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Al final de julio Claudia Jiménez dejará su cargo al frente del gremio de los grandes mineros, un sector que arrancó como consentido del gobierno Santos y que fue perdiendo protagonismo. Fotos: Jorge Morelo |
Ayer, en su discurso ante el nuevo Congreso y presentando su segundo gobierno, el presidente Juan Manuel Santosno mencionó una sola vez la minería ni citó el código minero entre la reformas claves que impulsará, otra evidencia de que esta industria -que fue una de las 'locomotoras del desarrollo' en su primer cuatrienio- luego desapareció de la agenda política.
Durante tres años, Claudia Jiménez ha sido la cara más visible de las grandes mineras. Como presidenta del Sector de Minería a Gran Escala (Sgme), esta abogada antioqueña asumió la vocería de las 13 mayores empresas de un sector qu se convirtió en una fuente de polarización y tensión social, desde los problemas ambientales y las millonarias sanciones a Drummond hasta los conflictos con las comunidades locales en Santurbán o Tolima.
La Silla conversó con Jiménez, que dejará su cargo este viernes, cuando entre en vigor la fusión de los tres mayores gremios mineros para crear la nueva Asociación Colombiana de Minería.
¿Por qué se va del gremio?
Ya llevo más de tres años al frente del Sector de Minería a Gran Escala, un gremio que no existía, que pusimos a rodar y que posicionamos ante la opinión pública interesada en el sector minero. Eso fue a finales de 2010, un momento muy diferente porque el boom de precios estaba en su máxima expresión y había expectativas de crecimiento de la industria.
Pero las conclusiones de aquel entonces son las mismas de hoy: esta industria tiene un peso económico suficiente, un futuro potencial para marcar el desarrollo del país y suficientes retos como para tener una vocería independiente.
Esa tarea inicial, de contarle al país que hay un actor económico nuevo que quiere hablar y ser escuchado, que puede apalancar parte del desarrollo económico del país, ya la cumplimos. Yo creo que el país, que está acostumbrado a hablar con los cafeteros, los floricultores y los ganaderos, hoy puede -para bien o para mal- hablar con los mineros.
Hace cuatro años la minería era vista como una promesa, pero ese momento político cambió. ¿Hubo un cambio en la percepción política?
Sin duda la realidad política y de percepción de la industria es diferente, pero la económica no necesariamente.
Santos decretó la 'locomotora minera' por las expectativas de crecimiento del sector, que objetivamente tenía y que sigue teniendo más que la mayoría. Eso sí, antes estábamos en un súper boom de precios altos de los commodities y ya empezamos lo que los economistas llaman una destorcida de precios.
¿Hay entonces locomotora? ¿O fueron víctimas de ese optimismo?
Yo sí quisiera saber qué pensaba realmente el Gobierno cuando habló de la locomotora. ¿Estaba consciente de que la locomotora minero-energética son cuatro sectores muy diferentes? ¿Que boom minero no había pero de pronto petrolero sí? ¿Y que la institucionalidad petrolera estaba a la altura para acompañar el sector, pero que la minera [estaba] en ceros?
Poco a poco las cosas se han ido decantando y nos dimos cuenta que minas no es petróleo. Que es un sector más heterogéneo: hay minería legal y formal; a pequeña, mediana y gran escala; informal, artesanal e ilegal. Que poco a poco nos ha ido tomando ventaja la ilegal. Que la formal ha quedado inmersa en escenarios políticos propios de un período electoral. Y que faltó alinear a todo el mundo -del presidente al resto del gabinete, el Congreso, los organismos de control, los alcaldes y concejales- para tomar esa decisión de si el país quiere anclar parte de su desarrollo en la actividad minera.
Dicho esto, las razones por las cuales la minería -en estricto sentido- fue declarada una locomotora siguen siendo válidas.
“La opinión publica es muy exigente: basta una contingencia para que pierda la totalidad de la industria.”– CJ
¿Cuáles son esas razones?
Un gran potencial de crecimiento de sector, primero porque Colombia no conoce aún su potencial geológico. Segundo, porque el manejo macroeconómico del país inspira confianza a nivel internacional. Tercero, porque la seguridad ha ayudado: aun con altibajos, Colombia es más segura que hace 10 o 20 años. Y, cuarto, porque esa institucionalidad, que está en transición, sí se ha venido implementando y dará garantías de un criterio más técnico, que puede acompañar el crecimiento.
Sí han cambiado bastante las condiciones y hubo confusión al inicio cuando se hablaba de locomotora, pero las razones por las que el sector puede apalancar el desarrollo siguen siendo válidas hoy.
A usted le tocó bailar con la más fea y la más rica a la vez. ¿Qué ha sido lo más difícil para la industria?
El debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales es difícil en el mundo entero.
La minería tiene un impacto en el medio ambiente y el entorno innegable, pero tiene la capacidad financiera para prevenir, mitigar y restaurarlo. La solución no es no hacerlo, sino hacerlo bien y las tecnologías hoy nos acompañan. Yo sí creo que se requiere cierta escala para poder neutralizar esos impactos que tiene la industria.
Desde el punto de vista de la industria, lo más difícil es dar buen ejemplo y alinear las empresas en la manera moderna de hacer la minería. El darse cuenta que un proyecto no solo es viable cuando es rentable financieramente, sino si lo es social y ambientalmente. Alinear la mentalidad empresarial de que la mejor manera de ganarnos la confianza es a través de unas buenas prácticas y una autorregulación, basadas en estándares internacionales.
Desde el punto de vista de la opinión, lo más difícil ha sido evidenciar la realidad de la industria porque hay muchos mitos, prejuicios e imprecisiones de buena y mala fe. Luchar contra esa percepción negativa lo pone a uno en una situación de desventaja porque hay que cerrar la brecha entre la realidad y percepción.
El tema del último congreso minero fue cómo ganarse la licencia social. ¿Fue estrategia de relaciones públicas o hay conciencia de su importancia?
Hemos querido plantear de manera proactiva los temas difíciles para la industria y no dejar que nos lo planteen desde esquinas fundamentalistas, que están a priori en contra de la industria. Nosotros mismos tenemos que darle el nivel que queremos a las discusiones difíciles para la industria.
Hay malos ejemplos de dificultad de relacionamiento con las comunidades, pero también hay muy buenos ejemplos, que el país no conoce y que muchos antimineros nunca van a aceptar. Buscamos contar la realidad de la industria -a nivel nacional e internacional- y afrontar -de manera frontal- los temas que son un reto para la industria y, con sinceridad en el diálogo, generar confianza en ella.
¿Esa autocrítica la han hecho al interior de las empresas?
Uno de los grandes cambios en la cultura empresarial extractiva, del país y del mundo, es que la política de casa matriz solía ser mantener un 'low profile' ('bajo perfil'). Hoy en día eso es insostenible: o participamos en el debate de manera honesta y planeada, o nos arman el debate sin nosotros si dejamos ese vacío.
Nosotros no somos la imagen que existe sobre la minería, así tengamos contingencias y hayamos cometido errores. La mayoría de estas empresas son muy responsables, con muy altos estándares de cumplimiento.
¿Qué tanto los golpeó el caso Drummond?
Cuando una industria en su conjunto hace un esfuerzo para alinear unas prácticas, cualquier dificultad de uno de sus miembros penaliza a toda la industria. La opinión publica es muy exigente: cuando uno lo hace bien pasa desapercibido, pero basta una contingencia para que pierda la totalidad de la industria.
Es un grupo de empresas que en su conjunto cumple, que se está esforzando por hacerlo cada vez mejor. Ni siquiera el Gobierno se ha dado cuenta del valor de los compromisos de autorregulación que hemos firmado y espero que, dentro de ese proceso de integración gremial, las otras empresas lo adopten.
¿Todas están en la misma página?
Es algo evolutivo. No es lo mismo funcionar bajo estándares internacionales para una operación cero kilómetros como AngloAmerican que para una empresa -para no utilizar nombres propios- que compró una mina colombiana con un pasivo histórico, técnico y laboral de 40 años.
No es lo mismo implementar buenas prácticas en una mina que lleva 20 años, que tiene su forma de hacer las cosas y a la que le cuesta cambiar, a hacerlo en una operación que apenas va a comenzar.
La minería fue una consentida del gobierno Uribe y muchos de sus altos funcionarios, como usted, hoy están en el sector. ¿Cree que hubo un castigo con Santos?
Esa pregunta hay que hacérsela al Gobierno. Me he caracterizado por ser una técnica rigurosa y nadie puede decir que en alguna de mis gestiones como líder del sector minero ha habido un trasfondo de posición de carácter político. Yo no tuve nada que ver con el sector minero y haber hecho parte de un gobierno no me inhabilita para ser líder independiente.
Ahora, yo no tengo la sensación de que Uribe haya consentido a los mineros. El sector petrolero sí se benefició muchísimo porque hubo un cambio institucional clarísimo: se escindió Ecopetrol, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se instauró el sistema de asignación de bloques y se pusieron reglas de juego claras.
Se aprovechó la oportunidad para montar la institucionalidad que acompañara a la industria petrolera, aunque no de la minera. Y asumo mi responsabilidad como directora de reforma del Estado porque confieso que no estaba en nuestro radar.
Sí hubo una política diferente de confianza inversionista, que fue pilar del gobierno de Uribe porque solos no éramos capaces de traer inversión para crecer. Eso no solo se vio en el sector minero sino en firmas del TLC y en incentivos tributarios para hacer a Colombia atractiva a la inversión internacional. Cuando uno estaba en esa situación tan negativa, tocaba ponerse bonita de alguna manera.
¿Pero hay molestia de Santos con presencia de uribistas en el sector?
Esa toca hacérsela a él.
¿Por qué es importante para ustedes la integración gremial?
Desde que nacimos hemos sido conscientes de la dificultad de la representación gremial en el sector. Hoy hay seis gremios -Asogravas para los materiales de construcción, Fedesmeraldas y Fenalcarbón -que son muy particulares-, pero Asomineros de la Andi, la Cámara Colombiana de Minería y Minería a gran escala estábamos duplicando sus funciones. En muchos casos son las mismas empresas que están multiafiliadas.
Nosotros nos inspiramos en el Consejo Minero chileno, que agrupa a los mineros a gran escala, que puede hacer las cosas con base a estándares internacionales y que quería desmarcarse. Pero desde el día uno la idea era unificarse en algún momento. Es un paso importante, indispensable y tardío.
¿Qué lograron que no había antes?
Primero, visibilizar nuestros aportes económicos y sociales, desde las compras a proveedores nacionales por 6 billones de pesos al año hasta los 350 mil empleos que genera (cuando el Dane decía que eran 50 mil).
Y segundo, posicionar al sector. Hemos abierto espacios que antes no tenía el sector minero, reactivando los acuerdos gobierno-industria que existían para petróleo y gas y creando estándares de autorregulación. Hubo un cambio de mentalidad: pasamos de una industria vergonzante a una que está dispuesta a equilibrar el debate y que es fuente de información confiable.
Muchos no nos han abierto las puertas, como en el Consejo Nacional Gremial. Pero hemos acompañado el desarrollo de la industria y tuvimos un 'imput' en el rediseño institucional del sector.
De mis 13 empresas, seis están en exploración. Y lejos de empezar, con locomotora y todo. Las otras son minas viejas.”– CJ
Aún no ha arrancado ningún nuevo proyecto nuevo en 20 años, pero el sector ya genera mucha polarización. ¿Está la minería en un limbo?
Totalmente. Cualquier industria que quiera crecer necesita una visión de mediano y largo plazo, clara, sin ambigüedades que refleje por lo menos un consenso del Gobierno sobre hacia dónde va el sector. Eso no existe con la minería y el gremio lo viene pidiendo.
Hemos sacado Conpes para la minería ilegal, para agricultura o para infraestructura, pero no hemos podido tener una política para mediano y largo plazo en el país. Se necesita no solo la voluntad de desarrollar una locomotora minera, sino que hay que diseñar institucionalidad y un alineamiento de los que toman decisiones, desde lo nacional hasta lo local. Al final de cuentas, nuestras operaciones están en las zonas rurales del país.
¿En qué vio avances? ¿Y debilidades?
Hubo avances en la creación de un viceministerio de minas y de una Agencia Nacional Minera, en la recogida de las responsabilidades de fiscalización para que queden a nivel nacional o en la focalización del Servicio Geológico para poder conocer el potencial del país.
Hay cuentas pendientes con la institucionalidad ambiental, que ha sido poco oportuna y ambigua. Seguimos sin delimitar el páramo de Santurbán y otros treintena de páramos, seguimos sin reglas claras para saber dónde sí y dónde no minería. Seguimos sin sacar las condiciones de selección para las áreas de reserva estratégica, seguimos sin las mesas de diálogo regional y no tenemos director de orquesta para el diálogo social. Seguimos con reservas forestales temporales mientras se delimitan los ecosistemas del país. Seguimos con un sistema general de regalías que ha creado un malestar tremendo. Todas esas tareas están pendientes.
¿O sea que falta más de lo que se ha hecho?
No bastaba con anunciarla: hay que crear las condiciones para que la industria se desarrolle. De mis 13 empresas, seis están en exploración hace años. Y están lejos de empezar, con locomotora y todo. Las otras son todas minas viejas.
Es decir, ¿están los rieles pero no arranca?
Nos equivocamos en el orden de las cosas: nos concentramos como país en cómo vamos a repartir las regalías y el calculo alegre eran 100 billones de pesos. Se nos olvidó un pequeño detalle: que para distribuir esas regalías primero hay que generarlas.