgan. A él la Policía lo tuvo que escoltar en mayo pasado hasta el avión en el que salió de la isla y rumbo a otro país.

Estas situaciones han hecho que los isleños vean lejanas aquellas épocas en las que confiaban entre sí y vivían tan tranquilos que eran capaces de dormir con las ventanas y puertas abiertas, aún con la presencia de las embarcaciones cargadas de droga muy cerca de sus casas.

El narcotráfico ha estado presente durante más de tres décadas en el archipiélago, pero solo hasta hace pocos años comenzó a dejar de ser visto como una fuente alternativa de ingresos que no traía consigo problemas de seguridad.

Mientras el Estado y los grupos armados se enfrentaban en el continente, los pequeños grupos de narcos sanandresanos se dedicaban a transportar la droga sin pelearse entre sí. Esa relativa tranquilidad cambió en 2010 cuando Los Urabeños y Los Rastrojos se fijaron en la privilegiada ubicación geográfica de San Andrés para el envío de droga hacia Centroamérica y comenzaron a disputarse el control.

Los 27 kilómetros cuadrados de esta isla y su área marítima sirven como zona de reabastecimiento de combustible para las lanchas que transportan la coca.

Sin asentarse en San Andrés, le explicaron a La Silla dos conocedores del modus operandi de estos grupos, las bandas comenzaron a enviar a algunos de sus miembros para contratar mayoritariamente a los raizales. A ellos les encargan el abastecimiento de combustible en altamar de las embarcaciones go-fast o semisumergibles, y la tripulación de las naves hacia Centroamérica. Los contratan por sus habilidades para la navegación y el buceo.

“Las bacrim mandan a sus hombres desde ciudades como Santa Marta, La Guajira, Barranquilla y Cartagena. Llegan por dos o tres días, contactan a la gente, hacen los negocios y se devuelven al continente”, aseguró una de las fuentes.

Estos grupos, que no tienen presencia en los barrios del archipiélago, también se hacen sentir cuando envían a sus miembros a cobrar venganza por los alijos o dineros perdidos. Además, nos explicó una de las fuentes consultadas, son ellos quienes personalmente les notifican a las víctimas de extorsión en la isla cuánto dinero y en qué condiciones deben pagarlo.

Para contrarrestar la presencia de las bacrim, las autoridades intensificaron desde 2011 por orden presidencial los operativos contra los narcos. Fue así como cayeron 46 miembros de estos grupos entre 2012 y 2014, y con la ayuda de las autoridades de Honduras y Panamá también fueron capturados los ‘Mellos’ Amaury y Mario Smith Pomarce, considerados como los cabecillas de una organización de narcotráfico que operaba en el archipiélago al servicio de Los Rastrojos.

Las acciones también incluyeron el traslado en 2011, y en algunos casos destitución, de 55 uniformados; la realización semanal de reuniones entre funcionarios de la Gobernación, miembros de la Armada, gremios, líderes de la comunidad y la Policía, y la llegada del Gaula este año para enfrentar la extorsión, las amenazas y las desapariciones: la unidad de la Policía inició operaciones en marzo y la de la Armada en abril.

Estos esfuerzos han reducido la zozobra en la que estuvo la isla entre 2010 y 2012, pero como dice el exgobernador Álvaro Archbold, “hay una percepción generalizada de inseguridad entre los habitantes de San Andrés. Hay miedo”.

Ese temor también lo comparte Carmelo Pérez, presidente de una junta de acción comunal. Él, quien lleva 35 años viviendo allá, asegura que la isla pasa por momentos difíciles porque, aunque reconoce el trabajo de las autoridades, atrás quedó aquella idea de que San Andrés era un remanso de paz. “Hay fuerzas oscuras, crímenes a plena luz del día”.

Los crímenes son tan evidentes que ya ni los mismos hoteleros quieren taparlos con la mano.