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El alcalde Gustavo Petro le ha pasado el balón a Santos para que sea él quien decida si acata o no la decisión del Procurador. Santos no ha querido coger el balón. Foto: Presidencia. |
En entrevista con La W esta mañana, Gustavo Petro volvió a poner a Santos contra las cuerdas al afirmar que la decisión última sobre su destitución es del Presidente Juan Manuel Santos y de nadie más. Aunque jurídicamente el argumento del Alcalde tiene poco peso, sí le genera al Presidente varios dilemas políticos.
"Si el proceso de decisión interno del Gobierno Nacional es ayudar a dar un golpe de Estado al alcalde, sabiendo que el alcalde va a ganar mucho tiempo después cuando se venza el periodo del mandato, entonces que digan la verdad, que digan que pueden hacer la consulta, esperar el resultado, pero yo quiero porque se me da la gana ayudarle al procurador a tumbar el alcalde", manifestó Petro en la entrevista.
El argumento que vienen esgrimiendo los petristas es doble. Por un lado, dicen que el artículo 323 de la Constitución que dice que “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente suspenderá o destituirá al alcalde mayor (de Bogotá)” significa que es él y no el Procurador el que puede destituir alcaldes. Por el otro, dicen que dado que la Convención Interamericana dice que a los funcionarios elegidos popularmente solo los puede destituir una autoridad judicial, entonces el Presidente podría no firmar la destitución.
El problema que tiene el primer argumento es que la Corte Constitucional ya se pronunció explícitamente frente a ese punto en 1995 en un sentido contrario al que le conviene a Petro.
En la sentencia C229 de 1995, del magistrado Alejandro Martínez (y cuyo magistrado auxiliar era Rodrigo Uprimny), la Corte dijo que es inconstitucional que el Procurador tenga que pedir permiso al Presidente para destituir a funcionarios elegidos popularmente.
Para alegar esto, la Corte Constitucional dijo que si la destitución de un Alcalde dependiera del Presidente violaría los principios de la descentralización. Y la razón de esto es que los alcaldes solo son subordinados del Presidente de la República en asuntos muy puntuales, como por ejemplo, el orden público. En todo lo demás, son autónomos.
La Corte fue explícita en que el Presidente no tiene margen de apreciación para la destitución de un alcalde, y lo puede hacer solo en los casos explícitamente definidos por la ley. Y uno de ellos, es que el Procurador haya sancionado a un alcalde con la destitución.
Históricamente, todos los procuradores han destituido alcaldes y gobernadores (no de la forma masiva y arbitraria de Ordóñez) y hasta el momento nadie ha alegado que el Presidente podía evitarlo. Frente a esto, los defensores de Petro alegan que no se trataba del Alcalde de Bogotá que tendría un régimen especial. Sin embargo, fue un argumento que nadie esgrimió cuando suspendió a Samuel Moreno, el ex alcalde de Bogotá.
Frente al segundo argumento, del ordenamiento internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dicho –como afirma Petro- que la destitución solo opera por la vía judicial (y no disciplinaria). Lo que ha dicho –según dos expertos consultados por La Silla- es que se les tienen que respetar las garantías judiciales como el debido proceso. Por eso fue que la destitución de Piedad se mantuvo en la Corte Constitucional.
El argumento de los petristas llevaría a que las decisiones de los órganos internos se suspendan hasta que falle una corte internacional, sin haber agotado previamente las instancias nacionales, con las implicaciones que esto tendría para la soberanía nacional (y con lo paradójico que la izquierda pida este tipo de intervención).
En este contexto, los argumentos jurídicos para que el Presidente tome una decisión y se abstenga de ejecutar la sanción del Procurador no parecen tener mucho peso, pero como suele suceder en Colombia, los debates políticos se terminan formulando jurídicamente.
En Casa de Nariño no hay ninguna duda sobre el argumento jurídico y, como dijo el Ministro de Justicia, Santos siente que no tiene ninguna alternativa diferente a hacer efectiva la sanción del Procurador.
Sin embargo, cómo hacerlo ha sido motivo de múltiples reuniones con sus asesores porque enfrenta varios dilemas políticos.
Por un lado, la decisión del Procurador fue tan desproporcionada y generó una reacción tan fuerte en contra de Ordóñez, que en Palacio sienten que no pueden dejar pasar la oportunidad de recortar las facultades del Procurador.
Alejandro Ordóñez es hoy una de las principales amenazas contra el proceso de paz y como dijo un asesor de Santos, “Al Presidente se le apareció la Virgen”, con el fallo desproporcionado contra Petro. “Él no va a perder la oportunidad de cabalgar sobre esa ola de indignación y va a entrar a resolver esa desproporción de poder del Procurador”. La forma de hacerlo sería a través de la “gran reforma política” anunciada por el ministro del Interior Aurelio Iragorri.
El dilema aquí son los azules. El Partido Conservador -que es el mismo del Procurador- le ha hecho saber al Presidente que ellos respaldan a Ordóñez y que no esperan menos de Santos. De hecho, después de una reunión con el Procurador la semana pasada se reunió la bancada en el despacho del vicepresidente del Senado y acordaron pedir una cita institucional al Presidente para hablar sobre esto.
La cita no se ha concretado, pero después de que acordaron pedirla, salió el Ministro del Interior y dijo que el Presidente cumpliría el fallo y el mismo Gómez Méndez también recogió sus palabras. Los conservadores, según le dijo uno de los senadores azules a La Silla, quedaron “satisfechos”.
Después de que Santos había alineado a la mayoría de los azules a punta de entregarles el manejo de las entidades del agro que quedaron acéfalas como contó en su momento La Silla, este incidente del Procurador y Petro constituye una amenaza latente para el Presidente en vísperas de elecciones legislativas cuando la base azul está claramente con Uribe.
Pero, por otro lado, el Presidente necesita a la izquierda para ganar en primera vuelta o por lo menos, para no perder en la segunda. Y cómo enfrente la destitución de Petro tendrá un peso importante en esa decisión.
Como dijo Héctor Riveros en una columna, con el uribismo ganando fuerza en las legislativas, con Enrique Peñalosa como eventual contendor, Santos va a necesitar hacer una coalición con la izquierda. Tendría con qué puesto que para la izquierda salvar el proceso de paz es una prioridad. Pero como Peñalosa -que es el más seguro candidato de la Alianza Verde- también apoya el proceso de paz, la izquierda tendría entre quiénes escoger si Clara López no pasa a segunda vuelta, como lo parecen indicar hoy las encuestas. Máxime cuando la Alianza Verde es hoy en día un partido más de izquierda que de centro.
Hoy por hoy, su propio partido desprecia a Peñalosa y el plan es evitar en la medida de lo posible que él sea su candidato presidencial. Pero como ya acordaron que harán una consulta interna y esa decisión no la pueden revocar una vez radicada en el Consejo Nacional Electoral, la única verdadera opción que tienen es conseguir otro candidato más fuerte que se le enfrente y le gane a Peñalosa.
Si Ingrid Betancourt no le camina y no encuentran otro candidato, el ex alcalde de Bogotá tiene opciones de ganarle a Óscar Iván Zuluaga y pasar a segunda vuelta. Allí, la izquierda puede inclinar la balanza a favor o en contra de Santos, dado que los uribistas seguramente se irán con Peñalosa.
El otro frente que tiene concentrada la atención de los asesores del Presidente que están a cargo de Bogotá -en particular Lucho Garzón, que es uno de los que lleva la batuta en este tema- es la futura elección del sucesor de Petro.
La esperanza que tienen -según le dijo una fuente cercana a Santos a La Silla- es que la elección se dé en mayo, después de la primera vuelta y no antes. “El Presidente requiere a Bogotá si quiere ganar en primera vuelta”, dijo. “El que se quede con la Alcaldía se queda con la Presidencia”.
En las pasadas elecciones, Bogotá le puso a Santos el 16 por ciento de los votos -1,1 millones- a la Presidencia.
Por eso, las eventuales elecciones atípicas de la ciudad han puesto a temblar todo el tablero electoral. Otro asesor de Santos dijo que el Presidente “ve con muy buenos ojos” a Peñalosa.
Según él, si Bogotá está bien al Presidente le va bien pues en Casa de Nariño siempre han estado convencidos de que el pesimismo que existe en Bogotá es el que arrastra hacia la baja al Presidente (una tesis que no se sustenta en las cifras pues en sitios con mayor optimismo como Cali le va igual de mal en las encuestas).
Pero otra razón puede ser que si convencen a Peñalosa que compita por la ciudad se quitarían de encima a un rival que podría tener alguna oportunidad.
Lo mismo si Carlos Fernando Galán se lanza. Sin él jalonando las listas de Cambio Radical al Senado, es posible que el partido de Germán Vargas Lleras se quede sin personería, lo que terminaría de quitarle al ex ministro de Vivienda la tentación de lanzarse a la Presidencia. Pero Galán ya se bajó de esa aspiración.
Así las cosas, el tema de la destitución de Petro es uno de los temas que más ronda hoy la Casa de Nariño. Pero no precisamente por las teorías jurídicas que Petro les ha lanzado.