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Otro nombramiento sin experiencia en el agro

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Martha Luz Olivares está a punto de ser nombrada subgerente en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), pues el trámite de publicar su hoja de vida en la página de la Presidencia ya se está cumpliendo. Lo interesante del caso es que Olivares no sabe de temas del agro y fue segundo renglón de un parapolítico en las elecciones por las que éste fue condenado. Lo que sí tiene es gran cercanía con el senador Bernardo “Ñoño” Elías.

Esta abogada sincelejana de la Corporación Universitaria de la Costa viene de ser contralora provincial en Sincelejo y nunca ha trabajado en temas agrarios. Es hermana de la suegra del Ñoño (copartidario del Ministro de Agricutlrua, Aurelio Iragorri) y cuñada del ex gobernador de Sucre Eric Morris, condenado por parapolítica.

Olivares empezó su carrera laboral en la caja de compensación familiar de Sucre, Comfasucre, en donde trabajó mientras estudiaba en Barranquilla, según su hoja de vida. En ese entonces estuvo en la comisión de empalme de Morris cuando llegó a la gobernación en 1997, en el área de salud.

En 2002 se graduó de abogada y, además, fue el segundo renglón de la candidatura del liberal Jorge Luis Feris Chadid, aliado político de Morris y fórmula del entonces senador Álvaro 'el Gordo' García, luego condenado por parapolítica y por la masacre de Macayepo. A principios de 2003 Feris pidió una licencia temporal, por lo que ella quedó como su reemplazo; cuando en 2005 Feris solicitó otra licencia, Olivares no asumió su reemplazo por calamidad doméstica.

Olivares había pasado a trabajar en el Sena en Sincelejo, donde estuvo durante ocho años en cargos como la coordinación de promoción y relaciones internacionales en el departamento.

En 2012 Olivares pasó a ser contralora provincial en Montería y luego en Sincelejo, justo cuando la Corte Suprema condenó a Feris por parapolítica, por haber recibido apoyo de paramilitares en su elección en 2002. Es decir, en la que Olivares fue su segundo renglón.

Aunque La Silla no pudo averiguar a cuál de las seis subgerencias del ICA -la entidad que vela por la sanidad animal y vegetal del país- llegaría Olivares, dos fuentes dicen que todo indica que sería a la de regulación sanitaria y fitosanitaria. Ese cargo está vacante desde hace un año, cuando el gerente Luis Humberto Martínez -apadrinado por el senador Efraín Cepeda- declaró insubsistente a Leonardo Berrocal. en medio de la oleada de cambios que pusieron de relieve el padrinazgo de Cepeda en la entidad.


Cristo se pisa las mangueras con los magistrados

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Ayer el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, anunció en medios que fue anulada la inscripción de cédulas por transhumancia en Castilla La Nueva, en el Meta. Esa noticia despertó un malestar grande en el Consejo Nacional Electoral, o por lo menos en parte de él: cuatro de sus nueve magistrados (Bernardo Franco y Alexander Vega de La U, Armando Novoa de los verdes y el Polo, y la conservadora Angela Hernández) sacaron hoy un comunicado en el que aclaran que no se han anulado ningunas inscripciones y que solo el CNE podría hacerlo, no el Gobierno.

Aunque el CNE y Cristo están alineados en luchar contra los delitos electorales, y el Ministro dijo hoy en una entrevista en El Tiempo que están trabajando juntos, la constancia que dejaron los magistrados muestra que la relación no está tan fluida. Y eso, a tres meses de las elecciones, difícilmente es una buena noticia.

Constancia Trashumancia by lasillavacia

Los empresarios de Bogotá ya tienen su plan de gobierno

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Hasta ahora ningún candidato ha presentado en forma detallada sus propuestas para Bogotá. Pero ya lo hicieron los cacaos de la ciudad. Por primera vez en muchos años, los empresarios de la ciudad quieren tener una voz pública e incidencia en el rumbo político de la capital.

Ayer, en un evento realizado en el hotel Sheraton de la 26, Probogotá presentó su programa de gobierno para los cuatro próximos años con la ilusión de que los candidatos retomen sus propuestas y las apliquen en beneficio de la ciudad.

Es un documento elaborado con la participación de 135 personas, entre expertos, académicos, empresarios y ciudadanos, que se reunieron durante tres meses para hacer propuestas concretas en cinco ejes: movilidad, seguridad, educación, desarrollo económico y planeamiento urbano.

En todos ellos hace algunas propuestas concretas, como que el nuevo POT no se construya con la filosofía del de Petro de homogeneizar la ciudad, que se concentren los rascacielos en el Centro internacional, que construyan la troncal de Transmilenio de la Avenida Boyacá y la ALO, crear un programa de becas para que los mejores bachilleres sean docentes distritales o que se cree un centro de comando y control para monitorear de forma permanente la situación de seguridad.

Son propuestas macro sobre las que existe un relativo consenso entre los técnicos en la ciudad y que no plantean serias polémicas y cuya verdadera utilidad podría verse más cuando gane el próximo alcalde que para alimentar el debate electoral.

Los empresarios piden la palabra
José Alejandro Cortés, cabeza del Grupo Bolívar, es el líder de Probogotá.
La presencia de Alejandro Santo Domingo en el consejo directivo, muestra el peso de los miembros de Probogotá.

La idea de Probogotá nació hace siete años cuando el empresario y filántropo José Alejandro Cortés, fundador del Grupo Bolívar, propuso que los dueños de las empresas de Bogotá se unieran para pasar de la quejadera a la acción en la ciudad.

La propuesta, sin embargo, solo logró concretarse el año pasado, cuando Cortés convocó a treinta grandes empresarios a unirse alrededor de Probogotá.

Entre los 30 fundadores están grandes empresas nacionales, desde la Organización Ardila Lulle hasta Avianca, Bancolombia y Home Center. La mitad de las empresas tienen que ver con el sector de la construcción, un gremio que se ha visto particularmente golpeado y marginado por la administración de Gustavo Petro.

Cada uno de los miembros aporta más de 200 millones de pesos cada año a la Fundación y tiene un compromiso de hacerlo durante por lo menos tres años.

En el consejo directivo de Probogotá están representantes de los principales grupos económicos del país: Cortés; Alejandro Santo Domingo, hijo y heredero de Julio Mario Santo Domingo; Eduardo Pacheco, uno de los hermanos dueños del Grupo Colpatria; Mauricio Cárdenas Müller, que es uno de los asesores de mayor confianza de Luis Carlos Sarmiento Angulo; y el presidente de Organización Corona, Carlos Enrique Moreno.

También hay otros cacaos de empresas grandes o muy reputadas: el director de la revista Semana, Alejandro Santos; Daniel Haime, heredero de la gran empresa de grasas Grasco;; la presidenta de Terpel, Sylvia Escobar; y el director de la consultora McKinsey en Colombia, Andrés Cadena.

El objetivo central de Probogotá es contribuir activamente, desde el sector privado, al desarrollo de Bogotá, abriendo espacios de construcción de conocimiento, de debate y de influencia en las políticas de la ciudad. Y surge en un momento en el que la Cámara de Comercio de Bogotá ha ido perdiendo protagonismo y capacidad de influencia.

Hace dos años, cuando La Silla reporteó los Super Poderosos de Bogotá, clasificó en el noveno lugar y dijimos que incidía en la ciudad por su participación en Bogotá Cómo Vamos y por su encuesta de percepción ciudadana y victimización, que usaba la Policía.

Ese poder, aunque subsiste, es menos fuerte de lo que era hace algunos años. La administración Petro toma poco en cuenta sus diagnósticos en seguridad o movilidad, Bogotá Cómo Vamos tiene vuelo propio y las luchas dentro de su junta directiva (que incluyen la derrota de Juan Manuel Santos cuando el presidente de fenalco, Guillermo Botero, regresó a esa junta después de qué Santos lo sacó y además será su presidente en 2016) le han quitado capacidad de mostrarse como el gremio de los empresarios en Bogotá.

Además, mientras Probogotá es una fundación privada, la Cámara es semi pública y tiene unas funciones establecidas por la ley, lo que le quita flexibilidad.

Aunque Probogotá ya ha sacado otros documentos interesantes como uno de 150 propuestas para facilitar la movilidad en la ciudad, esta campaña es su prueba de fuego para demostrar que sí va a lograr su cometido

La propuesta
Luis Guillermo Plata, quien fue Ministro de Comercio de Álvaro uribe, es el director de la fundación.

En los últimos meses, Probogotá ha convocado a los candidatos a unos desayunos para hablar con los empresarios sobre su visión de ciudad y espera que ahora que sacaron su “programa de gobierno”, pueden aportarles insumos sobre propuestas específicas para los de ellos.

El primer paso para eso era el evento que organizaron ayer, y al que asistieron todos los candidatos menos María Mercedes Maldonado, Rafael Pardo y Carlos Vicente de Roux. Sin embargo, La Silla habló con tres campañas y en las tres coincidieron en que esta propuesta por ahora no afectará sustancialmente sus propuestas de gobierno.

El estratega de una de estas campañas le dijo a La Silla que está seguro de que si ganan los insumos de Probogotá serán claves para el plan de desarrollo que elaboren, pero que en esta época preelectoral es un poco irrelevante.

“No todos los candidatos tienen fortaleza en todo. Cada uno tiene una credibilidad temática. Tiene su nicho”, explicó. “El que quiera ser referente en todo termina no siendo referente en nada”.

En esa medida, el candidato se apega a su nicho temático y en eso el programa que cada uno tiene está más detallado que lo que le propone Probogotá.

En las otras dos campañas consideraron que dado que Probogotá para posicionarse ha buscado estar en temas de consenso, su influencia será limitada en la campaña. “Tendría más influencia si se mete en definir posición sobre temas polémicos”, dijo uno de los candidatos.

El jefe de campaña de otro coincidió. “En Bogotá hay peleas que toca dar y que si los candidatos las dan, pierden, porque son políticamente costosas. Probogotá las podría dar pero no quiere tomar partido y por eso terminan diciendo obviedades”.

Luis Guillermo Plata, el director de Probogotá, explicó a La Silla que por ahora su fundación buscar aportar insumos no solo de los técnicos en la ciudad sino también de los ciudadanos sobre los cinco ejes claves del desarrollo de la ciudad y que quieren trabajar con todas las campañas sin importar su tinte ideológico.

Parte de su propósito, más que entrar en confrontaciones, es poder tender los puentes que se necesiten para que suceda en Bogotá lo que más le convenga a los ciudadanos. Por ejemplo, jugaron un rol importante como intermediarios del acuerdo al que llegaron la administración de Petro y el gobierno nacional respecto del Metro.

Probogotá también ha tratado de acercar al comandante de la Policía de Bogotá con el Alcalde y tiene una buena interlocución con la secretaría de Movilidad.

Los retos

Ahora que habrá un cambio de alcalde, y que posiblemente el próximo o la próxima tendrá una relación menos conflictiva con los empresarios, podrían tener el espacio para incidir más.

Pero a diferencia de Proantioquia, en cuyo ejemplo se inspiran, Probogotá tiene unos retos grandes.

El primero es que mientras Proantioquia tiene un enfoque más cívico, de promover la rendición de cuentas de los alcaldes y estimular espacios de reflexión sobre la ciudad sin meterse a proponer programas concretos, Probogotá le está apostando a incidir con una visión propia , así no sea polémica.

Y lo segundo, es que los empresarios que conforman Probogotá -por ser nacionales- no tienen el arraigo y la influencia natural que tienen los de Antioquia o los de Probarranquilla o incluso los de Funcicar en Cartagena.

Es una credibilidad y una voz en los asuntos de la ciudad que se tendrán que ganar a punta del trabajo que haga Probogotá. Pero tienen el músculo para lograrlo.

¿Por qué Paola Andrea se volvió terrorista si era tan buena muchacha?

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Según la Fiscalía General de la Nación la doctora Paola Andrea Salgado Piedrahita es una terrorista que hace parte de la célula Domingo Laín del ELN, organización responsable de los atentados del 2 de julio en la ciudad de Bogotá y posiblemente de otros diez actos terroristas durante los últimos meses.

Según su jefe, el Alcalde Mayor de Bogotá, quien la identificó a través de un trino que remitía a una entrevista que le realizó hace unos años la periodista Cecilia Orozco, la funcionaria es un ejemplo de liderazgo en materia de derechos reproductivos, protectora de los menores y pionera en batallas legales para reivindicar las luchas de género.

Por eso suponemos que la contrató por la módica suma de 82 millones de pesos a través del Instituto para la Participación Comunitaria para trabajar en los hospitales de Chapinero y Suba.

Hasta ahora a la doctora Salgado la protege la presunción de inocencia y la Fiscalía, con el bororó armado por estas capturas, es mejor que tenga unas pruebas muy serias, no solamente para justificar las detenciones, sino también para llevar a cabo la condena efectiva de los responsables.

Un Sigifredo II faltando ocho meses para que se concluya el mandato del Fiscal puede ser demoledor para su legado histórico, sobretodo porque ya se están escuchando las voces de la izquierda que lo acusan de estar produciendo falsos positivos judiciales para saciar la sed de resultados de la opinión pública. (No dijeron lo mismo cuando esta misma Fiscalía vinculó a la investigación por los falsos positivos de verdad a cuatro generales de la República).

No obstante, al perro no lo capan dos veces, y la detención de los 12 chicos malos de nuestro pequeño hezbollah bogotano es un tema que debe ser más complicado de lo que parece.

Lo que me lleva al punto de este blog: ¿por qué Paola Andrea se volvió terrorista si era tan buena muchacha?

Empecemos con la entrevista que le concedió a Cecilia Orozco. Es un relato sobre su lucha para lograr que una EPS le realizara un aborto a una niña de 12 años argumentando que el embarazo le estaba causando “daño a la salud mental” y que por lo tanto estaba enmarcado dentro de los parámetros constitucionales para la interrupción voluntaria del embarazo.

La Corte finalmente le compró el argumento autorizando que la niña abortara su bebe de casi seis meses y medio (¡!), no sin antes ganarle una batalla campal a la Procuraduría.

Sorprende que esta Erin Brockovich criolla, que desafió el sistema, jugando con las reglas del sistema, y que triunfó resonantemente en contra de los poderes establecidos, crea que la forma de cambiarlo sea poniendo bombas para matar y mutilar a gente común y corriente.

Ella misma probó que la forma mas efectiva de cambiar la ley es con la ley en la mano y no con un coctel Molotov.

En la entrevista la doctora Salgado se limita a los detalles legales del caso, citando sentencias, certificaciones médicas, plazos procesales, etc. No hay diatribas en contra de la oligarquía, el imperio, la burguesía, la iglesia, ni siquiera contra el Procurador, que se opuso con pies y manos a la pretensión de la demandante. Mejor dicho, la doctora habló como una abogada profesional que defendió y ganó una causa en la que tenía convicción.

Tal vez una mejor comprensión de la doctora Salgado se logra a través de sus propias publicaciones en redes sociales. Allí aparece como una militante feminista de izquierda un tanto abrasiva (“¡las mujeres buenas van al cielo, las rebeldes a donde ellas quieran!” es un grafiti que publica en Facebook y una foto donde aparece topless con un escrito en la espalda que dice “Ninguna agresión sin respuesta”). Su vinculación es a grupos vociferantes y activistas, como el Congreso de los Pueblos y por supuesto al Polo Democrático línea PUP.

Todo perfectamente legal. Sin embargo….

No será la primera vez que una buena chica acaba poniendo bombas y matando gente inocente. Remember Diana Milena Guevara, la universitaria estudiante de medicina que bombardeó un bus de Transmilenio en 2003.

Según sus amigas “ella era una buena alumna, con promedios de 3,5 y 3,8. Cuando iba al centro a cine decía que si la mamá sabía la mataba. Llegaba en carro a la Universidad y siempre era amiguera y entusiasta…Ni su novio entiende por qué lo hizo”.

Pero lo hizo, como ella misma confesó después. Un amigote de nombre Rubén, de esos galanes mamertos que llevan 45 semestres en la Universidad Nacional mas interesados en engatusar a niñas ingenuas con ínfulas de Haydée Santamaría que en hacer algo verdaderamente útil, la reclutó y la convenció de que la mejor forma de lograr la justicia social era incendiar un bus urbano lleno de gente.

Imperfecto como es, el sistema judicial colombiano tiene que demostrar ahora que la justicia no es, ni para los de ruana, ni para los de corbata. Ni para los de uniforme, ni para los de mochila. Es para todos los ciudadanos. Tanto para defender sus derechos reproductivos como para castigarlos cuando atentan contra la vida, integridad y bienes de sus compatriotas.

Lo que está en juego en este caso es el estado de derecho y Paola Andrea, tal vez sin quererlo, nuevamente lo pondrá a prueba.

En el Magdalena: entre más primo… menos me arrimo

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A lo mejor ni cayó en la cuenta, pero este miércoles el orgullo nacional Carlos Vives protagonizó un episodio que refleja lo que están viviendo hoy muchos magdalenenses.

Ese día el cantante llegó a su natal Santa Marta y, en medio de sus afanes laborales, pasó a saludar a su primo hermano Joaquín José ‘Jota’ Vives, con quien al final se tomó una foto. Más o menos por el mismo rato, se topó por aparte con su también prima hermana Rosa Cotes Vives, e igualmente con ella accedió a hacerse una fotografía. Ambas imágenes comenzaron a rodar casi enseguida en redes sociales.

Carlos Vives con su primo Jota, candidato.
Carlos Vives con su prima Rosa, candidata. Los Vives viven en el curso de unas dos calles en el barrio Bellavista, por eso es común que se encuentren a cada rato.

En el Magdalena están entre la foto con Jota o la foto con Rosa. También primos hermanos entre sí, ellos son las dos opciones frente a las que está este departamento para elegir al próximo gobernador, en reemplazo de uno que también tiene sangre Vives: Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes Habeych, hijo de Álvaro Cotes Vives, sobrino de Rosa y primo segundo de Joaquín José.

Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y excongresista, él va avalado por el Partido Liberal, mientras ella -exprimera dama de Santa Marta y de la Gobernación en la Administración del Mello- tiene el respaldo de Cambio Radical.

Más allá de los partidos, Rosa Cotes representa en concreto los intereses del vicepresidente Germán Vargas Lleras y Jota Vives es muy cercano al expresidente César Gaviria, con quien habla casi todas las semanas para escucharle consejos.

Por ello no es difícil concluir que el pulso trasciende lo local y tendrá efectos en las presidenciales de 2018, en las que Vargas es un candidato cantado y también podría jugar Simón Gaviria, director de Planeación Nacional e hijo del exprimer mandatario.   

Como lo ha contado La Silla, la llamada Rosa del Magdalena es la carta que escogió el grupo del Mello y su papá Álvaro (conocido como ‘el Conejo’) para intentar conservar el poder. Hace cuatro años y en medio de ruidos por malas compañías, ellos llegaron a la Gobernación por firmas, pero se convirtieron al vargasllerismo, y al partido de éste, vía el jefe de Cambio Radical en el Caribe: el exalcalde barranquillero Álex Char.

En un principio iban solos, sin la coalición que ayudó a elegir al Mello (en la que estuvieron, entre otros, los excongresistas Jorge Caballero y Alfonso Campo, ambos condenados por parapolítica).

A Rosa Cotes le entregó el aval el mismísimo cacique del Atlántico, que ha financiado las campañas de Vargas Lleras, Fuad Char.
Alfonso Vives, director de El Informador, fue anunciado en el Instagram de Rosa como otro apoyo para ella.
Jota Vives fue avalado por los rojos, a principios de mes.

Pero en febrero pasado, luego de que esos excongresistas y otros (como Miguel Pinedo y Luis Eduardo Vives, también condenados por parapolítica) hicieran un cónclave para elegir un aspirante que enfrentara a Rosa, el Gobernador repartió cuotas burocráticas, selló alianzas con todos ellos y desarmó la eventual competencia.

Con las estructuras de estos caciques que antes se habían enfrentado entre sí y el poder de la Gobernación detrás, sin tener mayor trayectoria política, Rosa parecía entonces una candidata imparable.

Sin embargo, a mediados de junio el Mello cambió de opinión: pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete para poder romper la recién lograda coalición, aceptando la salida de los funcionarios que representaban a los caciques. Dos personas que conocen por dentro el movimiento del mandatario, nos dijeron que lo hizo porque considera que cuenta con los votos para que su candidata llegue sin necesidad de unirse con esos grupos y tener que compartir el poder después.

En una movida que no sorprende, los excongresistas retomaron su idea de montarle competencia a los Cotes y le dieron el impulso final a la aspiración -que venía sonando sin cuajar del todo- de Jota Vives, quien recibió el aval liberal a principios de este mes.

Así es como hoy terminaron enfrentados por el timón del Magdalena, no sólo unos primos y Vargas Lleras con el liberalismo, sino el poder de una Gobernación Vs la maquinaria de unos barones profesionales de la política que llevan décadas buscando votos, y cuyo poder se mantiene vigente -aunque diezmado- a pesar de sus condenas.

De esos caciques, el primero que se le fue al Mello, sin esperar siquiera que le aceptaran la renuncia a su cuota (Mónica Villalobos, quien dirigía la oficina de Gestión de Proyectos y renunció irrevocablemente cuando el Gobernador pidió las renuncias protocolarias), fue el exsenador Luis Eduardo Vives.

Un Vives que ya se había enfrentado con el grupo de los Conejos (como le llaman al papá del Mello y al tío de éste, Luis Miguel Cotes Vives) hace cuatro años, cuando el primero apoyó a la Gobernación a José Luis Pinedo, el hijo de Miguel Pinedo.

Luis Eduardo Vives hijo, Carlos Vives y el exsenador Luis Eduardo Vives.
El director de El Informador junto a Luis Eduardo Vives hijo, quien aspirará a la Asamblea en el liberalismo.

Y un Vives que, pariente de Rosa Cotes Vives y de Jota Vives, representa a una de las dos ramas sobre las que se ha proyectado esta familia que ha hecho política en el Magdalena desde hace 70 años.

Las dos ramas son la descendencia -que ha estado por épocas unida y en otras enfrentada- de los hermanos Rodrigo y Pepe Vives de Andreis.

Del ala de Rodrigo (concejal, alcalde, representante, senador y gran amigo del expresidente Eduardo Santos) nacieron entre otros el patriarca liberal del Magdalena Nacho Vives y Rodrigo, Luis y Elenita, los padres de los primos de las fotos del miércoles, respectivamente: Joaquín José, Rosa y Carlos Vives.

Del ala de Pepe (fundador en el 58 del periódico El Informador, de un banco bananero en la época de la bonanza, gobernador y empresario y terrateniente acaudalado) se cuentan entre ocho hijos al excongresista Edgardo Vives y a Pepe Vives, el padre del exsenador Luis Eduardo Vives. Este grupo político apoya a Jota Vives y al hijo de Luis Eduardo, quien lleva el mismo nombre, a la Asamblea.

Luego de la condena por parapolítica de este excongresista, esta parte de los Vives había disminuido su poder: su última Alcaldía de Santa Marta la tuvieron en 2001, llevan nueve años fuera del Congreso y se quemaron dos veces seguidas al Senado (en cabeza de Raúl Vives, hermano de Luis Eduardo).

La ramificación del viejo Rodrigo Vives de Andreis, también apenas si ha hecho presencia en lo público en los últimos años con Jota Vives (quien fue congresista, pero se quemó en 2006 en un intento por reelegirse) como magistrado del CNE y Juan Carlos Vives Menotti (exgobernador, hijo de Nacho Vives) como director de Estupefacientes en el segundo Gobierno Uribe.

Su asiento en el poder durante este cuatrienio corrió por cuenta de los Conejos y su hermana Rosa, quienes sin embargo armaron un grupo político aparte desde hace muchos años que incluso enfrentó en una ocasión las aspiraciones de Juan Carlos Vives Menotti, aunque en otras lo apoyó.

Ese grupo, después de varios intentos fallidos, ganó en 2003 la Alcaldía de Santa Marta en cabeza de José Francisco ‘Chico’ Zúñiga, el esposo de Rosa Cotes. En 2009, él fue condenado luego de que confesara haberse aliado con paramilitares para que lo apoyaran en esa elección. Los Conejos aparecen mencionados en el “computador de Jorge 40” como presuntos autores de una extorsión por un contrato en esa Administración.

Ahora quieren repetir Gobernación y en su intento les ha salido un Vives. El enfrentamiento entre primos, aunque nunca se había visto, no ha causado mayor sorpresa en un departamento tradicionalmente dominado por castas familiares.

Habrá que ver si los magdalenenses le premian la gestión al Gobernador o eligen a la gran coalición en su contra.

En poco más de tres meses se sabrá a cuál de los dos primos hermanos le cayó la gota fría.

El Polo deja a Mauricio Ospina con los crespos hechos

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Anoche el Polo Democrático decidió finalmente cuáles serán sus candidatos en el Valle del Cauca, que ha sido uno de sus fortines tradicionales. Sin embargo, el partido de izquierda quedó casi tan roto como venía desde febrero.

Al final la comisión nacional de avales del Polo decidió darle la bendición al ex representante Wilson Arias para la Alcaldía de Cali, pero escogió al poco conocido Alejandro Ocampo por encima del ex senador Mauricio Ospina para la Gobernación. Esa decisión fue tan polémica que Ospina, hermano del ex alcalde caleño Jorge Iván, va a tutelarla.

La historia arrancó el 15 de febrero, cuando el directorio departamental del Polo escogió a la fórmula de Arias y Ospina casi por unanimidad, con el ex senador sacando 44 de 45 votos posibles y Ocampo ninguno.

Una semana después el sector de Clara López impulsó una resolución que abrió una fuerte pelea entre los dos grandes bloques del Polo, entre otras cosas porque anulaba las decisiones tomadas en regiones y las mantenía en suspenso hasta que pasara el congreso del partido en mayo. Eso significó que, cuatro meses después, aún no había ninguna decisión.

El 13 de junio el presidente polista en el Valle citó a una nueva asamblea con todos los afiliados del Polo en el departamento, en la que unas 1.200 personas reunidas en el Auditorio del Sena en Cali aclamaron a Arias y Ospina. Unos días después, Ocampo citó a otra reunión con los delegados del Valle que habían ido al congreso, en la que una veintena de personas votaron por él.

Ese impase hizo que el tema llegara a la comisión nacional, que debe dirimir los casos cuando las regiones no logran llegar a un acuerdo. Y allí Ocampo terminó ganando, con los 6 votos del sector de Clara, contra los 4 que le pusieron a Ospina los sectores opuestos de los senadores Jorge Robledo y Alexander López.

El tarjetón a la Gobernación de Bolívar

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Con las inscripciones de candidatos abiertas y las campañas moviéndose por calles y pueblos, sin que aún esté permitido el proselitismo, la pelea por la Gobernación en Bolívar se calienta cada vez más. Estos son los rostros de los cuatro candidatos que protagonizan esa disputa para reemplazar al mandatario liberal Juan Carlos Gossaín.

Uno de ellos va por firmas, dos ya cuentan con aval y el otro está a la espera de que que le confirmen el respaldo de su partido. Con este, La Silla continúa sumando tarjetones para contarles quiénes son los candidatos que jugarán en las regionales de este octubre en el país.

 

Los acercamientos de verdes y el Polo, más allá de Bogotá

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​La reunión, el jueves pasado, de tres delegados del Polo Democrático con dos de la Alianza Verde, en la sede de ese partido, llenó hoy titulares porque -aunque la reunión fue solo exploratoria y falta trecho para definir un acuerdo- podría resultar en que los verdes dejen colgado de la brocha a su candidato a la alcaldía de Bogotá, el concejal verde Carlos Vicente de Roux. Más allá de la capital, la reunión dejó de los dos lados la sensación de que los dos partidos sí van a ir juntos es en Nariño, Santander y Boyacá.

En Nariño, donde la izquierda ha gobernado desde el 2003, la candidatura del ex senador Camilo Romero ya ha sumado apoyos liberales y conservadores y pinta muy fuerte. Romero es hoy en día de la Alianza Verde pero fue del Polo, se salió con la ruptura con el petrismo, y prefirió no aspirar a la reelección en el Senado para buscar la Gobernación. Si el Polo se suma a su candidatura, seguramente Romero hará formula con el ex rector de la Universidad de Nariño Pedro Vicente Obando a la alcaldía de Pasto, y la izquierda podría hacer moñona.

En Santander, la candidatura independiente del empresario Leonidas Gómez ha tenido el apoyo del Polo desde hace meses y es posible que los verdes -que no tienen candidato- se monten en el bus. De hecho, Gómez prefirió recoger firmas a lanzarse con el aval del partido de izquierda precisamente para buscar otros apoyos, pero sigue teniendo la campaña cuesta arriba.

Y en Boyacá el candidato que podría reunir a los dos partidos es el ex representante verde Carlos Andrés Amaya, quien tiene el aval de su partido, ha hecho alianzas con sectores sindicales y es uno de los nombres que ha considerado el Polo. Como Clara López ganó en primera vuelta en las principales ciudades boyacenses (Tunja, Sogamoso y Duitama), ese apoyo le puede dar un empujón importante a Amaya.

Además de esos tres departamentos, verdes y polistas podrían unirse en algunos lugares como Neiva, Yopal o Putumayo alrededor de una candidatura. Y en departamentos donde la ven definitivamente perdida, como La Guajira, están pensando ir juntos en comités que apoyen el voto en blanco.

En cambio, en el Valle (donde el Polo ha sido fuerte pero está roto) y Antioquia (donde los verdes avalan a Alonso Salazar en Medellín) no ven opciones de un acuerdo.


La buena hora de ‘Charranquilla’

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La mirada al río a través de varios proyectos de infraestructura, es una de las iniciativas de las administraciones del grupo Char más significativas para los barranquilleros.

Si Barranquilla fuera una mujer, sería hoy una dama estupenda, respetada, con buena salud, llamada a ser de las más bellas y exitosas del país, a la que sin embargo no podría acceder nadie más allá de lo que el círculo que la domina permita.

Ese círculo es el que encabeza el poderoso clan Char, que gobierna hace ocho años, se va a reelegir y cada vez adquiere más poder a nivel nacional, lo que ha hecho que en algunos corrillos locales algunos jocosamente se refieran a la ciudad como “Charranquilla”.

La llamada Puerta de Oro de Colombia es cada vez más de oro, aunque aún enfrenta retos grandes. Sobre ella, uno pasa de enterarse que es la ciudad con los mejores índices de transparencia, a leer que se abrió el noveno frente de trabajo en las obras que prometen acabar con el dolor de cabeza histórico de los arroyos, y luego ver que la alcaldesa está nominada en el premio al mejor alcalde que entrega la organización Colombia Líder. Titulares todos de los últimos dos meses.

Pero el buen momento no es asunto sólo de una Alcaldía o de un apellido. La unión poderosa entre esa destacable Administración y la pasada (ambas de la casa Char), el apoyo de los líderes gremiales, un Gobierno Nacional que se graduó de socio estratégico y la coyuntura de la apertura de los mercados y los TLC, que implican más inversión en los litorales y la relocalización de muchos proyectos empresariales, tienen a esta esquina clave del Caribe como una de las ciudades más prometedoras del país.

Una suerte de ‘nueva’ Medellín, que el mes pasado fue definida por Planeación Nacional como el mejor “vividero” de la Costa.

Barranquilla es una mujer deliciosamente fresca, consentida por las brisas que han permanecido casi todo este año desde sus vecinos río y mar, a la que no obstante por estos días se le nota con fuerza uno de sus (pocos, pero importantes) lunares: sus escasas opciones electorales.

Elsa Noguera y Álex Char.  
Otra imagen de la Avenida del Río que engalana a Barranquilla. 

Para darse cuenta basta con recorrer por encima algunos de sus barrios más populares, como Las Nieves, La Chinita o Ciudadela, en los que normalmente a estas alturas de un año electoral ya se siente la inminencia de las regionales, por la movida de los líderes o los recorridos casa a casa de los aspirantes. Incluso, por la campaña anticipada que es tradición regional con afiches o eventos públicos. Pero no esta vez.

A diferencia de la feroz competencia que viven desde hace meses en Santa Marta, Riohacha o Cartagena, por ejemplo, aquí nada de eso se está viendo en esta ocasión para la Alcaldía. (Hace cuatro años, Juan García le peleó a Elsa Noguera y, hace ocho, hubo pulso Alex Char Vs Máximo Noriega).

“En calidad de democracia no hemos avanzado, hay una crisis de liderazgo, deberíamos tener un ramillete de candidatos como el de Bogotá”, advierte sobre este punto el director de la ONG Protransparencia y columnista Horacio Brieva.

No hay pelea por la Alcaldía. Y la razón es la que ya conoce el país político: el ex alcalde Álex Char tiene su triunfo cantado desde hace meses, según las encuestas.

Sus únicos contrincantes son el exfuncionario, de la cuerda del exmandatario Bernardo ‘el Cura’ Hoyos (quien fue condenado por peculado por apropiación y celebración de contrato sin el lleno de requisitos) Rafael Sánchez Anillo, al que muchos ven jugando como sparring de Char. Y el líder de izquierda Antonio Bohórquez. Pero el segundo anunció hace unos días que estudia retirarse para aspirar al Concejo.

Char nada en aguas tan tranquilas, que ha estado viajando fuera del país y ahora anda de gira regional entregando los avales de su partido Cambio Radical en otras ciudades. Seguramente hará campaña cuando se inscriba oficialmente como candidato esta semana, pero es claro que no sufre afanes.

Como nos dijo un taxista, “él podría volver el 25 de octubre (día de las elecciones) en la mañana, que en la tarde está elegido”.

De su mano y de la de su sucesora y futura predecesora Elsa Noguera, la capital del Atlántico ha florecido en casi todo. Aunque prácticamente desapareció el activismo ciudadano y las voces críticas, continúan los problemas en la movilidad y los grandes contratos siguen quedando en manos de los mismos tres o cuatro mega contratistas, la mayoría de ellos trabajando de la mano de los políticos.

Barranquilla, en donde se unen el río y el mar, vive un buen momento, además, por la coyuntura de la apertura de mercados y los TLC. 
Ya no le dicen "La Arenosa" porque sus vías sin pavimentar en los barrios, ahora lucen así. 

La historia de un buen momento

Es probable que ningún barranquillero menor de 20 años lo sepa, pero hubo un tiempo en que en la ciudad -2 millones 460 mil habitantes, dos billones de pesos largos de presupuesto para 2015- salía barro de la llave del agua.

Fue el colapso de los servicios públicos en los 80, cuando a las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla las desbordó la politiquería y el clientelismo mientras intentaban prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Gente de la cuerda de los clanes Name y Gerlein llevaban controlandolas muchos años.

En el recuento de malas horas de la historia reciente de curramba, también están la última administración del Cura Hoyos (cuyos cuestionados manejos a las finanzas terminaron con la ciudad en Ley 550 o de Quiebras en la Administración siguiente). Y la de su heredero y luego enemigo Guillermo Hoenigsberg (condenado por peculado y contrato sin el cumplimiento de los requisitos), sobre cuya cabeza se posó el fantasma de los paramilitares en la Alcaldía, como lo contó La Silla.

La era Char comienza, precisamente, luego del acabose del Movimiento Ciudadano del Cura.

Hijo de la familia del magnate dueño de las tiendas Olímpica, después de pasar por el Concejo en el 97 y de ocho meses como gobernador en 2003 (aparentemente había perdido el cargo en 2001 con Ventura Díaz, pero luego el Consejo Nacional Electoral se pronunció a su favor), Char llegó a la Alcaldía con el apoyo de toda la clase política tradicional que iba en contra del liberal Eduardo Verano a la Gobernación. Todos incluidos los Name, rivales tradicionales de los Char.

Sus cuatro años se destacaron sobre todo por su labor para sanear las finanzas, en cabeza de su secretaria de Hacienda Elsa Noguera; por el desmonte de varias polémicas y onerosas concesiones y por haber proyectado muchas de las obras de infraestructura que hoy lucen en Barranquilla, incluyendo los megacolegios.

A Elsa le reconocen logros, especialmente, en los sectores de educación y salud. Y las cifras oficiales que nos entregó la Alcaldía la respaldan: su programa Universidad al Barrio le dio uso en horas no escolares a 20 colegios públicos, para que bachilleres sin oportunidades reciban clases técnicas todos los días de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los beneficiados son siete mil, según el dato oficial.

La cobertura en salud es del 100 por ciento y en este gobierno los estudiantes de las instituciones públicas pasaron de recibir todos meriendas (una cobertura total que logró Char) a contar también con desayuno y almuerzo todos los días.

Pero acaso el proyecto más significativo para los barranquilleros atribuido a estos dos gobiernos es la mirada sobre el río, que hace parte de un mega plan de transformación urbana. La ciudad que creció de espaldas al Magdalena, hoy ha vuelto la vista sobre él con tres iniciativas: la Avenida del Río, las obras de La Loma y el puerto de aguas profundas.​

Imagen de las obras del centro de convenciones Puerta de Oro, que se hace con plata pública y privada.
Álex Char adquiere cada vez más poder a nivel nacional, gracias a su alianza política y amistad con el vicepresidente Germán Vargas Lleras.

La Avenida del Río fue inaugurada en el 2012 y arranca en el remodelado edificio de la Intendencia Fluvial.

La Loma es una propuesta emblema de las alianzas público privadas que de manera permanente impulsa la Alcaldía. Cuesta medio billón de pesos y consiste en “un gran desarrollo inmobiliario, de uso mixto, en donde quedará la Alcaldía, un malecón, el 55 por ciento del espacio será público y habrá predios para uso privado”, como se lo definió la Alcaldesa a La Silla. Arrancó en agosto pasado.

El puerto de aguas profundas, como lo contó La Silla, es la súper concesión que va hasta 2055, costará unos 1,8 billones de pesos y consta de una zona franca e industrial de 800 hectáreas a la que podrán llegar barcos de mayor calado. La ciudad podría así hacerle competencia a Panamá con este negocio que quedó en manos de los empresarios Daes, Carlos Mattos y Julio Gerlein.

En esa revolución del cemento también se cuenta un extenso programa de pavimentación de vías llamado Barrios a la Obra, que comenzó Char y ha financiado el Gobierno a través de Fonade y el DPS, el centro de convenciones del Caribe y todas las obras que se van a hacer -también cofinanciadas- para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 que la ciudad se ganó.

Lo de los servicios públicos se solucionó con la creación, en 1991, de la empresa Triple A, cuya buena operación ha sido reconocida por los barranquilleros en las encuestas de percepción del programa Barranquilla Cómo Vamos.

Eso a pesar de que, de tener la mayoría accionaria, la ciudad pasó a perder ese activo desde que el exalcalde Édgar George le entregó el negocio a Aguas de Barcelona. Hoy el Distrito apenas quedó con el 14 por ciento. Pero el único servicio público que se mal presta es el de la luz, por culpa del caos de la privada Electricaribe, que está en siete de los ocho departamentos de la región.

La cereza del pastel barranquillero es la coyuntura del modelo de apertura de mercados, que le ha aportado a la ciudad cifras históricas de inversión privada y empleo. Por ejemplo, dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se contaron inversiones por 230 millones de dólares en Barranquilla. El dato es de la promotora de inversión de la ciudad, Fundesarrollo.

El año pasado, según la Agencia de Inversión del Atlántico Probarranquilla, se instalaron o ampliaron 75 empresas extranjeras en la ciudad, una cifra considerada récord.

Pero aun frente a todas estas luces, es posible ver algunos lunares.

Todos los días hay embotellamientos en las vías de Barranquilla.

Sin movilidad, sin voces críticas y con muchos mega contratos

Republicana y libre, a diferencia de Cartagena, Barranquilla es una dama que no ha respetado mucho las jerarquías y le ha abierto sus brazos con facilidad a movimientos disruptivos como el del Cura Hoyos y el petrismo (a Petro le fue bien aquí cuando se lanzó a la Presidencia y llenó la Plaza de la Paz, más recientemente, cuando el Procurador lo destituyó en Bogotá).

Sin embargo, si de algo carece la ciudad en esta era de los Char es de competencia política pues éstos lograron consolidar detrás suyo el apoyo de los caciques que antes competían entre sí.

Para reelegirse en la Alcaldía, Char cuenta con el apoyo del clan Gerlein y de congresistas como Efraín ‘Fincho’ Cepeda, Laureano Acuña y Álvaro Ashton, de partidos diferentes. Esta vez, no lo acompaña el grupo de los Name.

“Lo que hay es una hegemonía apabullante de las maquinarias que sostienen gobiernos locales, en buena parte con la compra y venta del voto”, le resumió el analista Brieva, de Protransparencia, a La Silla.

La Administración de Barranquilla efectivamente se sostiene en la misma clase política tradicional que en los 80 fue en buena parte responsable del colapso de los servicios públicos. Solo que ahora tienen un candidato que a los ojos de muchos representa lo contrario.

Y de la mano de la ausencia de una verdadera competencia política han desaparecido las voces críticas de antaño. Quizás porque dado el progreso visible nadie siente que tenga que hacer activismo en contra de nada, o quizás porque como dicen algunos expertos la medida de la oposición mediática la da la oposición política que le da ‘ideas’ e información a los periodistas y columnistas.

Durante la época del caos, El Heraldo, el principal medio barranquillero, fue clave junto a los líderes gremiales para plantear una agenda de ciudad que a la postre impulsó nuevos liderazgos como el de Char.

Son muy pocas las voces críticas. La del investigador de la Universidad del Norte Jairo Parada, quien ha escrito en columnas al respecto, dice que aunque hay pluralidad en los contratos medianos y pequeños, y las obras se están haciendo, los mega contratos siguen quedando en manos de los mismos tres o cuatro contratistas.

Esos contratistas tienen estrechos vínculos con la Administración, como lo contó La Silla.

Valorcom, de Julio Gerlein; A Construir, de los Daes; Sergio Torres y Castro y Tcherassi, son las empresas que se están quedando con el grueso de la contratación, según lo ha documentado Protransparencia.

Al respecto, la Alcaldesa nos dijo hace dos meses que si no hubiera transparencia, no avanzarían las obras, “porque en Barranquilla no ha habido un retraso que haya pasado de tres meses. Fueron muchos años de desadministración, pero ahora ha habido pluralidad en la contratación”.

Y mientras los negocios se mueven, lo que no avanza es el tráfico, quizás el lunar que en lo que tiene que ver con políticas públicas más le critican a las dos alcaldías del grupo Char. Barranquilla luce embotellada, desconectada vialmente y sin un sistema de caminos presentable.

Por todo lo anterior, no son pocos los retos que tendrá el Alcalde ‘cantado’ de esta ciudad que no se llama Charranquilla, así a veces parezca.

Uniguajira: el tercer jugador en las elecciones de Riohacha

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En estas elecciones hay una nueva fuerza disputándole la Alcaldía de Riohacha a los dos grupos que durante los últimos 25 años se han enfrentado por el poder en La Guajira. Ese tercer jugador es la Universidad de La Guajira.

Es tan obvia la forma como se ha puesto la universidad a disposición del candidato Fabio Velásquez, que muchos en la ciudad ahora llaman a Uniguajira “el movimiento de la Universidad” y a Fabio, el candidato del rector.

Como otras instituciones en la región Caribe, Uniguajira ha servido en el pasado de caja de votos para las legislativas y las locales, abriéndoles sus puertas a los políticos para que vayan de salón en salón haciendo campaña.

Sin embargo, es la primera vez que la definen como un movimiento autónomo, capaz de poner alcalde sin tener que contar con quien ocupe hoy esa silla ni la del Gobernador.

La mancha naranja 

Una mancha naranja tiñó las principales calles de Riohacha el viernes pasado por la inscripción de la candidatura de Fabio Velásquez a la Alcaldía de ese municipio.

 

Fabio Velásquez, oficialmente candidato desde el viernes pasado después de haberse inscrito con el aval de Cambio Radical, estuvo vinculado por 15 años y hasta julio de 2014 a esa alma máter. Se desempeñó como docente, director de posgrados y en su último cargo dirigió la Oficina de Planeación.

Desde allí fue uno de los hombres de confianza del rector Carlos Arturo Robles y hasta llegó a reemplazarlo cuando éste viajaba.

Velásquez comenzó a recorrer los barrios de Riohacha a finales del año pasado para socializar su aspiración a la Alcaldía y fueron esos recorridos los que le valieron la simpatía de la que hoy goza entre los habitantes de las comunas más necesitadas.

En ellas lo identifican como una opción independiente a la clase política tradicional de ese departamento.

Velásquez repite en cada una de sus actividades de campaña -también se lo dijo a La Silla- que es un hombre de origen popular, alejado de la “politiquería” y con credibilidad para generar convocatorias masivas, como la caravana del viernes que antecedió su inscripción en la Registraduría o el concierto cristiano que organizó el 19 de junio.

Si bien es cierto que Velásquez no viene de la política tradicional, 11 fuentes -entre estudiantes, periodistas, profesores, egresados y funcionarios, que accedieron a darnos información si protegíamos sus identidades- le contaron a La Silla que recursos de la universidad pública se han puesto en función de su campaña. No es poco apoyo: la universidad tiene 12.046 estudiantes, 170 docentes y un presupuesto anual de 79.500 millones de pesos.

La campaña en la U 

Fabio Velásquez se inscribió el viernes en la Registraduría de Riohacha con el aval de Cambio Radical. 
Los estudiantes de Uniguajira, especialmente los que se desempeñan como monitores y tutores, son participantes activos en la campaña de Fabio Velásquez. 
Los trabajadores y docentes de Uniguajira también apoyan abiertamente la candidatura de Fabio Velásquez. 

A cada evento de Fabio sus simpatizantes van uniformados con camisetas y gorras anaranjadas con las que convierten las calles de Riohacha en una gran mancha naranja. Ese color es cada vez más intenso gracias al respaldo que está recibiendo de la comunidad universitaria.

Aunque a La Silla le aseguraron que circuló un panfleto diciendo que Uniguajira le estaba poniendo unos siete mil millones de pesos a su campaña, no pudimos confirmar que eso fuera cierto.

El apoyo en recurso humano sí lo verificamos con todas las fuentes. Ese apoyo, nos contó uno de los cuatro estudiantes entrevistados, comenzó a visibilizarse con la recolección de firmas el semestre pasado.

Antes de tener el aval de Cambio Radical, el movimiento significativo Fuerza Viva que lo respalda recogió cerca de 50 mil firmas.

“A profesores y administrativos les exigían conseguir un número de firmas”, nos dijo uno de los estudiantes.

Otra universitaria nos manifestó que la recolección la lideraron diferentes jefes de área a través de reuniones, en las que les aseguraban a los asistentes que nadie estaba obligado a nada, pero les recordaban que ese era el candidato que más le convenía a la institución.

“Para nadie es un secreto la forma como se realizan esos procesos dentro de la universidad. Los mismos docentes a veces se quejan con uno: ‘Ay mira, colabórame con esta firma porque ahora me toca llenar estas planillas’. Entonces uno les colabora”, le dijo la estudiante a La Silla.

Oficializada su candidatura, según coincidieron 9 de las 11 fuentes consultadas, son cada vez más frecuentes las presiones a quienes están contratados por órdenes de prestación de servicio para que apoyen la campaña de Velásquez si no quieren perder la vinculación.

Eso le sucedió a un conocido de un periodista quien nos contó que a esa persona, que se desempeñaba en el área administrativa, la universidad no le renovó el semestre pasado su contrato de prestación de servicios (OPS) tras decir abiertamente que no acompañaría la candidatura de Velásquez.

El apoyo a Velásquez también incluye, nos aseguraron las fuentes, poner a trabajar en su candidatura a los estudiantes que se desempeñan como monitores o tutores.

Muchos lo hacen -según a quienes entrevistamos- por miedo a dejar de recibir el 50 por ciento de un salario mínimo y la exoneración del 100 por ciento de la matrícula, beneficios que para esos cargos contempla la alma máter. 

La rectora encargada Casta Peñalver Vanegas le negó por escrito a La Silla todas esas acusaciones y aseguró que la “universidad no es un actor en los procesos políticos” porque es “una institución netamente académica”.

Pese a que en un cuestionario que le enviamos a la Rectoría preguntamos por el número de órdenes de prestación de servicios y, después, por los estudiantes contratados, no obtuvimos información.

Tampoco recibimos respuesta ante los mensajes de insistencia, a través de la jefe de prensa Milena Paola Moscarella, para que fuera el rector quien directamente respondiera todos los señalamientos que hay en su contra.

Fabio Velásquez también le negó a La Silla todas estas acusaciones. Aunque sí reconoció el apoyo de algunos sectores de la universidad, lo justificó en la confianza que su nombre despierta entre sus excompañeros de trabajo al recordar su “buena gestión” en la alma máter. Dos fuentes consultadas también nos aseguraron que el respaldo es genuino en agradecimiento a la gestión que realizó como empleado uniguajiro.

Velásquez comparó su candidatura con la que hace cuatro años hizo el actual alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, quien capitalizó políticamente los logros acumulados desde la rectoría de la Universidad del Magdalena.

Consultado sobre el origen del dinero de su campaña, que no ha sido modesta, Fabio negó recibir recursos de la universidad y dijo que los comerciantes, ganaderos y transportadores, sin especificar sus nombres, han sido sus principales financiadores.

Y especialmente, Velásquez negó ser el candidato del rector Carlos Arturo Robles.

Las aspiraciones del rector 

Carlos Arturo Robles es rector de Uniguajira desde 2009. Su segundo y último periodo acaba en 2017. 

Aunque él niega ser el candidato del rector, así es visto en los círculos políticos guajiros.

Y es que lo tradicional es que el rector de la principal universidad pública del departamento se alinee con el candidato del gobernador, que para esta contienda es el liberal Andris Salas. Sobre todo, porque tanto el rector Carlos Arturo Robles como el gobernador José 'Chemita' Ballesteros son simpatizantes del ‘kikismo’, la corriente política del investigado exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.  

Sin embargo, desde el año pasado, Robles decidió no apoyar la aspiración del exsecretario Salas. Y dado que esto coincidió con el surgimiento político de su exdirector de Planeación y el apoyo de funcionarios de su universidad, quedó claro para muchos observadores que tenía candidato propio.

Este hecho generó tensiones hasta hace poco cuando el rector y el gobernador limaron asperezas y acordaron apoyar la candidatura de Oneida Pinto a la Gobernación. 

Con Velásquez, la universidad podría ganar la alcaldía capital el 25 de octubre próximo y sentar las bases de un proyecto político para alcanzar la Gobernación en 2019, muy probablemente en cabeza del rector. “Ganar Riohacha facilita el camino”, nos dijo un alto funcionario de esa ciudad.

El rector aún no ha manifestado públicamente tener interés en la Gobernación, una vez deje la Rectoría en 2017.

Cuando llamamos a esa institución para hablar con él nos aseguraron que estaba de viaje. La rectora encargada Casta Peñalver Vanegas dijo desconocer tales intenciones políticas porque Robles “está en el ejercicio de sus funciones, dedicado a lograr la acreditación institucional”.

Aunque Uniguajira todavía tiene un largo camino por recorrer para estar entre las 50 mejores del país como lo lograron en un reciente  escalafón sus pares de Cartagena, Córdoba, Magdalena, Atlántico y Sucre, es cierto que desde que Robles llegó a la Rectoría tiene 12 programas en proceso de acreditación y ha pasado de cinco a 17 grupos de investigación categorizados por Colciencias.

Pero ahora, por cuenta del apoyo de la universidad a la candidatura de Fabio, existe otra lectura sobre su gestión y es la de que la alma máter se ha convertido de la noche a la mañana en un movimiento político.

El proceso de paz resucita y a más revoluciones

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Desde hace meses militares activos discuten con comandantes de las Farc fórmulas para un cese bilateral y definitivo. Ahora este tema pasa a la Mesa de Negociación. Foto: Alto Comisonado para la Paz.

El proceso de paz no solo salió de los cuidados intensivos en los que estaba, según las declaraciones de Humberto de la Calle hace una semana, sino que parece haber entrado en su fase final.

Así se desprende del comunicado conjunto que divulgaron el Gobierno y las Farc al terminar este ciclo de negociaciones, en el que cuentan que acordaron agilizar la negociación en La Habana y desescalar el conflicto armado en Colombia.

Eso va en la línea de lo que el gobierno quería. meterle el acelerador y plantear un horizonte más o menos claro de cómo finalizaría el proceso. También va en la línea de lo que las Farc quería: entrar a discutir el cese bilateral lo antes posible. En todo caso, permanece en el medio el tema de la justicia, sobre el que todavía no hay un acuerdo y que es crucial para concretar el cese bilateral.

El acelerador
El anuncio de que aceptarán que el cese bilateral sea verificado y monitoreado por organizaciones internacionales y que aceptan un cronograma para acelerar la firma de un acuerdo final es un indicio de que esta vez las Farc sí tienen la intención de llegar hasta la dejación de las armas.

Las partes acordaron temas de procedimiento que son clave porque ya varios expertos habían dicho que los negociadores habían quedado “presos” de la metodología.

Hasta ahora la negociación se ha manejado a partir de ciclos intensos y relativamente cortos en los que la discusión de la Agenda se hace básicamente en dos escenarios: primero en grupos de 2 x 2 o 3 x 3 en donde Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo y otro negociador se reúnen de manera informal con el mismo número de jefes guerrilleros negociadores a explorar fórmulas posibles de acuerdo. Y después las someten a consideración de la mesa para ya negociar de manera oficial. Paralelamente hay una subcomisión que está analizando fórmulas para el cese bilateral conformado principalmente por militares activos bajo el mando del general Flórez.

Ahora acordaron “un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la Agenda, a la vez que se construyen acuerdos en la Mesa”. 

Es decir que ahora se conformarán más grupos similares al de Flórez  para que vayan trabajando alternativas sobre cómo sería el tema de la justicia, de la dejación de armas, la refrendación e implementación de los acuerdos y también para los puntos que siguen pendientes como el de la zonas de reserva campesina.

El trabajo paralelo de estas subcomisiones en principio agilizaría la discusión de los negociadores, pues ya no dependería todo de que Jaramillo y de la Calle estén presentes en todas las discusiones sino que habría grupos de trabajo conjunto elaborando escenarios posibles.

En el comunicado, el Gobierno y las Farc dicen que “para llegar sin demoras a la firma del  Acuerdo Final” definieron “un plan con metas preestablecidas”, que no dieron a conocer. 

Este plan se convertiría en el nuevo marco de la negociación y despejaría las dudas de quienes pensaban que quizás las Farc estarían interesadas en esperar a negociar con un próximo presidente que tuviera mayores márgenes de popularidad.

Es evidente, con esto, que la guerrilla estaría en principio interesada en finiquitar la negociación antes del 2018.

El segundo punto grueso que anunciaron es que van a acordar “sin demoras los términos del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación.”

Así, entonces, queda claro lo que ya ha había anunciado De la Calle y el mismo presidente Santos en frente de todo el pleno militar: el gobierno accedió entrar a discutir ya el cese bilateral de fuego. Accedió a hacerlo, además, antes de que las Farc aceptaran públicamente que van a asumir una responsabilidad penal por los crimenes que han cometido.

Sin embargo, según lo dijo el jefe negociador en su comunicado público, este cese bilateral no se pactará antes de que tengan claro de el gobierno que la visión de justicia que tienen las Farc es compatible con los estándares internacionales que quiere seguir el gobierno colombiano.

Es decir que, si como dijo el guerrillero Carlos Antonio Lozada, las Farc piensan que el camino es la “amnistía general”, no habrá cese bilateral del fuego ni proceso.

Pero según ha podido establecer La Silla por diversas fuentes, las partes se están acercando a una fórmula que implicaría que la guerrilla acepte una condena penal que no les implique renunciar a la participación política ni a su visión de sí mismos como revolucionarios y que sería sustituida por una pena alternativa diferente a la cárcel.

Si logran acordar los parámetros generales de esa justicia, mientras acuerdan los detalles, se proseguirá con la discusión del cese bilateral. 

Es interesante que, según el comunicado, no se tratará solo de un cese del fuego (es decir de las acciones propiamente militares) sino también de hostilidades (agresiones a la población civil como las extorsiones, ataques a infraestructura, etc). Y que éste iría unido a la discusión de dejación de armas.

Además, las partes estuvieron de acuerdo en que sería verificado y monitoreado. Aunque no lo dicen explícitamente, es claro que esa verificación será internacional pues las partes solicitarán el acompañamiento en la subcomisión técnica que estudia fórmulas para el cese bilateral de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de Uruguay, como presidente de Unasur.

Este acuerdo -aceptar algún sistema de verificación- tiene implícito que habrá algún tipo de concentración de tropas de las Farc, dado que es la única forma viable de monitoreo. Esto sería un logro de los negociadores puesto que las Farc siempre han abogado por un cese bilateral tipo “estatua” en el que cada parte se queda donde está pero no se deja contar.

Varios guerrilleros desmovilizados le han dicho a La Silla que apenas la tropa se concentra en un sitio o varios, el reloj comienza a correr en contra porque es virtualmente imposible tener a los guerrilleros quietos durante mucho tiempo sin que la situación se torne inmanejable.

Y como la ventaja estratégica de una guerrilla está en que no se sabe ni dónde están ni cuántos son, que hayan aceptado discutir un cese definitivo y verificado es un indicio de que están preparadas para llegar hasta la firma del Acuerdo Final.

El desescalamiento
 
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La entrevista que dio De la Calle, que contenía un ultimátum y varias zanahorias, consiguió su objetivo de meterle el acelerador a la negociación y acordar una ruta hacia el final.

Mientras en la Habana se debate cómo llegar al fin del proceso, en Colombia se comenzarán a implementar medidas de desescalamiento del conflicto armado como una forma de comenzar a reconstruir la confianza que por lo menos la mitad del país tenía en la negociación.

Aunque las Farc la semana pasada ya habían anunciado un cese unilateral del fuego, lo habían condicionado a que era por un mes y siempre y cuando se pactara un cese bilateral. Como ya lograron que se comenzara a hablar lo segundo, su cese unilateral será ahora por lo menos durante cuatro meses.

Por su parte, el Gobierno, también a partir del 20 de julio, “pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP.” 

En otras palabras, dejará de bombardearlos y seguramente de atacarlos intencionalmente.

Este proceso de “desescalamiento” tendrá un plazo de cuatro meses, al término de los cuales gobierno y Farc harán una “primera evaluación” para “tomar las decisiones que considere pertinentes.” En su alocución, Santos dijo que al cumplir los cuatro meses, evaluará si sigue o no el proceso de paz.

Con este plazo, y suponiendo que no lo rompan como lo hicieron cuando mataron a los 11 soldados en el Cauca, el gobierno garantiza que habrá elecciones en relativa calma o por lo menos sin acciones militares por parte de las Farc. Otra cosa serán las movilizaciones sociales que seguramente se intensificarán en las semanas previas a elecciones.

Como lo contó La Silla, el fin de semana pasado se reunieron cientos de cocaleros de todo el país en la Constituyente de la Coca en Mocoa, Putumayo. Estos cocaleros estos desde ya están planeando un gran paro agrario, junto con otros sectores campesinos –como los del Catatumbo- que acusan gobierno de no cumplirles los acuerdos logrados tras el paro del año pasado, que paralizó una parte del país.

El paro es el plan B de los cocaleros si el presidente Santos no les cumple la promesa que, según los líderes los de la Cumbre Agraria, les hizo: arrancar unos pilotos de sustitución de cultivos muy similares a los que las Farc propusieron hace dos semanas y que apuntan a comenzar a implementar ya los acuerdos sobre cultivos ilícitos.

Probablemente es a este tipo de ‘pilotos’, que comiencen a implementar desde ya los acuerdos, es a lo que se refiere el último punto del comunicado conjunto cuando dice que “El Gobierno Nacional y las FARC-EP intensificarán, sobre la base de un cronograma, la implementación de medidas de construcción de confianza.”  También hay otros acuerdos como la liberación de los menores de edad de la guerrilla; la sacada de la cárcel de los guerrilleros enfermos o ancianos o que ya hayan pagado una parte importante de la pena, etc.

Si es así, esto implicaría otro cambio en las reglas inicialmente pactadas sobre la conducción del proceso que decía que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” y que buscaba que las Farc no pudieran lograr ganancias incrementales con el proceso que se constituyeran en incentivos para dilatar la llegada a la firma.

En todo caso, con el acuerdo sobre desminado ya habían comenzado a implementar un acuerdo concreto antes de la firma, aunque en ese caso el único beneficiado era la población civil.

Quizás ahora, con el compromiso explícito de acelerar la fase final del proceso, es más importante que las Farc vayan ganando confianza en que el Gobierno no les va a hacer ‘conejo’ a los acuerdos y que realmente las armas se volverán inútiles para hacer la política que quieren. También será más fácil para muchos colombianos seguir la recomendación del Presidente, que pidió "creer" en que el fin del conflicto será posible.

La comisión élite de las drogas se colombianiza

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The Lancet, la revista médica más prestigiosa en el mundo y una de las publicaciones científicas más influyentes, acaba de crear su propia comisión para evaluar los efectos que ha tenido la política de drogas internacional en la salud pública. Y para evaluar el impacto de la aspersión de coca invitó a un colombiano, el economista Daniel Mejía.

Con esta comisión, el Lancet decide entrar a jugar por primera vez en el debate sobre hacia dónde debe ir la guerra contra las drogas. De hecho, sus conclusiones saldrán en marzo, seis meses antes de que la Asamblea General de la ONU aborde por primera vez el tema de política de drogas y se pueda ver si hay un consenso internacional para un cambio de estrategia.

Mejía, que dirige el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, ha hecho varias investigaciones sobre los efectos sociales y económicos de la 'guerra contra las drogas', incluyendo una que concluyó que sí aumenta la probabilidad de tener enfermedades de piel o abortos en zonas fuertemente fumigadas.

Además, estuvo en las dos comisiones asesoras que creó el gobierno Santos sobre política criminal y de drogas, que recomendaron replantear la fumigación por ser una estrategia de baja eficacia y muy alto costo.

Y también participó en el estudio del London School of Economics que -con la firma de cinco premios Nobel de economía- le pidió hace un año a las Naciones Unidas que le dé prioridad a una política antidrogas basada en evidencia científica.

Con Mejía estarán algunos de los mayores expertos mundiales en temas de salud y drogas: Carl Hart, el profesor de la Universidad de Columbia que es uno de los mayores expertos en adicciones; el francés Michel Kazatchkine, que dirigió el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y Malaria; Chris Beyrer, el presidente de la Sociedad Internacional sobre Sida que reúne a 16 mil investigadores de la enfermedad y Joao Goulão, quien estuvo al frente del modelo pionero de descriminalización en Portugal. El único otro latinoamericano es el abogado mexicano Alejandro Madrazo, investigador del Cide, una especie de Dejusticia.

Un burro hablando de orejas

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Alejandro Ordóñez acusó al Gobierno de presionar al Consejo de Estado para que éste anule su elección. Dijo que lo estaba haciendo a través del nombramiento de hijos de dos magistrados. En otras palabras, el Procurador señaló a Juan Manuel Santos de utilizar exactamente la misma estrategia que usó Ordóñez para asegurar su reelección.

Los argumentos de Ordóñez es que la Cancillería nombró a la hija de la magistrada Stella Conto en París y que la hija del ex magistrado Gustavo Gómez Aranguren trabaja en el Ministerio del Interior.

Las dos cosas son ciertas.

En el caso de la hija de la magistrada Conto, se trata de María Carolina Albán, una socióloga con maestrías en economía y políticas públicas y desarrollo, y en proceso de hacer un doctorado en economía en La Escuela de Economía de París con una beca de Colfuturo.

Albán fue nombrada segunda secretaria en la embajada en París en agosto del año pasado, tras una carrera esencialmente académica como asistente de investigaciones de Colciencias y la Universidad del Rosario, entre 2001 y 2006, del Icfes entre 2006 y 2008 y consultora de la Ocde entre 2009  y 2011.

En el caso de la hija del ex magistrado Gómez, se trata de Victoria Carolina, una politóloga de la Universidad de Los Andes que trabajó como coordinadora de la Maestría en Ciencia Política de su universidad entre 2005 y agosto del año pasado. En noviembre de 2014 Juan Fernando Cristo la nombró como su asesora en el Ministerio, en el rango más bajo de los asesores y con un salario básico de 5,3 millones de pesos.

Lo que no dijo Ordóñez es que si si hoy el ex magistrado Gómez (que ya no va a votar la demanda de la reelección del Procurador) tiene una hija trabajando en el Gobierno, su otra hija trabajaba con Ordóñez cuando éste buscó la reelección y el voto de Gómez le resultaba útil: como contó La Silla en 2012, Carmen Helena Gómez Segura fue nombrada en 2011 por Ordóñez como su asesora, con un salario básico mayor al de su hermana del Interior, de 7.4 millones de pesos.

Es decir, lo que Ordóñez critica hoy es algo que él hizo para beneficiar a la misma persona y cuando sí podía intervenir a su favor.

Y este es apenas un ejemplo de que el Procurador ha usado la estrategia que hoy le parece reprochable.

Como contó La Silla a finales de 2012, cuando Ordóñez estaba calentando motores para ser releegido, el Procurador había nombrado a por lo menos 76 amigos o familiares de altos magistrados y congresistas, incluyendo de siete consejeros de Estado de quienes dependía su nominación.

Esos nombramientos eran, en su mayoría, en cargos de Procurador Judicial I (que tiene unos ingresos mensuales de alrededor de 18 millones de pesos) o de Procurador Judicial II (que ganan unos 21 millones de pesos), y eran de libre nombramiento y remoción de Ordóñez.

Ésta es la lista completa de esas fichas (si no abre, por favro refresque su navegador):

La que Char no gana, la empata

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Como lo contó La Silla, desde que se supo que a Eduardo Verano le darían el aval rojo para la Gobernación del Atlántico, el grupo de los Char está en coqueteos con él para subirse a ese bus. Una movida que está a punto de hacerse pública confirma la llegada de ese clan a la campaña del exgobernador: la carta que tenían los Char para esa contienda adherirá a Verano.

La Silla Caribe confirmó que Verano y Jaime Pumarejo se reunieron y que, en los próximos días, el segundo hará una declaración pública de respaldo al candidato liberal.

Dos fuentes conocedoras de ambos proyectos, nos contaron por aparte que se adelanta una suerte de empalme para que Verano tenga en cuenta algunas de las propuestas que tenía Pumarejo para la Gobernación, y que definitvamente el ex gerente del centro de eventos de Barranquilla sí desmontará su aspiración.

Una tercera fuente nos dijo que el acuerdo se habría refrendado en el desayuno que tuvieron hoy Pumarejo y Verano.

Como lo ha contado La Silla, Pumarejo pidió el aval en el Partido Liberal para aspirar a la Gobernación del Atlántico con el respaldo del exalcalde Álex Char y en representación de esa casa política. Durante varias semanas, hubo total incertidumbre en el trapo rojo sobre a cuál de los dos aspirantes llevaría el Partido a apostar en las regionales de octubre, para intentar mantener ese cargo que está actualmente en manos del liberal José Antonio Segebre.

(Portada de este confidencial: fotomontaje de La Silla Vacía).

Los punteros en Manizales, de aliados políticos a enemigos viscerales

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La carrera por la Alcaldía de Manizales, en la que el uribismo se está jugando una de sus cartas más fuertes en todo el país, es mucho más que una pelea electoral. Es la continuación de una larga pelea visceral y económica entre las familias de los dos candidatos más opcionados.

Oficialmente es una pelea de primera entre una ficha muy fuerte del uribismo y otra del santismo, que fueron aliados políticos hasta hace apenas unos años: la ex senadora Adriana Gutiérrez -que viene del grupo político de Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos- por el Centro Democrático y el ex alcalde Luis Roberto Rivas por el lado de la Unidad Nacional.

Solo que entre ellos hay otra disputa personal de más hondo calado.

La pelea política
Hasta hace un par de semanas la favorita, la ex senadora y uribista Adriana Gutiérrez ahora tiene competencia por la Alcaldía de Manizales.
Luis Roberto Rivas, un popular ex alcalde de Manizales, es la carta de la Unidad Nacional para frenar a Gutiérrez y el uribismo.

Hasta hace tres semanas, Adriana Gutiérrez era vista como imbatible en Caldas.

La ex senadora y heredera del poderoso grupo político de Hoyos y Zuluaga está de regreso a la política tras ver cerrada una investigación por parapolítica en su contra y haber sido la gerente de la campaña presidencial de su aliado en Caldas.

Su candidatura pinta muy fuerte dado que es bien conocida y que el Centro Democrático arrasó allí hace un año, doblando a Santos en las presidenciales. Para completar, se le unieron el grupo del ex senador conservador Ómar Yepes y el Mira.

A finales de junio, sin embargo, los tres grupos políticos más fuertes del santismo en Caldas le pusieron un gallo de pelea.

El escogido fue Luis Roberto Rivas, un conservador del grupo político del senador Luis Emilio Sierra que ya fue un alcalde popular entre 2005 y 2007.

“Hizo una alcaldía de obras”, es como lo describe una persona que conoce la movida política manizalita. Su obra más recordada es el Cablevía, el teleférico que une el céntrico Parque Caldas con el municipio de Villamaría.

Su escogencia puso fin a varios meses de búsqueda para los grupos santistas de Sierra, Mauricio Lizcano y Hernán Penagos, que ya se habían puesto de acuerdo en el nombre del ex gobernador Guido Echeverri para mantener la Gobernación pero no tenían ficha en la capital. Su carta más fuerte, la ex representante sierrista Juana Carolina Londoño, prefirió quedarse en Bogotá como gerente de Fiducoldex.

Con Rivas, sin embargo, emparejaron la carrera. Además, reabrieron viejas heridas.

Una amistad que se quebró
La candidatura de Rivas fue ideada por los tres caciques santistas de Caldas: Mauricio Lizcano y Hernán Penagos de La U y el conservador Luis Emilio Sierra, de cuyo grupo viene el ex alcalde. Se quedaron por fuera los liberales, que se fueron con el ex concejal José Octavio Cardona.
Originalmente los santistas se habían puesto de acuerdo en el nombre de Guido Echeverri para la gobernación, pero tenían más enredada la carta en Manizales.

Curiosamente, los dos candidatos punteros vienen del mismo lado de la política caldense: la 'coalición B' que se enfrentó a la 'coalición yepobarquista' de los caciques Víctor Renán Barco y Luis Guillermo Giraldo (liberales) y Ómar Yepes (conservador), que controló durante 30 años al departamento.

Gutiérrez se enfrentó a ellos como candidata a la Gobernación en 1991, representante y senadora. Y Rivas como uno de los 'Quíntuples', el grupo de diputados que formó el primer grupo de oposición en la Asamblea (junto con el ex senador Jaime Alonso Zuluaga, primo de Óscar Iván).

Ambos son además muy cercanos al ex ministro Germán Cardona, muy querido en la ciudad desde que fue alcalde como líder de una coalición cívica en la que Gutiérrez fue un apoyo desde el empresariado y Rivas su gerente de Infimanizales.

De hecho, Gutiérrez -como senadora y líder de La U en Caldas- fue uno de los apoyos cruciales de la campaña a la alcaldía de Rivas. Y, a cambio, su grupo político recibió cuatro secretarías, la secretaría general, la gerencia de Aguas de Manizales, la del Invama y la de Infimanizales.

Pero esa alianza política y esa amistad se quebró en 2009 cuando estalló en Caldas el escándalo de Integramos S.A., un descalabro financiero que dejó 130 damnificados por unos 9.500 millones de pesos. Y que mojó mucha prensa porque entre ellos estaban figuras de la élite caldense como la ex Miss Universo Luz Marina Zuluaga, la ex gobernadora Pilar Villegas y su hijo el ex congresista Juan Martín Hoyos, o la ex gobernadora Dilia Estrada.

Y también cinco familiares de Adriana Gutiérrez: su esposo Héctor Jaramillo, sus hijastros Pablo y Simón Jaramillo y sus consuegros Beatriz Jaramillo y Julián Echeverri.

Como le reconoció la candidata a La Silla, “hay mucha gente allegada a la familia. Aunque yo no sé el detalle de qué tenía cada uno”.

El escándalo que los separó
Rivas culpa al ex ministro Óscar Iván Zuluaga, padrino de Gutiérrez, de las actuaciones del gobierno Uribe en el escándalo de la firma de su familia. Foto: Santiago Mesa.

El escándalo de Integramos S.A. es un caso tan complejo que el último Supersociedades -Luis Guillermo Vélez- lo describió en 2011 como “el proceso más complicado que hay (...), incluso por encima del grupo Nule y el de Frontino, y no lo digo por el tamaño, porque en cuestión de liquidaciones son mucho más grandes las otras”.

Los Rivas eran dueños de una comisionista llamada Integramos S.A., que buscaba personas que invirtieran en operaciones en la bolsa agropecuaria. El negocio consistía en que, a cambio de financiar negocios de exportación de café, los inversionistas ganaban hasta un 15 por ciento de rentabilidad anual y los Rivas un 3 por ciento de comisión.

En uno de esos negocios, con la empresa Frutales de Cosecha, Integramos consiguió que 130 inversionistas depositaran su plata en la empresa estatal Almagrario y recibieran certificados de depósito de mercancía a cambio. Recibieron ganancias en una ocasión, hasta que otro escándalo dañó el rentable negocio.

En ese momento, dos exportadoras de café locales -Ecocafé y Máximo, propiedad del polémico ex gobernador Mario Aristizábal- emitieron certificados de operaciones de café con Almagrario por más plata de la que tenían en inventario, otro escándalo que generó un duro debate en el Congreso.

Según Rivas, Almagrario agarró entonces la plata de la fiducia de Frutales para llenar ese hueco y luego se quedó sin cómo responderles a sus 130 inversionistas.

El escándalo estalló casi al tiempo que el de DMG y la Superfinanciera intervino la empresa como presunta cabeza de una pirámideque había captado recursos ilegalmente. Después de eso, la Supersociedades intervino a varios familiares de Rivas que estaban en la junta de la empresa y al propio ex alcalde.

Al final, bajo el monitoreo de la Supersociedades, desde el 2013 comenzó a devolverle a 110 personas que habían invertido menos de 60 millones de pesos. A los 20 que pusieron más plata, incluidos los tres familiares directos de Gutiérrez, se les pagó 60 millones. Y el excedente se les devolverá apenas la Supersociedades apruebe un plan de pagos que ya presentó el liquidador y que aprobaron los acreedores, que creará una fiducia con los antiguos bienes de los Rivas que no han sido vendidos.

Rivas argumenta que su familia terminó respondiendo por las deudas de una operación irregular de Almagrario y que nunca vieron un peso de esa plata. Dice que a él lo embargaron pese a que había salido de la junta antes de ser alcalde y que a todos los intervinieron sin siquiera una investigación previa.

En particular, culpa de lo que les pasó a Óscar Iván Zuluaga, que por ese entonces era Ministro de Hacienda y supervisaba tanto a la Superfinanciera como la Supersociedades.

“Movió un dedo para mal. Él apoyó que nos fregaran”, dice el ex alcalde. “Fuimos donde el Supersociedades Hernando Ruiz, quien nos dijo que no sabía por qué se había dado la intervención sino solo que él recibió un llamado de Palacio con la orden. Y que fue donde Óscar Iván a consultarle y que él les dijo que simplemente actuaran como decía Palacio”.

(La Silla intentó comunicarse con Zuluaga pero éste explicó que estaba en la dirección nacional del Centro Democrático y sólo podría hablar más tarde).

De hecho, los Rivas en pleno presentarán en agosto una demanda contra el Estado, liderada por los ex magistrados Jaime Arrubla y Augusto Ibáñez, por los presuntos errores judiciales en su caso.

“Lo fundamental es que se devuelve el 100 por ciento de los dineros a los acreedores”, dice Rivas. No es lo mismo que piensa Gutiérrez, quien insiste en que “hasta que no se venda eso, no se sabe cuánto les van a pagar.

Este escándalo y disputa económica, que había quedado entre la sociedad manizalita, se comienza a convertir en uno de los ejes de la campaña electoral y ya se ha convertido en una estrategia de campaña.

Varios de los familiares de Gutiérrez -incluidos algunos afectados directos- se están moviendo en medios y redes sociales para ligar la campaña de Rivas a ese escándalo.

Sergio Echeverri, el cuñado del hijastro de Gutiérrez, ha trinando que Rivas es un “estafador” y que“no contento con la estafa de Integramos ahora quiere lanzarse de nuevo a la alcaldía de Mazles”. Y su hijastra Lina Jaramillo ha movido en su Facebook el artículo de Semana de 2009 que describe a los Rivas como “los Madoff criollos”, comparándolos con el magnate gringo Bernard Madoff que estafó a cientos de personas.

Su hijastro Pablo Jaramillo apareció en CM& a comienzos de junio, cuando apenas Rivas comenzaba a sonar como candidato, explicando que “llegamos a esa empresa porque la había montado un ex alcalde de Manizales, Luis Roberto Rivas”. (Esa nota, sin embargo, omitió el nombre del entrevistado así como su filiación con la candidata rival).

Adriana Gutiérrez toma distancia de esas acciones y subraya que “tengo una propuesta clara para llegar a la Alcaldía y no necesito acudir a esas prácticas para lograrlo”.

“Eso no es una estrategia de mi campaña y yo les he dicho que no es la mejor manera. Pero es inevitable que los que fueron afectados por un problema tan serio sientan ira y vayan a las redes a divulgar lo que les ocurrió. Eso yo no lo puedo evitar”, le dijo a La Silla Adriana Gutiérrez, añadiendo que “más allá de que paguen, es un tema de conducta”.

Por eso, todo parece indicar que una de las disputas más cerradas entre el uribismo y el santismo la ayudará a dirimir un enconado conflicto familiar.


La volteada de Musa

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Luego de asistir a reuniones y tomarse la foto con la alianza del Toconyá (todos contra Yahir Acuña) en Sucre en enero pasado, el senador Musa Besaile terminó ayer anunciando su respaldo a Milene Jarava de Acuña, la esposa y carta de Yahir a esa Gobernación.

La volteada de Musa se cocinó hace varias semanas y se dio vía su aliado Ramón Muskus, quien fue secretario y defensor del parapolítico Salvador Arana y aspiró a la Gobernación de Sucre hace cuatro años por el viejo PIN apadrinado por Arana y Acuña, según Verdad Abierta.

Muskus es sahagunense, pero se hizo políticamente en Sincelejo y hoy es uno de los principales aliados del proyecto político del cuestionado Yahir Acuña (investigado por parapolítica y famoso por conseguir votos a punta de repartir billete y whiskey).

En su movida, Musa ahora tendrá que enfrentar a las directivas de su partido, el de La U, que tienen pensado anunciar dentro de tres días su apoyo al candidato liberal a la Gobernación de Sucre, Jairo Barona. 

"Una vez haya candidato, los militantes ya no podrán apoyar candidatos diferentes", le dijo a La Silla Roy Barreras, senador y copresidente de La U. 

A Barona y a Jarava se sumará como candidata en los próximos días la empresaria Marina Merlano de Vergara, quien tiene casi definido su aval por Cambio Radical e iría apoyada por los senadores Antonio Guerra, Bernardo 'el Ñoño' Elías y Teresita García.

Contra su partido y su padrino

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Óscar Ospina, el representante verde del Cauca, está metido de lleno en una campaña para la Gobernación. Pero, al hacerlo, está cazando dos grandes peleas, una con su partido y otra con su padrino político.

Ospina está respaldando la candidatura del empresario de radio Felipe Muñoz, la ficha de La U, al punto que hace dos meses intentó convencer al directorio departamental de la Alianza Verde que apoyara al candidato que respaldan el ex senador Aurelio Iragorri Hormaza y el representante John Jairo Cárdenas.

El problema es que esa decisión lo alejó aún más del gobernador Temístocles Ortega, de quien Ospina fue Secretario de Salud y cuyo grupo político le ayudó a ser elegido con 28 mil votos, la segunda votación del departamento.

El grupo de Ortega, que está aliado con el senador liberal Luis Fernando Velasco en el llamado 'titochuspismo'-, impulsa al ex secretario de Infraestructura Óscar Campo a la Gobernación y a la abogada Jimena Velasco -hermana del senador y próximo presidente del Congreso- a la Alcaldía de Popayán.

El otro lío para Ospina es que también terminó agarrado con su partido. Aunque él insiste en que los verdes caucanos apoyarán a Muñoz, la dirección nacional de la Alianza Verde rechazó esa decisión -con la senadora Claudia López describiendo al candidato de La U como un “viejo socio político” del parapolítico Juan Carlos Martínez- y está buscando a un candidato de coalición para montar una tercería.

El más opcionado es Santiago Zambrano Simmonds, un abogado que fue candidato a la Gobernación del Cauca hace cuatro años y quedó quinto con 17 mil votos, al que Ospina descartó como “incoherente” por haber comenzado a hablar de una tercería sin hablar con los verdes.

Eso también distanció a Ospina de su partido, pues su viejo aliado Jaime Navarro Wolff -nuevo secretario general verde, hermano del senador Antonio Navarro y quien fue el artífice de su llegada al partido- ha defendido la alianza hecha el año pasado con el Temístocles y Claudia López fue quien llevó el tema de la inscripción de Zambrano a la dirección nacional.

Detener a los detenidos: culpabilidad 2.0

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Hay una columna de Antonio Caballero que es difícil de rastrear porque no está en internet. En ella el escritor y dibujante cuenta que va manejando un carro y, sin motivo aparente, es detenido por un policía para una revisión de rutina. El agente de tránsito pide los papeles del automóvil y pasa revista a todo lo que el código de tránsito señala, desde el certificado de gases vigente hasta las últimas dos aspirinas del botiquín. El carro cumple con todo pero, al final, antes de devolver los papeles, el policía se queda mirando la licencia de conducción y señala que ahí dice que debe conducir con gafas. Caballero dice que se hizo operar los ojos y que ahora ve mucho mejor, el policía le pide el certificado de la operación. Caballero dice que no anda con ese papel pero que si el policía quiere él le puede demostrar que ve lo suficientemente bien, podría decir en voz alta los números de las placas de los carros que vienen o leer la letra menuda de un documento. El policía dice que el carro queda retenido y que se lo va a llevar para los patios. Caballero no hace o sugiere algo para impedirlo, no usa el clásico y taimado “Dígame, ¿cómo podemos arreglar?”, o el vigente y altanero “¡Usted no sabe quien soy yo!”. Caballero se queda de patas en la calle viendo como su automóvil se lo lleva una grúa. Sin remedio, nada que hacer.

Este caso muestra el alcance del imperio de la ley, si una autoridad quiere detener a un ciudadano, lo puede hacer. Pareciera que solo basta un rastreo minucioso y, bajo el rigor en pleno de una operación reglamento, todos podemos ser encontrados culpables de algo que hicimos o dejamos de hacer. Ahora bien, a Caballero lo detienen, en apariencia, porque va manejando un carro, nada más, y la revisión exhaustiva y retención final de su vehículo es un hecho sin relación directa con su labor de escritor y dibujante, o de crítico del poder en Colombia desde sus columnas y caricaturas. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado quiere detener y mantener detenido a alguien que sí quiere detener?

Hace dos semanas estallaron dos bombas en Bogotá y una semana después el director de la Policía, Rodolfo Palomino, anunció: “Capturamos 13 personas integrantes del ELN quienes perturbaron la tranquilidad de los bogotanos hace una semana”. El Presidente Santos se sumó a la trinadera: “Capturadas 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol -Pagarán por atentados!”

Los que pusieron las bombas, los terroristas, venden miedo y los ciudadanos, sobre todo en las capitales, compramos seguridad. La ansiosa ley de oferta y demanda del mercado miedo-seguridad ha sido saciada por el Estado, al menos en primera instancia, pasada una semana del susto, a manera de calmante, la gente de bien recibió un titular apaciguador.

Sin embargo, la noticia apaciguadora no lo es tanto. Primero fueron anunciados 15 detenidos, luego 13, ahora van en 11. Hasta hace unos días la detención de todo el grupo era por los atentados de la semana pasada y por ser parte de una unidad de la guerrilla del ELN, ahora el grupo se dividió en dos. Un grupo de tres personas fue detenido por atentados previos que al parecer tienen una conexión directa con los de la semana pasada, y otro conjunto de diez capturados que están relacionados con una protesta en la Universidad Nacional el 20 de mayo pasado y con la fabricación y distribución de explosivos, “papas bomba” usados en enfrentamientos con la Policía. A dos personas las soltaron, eran un par de estudiantes de arte de la Universidad Nacional que solo estaban en uno de los sitios que fueron allanados.

La Fiscalía señala que Paola Salgado, una de las detenidas en el segundo grupo, quien por su trayectoria como abogada y activista ha tenido más resonancia, "fue una de las personas que ingresó a la Universidad Nacional las papas explosivas usadas en la protesta". En otra de las pruebas, que se entregan a cuenta gotas, hay una conversación entre ella y Heiler Lamprea, estudiante y Representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, donde dicen:

— Quiubo ¿cómo va?
— ¿Con quién hablo?
— Con Paola del grupo de estudio II de la tesis de grado.
— Oiga despiértese, ¿se acuerda que quedamos de vernos en la tarde?
— Pues el profesor puede solo en la tarde, entonces ¿dónde nos vemos?
— En la panadería cerca a la Nacho, donde nos vimos la otra vez.

Todas las pruebas mencionadas hasta ahora incluyen este tipo de escuchas telefónicas, muchas de ellas hechas a partir de información en tarjetas SIM de un celular que nunca llegó a explotar en un atentado fallido y de donde se rastrearon todas las personas llamadas y por llamar. La Fiscalía muestra esto ante el Juez de Garantías en presentaciones de Power point que dan cuenta de reuniones, y con flechitas rojas hacen esquemas, relaciones y mapas.

En su exposición, la Fiscalía relaciona, por ejemplo, al “profesor” de la conversación entre Lamprea y Salgado con David Camilo Rodríguez Hernández, alias “El profe”, uno de los tres detenidos del primer grupo. A esto se suma la revisión de páginas de Facebook de muchos de ellos y una colección de más de 200 objetos obtenidos en allanamientos a las personas capturadas: ejemplares sueltos de revistas de grupos guerrilleros, libros como Actores armados y Población civil del profesor Mario Aguilera y la cartilla Carta del Che a Fidel, celulares, computadores, memorias USB, agendas, boinas, un par de prendas de vestir de moda tipo camuflado, algunos pasamontañas, un overol. A manera de rumor, en una entrevista de radio, unos periodistas le dicen al esposo de Salgado que ella tenía imágenes del Camilo Torres, “el cura guerrillero”, en el muro de su casa, o en el muro de su Facebook, y que esto se suma al acerbo probatorio que la vincula a ese grupo guerrillero. Por otro lado, el Noticiero Noticias 1, menciona que los nombres y apellidos de alias “El profe” coinciden con alguien que fue identificado como exmiembro de la Policía Nacional hace seis años cuando en una redada de las autoridades venezolanas fueron capturados cuatro colombianos a los que se acusó de ser espías en ese país al servicio del DAS. Mientras tanto, afuera del juzgado, hay protestas y algunos de los familiares de los detenidos hablan sobre ellos, los allanamientos y lo que esperan de la justicia:

En una ciudad llena de cámaras públicas y privadas, en la evidencia que se ha hecho pública hasta el momento no hay ni fotos ni videos explícitos. La Fiscalía y la Policía señalan que este es el resultado de una operación que comenzó el año pasado cuando inició el seguimiento a estas personas, las del primer grupo, pero lo mostrado se limita a audios editados y cifrados en charlas coloquiales más unas cuantas fotos difusas. Por su lado, el día de la detención, la Policía mostró con orgullo su operativo "por tierra y aire" ante los medios, un video de la captura de alias “El Profe” en que un policía le ponía un pistola sobre la espalda a alguien que ya estaba rendido en el piso y otro video de un helicóptero de la Policía supervisando desde el cielo ese mismo operativo, un vuelo que incluyó como invitados a varios periodistas. La superproducción de ambas acciones de captura contrasta con la invisibilidad y parquedad de las evidencias de la investigación previa. Tal vez la prueba reina, las pruebas visuales contundentes, los audios, fotos y videos comprometedores, las están guardando para después, para cuando los numerales #falsopositivojudicia, #estamosconpaola, #lafiscaliaandaescuchando o #LibertadSonInocentes, suban como tendencia nacional y se los pueda contrapuntear con evidencias que le pongan la cara al santo y hagan ver, por fin, el milagro de la culpabilidad.

Si Salgado llevaba esas 810 “papas bomba” en cajas selladas dentro del baúl de su carro ¿por qué no la detuvieron en flagrancia cuando entró a la Universidad Nacional? Aún cuando parte de ese material fue incautado en una de las protestas, ¿por qué la Fiscalía prefirió dejarla actuar sabiendo que el resto del material podría causar daño?, ¿dejaron escapar al pez para que los llevara al cardumen? Claro, estas preguntas, planteadas así, son tramposas, como casi todo lo que he citado con anterioridad, lo que se ha mostrado no es un mero “material”, casualmente esparcido ante sí, con absoluta objetividad, no tocado por manos humanas. Al contrario. Todo ha pasado por muchas manos y denota los efectos del uso.

Para manipularlo hay que usar las muletilla periodísticas de rigor, todas las conjugaciones de la palabra “presunción”: decir “tal vez”, “es posible”, “versiones indican”,  “podría”, todos esos términos que bien le habrían venido a Santos y a Palomino en sus trinos iniciales y que ahora, como servidores públicos, deberían enmendar para retrinar una rectificación.

La Fiscalía, con más cautela para presentar la información, en algo rectificó y señaló que no hay relación entre el grupo de los 10 detenidos, el ELN y las dos bombas recientes en Bogotá. Sin embargo, esta puesta en escena dubitativa le resta impacto al titular mediático inicial, contundencia, y aun cuando existe la posibilidad de que los que pusieron las cargas explosivas anden sueltos por ahí, primero está la realidad de la prensa, la percepción, y luego el mundo, así vuele de nuevo en pedazos, por ejemplo, con las tres toneladas del explosivo Anfo y los 4.500 estopines que desaparecieron hace poco de la custodia del Batallón militar Fernando Landazábal Reyes, al sur de la capital, una noticia reciente, pero opacada por el “Quince capturas por atentados en Bogotá”.

Volvamos a la columna de Caballero, la autoridad nos detiene, lo hace en una operación de rutina, razonable, es por "nuestra seguridad", pero luego, en la observación desmedida de una minucia, es claro que el Policía nos quería detener, no había nada qué hacer. Solo que ahora la detención no se limita a un certificado faltante y a la retención del automóvil, sino que el auto de detención y el móvil personal se cifran en un conjunto inmenso de datos que inevitablemente todos vamos dejando por ahí: una conversación telefónica y el posicionamiento geográfico desde donde fue hecha, una foto que se comparte en Facebook, un “like”, los mensajes de “whatsapp”, una “selfie”, la predicción de lo que se está buscando o escribiendo a partir de las búsquedas en google, un archivo que se descargó —con o sin conocimiento— y quedó alojado en el disco duro del computador con una IP del trabajo o del hogar, el retiro de dinero de un cajero en un lugar cercano a un atentado, todas la compras facturadas, el error en una declaración de impuestos, una opinión en un foro, video o blog (recordar el caso de la detención de Nicolás Castro y su comentario en un muro de Facebook en que se amenazaba al hijo de un presidente). Todo lo que hacemos produce una maraña de datos —“Big data”— que en cualquier momento puede sumarse a una investigación. La revolución de los datos masivos, un patrón dinámico que muestra el mundo digital como un lugar más abierto para la interacción tiene su contrarevolución: los mismos datos que nos liberan, que nos agrupan, que nos dan acceso a contenidos casi ilimitados, generan información que pueden contribuir a nuestra detención.

En términos informáticos, lo que sigue es mejorar el sistema, usar más algoritmos y tener, por ejemplo, una mejor colaboración con la DEA que ya rastrea todo el tráfico de internet de Colombia, como lo acaba de revelar una filtración de datos de unos "hackers" activistas que "hackearon" a unos "hackers" tan corporativos como mercenarios. Incluso, la firma hackeada, la cuestionada Hacking Team, fue la misma que le vendió el software de espionaje a la Policía Nacional en una dudosa operación comercial.

El Estado también podría contratar  artistas para la nómina de la Fiscalía y la Policía —sobre todo a novelistas, twiteros, fotógrafos, editores de audio y video— para que mejoren la narración, la hagan más fluida, logren generar una trama que sea capaz de romper una voluntad rebelde en un acto privado de coerción, o para que le de más verosimilitud y el montaje gane viralidad. Y una vez se haga público el producto final, la justicia mediática pueda vender el caso de manera tan concluyente que no habrá defensa posible ni presunción de inocencia, solo juicios de oficio.

Partamos de la base de que en este día y época todos somos culpables. Sí, ya lo decía Kafka en El proceso,  a comienzos del siglo XX, solo que ahí, por ser una exageración literaria, no había necesidad de mostrar las pruebas de la culpabilidad. En la vida real sí son necesarias las pruebas pero eso ya no es un problema solo de investigación judicial sino de producción, poco importa si la persona es uribista, santista, petrista, militar, paramilitar, guerrillero, ciudadano de derecha, de centro o de izquierda, nacional o extranjero, para abrirle un proceso a alguien solo basta con formular una ocasión, un motivo, un interés y proceder a explotar una cantera inmensa de datos que constele lo público y lo privado del procesado en un universo humano de información culposa. Todo se cifra en el arte de narrar, solo hay que saber unir los puntos, y son tantos que solo alguien con acceso a la herramienta informática tendría el poder de hilar y deshilar. Y acaso ni alguien así lo lograría.

María Isabel Urrutia va por el oro en Cali

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María Isabel Urrutia, la ex congresista y primera medallista de oro olímpica del país, finalmente sí se lanzará a la Alcaldía de Cali con el aval del partido indígena Mais.

Urrutia marca bien en las encuestas, pero no tenía un partido que la respaldara. Aunque estuvo en el Polo Democrático y fue su candidata en Cali en 2011 (quedando tercera con 88 mil votos, o el 15 por ciento), el año pasado rompió con ese partido de izquierda y aspiró una de las curules afro en la Cámara de Representantes con el movimiento Asodeportes.

Al final, solo tuvo 1.800 votos y su movimiento quedó de octavo, lejos de la curul.

En marzo de este año, Urrutia intentó volver al Polo y le solicitó que reabriera su proceso para escoger candidato, después de que -como contó La Silla- una resolución de la dirección nacional impulsada por el sector de Clara López congelara la decisión de darle el aval al ex representante Wilson Arias. A Urrutia la apoyaba el hoy candidato polista a la Gobernación Alejandro Ocampo, pero al final terminó recibiendo el aval Arias.

Eso dejó a Urrutia de nuevo sin opciones, hasta que hace una semana el Mais indígena le dio el 'sí'.

Ya con el aval en mano, la medallista busca recuperar el terreno que ha perdido en las últimas encuestas, ya que pasó de ser la tercera en intención de voto en marzo a estar de quinta en la última Polimétrica de Cifras & Conceptos. Aún así, sigue teniendo la tercera imagen favorable más alta (aunque también la desfavorable más alta). 

Liliana Rendón, a punto de ser la nueva despachada del uribismo

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Si hay un sitio donde el uribismo sea una gran fuerza política es Antioquia, de donde es originario Álvaro Uribe Vélez. Y aunque una de las apuestas grandes para octubre era ganar la gobernación, todo indica que ya no va a buscarla.

La afectada es la ex senadora Liliana Rendón, quien recorrió todo el camino para obtener el aval uribista y está a punto de quedar colgada de la brocha.

Rendón envió a sus contactos hoy un audio en el que, con voz apagada, dice que hizo todo lo que había que hacer, que está fuerte y que ojalá Dios la ayude a superar este momento. Aunque no dice que ya no es candidata, sus palabras y la voz apagada  son indicios de que seguramente ya se resignó (acá se puede oir).

Ayer se reunió la Dirección Nacional con una agenda que incluía ese punto y, oficialmente, no pasó nada. "No hay ningún pronunciamiento oficial” le dijo a la Silla su director, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

Dos de las otras fuentes dijeron, off the record, que aunque no hubo decisión ayer el tema tiene muy enredada a la Dirección, que Rendón ha producido división y no unión, y que por eso decidieron delegar la decisión a la esfera más alta del partido: el ex presidente Uribe.

“Lo que se acordó es dejar la decisión en manos de Uribe, Zuluaga y los congresistas antioqueños, para que definan con Luis Alfredo Ramos (el padrino político de Rendón) y su grupo político qué solución se puede dar”, explicó una de esas fuentes.

Sin embargo según tres fuentes que conoce de cerca las discusiones de la Dirección Nacional, en la reunión de ayer sí se decidió no entregarle el aval, pero falta por definirse cómo se va a hacer oficial esa decisión. Y la reunión que falta entre Uribe, Zuluaga y Ramos, es para moderar los efectos de la decisión.

Incluso las versiones oficiales son poco halagüeñas para Rendón, pues si encargado de definir el aval es Álvaro Uribe se trata de alguien que ya ha dado señales de que no está con ella.

Una muy clara es un video del portal minuto 30 en el que el jefe de su partido guarda silencio cuando un periodista le pregunta por ella

Y otra es que mientras el viernes acompañó al ex senador Juan Carlos Vélez a inscribir su candidatura a la alcaldía de Medellín, desde hace varias semanas no dice nada de Rendón. “Es un silencio muy elocuente”, dice un congresista uribista.

Los motivos de la discordia
Álvaro Uribe acompañó a Liliana Rendón en varios actos públicos como candidata este año.

Esté o no totalmente tomada la decisión, lo más lógico es que se de por varios motivos.

Uno es la división dentro de la bancada uribista de Antioquia que, como contó La Silla, está partida entre quienes la apoyan y quienes están en su contra. La carta pública de media bancada (incluyendo al senador Alfredo Ramos, hijo del padrino político de Rendón pero uno de los más visibles críticos de su postulación) mostró que la tensión podía dividir al partido, y puso a pensar a las directivas.

Ese rechazo suma varios motivos: Rendón, como senadora, no casi no apoya la segunda reelección y se dio a conocer como 'la monita del blackberry' cuando el entonces ministro Andrés Felipe Arias chateó que iba a tener que 'recurrir a estrategias bajas' para convencerla de que la apoyara; los uribistas ‘purasangre’ la ven como una política tradicional; y su imagen en los sectores urbanos arranca por su famosa defensa del 'Bolillo' Gómez tras golpear a una mujer, que le hace más duro conseguir votos en algunos sectores.

Otro factor, según tres fuentes del partido, es que los empresarios del Grupo Empresarial Antioqueño, a través del dueño de Alkosto Manuel Santiago Mejía (quien no pertenece al GEA pero es muy cercano a varias de sus cabezas), le habrían dicho al uribismo que financiarían a Vélez siempre y cuando no hiciera fórmula con Rendón. La misma aspirante hizo referencia a esa oposición empresarial en La W .

Aunque otras tres fuentes uribistas negaron ese hecho y la Silla no pudo verificarlo de manera independiente, la fuerza de ese rumor muestra hasta dónde estaba enrarecido el ambiente alrededor de la candidatura.

El tercero, que habría sido la gota que rebosó la copa, es la estrategia que montó Rendón para aferrarse al aval y que, según dos fuentes uribistas, hizo que el ex presidente se sintiera desafiado.

Rendón se convirtió en la aspirante elegida después de enfrentarse al ex diputado Andrés Guerra Hoyos en fotos y ganarle en una encuesta que se conoció a inicios de mayo. Y todo estaba listo para que una convención departamental se lo entregara a fines de ese mes. Pero la convención se aplazó varias veces, como contó La Silla, y la decisión del aval terminó delegada en la Dirección Nacional.

A medida que la tensión iba creciendo, Rendón decidió mostrarle los dientes a sus rivales.

Hace dos semanas, su asesor jurídico Carlos Mario Cano salió a medios a decir que el Centro Democrático estaba jurídicamente obligado a entregarle el aval a Rendón; tres días después se conoció un audio de ella (que en el uribismo varios creen que filtró ella a los medios) en la que aparecía molesta y desafiante; y la semana pasada reiteró que el aval era de ella.

Pero lo que más habría molestado a Uribe es el rumor de que la aspirante habría dicho que si ella no era la candidata, en lugar de apoyar a otro candidato en uribista prefería irse a apoyar al candidato santista, el ex alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez.

Con todos esos elementos, a nadie sorprendería que la decisión final fuera la de negarle el aval. Pero las consecuencias de ese negativa son tan fuertes que por eso nada que se define el asunto, aunque quedan quedan menos de dos semanas para hacerlo.

¿Se rompe el uribismo?
El ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien está detenido y en juicio por parapolítica, es el padrino político de Rendón.

Una de las dudas es qué va a pasar con el grupo político del ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, una de las pocas estructuras que se sumó al Centro Democrático desde su creación en 2013.

La versión oficial es que Uribe y Ramos no han hablado aún, pero que precisamente lo que falta es que se reúnan, pues todos son conscientes de que negarle el aval a Rendón significa un problema grueso con Ramos.

De forma extraoficial, tres fuentes le dijeron a La Silla que el ex gobernador Ramos ya le hizo saber a Uribe su molestia si no le dan el aval a su ahijada política, e incluso una habló de una carta de Ramos en la que amenaza con irse él del uribismo y apoyar a Luis Pérez.

E iIncluso, dos de las fuentes que dicen que ya se tomó la decisión, afirman que lo que falta para oficializarla es definir cómo se puede hacer eso sin que signifique la salida de Ramos del partido.

Y es que, más allá de si existe la carta de Ramos y de si la decisión ya se tomó o aún no, no avalar a Rendón puede romper al uribismo en su patio.

En principio, el ramismo tiene una presencia importante en el partido: cuenta con un senador (Alfredo Ramos), dos representantes (Óscar Darío Pérez y Regina Zuluaga) y un miembro de la dirección Nacional (Luis Norberto Guerra). Además, buena parte de los candidatos a alcaldías y concejos en Antioquia están vinculados de alguna manera a ese grupo. Y Rendón, de la entraña de Ramos, es su pieza clave para recuperar el poder en Antioquia y consolidarse dentro del uribismo.

Además, Rendón no es la única ramista que podría quedarse por fuera de las listas..

Otra es el debate sobre la permanencia  en la lista al concejo de Medellín, del ex alcalde de Itagüí Gabriel Jaime Cadavid, a quien la semana pasada la Procuraduría le formuló pliego de cargos por posibles irregularidades en la contratación cuando era alcalde. Su nombre ha creado grandes resistencias en parte del uribismo por esos antecedentes y, según supo La Silla, su caso está en manos de la veedora.

También está en debate sobre el futuro de otro de los ramistas de esa lista, el ex secretario de Minas de Ramos en la Gobernación, Nicolás López Correa, por supuesto conflicto de intereses.

Si salen Cadavid y López, el ramismo solo se quedaría con Santiago Jaramillo, asesor y hombre de confianza de la representante Regina Zuluaga, en el cuarto renglón, después de tener a tres entre los seis primeros.

Y, de darse, esas decisiones harían aún más difícil que Ramos se quede en el Centro Democrático.

Curiosamente, otros candidatos ramistas sí han recibido el apoyo público de Uribe, como Andrés Julián Rendón (quien fue secretario departamental de gobierno de Ramos) en Rionegro. La diferencia es que este Rendón es cercano al actual senador Alfredo Ramos, mientras que la otra Rendón no lo es - lo que muestra que existe por lo menos la posibilidad de que si Liliana y Luis Alfredo se van, no se vaya todo el ramismo con ellos.

A una crisis, una oportunidad
La candidatura del ex senador Juan Carlos Vélez a la alcaldía de Medellín está firme y podría terminar beneficiada, al concentrar todo el apoyo del uribismo antioqueño.

Sin Rendón, al uribismo le quedan dos posibilidades en Antioquia: conseguir un candidato rápidamente o sencillamente dejar la pelea a la Gobernación entre un fajardista (Federico Restrepo) y un santista (Luis Pérez).

Para lo primero ha sonado fuertemente Darío Montoya, quien fue director del Sena de Uribe es de toda la confianza del senador y de sus hijos. Una de las fuentes, incluso, dijo que recientemente Uribe estuvo indagando si Montoya estaría inhabilitado.

El problema es que Montoya es poco conocido, que está dedicado a la universidad uribista Elite y que la inercia de la campaña de Rendón, que lleva un año recorriendo el departamento, no se le transferiría.

Por ahora no hay muchos nombres más, y no es fácil conseguir un candidato que sane las heridas de una salida de Rendón.

Por eso es más probable que el uribismo termine sin carta propia a la gobernación de Antioquia, con lo que el uribismo resigna de entrada una de las grandes opciones de ganar poder que tenía en octubre.

Eso significaría que una de las tres fuerzas políticas antioqueñas quedaría libre. Y seguramente se dividiría: los grupos cercanos a Rendón se irían a apoyar a Pérez, y los uribistas más purasangre terminarían con Restrepo (quien ya se reunió con Uribe una vez).

La pregunta, en los dos casos, es si se trataría de alianzas y de qué tipo.

Para el Centro Democrático, no tener candidato a la gobernación permitiría meterle toda la ficha a sus otras grandes apuestas: la gobernación de Caldas y, sobre todo, a las alcaldías de Bogotá y Medellín, donde sus candidatos, 'Pacho' Santos y Juan Carlos Vélez, tienen opciones de ganar y podrían verse beneficiados de un acompañamiento más permanente de Uribe.

Para el futuro del Centro Democrático, quedarse con esas dos alcaldías no sería un mal botín. Esos cargos tienen mucha presencia mediática y permitirían mostrar resultados (si los obtiene, claro), suman unos presupuestos de más de 20 billones de pesos y tienen el control de cuatro de las cincuenta empresas más grandes del país, con EPM, la Empresa de Energía de Bogotá, la ETB y la EAAB.

Como buena parte de la estrategia del uribismo es que Uribe haga presencia en la campaña acompañando a los candidatos en los recorridos, no tener a nadie en esa carrera permite que el ex presidente se concentre más en esas plazas.

Sin embargo, una eventual salida del ramismo (o de parte de éste), el ruido en medios por haber dejado colgada a una candidata fundamental y poner todos los huevos en menos canastas pueden terminar costándole al uribismo buena parte de sus chances para volver al poder en 2018.

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