Aunque desde el 2014 en Colombia se le abrió la puerta al fracking, solo hasta este año su llegada se sintió con fuerza.

San Martín, un municipio en el sur del Cesar, está camino a convertirse en el primer lugar del país en el que se desarrollará la controvertida técnica de extracción de petróleo y gas, que consiste en inyectar a presión millones de litros de agua, combinada con químicos, para fracturar rocas que están entre uno y tres kilómetros debajo de la superfice para obtener el petróleo que está atrapado en ellas.

Mientras la petrolera Conoco Phillips (una de las más grandes del mundo) está adelantando los trámites para iniciar la extracción de hidrocarburos con esa técnica (además de San Martín, en un sector de Aguachica en el Cesar, y en veredas de Rionegro en Santander), los sanmartinenses empezaron a convocar marchas para protestar por los impactos que podría tener el fracking en su territorio.

La última movilización tuvo lugar el pasado domingo y hoy varios habitantes del municipio tienen bloqueada la vía que conecta con el que se convertiría en el primer pozo de fracking del país.  Ambientalistas y congresistas ya se sumaron a la protesta e iniciaron un movimiento para frenar la llegada de esa técnica al sector.

La llegada a San Martín

Sobre el fracking es más lo que se desconoce que lo que se conoce, por eso en varios países, entre los que se encuentran Francia y Bulgaria, y en estados de Estados Unidos como Nueva York, se ha prohibido su práctica bajo el argumento de que podría representar “riesgos para la salud pública”.

Desde el 2012 se empezó a hablar de fracking en Colombia y en 2014 con la expedición de la reglamentación se le dio vía libre. En ese entonces mientras que el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos dieron su parte de tranquilidad, la Contraloría General de la República dijo que “hacían falta más estudios” para determinar los verdaderos impactos del fracking en el país y organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación y pidieron que se declarara una moratoria.

En medio de ese debate, la política en el país continuó, y un contrato firmado el 2 de diciembre del año pasado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y las petroleras Conoco Phillips (como operadora) y CNE Oil, se convirtió en la llave que le abrió la puerta a la explotación de hidrocarburos a través de fracking en San Martín, un municipio que tiene cerca de 25 mil habitantes y que en las últimas tres décadas ha sido parte de la industria petrolera en Colombia.

9 años de exploración y 30 de explotación establece el contrato de la ANH con la Conoco

El contrato trazó con la ANH la ruta (9 años de exploración y 30 de explotación) de la empresa para extraer yacimientos de petróleo y gas con técnicas no convencionales en la zona.

Aunque en el contrato en ninguna parte habla de fracturación hidráulica explícitamente, sí se señala que se hará 'estimulación hidráulica', expresión que, según tres expertos de la industria del petróleo consultados por La Silla, no es más que un sinónimo para referirse a esa técnica de extracción de petróleo.

La zona de San Martín comprometida está entre los corregimientos de Pitalimón y Cuatrobocas. Allí ya se encuentra un pozo denominado ‘Picoplata’  que desde hace varios años ha sido explotado de manera convencional, pero que se converitiría en el pionero del fracking en el país.

La licencia: el ‘florero de Llorente’

Este fue uno de los folletos que repartió la Conoco Phillips en San Martín, Cesar.

Conoco Phillips aún no tiene licencia ambiental para hacer fracking en San Martín. En su lugar tiene una licencia que en marzo de este año le fue cedida por la Shell, pero que solo le permite hacer explotación convencional; no obstante, si quisiera usarla estaría impedida porque en el contrato adicional se estableció que renunciaba a la explotación convencional en la zona.

Precisamente, cuando el escándalo estalló en San Martín fue por el trámite de la licencia debido a que la Conoco Phillips empezó a repartir folletos sobre el impacto ambiental que generaría en la zona el fracking.

“Acá es muy difícil unir a la gente por una causa común, pero cuando nos dimos cuenta de lo que esto implicaba, todo el mundo salió a las calles a protestar. Aquí están poniendo en riesgo el agua y nuestra vida. El fracking es peligroso y no vamos a permitir que se haga acá”, le dijo a La Silla Heraldo Quintero, presidente del Concejo.

Y es que desde que se conoció la noticia, muchos en San Martín empezaron a investigar qué era fracking y constituyeron un comité para la defensa del agua.

“Yo no necesito que me paren un bobo al frente para que me digan qué es fracking, en Google uno entiende todo. ¿Usted se ha visto Bart Simpson? Ahí hay un capítulo que habla de eso. Nosotros no podemos permitir que nos dañen el agua y al municipio”, le dijo a La Silla Dolmar Trillos, habitante de San Martín.

Los habitantes del municipio hablan en términos parecidos sobre el fracking, muchos dicen que han visto en internet los reparos que se tienen a esa técnica y temen que San Martín sea el damnificado de la política petrolera del país. También han recolectado videos de personas que nacieron en San Martín pero que viven fuera del país para presionar por el No al fracking.

A hoy ya dos marchas han recorrido el municipio. La primera fue el 17 de marzo y la segunda el 17 de abril, en la última, según los cálculos de los promotores, salieron a marchar más de 7 mil personas protestando contra esa posibilidad. A ese movimiento se han sumado políticos de diferentes partes del país, como Claudia López y Jorge Robledo, y congresistas de la zona como Cristian Moreno.

Por su parte, con la asesoría de organizaciones ambientalistas (Aida) y jurídicas (De Justicia y el colectivo de abogados José Alvear) los habitantes de San Martín ya están buscando la manera de adelantar una consulta popular para evitar que la petrolera continúe con la intención de hacer fracking en la zona.

“Estamos analizando todas las posibilidades. La consulta popular es uno de los mecanismos que queremos utilizar pero esa consulta no es vinculante y el Estado podrá ignorarla si quiere”, explicó a La Silla Carlos Afanador, un abogado del municipio.

A las voces en contra también se ha sumado la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, cuyo director Kaleb Villalobos, le dijo a La Silla que ve “inconveniente la aplicación del fracking en la zona porque tiene un sistema hidrológico bastante rico y no existen estudios sobre las aguas subterráneas que permitan conocer el verdadero impacto de esa tecnología”, además señaló que en el Cesar “no existen expertos sobre fracking y no habría manera de hacerle seguimiento a un proyecto de esas características”.

Entre tanto, la voz que ha estado ausente en San Martín, es la del Alcalde Saúl Celis, quien en declaraciones públicas ha dicho que es necesario “que se socialice más el proyecto”, pero quien no ha tomado parte en la disputa. Todos los habitantes con los que habló La Silla para esta historia cuestionaron el papel del Alcalde, pero prefirieron no pronunciarse con voz propia sobre él.

“Hay muchos rumores que se escuchan sobre el papel del Alcalde. A uno le extraña ver todo el pueblo unido y al Alcalde por otro lado. Pero bueno, acá estamos con nuestra gente y nosotros pesamos más que una sola cabeza”, le dijo a La Silla un líder del movimiento que pidió la reserva de su nombre.

La Silla intentó en repetidas ocasiones hablar con el Alcalde de San Martín, pero no contestó las llamadas ni los mensajes dejados en su celular.

El director de la ANLA, Fernando Iregui, le dijo a La Silla que en este momento no tiene solicitudes de licencias para fracking en la entidad; no obstante, cuando conoció el folleto que fue entregado en ese municipio señaló que podía “concluir que muy seguramente la empresa está haciendo un trabajo de socialización con la comunidad para seguramente a futuro solicitar la modificación de la licencia (actual)”.

El martes en la noche los habitantes del corregimiento Cuatrobocas, que es en el que se encuentra la vía de acceso al pozo de la Conoco Phillips, bloquearon el paso de la maquinaria de la petrolera. Hasta ayer la vía continuaba cerrada y los sanmartinenses se mantenían en que no iban a despejarla.

Sin bonanza y con menos agua

En diciembre de 2014 la ciénga de 'Pitalimón' estaba llena de agua, hoy luce así. Corpocesar y la Fiscalía están investigando las causas.

Aunque desde hace tres décadas en San Martín se extrae petróleo, sus habitantes dicen que nunca han sentido realmente la bonanza.

“Sí hubo una época de oro, pero la plata se fue como llegó. Aquí seguimos teniendo los mismos problemas de educación, de salud que en el resto del país”, Henry Santana, habitante de San Martín.

Otros sanmartinenses dicen que la llegada de las petroleras, aunque trajo consigo trabajo también llevó al municipio "malas costumbres". “Llegaron las prostitutas y los vicios y al final quedamos con lo mismo o con menos porque ahora están los daños ambientales”, recordó Dolmar Trillos

Precisamente, el costo beneficio del fracking en San Martín,  es otro de los puntos de discusión de los habitantes. En el contrato se señala que el Estado solo tendrá derecho al 2% de la  extracción, frente al 98% que se quedarían las petroleras.

“Ese contrato afecta claramente las finanzas de la Nación. El costo ambiental del fracking es muy alto para el bajo beneficio económico y eso es algo que se debe tener claro”, le dijo a La Silla Carlos Santiago, uno de los líderes del comité de defensa.

El costo ambiental del fracking es muy alto

Carlos Santiago,líder ambientalista

A ese escenario se suma el hecho de que varios cuerpos de agua de San Martín ya se han secado,  y aunque aún las causas son materia de investigación, no se descarta que tengan que ver con la explotación petrolera en la zona, sumada al fenómeno del Niño y a la intervención de los habitantes.

La Silla visitó la ciénaga de Pitalimón, a 15 minutos del pozo que es de propiedad de la Conoco Phillips, y encontró que de 2014 para acá se secó. En Corpocesar aseguraron que están investigando junto a la Fiscalía el por qué de la desaparición de ese acuífero.

“Hace tres años se empezaron a secar las quebradas y las ciénagas. Antes uno se iba a bañar y ahora lo que hay es mera tierra. Por eso no queremos que se nos sigan acabando el agua”,  le dijo a La Silla Luis Santiago Montenegro, campesino de Cuatrobocas.

Si bien el fracking es la tecnología que a Estados Unidos le ha permitido aumentar sus reservas de gas y petróleo al punto de que prácticamente lo convirtió en otra potencia de hidrocarburos, el costo beneficio de esa explotación, teniendo en cuenta las decisiones de otros países, abre las preguntas sobre su conveniencia. Mientras tanto en San Martín dicen que están dispuestos a llegar hasta "las últimas consecuencias" para evitar que el fracking sea una realidad en su territorio.

Hoy 22 de Abril se suscribió la Declaración de Cambio Climático París por Líderes Mundiales. Una oportunidad de pasar del discurso a la acción, según Andrew Steer de WRI Colombia la firma al lado de 166 naciones ¿Son útiles estas declaraciones? ¿Es serio el compromiso de Colombia de reducir 20% GEI a 2030?

Hoy desde las 7:30 de la mañana, el defensor del Pueblo Alfonso Cajiao recorrerá varios barrios del sur de Barranquilla en compañía de algunos de sus altos funcionarios y autoridades locales. El motivo de esa visita pone sobre la mesa una aterradora situación que ensombrece en la ciudad que, el año pasado, fue declarada por Planeación Nacional como el mejor “vividero” de la Costa, y que de unos años para acá es destacada en el país por su buen momento.

Se trata de los macabros casos de cuerpos desmembrados que vienen apareciendo esporádicamente desde 2013, y que este año ya suman cuatro.

Cabezas, troncos, brazos, piernas, que aparecen metidos en costales, enterrados o sumergidos en el río Magdalena, y que inevitablemente recuerdan la horripilante situación de las casas de pique en Buenaventura por cuenta de la guerra territorial de las bandas criminales. De hecho, justo ayer la prensa registró el hallazgo de un brazo y una pierna en un barrio llamado Villanueva.

El registro que de cada uno de estos homicidios ha hecho la prensa local da detalles tétricos de la situación que, por ahora, sólo se presenta en barriadas vulnerables y violentas y en contra de personas humildes: la cabeza de uno de los muertos (el mototaxista William Manotas, asesinado en abril de 2015) fue encontrada por unos niños en un sector conocido como ‘La bendición de Dios’.

El tronco de otra de las víctimas (marzo de este año), sin cabeza y con solo un brazo y una pierna, fue hallado en una alcantarilla del barrio San Roque, luego de que habitantes decidieran abrir el sistema tras varios días soportando un mal olor.

El asesinado más reciente (hace un mes) es un bicicochero cuya cabeza fue arrojada sobre la calle principal del barrio La Chinita. Según el periódico popular Al Día, el que podría ser su torso apareció días después en un saco a orillas del río Magdalena.

Desde 2013 hasta acá van en total 11 casos de cuerpos desmembrados en Barranquilla. En un primer informe de riesgo en julio de ese mismo año y en una nota de seguimiento, en diciembre pasado, la Defensoría del Pueblo advierte la presencia de “grupos posdesmovilizados” en los sectores en los que han ocurrido los homicidios.

Sin embargo, ni la Policía ni la Alcaldía han aclarado de qué se trata exactamente y, de hecho, niegan que en la ciudad haya casas de pique, como lo afirma la ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que tiene un observatorio de seguridad y agrupa 266 organizaciones de Derechos Humanos del país.

Esas son “especulaciones”, dijo el alcalde Álex Char hace cinco días. Es por ello que, en un comunicado, la Defensoría pidió explicaciones a las autoridades locales y hoy hará un recorrido por las zonas del terror.

Por ahora es claro que, con las peores cifras de homicidio en los últimos cinco años al cerrar el 2015, la seguridad barranquillera será uno de los principales retos para el recién llegado mandatario. A él, el programa Barranquilla Cómo Vamos le criticó que en su Plan de Desarrollo no haya incluido compromisos sobre cuánto disminuirá la tasa de homicidios estos cuatro años.

Intentamos comunicarnos con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Gonzalo Londoño; y con el secretario del Interior del Distrito, Roberto Pérez, para obtener respuestas sobre los casos de cuerpos desmembrados, pero eso no fue posible. La jefe de prensa del General nos dijo que estaba ocupado y el Secretario Pérez nos aclaró que el vocero para temas de seguridad desde la Alcaldía es el gerente del área metropolitana, Jaime Berdugo. A él le dejamos varios mensajes en el chat de su teléfono, que no habían sido respondidos a la hora de publicar esta historia.

En cambio, con otras tres fuentes conocedoras sí pudimos hablar por separado sobre lo que puede estar ocurriendo en Barranquilla.

Ellos son el abogado José Humberto Torres, reconocido defensor de Derechos Humanos, apoderado de víctimas del paramilitar alias Don Antonio y vocero de la ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que hace investigación en terreno. El expersonero de Barranquilla Arturo García, quien desde hace tres años investiga el fenómeno de las pandillas y las bandas a nivel local y hoy estará en el recorrido de la Defensoría. Y el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y  Reconciliación de León Valencia.

“Dicen que no hay casas de pique, pero en alguna parte los están picando”

Torres, García y Ávila coincidieron en que los casos de cuerpos desmembrados con seguridad están relacionados con el fenómeno de las bandas posdesmovilización paramilitar, es decir, las bacrim.

Esa presencia en Barranquilla quedó clara cuando hacia 2012 se disparó la extorsión en zonas de comercio, como Granabastos, el Centro Histórico y Barranquillita, y el fenómeno fue atribuido por las propias autoridades a las bandas Los Rastrojos y Los Urabeños, hoy llamados Clan Úsuga.

El año pasado, en una entrevista a La Silla Caribe, la entonces alcaldesa Elsa Noguera contó: “Los Rastrojos, que ya se llaman Caribeños pero vienen de esa misma organización, hacen presencia en Barranquilla. El clan Úsuga hace presencia en Barranquilla. De pronto no hay una banda conformada de barranquilleros, pero finalmente estas organizaciones están llegando a Barranquilla y empiezan a competir entre ellas y por eso es que observamos situaciones de sicariato”.

Según encontró la Fundación Paz y Reconciliación, en 2014 los Urabeños o Úsuga habrían creado una suerte de federación criminal con organizaciones de la región, luego de dos reuniones ese año en La Arenosa. Algunas disidencias de ese colectivo se organizaron más tarde en otro denominado “La Oficina del Caribe”.

Los desmembramientos son una especie de “homicidios ejemplarizantes” en estas bandas, que asesinan de esa manera macabra para generar terror y mostrarse poderosos.

Sin embargo, en concepto de Ariel Ávila, ese tipo de casos no prueba necesariamente la existencia de las llamadas casas de pique.

En ese punto, se distancia de él el también investigador José Humberto Torres, quien cree que hay varias similitudes entre lo que ha ocurrido en Buenaventura y lo que pasa en Barranquilla. “Las casas de pique en Buenaventura son parte de una guerra entre Rastrojos y Úsuga por el territorio y aquí también vemos enfrentamientos por el control en el sur de la ciudad. Igual pasa con el modus operandi, en ambos lugares usan machetes para desmembrar los cuerpos y suelen dejar las partes regadas en distintos lugares”.

“Las autoridades han querido reducir el tema a un asunto semántico sobre las casas de pique. Dicen que no hay casas de pique, pero en alguna parte los están picando. Si no se llaman casas de pique, entonces se llaman inmuebles de pique”, agregó Torres.

Por último, el expersonero García dice que los desmembramientos son unos “actos de iniciación” que estos grupos imponen a jóvenes recién reclutados y que detrás de ellos podrían estar organizaciones criminales, relacionadas con los desmovilizados, pero no necesariamente Rastrojos y Urabeños.

Dicen que no hay casas de pique, pero en alguna parte los están picando

José Humberto Torres, investigador

García lleva sus tres años de investigación haciéndole seguimiento a una banda llamada ‘Los 40 negritos’, que nació como una pandilla y luego mutó a organización criminal (con estructura de ingresos que les llegan vía extorsiones, narcotráfico y control de los pagadiario), en la que algunos de sus miembros han tenido relaciones con paramilitares desmovilizados.

Hace unos días la Policía capturó a Luis Zafir Mosquera, conocido como ‘el Burro’, quien aparentemente está relacionado con los casos de cuerpos desmembrados. Según las autoridades citadas por la prensa local, ‘el Burro’ prestaba sus servicios a Los Rastrojos, pero no era exactamente uno de ellos.

Eso indica la complejidad de este aterrador problema, sobre el que seguramente habrá un pronunciamiento oficial hoy. Y que hace sombra a la ciudad que llaman la Puerta de Oro de Colombia.

El alcalde barranquillero Álex Char cumplió 50 años el 16 de abril pasado. En un festejo privado para celebrárselos, en el que había funcionarios del Distrito, rectores y profesores de instituciones públicas, el mandatario tomó el micrófono con evidente emoción para dejar claro por qué no tiene dudas de que su aliado Germán Vargas Lleras será el próximo presidente de Colombia.

Dos personas que asistieron al evento nos confirmaron que, el video, que nos llegó vía Facebook y por whatsapp, es de hace pocas semanas, es decir, cuando Char ya era mandatario.

Hace unas semanas el equipo de Peñalosa decidió ponerle fin al único programa de atención a desmovilizados gestionado desde el Distrito: el proyecto 840. La decisión va en línea con su política de cambiar todo lo que huela a Petro para replantearlo en su Plan de Desarrollo, e incluye dejar este tema bajo la sombrilla de la Alta Consejería para las Víctimas que se estrena en esta competencia. Con este borrón Peñalosa también elimina lo único que los reintegrados habían ganado con el programa distrital de cara al nuevo proceso de paz: interés y espacio para proponer políticas públicas en torno al proceso que llevarán sus compañeros.   

Si bien hasta que no haya Plan de Desarrollo no habrá última palabra sobre cómo quedará la política distrital en torno al tema de reintegración, en el borrador se vislumbra que Bogotá no irá más allá de las políticas nacionales que ya existen, y que se ejecutan desde la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).   

Así lo justifican Ángela Anzola, Alta Consejera para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, y Joshua Mitrotti, director de la ACR, quienes concuerdan en que se viene una alineación del modus operandi entre ambas entidades para restablecer sus relaciones que nacieron y crecieron débiles. De esta manera “no nos pisaremos las mangueras y se generarán sinergias”, dice Anzola.      

Los beneficios que se pierden, pero no

Este proyecto se planteó en 2005 durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón como un complemento a las iniciativas nacionales para la reintegración, ejecutadas por la - en ese momento- Alta Consejería para la Reintegración.

El proyecto tenía dos objetivos: construir identidad ciudadana en los excombatientes y vincular al desmovilizado a la comunidad donde vivía.

La política distrital para lograr el primero consistía en atender a los desmovilizados en centros de apoyo donde recibían asesoría legal para la aplicación de la Ley 1424 de justicia transicional, atención psicosocial, y acompañamiento en el trámite de su vivienda.  

También se hacían recorridos turísticos, llamados Módulo Ciudad, alrededor del centro histórico de Bogotá para que los nuevos ciudadanos desarrollaran un sentido de pertenencia por ella.

Para vincular al desmovilizado a su comunidad (el segundo objetivo), se organizaban conversatorios en colegios con el fin de prevenir el reclutamiento de niños y jóvenes en zonas de influencia de pandillas; y reuniones en los barrios donde vivían los excombatientes para discutir con ellos y la comunidad conjuntamente cómo veían el postconflicto.

Por el momento los recorridos por el centro histórico no seguirán, y dado que no existe una evaluación de impacto formal más allá del conteo de personas que asistieron a ellos y entrevistas esporádicas a la comunidad, es difícil medir el vacío que dejan en materia de vinculación de excombatientes a la sociedad civil.  

Los centros de apoyo, los conversatorios con jóvenes y las reuniones, también faltos de evaluación de impacto, no se acaban porque la ACR (que tampoco los evalua) duplica con su propia filosofía este tipo de servicios a los excombatientes en Bogotá. La “duplicidad” y la “propia filosofía” reflejan problemas estructurales de coordinación entre ambas instituciones.

La relación a distancia entre la ACR y el Distrito

“Mientras la perspectiva de la ACR consiste en condicionar la ayuda al compromiso de los excombatientes para que se apropien de un proceso meritocrático de reintegración, el Distrito tenía una perspectiva más asistencialista. Siguiendo esa lógica, si eventualmente se le quita la atención al desmovilizado, este queda en nada. Nosotros les enseñamos a pescar, no les damos el pescado”, dijo a la Silla Joshua Mitrotti, director de la ACR.

Y es que desde sus orígenes los programas no pudieron estar más desarticulados. Mientras la ACR nace del Programa para la Reintegración a la Vida Civil de Uribe, en el marco de una estrategia militar que condicionaba un salario a la colaboración de los desmovilizados con el Ejército, la Administración de izquierda propone el Proyecto 354 (después llamado 840) para complementar los vacíos sociales que estaban dejando las políticas nacionales.

A partir de esta divergencia ambos han evolucionado. Un funcionario de la ACR concuerda con que el programa nacional se ha movido hacia una política menos asistencialista, más personalizada, condicionada a las ganas de salir adelante de cada excombatiente –no a su colaboración militar-, y menos individualista, trabajando también con la comunidad.

Mientras tanto, el programa distrital se ha movido hacia la inclusión de los desmovilizados en la planeación –y ejecución- de la política pública.  

Surge el desmovilizado participativo

Durante las administraciones de Lucho Garzón y Samuel Moreno el programa tuvo un manejo que según Martín Rangel, excombatiente de las AUC, le daba confianza a nuevos desmovilizados por dos razones: primero porque estos llegaban a la oficina del Programa y se encontraban con pares suyos, y segundo porque esta oficina quedaba en una casa común y corriente.

Esto permitió que los mismos desmovilizados brindaran atención a sus nuevos compañeros y se apropiaran del programa empezando a interesarse por participar activamente en sus dinámicas.

El compromiso de los excombatientes evolucionó a tal punto que la mayoría de los gestores territoriales del Distrito eran desmovilizados. Su tarea era imaginar y organizar los foros en la localidad que tenían asignada, lo que les daba libertad de elegir el cómo, pero también evidenciaba falta de lineamientos unificados desde la alcaldía.

Sin embargo, y a pesar de que los excombatientes compartían y participaban de la visión del Distrito, las decisiones de Petro, durante el comienzo de su administración, trajeron roces que terminaron por llevar el proyecto al borde de la extinción.

“Cuando Petro decide mudar la oficina al edificio de la Secretaria de Gobierno y reducir el personal de la oficina de treinta a dos personas, pone una barrera al excombatiente que se siente intimidado por entrar a un edificio oficial muchas veces sin tener todavía una identificación, además de tener que hablar con personas que no se ponen en sus zapatos”, dice el mismo Rangel.

Con esta movida el programa se fue debilitando, y a pesar de los intentos del entonces Secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, por recuperarlo, hubo problemas entre los coordinadores del distrito y los desmovilizados que estaban vinculados al proyecto.

De esos roces quedó constancia en una carta rotada entre desmovilizados y algunos funcionarios del Distrito como Ligia Peñuela y Ricardo Ramírez. Esta carta firmada por un ciudadano que se hace llamar Pablo Pueblo, evidencia enfáticamente el descontento que dejó el trabajo conjunto entre excombatientes y Distrito.

“Al final la población reintegrada se sintió segregada y perdió visibilidad, presencia y confianza en el Distrito”, le dijeron Jefferson Perea –excombatiente de AUC- y Luis Ángel Blandón – excombatiente del  ELN - a la Silla, lo que deja ver unas relaciones resquebrajadas que tampoco vislumbran mejoría con la decisión de Peñalosa.

Sin embargo, los desmovilizados tampoco estuvieron engranados. Las visiones opuestas sobre cuál debía ser su papel en la ciudad, no mandaron un mensaje unificado de lo que querían como ciudadanía y terminaron por desarticular aún más los esfuerzos de uno y otro dentro del programa.

Una fuente excombatiente le dijo a la Silla que a diferencia de los desplazados y las víctimas, los desmovilizados no se pudieron coordinar, en parte porque unos querían mantener un bajo perfil y en parte porque dentro del grupo había una división entre los que creían que ellos deberían intervenir en definir políticas públicas y los que creían que debían limitarse a aprovechar los programas sociales.

De este proceso y de la forma como está planteado el postconflicto en La Habana, han brotado nuevos intereses en los excombatientes instalados en la ciudad, incluso en los ex AUC, que quieren participar de la definición de lineamientos de política pública en torno a sus pares.

Los baches que se le vienen a Peñalosa

Aunque todavía no ha generado el ruido que otros frentes de batalla sí han tenido, como el de los vendedores ambulantes o los ambientalistas, la decisión de Peñalosa de acabar el programa es impopular.

Además de haber perdido poder de decisión en el cómo se hacen las actividades, los desmovilizados la rechazan porque Bogotá se queda hasta nueva orden sin una política clara de atención complementaria a excombatientes, y porque consideran que quedar bajo la sombrilla de la Alta Consejería de Víctimas no es legítimo ya que la mayoría de ellos no se consideran víctimas del conflicto.

Las víctimas también hicieron saber su inconformidad por haber sido metidas en el mismo saco que sus victimarios.

“Este tipo de molestia es prueba de que la aceptación de desmovilizados en espacios donde hay víctimas, que por fuerza mayor económica son los mismos, está por el piso. Si queremos lograr una reintegración total tenemos que dejar los rótulos de lado y por eso trabajaremos como `ciudadanía´ y no como ‘víctimas’ y ‘victimarios’”, dijo Ángela Anzola a la Silla.

La alta consejera también asegura que es de su total interés que el proyecto no quede huérfano, y esto implica que la Alta Consejería, que depende de la Subsecretaría de Seguridad, se quede en la Secretaría de Gobierno y no pase a la recientemente creada Secretaría de Seguridad porque “le daría un enfoque policiaco y no reconciliador”.

Esto es una pista sobre un debate que no se ha dado en la Alcaldía y que a medida que se aproxima la firma del Acuerdo Final con las Farc se hace más urgente.

Aunque ninguna entidad sabe cuántos desmovilizados recibirá la ciudad porque existe una probabilidad grande de que las FARC se queden haciendo política en sus zonas de influencia una vez termine el desarme y no haya una llegada masiva a los centros urbanos, los problemas que se pueden dar tienen muchas naturalezas, aún invisibles, por lo impredecible que puede llegar a ser un proceso de reintegración.

Por ejemplo los cuatro excombatientes consultados por la Silla coincidieron en que existe un miedo generalizado sobre qué va a pasar cuando lleguen los excombatientes de las FARC, una organización que castigaba con pena de muerte a los que se volaran como lo hicieron muchos de los desmovilizados.
 

La elección de Fiscal General de la Nación no se hace previo un “concurso de méritos”, por tanto, no está mediada exclusivamente por el conocimiento, o la experiencia, o la propuesta que los candidatos tengan. Los tres candidatos tienen una trayectoria personal y profesional suficiente, no solo para cumplir los requisitos, sino para esperar que en caso de ser elegidos hagan una fiscalía exitosa.

La “hoja de vida” en este caso no hace diferencia. Sería entonces la propuesta.

¿Hacia dónde debe orientarse la Fiscalía? ¿Propondrían una nueva reestructuración o les parece que la que hizo Montealegre está bien? ¿Les gusta el método de priorización? ¿Priorizarían los mismos delitos? Y un larguísimo etcétera de preguntas que nadie les ha hecho y probablemente nadie les hará y que si se las hacen dará lo mismo lo que contesten que será algo políticamente correcto del estilo: “evaluaría”, que es una manera bonita de decir no tengo ni idea porque no conozco el detalle.

Pero como todos los candidatos llegan con el halo de ser grandes juristas la respuesta parecerá ponderada e inteligente. Si hacen el rito de la audiencia pública los magistrados los mirarán con el ceño fruncido, La Silla hará algún detector de mentiras y las ONGs algún seguimiento en vivo y esa parte de la puesta en escena quedará “chuliada”.

En otras partes del mundo, incluso democracias más consolidadas que las nuestras, el voto hubiese podido estar precedido por la militancia política. Es de tal o cual partido, el mismo al que pertenece el elector y eso sería determinante. En Colombia no porque el grado de militancia es muy pequeño y se convierte en un elemento negativo para quien quiera aspirar a cualquier cargo.

Si alguna crítica se le hace a Néstor Humberto Martínez, por ejemplo, es que ha militado en el partido Cambio Radical y para algunos haber militado en algún Partido pareciera ser una causal de inhabilidad. Incluso en la página de la Presidencia cuando se abrió públicamente el proceso de postulación, además de los requisitos constitucionales, se dijo que se evaluarían otros, uno de ellos el de independencia que definieron como: “sin compromisos políticos ni que sea influenciable”.

Casi ninguno de los magistrados de la Corte tiene militancia política conocida. En la base de datos que elaboró La Silla solo se le asigna pertenencia partidaria a menos de la tercera parte y si se les preguntara a ellos dirían que es injusta. En algunos casos se les atribuye porque en algún momento aspiraron a algún cargo –no de elección popular- y buscaron algún apoyo, además de que la clasificación es “frentenacionalista” porque solo marcan como liberal o conservador y el sistema de partidos es más variopinta.

Hace cuatro años, por ejemplo, la mayoría de la Corte decidió que no votaría por candidatos postulados por Uribe. Ahora podría uno suponer que medir el nivel posible de cercanía, de influencia, o de “traición” al gobierno podría ser una variable a considerar por los electores. El entusiasmo del Procurador y el senador José Obdulio con la terna debería preocupar al Presidente. Algún error debió cometer Santos para que lo estén celebrando.

La verdad es que los magistrados son seres humanos normales que se mueven por afectos o desafectos, tienen prejuicios y pasiones, y así decidirán su voto. Algunos probablemente ya lo tengan decidido: son amigos personales de alguno de los candidatos, estudiaron juntos, son de la misma región de Colombia, estudiaron en la misma Universidad, fueron sus alumnos en alguna parte, le tienen gratitud especial por alguna razón, trabajaron juntos en el pasado o simple y genuinamente le tienen admiración y les parece que es un “verraco” o “verraca”.

Otros probablemente tendrán decidido por quien NO votar, incluso por las mismas razones de arriba pero que terminaron mal. Trabajaron juntos y lo sacó del cargo, estudiaron en la misma universidad y compartieron novio o novia y esas cosas que les pasan a los seres humanos aún si tienen una representación pública de intelectuales y académicos. La razón del NO puede ser porque de entrada no gusta lo que representan. Por ejemplo, si María Lorena Gutiérrez, que fue decana de administración de la Universidad de los Andes durante varios años, o la senadora Claudia López, que es aspirante a doctorado en una Universidad gringa, fueran magistradas de la Corte no esperarían al “examen”, ni les preguntarían a los candidatos qué van a hacer en la Fiscalía. Ambas tendrían previamente decidido que no votarían por Martínez.

Ahora, si descontamos los votos pre decididos, tenemos seguramente un amplio número que están en juego, magistrados a los que no les “cae” bien ni mal ninguno de los candidatos, que cualquiera podría ser y etcétera. Entonces se activan las que podríamos llamar “afinidades indirectas”. ¿Reciben influencias o abren un Excel y definen unas variables que ponderan y al final votan como diga el programa que deben votar? Pues claro que reciben influencias: oyen las razones de algunos de los pre decididos, que además de votar, se convierten en “jefes de debate”. Habrá actividad social en la que calculada o desprevenidamente se arme un corrillo y hablen de los candidatos.

Se irán armando bloques. Los magistrados almorzarán más entre ellos que lo que suelen hacerlo. Algunos asumirán que su razón, especialmente la negativa merece todo el empeño: “no podemos permitir”.

Las pregunta es: ¿Quién consigue más votos en la Corte Suprema: Luis Carlos Sarmiento Angulo (muchos deben tener al menos una tarjeta débito del grupo Aval), el rector de una Universidad (la Libre tiene cinco o seis magistrados), un congresista de –digamos- Santander (hay seis magistrados santandereanos), el Presidente Santos (habrá hijos, hermanos, primos que trabajen en el Gobierno), el ex Magistrado Ricaurte (hay cuatro o cinco magistrados que fueron elegidos con la ayuda de él), el ex Fiscal Montealegre, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia que es buena amiga personal de varios políticos del Caribe, el Vicepresidente Vargas Lleras? ¿Quién de esos quita más votos?

Hagan sus apuestas.

Debe haber un montón de razones económicas simples y profundas sobre las causas de la ineficiencia estatal. No hablo propiamente de la corrupción (del acto voluntario de quedarse con algo que le pertenece a lo público) sino de la incapacidad del Estado – a través de sus funcionarios – de materializar una buena idea para las personas a las cuales les sirven. No tengo idea cuál es el nombre técnico pero estoy seguro que dentro de cualquier estudio de ineficiencia estatal debe estar esto como una de las causas principales: la obsesión con las reuniones. Tengo la fantasía de que el nombre técnico es reunionitis, aunque estoy seguro que algún académico de la administración de empresas ya le habrá puesto un nombre híper-técnico y engañoso como pérdida irrecuperable de eficiencia humana o algo por el estilo.

El fenómeno funciona más o menos así. Uno llega a trabajar a la oficina y alguien le hace saber a uno que quiere tener una reunión para poder resolver un problema particular. Como uno tiene otras cosas que hacer, usualmente exige un argumento mínimo de por qué es importante tener esa reunión. Nos convencen de que es un problema real y que merece una solución. En ese momento uno acepta, agenda la reunión, y tiene el privilegio de fingir que en efecto ya está trabajando en una solución. Después de todo, para eso es la reunión. ¿Hay un problema? No se preocupen, este jueves vamos a reunirnos para discutirlo. En ningún momento alguna de las partes pensó que tal vez en esa misma llamada o en ese mismo correo podrían haber discutido el problema para ver si podían resolverlo sin reunión. El objetivo de la reunión es, increíblemente, tener una reunión. En algunos casos más dramáticos, esta discusión ocurre en persona. Es decir – en una reunión. Se hace una reunión para cuadrar otra reunión.

Llega el jueves y llega la reunión. Por supuesto, y siéndole fiel a nuestras costumbres, todos llegamos al menos diez minutos tarde. En ese momento identifico los tres tipos de personas que siempre están: (1) los que tienen la impuntualidad ya tan inscrita en su ADN que no dicen nada y simplemente asumen que las reuniones empiezan tarde; (2) los que aún tienen vergüenza y dicen que hay mucho tráfico, o que no encontraron parqueadero, o cualquier otra razón cotidiana; y (3) los verdaderos profesionales de la burocracia que saben que está mal visto no decir nada pero que saben igualmente que no toca tener una excusa concreta. Siempre dicen que se “enredaron”, o alguna otra palabra que denote una dificultad indefinida.

Después empieza la pre-reunión. En ese pedazo, el dueño de la oficina les pregunta a todos si quieren tinto. Unos quieren tinto, otros quieren agua aromática. Para los pragmáticos: un vaso de agua sin hielo. Para los ilusos (o los novatos de la administración pública) un cappuccino. ¿No hay cappuccino? Un vaso de agua está bien. Hablamos de política un rato; si hay confianza, hablamos de fútbol.

Una vez termina este ritual, empieza la verdadera tortura. Alguien trae la pesadilla de toda reunión: el famoso video beam (ni sé si así se escribe). En los peores casos ya tienen el aparato instalado. En los mejores casos tiene que venir alguien a montarlo y tenemos otro rato para hablar de frivolidades. Para el momento en que el encargado puede proyectar su presentación, ya han pasado al menos 45 minutos desde la hora en que la reunión empezó. Ya varios de nosotros hemos recibido llamadas y le hemos dicho pasito a la otra persona que los llamamos en un rato porque estamos en una reunión. Estamos ocupadísimos.

Y ahora sí entramos en materia. Los que son vieja escuela llegan con su presentación de Power Point. Es incomprensible y tiene 76 diapositivas. Hacemos los cálculos y nos damos cuenta que si las vemos todas vamos a estar reunidos al menos 6 horas. Pues claro – cuando la presentación empieza con los antecedentes históricos de la institución donde estamos, qué otra cosa podríamos esperar. Lo más triste es que no estoy exagerando: en mi corta trayectoria pública, noté que la vasta mayoría de las presentaciones empiezan con el antecedente histórico. Sobra decir que esto no tiene importancia alguna para lo que vamos a discutir, pero sí le permite a la persona legitimar su trabajo ya que debe haberle metido tres días enteros a la presentación. No puede ser cortica. Tiene que ser un ladrillo.

La alternativa es cuando llegan con una presentación no de Power Point sino de algún otro programa que salta de un título a otro. Lo digo literalmente. Cada vez que van a pasar de tema la imagen salta de una forma más “divertida” (supongo que quieren hacerlo ver más moderno) y uno se marea. Son muchas figuritas, muchos circulitos y colores que, supongo, están hechos para ser más didácticos. Pero el contenido es el mismo. Antecedentes históricos, retos, fortalezas, debilidades, etc. Para este momento de la reunión, a uno genuinamente ya se le olvidó para qué era que se había reunido.

Cuando se acaba la presentación empieza el juego donde todos competimos por decir algo sofisticado que parezca relevante pero que no nos comprometa a nosotros o a la institución que nos mandó de alguna forma. Los que llevan unos años en este ritual ya saben cuáles son las palabras mágicas: coordinar, planear, discutir, etc. Pero la mejor de todas, sin duda – la palabra que los va a hacer parecer unos grandes administradores públicos – es “articular”. Tenemos que articularnos. Tienen que articularse. Hay que articular las instituciones. Hay que articular los equipos. Después de que alguien dice que hay que articularse, todos asienten con satisfacción y, convenientemente (ya que es hora de almuerzo o es hora de irse a la casa) se acaba la reunión. ¿Cuál fue la conclusión? Aparte de la necesidad de articular, probablemente los asistentes opinan que hay que hacer unas “mesas de trabajo”. Esas mesas de trabajo son simplemente otras reuniones donde se decide que hay que planear más, hay que coordinar más, y sobre todo, hay que articular. Esto significa que se hizo una reunión donde la conclusión es que hay que hacer otra reunión.

Y en esto se la pasan los funcionarios públicos. Reuniéndose. Reuniéndose para evitar el trabajo, o para evitar la ejecución de una idea. Reuniéndose porque en algún momento de nuestra perezosa función pública, el hecho de hacer reuniones se convirtió en un indicador positivo sobre el nivel de trabajo. La persona que va a muchas reuniones debe estar trabajando arduamente en ese tema.

Pero es mentira. Las reuniones son una mentira. Su preparación, lo que se dice en ellas, y lo que se concluye, es toda una mentira. No estamos haciendo nada más que hablar paja. Por supuesto que debe haber reuniones útiles y productivas, pero tengo la fuerte sospecha de que son absolutamente marginales al lado de la enferma reunionitis que hay en el Estado. Esta ineficiencia se está comiendo viva la productividad de los funcionarios públicos y le está quitando valioso tiempo a los que tienen la disposición de hacer algo útil. ¿Será demasiado ingenuo pensar que podemos tener una burocracia sin reuniones y que los problemas los podemos discutir y ofrecer soluciones en la misma llamada que invita a la reunión, o en los correos, o en las charlas previas? Suena demasiado fácil, pero creo que si adoptamos una política seria de restricción de la cantidad de reuniones, los funcionarios públicos no tendrán alternativa sino trabajar de verdad.

“Paz, paz, paz”. Así dice Adriano Jaramillo, un campesino de Uribe, en el Meta, que suenan los fusiles en la guerra. Una guerra que se comió por muchos años a este pueblo y que ahora ronda como un fantasma en forma de dolor. Y aunque todos lo cargan adentro, si al firmar la paz deciden ponerles una zona de concentración de las Farc, los uribenses se sienten listos para lo que viene.

A diferencia de otras regiones como Cimitarra y San Vicente de Chucurí en Santander, que se oponen a que los concentren en sus territorios o las organizaciones indígenas y afrodescendientes que también ya dijeron que no ceden un centímetro de sus tierras para esos sitios donde se dará el desarme de la guerrilla, en Uribe eso es lo que menos les preocupa.

“Si llevamos sesenta años con ellos a punta de bala, ¿cómo no vamos a estar preparados para que vengan a hacer política?”, dice Flaminio Castellanos, un campesino de dientes muy blancos, hijo de uno de los fundadores de las guerrillas liberales del Llano.

“Desde que tenemos memoria, nadie nos pidió permiso para que vivieran aquí. Por lo menos si hay zona de concentración, esta vez vamos a estar avisados”, dice Guillermo Herrera, el enfermero del ancianato del pueblo.

Y parece que sí va a haber. “Es obvio que ellos van a querer estar ahí porque es el corazón de su lucha. Lo más seguro es que esa sea una de las regiones escogidas”, le dijo a La Silla el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo.

Así, entre una tranquilidad frágil porque hace ocho meses no se oye un disparo, y una incertidumbre por lo que se viene, se pasan los días en este pueblo, donde Manuel Marulanda Vélez dijo que comenzaba “la madre de todas las guerras”, cuando el Ejército bombardeó Casa Verde, la sede del secretariado, el 9 de diciembre de 1990. Y comenzó.

De vivir la guerra a esperar la paz

La gente de Uribe decidía por quién votar, en qué trabajar y a qué horas salir, según la ‘orientación’. Esa era la palabra con la que las Farc daba sus órdenes. Y se cumplían al pie de la letra. Sobre todo entre el 1999 y 2002, cuando Uribe quedó dentro de la zona de distensión que el gobierno de Andrés Pastrana creó para negociar con la guerrilla.

Que la “orientación” era que a las seis de la tarde nadie estaba en la calle; que la “orientación” era que tocaba votar por tal candidato; que la “orientación” era que había que pagar un “impuesto”. Que si hubo una pelea, como la del inspector de policía con el odontólogo y el castigo era limpiar toda la cancha de fútbol, lo hicieran. Y que si alguien le ayudaba al Ejército, era la muerte o el destierro.

Las Farc impartían su justicia y funcionaba como reloj. “Ellos se llevaron a mi hermano y pues usted simplemente no podía opinar. Era lo que ellos dijeran”, dice Ángela Chavarriaga, con los ojos aguados casi quince años después.

“Aquí los chinos se iban a estudiar por la mañana y usted no sabía si por la tarde regresaban”, cuenta María Alicia, líder de una organización de mujeres y desplazada del Valle. Llegó hace once años a la región. “Unos se iban por despechados, otras porque se enamoraban de un guerrillero, otros porque los obligaban, pero así era todos los santos días.”

Los lazos entre la población y la guerrilla son muy estrechos. “Casi todos en este pueblo tienen un familiar en la guerrilla porque le tocó o porque quiso” dice un lugareño que casi no nos habla porque lo estaba oyendo un niño. “Y aquí decir eso no es tan fácil porque tampoco nos gusta vivir con el estigma de que somos guerrilleros.”

Pero lo cierto es que más de uno ha pasado meses en la cárcel acusado de rebelión. El papá de Ángela, por ejemplo, ahora está en casa por cárcel por supuestamente ayudarle a la guerrilla durante la anterior administración. Lo mismo un médico que habló con La Silla y que nos contó que cuando el Ejército lo vio atendiendo a un civil metiéndole un tubo de pvc por el tórax, se dieron cuenta de lo recursivo que era y se lo llevaron a una cárcel en Villavicencio, a unas diez horas por carro en invierno, por atender guerrilleros. 

Uribe fue fundado por colonos, donde no había presencia del estado, pero sí de Las Farc. Sus primeros habitantes eran campesinos que escaparon de la violencia bipartidista de mediados del siglo XX. Por eso la guerrilla ha sido la gran protagonista de su historia, y no el Estado. Ellos resolvían sus conflictos, pero también les trajeron la guerra. 

Las Farc se metían en política sin problema. Desde que Uribe se convirtió en municipio, en enero de 1991, y pudo tener alcalde propio, todos los que llegaron, según cuentan en el pueblo, eran apoyados por la guerrilla. 

Desde el primer alcalde elegido popularmente que fue Jaime Pineda, de la Unión Patriótica, hasta el último exalcalde, Marcelino Chacón, al que en 2013 le abrieron investigación por hacer parte de una red de milicias del ‘bloque Oriental’ de la guerrilla; todos, sin excepción, dicen en el pueblo, eran apoyados por las Farc. “Cómo será que a Marcelino le decían ‘el comandante’”, cuenta una persona que pidió no ser citada.

Pero hace un año, en plena época de campaña, la guerrilla reunió a algunos líderes del pueblo a las afueras. Esa vez la ‘orientación’ era que no se meterían en las elecciones y que ya no iban a resolver los conflictos de nadie.

Entonces ganó por primera vez en la historia del municipio un candidato del partido Liberal.

Por 62 votos, Jaime Pacheco, el médico de toda la vida del centro de salud del municipio, llegó a ser alcalde. Un hombre tímido, de pocas palabras, que vivió las dos tomas más sangrientas del pueblo, la del 97 y el 98, y que antes, durante y después de la zona de distensión, atendía al que llegara. Incluso si eran guerrilleros.

Pacheco se lanzó tres veces a la Alcaldía. Ésta vez le ganó a Inocencio Hurtado, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). “Así la guerrilla dijera que ya no iba más en política, aquí sí hubo presiones y todos sabíamos que Inocencio era el candidato de las Farc”, dice una mujer que prefirió no ser citada.

“No sé si le gané o no a la guerrilla. Lo que sé es que es la primera vez que logramos que un partido distinto llegue”, le dijo Pacheco a La Silla. Dice que sobrevivió a la guerra porque las Farc no se metía con los médicos (por lo menos con los que atendían a todos).

Y admite que, aunque le tocó vivir lo peor de ellos, cuando casi lo secuestran mientras atendía a unos guerrilleros en la toma del 98 y le pidieron ponerse las botas de uno de los muertos para ir al monte, no le da miedo que se concentren cerca al pueblo.

“Si los ponen ahí, tendría que ser con condiciones, para que no se repita la fiesta de la zona de distensión”.

Los miedos

En Uribe el miedo no es que las Farc termine viviendo, como siempre, con ellos. El miedo es al vacío de poder que dejarán una vez abandonen las armas.

Porque aunque tienen su comisaría, y un puesto de Fiscalía, “nadie se los toma en serio y la gente está empezando a robar, a amenazar y no pasa nada”, dice otro lugareño.

“Nos quedamos con la lenta justicia del Estado, que la verdad nunca llega y no es que queramos la justicia de Las Farc, pero es que la de ellos al menos funcionaba”, dice Mónica Pineda, mientras camina por los pasillos del jardín infantil que dirige y donde antes funcionaba la estación de Policía, el punto donde comenzaba casi que sagradamente el infierno de las tomas.

Otra cosa que los tiene pensando es qué va pasar con el negocio de la coca. Porque aunque en la zona no hay cultivos extensivos y tampoco se sabe cuánta coca hay porque en el último censo agropecuario no se contaron los cultivos ilícitos, muchos campesinos viven de eso.

De hecho, ya hay hasta una asociación que se llama “Asociación de Productores Cocaleros del Diviso”, de 250 familias repartidas en diez veredas. Se han reunido dos veces con el alcalde Pacheco, dos coroneles del Ejército y un representante de la ONU, para proponerles que dejan de cultivar a cambio de diez vacas lecheras y cuatro hectáreas de tierra para cultivar café, chocolate y cítricos para cada uno.

“La guerrilla no nos presiona para que cultivemos. Lo que pasa es que no tenemos de otra y pues si el gobierno no nos ayuda, se la vamos a vender a alguien más”, le dijo a La Silla uno de los miembros de la asociación que pidió no ser citado para ésta historia.

La idea que tienen los cocaleros es viajar a Bogotá a reunirse con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, para lograr un acuerdo que les permita dejar de cultivar. 

La matemática de ellos es ésta: mientras por un kilo de pasta de coca les pagan dos millones de pesos, por un kilo de yuca apenas se ganan cuatro mil pesos. “Además no tenemos cómo sacar nada porque ésta carretera nos tiene jodidos”, cuenta.

La carretera entre Mesetas y Uribe, más o menos de unos 60 kilómetros, es una trocha que en invierno, por bien que le vaya al que viaje, se echa unas ocho horas.

“Eso es lo que nos ha tenido estancados. Porque es que fíjese: cuando el desarrollo llega a una región, la guerrilla pierde su discurso. Aquí a ellos los quieren porque no conocemos otra forma de vivir”, dice Flaminio, el de los dientes blancos.

Y quizás lo que más temen, y que según Hernando Torrijos, otro médico del pueblo que atendió varias veces las heridas de Romaña, es: “la matasera que se viene con las tierras. Esa es otra guerra que va a comenzar, acuérdese de mí”.

Según cifras de la alcaldía, más del 70 por ciento de las tierras no tienen títulos. Y su territorio queda muy cerca a tres parques naturales: Picachos, Tinigua y Sumapaz.

Según una persona de la alcaldía que hizo parte del equipo que estuvo a cargo del censo agropecuario el año pasado en el municipio, las Farc tiene 30 fincas en la zona rural del pueblo.

Dicen que por lo menos la mitad son de Romaña, y el resto eran las del Mono Jojoy, Tiro Fijo y Lozada. “Son fincas muy grandes y bien mantenidas. Tienen cercas eléctricas, mucho ganado, todos los servicios. Tienen muchos búfalos”, le dijo a La Silla. “Son fincas que un campesino de acá no podría ni soñar con tener”.

“En promedio, la más chiquita puede llegar a tener unas 150 hectáreas y la más grande unas 300”. Según datos de la alcaldía, una finca de 150 hectáreas cuesta 300 millones de pesos. Eso significa que, si los cálculos de ellos son precisos, solo suponiendo que todas esas fincas tienen más o menos esa cantidad de terreno, eso suma unos nueve mil millones de pesos.

Nadie sabe qué va pasar con esas tierras de los guerrilleros. Tampoco saben qué van a hacer cuando aparezcan reclamantes, cuando lleguen los desplazados que salieron corriendo hace años, porque, hasta ahora, la Unidad de Restitución de Tierras no ha entrado a operar en el municipio, a pesar de que ya hay 307 solicitudes de restitución, según sus propias cifras.

“La idea es que apenas se firme la paz, y arranque el desminado, podamos entrar a trabajar allá”, nos dijo Ricardo Sabogal, director de la Unidad.

Porque, como contamos en una historia,  Uribe y Mesetas, que queda a pocos kilómetros, son los dos municipios más minados de Colombia.

Según cifras del Ministerio del Posconflicto, todas sus veredas tienen minas. Y aunque ya arrancó un piloto de desminado en Santa Helena, una vereda al sur de Mesetas, en Uribe todavía no arranca nada y eso hace más lento y difícil que se restituya la tierra.

Con todas esas incertidumbres, lo que menos les preocupa es que se formalice la presencia de ellos en la zona.

Como dice don Flaminio, el de los dientes blancos:  “¿Dígame qué cambia? aquí los hemos tenido siempre”.

Desde hace una semana, San Andrés está en calamidad pública por la falta de agua. Pero, el cada vez más difícil acceso al líquido, que hasta generó un riesgo de asonada, no es la única bomba de tiempo de la isla. En ese pequeño territorio de 27 kilómetros cuadrados, la acumulación de basuras se ha convertido en un verdadero problema ambiental. Y detrás de la planta incineradora que sería la solución hay una historia de evidente desgreño administrativo.

En su relleno sanitario Magic Garden, la isla tiene acumuladas 160 mil toneladas de basura que cada tanto se incendian y ponen en peligro a quienes viven cerca. Además, a esas ocho hectáreas de relleno le quedan dos años y medio de vida útil si las montañas de desechos no comienzan a bajar.

El panorama pinta peor a mediano plazo porque, en la ya sobrepoblada San Andrés,  los gobiernos nacional y departamental se han propuesto la meta de llegar al millón anual de turistas este año. Récord que no es descabellado de alcanzar porque, tras una agresiva estrategia de promoción, la isla duplicó su número de visitantes durante el último lustro y el 2015 lo cerró con 914 mil turistas.

La anunciada solución que no llega

Esta es la planta con la que en San Andrés esperan disminuyan las pilas de basura, acumuladas en el relleno sanitario (Fotografía de El isleño).

En 2009, el Gobierno Nacional destinó 32.450 millones de pesos para la instalación de una planta incineradora de residuos sólidos, en el relleno sanitario Magic Garden, con la promesa de disminuir considerablemente la acumulación de tantas basuras y, al mismo tiempo, generar energía.

Siete años después, la planta sigue sin funcionar y la acumulación se agudiza por la sobrepoblación y el aumento de turistas. De 42 toneladas diarias de desechos en 2012, la isla pasó el año pasado a 65 y hasta llegó a tener picos de 80 en temporada alta, como las fiestas de fin de año.

La historia de la planta comenzó el 4 de noviembre de 2009, cuando el Ministerio de Minas firmó un convenio con la empresa distribuidora de energía de San Andrés Sopesa para que se encargara del proceso de compra e instalación.

Para aquella época el gerente de Sopesa era el actual gobernador Ronald Housni, quien le contrató el montaje de la planta a la empresa española Mezclas Recicladas.

La planta está lista desde 2012, pero no ha podido comenzar a funcionar porque Sopesa no es la dueña de las basuras, que son la fuente de generación de la energía alternativa. Los desechos le pertenecen a la Gobernación, porque es el administrador del relleno sanitario.  

Desde entonces, el asunto ha sido polémico en San Andrés porque el Minminas y Sopesa siguieron adelante con el proyecto sin tener en cuenta el manejo de los desechos.

Sobre el trastocado proceso, se han pronunciado el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés. También ha intervenido la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, que les ha pedido explicaciones a los involucrados (Gobernación, Minminas y Sopesa) por las demoras de la planta y hasta ha llamado la atención por las razones jurídicas que "no se compadecen con la compleja situación de residuos sólidos" de la isla.

El primero en pronunciarse fue el Consejo de Estado. En febrero del año pasado, la Sala de Consulta y Servicio Civil conceptuó que Sopesa no podía manejar los residuos sólidos para comenzar a operar la planta porque el objeto de su concesión es la prestación del servicio eléctrico.

También en ese mismo concepto, el Consejo de Estado dijo que para que la Gobernación entregue la administración del relleno es necesaria la autorización de la Asamblea. Es decir, el Departamento debe abrir un proceso licitatorio para encontrar a la empresa que se encargue de administrar el Magic Garden y solo así pueda comenzar a funcionar la incineradora.

Nueve meses después, en noviembre pasado, el Tribunal de San Andrés falló en primera instancia a favor de los intereses colectivos de los habitantes de la isla, invocados en una acción popular.

El Tribunal le dio un plazo de seis meses a la Gobernación, contados desde diciembre cuando quedó ejecutoriado el fallo, para poner en funcionamiento la planta. Y a Sopesa le ordenó prestarle al Departamento el soporte técnico necesario y la información requerida al haber sido el encargado de su adquisición y montaje.

Acogiendo tanto el concepto del Consejo de Estado como el fallo del Tribunal, el actual gobernador Ronald Housni le pidió, en febrero, facultades a la Asamblea para comenzar el proceso de concesión del relleno. El mes pasado, la corporación le dio luz verde para que prepare y abra el proceso licitatorio, en el que también podrá participar la empresa de energía Sopesa.

Sin embargo, el actual gobernador Housni podría incurrir en un conflicto de interés porque justo hasta el año pasado él era el representante legal de Sopesa, la empresa que suscribió el contrato de adquisición de la planta sin tener en cuenta -tampoco lo tuvo el Minminas- que no tenía total competencia para ello. Y es ese desconocimiento de competencias lo que ha generado el retraso de operaciones de la planta.

Ante tantos tropiezos, la incineradora de residuos es vista en la isla como un elefante blanco y hasta como un gran orangután. 

Pero los líos del Magic Garden no terminan aquí.

Un relleno de problemas

Así lucía en marzo pasado el relleno sanitario por cuenta de un nuevo incendio, que amenazó con extenderse varios metros a la redonda(Fotografía de El isleño).

Resulta que las 160 mil toneladas de basuras acumuladas se incendian con relativa frecuencia, sin que las causas lleguen a ser completamente determinadas por la Gobernación ni los bomberos. En cambio, en San Andrés se alimentan las especulaciones de que son llamas provocadas por recicladores o por la combustión propia de los gases, generados por tanta basura.

La quema más reciente ocurrió en marzo pasado, amenazó con alcanzar la central de generación eléctrica de Sopesa y volvió a propiciar un debate en la isla sobre la urgente necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura del relleno y de poner en funcionamiento la tan anunciada planta incineradora.

Esa realidad contrasta con los inicios del relleno, que comenzó a funcionar en 1984 para reemplazar la costumbre que tenían en la isla de tirar los desechos al mar.

Durante los primeros años, el Magic Garden funcionó tan bien que llegó a ser ejemplo nacional, por una planta de reciclaje que separaba los residuos sólidos. Parte de ellos terminaban en la Colombia continental.

Pero, el alto costo de operación y mantenimiento, y el aumento descontrolado de residentes, hicieron que el Magic Garden mutara en un basurero a cielo abierto, con pilas acumuladas de basura de hasta 18 metros de altura, recubiertas por un material impermeable. Y que son una verdadera amenaza, por la contaminación y los incendios, para los barrios que cada vez están más cercanos a él.

Ya desde 2002, por  tanta acumulación, la Defensoría del Pueblo advertía de la presencia de vectores transmisores del dengue y la fiebre amarilla, y del deterioro del suelo y del aire de San Andrés. También en ese documento el organismo decía que los líquidos generados por los desechos eran una de las causas de la contaminación del agua subterránea de la isla, principal fuente de abastecimiento para sus residentes.

Por lo pronto, en San Andrés siguen esperando que la millonaria planta se encienda para que, por fin, comience a bajar las pilas de basura y con ellas el riesgo ambiental en la isla.

(La fotografía de portada es del diario El Isleño, que fue tomada en marzo pasado durante el incendio del relleno sanitario Magic Garden).

La semana pasada, la revista Semana publicó un artículo que tituló “Las prepago de las Bacrim”. Éste contaba cómo el Clan Úsuga había construído una red de prostitución para su servicio que, en muchos casos, involucra a menores de edad.   

Para entender más a fondo este problema, la mamá de una mujer víctima de una red de prostitución, que prefirió no dar su nombre por razones de seguridad, nos contó del caso de su hija y de su visión de este fenómeno, que como escribió en la Red de Mujeres Alejandra Coll, activista de la Ruta pacífica de la mujeres, está lleno de estereotipos.

Además de ellas dos, también, invitamos a La Silla Llena los domingos a Carmen Martínez, la coordinadora de los temas relacionados con trata de personas de Women’s Link y a Claudia Quintero, directora de la Corporación Anne Frank, una ONG que defiende los derechos de personas víctimas de trata.

La reforma a las regalías, hace más de 5 años, creó una bolsa para financiar la ciencia, la tecnología y la innovación. Con esa plata, el presidente Juan Manuel Santos dijo que ese sector -en ese entonces una de las cinco locomotoras- iba a “jalonar” el país. La Silla Vacía revisó los 271 proyectos que, hasta el 15 de febrero, se habían financiado con 2,2 billones de pesos. Y encontró que prácticamente nada se ha destinado a la ciencia.

Por ejemplo, mientras que uno de cada cinco pesos (más de 400 mil millones) se fue a sensibilizar niños de colegio sobre la ciencia y la tecnología, solo uno de cada diez (poco más de 200 mil millones) se fueron a crear conocimiento nuevo, ya sea científico, tecnológico o en innovación. Y de esa plata casi nada, apenas 13 mil millones, se fue a hacer ciencia.

Esas cifras explican por qué las metas de ese fondo de regalías no se han cumplido.

Cuando se lanzó esa reforma, el objetivo era doblar el porcentaje del PIB dedicado a investigación y desarrollo, que es la medida internacional más fuerte para el sector. La idea era pasar del 0.2 por ciento en 2011 al 0.4 en 2014, el nivel de gasto que tenían entonces de Argentina y México, superar a Chile y estar menos lejos de Brasil.

Pero según las cifras del Observatorio de Ciencia y Tecnología, que hace dos semanas publicó su informe anual, el país sigue lejos de la meta: en 2013 llegamos a un récord de 0,27 por ciento, pero desde entonces el índice ha caído y en 2015 cerró en 0,24.

Eso quiere decir que a pesar de la gran inyección de las regalías, la meta fundamental para medir su impacto ha mejorado poco y va en retroceso. Mientras tanto, México aumentó esa cifra a 0,54 y Chile lo tiene en 0,38.

Otra meta del Plan de Desarrollo de 2010 a 2014 era aumentar una medida similar pero más amplia, la de actividades de ciencia, tecnología e innovación, de 0,501 por ciento en 2010 a 0,7 en 2014. Ese año llegó a 0,638 pero para 2015 había retrocedido a 0,627. Es decir, pasó algo similar a la inversión en investigación y desarrollo.

Eso se debe, en parte, a que hay menos plata de la proyectada como efecto de la caída de los precios del petróleo: para los años 2015 y 2016 se esperaba que el Fondo de ciencia y tecnología tuviera 1,6 billones de pesos y ahora se cree que a duras penas pasará de 1,1 billones.

Y eso es particularmente grave porque la plata de regalías es mucho mayor que la de Colciencias, que entre 2015 y 2016 tuvo para invertir menos de 600 mil millones, un tercio de lo que se esperaba que tuvieran las regalías estos dos años y la mitad de lo que aparentemente tendrán. Además, las regalías deberían financiar buena parte de la investigación posdoctoral -que es parte importante de la que hacen los investigadores que ya tienen PhD-, pues la mayor parte de la inversión de Colciencias (364 mil millones) se fue en financiar maestrías y doctorados, por lo que tenía muy poca plata para financiar la investigación posterior.

En todo caso, el problema no solo es de falta de plata, sino de en qué se han invertido los más de dos billones de besos que ha destinado el fondo de regalías.

Lo que se ha decidido

Tras revisar la información oficial de Planeación Nacional sobre todos los proyectos aprobados en estos cinco años, encontramos que están orientados más a la producción en el corto plazo (con muchos proyectos que difícilmente se adecúan a la guía de Planeación Nacional y Colciencias) que a la investigación en el largo plazo (que son los del pedazo llamado "para saber"). Los posgrados ("para formar) y lo gastado en la educación de niños ("para sensibilizar") también se llevan tajadas importantes.

Además, el agro se lleva un pedazo muy grande de la torta y las ciencias básicas uno minúsculo.

Así se ve en este cuadro en el que se distribuyen los montos entregados en cinco categorías sobre su principal finalidad, que explicamos en el mismo cuadro (haga clic en cualquier barra o pedazo de la torta para conocer más):

La principal conclusión es que casi no se han aprobado proyectos dedicados a la ciencia, muy pocos a la tecnología y algo más a la innovación. La mayor parte de la plata se ha ido a mejorar la productividad, sobre todo en el agro, y a fomentar la educación en ciencias entre niños - objetivos que no son los centrales en un sistema de ciencia, tecnología e innovación.

En el caso de la educación, buena parte de ese dinero se fue al programa Ondas, que creó Colciencias en 2001 y es una de sus grandes apuestas. Inicialmente funcionaba con plata de la Nación, pero ahora usa recursos de regalías, y es enorme: entre 2002 y 2012 apoyó a 2,5 millones de niños a medida que se extendió a todo el país. Y también es exitoso, por lo menos en números: según el informe de gestión de 2015 de Colciencias, supero su meta de apoyar a 300 mil mil niños y jóvenes, mientras que solo apoyó a 783 jóvenes investigadores e innovadores de su meta de mil, a 40 estudiantes de pregrado en el programa Nexo Global, y a 1.251 empresas a través de diferentes proyectos.

Eso se debe, en buena medida, a que el sistema para escoger a qué se va esa plata es enredado y con un alto componente político.

El esquema

Como contó la Silla en su momento, la intención inicial del Gobierno era darle toda la plata de regalías de ciencia y tecnología a Colciencias para tener un gran fondo que definiera megaproyectos en todo el país. Pero eso le valió críticas de centralismo en el Congreso y al final éste estableció que los proyectos tienen que ser regionales y fruto de un acuerdo entre los gobernadores y la Nación.

Esa regionalización es un arma de doble filo: aunque puede ayudar a “descachaquizar” la ciencia, también significa que departamentos con muy pocos científicos iban a tener acceso más o menos directo al dinero.

Con la ley y los decretos que reglamentaron la reforma, ese esquema semi regionalizado se aterrizó en el llamado Ocad (órgano colegiado de administración y decisión) de ciencia y tecnología, que es el que decide qué proyectos reciben plata de regalías.

En él hay delegados del Gobierno, de los gobernadores y de las universidades, que se entienden como delegados de la comunidad científica. Y para que un proyecto sea declarado viable, como se llama en lenguaje técnico, requiere que dos de los tres voten a favor, lo que le ha dado gran juego tanto a los gobernadores como al Gobierno.

Esos dos jugadores tienen otras funciones claves, que les dan todavía más poder y dejan a los científicos al margen.

Del lado de los gobernadores, ellos son los únicos que pueden presentar proyectos al Ocad, por lo que los científicos (u otros interesados) tienen que armar el proyecto y buscar que un gobernador los acoja. Eso, claro, le da mucho poder a los gobernadores.

Además, el Gobierno decidió que, como las otras regalías, cada departamento tenía un pedazo predefinido de la torta de regalías calculado según indicadores sociales y no su capacidad de hacer ciencia o la necesidad de incentivarla, por lo que cada gobernador se siente dueño de esa plata.

Y ese poder lo refuerza el que son los gobernadores los que eligen a los ejecutores de los proyectos, que por ley deben ser entidades públicas.

En la mayoría de los proyectos las gobernaciones se auto designaron como ejecutores para recibir la plata del fondo de regalías y luego contratar a quienes realmente los ejecutan. Mejor dicho, los científicos que pensaron la idea quedan totalmente a merced de los gobernadores,.

El Gobierno, por su parte, tiene otro poder grande: si Colciencias no le da luz verde a los proyectos que presentan los gobernadores, no pueden ser viabilizados por el Ocad. La idea es que como Colciencias es el que sabe de ciencia y tecnología, se asegura de que los proyectos sí correspondan a ese sector y estén bien formulados. Así Gobierno se reservó el mayor de los poderes, el del veto.

Todo ese sistema ha sido criticado desde que se creó, especialmente por la comunidad científica que señaló que creaba unos incentivos perversos para que la plata termine en proyectos que pueden ser innovadores y mostrar resultados en el corto plazo (lo que le conviene a los gobernadores), pero que no son la investigación y desarrollo que se requiere para que el país realmente despegue.

“El problema de la investigación y el desarrollo es que no es tan tangible. Arroja resultados pero en el largo plazo”, le explicó en 2012 a La Silla Edwin Cristancho, quien estaba encargado del tema en el Planeación Nacional (pues Colicencias estaba en una transición).

Por el otro lado, para los gobernadores el veto de Colciencias era una injerencia excesiva del Gobierno en la destinación de plata de los departamentos.

El sistema arrancó con problemas porque Colciencias devolvía los proyectos y había peleas entre universidades que habían formulado proyectos y gobernaciones que se habían autodesignado como ejecutores para luego contratar a terceros para ejecutarlos. E hizo crisis en 2014, cuando los gobernadores se levantaron del Ocad porque se pelearon con las universidades y el gobierno, que los criticaron por haberse autodesignado ejecutores. Ante eso, en plena campaña reeleccionista el presidente Juan Manuel Santos dijo que había que cambiar la forma en que se repartían esas regalías para facilitarle la vida a los gobernadores, cosa que nunca ocurrió.

Desde entonces, se han ido afinando procedimientos (por ejemplo, Colciencias y Planeación Nacional sacaron el año pasado una guía para que los formuladores y los gobernadores tengan más criterios para saber cuándo un proyecto es de ciencia, tecnología o innovación y cuándo no) pero falta tanto que hoy ni Planeación, que es quien hace el seguimiento a la inversión de regalías, ni Colciencias, que es quien dirige la política de ciencia y tecnología y quien tiene la secretaría técnica del Ocad, tienen un sistema de medición de impacto de los proyectos, ni de trazabilidad de los mismos.

Aunque están trabajando en eso, todavía no hay cómo de saber si el proyecto que se aprobó en el Ocad se está implementando de manera fiel a como se formuló, y la única forma de saber quién lo ejecuta realmente es yendo a la gobernación ejecutora, pidiendo todos los documentos del contrato y haciendo trabajo de campo. Es decir, falta mucho para que haya transparencia y una evaluación centralizada de los proyectos.

Además, con las demoras propias de poner en marcha un sistema nuevo, más los roces entre científicos, gobernadores y Colciencias, dos de cada cinco pesos del fondo siguen en los bancos: hay más de 1,5 billones de pesos esperando a que se viabilicen los proyectos para ejecutarlos. Y todo indica que faltan varios meses para que se vuelvan a definir proyectos, pues el cambio de gobernadores ha demorado las decisiones, mientras los nuevos definen sus equipos y todos se empapan del sistema.

No en todas partes es igual

Como los proyectos se entregan por departamento, también revisamos cómo les ha ido a los departamentos, y encontramos conclusiones importantes.

Una es que San Andrés no se nos olvidó, sino que es el único departamento que no tiene un solo proyecto. Y otra que en los departamentos más ricos y con más academia las regalías suelen ser solo una fuente de recursos en los proyectos, lo que hace que allí haya más personas pendientes de su ejecución, mientras que en los otros son casi la única fuente, lo que le pone menos ojos encima a los gobernadores (haga clic sobre cada departamento para obtener más información. Use el filtro a la derecha para obtener más datos).

También encontramos que casi la mitad de los departamentos no tiene proyectos que busquen incrementar el conocimiento (es decir, hacer ciencia) pero solo dos no tienen alguno que busque mejorar la producción (es decir, innovar o darle ayudas a sus empresarios).

Y por último, que los proyectos que se han viabilizado no guardan ninguna relación con los lugares en los que hay académicos trabajando, medidos por grupos ranqueados por la misma Colciencias:

Por esos problemas es que, para decenas de científicos, hasta ahora se ha desperdiciado la oportunidad que se creó con la decisión del Presidente de destinar el 10 por ciento de las regalías a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Por ejemplo, el rector de la Universidad Javeriana, Jorge Humberto Peláez dijo en nuestra Red Líder que “en algunos casos tensiones políticas han generado que buenos proyectos pierdan su respaldo y después de ser aprobados se retiren”; el profesor Jorge Iván González, de la Universidad Nacional, explica que“El alto número de proyectos es una muestra evidente de dispersión y la lectura de los títulos indica que no hay ninguna línea articuladora.”; e incluso el Contralor General, Edgardo Maya, dijo recientemente que “la mayoría de los departamentos del país no cuenta con capacidades científicas propias que les permitan invertir estos recursos de una manera eficiente, eficaz y pertinente.

Acá se puede ver la base de datos con los 271 proyectos.

Por Oskar Nupia

El gobierno central y las jurisdicciones regionales son los mayores contratantes del país. Algunos estudios han sugerido que dicha contratación puede mover entre el 13% y el 16% del PIB del país. Esto implica que la contratación pública tiene fuertes impactos sobre el bienestar, la economía e, importante, sobre la concentración del ingreso. Si esos contratos van a unas pocas personas, la distribución del ingreso tiende a empeorar.

Dentro de los servicios que demanda el gobierno (central y regional) hay muchos que requieren de habilidades altas y muy específicas (infraestructura, por ejemplo). Debido a que, por su naturaleza, los oferentes de estos servicios son pocos, muchos de estos contratos terminan concentrados en pocas manos (casi los mismos contratistas de siempre). Como se dijo antes, esto tiene efectos sobre la distribución del ingreso. De paso, es importante decir que menor competencia facilita la corrupción.

Sin embargo, hay servicios que no requieren de habilidades muy altas y que el gobierno central podría utilizar no solo come medio para contratar los servicios, sino como medio para disminuir la concentración del ingreso y la riqueza, generar empleos, y, quizás, reducir la corrupción. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es uno de ellos. Es importante aclarar que la contratación de este programa la hacen las jurisdicciones regionales pero que, es el gobierno central quien da los lineamientos de contratación. Dichos lineamientos poseen requerimientos que tan solo aquellos contratistas profesionales (es decir, aquellos que poseen el capital, el conocimiento de la contratación estatal y la función objetivo “depredar miles de millones de pesos al Estado”) cumplen (ver aquí http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-345164_resolucion_16432.pdf). Así, es el gobierno central quien facilita la poca competencia, la alta concentración de esta contratación y hasta la corrupción.

Alimentar no es tarea fácil, se requieren conocimientos de nutrición, buen manejo de alimentos y algo de logística, pero ¿cuántas madres de los estudiantes de bajos ingresos que están recibiendo el programa y cuya función objetivo es el bienestar de sus hijos no saben cocinar o hacer refrigerios? Mi punto es el siguiente. El programa se dirige a colegios con niños de bajos recursos cuyas madres (y padres) podrían operar directamente el PAE en cada colegio mediante organizaciones bien diseñadas. Para esto se requiere que los lineamientos de contratación del gobierno central vayan en esa dirección o que los gobiernos centrales apoyen este tipo de organizaciones. Hacer esto ayudaría a que se cumplan los objetivos del programa, se desconcentre una pequeña parte de la contratación del estado, se mejoren las condiciones económicas de las familias involucradas y quizás, se disminuya la corrupción. Valdría la pena hacer un programa piloto en esta dirección.

La líder de víctimas de Córdoba Rosa Amelia Hernández, protagonista del Proyecto Rosa con el que La Silla quiso darle visibilidad a su trabajo como líder de víctimas en Córdoba, aparece en un reciente panfleto firmado por las Águilas Negras, amenazada de muerte junto a otros ocho defensores de víctimas y de izquierda y seis organizaciones. Entre ellos, la exsenadora Piedad Córdoba y la Mesa Nacional de Víctimas.

La foto del papel le llegó a Rosa anoche por teléfono. Se la envió otra líder de víctimas llamada Nancy Carvajal, quien también aparece amenazada. Carvajal nos contó que el panfleto se lo dejaron el pasado siete de abril debajo de la puerta de su casa en Bogotá y enseguida puso la denuncia.

Rosa, quien hizo parte de la primera mesa nacional de víctimas y ha sido amenazada varias veces en el pasado, estuvo hoy en la Fiscalía poniendo la denuncia y pidiendo protección. “Estas amenazas me las tomo en serio porque a todos mis compañeros los mataron y solo falto yo”, nos relató asustada. Es por eso que La Silla alerta a las autoridades sobre este nuevo hecho de violencia en su contra.

Piedad Córdoba y Claudia Mejía (de Sisma Mujer) se enteraron de la amenaza por una llamada nuestra. Y Alfonso Castillo, excandidato al Concejo de Bogotá por la UP, lo había hecho apenas unos minutos antes de que lo llamáramos. 

Al respecto, Piedad nos dijo: “Esta (amenaza) no la había visto, pero en 10 días llevo tres. Veo que ahí también pusieron a la Casa de la Mujer, que es Olga Amparo Sánchez, pero tú hablas con el Gobierno y no pasa absolutamente nada”.

Varias de las recientes amenazas contra líderes de víctimas y de la izquierda circularon en el marco del paro armado (que realizó a principios de mes el Clan Úsuga), según nos dijo Alejandra Coll de la Ruta Pacífica de las Mujeres, organización que recibió amenazas en un panfleto distinto.

Claudia Mejía, de Sisma Mujer, agregó por su lado, que desde 2014 vienen registrándose amenazas, especialmente, en contra de las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de la mujer.

Todo esto se suma a la difícil situación que padecen estos defensores de derecho ante la reciente ola de asesinatos que ha disparado sus miedos.

El Presidente anunció el esperado remezón ministerial. Más que un equipo para la paz y el posconflicto, como lo presentó Santos, con el nuevo gabinete el Presidente le apuesta de frente a los políticos, con ministros que podrían convertirse en jefes regionales para el plebiscito si es que este finalmente se da. Y no resuelve el problema político que se le creó a raíz del nombramiento de la terna para Fiscal General.

Son seis nuevos ministros que entran: Luis Gilberto Murillo a Medio Ambiente; Maria Claudia Lacouture a Mincomercio; Elsa Noguera a Vivienda; Jorge Eduardo Rojas a Transporte; Jorge Londoño a Justicia y Clara López a Trabajo.  Y deja intactos a todos los “presidenciables”: Gina Parody en Educación; Juan Fernando Cristo en Interior; Mauricio Cárdenas en Hacienda; y Aurelio Iragorri en Agricultura.

Todos los nuevos tienen en común que su trayectoria es esencialmente política y que, a excepción de Clara López, tienen raíces muy fuertes en las regiones: Murillo fue gobernador del Chocó; Lacouture, que viene de Bancoldex, es samaria; Noguera era la alcaldesa de Barranquilla; Rojas lo era de Manizales; Londoño fue gobernador de Boyacá y es padrino político del actual.

Aunque reemplazan a otros que también venían de las regiones (solo hay un cachaco menos), estos son más representativos pues tuvieron antes cargos de representación popular y son reconocidos allá mientras que el ex ministro de Vivienda, por ejemplo, venía de Antioquia pero como era un técnico no era visto como un representante de allá.

En el balance de género, otra de las cosas que rescató el Presidente, entran tres mujeres pero salen dos. Es decir que solo hay una mujer más, aunque las dos que entran al gobierno son mujeres de mucho peso propio, incluyendo a otra presidenciable como Clara.

Frente a lograr una base de apoyo más grande para la paz, que fue el tercer objetivo del Presidente según lo dijo en su discurso, no es claro cómo lo logra el nuevo gabinete. No está trayendo a ningún sector que no estuviera ya con la paz.

Quizás en ese frente el mayor valor agregado lo representa Murillo, que es un líder reconocido en el sector afro, que los cohesiona.  Él y la recién nombrada viceministra del Interior, la ex alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena, no solo reflejan la diversidad racial del país sino que podrían ayudarle al Presidente a vencer las resistencias que existen en las comunidades afro si algunas de las futuras zonas de concentración de las Farc quedan ubicadas en sus territorios.

“No hay persona que nos represente mejor. Ha sido el mejor gobernador del Chocó; la clase política lo sacó, pero es un hombre comprometido con nosotros, nos entiende,” dijo a La Silla Ray Charrupi, líder de la organización Chao Racismo.

De resto, dado que Clara López está como si misma y no como representante el Polo y Jorge Londoño tampoco entra en representación de la Alianza Verde, con este nuevo gabinete Santos tampoco está agrandando la base de apoyo político a la paz. Y en todo caso, el Polo y los verdes han votado consistentemente a favor de los proyectos de paz del Presidente.  

Tan no entran estos en representación de sus partidos, que el solo anuncio de que Clara entra a Trabajo ya partió al Polo.

De entrada, el senador Jorge Enrique Robledo le dijo a La Silla que si ella acepta el cargo, “tiene que renunciar a la presidencia porque es que uno no puede dirigir un partido de oposición y al mismo tiempo ser ministra del gobierno”.

Lo mismo nos dijo el excandidato a la alcaldía por el Polo, Aurelio Suárez. “En los últimos congresos, el partido ha ratificado su oposición al gobierno. El que contradiga esa posición tiene que entregar el carnet. Así de sencillo.”

A la hora de escribir este artículo, estaba reunido el comité ejecutivo en el Club del Comercio, y otros miembros del partido estaban en la sede del Polo, discutiendo el tema.

Algo similar ocurre en el Partido Verde con el nombre de Jorge Londoño en cabeza del Ministerio de Justicia.

“No es un nombramiento en representación oficial del partido. Es un dirigente histórico del partido y de su región y una persona de altos quilates académicos pero en el partido no hay consenso en el ingreso al gobierno nacional”, le dijo a La Silla el concejal de Bogotá y co-presidente del verde, Antonio Sanguino. “Su designación fue una invitación personal que el presidente le hizo a Londoño para que asuma la responsabilidad de implementar la justicia transicional una vez se firmen los acuerdos de paz”.

El partido está dividido, sobre todo entre los congresistas. Los senadores Antonio Navarro, Claudia López y los representantes Angélica Lozano, Ángela María Robledo e Inti Asprilla se oponen a que el partido tenga representación en el Gobierno.

En cambio, los senadores Jorge Iván Ospina y Jorge Prieto y los representantes Sandra Ortiz, Oscar Ospina y Ana Cristina Paz sí lo ven con buenos ojos.

En lo técnico, hay pérdidas y ganancias.

Reyes, un penalista y jurista reconocido que está en campaña para Fiscal General fue reemplazado por el ex gobernador verde de Boyacá que es decano de derecho de la Universidad Santo Tomás pero tiene poco reconocimiento en el sector.

Esto le puede volver a hacer perder peso a un ministerio que no acaba de cuajar, pero que en los últimos meses gracias al prestigio de Reyes había comenzado a liderar debates importantes en el tema de drogas y también a coordinar los esfuerzos para hacer el alistamiento para el Tribunal de Justicia Transicional. Sin embargo, Londoño trae un concimiento del Congreso por dentro que Reyes no tenía.

La otra pérdida es en Vivienda. Henao era ampliamente reconocido como uno de los mejores ministros del gabinete no solo por la entrega efectiva de las 100 mil casas gratis sin un solo escándalo de corrupción, sino por haber logrado récords como haber destrabado la construcción del acueducto de Yopal y Carmen de Bolívar y haber avanzado más en la reconstrucción de Salgar en un año que lo que logró el Fondo de Adaptación en Gramalote después de 5 años.

En todo caso, será reemplazado por Elsa Noguera, que viene de hacer una reconocida gestión como alcaldesa de Barranquilla: es economista, tiene maestría en administración de negocios, se formó como tecnócrata en el tanque de pensamiento Fundesarrollo y logró hacer la mayor cantidad de viviendas de interés social en los últimos 30 años en Barranquilla durante su gestión.

Donde no se siente una pérdida en lo técnico es en Transporte, una cartera clave porque está encargada de manejar el gasto en infraestructura y especialmente el programa de concesiones viales de 4G, el más importante para activar la economía.

La ministra saliente Natalia Abello nunca logró despegar y se enfrentó a líos como los de la indefinición sobre Uber o los problemas en la nueva declaración del impuesto de vehículos. Sin embargo, una fuente del sector dice que “ muy buena en la gestión contractual y algo que muchos no saben es que avanzó bastante en la agenda camionera”.

Su reemplazo, Rojas, es un político de La U, muy cercano al representante caldense Hernán Penagos y al conservador conservador Luis Emilio Sierra, quien lo apoyó en los inicios de su carrera, cuando era concejal de Manizales.

Pero tiene trayectoria en infraestructura: es ingeniero, fue secretario de Obras de Manizales de Luis Roberto Rivas, y gerente técnico de la empresa local de aseo, la Emas. Según Juan Martín caicedo presidente de la Cámara Colombiana, de Infraestructura (el principal gremio del sector), su llegada es bienvenida. “Le dimos el año pasado el Premio Nacional de la Excelencia en Infraestructura porque demostró ser el mejor alcalde del país en buenas prácticas de contratación (...) Por eso su nombramiento es una buena señal.”, explicó a La Silla.

En Trabajo, aunque Lucho Garzón conocía el sector porque venía del sindicalismo, las relaciones de Clara López con los sindicatos también son de larga data. Y ella le aporta un perfil más sólido, como economista y abogada, al Ministerio.

En Comercio, María Claudia Lacouture lleva 8 años trabajando en “Colombia es pasión” y luego en Procolombia, por lo que los conoce por dentro. Eso hace que la salida de Cecilia Álvarez-Correa no se sienta tan fuerte.

Y en Ambiente, a Gabriel Vallejo, que no sabía nada del sector cuando llegó a la cartera, lo reemplaza Murillo, quien fue director de Codechocó a inicios de los años noventa y del antiguo Dama de Bogotá en la primera administración de Antanas Mockus. Es decir, aunque no es un técnico propiamente dicho, sí ha trabajado en el sector ambiente.

“Es un hombre muy vinculado con el sector ambiental. Es un ingeniero de minas, pero no es un minero empresarial, y tiene un conocimiento enorme en temas de deforestación y recursos naturales”, dijo la directora del Instituto Von Humboldt, Brigitte Baptiste.

El balance politico

El Presidente, por obvias razones, no mencionó que el cambio de gabinete buscaba solucionar el caos político que hay al interior de la Unidad Nacional por cuenta de la integración de la terna para Fiscal General, que fue interpretada como una ‘escriturada’  de la presidencia del 2018 a Vargas Lleras por la inclusión del ex superministro Néstor Humberto Martínez.  

Pero en ese frente, según lo que pudo averiguar La Silla, tampoco se resolvió el problema, más allá de que dividió a su oposición de izquierda: las rupturas en el Polo y la Alianza Verde por los nombramientos de Clara López y Jorge Londoño, respectivamente, le quitan aliento.

Con el nuevo gabinete, en términos de balance político, el Presidente le quitó a Cambio Radical el muy importante ministerio de Transporte (como  lo había contado La Silla) por el menos atractivo políticamente Ministerio de Ambiente.

Le quitó un ministerio al Partido Liberal (al que en días pasados les había mantenido todas las entidades del posconflicto más la nueva Agencia Nacional de Tierras).  

Entre los rojos hay sentimiento de zozobra.

“Parecería que el presidente Santos tiene una molestia con el liberalismo. Pareciera que es que este ajuste este ajuste son “esquirlas” del episodio de la terna para fiscal. Esperábamos por lo menos un liberal en Justicia aunque Londoño me parece bueno y Boyacá se lo merece además de que es de pensamiento liberal. Ahora viene la Cancillería, que la ocupa María Ángela [Holguín] representando al liberalismo. Si no nombra a un liberal perdería el partido una representación más”, le dijo a La Silla un congresista rojo.

"Hay mucho ruido (de cambio en las directivas del partido) pero no ha pasado nada y no creo que pase" dijo otro "El tema aquí es que de los liberales del gobierno nos enteramos por medios"

Y al partido de la U le dio el Ministerio de Transporte que quería y le quitó Ambiente (que igual no los ‘representaba’), le mantuvo Comercio con una ministra  que es vista en el Magdalena político como muy cercana al grupo del exministro Sergio Díaz-Granados y en el grupo del senador atlanticense José David Name, de la U, también la sienten como “una amiga”.

Aunque a primera vista, la U es la gran beneficiada, un senador de ese partido le dijo a La Silla que en el chat de la bancada había mucha molestia. “Todos inconformes (...) Dicen que se van a salir de la Unidad Nacional”. La Silla pudo conocer tres chats en los que queda claro que hay una molestia muy grande porque sienten que se merecen una representación mayor, que Santos les hizo unas promesas que incumplió y que no eligió entre los candidatos que la bancada del partido les había presentado, como el ex ministro Sergio Díaz-Granados o el ex viceministro de comercio Sergio Rueda.

Fuera de estos problemas partidistas, la conducción del gabinete como tal no será ahora más armónica que antes pues la entrada de Clara López al equipo significa una presidencial más en campaña para el 2018.  

Aunque ella tiene excelentes relaciones personales, es claro que no entrará a sumar consensos sino muy posiblemente a hacerle un contrapeso al Ministro de Hacienda en decisiones que tendrá que tomar muy pronto como subir el IVA.

Frente a los ‘bandos’ de Palacio, quedaron en tablas: sin María Lorena Gutiérrez en la Secretaría General y sin Cecilia Álvarez-Correa, el grupito de las mujeres de Palacio se debilita mucho. Queda claro la más poderosa que es Tutina, la Primera Dama, y la ministra de Educación Gina Parody y sube de nivel María Claudia Lacouture, que es del mismo clique y muy cercana a la esposa de Santos.

El ‘bando’ de Vargas Lleras también perdió aunque solo se sabrá eso en los próximos días cuando se nombre Fiscal General.

¿Cómo queda Vargas?

La Silla pudo establecer con una fuente cercana a Vargas, que Santos armó el nuevo gabinete sin consultárselo al Vicepresidente. Su partido Cambio Radical perdió el Ministerio de Transporte y ganó el de Ambiente, un enroque que en principio no deja bien parado a Vargas.

El nuevo ministro de Transporte es muy cercano a algunos caciques de ese departamento: el representante Hernán Penagos (de La U) y el senador Luis Emilio Sierra (conservador). Y el de Ambiente se eligió con aval de Cambio Radical y Partido Conservador en alianza con la exalcaldesa de Quibdó Zulia Mena.

Además, como amigo íntimo y de vieja data del director de Invías, Carlos García, llega de entrada con un aliado en un cargo clave en el sector, que además puede servir de puente con Vargas Lleras.

Las opiniones sobre los efectos de “perder” Transporte en el vargasllerismo están divididas.

“El golpe para Vargas fue quitarle Mintransporte”, dijo a La Silla una persona muy allegada a él.

Dado que en el sector vivienda ya casi toda la plata se entregó, y solo faltan por entregar 30 mil viviendas, una parte significativa de la campaña de Vargas Lleras para el 2018 estaba fincada en las obras de infraestructura que dependen directamente de él.

Aunque la mayoría de los contratos para las carreteras 4G ya están entregados (20 y solo uno está en licitación), la inauguración de esas obras le podrían dar mucha visibilidad y réditos políticos pues nada trae tanto desarrollo a las regiones como estas megaobras.  

Además, le dan la oportunidad de tener una interlocución directa con los líderes políticos y empresariales en las regiones y salir todos los días en los medios como un gran ejecutor.

En la práctica, la exministra Abello actuaba como viceministra de Vargas, lo que lo volvía a él el único responsable político -para bien o para mal- de esas obras.

Un congresista de Cambio Radical minimizó el impacto de la decisión y dijo que “los grandes temas los seguirá manejando Vargas. Lo único es que los congresistas de Cambio que tienen espacios ahí podrían ver eso mermado”.

La razón de esto, argumentan los que son partidarios de esta teoría consultados por La Silla, que el decreto, de septiembre de 2014, en el que Santos le confiere al Vicepresidente la coordinación de todos los proyectos de vivienda e infraestructura, proyectos especiales de renovación urbana, desarrollo espacial y los planes de atención especial en ciertas regiones sigue vigente.

Según un político cercano a Vargas Lleras, así sea de La U el nuevo Ministro tendría que rendirle cuentas al Vice, a quien además, según congresista de La U y otro de Cambio y un periodista caldense, es cercano, posiblemente vía el director de Invías.

Esto sería así a menos de que Santos aproveche que va a reformar la Presidencia para quitarle esas funciones. Nada más fácil que cambiar un decreto. Seguramente esperará a ver si la Corte Suprema elige a Néstor Humberto Martínez de Fiscal General para hacer el cambio y ‘compensar’ así el creciente poder de Vargas Lleras.

Porque si no lo hace, lo único que habría hecho con este remezón ministerial sería postergar la solución del problema político. Y falta ver si, así no lo haga, el nuevo ministro entra a rendirle cuentas al Vicepresidente o no.

En todo caso, con el nuevo ministro seguramente el roce entre Vargas y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas por la financiación de esos proyectos puede bajar, ahora que técnicamente el partido del vicepresidente perdió el manejo de esa cartera. Pero el roce entre el Vice y el Presidente puede crecer.

Más allá de esas consideraciones sobre Transporte, los vientos de cambio en el gabinete santista le dejaron intacto el Ministerio de Vivienda al vargasllerismo. Con una particularidad: con la llegada de la exalcaldesa barranquillera Elsa Noguera, en reemplazo de Luis Felipe Henao, a esa silla se anota un gran hit el grupo de los Char.

Aunque los Char contaban en Transporte con Natalia Abello (quien había sido funcionaria de la Alcaldía de Elsa), con Noguera tendrán a uno de los principales alfiles de esa poderosa casa liderando los temas de vivienda.

Como lo contó La Silla, los Char ya no estaban muy contentos con Abello e incluso llegaron a tener un disgusto con ella. La exmandataria -considerada una gran técnica y gerente- es en cambio de toda su confianza y del círculo cercano del patriarca Fuad Char, de quien es sobrina política.

“Felicitaciones a mi alcaldesa favorita por su nombramiento como MinVivienda, merecido logro para una gran líder”, fue la reacción que por twitter tuvo el Alcalde Char luego del anuncio del Presidente.    

La fortaleza con la que quedan los Char, de hecho, ya empieza a generar las primeras reacciones en la bancada de Senado de Cambio Radical. Un senador nos dijo, con la condición de no ser citado, que “no hay en general tan buen ambiente” con ese grupo ahí “porque se siente que tienen de todo”.

Primero, porque los proyectos de transporte ya están andando y su financiación y desarrollo no depende del ministerio sino de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la que Santos tiene a un técnico, Luis Fernando Andrade, desde que la creó en 2011.

¿Que consigue?

Quizás lo que realmente cambia con este nuevo gabinete es que Santos se asegura un equipo de jefes regionales de debate para un eventual plebiscito a favor del acuerdo final con las Farc.

Este nuevo gabinete dista en prestigio nacional del ‘dream team’ con el que arrancó Santos su gobierno, con varios ministros de talla presidencial, pero tiene un arraigo regional del que carecían los anteriores.

Como contó La Silla,Murillo llegó a la Gobernación del Chocó en 2011, en coalición con la alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena, y con una votación histórica de 52.000 votos y el 41 por ciento de los votos.  Él es alguien que en el momento que se necesite puede salir a la plaza pública y movilizar gente a favor del plebiscito.

Por su parte, Jorge Londoño, aunque pasó de tener 80 mil votos al Senado en 2010 a quemarse con 23 mil en marzo del 2014, es el padrino político del actual Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y de la representante a la Cámara, Sandra Ortiz. A diferencia de Yesid Reyes, que le tenía repelús a la interlocución con los políticos, Londoño estaría en su salsa el día que le toque hacer campaña por el plebiscito.

Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el nuevo Mintransporte, llegó a la Alcaldía de Manizales en 2011 con casi 40 mil votos y el 30.6 por ciento de la votación total.  Su fuerte es hacer campaña.

Clara López, ni hablar. Sacó casi 500 mil votos y la tercera votación en Bogotá en las elecciones a la Alcaldía el año pasado y en el 2014 se midió en las presidenciales y sacó casi dos millones de votos y quedó de penúltima entre los cinco candidatos que participaron en la primera vuelta.

Y Elsa Noguera que en 2011 sacó 227.349 votos y salió con una gran popularidad.

En conclusión, si la preocupación de Santos es lograr ganarle a la apatía y al uribismo el día que toque refrendar popularmente el Acuerdo Final es posible que este gabinete, unido a los recién nombrados viceministros que también son políticos con reconocimiento en las regiones, le quedará más fácil hacer la campaña.

La pregunta es si esto era necesario. Y si esto compensará los otros problemas que se le crearán en el gabinete y entre los partidos, cuyo saldo final solo se sabrá cuando termine de nombrar superintendentes y otros cargos clave, incluyendo el de María Lorena.

Esta es la base de datos con el nuevo gabinete. Seleccione arriba para filtrar la base de datos por cateogrías. Haga clic en cualquier ministro para conocer más información.

En la rueda de prensa de esta mañana, Clara confirmó que no dejará de militar en el Polo y que aceptó el cargo de ministra de Trabajo para hacer parte del gabinete del posconflicto. 

La decisión de Clara López de aceptar el Ministerio de Trabajo rompió al Polo por dentro. A pesar de la oposición de su partido a entrar a formar parte del Gobierno, le aceptó el cargo al presidente Juan Manuel Santos con el argumento de la paz. Es una decisión polémica que reedita la pelea que tuvo con el senador Jorge Robledo a raíz de la reelección de Santos, pero que le puede ayudar a abonar el terreno para la campaña presidencial del 2018. Como ella misma dijo: “Yo quiero mucho a mi partido, pero quiero más a Colombia”.

Justo después de que se conoció la noticia ayer en la tarde, el comité ejecutivo del Polo se reunió a puerta cerrada durante casi seis horas en el Club del Comercio. Ni los jefes de prensa de los senadores sabían qué pasaba adentro.

Casi a las diez de la noche se supo que, a pesar de que ella quería que le dieran una especie de ‘licencia’ para volver a la presidencia del partido, seguiría militando como “una afiliada” más y que será ministra a título personal y no del partido que, por mayoría, decidió mantenerse en la oposición.

Aunque su situación personal quedó resuelta, el partido quedó averiado.  “[La decisión de Clara] dejó despedazado al Polo y con la peor imagen. Está haciendo mucho daño”, le dijo a La Silla el senador Alexander López. 

La división fue tan evidente que aparecieron dos comunicados distintos al cierre de la reunión.

Uno que publicó en su cuenta de Twitter el representante a la Cáamra Alirio Uribe como la “posición oficial del partido”. En él ratifican su apoyo a los diálogos con las Farc y el ELN y su oposición a todo lo demás del gobierno Santos.

Y otro de la línea dura del Moir, que lidera del senador Robledo y que fue mucho más radical. Dicen que no están de acuerdo con que siendo la presidenta acepte ser ministra, que tiene que renunciar a ese cargo (como ya lo hizo) y que ningún integrante del partido puede “fungir como representante de nuestra organización en el gobierno de Juan Manuel Santos.”

Esa división entre claristas y robledistas no es nueva. Pero que Clara acepte este ministerio le echa mucha sal a esa herida.

Se reedita la pelea

“Uno no puede ser presidente de un partido de oposición y al mismo tiempo ministro del gobierno que critica”, nos dijo el senador Jorge Enrique Robledo. Él también le cobra el no haber consultado la decisión antes de que Santos la hiciera pública.

López dijo en rueda de prensa hoy en el Polo que el Presidente solo la llamó el domingo y que por eso el lunes, cuando la noticia se hizo pública, convocó a comité, aunque ya tenía la decisión tomada.

“Con el Presidente tuve una conversación en la que quedó claro que mis posturas no se van comprometer por aceptar este ministerio”, dijo Clara en la rueda de prensa.

En 2014, durante la segunda vuelta presidencial se creó un cisma similar en el partido con una pelea pública entre López y Robledo, como contó La Silla en su momento, cuando apareció una propaganda en la que ella pedía votar a favor de a reelección.

En ese momento, Robledo se oponía a que ella apoyara públicamente la reelección pero otros líderes de la izquierda la apoyaban en ese empeño pues creían que la posibilidad de la paz estaba en riesgo si ganaba el rival uribista Óscar Iván Zuluaga.

Pero a comienzos de 2015, cuando se prendían los motores para la campaña a la alcaldía de Bogotá, López intentó limar las asperezas con sus contradictores dentro del partido, entre otras, para mantenerlo unido ante las urnas.

Endureció sus críticas al gobierno, sobre todo en el modelo económico, y con eso le hizo guiños a Robledo, que es el que lidera la “izquierda económica”.

Esta vez la decisión de Clara de entrar al gobierno no cayó bien ni entre los que la criticaron en 2014 ni entre quienes la acompañaron a votar por Santos en segunda vuelta.

"Esa es una decisión personal de ella y la respeto profundamente. Pero lo que sí creo que es que sin firmar la paz me parece difícil que integre el gabinete. Porque nosotros votamos por la paz, pero es muy complicado estar en el gabinete solo en la paz, pero no en todo lo demás.”, nos dijo Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica y amiga personal de López.

La Unión Patriótica también manifestó, en su cuenta oficial de Twitter, que respeta su postura, pero no la apoya. Lo mismo Marcha Patriótica, las fuerzas con las que Clara siempre ha enarbolado la idea de una “gran convergencia democrática”.

Clara, entonces, tomó una decisión no solo inconsulta con su partido sino que la margina del mismo y la aleja de sus aliados. Sin embargo, tiene otras cosas que ganar.

Lo que gana

Clara defiende la tesis de que en aras de la paz es válida una convergencia democrática y por eso la presencia de la izquierda en el gabinete puede representar ese respaldo al proceso de paz para esta recta final.

Se requiere amplia convergencia democrática para concretar la paz con sentido humanístico: @ClaraLopezObrehttps://t.co/V8z6otoEC2

— Polo Democrático (@PoloDemocratico) 25 de abril de 2016

El ministerio del Trabajo es una cartera clave en para el posconflicto, sobre todo para el aterrizaje del punto sobre desarrollo rural. El acuerdo plantea que si no hay una llegada al campo de la protección social en su sentido más amplio, no habrá una mejoría en las condiciones de vida.

En eso, el diagnóstico de la Misión Rural es tétrico: solo el 19 por ciento de las personas en la zona rural dispersa están afiliadas al régimen contributivo de salud, 10 por ciento cotiza pensión y apenas 9 por ciento riesgos profesionales. Contra 57 por ciento, 35 por ciento y 34 por ciento respectivamente en la ciudad. 

A eso se suma que, de nuevo, según el diagnóstico social de la Misión Rural, el 92 por ciento de las personas en el campo tienen trabajo informal. 

Así que en ese frente, Clara tendrá enormes retos y muy poco tiempo, si decide quedarse hasta que Santos termine su mandato. 

En eso, su trayectoria es clave para el gobierno y también puede ser muy útil en un frente que pone muy nervioso a Santos y que muchos analistas anticipan que se comenzará a dar en los próximos meses: manejar la movilización social.

El objetivo de la negociación con las Farc es facilitar las condiciones para que ellos pasen de ser un movimiento político armado a uno político social, en el que las marchas serán una de sus herramientas políticas. Para el Eln, por su parte, el “frente social” es clave en su lucha y lo será mucho más si ese proceso de paz algún día despega puesto que la “participación social” es la que definirá la agenda de negociación.

Aunado a esto, sin el riesgo de ser estigmatizados como guerrilleros, en un escenario de posconflicto muchos de los problemas sociales serán llevados a la calle para llamar la atención del Gobierno.

Frente a este escenario, una persona como Clara que tiene una tradición sólida en la izquierda, que se conoce los movimientos sociales por dentro, que reivindica la calle como lugar de expresión y que es una negociadora nata y una hábil política que se mueve igual de bien en el Country Club que en el Catatumbo, puede hablarles en su mismo lenguaje y traducírselo a Santos.

Esta labor, seguramente le compensará a Santos, la dificultad de tener en el gabinete a una presidenciable más que no  llega al gobierno a quedarse callada. Seguramente, cuando se plantee el tema de subir el IVA ella aprovechará para hacerle contrapeso al Ministro de Hacienda con todas las cámaras encima.

Y es allí, en esa visibilidad, donde ella podría ganar más de lo que pierde con tener a su partido de espaldas.

Porque Clara no ha renunciado a su intención de ser presidente de Colombia, o al menos no lo ha negado públicamente. Y aunque la mayoría de ministros son totales desconocidos para la gente, como lo revelan las encuestas, ella ya viene con un reconocimiento propio, dos millones de votos en la primera vuelta y ahora tendrá lo que le hacía falta: toda la atención mediática para conquistar el centro que se necesita para suceder a Santos. Tendrá dos años para lograrlo.

La llegada de 'El paisa' a La Habana conmocionó a muchas víctimas de las Farc y gente que recuerda sus múltiples atrocidades

Las Farc confirmó hoy que por ahora “El Paisa” no actuará como negociador por parte de la guerrilla en la mesa de La Habana, pero su sola presencia en esa ciudad pone a prueba el compromiso tanto de la guerrilla como del Establecimiento con el proceso de paz.

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, nació en Medellín y allí creció en la época del auge del narcotraficante Pablo Escobar e hizo parte de los sicarios del grupo, como contó Semana en un perfil suyo.

Según la misma fuente, en 1989 lo capturaron con mil fusiles de una red de tráfico de armas que manejaba y en la cárcel conoció a varios guerrilleros que lo invitaron a entrar a las Farc. Así lo hizo cuando quedó libre e ingresó al Bloque Oriental de las Farc bajo el mando del ‘Mono Jojoy’.

En la guerrilla se convirtió en jefe de la Columna Móvil Teófilo Forero, responsable de varios de los crímenes más conocidos y más repudiados de las Farc.  “Él es el exponente del terrorismo que quedaba vivo”, dijo a La Silla un ex alto funcionario de Defensa, quien como muchos de sus antecesores y sucesores, participó en la planeación de varios operativos para darlo de baja.

El termómetro

Con su historial criminal, su presencia en La Habana se convierte en un termómetro de la seriedad de ambas partes.

Para el Establecimiento, porque -muerto el ‘Mono Jojoy’-  ‘El Paisa’ es un símbolo de lo peor que han hecho las Farc. Y por lo tanto, que él también pueda acceder a los beneficios de la justicia transicional que le permitirían una pena alternativa diferente a la cárcel como condena por todos sus crímenes, que se le garantice la posibilidad de participar en elecciones y de llegar al Congreso o a una alcaldía y de contar con la seguridad del Estado será quizás el sapo individual más grande que se tenga que tragar.

El sentimiento quedó expresado hoy en la sesión del Congreso por parte de la bancada uribista que en sus cartelitos escribió “paisa criminal premiado”.

Pero también será una prueba de fuego para las Farc. Como dijo el hermano de una de sus víctimas a La Silla “El ‘Paisa’ es el medidor de hasta dónde las Farc están actuando con honradez frente a la verdad que queremos las víctimas. Ninguno tiene un conocimiento tan directo como él de los mas grandes hechos violentos de Colombia en los últimos 10 o 15 años”.

Si ‘El Paisa’ cuenta toda la verdad sobre lo que hizo, el país podría esclarecer no sólo crímenes atroces de gran resonancia nacional como el atentado al Club El Nogal el 7 de febrero de 2003, en el que murieron 36 personas y otras 200 resultaron heridas; y el atentado al ex ministro Fernando Londoño ocurrido el 15 de mayo de 2012, del que él salió vivo pero murieron dos escoltas. O el secuestro del edificio Miraflores en Neiva. Sino también, y quizás más significativo para la historia del país, la verdadera Farc-política.

A través de su confesión en la Comisión de la Verdad y en el Tribunal de Paz, el país podrá entender la conexión criminal entre las Farc y políticos locales y nacionales.  

La columna Teófilo Forero, bajo el mando de “El Paisa”, estuvo a cargo de la exterminación no solo de la familia política más importante del Caquetá, como eran los Turbay Cote, sino también de todo su grupo político. Y los pocos que sobrevivieron están convencidos de que ‘El Paisa’ y su asesino de cabecera ‘Patamala’ no actuaban solos sino en complicidad con fuerzas políticas locales.

Durante los años que reinó su terror en la región, ‘El Paisa’ estuvo detrás del operativo para secuestrar al entonces gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuéllar el 22 de diciembre de 2009 y luego fue el responsable de su muerte cuando él se resistió y la Fuerza Pública los cercó; se le atribuye el asesinato de cuatro concejales en Puerto Rico, Caquetá, el 24 de mayo de 2005 cuando en plena sesión del Concejo Municipal una camioneta entró al edificio y los victimarios dispararon contra toda la plenaria, dejando heridos a otros dos e ilesos a los seis restantes; planeó el secuestro del avión de la aerolínea Aires en el que iba el senador Jorge Eduardo Gechem, que fue el detonente final al proceso de paz que llevaba el presidente Pastrana con las Farc.

La bancada uribista recordó hoy todos los crímenes de 'El Paisa' y mostró su repudio al hecho de que con su entrada en la negociación queden en la impunidad

El eslabón narco

El testimonio de ‘El Paisa’ también será un eslabón clave para entender hasta dónde llegan los tentáculos del narcotráfico con la guerrilla. En el Caquetá, ‘El Paisa’ era visto por conocedores de la región como el enlace de los mafiosos del norte del Valle con el Bloque Sur de las Farc.

“El Paisa organizaba comisiones para hacer cobros de deudas mafiosas en el Valle”, le dijo una fuente local a La Silla. “Los mafiosos llegaban a entregar el dinero de la compra de coca ‘al Paisa’ y a través de él se distribuía a los bloques y  pagar a los campesinos que la cultivan”. La Silla no pudo verificar esta información con una fuente oficial, pero sí existe información judicializada sobre el vínculo de la Teófilo Forero con el narcotráfico.

En esa medida, ‘El Paisa’ podría jugar un papel clave no solo en ayudar a esclarecer los eslabones del narcotráfico sino también en desmontar los cultivos ilícitos en la zona bajo su dominio.

Esto, sin contar con el hecho de que el Bloque Oriental bajo su influencia concentra el 50 por ciento de la guerrilla.

Por eso, si se asume que los que están en la Habana están todos comprometidos con el proceso de paz su llegada a Cuba es el mejor antídoto para el temor que existe de que la negociación no sea sino una jubilación prematura pagada por los constituyentes para algunos jefes guerrilleros mientras otros frentes siguen en armas.

‘El Paisa' era el único jefe guerrillero que faltaba por llegar a la Isla y el que mayores incentivos tenía para quedarse por fuera de la negociación.  

La imagen del Club El Nogal destruído se volvió el símbolo de la maldad de las Farc para la gente en Bogotá