Como lo contó La Silla, el exgobernador Eduardo Verano le ganó el aval liberal a la Gobernación del Atlántico al exfuncionario Jaime Pumarejo, la carta de los Char a ese cargo. Pumarejo, quien nunca logró despegar en las encuestas, está desmontando su candidatura y confirmamos que ya tiene nueva chamba.

Hasta marzo pasado gerente del Centro de Convenciones del Caribe, Pumarejo ahora será uno de los asesores políticos de la campaña de Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla. Con ello queda ratificado una vez más que, aunque pedía el aval liberal, hace parte del proyecto político de la casa Char, que está en Cambio Radical.

Tres personas conocedoras del proyecto político de Pumarejo le aseguraron a La Silla que en cuestión de días, tan pronto regrese del exterior, él oficializará el desmonte y se unirá a las filas de la campaña charista, que comenzará en firme el 14 de julio. Ese día Alejandro inscribirá en la Registraduría su candidatura a la Alcaldía de Barranquilla.

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Con el paso de los días, y a medida que arrecian los atentados terroristas, incluso los colombianos que creían en el proceso de paz han ido perdiendo la fe. La Silla Vacía entrevistó a líderes de muy diversos sectores sobre qué sería razonable exigirles a las Farc y al Gobierno que hagan en los próximos 15 días para devolverle la confianza a los colombianos en lo que está sucediendo en la Habana. Estas son sus respuestas y puede ver más en La Silla de la Paz.

Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia “Lograr un pacto de desescalamiento y un anuncio de aceleramiento de las negociaciones. Si no lo hacen, esto está muy complicado”.

Ana María Ibañez, académica experta en tierras y desplazamiento “Volver al cese unilateral del fuego por parte de las Farc. Creo que si no hace un gesto al gobierno lo van a poner contra la pared y le va a tocar romper”.

Jairo Rivera, líder estudiantil de la Marcha Patriótica "Para mi lo ideal es que haya desescalamiento del conflicto, porque la principal dificultad en este momentos de los diálogos es el escalamiento de la guerra. También ayudaría hacer un reconocimiento público antes las víctimas del conflicto, que no sea a puerta cerrada, sino algo más público como acto de reconciliación. Por ejemplo, se me ocurre que los jefes de la guerrilla vengan acá y le den cara la gente. Y también es importante volver a devolverle la confianza a la gente al hacer una agenda más pública, sobre los puntos de acuerdo, en dónde van los negociadores, qué han acordado, y que pueda haber no sólo más transparencia, sino más participación".

Carlos Lozano, director de Voz y presidente del Partido Comunista "Yo digo que lo fundamental es solo una cosa: bajar la intensidad del conflicto. O un cese bilateral del fuego. Si no es posible, al menos volver al punto de antes de la crisis, en que había una suspensión de los bombardeos por parte del Estado, y un cese unilateral por parte de la guerrilla. Un gobierno democrático tiene que bajar la intensidad del conflicto para no seguir negociando en medio de la guerra".

General Reinaldo Castellanos, ex comandante del Ejército "Si quieren credibilidad deberían declarar un cese unilateral. Tienen que parar el terrorismo. El Gobierno tiene que decirles con firmeza que una acción más contra la población y se para el proceso. Ese carameleo no sirve”.ado, y que pueda haber no sólo más transparencia, sino más participación".

Pastora Mira, líder de víctimas en San Carlos, Antioquia “Lo que está muy rayado es la incoherencia: logran la supensión de la fumigación con glifosato con el argumento de proteger el ecosistema y en los último días lo que menos están buscando es la salud de la gente con la voladura de los oleoductos. Yo les pediría a las Farc ni una voladura más ni hacer nada que afecte el ecosistema ni los medios de consumo humano como el agua. Y al Gobierno, que coloque unos parámetros: que si se presentara algo que afecte el ecosistema se paren de la mesa, esto no puede ser un campo abierto. Y a la comunidad, que cierren filas en torno de las decisiones que los afectan. Pareciera que dijeran con su pasividad, que nos importa un carajo lo que hagan”.

Moisés Wasserman, rector Universidad Nacional “El balón está en el terreno de las Farc y una demostración de su voluntad sería haciendo un cese unilateral. El gobierno podría así responder en forma inmediata pero necesitaría ese primer paso”.

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz “Las Farc deberían hacer un pronunciamiento público comprometiéndose a asumir algún tipo de responsabilidad judicial. Tiene que ser una cosa así de dura porque como una señal de sanidad, los colombianos nos volvimos totalmente intolerantes frente al terrorismo. Eso no lo van a reversar con pañitos de agua tibia. Al público hay que decirle algo y el que tiene que hacerlo primero son las Farc”.

Padre Francisco de Roux, director del Programa de Paz del Magdalena Medio “Desescalar el conflicto al máximo posible de ldos dos lados. También, levantar la condición de que nada está aprobado hasta que todo está aprobado y aprobar ya algunas cosas que ya han acordado. No hacer nada que toque a la población civil. Y por último, que aprovechan la visita del Papa a Cuba. Se necesita gente con mucha credibilidad que les hable y les ayude a encontrar escenarios de reconciliación”.

Carlos Holmes Trujillo, ex fórmula presidencial de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático “El mayor desafío es que la mesa pueda seguir funcionando. Lo sensato sería una suspensión temporal de conversaciones para dedicarse a la construcción de condiciones que hagan posible que la mesa siga funcionando. Conversar con las Farc en medio de las balas no es viable y un cese unilateral solo funciona con una verificación muy sólida y elementos de concentración. Hacer eso se podría acordar en la mesa”.

Juvenal Arrieta, líder de la Onic “Las Farc lo primero que podrían hacer es indicar que se toman la paz como un proyecto serio porque lo visto hasta ahora es todo lo contrario. Las Farc han dejado a la lucha social sin discurso porque con qué argumento defiende uno la paz si ellos hacen eso. Estuve en Tumaco y el daño a las poblaciones más pobres es muy grande. Al gobierno hay que pedirle mayor determinación. Es una incoherencia que diga sí a la paz cuando en el ejercicio de poder hace todo lo contrario. Cuando aprueba un Plan de Desarrollo que permite minería en los páramos, le da prioridad al capital transnacional y promueve acciones guerreristas. No podemos seguir engañando al país.”

Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes “Tienen que hacer un pronunciamiento de no hacer terrorismo. Las Farc parecen uribistas. Cada bomba lo único que haces es darle la razón a Uribe. Es muy difícil para cualquier insitución negociar con terroristas”.

Javier Ciurlizza, director del International Crisis Group “En su lugar, las partes pueden -y deben- establecer contactos discretos y confidenciales para poner en práctica medidas tales como el respeto irrestricto de las normas humanitarias, la protección de bienes civiles (incluyendo la infraestructura productiva y energética), profundizar el desminado y una evaluación en el terreno de la proporcionalidad de ataques mutuos”. Ver más en La Silla de la Paz

Ginna Morelo, periodista, autora de "Tierra de sangre, memorias de las víctimas" “Este proceso avanzará con decisión, en el momento en que los negociadores se asuman como perdedores y decidan no seguir imponiendo en la mesa sus victorias mediáticas y absurdas, resumidas en ataques que afectan a la población civil. Así los veo ahora, como unos perdedores envalentonados y así perdemos todos los colombianos.”

Juan Carlos Palou, experto en conflicto y paz 'Recuperar cuando menos el espíritu de respeto y cortesía entre los negociadores que predominó en los ciclos anteriores. Y ese restablecimiento de relaciones de respeto debe ser comunicado y, preferiblemente, rubricado con avances efectivos en el delicado tema de las víctimas y la justicia penal. Rescatar el concepto de desescalamiento del conflicto promoviendo un aumento de iniciativas de desminado. Construir un imaginario de futuro compartido, sin el conflicto armado. En últimas, sacar de su “área de confort” a los habitantes de las ciudades para que dejen de ser espectadores escépticos frente a la terminación negociada del conflicto, al tiempo que se le ofrece a las poblaciones de áreas periféricas la posibilidad de ser oídas para transmitir su experiencia de convivir con la violencia armada. Las víctimas debe ser las primeras invitadas al proceso de dialogo y deliberación.'

Gustavo Duncan, miembro de la Comisión Histórica creada por Farc y Gobierno “Que se olviden de atentados terroristas que no les representan nada en términos militares ni en presión sobre el gobierno. Olvidarse de discutir un cese unilateral porque el tiempo corre en contra. Más bien dar una señal clara de avance definitivo en los acuerdos”.

Manuel Ramiro Muñoz, experto en resolución de conflictos, U. Javeriana de Cali 'Que logren ponerse de acuerdo en el cese bilateral al menos en algunas zonas como los territorios indígenas que demuestre que es posible abandonar la guerra, porque toda acción es darle gabela al presidente Uribe y su combo. Lo segundo es pedirle a las Farc que no intente hacer la revolución en la mesa de negociación cuando no ganó la guerra y al Gobierno que no pretenda que se rindan en la mesa cuando no los derrotaron en el campo militar. Su propuesta maximalista de que paguen cárcel es absurda. Y por último, que no le hagan el juego a los radicales de lado y lado. Y preguntarles si tienen gobernabilidad porque a veces la guerrilla parece no tener unidad de mando y el gobierno no tener representación de todos los sectores de este lado.'

Los atentados de las Farc contra el Oleaoducto Transandino, que produjeron un derrame de 410 mil galones de crudo en la zona del río Mira en Nariño son una tragedia ambiental que ha afectado directamente a la población civil y que es una clara infracción al derecho internacional humanitario. Pero no es el "peor daño ambiental y social de los últimos diez años", como lo reiteró en Tumaco el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, haciendo eco de lo que había dicho el presidente Juan Manuel Santos al condenar el atentando de las Farc de que es el peor daño ambiental de la historia.

“El pasivo ambiental de las Farc es tremendo y debería ser objeto de estudio de la Comisión de la Verdad, pero no podemos escandalizarnos por la gravedad de los problemas ambientales solamente cuando hay un atentado. Decir que el derrame es la catástrofe ambiental más grande del país es poco serio y omite la gravedad de muchos otros”, dice Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente que tuvo el país.

Una decena de ambientalistas consultados por La Silla coinciden en que es muy grave el impacto del petróleo en los ríos Mira y Mataje, cuyas desembocaduras albergan uno de los mangles mejor preservados del Pacífico, en pleno proceso de declaratoria como parque nacional. Pero sienten que hay un efectismo político en el manejo que le ha dado el Gobierno al atentado con el fin de elevarle el costo político a las Farc, que contrasta con el olvido en que están sumidos otros problemas ambientales de igual calado.

“Lo de Tumaco es gravísimo, pero -aunque no sea políticamente correcto decirlo- se está creando la idea de que la culpa de los desastres ambientales la tienen solo los atentados. Cuando vemos una gestión ambiental cada vez más precaria y hasta la Ocde, el club tan querido por Santos, dice que tenemos muchísimo que arreglar”, dice Elsa Matilde Escobar de la Fundación Natura.

“Sería muy interesante que el Ministerio hiciera una cuantificación de los daños ambientales de los últimos diez años, para entender su magnitud y complejidad”, dice Julio Carrizosa, el ex gerente del Inderena que fue clave en crear el ministerio en los años noventa.

Estas son seis tragedias ambientales que no han generado la misma indignación dentro del gobierno.

La ola invernal, mitad culpa humana Aunque los estragos que dejó la ola invernal en 2010 y de nuevo en 2011 obedecieron a causas naturales, muchos científicos y técnicos del sector han advertido que la mala gestión ambiental -en manos de unas corporaciones autónomas politizadas y con magros presupuestos- jugó un rol decisivo en potenciar la magnitud de su impacto. Y también han subrayado que no fue tan imprevista como se ha hecho ver y que ya había muchas señales de lo que podría suceder. “La gran culpa no la tuvo el aguacero, sino la cantidad de goteras que tenía el techo. A los humedales les hemos quitado los dobladillos donde se expandían, a los ríos les hemos alterado el curso con diques y jarillones. Lo que llamamos desastres son en realidad el agua recuperando los espacios que le pertenecen, porque nosotros podemos no tener memoria pero el agua sí la tiene”, explicaba Gustavo Wilches-Chaux, uno de los mayores expertos en gestión del riesgo en el país, cuando La Silla examinó los problemas en la gestión de los humedales en el país. Tanto el impacto social como el ambiental de esa ola invernal marcaron puntos altos en la historia colombiana, tanto que Santos declaró el estado de excepción: 460 muertos, 102 mil desplazados, 2 millones de damnificados, 3 millones de cabezas de ganado afectadas y 1,6 millones de hectáreas inundadas. Como contó Tío Conejo, el blog ambiental de La Silla, le costó al país el 2,5 por ciento de su PIB. Es decir, “el equivalente a juntar los tres desastres naturales más grandes de los últimos 30 años: el terremoto de Armenia (1,86 por ciento del PIB), la avalancha de Armero (0,29 por ciento) y el terremoto de Popayán (0,45 por ciento)”.	El hueco de la minería ilegal Los cráteres que está dejando la minería ilegal en zonas selváticas -desde el Chocó y el Pacífico caucano hasta la serranía de San Lucas en el Bajo Cauca y toda la Amazonía- son uno de los mayores problemas ambientales. Y las Farc -que son uno de los mayores jugadores en el mercado ilegal de oro, coltán y tungsteno- tienen una alta cuota de responsabilidad en sus impactos. “El problema de los impactos de la minería es que son a muy largo plazo porque la degradación de los suelos y el agua y la contaminación con mercurio no los puedes reversar. No puedes restaurar un lugar por donde han pasado retroexcavadoras: es una pérdida para siempre. Como también son irreversibles las malformaciones de nacimiento por el mercurio en lugares como El Bagre o Caucasia”, dice una persona que lleva dos décadas en el sector ambiental y que aún asesora al Gobierno. “El ministro dice que le duele lo de Tumaco. Pues debería ir al Bajo Cauca o al sur de Bolívar, donde las comunidades se han quedado sin alternativas de qué comer o cultivar”. En muchas zonas los daños son irreversibles. Más allá del Bajo Cauca antioqueño (que tiene los niveles de contaminación por mercurio más altos del mundo), una investigación conjunta del Tratado de Cooperación Amazónico y la Universidad de Stanford ya detectó niveles por encima de lo permitido en el río Amazonas y el Caquetá, debido a que el oro se está lavando en el lecho del río y luego se arrojan los residuos de mercurio al agua. “El río Caquetá tiene dos entradas, una en La Pedrera y otra en Araracuara, por donde tienen que pasar el mercurio, la gasolina y, claro, las mismas dragas. Irónicamente ambos puntos tienen campamentos del Ejército con 200 o 300 hombres, pero no hay un control efectivo a los mineros”, dice el etnólogo Martín von Hildebrand, que lidera la Fundación Gaia Amazonas y lleva cuatro décadas trabajando en la Amazonía. Como contó La Silla, las denuncias de corrupción de la Fuerza Pública allí son comunes.
La Ciénaga Grande, en terapia de shock La Ciénaga Grande de Santa Marta, el complejo de humedales más grande del país (con casi el tamaño del Quindío) y situada justo sobre la autopista de Santa Marta a Barranquilla, lleva años en estado crítico. “Se le hizo una reanimación en los años noventa -con el proyecto de restauración de Prociénaga- pero fue como un transplante de riñón, sin que se le mantuviera una diálisis o un seguimiento permanente de ahí en adelante”, dice la ecóloga Sandra Vilardy, profesora de la Universidad del Magdalena y una de las mayores conocedoras de los humedales en el país. Eso se debe a que durante años sus ocupantes han hecho obras ilegales sin ningún control por parte de las autoridades ambientales, construyendo diques y terraplenes en las fincas aledañas -que cambian el curso de las quebradas que alimentan la ciénaga o que cierran zonas de agua- y quemando los bosques que la rodean para ganarle metros al agua y ampliar la frontera agraria. Un solo empresario, identificado en abril de este año, construyó 27 kilómetros de diques en la hacienda Los Patos en Remolino (Magdalena). Lo paradójico es que la zona tiene, sobre el papel, uno de los niveles de protección más altos del país: contiene dos parques nacionales (el de la Ciénaga y la Vía Parque Isla de Salamanca), está catalogado como sitio Ramsar (una convención internacional que protege los humedales con un valor hídrico excepcional) y también como Reserva de la Biósfera de la Unesco.	La Amazonía, cada vez con menos árboles Aunque a finales del año pasado Colombia recibió la buena noticia de que la deforestación ha bajado a casi la mitad de lo que era hace cinco años, la cifra sigue siendo alarmante y la gran damnificada es la Amazonía, que concentra la mayor parte de bosques y selvas tumbados. El ritmo anual de deforestación es de 121 mil hectáreas anuales hoy (contra 248 mil en 2010): de éstas, casi dos terceras partes están en los departamentos amazónicos y una cuarta parte del total está concentrada solamente en el Caquetá, que pierde casi 30 mil hectáreas de bosque cada año a la ganadería, la agricultura, la coca, la tala de maderables y la minería ilegal a una velocidad alarmante (un 192 por ciento en 2012). Tanto que ha sido considerada una de las nueve regiones claves para intervenir en todo el mundo por la lista Forest 500, del Programa Global Canopy. Uno de los efectos más graves de esa acelerada deforestación es que ya se están fragmentando sectores de la Amazonía, como la zona donde están los parques nacionales de La Macarena y Tinigua y las sabanas de Yarí, en la franja entre Meta y Caquetá. De nuevo las Farc, que mantienen un control férreo sobre la producción de hoja de coca, tienen una alta cuota de responsabilidad. Como dice Elsa Matilde Escobar, “bajar de 240 mil hectáreas a 120 mil al año sigue siendo poco. ¿Dónde están la reforestación y los impulsos a una ganadería y una agricultura más sostenibles?”. .
La Colombia rural casi no tiene agua potable Uno de cada tres campesinos en Colombia no tiene agua potable. Y aunque normalmente estos problemas son vistos como más bien sociales, tienen un impacto ambiental muy fuerte, sobre todo en la calidad del agua en esas zonas. Por falta de acueducto veredales, apenas el 15 por ciento de personas en zonas rurales -es decir, unas 900 mil personas- tiene agua en buenas condiciones, según el último informe de calidad del agua del Instituto Nacional de Salud. Otras 2,6 millones de personas usa agua con un nivel muy bajo de tratamiento y 1,3 millones agua cruda tomada directamente de las fuentes, con mucha frecuencia contaminadas porque se convierten también en botaderos. “Eso quiere decir que el agua está contaminada porque son los basureros públicos. En Ríosucio (Chocó) el desagüe de aguas negras está justo arriba de donde saca el agua para cocinar y tomar toda la población”, dice Elsa Matilde Escobar. La gravedad de esta situación explica que el acuerdo agrario de La Habana tenga todo un punto dedicado al agua potable. A eso se suma que todavía hay 200 municipios sin procesamiento de desechos sino apenas con botaderos de basura, 14 que la tiran al agua y uno (Onzaga, en Santander) que la quema. Todo eso hace que la gestión de residuos se haya convertido en uno de los mayores problemas de gestión ambiental.	El río Magdalena, ¿problema en potencia? El proyecto para devolverle la navegabilidad del río Magdalena -que el gobierno Santos convirtió en una de sus banderas- todavía está en planos, pero ya tiene al sector ambiental con los pelos de punta. Sobre todo el hecho de que se hubiera adjudicado al consorcio Navelena, que integran la constructora brasilera Odebrecht (con un 87 por ciento) y la colombiana Valorcon de Julio Gerlein (con 13 por ciento), sin que se le exigiera una licencia ambiental, dado que se considera que es una modificación sobre una infraestructura que ya existe. “Son obras de grandes magnitudes, que se harán sin evaluaciones de impacto ambiental y sin tener en cuenta a las comunidades que están ahí. Están contando los beneficios económicos, pero olvidaron por completo el principio de precaución y son muy inciertos los impactos ambientales”, dice la ex congresista Alegría Fonseca, quien -desde su Fundación Alma- lleva dos décadas trabajando con los humedales del Magdalena Medio. La principal preocupación es que la navegabilidad no está pensada para pasajeros, sino para carga pesada como carbón o petróleo, bajando los costos hasta en un 40 por ciento . “El derrame en Tumaco puede ser marginal si se le compara con los riesgos en el Magdalena. Con una sola carga de petróleo que se derrame, en nada de tiempo ya estará en Barranquilla”, dice una persona del sector.

Fotos cortesía de Parques Nacionales, Cormagdalena, El Heraldo y Ayuda en Acción.

Con la decisión del partido Liberal de avalar a Eduardo Verano a la Gobernación del Atlántico y los buenos resultados que obtiene en encuestas privadas, los Char han mostrado interés en acercarse a la candidatura del exgobernador del Atlántico.

Aunque la carta de esta casa política para la Gobernación es el exgerente del Centro de Convenciones del Caribe Jaime Pumarejo, este desmontará su campaña después de no haber despegado en las mediciones ni ganado el aval rojo.

Con el aval rojo y los buenos resultados que obtiene en las encuestas, a Eduardo Verano ve más despejado su camino a la Gobernación del Atlántico. Fotografía tomada de elnuevosiglo.com.co  

Jaime Pumarejo, de camisa roja, es la carta de los Char a la Gobernación del Atlántico, pero como no despegó en las encuestas pronto desmontará su candidatura. 

La Silla supo que el exsenador Fuad Char ha sido el más interesado en iniciar los acercamientos con la campaña de Verano porque las encuestas le dan mayor ventaja frente al resto de aspirantes. Además de Verano, en la actual contienda por la Gobernación del Atlántico están el exconcejal Alfredo Varela, avalado por la Alianza Verde; el exsecretario Juan García, quien va por firmas, y el uribista Manuel Díaz, hijo del exgobernador y exembajador en Jamaica Ventura Díaz Mejía.

Apoyar a Verano no es una decisión fácil de tomar al interior de la casa Char porque el exalcalde Alejandro Char ha sido el principal promotor de la aspiración de Jaime Pumarejo, de quien no solamente es su aliado político sino su amigo.  De hecho el cacique Fuad le ha dicho a terceros que no entiende por qué su hijo insiste con Pumarejo si las encuestas muestran que “Verano es el gobernador”.

Si bien las relaciones entre Alejandro Char y Eduardo Verano fueron relativamente cordiales cuando ambos coincidieron durante el periodo 2008-20011 en la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, respectivamente, sus administraciones tuvieron varios desencuentros por el plan desarme o la construcción de parques de convivencia con recursos de la tasa de seguridad.

En las esferas políticas barranquilleras ven además factible el respaldo charista a Verano porque en marzo pasado el Partido Liberal confirmó, durante una cena en Bogotá, su apoyo a la candidatura de Alejandro a la Alcaldía y dejó las puertas abiertas para una eventual alianza a la Gobernación. Esto quiere decir que Cambio Radical, el partido de los Char, apoyaría al avalado por los rojos.

En una reunión que se habría celebrado en Miami con la presencia de Alejandro Char y Pumarejo se habría discutido algunas de las condiciones en que los Char respaldarían la campaña de Verano. Aunque miembros de ambos equipos le negaron a La Silla la celebración de dicha reunión, tres fuentes distintas, conocedoras de esos dos proyectos políticos, nos aseguraron por separado que en esa ciudad se celebró el encuentro al que también fue invitado Verano, pero éste prefirió no viajar. La Silla no pudo comprobar cuándo ocurrió la reunión ni quienes participaron en ella.

Lo que sí pudimos confirmar es que en ese viaje Pumarejo, además de atender compromisos profesionales, aprovechó para hablar con sus amigos que estaban en Estados Unidos sobre política. También supimos que esta semana seguirán las conversaciones en Barranquilla entre los Char y Pumarejo con miras a definir cómo actuarán el resto de la contienda.

Una persona conocedora del proyecto político de Pumarejo le dijo a La Silla que antes de viajar, él les notificó a los miembros de su equipo que el desmonte de su candidatura lo haría oficial tan pronto regresara a Colombia.

Pumarejo no le confirmó a La Silla que desistirá de su aspiración a la Gobernación y además nos negó que se desempeñará en el resto de la contienda como asesor político de Char, pero una persona cercana al exalcalde nos aseguró que es un hecho la pronta vinculación del exgerente del Centro de Convenciones del Caribe a esa candidatura. Además, confirmamos que desde hace una semana su campaña está paralizada: días antes de que saliera de viaje ya había dejado de hacer recorridos por los pueblos y sus redes sociales poco se han movido esta semana.

El senador José David Name se ha mostrado desde el inicio de la contienda inclinado a brindarle su apoyo al exgobernador Eduardo Verano en su aspiración a la Gobernación del Atlántico. 

El senador Roberto Gerlein anunció en un almuerzo hace un par de semanas su respaldo al avalado por los rojos, es decir, a Eduardo Verano. 

Mientras lo Char se acercan a Verano, quien ya decidió apoyarlo es el senador conservador Roberto Gerlein, dueño de una de las mayores maquinarias electorales del Atlántico. Hasta hace unos meses estaba alineado con el proyecto de Jaime Pumarejo, pero cambió de orilla hace poco.

En un almuerzo que se ofreció el 20 de junio pasado en Barranquilla, en honor al senador Horacio Serpa, Gerlein dijo que llegaba vestido con camiseta roja para demostrar que apoyaba al avalado por los rojos a la Gobernación. En aquel momento no se conocía el nombre de Verano, quien también estaba en el almuerzo, pero confirmamos que Gerlein se refería a él. Como lo registró El Heraldo, el cacique no dejó de hacer bromas por su anuncio.

A diferencia de Gerlein, los senadores conservadores Laureano Acuña y Efraín Cepeda todavía no definen si se irán con Verano. Ellos desde un comienzo apostaron por Pumarejo y hasta manifestaron su interés de darle el aval azul. El senador Cepeda le dijo a La Silla que antes de tomar una decisión debía medir la temperatura política en los municipios atlanticenses.

Además de los Char y de los Gerlein, la tercera casa política clave en la elección de gobernador en el Atlántico son los Name, liderados ahora por el senador José Name Cardozo tras la muerte de su papá, el cacique José Name Terán.

Name Cardozo decidió respaldar a Verano desde el comienzo de la contienda y no a Pumarejo por ser éste la carta de los Char, familia con la que históricamente los Name se han enfrentado en el Atlántico por las alcaldías y la Gobernación.

El apoyo de los Name a la candidatura de Verano se da ocho años después de que el fallecido exsenador José Name Terán y Verano estuvieran frente a frente en las urnas. Contra todo pronóstico, Verano le sacó 100 mil votos al cacique y le ganó la silla de gobernador con 342 mil sufragios. Perder la Gobernación ha sido una de las mayores derrotas sufridas por los Name en sus casi 50 años de vida política.

Pese a que las tres grandes casas electorales del Atlántico se mueven hacia las toldas de Verano, en ese departamento recuerdan que en 2008, cuando él llegó a la Gobernación, terminó olvidándose de quienes lo respaldaron para ganarle a Name Terán. 

Aún así, con todas estas fuerzas moviéndose hacia su campaña, el panorama comienza a despejarse para el exgobernador Verano tras vivir varias semanas de zozobra.

Como lo contó La Silla, la decisión del aval rojo se prolongó hasta junio porque en la Dirección Nacional Liberal, especialmente los senadores Horacio Serpa y Vivian Morales, apoyaban desde el comienzo el nombre de Verano, pero los dos congresistas rojos del Atlántico, el senador Álvaro Ashton y el representante Mauricio Gómez, mostraban mayor inclinación hacia Pumarejo.

Ante la incertidumbre por el aval, Verano armó plan B con el grupo significativo ‘Colombia, país de regiones’ para inscribirse por firmas.

Sin embargo, aunque en las encuestas le va bien, Verano no la tendrá fácil porque le tocará hacer campaña con el espejo retrovisor de la inundación que vivió el sur del Atlántico en 2010 cuando él era gobernador y su gobierno fue criticado por la manera como le hizo frente a la emergencia. El 30 de noviembre de ese año las aguas del río Magdalena rompieron la carretera que de la vía Oriental conduce al municipio de Santa Lucía y funciona como dique de contención. Casi 200 mil personas resultaron damnificadas y estuvieron fuera de sus pueblos durante tres meses.

Fotografía de la portada tomada de eltiempo.com

La Caribe continúa armando el rompecabezas del poder en la región con el top de súper poderosos del Magdalena. En esta serie, ya contamos el ranking de mandamases de Bolívar y Córdoba.

Para armar esta radiografía consultamos a un alto funcionario, dos exaltos funcionarios, un exsenador, un congresista, un periodista, un asesor de un poderoso y un concejal, y luego confirmamos sus datos con reportería propia.

Entre las curiosidades está que el número uno no es magdalenense, que no aparece el presidente Juan Manuel Santos y que algunos mencionaron al parapolítico Trino Luna como poderoso, pero su poder está diezmado y, aunque varios de los que fueron sus asesores están haciendo política, él está desaparecido del mapa de lo público. Al menos, en apariencia.

Germán Vargas Lleras

El Vicepresidente es el súper poder del Magdalena desde que su partido Cambio Radical, en donde es jefe natural y todo funciona en armonía con sus deseos, lidera una toma de poder que comenzó por convertir al vargasllerismo al gobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes -que se eligió por firmas- y sumarlo a ese proyecto político.

Por cuenta de esa unión, el año pasado el grupo del Mello sumó un representante a la Cámara a la estructura de Cambio Radical (Fabián Castillo, avalado por ese partido) y fue determinante para que el vargasllerista Arturo Char sacara la segunda votación a Senado en ese departamento (poco menos de 20 mil votos).

La punta de lanza de esa colonización es el exalcalde de Barranquilla Álex Char, quien por deseo de Vargas administra los avales de Cambio en el Caribe y recientemente avaló a la tía del Mello, Rosa Cotes, como candidata a la Gobernación.

Evidencia de la ascendencia del Vicepresidente en el Gobierno Cotes fue la entrada a la Administración, hace unos meses, del grupo del exsenador (condenado por parapolítica) Miguel Pinedo, quien recibió la Secretaría de Educación. Aunque es un líder de antaño en Cambio Radical, Pinedo no es cercano al Mello pero logró representación debido a su gran amistad con Vargas.

A mediados del mes pasado, el grupo de Pinedo perdió esa cuota y dos fuentes que conocen por dentro la dinámica en la Gobernación le dijeron a La Silla que esa movida “contó con el visto bueno de Bogotá, o sea, de Vargas” porque Miguel Pinedo no estaba jugado con la aspiración de Rosa.

El movimiento del Mello se volvió aliado del clan de los Díaz-Granados (cuyas cabezas visibles son el exministro Sergio y el representante de La U Eduardo Díaz-Granados) para ir en fórmula este octubre por Gobernación y Alcaldía. Sobre esa coalición, una fuente que sabe la información de primera mano nos dijo: “Si ese proyecto tuviera un organigrama, el nombre de más arriba es el de Germán Vargas. Todo está armonizado según lo que él quiera”.

 

Los Díaz-Granados

Son la familia política del Magdalena con más representación local y nacional, y la contraparte del grupo del Gobernador en una alianza en la que el candidato a la Alcaldía de Santa Marta será de su cuerda. Además, tienen excelentes relaciones con el Gobierno Nacional.

Con la raíz en el fallecido dirigente liberal José Ignacio Díaz-Granados Alzamora, quien fue Ministro de Salud, Congresista y Gobernador del Magdalena, hace cuatro años este clan perdió la Alcaldía de Santa Marta que tenía en cabeza de Juan Pablo Díaz-Granados, pero se ha ido recuperando durante el Gobierno Santos.

Hoy tienen representante a la Cámara (Eduardo Díaz-Granados, de La U), viceministro (de desarrollo rural, Juan Pablo Díaz-Granados, el exalcalde), presencia en la Secretaría de Planeación departamental (que está en cabeza de Carlos Francisco Díaz-Granados) y además el exministro Sergio Díaz-Granados es el director ejecutivo del BID para Colombia y Ecuador.

También tienen influencia en la Corporación Autónoma del Magdalena, cuyo director se reeligió con el apoyo de Eduardo Díaz-Granados; en la sede regional del SENA y manejan el Hospital Universitario Fernando Troconis, cuya gerencia les fue entregada (en cabeza de Tomás Díaz-Granados) en una movida que se asumió como el sello de los acuerdos con el Gobernador.

Vía los primos Sergio, quien fue presidente de ese partido hasta hace poco, y Eduardo, el congresista; los Díaz-Granados pisan fuerte en el Partido de La U. Tanto, que siguen liderando la alianza con el Mello, a pesar de que el senador atlanticense de La U José David Name quería poner candidato a la Gobernación del Magdalena (lo que hubiese roto el acuerdo Díaz-Granados-Mello).

El hermano mayor del exministro Sergio, José Ignacio ‘Nachito’ Díaz-Granados, es visto en este momento como la cabeza de esa familia, que es reconocida también por sus empresas bananera, ganadera y exportadora de frutas (asimismo son accionistas en la Sociedad Portuaria de Santa Marta). El Representante, el Viceministro y el Secretario son primos hermanos de los dos primeros.

 

Luis Miguel y Álvaro Cotes

Luis Miguel Cotes tiene el poder obvio de la Gobernación que obtuvo con apenas 24 años, y lo comparte con Álvaro, su papá, conocido en política como ‘el Conejo’.

Una fuente de confianza que conoce la movida dentro de la Gobernación, nos contó que el Mello suele informar y pedir consejo sobre casi todas sus decisiones a Álvaro Cotes Vives, quien junto a Luis Miguel Cotes Vives le armó su proyecto político y lo ayudó a ganar. Ellos dos son hermanos y conformaban el grupo de ‘ Los Conejos’, pero pelearon luego de conseguir la Gobernación.

El Mello y su papá se idearon ahora la candidatura de Rosa Cotes Vives (hermana del segundo) y, luego de una casi destitución por parte de la Procuraduría y de sostener una Administración llena de ruidos de malas compañías, lograron oxígeno político vía una alianza con los Char y con Germán Vargas Lleras.

Bajo el paraguas de Cambio Radical llevan, además de Rosa, a 26 candidatos a Alcaldía en igual número de municipios del Magdalena.

 

Los caciques (condenados por parapolítica)

Un grupo de políticos tradicionales -condenados por parapolítica, algunos de los cuales antes se han enfrentado entre sí- se ha convertido en un solo y determinante poder en el Magdalena, desde que decidió unirse alrededor de un candidato que enfrente a Rosa Cotes.

Se trata de los excongresistas Luis Eduardo ‘Lucho’ Vives, Fuad Rapag, Alfonso Campo y Jorge Caballero, quienes a excepción de Vives ayudaron al Mello Cotes a ganar la Gobernación, pero ahora se sienten maltratados por él en términos de representación.

Su unión se está dando alrededor de la candidatura liberal a la Gobernación del exmagistrado Joaquín José ‘Jota’ Vives, y a ella posiblemente entre oficialmente el exsenador Miguel Pinedo (también condenado por parapolítica), quien no tiene relaciones con el Mello a pesar de estar en Cambio Radical y ha liderado y asistido a varios de los encuentros de este grupo.

Como lo contó La Silla, estos caciques hicieron un cónclave en enero para encontrar un candidato único en contra de Rosa, pero luego recibieron cuotas en la Gobernación y se les quitó el impulso.

Sin embargo, a mediados del mes pasado, esa burocracia les fue retirada y volvieron por sus fueros.

Su poder consiste en que casi todos hacen política desde hace más de 30 años y tienen líderes y redes electorales en todo el Magdalena. “Sus empresas son políticas, eso es lo que saben hacer: buscar votos, por eso los buscan a ellos”, los describió un periodista.

Evidencia de la fuerza que les ven, es que desde que se salieron de la Gobernación en los corrillos muchos dicen que Rosa se está marchitando, mientras Jota Vives toma fuerza rodeado de estas estructuras.

 

Grupo Daabon

En cabeza de su presidente Manuel Julián Dávila, el grupo empresarial más grande del Magdalena es consultado sobre temas del departamento por mandatarios locales, por el sector privado y hasta por algunos ministros cuando llegan a Santa Marta. Y, aunque no se meten directamente a hacer política, cuando dan un guiño suelen ser determinantes. Así sucedió hace cuatro años, cuando respaldaron la candidatura del actual alcalde Carlos Caicedo.

Los Dávila Abondano, dueños de las haciendas de palma y banano más grandes del Caribe, y de grandes cultivos de café y cacao en la Sierra Nevada que son exportados a Japón, son los mayores generadores de empleo y aportantes de impuestos del departamento. Esa relevancia económica los mantiene con línea directa con todos los políticos importantes y con el alto Gobierno.

Una evidencia de sus buenas relaciones, es que hace unos meses en una comida privada con los 15 principales empresarios y dirigentes gremiales locales, el vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo enfrente de todos que Manuel Julián Dávila debería ser el próximo alcalde de Santa Marta. El empresario le respondió que la política no era lo suyo y que además estaba impedido, pues su grupo tiene intereses en casi todas las áreas.

Con negocios también en el sector de finca raíz y acciones en la Sociedad Portuaria y en La Marina Internacional de Santa Marta (un proyecto en el que son socios mayoritarios), se trata de la familia más acaudalada del Magdalena, que se dio a conocer nacionalmente por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Por este tema, siguen siendo investigados tres hermanos de Manuel Julián Dávila.

 

Álex Char

El exalcalde de Barranquilla tiene el poder de ser el hombre de confianza del Vicepresidente Vargas en el Caribe, a quien su familia le ha financiado campañas, pero con vuelo y autonomía propios.

No solo tiene libertad para decidir sobre los avales de Cambio Radical, sino que su palabra es la última en muchas alianzas locales de esa colectividad. Eso pesa mucho más en el Magdalena, en donde el Gobernador se volvió vargasllerista, en buena parte, gracias a la gestión de Char.

 

Carlos Caicedo

Aunque su movimiento no tuvo la fuerza electoral para poner candidato al Congreso, y la cartagenera (Judith Pinedo) a la que apoyó a Senado no sacó sino dos mil votos en el Magdalena, Carlos Caicedo tiene el poder obvio de la Alcaldía de Santa Marta y también de que su grupo tenga aspirante a sucederlo con posibilidades.

Como lo contó La Silla, al candidato Rafael Martínez -que va por firmas- lo arropa la popularidad de la que goza Caicedo en los barrios vulnerables y lo fortalece la división de la Unidad Nacional.

 

Miguel Pinedo

Con 20 años sin poder ni en la Gobernación ni en la Alcaldía de Santa Marta, y una condena por parapolítica encima, el exsenador Miguel Pinedo viene reencauchándose vía su amistad con Germán Vargas Lleras, y por eso está en este top.

Armó las listas de Cambio Radical, a donde llegó en 2006 cuando fusionó con este partido su movimiento llamado Moral, en los nueve (de 30) municipios del Magdalena en los que su hijo José Luis ganó cuando se presentó a la Gobernación en 2010 por ese partido.

Otro de sus hijos, Miguel Alfredo Pinedo Campo, fue designado este año director de la Superintendencia de Notariado para el Caribe. Una entidad que, dirigida a nivel nacional por el superintendente Jorge Enrique Vélez, tiene el sello de Cambio Radical y de Vargas Lleras.

Tiene una rivalidad dentro de su partido con el Mello Cotes y perdió un round frente a él, pues no logró que Cambio avalara a su candidata Ana María Muelle a la Alcaldía. Sin embargo, en respuesta a eso ha sido uno de los principales motores de la alianza de los caciques condenados por parapolítica, que apoyarán al candidato que enfrente a Rosa Cotes (la aspirante del Gobernador).

Su movimiento tiene presencia en 27 pueblos del Magdalena y ejerce liderazgo sobre su grupo, y sobre los caciques a los que ha convocado, a través de pronunciamientos en los medios.

 

Gilberto ‘Tico’ Acuña

De muy bajo perfil, Gilberto Acuña Reyes es un ingeniero contratista en el Magdalena hace muchos años, buscado y tenido en cuenta por los políticos tradicionales. Un congresista, un periodista y dos exaltos funcionarios, nos lo describieron por aparte como “el financista que todos quieren tener para elecciones”.

Según esas versiones, Acuña habría financiado al Mello Cotes, pero ahora estaría más cercano al grupo de caciques condenados por parapolítica que quieren ponerle competencia a la carta del Gobernador.

Aunque no pudimos comprobar lo de la financiación, La Silla sí había contado que Tico Acuña asistió a una reunión, en mayo pasado, con el excongresista Rodrigo Roncallo (esposo de la representante liberal Kelyn González y condenado por parapolítica), el cacique conservador Alfonso ‘Poncho’ Campo (también condenado por parapolítica) y su excandidato al Congreso Carlos Nery López, en la que se definió que el gallo de pelea para Rosa Cotes sería Dahud Rapag.

Dahud fue candidato al Concejo y secretario de despacho del parapolítico Trino Luna, y es hijo del exsenador Fuad Rapag (condenado por parapolítica). Esa aspiración no se terminó de cocinar, y ahora ese grupo está más cerca de la candidatura del liberal Jota Vives.

Acuña ha ganado en los últimos años obras en Ciénaga, en Fundación (ahí ganó en 2012 la ampliación del alcantarillado por 25 mil millones de pesos, por ejemplo), en El Banco y en San Sebastián de Buenavista, entre otros pueblos. En 2010, con Corpomag, obtuvo la construcción de un colector pluvial por 16 mil millones de pesos.

En 2010, la Procuraduría elevó pliego de cargos contra el alcalde de Ciénaga Luis Majin y su exsecretario de Planeación, Ricardo Villa Ossio, por presuntamente haber limitado la participación en una licitación que terminó con Gilberto Acuña como único proponente.

 

Los Vives

Tradicional familia política del Magdalena de origen liberal, que ha llegado al Congreso y tenido participación en alcaldías y Gobernación, los Vives disminuyeron su poder desde la condena por parapolítica -en 2008- contra el exsenador Luis Eduardo Vives.

El año pasado se quemaron al Senado, en cabeza de Raúl Vives Lacouture, con apenas 22 mil votos en todo el país y por la lista del conservatismo, un asunto que al parecer los afectó entre sus simpatizantes tradicionales, que militan en el liberalismo.

Sin embargo, aún mantienen vivas algunas redes electorales en pueblos, lo que les permite jugar en la alianza de caciques que hay en contra de Rosa Cotes. Con un plus: tienen su propio medio de comunicación, El Informador.

Este fin de semana, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana dio una entrevista a Juan Gossaín con la condición de que todos los medios la pudieran republicar y desde Presidencia se hizo un esfuerzo para que así se hiciera. Es la primera vez que habla sobre lo que se está discutiendo en la mesa y el momento para hacerlo no es casualidad.

Es una entrevista  que contiene varias zanahorias y una especie de ultimátum para Timochenko (es de suponer que ya todo esto lo han discutido con Iván Márquez). Estos son los principales apartes de lo que dijo en la entrevista, de lo que no dijo y de los problemas que significa lo que dijo para las Farc.

En el Valle del Cauca, que junto con Bogotá es uno de los dos lugares donde el Polo Democrático tiene una cantidad importante de votos y congresistas fijos, el partido de izquierda está roto.

La fórmula del ex senador Mauricio Ospina a la Gobernación y del ex representante Wilson Arias a la Cámara, que está lista desde febrero pero nada que recibe un aval oficial, ahora tiene un contrapeso inesperado que incluye a un ex funcionario del destituido gobernador del PIN Juan Carlos Abadía.

Esta semana Katty Lorena Angulo,aspirante al Concejo de Cali y quien participó en el Congreso del Polo como parte de la lista de Clara López, propuso que el partido apoye la aspiración de Diego Luis Hurtado a la alcaldía. En esa propuesta la apoyaron el diputado Rolando Caicedo, también del sector clarista,  y Alejandro Ocampo, el precandidato a la Gobernación del mismo sector y viejo rival de Arias en el polo vallecaucano.

Hurtado fue secretario de asuntos étnicos de Abadía entre 2009  y 2010; y Secretario General de Héctor Fabio Useche, el sucesor y ficha de Abadía, en 2012. En los dos cargos era visto como cuota de Angelino Garzón. Ya está recogiendo firmas y tiene reconocimiento por el trabajo al frente de la fundación FES

Esa propuesta es leída por algunos dentro del Polo en el Valle como la segunda movida del grupo de Clara López para atravesársele a Ospina y Arias, que son más cercanos al ala del senador Jorge Enrique Robledo.

La primera fue la debatida resolución que le quitó a los directorios departamentales la entrega de los avales, y que dejó a los dos ex congresistas sin el aval que ya habían conseguido en el directorio del Valle. Y que promete, por lo menos, demorar el arranque de la campaña de Arias y Ospina.

​El domingo la Ministra de Educación decidió criticar el ex presidente Uribe por su posición frente al proceso de paz con las Farc. Hoy le cayeron todos los uribistas. Es una pelea en la que Gina Parody tiene todas las de perder. 

Parody sacó una serie de trinos contra Uribe en los que básicamente señala que el ex presidente no tenía autoridad moral para criticar que hubiera impunidad en la negociación con la guerrilla porque “Hacer la paz con enemigos es una cosa. Eso hace el presidente Santos con las Farc. Fácil era proceso con paras para perdonar a los amigotes”

Parody escogió un momento significativo para revivir esta pelea: fue justo después de que la entrevista de De la Calle con Juan Gossaín había salido al aire en una estrategia concertada desde Palacio con los grandes medios que en un hecho inédito la republicaron al tiempo.

Fue una entrevista polémica no solo porque el gobierno anunciaba la posibilidad de pararse de la Mesa sino porque también decía que no tendrían que pagar cárcel los guerrilleros y que podrían adelantar el cese bilateral, dos temas que daban para fuertes críticas desde el uribismo.

Parody ha dicho que sus trinos no fueron concertados con el Presidente disipando la idea de que fue parte de una “estrategia pitbull” para atacar a la oposición antes de que arremetieran por la entrevista de De La Calle o por los atentados en Bogotá.

Aún así, su intención de ayudar al Presidente y asumir ese rol que nada tiene que ver con el cargo que ostenta se le devolvió como un bumerán.

Uno de los trinos más complicados de la ministra fue este:

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Es complicado porque Parody fue la “niña consentida” de Uribe durante cinco años, desde 2002 hasta 2007, y esa cercanía la propulsó políticamente. Aunque también es cierto que incluso durante ese período Parody dio peleas muy importantes dentro de la coalición uribista contra la parapolitica, solo renunció al uribismo en 2009 cuando ya habían pasado siete de los ocho años de mandato uribista.

Parody se unió a la campaña de Uribe en 2001, cuando el candidato tenía el 2 por ciento en las encuestas y Parody tan solo unos pocos años de experiencia como miembro de la UTL de María Isabel Rueda en el Congreso.

Comenzó ayudandole a Uribe a hacer sus discursos y formó parte de su equipo programático. En enero de 2002, se decidió que ella se lanzara como candidata a la Cámara por Bogotá. Uribe la acompañó a inscribirse.

Como lo contó La Silla cuando escribimos el perfil de Parody en la pasada carrera por la Alcaldía de Bogotá, con 28 años, una campaña creativa, cuantiosas inversiones en publicidad y el apoyo abierto de Uribe, la carismática Parody obtuvo 73 mil votos, la segunda votación después de la de Gustavo Petro.

En su campaña a la Cámara andaba con su equipo en un Transmilenio de cartón para invitar a las personas a “subirse en el bus” de Álvaro Uribe.

En los años siguientes, así como ahora hace una defensa aguerrida del proceso de paz, con el mismo ímpetu Parody defendió públicamente en esa época propuestas duras, como el polémico estatuto antiterrorista, del que ella fue ponente y que a la postre hundió la Corte.

Frente a la primera reelección de Uribe, Parody defendió la propuesta inicial de Noemí Sanín, fue una de las escuderas de su paso por la Cámara y era asistente asidua de las reuniones en la Casa de Nariño para asegurar el paso del proyecto.

Parody estaba tan convencida que propuso un referendo ciudadano como plan alterno para asegurar la reelección. Con Óscar Iván Zuluaga, Manuel Enríquez Rosero, Nancy Patricia Gutiérrez y Adriana Gutiérrez, fue una de las redactoras del proyecto de reforma constitucional para cambiar el ‘articulito’.

También, con uribistas como Mario Uribe, Sandra Ceballos, Adriana Gutiérrez y Carlos Ignacio Cuervo, había fundado el Nuevo Partido en 2003.

Era una uribista purasange, pero que ya marcaba sus diferencias frente a lo que eufemísticamente se comenzó a llamar el ‘uribismo rural’, que eran los uribistas ligados a los paramilitares.

Aunque en muchos aspectos Parody actuaba como un alfil obediente de Uribe, frente a los paramilitares siempre mostró su independencia: en 2004 cuando los jefes paramilitares de las AUC Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez visitaron el Congreso y fueron recibidos con aplausos y discursos elogiosos por muchos congresistas, Parody y Rafael Pardo se quedaron sentados mientras muchos de sus colegas aplaudían de pie. Ese día dio un discurso impresionante contra la presencia de los paras en el Congreso.

 “Fue un espectáculo vergonzoso y lamentable. Lo que tenemos que esperar es que todos los delincuentes terminen aquí explicando por qué cometieron sus delitos”, criticó valientemente el episodio en El Tiempo.

También se enfrentó con el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo en la discusión del primer proyecto presentado por el Gobierno que prácticamente amnistiaba a los paramilitares. "El proyecto de Justicia y Paz del Gobierno no tiene verdad y no trae justicia" dijo entonces, marcando su distancia con el Gobierno en ese tema en concreto. 

Aunque en una entrevista posterior, hablando bien de Uribe, Gina dijo: "Antes de la votación del proyecto de justicia y paz, yo fui y le dije que si él quería yo votaba sí.  'Jamás le pediría a una persona que votara algo de lo que no está convencida. Lo más importante es tu conciencia'. Él es súper tranquilo", según contó Semana.com, la oposición de Parody frente a este proyecto no se quedó en discursos.

Con Rafael Pardo y Andrés González, en el Senado, y con Luis Fernando Velasco, Gustavo Petro, Venus Albeiro Silva y Wilson Borja en la Cámara, trabajó en un proyecto alternativo de Justicia y Paz que incorporaba los estándares internacionales de derechos humanos, pero que finalmente fracasó, ante la aprobación del proyecto del Gobierno. Sin embargo, ante la presión internacional, el Gobierno acogió algunos puntos de los presentados por Pardo, Parody y sus compañeros, lo que evitó que en la práctica se les diera una amnistía.

El debate se centró, en gran medida, en hasta dónde se acogían esos puntos, como el de la confesión como requisito para acceder a los beneficios de la ley. El proceso terminó con la aprobación del proyecto del Gobierno, en una tumultosa sesión en el Congreso en la que Parody salió chiflada y abucheada por sus propios compañeros.

El trámite de este proyecto de Justicia y Paz puso en evidencia para muchos que la agenda que estaba tratando de sacar el gobierno de Uribe era la de los parapolíticos y que los políticos decentes de centro derecha como Parody eran más bien la cara bonita del uribismo que se ponía en Bogotá mientras que detrás se tejían alianzas más complicadas.

Ante esas evidencias, Rafael Pardo se retiró del uribismo. Pero Parody comenzó todo un acto de equilibrismo para marcar distancia frente a los elementos oscuros de su partido y al mismo tiempo no perder los beneficios de la popularidad del uribismo.

En 2006, cuando los paramilitares en Ralito participaban activamente en la campaña electoral, Gina llegó a la U a encabezar la lista al Senado de la U, un partido que era tan uribista que había adoptado la inicial del apellido del Presidente.

Gina aceptó la invitación de Juan Manuel Santos de encabezar la lista de su partido pero no sin antes exigir que se expulsara a cualquier político señalado de vínculos con los paramilitares –justo cuando se estaba desatando el escándalo de la parapolítica.

 El Tiempo afirmó que ella había solicitado que sacaran a Luis Eduardo Vives, Habib Merheg, Dieb Maloof, y éste último dijo que demandaría a Parody. Pero luego la misma Parody negó haber dado nombres específicos y Armando Benedetti escribió que quien habían logrado ese veto era César Gaviria.

En cualquier caso, con sus exigencias -que fueron ampliamente reproducidas por La W y los demás medios que hasta ese momento llevaban seis meses ignorando las denuncias de la parapolítica realizadas por Claudia López en Semana.com - Parody desencadenó una fuerte purga en La U y Cambio Radical.

Así, Parody logró una victoria en la limpieza de su partido. Pero buena parte de esos parapolíticos terminaron en Colombia Viva, el partido de Mario Uribe, el primo del presidente, e incluso en su propio partido quedaron otros personajes que ya en ese entonces habían sido cuestionados por sus vínculos con los paramilitares como Mauricio Pimiento o Zulema Jattin en las columnas de Claudia López (pareja de Gina en ese entonces) y en artículos de Semana.com. Eso no impidió que ella siguiera adelante con su aspiración.

En esa época Parody decía “una cosa es Uribe y otra el uribismo”.

A finales de 2006 su malestar con el uribismo creció. Con Armando Benedetti, Marta Lucía Ramírez, Mauricio Lizcano y Nicolás Uribe armó una disidencia de uribistas que no estaban contentos en La U, una situación que los llevó a quedar al borde de la expulsión de ese partido. Se enredaron en una fuerte disputa con Carlos García Orjuela, presidente de ese partido. Y lo acusaron de avalar a candidatos cuestionados o con poca sintonía ideológica con el partido, en las elecciones locales de 2007. De no haber mediado el presidente Uribe, seguramente habrían terminado expulsados, pero la ruptura entre los uribistas 'urbanos' y los 'rurales' quedó viva.

Esa ruptura tuvo efectos en las decisiones de Parody. En 2007 decidió no apoyar a nadie a la alcaldía de Bogotá, a pesar de que La U apoyaba a Peñalosa. En 2008 pidió a la Fiscalía que avanzara en sus investigaciones contra los parapolíticos del Magdalena, que habían hecho parte del uribismo. Y durante todo este tiempo mantuvo sus críticas al proceso de reinserción de los paramilitares, al que llamaba una pantomima.

En abril de 2008, fue cuando ocurrió el episodio de Job, que ahora ella le recuerda a Uribe.

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Pero no fue esa la decisión que la llevó a romper con Uribe. Lo hizo hasta enero de 2009.

Desde 2008, ella se opuso públicamente a la segunda reelección de Uribe y se declaró una uribista no reeleccionista. La presión del presidente sobre ella fue tan dura, que finalmente ese año ella decidió dejar su curul sin desafiar demasiado a Uribe, es decir, sin quedarse a obstruir su segunda reelección. Fue un paso calculado, pero no por ello menos lleno de convicción.

Su curul la heredó Marco Alirio Cortés, un uribista reeleccionista. Con lo apretada que estaba la votación del refeendo reeleccionista en el Congreso, ése era un voto clave para el Gobierno y al hacerse Parody de lado, Uribe lo obtuvo.

Por eso Parody no se llevó los aplausos de las personas que estaban contra la reelección al abandonar el Congreso. En lugar de votar en contra, como podría haberlo hecho y como esperaban muchos, Parody le dejó el espacio a alguien que estaba claramente a favor de la reelección.

Los uribistas, obviamente, también resintieron la decisión de Parody. No sólo se quedaban sin la cara de mostrar sino que el que la más consentida del ex presidente se le volteara era un golpe grande para la credibilidad del Gobierno.

En Casa de Nariño no se quedaron quietos e inmediatamente entre los periodistas pusieron a correr el rumor de que Parody se había ido a un centro de rehabilitación para superar una depresión.

Sin embargo, comparado a cómo le fue a otros que se le voltearon al Presidente, a Parody le fue bien. Su regreso a esta campaña y la distancia con Uribe, que se tradujo en desdén mutuo y no en odio y persecución, demuestran que su cálculo sobre cómo alejarse de Uribe, minimizando el daño, fue acertada.

Ahora, con uno de los cargos con mayor capacidad de impactar la vida de la gente y al que le ha dado gran despliegue mediático a pesar de que después de su manejo del paro de maestros ha caído en picada en las encuestas, su decisión de salir a darle palo a Uribe es arriesgada políticamente, por decir lo menos, como lo demostró la arremetida de los uribistas. Pero seguramente, muy apreciada en Casa de Nariño.

Cinco años después de haber sido uno de los municipios gravemente inundados por las aguas del río Magdalena, Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, vuelve a ser protagonista de una inundación: la de cédulas inscritas para las elecciones locales del próximo 25 de octubre.

Con un 66% más de inscritos que en 2011, esta población ubicada a hora y media de Barranquilla encabeza el listado de los municipios con mayor variación en el número de cédulas zonificadas en cuatro años: hasta el 6 de julio pasado tenía 830 personas inscritas, mientras que para la misma fecha de las locales pasadas registraba 530.

Ese aumento obedece una vez más al delito de trashumancia electoral, según alertó la Misión de Observación Electoral (MOE). Diógenes Rosero, su coordinador en el Atlántico, le dijo a La Silla que esta semana las autoridades deben redoblar esfuerzos no solo en Campo de la Cruz sino en el resto de municipios del país porque hasta el domingo 12 de julio se realizarán la inscripciones de cédulas en los puestos de votación y podría presentarse una asistencia masiva de votantes en buses.

Como lo contó La Silla, la movilización de votantes en buses de un municipio a otro, es una trampa electoral recurrente.

Campo de la Cruz es una de las poblaciones del Atlántico con trashumancia histórica. Prueba de ello es que su censo electoral supera el número de habitantes. Para las presidenciales pasadas, por ejemplo, tenía 19.057 potenciales votantes, mientras que según el Censo Dane de 2005 sus pobladores no eran más de 16.500.

​La semana pasada chocaron dos de los principales congresistas del Partido Liberal: la ex Fiscal General Viviane Morales anunció que rechazaba varios de los avales de su partido, acusó al ex candidato presidencial Horacio Serpa de haberlos definido por interés puramente electoral, y renunció a su cargo en la dirección del partido. El momento que eligió Morales para renunciar dejó claro no solo que el proceso de entregar avales fue enredado, sino que la puja roja para las elecciones de 2018 no va a ser sencilla.

La salida de Morales fue el epílogo de un pulso de más de un mes dentro de la codirección, compuesta por seis senadores y seis representantes a la Cámara y que tenía entre sus funciones definir quién ganaba los avales, en conjunto con los congresistas de cada departamento.

El senador Horacio Serpa es uno de los dos directores oficiales del Partido Liberal, y fue fundamental en la definición de los avales. Foto: Santiago Mesa

La senadora Viviane Morales renunció a su caldiad de codirectora roja, criticando duramente los avales entregados.

La pelea empezó cuando, a principios de abril, el liberalismo se comprometió a entregarle el aval a la gobernación de Antioquia al ex alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez. Incluso circuló un comunicado dándolo por hecho, que llevó a la senadora y codirectora Sofía Gaviria a oponerse.

Al final a Gaviria le tocó sentarse en una mesa con Pérez a fines de abril, cuando el partido entregó cartas en las que se comprometía a avalarlo a la Gobernación y al ex senador Eugenio Prieto, del mismo grupo político de Gaviria, a la alcaldía de Medellín - pero, después de recibir críticas por esa foto, salió públicamente a recordar que se opuso al aval a Pérez.

Igual el choque continuó, con los senadores y codirectores Édison Delgado y Viviane Morales alineados con Gaviria en varios avales. Especialmente dos.

Delgado impulsaba la entrega del aval a la alcaldía de Cali al ex congresista Roberto ‘Chontico’ Ortiz, una decisión que tenía lógica política (Ortiz tiene una estructura de base allá, está de segundo en las encuestas, fue el candidato más votado el año pasado fallido intento de saltar de la Cámara al Senado y siempre ha sido liberal) pero que se enfrentaba a la aspiración del concejal Carlos Clavijo, impulsado por el destituido ex gobernador Juan Carlos Abadía y sin mayor intención de voto ni estructura política. Es decir, se jugaba la posibilidad de que el liberalismo tenga un candidato fuerte en la tercer ciudad del país.

El otro aval que armó revuelo fue el de la gobernación del Atlántico que, como contó la Silla Caribe, estaba entre el ex gobernador liberal Eduardo Verano de la Rosa y Jaime Pumarejo, la ficha de la familia Char (de Cambio Radical).

Morales defendió públicamente la aspiración de Verano, en contra de la posición de los congresistas del departamento, el senador Álvaro Ashton y el representante Mauricio Gómez Amín.

La tensión se mantuvo hasta el punto de que hace un mes Gaviria y Morales dijeron que estaban pensado en renunciar a la codirección. Al final la codirección decidió delegar la definición de los avales en Serpa y Amín (que estatutariamente son los dos directores), para que los otros 10 congresistas no estuvieran en todo el trámite sino que solo fueran un comité consultivo.

Según una fuente cercana a Serpa, se siguieron reuniendo frecuentemente y el norte siguió siendo armar el consenso más amplio posible. En cambio, según dos fuentes cercanas a Gaviria y a Morales, se armó un bloque mayoritario entre los representantes a la Cámara y Serpa, que empezó a imponer decisiones.

Al final, el miércoles Ortiz recibió el aval y Verano lo recibirá en los próximos días. Pero esas decisiones no fueron suficientes para evitar la sonada renuncia de Morales a la codirección y sus señalamientos públicos de que los avales se entregaron sin criterios éticos y centrándose en los potenciales resultados electorales.

Además del aval a Luis Pérez, entre algunos liberales han causado molestias otros, porque los avalados no tienen experiencia política ni administrativa y son familiares de congresistas locales o porque se trata de personas con cuestionamientos e investigaciones abiertas.

Para el caso de los familiares, han causado molestia el de Ronald, hermano del representante Jack Housni, para la Gobernación de San Andrés; y el de Reynaldo, el muy joven hermano de la representante Argenis Velásquez, en Putumayo.

Y entre los investigados avalados están el ex congresista del PIN Didier Tavera, investigado por homicidio, a la Gobernación de Santander (con el impulso de Serpa); el de la ex alcaldesa de Yopal Fernanda Salcedo, quien fue sancionada por la Contraloría por un contrato de salud que firmó siendo alcaldesa pero se puede lanzar porque pagó la multa, para su reelección;  y el de Álvaro Pacheco, quien tiene un proceso penal en segunda instancia por parapolítica, a la de Caquetá.

Esas molestias, sin embargo, no rompieron la unidad del partido porque en los departamentos solo hay un congresista o grupo con congresistas, éste puso a sus fichas (como en Cauca, en Huila, en Bolívar, en Córdoba o en Norte de Santander); y en los que hay más de uno como Valle, Santander, Antioquia y Bogotá, quedaron con candidatos los diferentes grupos políticos.

Y esa unidad es fundamental para el futuro del partido.

El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, es visto en el partido como potencial candidato para el 2018. Foto: Laura Rico

El alcalde de Medellín Aníbal Gaviria ya fue precandidato para las elecciones de 2010, y quedó de segundo en la consulta que ganó Rafael Pardo para esa candidatura. Foto: La Silla Vacía

El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, también forma parte del ramillete. Foto: Santiago Mesa

Como todos los partidos, los liberales esperan aprovechar las elecciones de octubre para aumentar el tamaño de su torta de poder. Para el caso liberal, la apuesta es pasar de ser la cuarta fuerza más votada a Senado, a convertirse en la segunda y la más grande de la Unidad Nacional.

En concreto, esperan quedarse con 19 gobernaciones (Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Antioquia, Chocó, Cauca, Tolima, Santander, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada y Sucre) y estar en las coaliciones ganadoras en otros cuatro departamentos (Norte de Santander, Quindío, Córdoba y Boyacá). Es decir ganar directamente más de la mitad y estar en el poder en tres de cada cuatro Gobernaciones.

Además, le apuntan a 22 de las 33 capitales (Bogotá, Riohacha, Valledupar, Santa Marta, Sincelejo, Montería, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Manizales, Armenia, Pereira, Florencia, Mocoa, Leticia, Mitú, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Tunja, Ibagué y Neiva).

Para lograr esa meta sumaron dos cosas.

Una fue la entrega de avales a los consentidos de los congresistas, lo que en varias regiones significó tener como criterio principal la posibilidad de ganar (y de ahí los avales criticados).

La segunda fue armar una estrategia nacional que coordinó el secretario general, el sucrense Héctor Olimpo Espinosa.

Contraron a un director de publicidad (Carlos Méndez, gerente general de la agencia de publicidad gran Comunicaciones), una de investigaciones (Verónica Pinto, ex directora de las encuestas polimétricas de Cifras y Conceptos, ex secretaria privada de Cristina Plazas en el Icbf, miembro de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos e hija del director de fútbol Jorge Luis Pinto y un estratega político (Diego Corrales, quien ha asesorado varias campañas políticas y lo hizo con Sofía Gaviria el año pasado).

Pinto y Corrales coordinaron, en una primera etapa entre mayo y junio, la elaboración de 3 mil encuestas en 22 ciudades y 20 grupos focales en seis regiones, para definir qué piensa y siente la gente cuando le hablan del liberalismo.

Luego, con Méndez, armaron la marca que se presentó la semana pasada, y que se centra en el lema “oportunidades para todos”, que ya están usando candidatos como Rafael Pardo en Bogotá.

Si lograran todas sus metas, el Partido Liberal sería de lejos la fuerza más poderosa en Colombia. Aún si logran solo la mitad de lo que se proponen, seguramente quedarán como la segunda o tercera más grandes.

Y se ganan algunos de los cargos con más visibilidad, presupuesto y capacidad de mostrar resultados, como las alcaldías de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y las gobernaciones de Atlántico, Antioquia, Santander y Bolívar, tendrán además una plataforma para el objetivo que está más allá: la Presidencia.

El senador caucano Luis Fernando Velasco será el presidente del Congreso desde el próximo 20 de julio, lo que le dará más visibilidad.

El senador Juan Manuel Galán es otro de los congresistas que es visto como posible aspirante a la Presidencia. Foto: La Silla Vacía

Si en algo hay consenso entre los rojos, según seis altas fuentes del partido, es en que el horizonte detrás de toda la estrategia es tener candidato propio para volver al poder en 2018, 20 años después de haberlo tenido por última vez.

Para eso, y según cinco fuentes del partido, hoy se ven seis potenciales candidatos: los senadores Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco y.Viviane Morales, el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, el ministro de Interior Juan Fernando Cristo y el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria.

Una sexta fuente opina que están los cinco primeros y no Simón, quien es el único de los seis que no está en el Senado ni tiene allí un familiar (Gaviria tiene a su hermana Sofía y Cristo a su hermano Andrés), pero a la vez es el más conocido de ellos. Él siempre ha dicho que está tan joven que no tiene afán en ser candidato en el 2018.

Dos de ellos tienen tiene una ficha directa en estas elecciones: Velasco a su su hermana Jimena, que es la ficha roja a la alcaldía de Popayán, y Aníbal Gaviria (que como alcalde tiene prohibidom hacer política) tiene al ex senador Eugenio Prieto en la de Medellín.

Cristo, quien como Ministro no peude hacer política, no puso candidato en su departamento (el candidato que van a apoyar los liberales es el ex gobernador William Villamizar, de La U) ni en Cúcuta (lo hizo el representante Alejandro Carlos Chacón) pero sí en la vecina Villa del Rosario y en otros municipios cercanos.

En cambio, Simón Gaviria (quien tampoco puede hacer política), Galán y Morales no tienen grandes fichas propias en octubre - aunque Gaviria podría tener a varios amigos, como Rafael Pardo en Bogotá, y con su renuncia a la codirección, Morales ha vuelto a sonar en medios.

En todo caso, ninguno de los seis tiene el reconocimiento de quienes ya han sido candidatos presidenciales y están en el partidor para 2018, como la conservadora Marta Lucía Ramírez, el uribista Óscar Iván Zuluaga o el vicepresidente Germán Vargas.

Por eso los resultados de octubre son tan importantes, pues le darían a cualquier candidato rojo una plataforma amplia. Y la apuesta es que sea mayor que la conservadora, la del Centro Democrático y la de Cambio Radical, los partidos de esos tres pesos pesados.

Bloggera invitada: Marcela Meléndez (ECON ESTUDIO)

Agradeciendo el espacio que me da Blogoeconomía, reproduzco el contenido que cuelgo hoy en Foco Económico:

Muchos subsidios cumplen un propósito útil: dan la oportunidad a los niños de las familias más pobres de educarse, impulsan la investigación necesaria para desarrollar vacunas, prevenir desastres naturales e innovar en los procesos productivos, facilitan la reconversión de la fuerza de trabajo, etcétera.

Sin embargo, los subsidios que se entregan y la forma que toman es algo que debe preocupar a la ciudadanía por al menos dos razones. En primer lugar, porque dado que el presupuesto de los gobiernos es limitado, importa asegurar que atiendan al interés público y no respondan a intereses privados: nada habla tanto de las intenciones y del carácter de un gobierno, como el modo en que gasta nuestros impuestos. En segundo, porque los subsidios tienen efectos profundos y permanentes sobre la economía, la distribución de ingreso y el medio ambiente.

Un subsidio en su definición más gruesa es una contribución financiera del gobierno, o de un agente del gobierno, que da un beneficio a quien lo recibe, ya sea un hogar, una persona o una firma. La forma más básica de subsidio es la transferencia directa de recursos -pagos directos o exenciones tributarias-, pero no es la única.

También se entregan subsidios a través del mercado, cuando se adoptan políticas que aumentan artificialmente los precios. Los precios mínimos, que se defienden usualmente mediante la imposición de barreras al libre comercio, son un ejemplo de este tipo de políticas, bajo las que los productores reciben unos ingresos similares a los que recibirían si el gobierno les pagara una prima por unidad producida.

Los apoyos que se entregan a través del mercado son menos transparentes porque no aparecen en el presupuesto: quien asume su costo no es el pagador de impuestos, sino la ciudadanía. Por este motivo, los economistas consideramos estas formas de apoyo como unas de las más distorsivas.

En Colombia se ha planteado la posibilidad de revisar los instrumentos de política con los que viene apoyándose desde comienzos de los noventa a la agricultura y a la agroindustria. En particular, está cuestionada la bondad de los Fondos de Estabilización de Precios creados por la ley 101 de 1993 y del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) introducido por  la Decisión 371 de 1996 de la CAN.

Los gremios agrícolas y agroindustriales han desplegado sus fuerzas en defensa de estos instrumentos. Su estrategia de defensa, sin embargo, ha sido la de confundir a la audiencia y manosear la reputación de los economistas que nos hemos atrevido a cuestionar la forma que toma la intervención del gobierno en estos mercados.

Mi sospecha es que las rentas asociadas con estos instrumentos deben ser aún más altas de lo que pensamos, y por esto la respuesta tan fuerte que genera que alguien se atreva a preguntarse para qué le han servido a Colombia.

Quiero proponer una discusión en otro tono. Que los defensores de los instrumentos respondan si es cierto o no, que por cuenta de estos instrumentos los consumidores pagamos un precio mucho más alto por los productos agrícolas y agroindustriales protegidos que los que pagaríamos en su ausencia, y si es cierto o no, que la industria que usa los productos protegidos como insumos paga también precios más altos por ellos que los que pagaría en un mercado menos intervenido.

Si estamos de acuerdo en eso, lo que tendría que seguir es un análisis de esos instrumentos que demuestre que el beneficio social (y no privado!) de mantenerlos, supera el costo que le imponen a la sociedad.

Yo he revisado con cuidado la forma que ha tomado el Fondo de Estabilización del Precios del Azúcar (FEPA) y José Leibovich tiene una revisión juiciosa de la forma en que ha operado la franja arancelaria en esta industria.

Los dos encontramos que estos instrumentos, concebidos originalmente como mecanismos de estabilización de precios, no cumplen esa función estabilizadora y, en cambio, son políticas diseñadas para asegurar que el precio interno del azúcar no caiga por debajo de un precio mínimo, que aseguran que el precio interno se ubique por encima del que prevalecería si el mercado operara en competencia.

El cuadro abajo muestra aranceles nominales a los que ha dado lugar la manera en la que se ha instrumentado el SAFP en Colombia.

Fuente: Agronet y cálculos propios. *1996 desde agosto y 2015 hasta la primera quincena de mayo.

Los grandes de la agroindustria colombiana no quieren competir entre sí. Por supuesto, para ellos es más cómodo así. La pregunta que hay que hacerse es si no llegó el momento de abordar en Colombia de otro modo la política de desarrollo productivo.

Intervenir los mercados para asegurar precios supra-normales a los productores no ha contribuido a mejoras en productividad, ni al desarrollo de unos sectores agrícolas y agroindustriales competitivos: tal vez la plata que se viene destinando a asegurar rentas a unos pocos, estaría mejor gastada si se invierte en investigación y desarrollo y en infraestructura y logística de transporte.

Ese es mi principal argumento para cuestionar el FEPA. Creo que es también el argumento de José Leibovich para cuestionar la franja. Estos estudios han circulado muy poco y mi sospecha es que muchos de sus críticos no los han visto nunca.

Mis hallazgos (versión resumida), después de estudiar cuidadosamente durante varios meses las fórmulas del FEPA y los datos disponibles de la industria, son los siguientes:

• Si la estabilización de precios es el objetivo de política, el FEPA no la produce y habría que evaluar los costos y ventajas de instrumentos alternativos para conseguirla. [Al comparar la volatilidad del precio interno ex fabrica del azúcar con la del precio externo entre 2001 y 2012, encuentro que el precio interno es más volátil que el internacional]
• Tal como está organizado el mecanismo de cesiones y compensaciones, el FEPA sirve para facilitar la maximización conjunta de ganancias de la industria azucarera. La mecánica básica del FEPA asegura que (1) la producción de azúcar que se coloca en el mercado nacional no exceda su pico histórico y (2) que los ingenios que sobre-produzcan para el mercado local vean sus ingresos castigados a través de los precios que perciben. Como el precio del azúcar en el mercado doméstico suele estar por encima del precio internacional, por cuenta del SAFP, participar en los mercados internacionales representa un costo de oportunidad para el productor, que en general quisiera vender su producto localmente. Pero esta lógica llevaría a todos los productores a dejar su producto en Colombia, lo que deprimiría los precios. Las cesiones y compensaciones en el marco del FEPA incentivan a que el “exceso” de producto se coloque en los mercados internacionales de modo que los productores no tengan que competir agresivamente entre sí en el mercado local. (En ausencia del SAFP que introduce el diferencial entre el precio interno y el precio externo del azúcar a favor del mercado interno, el FEPA deja de tener una razón para existir).
• La discrecionalidad del operador del FEPA (Asocaña) para establecer las fórmulas que determinan el pago de cesiones y compensaciones a los productores de azúcar ha resultado en un mecanismo poco transparente y de difícil replicación. [Ya he dicho que debimos estudiar estas fórmulas durante varios meses para entenderlas].
• Bajo el FEPA y el SAFP la industria azucarera no ha tenido un desempeño interesante. Las ventas internas de azúcar blanco crecen sólo 5% entre 2000 y 2012 y la producción en 2012 es 92% de lo que fue en 2000. El FEPA sólo ha servido para que se exporten los excedentes de producto que, en caso de ser colocados en el mercado nacional, disminuirían el precio interno del azúcar. Es por esto que una vez que se comienza a destinar caña de azúcar a la producción de etanol en 2005 en Colombia, caen significativamente los volúmenes exportados.

Mi opinión es que el gobierno nacional debe tomar unilateralmente la decisión de desmontar el instrumento. Sin el aval del gobierno, un instrumento como este sería cuestionado por cualquier autoridad seria de competencia. [Una sugerencia que he hecho es que esta visión se valide con una autoridad internacional como la Comisión de la Unión Europea]. Si se considera que debe existir un mecanismo para la estabilización intertemporal de precios el país puede transitar, como lo han hecho otros, hacia soluciones de mercado -adquisición de pólizas de aseguramiento y/o compra de futuros en los mercados financieros-.

Si este curso de acción no es posible, la segunda mejor alternativa es mantener una versión modificada del FEPA de modo que: (i) no exista discrecionalidad por parte del sector privado en la determinación de las fórmulas de cesión y compensación; (ii) el instrumento responda en efecto al objetivo de estabilización, y (iii) las fórmulas de cesión y compensación sean transparentes para cualquiera y no involucren tratamientos diferenciales a diferentes actores de la industria.

Al cierre de mi estudio entrego una propuesta concreta acerca de la forma que tomaría ese nuevo FEPA para que en efecto cumpla la función de estabilización de precios, y de los roles que jugarían el sector público y el sector privado en su implementación. Aquí se puede descargar la versión completa del informe y aquí un resumen ejecutivo.

Finalmente, los representantes de Asocaña y de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) han hecho lo posible por desacreditar mi trabajo argumentando que contradice mis hallazgos de un trabajo previo en el que encuentro que la industria de dulces y confites de Colombia no tiene una tasa de protección efectiva negativa. (Los estrategas de comunicación de estas entidades no entienden nada de economía).

Las dos cosas pueden ser ciertas: que la industria de dulces y confites no tenga una tasa de protección efectiva negativa y que pague por sus insumos un precio en el mercado doméstico más alto del que podría estar pagando, viendo afectada su competitividad.

Lo primero depende de los aranceles nominales del producto final de la industria y del valor que agrega esa industria sobre el costo del insumo -si el insumo tiene un peso relativamente pequeño sobre el valor agregado, la tasa de protección efectiva puede ser positiva incluso si el arancel sobre el insumo es más alto que el arancel sobre el bien final.

El argumento para desmontar el FEPA y el SAFP no es que la industria que utiliza los bienes protegidos como insumos se esté quebrando por cuenta de estos instrumentos, sino que va a reubicarse en lugares en los que no tenga que pagar un sobrecosto injustificado por ellos – algo que parece evidente y que ya ha comenzado a suceder.

El otro algumento, más importante e ignorado en el debate público, es que las rentas de los sectores protegidos las pagamos todos los consumidores colombianos cuando pagamos por estos productos de consumo primario precios más altos de los que deberíamos estar pagando. Los defensores del status quo aún no han demostrado porque su bienestar es más importante que el del resto de la ciudadanía.

La decisión compleja que enfrenta el gobierno es la de comenzar el desmonte de intervenciones que resultan mal evaluadas en términos de su diseño (en un contexto en el que no hay ninguna evidencia que indique lo contrario) y transitar de una vez por todas a una política de desarrollo productivo moderna, que se concentre en impulsar la innovación tecnológica, en proveer los bienes públicos necesarios para reducir los costos del sector productivo, y en asegurar un terreno plano de competencia donde no haya jugadores con ventaja por cuenta de favores del estado. 

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Juan Manuel Santos anunció un remezón parcial en la cúpula militar anoche. Foto: cortesía www.presidencia.gov.co

A pesar de que según Humberto de la Calle el proceso de La Habana anda por su peor momento y podrían pararse en cualquier momento, el cambio de cúpula que hizo ayer el gobierno sumado a los que ha realizado en el sector Defensa, muestran que el presidente Santos sigue intentando alinear a los militares con el proceso de paz.

Las tres nuevas cabezas de la cúpula tienen en común el haber jugado un rol protagónico en el ejercicio que lideró el anterior ministro Juan Carlos Pinzón y su viceministra Diana Quintero de repensar la transformación de las Fuerzas Militares en los próximos 20 años, lo que da una idea de que estos militares fuera de tener experiencia operativa también tienen un pensamiento estratégico útil para una eventual transición.

El nombramiento del general Alberto Mejía como comandante del Ejército era esperado. De hecho, en febrero, La Silla publicó un “organigrama” de la nueva cúpula que estaba circulando entre las fuerzas militares y que ya ubicaba al nuevo ministro Villegas y a Mejía como cabeza del Ejército.

En ese momento, el ministro Juan Carlos Pinzón lo desmintió pero el que ahora haya resultado así indica que el nombramiento de Mejía era más o menos predecible porque el nuevo comandante del Ejército tiene varias cualidades que son útiles para una eventual firma de la paz.

Frente a su antecesor, el tropero general Jaime Alfonso Lasprilla, Mejía es un oficial más político, con ideas que encajan más con un ejército para el posconflicto y que como comandante de la Cuarta Brigada lideró ceremonias para pedirle perdón a las familias de víctimas de los ‘falsos positivos’.  Además, es muy cercano tanto al ex ministro Pinzón como al actual Comisionado de Paz Sergio Jaramillo, y al comandante de las Fueerzas Militares Juan Pablo Rodríguez, algo que no es tan fácil hoy en día en el mundo castrense.

“Jamás podrán establecerse comparaciones, pues cada quién ha hecho su carrera de una forma distinta pero respetable”, dijo un militar a La Silla. Explicó que el General Lasprilla cohesionó a la base, generó respeto en sus subalternos, y asumió como tareas principales enfrentar la corrupción y motivar permanentemente a sus hombres, especialmenten en el campo de combate. Además, de procurar explicar a los soldados temas relacionados con el proceso de paz o la transformación del Ejército.

“La carrera militar no se hace en un día, inicia desde la Escuela Militar y el general Lasprilla era un símbolo para las tropas, tipo el general Navas”, explica. “El General Mejía es un hombre estudioso como pocos, analítico, pensamiento crítico, innovador, de avanzada, con deseos de proyectar y transformar el Ejército.”

Dice que Mejía es un "soldado integral" que ha tenido la oportunidad de interactuar con las élites de Fuerzas Especiales de otros ejércitos lo cual ofrece una experiencia invaluable. “Su trabajo como Jefe de Planeación y Transformación trazó una hoja de ruta, que será vital en estos momentos”.

Mejía hizo toda la carrera para llegar a la comandancia, como haber pasado por el Army War College de Estados Unidos, ser uno de los cerebros detrás el plan de guerra “Espada de Honor”, que es el que actualmente están aplicando las Fuerzas Militares, y ser uno de los líderes del comité que definió la reestructuración de las Fuerzas Militares.

El general Alberto 'el mono' Mejía, nuevo comandante del Ejército, lideró el comité estratégico para la reestructuración de las Fuerzas Militares.

El nuevo comandante de la FAC, general Carlos Bueno, participó de ese mismo comité.

El Vicealmirante Leonardo Santamaría también formó parte del comité de reestructuración.

La trayectoria de Mejía incluye cargos gerenciales (fue jefe de Planeación del Ejército y director de las escuelas de infantería en Bogotá y de Lanceros en Tolemaida) con otros más operativos, pero considerados de élite: comandó el batallón de fuerzas especiales #2, que en ese entonces era una fuerza élite, y dos brigadas (incluyendo la muy prestigiosa de Fuerzas Especiales), la división de aviación y asalto aéreo,y fue hasta ayer Jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, Ccoes, donde coordinaba las operaciones contra “objetivos de alto valor”.

Es visto como un general muy capaz. “Colombia produce un general como él cada 100 años”, dice un ex directivo del Ministerio que trabajó de cerca con él. “Es un tipo bueno, muy sofisticado”, dice un ex asesor del Ministerio.

Un punto débil de su nombramiento puede ser que, mientras Lasprilla era un oficial que venía de abajo (hijo de suboficial), Mejía es visto como un delfín militar porque es hijo de un ex comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares, es yerno de un ex subcomandante del Ejército y en general, forma parte del pequeño grupo social de los que “gatearon en tapete” a diferencia de la mayoría de oficiales que son de extracción más popular.

“Nació para ser Comandante del Ejército. Es de dinastía militar”, dice uno de los ex directivos del Ministerio.

El otro es que, a pesar de su buena imagen en general, tiene cierta distancia entre los oficiales de inteligencia del Ejército, justamente donde hay más oposici´n al proceso de La Habana. Y por eso seguramente se vienen cambios en ese área.

Los otros dos nombramientos que anunció Santos ayer, en las comandancias de las otras dos Fuerzas, recayeron en oficiales que también estuvieron entre los líderes de esa reestructuración.

El general Carlos Bueno, nuevo comandante de la FAC, también estaba siendo preparado para llegar a la cúpula de su fuerza: tiene un máster en Estados Unidos (en su caso, en el Air War College) y fue agregado aéreo en la embajada de Washington, un cargo que permite tener buenas relaciones y conocer de cerca a la fuerza aérea más poderosa del mundo.

Como piloto de combate, antiguo comandante de dos comandos aéreos de combate y subcomandante de otro, y actual jefe de operaciones aéreas de la FAC, conoce directamente el funcionamiento del día a día de los aviones.

Pero no se limita a las operaciones de rutina sino que tiene una visión de más largo plazo de la Fuerza Aérea.

Por ejemplo, fue uno de los comandantes que más empujó para que la FAC estuviera en los ejercicios Red Flag (unos juegos de guerra que hace la fuerza aérea gringa con otras fuerzas amigas, que exige entrenamiento avanzado y que para muchos en la FAC fue una prueba de que ya están en capacidad ) en 2012.

Otro ejemplo está en que se ha preocupado por conseguir nuevos aviones para la FAC, algo fundamental para equilibrar la superioridad aérea venezolana: según la revista especializada Jane’s, el año pasado Bueno reveló el interés de renovar la flota de cazabombarderos.

El almirante Leonardo Santamaría “es curso” de Mejía (es decir, son contemporáneos e hicieron al tiempo el curso para ser generales). Como Bueno, viene de ser jefe de operaciones de su fuerza y, como Mejía, fue jefe de Planeación, lo que le da una mezcla de conocimiento operativo con una visión estratégica más amplia. Y, aunque no tiene una maestría en Estados Unidos como los otros dos nuevos comandantes, sí hizo el curso de estado mayor en la Academia Naval de Chile

Durante su carrera se ha desempeñado como comandante de la Fuerza Naval del Caribe, director General Marítimo, jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Comandante de la Fragata ARC Caldas, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, jefe del Departamento de Operaciones Navales de la Escuela Superior de Guerra, agregado Naval ante el Reino Unido y representante Permanente de Colombia ante la Organización Marítima Internacional (OMI), jefe del Departamento Armada de la Escuela Superior de Guerra y Ayudante Privado del Comando Armada. jefe de Planeación.

“Todos pasaron por operaciones: conocen el fondo de la guerra operacional y tácticamente”, explicó a La Silla un ex funcionario del ministerio. “La pregunta es si este era el momento de hacer este cambio, en plena oleada terrorista y en vísperas del Plan Democracia para elecciones”.

El general Javier Flórez, más antiguo que el nuevo comandante del Ejército, seguirá en La Habana.

El nombramiento de la nueva cúpula es por un lado rutinaria puesto que se hace cada dos años y por otro esperable dado que llegó un nuevo ministro. Pero al mismo tiempo ha generado algunos cuestionamientos por el momento en que Santos escogió hacerla.

Ayer, en Hora 20, Héctor Riveros, ex columnista de La Silla, comparó el actual cambio de cúpula con un partido de fútbol en el que el director técnico mete la misma alineación que había pensado para ganarle al rival 2-0 cuando van 2-2.

En la misma línea, va el comentario del ex funcionario del ministerio aunque su duda está más centrada no tanto en las habilidades de la nueva cúpula para afrontar la escalada militar sino en el sacrificio de los segundos comandantes que implica su nombramiento puesto que por razones de antiguedad jalona toda la línea de mando y eso termina afectando incluso a los mayores que están a cargo de unidades frenteando la arremetida guerrilla en los territorios.

Por ejemplo, la llegada de Bueno saca del camino no solo al comandante actual, el general Guillermo León León, que es uno de los mayores expertos en bombardeos sino a los generales Carlos Eduardo Montealegre, segundo comandante de la Fac; José María Noguera, inspector general de la Fac; a Juan Guillermo García,  Subjefe del Estado Mayor Conjunto de Fortalecimiento Jurídico Institucional; a Pedro ignacio Lozano, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 2; y posiblemente a Luis Ignacio Barón, jefe de operaciones conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares

La designación de Santamaría saca de la carrera a almirantes más antiguos, como el segundo comandante de la armada, Rodolfo Amaya Kerguelen o el vicealmirante César Augusto Narváez, inspector general de las Fuerzas Militares. eso, claro, además de Wills.

En el caso de Mejía, son más antiguos que él y por lo tanto seguramente pedirán la baja los generales Germán Saavedra, comandante de la Primera División; Ernesto Maldonado Guarnizo, subcomandante y Jefe de Estado Mayor del Ejército; o Guillermo Arturo Suárez, el Inspector General del Ejército.

La otra pregunta es por qué el Presidente escogió cambiar a los comandantes de las tres fuerzas y no al comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez, quien además había sido duramente cuestionado hace un par de semanas por la ONG Human Rights Watch porque cuando él era comandante de la Cuarta Brigada, batallones adscritos a ésta habrían cometido 28 ‘falsos positivos’.

Una de las teorías prevalentes en sectores militares es que esto también tiene que ver con el proceso de paz. Y es que si hubieran puesto al general Mejía como comandante de las Fuerzas Militares, tendría que haber salido por razones de antigüedad el general Javier Flórez, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Y Flórez es quien hoy en día dirige la subcomisión técnica para el fin del conflicto en La Habana. “Eso muestra que sí es una alineación a favor del proceso de paz”, dice uno de los entrevistados.

El nuevo viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, ha venido trabajando en asuntos propios del aterizaje de los acuerdos de La Habana. Foto: Laura Rico.

El nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, está empezando a nombrar a sus colaboradores. Foto: Juan Pablo Pino.

Junto a esta nueva cúpula (aunque con una cabeza que “no es como los otros”), el Presidente también ha comenzado a ubicar en el ministerio civiles más alineados con el proceso de paz.

El primero fue el enroque de Luis Carlos Villegas, a quien trajo de la Embajada de Washington e intercambió con Juan Carlos Pinzón.

Al cambiar a Pinzón por Villegas, Santos reemplazó un civil de pensamiento militar, que le dio mucho juego a los militares (desde un vocero en el Gobierno hasta contratos y funciones) y que por lo menos públicamente parecía un férreo opositor a los diálogos de paz, por un civil sin grandes contactos con los uniformados y que estuvo sentado en la mesa de negociación de La Habana como representante del sector empresarial.

En esa misma línea cae el nombramiento de Aníbal Fernández de Soto como viceministro de políticas y asuntos internacionales de Villegas, y quien trae experiencia en relaciones con comunidades y en desarrollo agrario. Es decir, en los temas del posconflicto.

Fernández de Soto tiene de ser el director de seguridad del fallido ministerio de Posconflicto que lideró hasta hace unas semanas (y por pocos meses) el general Óscar Naranjo y en sus anteriores altos cargos ha trabajado temas que van en esa línea.

Fernández, por ejemplo, fue consejero político de Frank Pearl en la Alta Consejería para la Reintegración entre 2006 y 2008; viceministro de participación de Federico Renjifo y de Fernando Carrillo en el Ministerio de Interior, encargado de las relaciones con grupos indígenas y afro, de las consultas previas y de las negociaciones con campesinos en el paro agrario de 2013; y viceministro de desarrollo rural de Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri, donde participó de las negociaciones del paro del 2014 encargado de muchas de las áreas claves para aterrizar el acuerdo del agro con las Farc en caso de que haya un Acuerdo Final.

También trabajó con Villegas en la Andi y Santos parece apreciarlo lo suficiente como para moverlo por cinco ministerios.

Todos estos cambios muestran que si el jefe negociador de La Habana dice que este proceso está próximo a acabarse “por bien o por mal”, por el lado de Defensa están asumiendo que será por “bien”.

Menos de un año duró Felipe Sardi como viceministro de Desarrollo Empresarial de Cecilia Álvarez- Correa. Hoy salió y quedó encargado Daniel Arango Ángel, director de Productividad y Competitividad del ministerio. Pero también suena para el cargo otro Daniel: Gómez, el asesor de la ministra.

Sardi, que llegó en octubre pasado, duró menos de un año en el cargo mientras que el encargado lleva más de cuatro años en el ministerio.

Arango, un administrador pereirano, llegó en 2010 como gerente de formalización, tras ser director de Competitividad de la Cámara de Comercio de Pereira, de la mano del entonces viceministro de Desarrollo Empresarial Carlos de Hart.

En 2013 el ministro Sergio Díaz-Granados lo nombró director de Mipymes, y el año pasado la actual ministra lo nombró director de Productividad y Competitividad. Con esa trayectoria y el conocimiento de adentro, su encargo podría convertirse en un nombramiento.

Pero también suena el economista bogotano Daniel Gómez, quien llegó al ministerio el año pasado como asesor de Álvarez - Correa precisamente para asuntos de competitividad y desarrollo empresarial. En ese momento Gómez, quien tenía el apoyo del Consejo Gremial, sonó como posible viceministro, pero al final el elegido fue Sardi.

Al final, lo que parece evidente es que el vice se llamará Daniel.

​Con un censo, la administración de Barranquilla busca solucionar por estos días lo que por años ha sido una de sus ‘papas calientes’: la circulación de los taxis.

A diferencia de Bogotá, Medellín y Cali, en esta capital los amarillos ruedan por las calles sin taxímetros y el valor de la carrera es producto del acuerdo al que lleguen conductores y clientes. Sin embargo, las cifras suelen dispararse durante fechas especiales como los Carnavales o diciembre y generar enfrentamientos. Además, también está la preocupación de la condición de ilegalidad en la que algunos trabajan, asunto que también solucionaría el conteo que quiere hacer el gobierno de Elsa Noguera.

El censo de taxis comenzó en abril pasado y se extenderá hasta el 16 de julio.

En 2012 los taxistas marcharon para pedir la realización del censo. Aquel año se quejaron de la sobreoferta de taxis.

Solo un pequeñísimo sector de los taxistas está por ahora en contra del censo y de la posterior instalación de los taxímetros, y por eso salió este lunes a mostrar su rechazo mediante una movilización, en la que comenzaron participando 70 vehículos pero terminaron menos de 30.

Pero más allá, el titular de la molestia volvió a poner el eventual poder de la mancha amarilla barranquillera sobre el tapete. 

Eduardo Hernández, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Taxistas, promovió la protesta porque, según él, la Secretaría de Movilidad se queda corta al hacer revisiones físicas de los vehículos cuando el censo también debería contemplar un reordenamiento del parque automotor. Tampoco comparte las especificaciones técnicas de los taxímetros que se comenzarán a instalar los próximos meses porque incluirán GPS y monitoreo remoto.

A diferencia de Hernández, otras dos agremiaciones como Conaltaxis y Sinchotaxi aplauden las medidas porque aseguran que se acabarán las discusiones por el precio de las carreras, el GPS traerá mayor seguridad al gremio y porque Barranquilla tendrá estadísticas actualizadas sobre los vehículos amarillos que ruedan por sus calles. Desde 2002 no hay un censo en esa capital, pero sí muchas especulaciones: algunos taxistas aseguran que la cifra de ‘zapaticos’, como los llaman informalmente, podría ser superior a los 20 mil, pero según el Distrito no son más de 13 mil.

Trece mil ya es una cifra exagerada, porque según un diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad, Barranquilla debería tener menos de ocho mil taxis rodando en sus calles por lo que su sobreoferta es de casi el 50%. Número suficiente para mover al 7% de la población que suele utilizar taxi.

El censo se ha visto en diferentes sectores como un proceso oportuno y necesario para modernizar la prestación del servicio. Sin embargo, las diferencias que ha suscitado entre algunos taxistas evidencian lo difícil que es poner a hablar un mismo lenguaje a ese gremio.

“Los taxistas en Barranquilla son una torre de Babel”, le dijo a La Silla el periodista Jean Piere Serna, codirector del programa radial El Club del Taxista, que difunde noticias y servicios para ese gremio.

La torre de Babel a la que se refiere Serna tiene sus cimientos en el número de propietarios de taxis, 7.349 según la Secretaría de Movilidad (es decir que, mal contados y de acuerdo a la cifra del Distrito, sería más o menos un dueño cada dos taxis).

Esa atomización del parque automotor hace que al gremio le cueste más ser una unidad compacta como lo puede llegar a ser en Bogotá. En la capital del país, por ejemplo, dos empresarios manejan la mitad de los taxis, entre afiliados y propios, y dada su hegemonía tienen mayor poder de convocatoria. Ellos hacen parte de los súper poderosos de esa ciudad, entre otras razones, porque pueden conseguir una cita con el alcalde o el presidente en cuestión de minutos. 

En la capital del Atlántico no hay una unidad de mando. El gremio lo que tiene son líderes mediáticos que hablan a nombre de las empresas y de los conductores, pero su poder dentro del gremio es difícil de medir porque no todos los taxistas ni propietarios los reconocen como sus voceros. Álvaro Forero, de Conaltaxis, y Jorge Guerrero, de Sinchotaxis, son dos de las caras más visibles.

El propietario con más taxis en Barranquilla tiene 301 vehículos. En el segundo lugar, con 175, están el abogado Charles Chapman y su mamá María López. Madre e hijo son los dueños de la empresa Transportes Premiun S.A., una de las 14 que funcionan en la ciudad y tiene afiliados 404 vehículos.

Chapman, cuya familia está en el negocio desde hace 40 años, cree que si conductores y propietarios fueran unidos podrían influir más en las discusiones de la ciudad.

Alrededor de los taxis en Barranquilla hay unas 100 mil personas si se suman las familias de conductores y propietarios, una fuerza que consolidada podría mover votos y elegir a un concejal o ser un decisor clave en la elección de alcalde o gobernador. Pero su poder en elecciones solo se ve reflejado es en la capacidad de movilización de votantes porque los caciques políticos suelen contratarlos para que, desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, transporten a los votantes.

A diferencia del mototaxismo, cuyos conductores suelen tener características similares en edad, formación académica y condición socioeconómica, el de los taxistas es un gremio más variopinto: pueden haber jóvenes bachilleres que encuentran en el taxi una manera de iniciarse en la vida laboral, al igual que pensionados que ven estos vehículos como una inversión y una actividad para seguir activos, le explicó a La Silla Víctor Cantillo, profesor e investigador especializado en movilidad urbana.

Establecer la cifra exacta de taxis es una de las metas del censo que la administración de Elsa Noguera realiza desde abril pasado. La inspección física, que termina este 16 de julio, busca también conocer cuáles son las características de los carros que prestan el servicio de taxi y detectar aquellos cuyos cupos de circulación hayan sido obtenidos de manera irregular.

Las especulaciones sobre un posible aumento descontrolado e irregular se han ido alimentando desde 2002, cuando un censo de ese año establecía que eran menos de 10 mil los taxis en Barranquilla. Sin embargo, Otilia Ordoñez, jefe de atención al cliente de la Secretaría de Movilidad, le dijo a La Silla que ese conteo dejó vehículos por fuera, que las siguientes administraciones debieron ir incorporando a la base de datos oficial.

El abogado Charles Chapman López es uno de los mayores propietarios de taxis en Barranquilla junto a su mamá María López. Fotografía tomada de emisoraatlantico.com.co 

Los cupos son la llave para quien quiera entrar en el gremio de los taxistas. En Barranquilla solo se obtienen por chatarrizacion (desintegrar un vehículo como se observa en la imagen) o por pérdida total (accidente o hurto).

Pero lo que disparó las suposiciones entre los taxistas sobre el número de vehículos fueron las irregularidades de Metrotránsito denunciadas en 2008. Hasta diciembre de ese año, ese instituto fue la autoridad de tránsito de la capital del Atlántico. Meses antes su director había sido capturado por malos manejos en la contratación y en la asignación de cupos de taxis. Aunque en la condena a Carlos Altamar se mencionan 2.400 permisos de circulación de taxis otorgados de manera irregular, en el imaginario de los barranquilleros quedó grabada una cifra superior y por eso se rumora que por esa época se llegaron a 'gemelear' hasta 20 mil cupos.

Pero desde entonces, asegura Ordóñez, no se ha aumentado el número de taxis y se han realizado depuraciones como las denunciadas por su dependencia en 2013. Ese año la Secretaría le entregó a la Fiscalía 300 casos que encontró de dos, tres e inclusive cinco carros rodando con el mismo número de placa. Lo que en Barranquilla se denomina ‘gemeleo’.

Un cupo, que cuesta unos 28 millones de pesos, es codiciado en Barranquilla porque allí no pueden ingresar vehículos nuevos al menos que sea por la reposición de otros que estén viejos o hayan sufrido pérdida total. Sin embargo, esa ciudad es una de las que ofrece los cupos más económicos porque en Bogotá, por ejemplo, pueden llegar a costar el doble. Esto ha hecho que muchos de los propietarios de taxis que ruedan en Barranquilla sean del interior del país porque han encontrado en La Arenosa buenas oportunidades de negocio.

Con un negocio que pese a la competencia sigue siendo atractivo, Barranquilla busca lograr que el taxímetro comience este mismo año a ser parte de su cotidianidad. En unos meses se sabrá si esta administración lo logró o si, como en el pasado, fue un intento fallido más al que le ganó el regateo cliente-taxista.

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Durante tres días 700 cocaleros de todo el país se reunieron en Mocoa para hacer su ‘constituyente de la coca’.

​Mientras las Farc propusieron este fin de semana arrancar ya con el aterrizaje del acuerdo firmado en La Habana sobre cultivos de coca, los cocaleros en sus regiones de influencia están pidiendo ser protagonistas de esos pilotos de sustitución que el Gobierno aún no ha aprobado.

“Queremos decirle, señor Presidente, que si usted tiene la voluntad de materializar la sustitución [de coca], acá está su contraparte. Siéntese con nosotros y hacemos los pilotos”, retumba la voz aguda de Andrés Gil, uno de los líderes más visibles del movimiento de reservas campesinas y de Marcha Patriótica, que ayudaron a organizar la ‘constituyente de la coca, amapola y marihuana’. Una cumbre que reunió, desde el sábado hasta el lunes, a unos quinientos cocaleros de todo el país -desde el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño hasta Guaviare y Caquetá- en Mocoa, Putumayo, para discutir su futuro.

En frente de Gil se arremolina, en medio del frondoso Parque General Santander de Mocoa, un público de varios cientos de campesinos, más otros tantos jóvenes universitarios que vinieron a ‘apoyar’ su causa, vistiendo camisetas con eslóganes pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente y ¡Cese bilateral al fuego ya! “¡Somos campesinos, exigimos soluciones!”, corean todos como respuesta, mientras arrecia el aguacero típico el invierno putumayense.

El problema es que, aunque sus ideas van en línea con lo acordado en La Habana sobre cómo erradicar la coca, los cocaleros están tratando de meterle el acelerador antes de que la firma de un Acuerdo final los vuelva realidad. Y, sobre todo, que están desafiando varios inamovibles que el Gobierno ni siquiera ha querido discutir con las Farc en la mesa de negociación.

Para líderes agrarios de Marcha Patriótica, como Andrés Gil y César Jerez, es el momento de aterrizar unos pilotos de sustitución de coca con la misma filosofía del acuerdo de La Habana de erradicación voluntaria y participativa.

Los cocaleros sienten que un proceso de sustitución debe ser gradual, algo a lo que el Gobierno se niega por considerar que no pueden recibir incentivos del Estado mientras siguen cultivando la planta.

Hasta ahora los cocaleros -una de las bases sociales tradicionales de las Farc y el origen de una de sus principales fuentes de financiación- se han sentido perseguidos y estigmatizados tras años en que han sido los blancos más fáciles en la 'guerra contra las drogas' pese a tener los márgenes de ganancia más pequeños en toda la cadena.

El proceso de paz les ha dado más confianza en que se pueda solucionar lo que ellos llaman “el problema social y económico de la coca”, que viene a ser la falta de alternativas de supervivencia en las regiones más abandonadas y violentas del país.

Ese optimismo era palpable en el coliseo del Colegio Ciudad de Mocoa, en donde se enclaustraron sábado y domingo para redactar su 'constituyente de la coca'. Ese es el nombre que le dieron al documento que esperan se convierta en la hoja de ruta para el futuro de la coca en Colombia, en el que se puedan alejar del narcotráfico y acercar a los usos tradicionales e industriales en boga en Bolivia o Perú.

De hecho, tan seria es su idea de poner de moda la planta de la coca que dos de sus invitados especiales fueron el boliviano Dionicio Guzmán, que fue viceministro de la coca del gobierno de Evo Morales, y Serafín Luján, que fue secretario general del gremio que reúne a más de 25 mil cocaleros peruanos.

Durante dos días, los cocaleros se repartieron en los diferentes salones de una de las mayores escuelas de Mocoa, organizados en grupos de discusión bautizados con nombres como ‘víctimas de la guerra química’ o ‘falsos positivos judiciales’. Sus jornadas de nueve horas de discusión solo eran interrumpidas por el almuerzo, visible por la fila que serpenteaba por todo el colegio y que servían los voluntarios que cada delegación enviaba a la cocina comunitaria. Luego sus colegas se encargaban de dejar todo limpio.

Una de sus mayores motivaciones es que el tercer acuerdo que firmaron las Farc y el Gobierno hace un año plantea un revolcón en la política antidrogas, reemplazando el modelo actual de fumigación y erradicación forzosa por una voluntaria que nace de una planeación participativa con las comunidades involucradas y viene acompañada por una transformación radical de las condiciones de vida en el campo.

Es decir, dos cosas que permitirían una mayor integración social y oportunidades para los cocaleros. “A medida que eso se haga realidad, la coca irá estorbando en la finca”, dice Heraldo Vallejo, un zootecnista y líder campesino del Putumayo conocido con el apodo del ‘Hombre Amazónico’.

“Estamos adelantándonos a lo que se acordó en La Habana. Independientemente del proceso, si al Gobierno le interesa resolver el problema social cocalero, la nuestra es una propuesta viable”, dice Yule Anzueta, un líder campesino de Orito y de la mesa de diálogos con el Gobierno creada allí tras el paro el año pasado.

Para eso se inventaron este fin de semana la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, o Coccam, que los reunirá y les dará una voz pública.

No será un gremio cocalero en estricto sentido, como los que intentaron crear durante los paros cocaleros de Caquetá a mediados de los noventas o la Cococa en la época del Caguán.

Más bien funcionará bajo el paraguas de las organizaciones campesinas a las que ya pertenecen los cocaleros. Lo imaginan como un espacio para discutir los problemas de la coca donde se sientan delegados de las distintas organizaciones al interior de la Cumbre Agraria, formada hace un año para agrupar a los sectores súper poderosos de la movilización social en el país y convertirse en el movimiento político del posconflicto.

Esto se debe a que la mayoría de grupos en la Cumbre son campesinos o tienen una fuerte base rural.

Allí, entre los cafeteros, cacaoteros y otros productores de Fensuagro, el Congreso de los Pueblos o la Mesa de Interlocución y Acuerdos, también están los cocaleros. De igual manera, en la mayoría las zonas de reserva campesina existentes y propuestas -como Catatumbo, la Perla Amazónica o Losada Guayabero- hay coca sembrada.

E incluso la hay en la Onic indígena y el PCN afro, que aún no reconocen de frente la presencia de coca en sus territorios pese a que -como ha contado La Silla- ésta se ha venido concentrando en resguardos y consejos comunitarios dado que es más difícil para el Estado entrar a erradicarla.

“La idea es dar la cara: no somos narcotraficantes, somos cocaleros, somos campesinos y tenemos estas propuestas”, dice César Jerez, otro de los voceros del movimiento de zonas de reserva y líder de la Cumbre Agraria.

Según Jerez y Gil, en la reunión que tuvieron hace una semana los delegados de la Cumbre Agraria en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos les contó que quiere arrancar unos pilotos de sustitución que suenan muy parecidos a los que propusieron las Farc el fin de semana.

La Silla no pudo comprobar que Santos les hubiera hecho ese anuncio. Hacerlo implicaría una suspensión de facto de la estrategia antidrogas en esas zonas y hacerle otra excepción al principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” que ha regido las negociaciones en La Habana.

Aún así, los cocaleros insisten en que ellos son los interlocutores naturales del Gobierno. Como dice Jerez, “arrancar los programas de sustitución sería un mensaje positivo de confianza en el proceso de paz. Se abriría un espacio en el que el Gobierno necesita interlocución con los cocaleros y para esto está Coccam”.

“El Gobierno está hablando de nosotros con ellos allá [en La Habana], pues ahora debería hablar con nosotros de lo que nos pasa”, dice un cocalero del Caquetá, que -como los demás- prefiere guardarse su nombre.

Una de las iniciativas del congreso cocalero fue crear un espacio que los represente e interactúe con el Gobierno, en el que se sienten los líderes de los movimientos campesinos donde hay cocaleros.

Muchas de las propuestas que hicieron este fin de semana los cocaleros, desde enfocar el consumo como un problema de salud pública hasta llevar bienes públicos como vías y escuelas a las zonas rurales, coinciden plenamente con el acuerdo de drogas de La Habana y también con las ideas que el Gobierno está contemplando para darle un vuelco a la política de drogas, tras los consejos de su Comisión Asesora en Política de Drogas o de la Comisión Global en la que está el ex presidente César Gaviria.

Pero hay varias que no solo van en contravía de lo que el Gobierno ha planteado, sino que ya consideró como 'no negociables' con las Farc en La Habana. Sobre todo dos.

La primera es que los cocaleros quieren que, además de voluntaria y participativa, la sustitución de cultivos sea un proceso gradual. Eso significaría que los campesinos puedan mantener la coca en sus predios mientras logran montar un proyecto de vida distinto.

Algunos incluso plantearon que el Gobierno compre la producción de hoja de coca -evitando que quede en manos de los eslabones que la procesan en clorhidrato de cocaína- y que se les debería garantizar que ganaran lo mismo que antes (aunque, en general, la coca no es un negocio rentable para el que la siembra sino para los eslabones que le siguen). “¿Y cómo a cuánto lo pagarían?”, le pregunta a su vecino un hombre mayor del Guaviare, curioso por hacer las cuentas matemáticas en su cabeza.

“Es difícil, por no decir imposible, que en el estado actual de cosas la gente deje de cultivar, no vaya a ser que se le mueran los hijos por falta de con qué comer. No hay alternativas”, dice Luis Eduardo Betancur, un veterano líder cocalero que fue diputado del Guaviare y personero de Calamar en los años noventa, pero que arrancó como raspachín y cultivador.

Él y los demás cocaleros argumentan que el Gobierno históricamente les ha hecho conejo con las promesas pactadas y que no tiene sentido sacar la coca sin asegurar que se cumplan los acuerdos. “Si yo arranco mi coca, ¿quién me responde después si en Bogotá se hacen los de la vista gorda?”, pregunta una campesina del Putumayo.

Muchas de las propuestas de los cocaleros van en la línea de lo que acorado en La Habana sobre drogas, pero otros puntos se acercan a lo que el Gobierno consideró no negociable.

La constituyente cocalera forma parte simultáneamente de las distintas constituyentes que Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria han hecho en todo el país, sobre temas tan diversos como la locomotora minero-energética o los temas rurales, un proceso que esperan desemboque en una Asamblea Nacional Constituyente.

El Gobierno, sin embargo, no tiene ninguna intención de aterrizar los programas si no hay una voluntad real de dejar la coca de una vez por todas. Eso le dijo, por ejemplo, a los campesinos del Putumayo que en su mesa de diálogo intentaron exigir lo mismo y luego abandonaron la idea.

“No pueden tener coca y al mismo tiempo recibir beneficios del Estado: ese es el principio del acuerdo. Es un imposible político y jurídico”, le dijo a La Silla un experto en política de drogas que no está autorizado para hablar del tema en público.

Algo similar sucede con la propuesta de los cocaleros de que se repare, y se incluya en la Ley de Víctimas, a todos los campesinos afectados por la fumigación de coca -sean o no cocaleros- y a los que han sido judicializados por cultivarla, dos puntos que las Farc también plantearon sin éxito en la mesa de negociación.

Más viable, en cambio, es la propuesta de los cocaleros de que se les deje de castigar bajo el Estatuto antinarcóticos que permite procesarlos como narcotraficantes cuando se les agarra con cultivos o con cargamentos de hoja, una estrategia que ha permitido al Gobierno 'inflar' el número de capos capturados.

En la práctica, la Policía ha venido abandonando esta práctica y en cambio enfocándose en medidas administrativas como incautar la hoja o destruir los cultivos, dado que la justicia termina soltando a los cocaleros y esto le ha costado a la Fuerza Pública perder legitimidad en las zonas cocaleras. Y en el Congreso ya hay un proyecto de ley de reforma al sistema penal acusatorio, presentado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, que ampliaría el principio de oportunidad para los cocaleros.

Sin embargo, un estudio que está terminando el observatorio de drogas de Indepaz y liderado por el ex alcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, encontró 2 mil casos de cocaleros judicializados solo en las cárceles de Cúcuta, Tumaco y Popayán, por lo que su estimativo es que podría haber unos 3 mil en todo el país. De ahí que para ellos el tema sea urgente.

El tema es que el Gobierno, como le explicó a La Silla una persona que conoce el problema de primera mano, no puede dejar de perseguirlos penalmente -así opte por otras fórmulas que no sean la cárcel- porque sigue siendo un delito y los acuerdos de La Habana no contemplan que deje de serlo.

Es por eso que los cocaleros están intentando impulsar que se reconozcan los usos ancestrales de la coca (como el mambeo) y que se le dé un empujón a las industrias de derivados como tés, pomadas y medicinas.

Eso les permitiría que, si bien en Colombia la coca no ha sido parte de la cultura tradicional como en sus vecinos del sur, en el futuro se pueda abrir esa puerta y -como ellos quieren- haya usos lícitos para la planta que saben ya cultivar tan bien. “Son muchos años que uno sabe cómo es el jaleo”, comenta un campesino del Valle de Sibundoy a un par de horas de Mocoa.

De hecho, una de las decisiones de los cocaleros fue integrarse al Consejo Andino de Cocaleros, donde están Perú y Bolivia y que está en proceso de revivir tras años dormido.

Esa es una de las misiones de la 'constituyente cocalera'. Pero hay otra: es una de las más de 70 reuniones que, bajo la batuta de Marcha Patriótica, se han venido organizando en todo el país para recoger insumos hacia una eventual Asamblea Nacional Constituyente, que en las organizaciones donde están los cocaleros, la Cumbre Agraria y otros sectores afines consideran -en palabras de un líder agrario- como “la única manera de desarrollar los acuerdos de La Habana para el beneficio del pueblo”.

La noche en la que proclamaron la nueva ‘constituyente cocalera’, que un día después promocionaron con una multitudinaria marcha por las calles de Mocoa, los campesinos celebraron con velas prendidas y cánticos de aliento al proceso de paz.

En medio de ese momento, festivo y también con cierto aura de solemnidad, se proyectó en una pantalla gigante en el colegio un mensaje especial que les llegó desde La Habana.

Era un video enviado por la delegación de las Farc en La Habana, que algunos rápidamente corrieron a filmar en sus celulares mientras a otros se les notaba cierto estupor. “¿Y eso por qué?”, preguntó uno.

Los cocaleros están de acuerdo con la idea de las organizaciones reunidas en la Cumbre Agraria de posiblemente armarle un paro al Gobierno en agosto para presionar el cumplimiento de los acuerdos de paros pasados como el del Catatumbo.

A través de 'Romaña', el comandante del Bloque Oriental que está en la mesa de negociación, las Farc les contaron que -para ellos- el acuerdo de drogas es el que refleja “mayores coincidencias” con el Gobierno, aunque lo acusó de no querer comenzar a implementarlo. Y apelaron a varios de los puntos sensibles para los cocaleros, como la creación de un fondo para las víctimas de la aspersión con glifosato o la necesidad de que el proceso sea gradual. Es decir, aquellos que ellos estaban consignando en su constituyente.

Ese mensaje desnuda una de las dificultades que tienen los cultivadores: su asociación con la guerrilla sentada en La Habana.

Aunque la mayoría insiste en que no tiene vínculos con las Farc, es una realidad indiscutible de que las zonas de cultivo coinciden con territorios donde esta guerrilla ha tenido presencia permanente y a que sus habitantes han debido convivir -ya sea por necesidad o por convicción- con ellos o con el ELN. Y muchas de ellas comparten algunos de sus planteamientos sobre temas como la economía campesina o el rechazo al modelo agroindustrial, los TLC y a la locomotora minero-energética.

En el Gobierno sienten que, más allá de solo expresar su solidaridad con la causa cocalera, las Farc han venido inculcándoles la idea a los cultivadores en algunas regiones -“haciéndoles una invitación cordial”, en términos de un actual funcionario- de que tener coca es su prenda de garantía para que el Estado invierta en ellos. De que con coca tendrán plata en el posconflicto, pero no con yuca o cacao.

Esta una de las explicaciones que encuentran para que los cultivos de coca brincaran de 48 mil hectáreas hace un año a 69 mil en el 2014, como reveló el censo de cultivos ilícitos lanzado por la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito hace una semana.

Eso hace que, según un experto en política de drogas, haya una especie de doble incentivo para como el que se vio en Afganistán tras la llegada de los militares gringos para contrarrestar a los Talibán. Por un lado podían vender la amapola en el mercado negro y por el otro usarla como puerta de entrada a los programas de desarrollo alternativo. Es decir, ganar por cualquier lado.

La lógica de eso, para el Gobierno, sería que eso ayudaría a las Farc a ampliar su base social -a la que después podrían reivindicar su rol en transformar sus condiciones de vida- pero también mantener un flujo de caja hasta que se dé la firma (o no) de un Acuerdo final.

La mayoría de líderes campesinos de las zonas cocaleras niegan que eso sea así y dicen que es una mentira del Gobierno para estigmatizarlos.

Otros admiten que sí existe gran expectativa entre los campesinos por los acuerdos, pero que esa lógica es solo una de varias razones por las que los cultivos subieron. Y todos subrayan que, como dice un cocalero del Meta, “hay una expectativa, sí, pero también mucha desconfianza de las comunidades que no creen que el Gobierno le cumpla al campesino”.

De todos modos, los cocaleros tienen un plan B a la vista para forzarle la mano a Santos: reeditar el paro agrario de hace dos años, junto con los otros sectores campesinos -como los del Catatumbo- que acusan al Gobierno de no cumplirles los acuerdos. Ya están planeando una posible salida a las vías para agosto.

Como dice Yule Anzueta, “si se firma un Acuerdo en La Habana, el Gobierno se verá en la obligación de hacer viable lo que hay ahí. Si no lo hay, es posible que no esté interesado en resolver los problemas de fondo. A no ser que haya una movilización con fuerza nacional de las bases campesinas capaz de exigírselo. Eso dependerá de que nos movilicemos”.

En Mocoa pusieron la primera semilla de esa movilización.

La "tuitera de Petro", María Fernanda Carrascal, va a pasar de buscar retrinos a votos. O eso, por lo menos, es lo que ha dejado entrever en su cuenta de Twitter y con una valla ubicada cerca del Concejo de Bogotá

Aunque la valla no dice que sea candidata (algo que igual estaría prohibido, pues solo se puede hacer publicidad electoral desde fines de mes), todo apunta a eso porque la valla aparece en plena temporada electoral, Carrascal ha retrinado a quienes le preguntan o asumen que se lanza al Concejo

@MafeCarrascalpic.twitter.com/rXHRJiV5ul

— Luis Andres Pacheco (@andrespacheco_) julio 8, 2015

A juzgar por el nuevo avatar y por la iniciativa de @IdeasporBogota, @MafeCarrascal empieza campaña. Para el cargo que sea, tiene mi voto.

— BoyacAirlines (@BoyacAirlines) julio 8, 2015

y creó una página web y una cuenta de Twitter llamadas Ideas por Bogotá, en las que recibe propuestas para mejorar la ciudad, una estrategia que también suelen usar candidatos.

Carrascal, que no tiene carrera política, se dio a concer en Twitter por su defensa a ultranza de la administración de Petro y por sus peleas con críticos de Petro como la concejal de La U Clara Lucía Sandoval o el periodista de Caracol Gustavo Gómez

Lleva unos tres años como asesora en redes sociales y desde 2013 ha recibido tres contratos para asesorar en redes a varias entidades del Distrito, que han sido criticados por varios sectores políticos, incluyendo concejales elegidos por el Progresismo, como Diana Alejandra Rodríguez.

Las críticas son que supuestamente recibe pago por defender al alcalde Gustavo Petro en redes sociales, pero ella siemrpe ha dicho que no le pagan por trinar sino por ser asesora en comunicación digital, que nunca le han pagado por trinar y que una cosa es su cuenta personal y otra sus asesorías.

Esta vez, sin embargo, parece que su cuenta personal sí tiene valor político. Y hay que ver si logra convertir parte de sus más de 35 mil seguidores en Twitter en votantes. 

Hoy las Farc anunciaron que a partir del 20 de julio decretarán un cese unilateral de fuego con lo cual el proceso de paz gana oxígeno para poder entrar a discutir los temas que siguen atrancando toda la negociación. Estos son los más espinosos:

El proceso para elegir rector en propiedad de la Universidad del Atlántico, que fue suspendido ayer por el Tribunal Superior del Atlántico en una medida cautelar, se ha dado en medio de una guerra sucia en la que han querido meter hasta a La Silla Caribe.

Desde mayo, cuando se realizaron las consultas entre docentes y estudiantes, no han faltado los pasquines, los memes ni las acusaciones mutuas entre los aspirantes a ese cargo.

Rafael Castillo, rector encargado de la institución y uno de los tres aspirantes que sigue en la competencia por el cargo, fue acusado de clientelista por los cambios hechos en las vicerrectorías y por la abrumadora diferencia con la que, luego de eso, salió postulado por los estudiantes. Los detractores de Castillo aseguran que esos cambios obedecen a una estrategia suya para ganar apoyos y quedarse en la rectoría, mientras que personas allegadas a él han tildado a algunos de sus contrincantes de estar apadrinados por "politiqueros".

Una persona del entorno de Castillo nos dijo que detrás del secretario de Educación Carlos Prasca está la casa Char; de Rachid Nader, quien no siguió en el proceso, el senador Álvaro Ashton, y de Salim Mattar, otros sectores del liberalismo. Señalamientos que niegan esos aspirantes.

Quienes simpatizan con el rector también nos dijeron que los señalamientos en contra de Castillo hacen parte de la “estigmatización de la que él ha sido víctima porque es negro y no viene de una universidad de alta alcurnia”.

Precisamente esos mismos argumentos son los que usaron personas anónimas en uno de los pasquines más recientes, que circula desde anoche e involucra a La Silla Caribe.

A los estudiantes, profesores y periodistas, que cubren temas relacionados con la universidad, y están en la base de datos del alma máter para recibir información institucional, les llegó un correo electrónico de un mail desconocido con un pantallazo que tiene el logo de La Silla Caribe y un artículo, a favor de Castillo, atribuido en su redacción a este medio.

La Silla niega ser la autora de esa información, con la que nada tenemos que ver y que dista mucho de nuestro estilo periodístico.

Esta es la imagen que llegó a los correos:

Consultado sobre el pasquín, el rector Castillo le dijo a La Silla que no lo conocía, que no le llegó a su correo y que reprobaba su contenido aún si éste lo favorecía.

“Hay cierta costumbre de pequeños sectores en la Universidad, amigos de ese tipo de cosas, aunque la mayoría de cosas que sacan son en mi contra”, nos dijo Castillo.

El pantallazo comenzó a circular el mismo día que el Tribunal Superior del Atlántico le notificó al gobernador José Antonio Segebre, presidente del Consejo Superior de la Uniatlántico, la suspensión de la votación, programada para mañana jueves. La decisión obedece a una medida cautelar por una acción de nulidad interpuesta por Juan Barrios Villarreal y Loly Luz de la Asunción en contra del proceso.

Desde que Santos creó en su primer mandato la figura de las Alianzas Público-Privadas (APP), estas se han vuelto la solución mágica del Gobierno para hacer de todo, desde las grandes carreteras hasta la renovación del CAN, pasando por cárceles o acueductos. Después de más de tres años de la ley, las APP comienzan a volverse una realidad.

Las APP son son concesiones que, a diferencia de las tradicionales, pueden ser propuestas no solo por el Estado sino por los privados; el dinero público solo puede ser hasta el 30 por ciento de la inversión; y solo lo desembolsa el Estado cuando se pueda usar la obra, entre otros puntos novedosos.

La Silla revisó los proyectos registrados en el registro único de APP, que maneja Planeación Nacional y encontró que hoy por hoy las APP realmente son un instrumento que está usando sobre todo la Agencia Nacional de Infraestructura para las carreteras 4G y que el gran jugador es Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Así es el panorama de las APP:

Aunque hay APP en muchas regiones, Bogotá y Cundinamarca, con 181 proyectos, suman casi la mitad de las presentadas - aunque de los 128 en Bogotá hasta ahora ninguno es viable y 43 ya fueron rechazados.

Este mapa muestra cómo están distribuidos todos los proyectos (para el caso de los proyectos que se desarrollarían en más de un departamento, los incluimos en todos los departamentos involucrados. Por eso la suma es mayor a 370).

Las pocas APP que ya han sido adjudicadas son para proyectos de la cuarta generación de concesiones viales que maneja la Agencia Nacional de Infraestructura, excepto la del aeropuerto de Barranquilla.

Por eso, por ahora, los ganadores de las APP son pocos grandes contratistas.

Del total de 33 empresas que han ganado en las adjudicaciones, estos son los 13 grupos que recibirán recursos públicos por más de 300 mil millones de pesos, que suman más de 10 de los 14 billones de pesos que el Estado se ha comprometido a pagar en los próximos 30 años:

Acá puede ver todas las APP