La decisión de hoy del Consejo de Estado de tumbar la destitución e inhabildiad por 12 años del ex alcalde de Medellín Alonso Salazar deja un mensaje positivo, uno negativo y un dilema para Gustavo Petro.
El mensaje positivo es que se abre una puerta que parecía cerrada. Esa decisión muestra que, pesar de lo que podría parecer a primera vista, no es obvio que un eventual proceso ante el Consejo de Estado, Petro lo tenga perdido.
El ex alcalde de Bogotá hasta ahora ha decidido no intentar una acción de nulidad como la que ganó Salazar, en parte por la idea de que el Procurador Alejandro Ordóñez tiene tanto poder en ese tribunal que ganaría cualquier proceso. Esto porque antes de ser Procurador fue Consejero de Estado, el Alto Tribunal lo ternó para su primera elección como procurador, y iene buenas relaciones en esa Alta Corte, incluyendo cargos a personas allegadas a varios magistrados.
Pero la destitución de Salazar muestra que esos hechos no garantizan que las gane todas. Especialmente, porque el ponente de la decisión es Gustavo Gómez Aranguren, un magistrado conservador como Ordóñez y cuya hija Carmen Helena es asesora del despacho del Procurador, como contamos en su momento. Es decir, aún en esas condiciones, algunos magistrados pueden ser independientes de Ordóñez.
Esto crea un dilema para el destituido alcalde. Si presenta la acción de nulidad podría ganar un proceso dentro de algunos años, e incluso podría obtener la protección de unas medidas cautelares en el corto plazo. Pero al hacerlo, podría enredar su caminado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Y eso es una mala noticia para el ex alcalde de Bogotá. Como la Cidh solo emitió las medidas cautelares cuando se agotaron las tutelas que mantenían a Petro en el cargo, podría ver en una acción de nulidad un nuevo hecho en el sentido de que Petro sí tiene cómo defenderse en Colombia - y más tras la decisión del caso de Salazar. Es un indicio poderoso de que Petro podría tener una salida justa en en el país.