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| Desde la semana pasada se conoció que el Incoder, hoy en liquidación hasta el próximo mes de febrero, está buscando 'reversar' las decisiones de ese instituto en el caso de Las Pavas, uno de los más emblemáticos en el país en la restitución de tierras. Foto tomada de: ecapcolombia.wordpress.com |
Ayer, el subgerente de tierras del Incoder, Carlos Ignacio Carmona, dijo en La W que ese instituto va a presentar al Consejo de Estado una solicitud para revertir las medidas que ese mismo organismo ha tomado con relación al proceso de extinción de dominio y recuperación de baldíos en Hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar, uno de los casos más emblemáticos de restitución de tierras en todo el país. Y lo hace justo cuando el Incoder está en liquidación desde el pasado 7 de diciembre.
La razón, según explicó Carmona, es que el Incoder revisó el proceso y concluyó que lo que se ha actuado hasta ahora no respetó el debido proceso y se cometieron irregularidades. Una aseveración que va en total contravía con lo que ese mismo organismo había decidido en este caso en el que el Incoder había sido la punta de lanza y que el gobierno de Santos había respaldado.
Cómo se resuelva finalmente este caso, enviará una señal muy fuerte de qué tan dispuesto está Santos de tocar intereses de poderosos para cumplirle sus promesas a las víctimas.
El caso de la Hacienda Las Pavas en la vereda del El Peñón, en el sur de Bolívar, es emblemático y hasta hace dos años todo parecía indicar que las 120 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) finalmente recibirían los papeles que las acreditaban como propietarios. Títulos que nunca han tenido porque cuando llegaron a finales de los años noventa a esa región del Magdalena Medio eran terrenos abandonados.
Como contó La Silla, en el 2013, el Incoder había emitido dos resoluciones que le daban la razón a los campesinos y parecían resolver el caso. En una primera resolución, decretó que 11 de los 14 predios de la hacienda eran aún baldíos de la Nación que nunca habían sido adjudicados a nadie y que, por lo tanto, no le podían pertenecer a su supuesto propietario Jesús Emilio Escobar (de quien por mucho tiempo se rumoró que era un tío del narcotraficante Pablo Escobar pero que se ha demostrado que no lo es) ni él podía venderlos a terceros.
En una segunda decisión, declaró la extinción de dominio sobre otros tres predios que -cuando llegaron en 1997- no estaban siendo explotados por Escobar.
Eso significaba que los 14 predios de la Hacienda Las Pavas, que suman unas 3 mil hectáreas, se debían convertir de nuevo en baldíos y entrar en el fondo de tierras del Gobierno para ser luego adjudicados solo a campesinos sin tierra. Y los de Las Pavas, como ocupantes de unos terrenos cuya posesión ya habían solicitado en 2006, debían ser los primeros en fila para recibirlos.
Esas decisiones iban en contra del actual dueño de los predios, la palmera Aportes San Isidro, la compañía del empresario José Ernesto Macías y que en 2007 se los compró a Escobar Fernandez. Lo hizo en asociación con CI Tequendama, una empresa de la familia samaria Dávila Abondano que luego le vendió su parte a Aportes San Isidro. Ambos están en la lista de quienes recibieron millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro y aportaron plata al referendo que buscaba un tercer período de Álvaro Uribe.
Macías, después de presentar recursos legales en contra de las resoluciones del Incoder, solicitó un proceso especial de revisión ante el Consejo de Estado, que es la última instancia de un proceso agrario administrativo.
Debido a un artículo en la Ley 160 agraria que congela todas las decisiones anteriores en una extinción de dominio mientras sale el fallo definitivo, las resoluciones del Incoder a favor de Asocab quedaron frenadas por completo.
El Consejo de Estado no ha tomado ninguna decisión. Sin embargo, el Incoder que hasta ahora había defendido a los campesinos en este caso, cambió de parecer y con la decisión que anunció ayer su subsecretario de tierras, Carlos Carmona, está pidiendo que se reverse lo que este mismo organismo ha hecho hasta ahora.
Ayer, Carmona dijo en entrevista con la W que el Incoder se equivocó y que violó el debido proceso en ese expediente de extinción de dominio porque comprobaron que el dueño de los predios no los había abandonado y sí los estuvo explotando, a diferencia de todo lo que había dicho hasta ahora.
Esta decisión se tomó después de que llegara a la entidad una solicitud que interpuso ante el Incoder la empresa Aportes San Isidro -el actual dueño de los predios- en contra del proceso el pasado mes de abril del 2015.
Luego de revisar todo el proceso (“unas 70 y pico carpetas”, según Carmona, lo que explica que se haya dado justo después de que el Incoder entrara en liquidación), el Instituto tomó la decisión de presentar un informe al Consejo de Estado para proponer hacer una “oferta de revocatoria”. Eso quiere decir, en otras palabras, que pide reversar y dar un giro de 180 grados a las decisiones que hasta ahora había tomado la misma entidad.
La Silla supo que el documento del Incoder recoge algunos argumentos que la empresa había expuesto ante el mismo organismo en contra de sus decisiones anteriores. Y que, en su momento, fueron negadas por esa entidad.
Por ejemplo, el Incoder considera que la forma en la que se notificaron las decisiones a las partes no tomó en cuenta al primer dueño del terreno, el señor Escobar Fernández.
Resulta que en una de las primeras actuaciones del proceso, funcionarios del Incoder visitaron el terreno en junio del 2006 y comprobaron que Las Pavas estaba abandonada y que los cultivos de yuca, ñame y plátano de los campesinos que ahora pedían que se las titularan estaban desde hace seis años. Además, dijeron que el predio era apto para una reforma agraria.
Sin embargo, según el Incoder, Escobar Fernández no estuvo en esa visita y no se le notificó que se iba a hacer. Para el Incoder de hoy esta fue una omisión en el debido proceso porque impidió que Escobar Fernández se defendiera sobre por qué había abandonado el predio.
Sin embargo, curiosamente, la misma entidad ya se había pronunciado frente a este tema en una de las resoluciones del 2013 en las que consideró que esa notificación no era necesaria sino que más bien, “los propietarios tienen que prestar su colaboración para que las visitas se cumplan”.
Además, la resolución del Incoder del 2013 cita la sentencia del 2011 de la Corte Constitucional que reconoció como víctimas de desplazamiento a los campesinos de Las Pavas y le ordenó al Gobierno reabrir sus procesos de titulación. Según la Corte esa visita “se realizó respetando las normas vigentes” y “los derechos de las personas involucradas en el procedimiento”.
Otro de los argumentos del Incoder, según supo La Silla, y que es quizá el más fuerte para revertir su decisión, tiene que ver con que según la entidad en la resolución que ordenó hacer la extinción de dominio no se valoraron todas las pruebas, sino sólo aquellas que perjudicaban a la empresa San Isidro como el informe de la visita al predio en el 2006 por parte del Incoder, una inspección en 2012 que dio pie a la resolución de extinción de dominio y los testimonios de los campesinos.
Según Carmona, así el Incoder vulneró el debido proceso "por cuanto no se complementó el dictamen con otras pruebas a pesar de la clara y contundente manifestación del propietario de encontrarse explotando los predios desde el año 2007, cuando fueron adquiridos ni valoró las pruebas de la explotación aportados por Aportes San Isidro", según le dijo Carmona a La W.
En este caso, también, el Incoder ya se había pronunciado. Según la misma resolución, las pruebas que se tomaron en cuenta para el proceso se realizaron en una diligencia en 2012. Sin embargo, la empresa no quiso participar a pesar de que fue invitada como parte. Incluso, dice la resolución, la empresa solicitó que se realizarán unas pruebas pero no pagó por este trámite como ordena la ley, lo que en últimas hizo que se siguiera la etapa de pruebas sin las que pidió la empresa.
“Ellos [Aportes San Isidro] voluntariamente decidieron no participar [en la recolección de pruebas] del 2012. Era el principal momento probatorio. Y todo esto en un momento y en un proceso en el que el propietario tiene la carga de la prueba (es decir, tiene que demostrar que es el dueño legítimo del predio). La no participación se la atribuyó a una persecusión política, a falta de garantías, que no pudo probar”, dice una fuente que ha estado involucrada en el proceso pero que prefirió no revelar su nombre. “Todo esto es una estrategia para para volver a abrir el período de pruebas”.
Ayer, además, Carmona habló de uno de los temas que ya se consideraba superado en el caso de Las Pavas: la existencia de supuestas ‘falsas víctimas’ entre los campesinos que pidieron la restitución del predio. Ya lo había dicho también al noticiero CM& la semana pasada.
“Yo no defino lo de las falsas víctimas. Simplemente acá se allegaron y se presentaron en su momento, en años anteriores, personas que dijeron que habían pertenecido a Asocab e hicieron declaraciones en las que afirmaban que habían sido presentadas como víctimas cuando no lo eran. Eso también llevó al Incoder a revisar totalmente el proceso”, dijo.
En la misma entrevista, ayer, la directora de la Unidad, Paula Gaviria, negó esa afirmación.
“Lo que sabemos es que estas personas han sido objeto de bastantes afectaciones, así lo reconocimos en el acto administrativo que las incluye como sujetos de reparación colectiva en abril de 2015. Que hubo unas personas creo que en el año 2011 o 2010 que se acercaron a decir que no eran víctimas y que probablemente, no sé, ellas que se acercaron no son víctimas. Pero el resto de las personas, más de 120 familias, están reconocidas como víctimas del conflicto”, dijo Gaviria.
La directora recordó además que la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) ganó el Premio Nacional de Paz en noviembre de 2013 en una ceremonia en la que el presidente Juan Manuel Santos dijo que las 120 familias Asocab recibieron el premio porque “son un modelo, como pocos, de resistencia pacífica ante la acción de los violentos”, que le han apostado a resolver su caso por la vía legal y sobreponiéndose al acoso permanente de los palmicultores que ocupan sus terrenos en El Peñón, en el sur de Bolívar.
Esa misma semana la Unidad las reconoció como víctimas del conflicto armado y Paula Gaviria dijo que “no le tenemos miedo a reconocer los errores del pasado y mucho menos a solucionarlos”.
Además, dijo que en la Fiscalía sigue abierta una investigación sobre el desplazamiento del que fueron víctimas las familias campesinas de Las Pavas en 2003. Ésta se ordenó después de que la entonces fiscal Viviane Morales reconociera que había muchas irregularidades en una decisión inicial de una fiscal de Cartagena que, en 2011, había resuelto archivar la investigación supuestamente porque no había habido desplazamiento en Las Pavas. Decisión que, como contó La Silla, estaba llena de inconsistencias.
Por eso, que ahora el Incoder decida ‘reversar’ todo lo que ha hecho hasta ahora “resulta sorpresivo y casi escandaloso”, en opinión de una persona que trabajó muy cerca a la toma de decisiones que ahora pretende revertir el Instituto.
“En su momento el Incoder estudió con mucho juicio lo que hizo. Ahora están aprovechando las aguas revueltas de una entidad que está en liquidación, los lobbies que siempre han existido sobre este caso, para pescar en aguas revueltas ante la falta de compromiso de la actual administración del Incoder”, opinó la fuente.
Además, implica un cambio con respecto a las decisiones que había tomado el Gobierno frente a la protección de los derechos de las víctimas sobre restitución de tierras en uno de los casos más emblemáticos.
“Ciertamente aquí hay una necesidad de Santos de dar concesiones a los empresarios agrícolas para que estén tranquilos. Así eso implique violar derechos adquiridos de los campesinos, a no trasegar con decisiones sobre predios arrebatados e ir en contra de la ley anterior en la que los baldíos tenían que ser entregados a los campesinos”, agrega otra fuente que ha seguido el proceso de Las Pavas de cerca.
Para la fuente, los empresarios están “angustiados” por lo que se está negociando con las Farc en La Habana, sobre todo en el punto de tierras, porque ese acuerdo “pisa callos” y se "enfrenta a los macroproyectos agrícolas".
Un temor que aumenta si se tiene en cuenta las declaraciones del Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo este fin de semana en la que asegura que está adelantando investigaciones por 1.500 hechos que podrían terminar involucrado a civiles como terceros responsables en el conflicto en el proceso de justicia transicional. Según Perdomo, éstas se derivaron de la compulsa de copias por confesiones de guerrilleros de las Farc y Eln en el programa de Justicia y Paz.
“La cuestión de fondo es que el proceso de paz va a generar cambios estructurales de la propiedad rural. [En el país] como ha demostrado el censo agropecuario, hay una altísima concentración de la tierra. Una vez firmado el acuerdo se va a saber si éste sólo sirvió para que cuatro guerrilleros se sienten en el Congreso y todo queda igual, o si se van a dar cambios profundos”, agregó la fuente.
Por eso, cómo se resuelva este caso de las Pavas puede dar luces de qué tan fuertes van a ser esos cambios y de qué tan dispuesto va a estar el Presidente a tocar intereses de los poderosos. Por ahora, Santos necesita tener a los empresarios de su lado. Porque entre otras cosas y dadas las vacas flacas por las que atraviesa el país, serán quienes terminarán financiando la paz.
Este es el video sobre Asocab que prepararon el Premio Nacional de Paz y la documentalista Margarita Martínez, y que incluye los cantos del "Monchi Pavero"