La Silla sigue armando el mapa de las cuotas políticas en las entidades nacionales, esta vez en Bogotá.
Aunque el Distrito tiene una dinámica clientelar propia, nos enfocamos en las entidades del orden nacional que tienen oficinas regionales en la capital, como lo hemos hecho ya en la Costa Caribe (en Bolívar, Sucre y Atlántico) y en los santanderes, y que suelen convertirse en fortines burocráticos de los políticos para aceitar sus maquinarias.
Para saber quienes son los padrinos de estas entidades consultamos a políticos y personas que trabajan dentro de las entidades. Esto fue lo que encontramos:
ICBFLa oficina del ICBF en Bogotá es fortín burocrático del senador de La U Ángel Custodio Cabrera, que fue director de esta oficina antes de saltar al Congreso entre 1991 y 1994 y que ha hecho carrera en la política con la base de los votos de las madres comunitarias que contrata la entidad. Así se lo confirmaron a La Silla tres fuentes que conocen la entidad por dentro.
El poder de Cabrera en esa entidad es tan evidente que hace un mes y medio esa entidad le organizó su fiesta de cumpleaños número 60 en el restaurante Aguapanelas, en el norte de Bogotá, como contó Noticias Uno. Una de las organizadoras de la fiesta fue Adriana Rojas, coordinadora del ciclo de vida en esa entidad, muy cercana al senador Cabrera, según una persona que conoce de cerca su grupo político y que es vista como la “segunda a bordo” de la directora Diana Patricia Arboleda.
Arboleda, que fue elegida de una terna tras un concurso de méritos por el ex Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro no es cuota política del senador Cabrera aunque él sí “tiene contacto permanente con ella”, según supo La Silla por dos personas que conocen el ICBF en Bogotá. Ella es profesional en gobierno y relaciones exteriores del Externado, tiene dos especializaciones en gerencia y ha hecho casi toda su carrera en el ICBF.
El ICBF Bogotá es importante no sólo porque maneja un presupuesto de inversión de 330 mil millones de pesos al año, 16 centros zonales de atención (casi uno por cada localidad) y una base de 6 mil madres comunitarias. Esa base le ha servido al senador Cabrera para convertirse en el más votado de la lista de La U en Bogotá con 20.866 votos en las elecciones de marzo del 2014.
De hecho, en la fiesta del Senador Cabrera estuvieron varios de los directores zonales y las madres además de funcionarios de su unidad de apoyo legislativo en el Congreso.
“No lo voy a ocultar, Ángel Custodio trabaja por el ICBF con el corazón”, le dijo a La Silla una ex funcionaria del Instituto. “Él se elige con las madres comunitarias y se suda sus votos”.
SenaLa Silla no pudo identificar un padrinazgo político en la oficina regional del Sena en Bogotá.
El actual director, Enrique Romero Contreras, es un funcionario de carrera, ingeniero civil de la Universidad Nacional con una especialización en gerencia de Los Andes. Empezó a trabajar en la entidad como instructor técnico en 1987 y desde entonces fue subiendo hasta jefe del centro nacional de construcción y subdirector del centro metalmecánico.
A mediados del 2012, Romero participó en un concurso de méritos que realizó la Universidad Nacional y fue elegido de una terna por el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro. En diciembre de ese año, el uribista Luis Alfonso Hoyos, entonces director de la entidad, lo nombró como director.
Aunque en algún momento se rumoró que era cuota del senador conservador Fernando Tamayo que apareció mencionado en el ‘computador de Palacio’ en el 2014 por tener influencias en esa entidad, un alto ex funcionario del Sena que habló con La Silla nos dijo “que nunca se lo pudieron comprobar”.
De hecho, explicó, por eso fue que la ex directora de la entidad, Gina Parody, mantuvo a Romero en el cargo, lo mismo que ha hecho el actual director nacional, Alfonso Prada.
La regional Bogotá del Sena tiene un presupuesto anual de 215 mil millones de pesos y opera en todo el distrito con 15 centros de formación.
Universidad DistritalCon 26 mil estudiantes, 2 mil profesores y un presupuesto anual cercano a los 290 mil millones de pesos (la mayoría -el 60 por ciento- aportados por el Distrito), la universidad pública de Bogotá es un apetecido botín político en la capital. Aún así, seguirá sin una cabeza en propiedad como ha estado desde el 2013.
La elección del rector este año fue un proceso que tardó seis meses y que tuvo que enfrentar un paro de los estudiantes que protestaban contra el mismo mecanismo para elegirlo. Al final, se impuso el voto en blanco con el 41.1 por ciento de los votos en una consulta en la que participó toda la comunidad académica.
Aunque ese porcentaje por sí mismo no tumbó la elección (el voto en blanco necesitaba la mitad más uno de los votos para ganar) la decisión de votar en blanco también triunfó en el Consejo Superior de la Universidad que declaró desierta la elección el pasado 1 de septiembre.
Eso derrotó a las fuerzas políticas que tradicionalmente se han disputado la universidad y que como han hecho antes participaron en esta elección. Entre ellas la del ex senador del viejo Pin (hoy Opción Ciudadana), Samuel Arrieta y su ahijado político, el concejal verde de Bogotá Hosman Martínez.
Según fuentes consultadas por La Silla, ellos apadrinaron políticamente al ex rector Inocencio Bahamón (aunque él niega ser su ficha) y al rector que lo reemplazó en encargo, Roberto Vergara.
Este año, como contó El Espectador, y como también le dijeron a La Silla dos fuentes que conocen la Universidad por dentro, el grupo estaba apoyando a al menos dos candidatos: José Lizcano y Pablo Garzón.
De hecho, el ex rector Lombardo Rodríguez, que ha hecho política con Arrieta y fue el gerente de la campaña de Martínez, le dijo al periódico que ellos “son de mi hechura”.
Ahora que se declaró desierta la elección, ninguno de los candidatos podrá volver a participar y la universidad seguirá en cabeza de Carlos Javier Mosquera que ya ha sido rector encargado por más de un año y medio.
Unidad de Víctimas CentralSiguiendo la misma dinámica de otras regiones, la dirección central de la Unidad de Víctimas que atiende a Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Tolima está en manos de liberales, incluso desde antes de que el director fuera el ex gobernador de Meta de ese partido, Alan Jara.
En este caso, la batuta la tiene el ex representante a la Cámara por Putumayo y hoy viceministro del interior, Guillermo Rivera, que fue uno de los autores de la ley de víctimas y restitución de tierras que creó la Unidad junto con el hoy Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Desde octubre de 2012, la ex directora de la Unidad, Paula Gaviria, nombró en ese cargo a Diana Mendieta, abogada de la Universidad Sergio Arboleda y que tiene una maestría en resolución de conflictos del Externado.
Ella trabajó durante nueve años y medio con Rivera en el Congreso, como asesora en derechos humanos en su unidad de trabajo legislativo que apoyó, además, la redacción de la ley de víctimas y por eso, conoce muy bien el tema. Antes de que se aprobara la ley, en el 2009, Mendieta recorrió el país junto con Rivera, el Pnud, la Fundación Social (donde trabajaba Gaviria) y el entonces senador Juan Fernando Cristo escuchando a las víctimas cuando intentaron sacar la primera ley que se frustró. "Las organizaciones de víctimas la conocen desde hace años", le dijo una persona que conoce a Mendieta a La Silla.
El propio Rivera le agradeció públicamente a Mendieta por su trabajo en la ley el día que el Congreso le dio luz verde.
En septiembre de 2014, Mendieta salió de la Unidad y se fue a acompañar a Rivera en la Alta Consejería de Derechos Humanos, un cargo en el que lo nombró el presidente Juan Manuel Santos luego de que Rivera perdiera las elecciones en las que intentó saltar al senado por un centenar de votos y de que acompañara a Santos en la segunda vuelta presidencial.
En el lugar de Mendieta quedó en la dirección territorial de la Unidad de Víctimas su mano derecha, Jorge Orlando Sánchez Zambrano que ya venía trabajando en la Unidad antes que ella.
Según una fuente política que conoció el proceso, además de Rivera, su nombramiento contó con el respaldo del ex representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada. La fuente le dijo a La Silla que la ex directora de la entidad Paula Gaviria dejó a Sánchez en ese cargo porque ya conocía la entidad y tiene un perfil técnico.
Sánchez es politólogo de la Universidad Javeriana y tiene una especialización en ambiente y desarrollo local. Entró a la Unidad de Víctimas en febrero del 2012, primero como profesional de registro y valoración, encargado de verificar la información que registran las personas que se declaran víctimas. Luego como profesional especializado, coordinador de las unidades territoriales de Boyacá y Cundinamarca y finalmente fue nombrado director de la unidad central en 2014.
La mayor parte de su carrera la ha hecho como profesor en varias universidades como la Gran Colombia, la Fundación de Educación Superior Insutec y la Secretaría de Educación Distrital.
La regional central, de acuerdo con cifras de la Unidad, tiene registradas 718.261 víctimas. Aunque La Silla le solicitó a la entidad el presupuesto de inversión de este año, al momento de publicar esta nota no nos habían dado respuesta. Actualizaremos la información cuando nos lo envíen.
Departamento para la Prosperidad SocialLa regional de Bogotá del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) está desde septiembre del 2015 en cabeza del grupo político del ‘cacao’ ex concejal de Bogotá, Severo Correa, que es el padrino de la economista Claudia Giovana Arámbula Currea.
Aunque el DPS es la entidad encargada de sacar a las comunidades más pobres de esa situación, Arámbula no tiene experiencia en este tema. De hecho, según su hoja de vida, su único paso por un cargo del sector social lo tuvo durante ocho meses como contratista en la dirección de primera infancia del Ministerio de Educación en el 2013.
De resto, su carrera se ha concentrado -también como contratista- en la seguridad en entidades del Distrito. Arámbula trabajó durante seis años en la Secretaría distrital de Gobierno, sobre todo en la subsecretaría de seguridad y convivencia.
Estando allí fue que su nombre apareció vinculado al ex concejal Correa en una nota que publicó La W en la que la mencionaban como su cuota política.
Antes de ser nombrada en el DPS, trabajó en el Fondo de Seguridad en la dirección de logística y medios de transporte.
La Silla supo por una persona que la conoce del Distrito que ella aparece en fotos con su padrino en su cuenta de Facebook y aunque no pudimos verlas, sí comprobamos que ella es amiga a través de esa red social de los dos hijos del ex concejal: el menor, Ricardo Andrés Correa, que lo acaba de reemplazar en su curul del Concejo y del mayor, Carlos Arturo Correa que ocupa una curul en la Cámara de Representantes desde hace dos períodos.
Además de ellos sólo es amiga de otro político, el también concejal de Bogotá Yefer Vega, aunque La Silla no pudo establecer ningún vínculo entre ambos.
Arámbula es, además, familiar de Carlos Alberto Arámbula Currea que está registrado como representante legal de la empresa ACIIC Arámbula Currea Ingeniería Interventoría y Consultoría S.A.S. Esa empresa fue mencionada en un estudio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura como una de las 14 que se quedaron con el 63 por ciento de toda la contratación de las alcaldías locales de Bogotá en los últimos cuatro años para reparar la malla vial de Bogotá. La mayoría de las licitaciones tuvieron un único oferente.“Presumimos que este fenómeno de concentración de contratación en la ciudad deriva en problemas de corrupción”, dijo en la presentación del estudio Juan Martín Caicedo, presidente del gremio.
El ex concejal Severo Correa es uno de los que ha sido mencionado en la investigación por el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá.
CAREl padrino político de Néstor Franco, actual director de la CAR (la corporación ambiental de Cundinamarca) es el ex director de la entidad, Alfred Ballesteros.
Franco es abogado de la Universidad Católica con especialización en derecho administrativo y constitucional. Llegó al cargo este año respaldado por el entonces director Ballesteros y por una amplia mayoría en el consejo directivo de la CAR, incluido el apoyo del delegado del presidente Juan Manuel Santos.
Como contó La Silla, Franco fue mano derecha de Ballesteros durante tres años y medio cuando ocupó la secretaría general de la CAR. De hecho, lo reemplazó en cinco oportunidades como director encargado. Y conoce la CAR además, porque fue asesor externo y jurídico desde el 2008.
Ahora dirigirá hasta el 2019 la corporación más grande del país, que tiene un presupuesto de inversión de 514 mil millones de de pesos anuales de los cuales casi el 60 por ciento corresponden a la inversión de la entidad en el macroproyecto de descontaminación del Río Bogotá.
Su padrino, Alfred Ballesteros sonó este año como posible candidato para la dirección de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Él también había llegado a la dirección de la Car apadrinado por el ex director, Edgar Bejarano, como contó La Silla en 2010, luego de un acuerdo entre el los representantes a la cámara José Ignacio Bermúdez del partido de La U y el Jorge Enrique Rozo de Cambio Radical (que todavía ocupa su curul).
Nota de la editora:
Después de publicada esta nota decidimos cambiarle el título a esta historia y a las que hacen parte de este especial dado que su contenido muestra más la existencia de cuotas políticas que a una clientela.
