El remezón ministerial de ayer causó grandes molestias entre los congresistas liberales y de La U, que hoy tienen previstas reuniones de bancada para discutir el asunto. Todo indica que la tensión seguirá hasta que se definan otros cambios en el Gobierno y, en el caso de los liberales, hasta que la Corte Suprema elija Fiscal General. Por eso, el nuevo gabinete “de la paz” de Juan Manuel Santos ha desatado una guerra al interior de la Unidad Nacional.

Entre tanto, los congresistas de ambos partidos esperan que esta semana el Gobierno cambie a viceministros, superintendentes y directores de otras entidades como el Sena y el Icbf, para mejorar su pedazo de la torta burocrática.

Por ahora no hay anuncios, pero la Silla supo directamente de dos viceministros de las carteras que cambiaron de titular que ya tomaron la decisión de renunciar a sus cargos, lo que abre espacio para que los nuevos ministros, o Santos, elijan sus reemplazos.

Si se dan esos cambios y Santos les da más juego a los que están molestos, eso podría ayudar a calmar los ánimos en el corto plazo. Incluso con quienes no ganen nada, porque es usual que los políticos muestren más los dientes cuando algo está en juego y una vez pase el momento, el pico de tensión tenderá a bajar.

Pero la pelea de fondo por la Fiscalía no se va a resolver tan pronto: la Corte Suprema hasta ahora va a decidir el proceso y cronograma para definir Fiscal.

La alta tensión por la Fiscalía

La semana pasada, después de que Santos presentó la terna con Néstor Humberto Martínez, aliado y amigo del vicepresidente Germán Vargas Lleras, y sin el fiscal general encargado Jorge Perdomo, el ex presidente César Gaviria, que apoyaba a éste, canceló su presencia en una reunión con Santos.

Pero esa fue apenas la primera señal de la molestia liberal.

El vocero y copresidente del Partido Liberal, el senador Horacio Serpa, habló ayer en varios medios y mostró el tamaño de la fisura. Dijo que “la Unidad Nacional ya no se justifica” y que Germán Vargas Lleras debería renunciar ya a la vicepresidencia.

Esas declaraciones son especialmente significativas porque hasta ahora Serpa había defendido la Unidad Nacional, incluso cuando Santos vendió Isagen en contravía de la postura del partido rojo. “Venta de Isagén no puede fracturar la Unidad Nacional” dijo en ese entonces, hace 3 meses.

Desde entonces han pasado varias cosas.

La más clara es que Santos armó la terna sin Perdomo, una decisión que, según dos fuentes liberales, reabrió una vieja herida: en 2014 César Gaviria impulsó a Gilberto Rondón a la Contraloría pero Santos les pidió a los liberales votar por Edgardo Maya, quien tenía el apoyo de Cambio Radical. Es decir, sienten que el presidente se volvió a inmiscuir en contra de los intereses de la casa Gaviria y de por lo menos parte del liberalismo.

Otra es que el liberalismo fue el único partido que perdió un ministerio en el remezón del lunes, al quedarse sin el Ministerio de Justicia, y por eso muchos sienten que es el perdedor de esa oleada de cambios. Así en días anteriores les hubieran mantenido la Unidad de Víctimas, dándosela además a un político de carrera, y les hubieran dado la nueva Agencia de Tierras.

Una tercera es que Santos mantuvo en el gabinete a otros que él dice que representan al liberalismo, pero que los congresistas no sienten como propios porque no les dan puestos ni les consultan sus decisiones: Alejandro Gaviria en Salud, Luis Carlos Villegas en Defensa, María Ángela Holguín en Relaciones Exteriores y David Luna (antiguo liberal, hoy más cercano a Cambio Radical) en TICs.

“De verdad se considera al interior de la bancada que hay ministerios que aparecen como liberales sin sentir el Partido y las bancadas que sean recíprocas en defender el ideario liberal”, explica Mario Castaño, representante de Caldas.

Y la cuarta es que los liberales cada vez tienen menos el monopolio sobre la bandera de la paz, que hasta ahora había estado teñida de rojo. Con el senador de La U Roy Barreras en La Habana y con la polista Clara López en el gabinete, el ‘manejo’ de la paz es cada vez más multicolor.

Al final, el argumento de los liberales es que Santos está apoyando la aspiración de Vargas, con una presencia importante de Cambio Radical en el gabinete y, sobre todo, al permitir que Néstor Humberto esté cerca de ser nombrado Fiscal, con todo lo que eso implica.

Por todo eso, siete congresistas liberales nos confirmaron que la molestia es real e intensa en este momento y que las bancadas se reunirán mañana para debatirla.

Ese es el primer paso para definir la posición del liberalismo, pues en el horizonte está el Congreso liberal del 15 de mayo que debe definir si se mantienen en la Unidad Nacional

“Creo que el partido debe definir si está o no está en la Unidad Nacional y si lo está cuáles son las razones. No hay duda que el Partido Liberal tiene un profundo compromiso con la paz, pero de ahí en adelante ¿qué?”, explica el representante por el Valle del Cauca Fabio Arroyave.

Ese congreso tiene otro tema que lo atraviesa, y que también explica parte de la pelea: el poder interno, pues debe definir si se mantiene una dirección colectiva o si se elige un jefe único, como han reclamado desde tiempo atrás varios congresistas como el senador Juan Manuel Galán.

Las molestias son especialmente entre algunos representantes y los senadores, especialmente Horacio Serpa, quien pinta como candidato fuerte para una jefatura única pero tiene la oposición de esos representantes.

Parte de esa pelea se debe a que los representantes tenían el botín burocrático de la Defensoría pero los senadores liderados por Serpa aceptaron que ésta quedara en manos de La U, con tal de mantener la Fiscalía.

Por eso la tensión interna se mantendrá hasta el Congreso, dentro de tres semanas. De acá a ese momento los congresistas esperan que Santos haya cambiado varios directores de entidades y superintendentes, calmando las aguas rojas hacia afuera y hacia adentro.

“Si se mantiene la molestia puede terminar en un rompimiento... Pero si se curan las heridas, hasta ahí llega” dice el presidente del Congreso, el caucano liberal Luis Fernando Velasco.

Pero la molestia hacia afuera seguramente seguirá hasta que la Corte Suprema defina quién será el Fiscal. “La elección será muy importante. Si es Yesid se calman las aguas”, dice el senador Galán.

La molestia de La U, en tono menor

Los otros que están inconformes son los congresistas de La U, que al igual que los liberales sienten que Santos escoge las personas que quiere para los ministerios y luego dice que los representa.

“Estamos muy muy molestos. Los dos nuevos ministros de La U no son reconocidos por la bancada como miembros del partido. De hecho ni los conocemos”, dice un senador de ese partido. “Hay problemas por todos lados (...) Los de la U porque (María Claudia) Lacouture no nos representa”, dice otro - aunque en el grupo político del senador José David Name, también de La U, la ven como de la casa.

Además, dicen que Santos no los consultó para elegir a esos ministros. “Yo también me declaro sorprendido con ese gabinete. Debo compartirles que el Señor Presidente no se comunicó con nosotros en estos días para socializar alguna de esas decisiones“, escribió ayer el senador Barreras, presidente del partido y encargado de la relación con Palacio, en en el chat de parlamentarios de ese partido.

Pero, a diferencia de los liberales, en La U no se ha hablado de salirse de la Unidad Nacional.

Eso quedó claro en un rifirrafe en ese mismo chat entre Barreras y algunos congresistas, como José David Name, que volvieron a expresar que el presidente del partido ha aprovechado ese papel para avanzar en su agenda personal (y, por ejemplo, tener el protagonismo renovado de su papel en La Habana).

Es decir, que además de la molestia externa con Santos hay una interna, como entre los liberales.

“Jamás apoyé al señor Rojas [el nuevo Ministro de Transporte] para nada. No lo conozco. Pero si crees que te sirve de algo buscar culpables entre nosotros, avanza por ese camino. Los demás creemos que hay que evaluar con cabeza fría todo el paquete. Hay dos nuevos ministerios, un vice ministerio, Coldeportes que es nuevo y falta mucho“, escribió Barreras para defenderse de quienes lo atacaban por supuestamente haber logrado pocas cosas y todas por sus intereses individuales.

Esa defensa muestra que la pelea es por burocracia. Por eso, a diferencia de lo que ocurre con los liberales, probablemente Santos sí puede resolver este problema con el reparto de los puestos que siguen en juego.

De hecho, Barreras alegó en el chat que hay que esperar las decisiones de Santos sobre superintendencias, institutos y el ministerio de la Presidencia para evaluar el paquete completo. Con eso, según dos miembros del chat, ayudó a calmar los ánimos.

“Yo explico en el chat que en (la reunión con los congresistas de La U en) Cartagena el Presidente NO se comprometió con ministerios sino con otros nombres, que aún no salen porque eran para posiciones secundarias.”, le explicó Roy a La Silla.

Además, Barreras ha dicho que no se quiere atornillar a su cargo. “Cuando acepté la tarea del Presidente informé que era necesario que eligieran un sucesor para mi. Así que no se pide una renuncia que yo mismo ya puse sobre la mesa”, le dijo a La SIlla.

En todo caso, en La U hay menos preocupación por la Fiscalía de Martínez y nunca hubo la aspiración de quedarse con esa entidad.

“La verdad es que la figura de Néstor Humberto no genera temor. Al contrario, siento que hay mucha simpatía hacia él independientemente de su cercanía hacia Vargas Lleras”, explicó un senador de La U.

Por eso, en las próximas semanas puede bajar la zambra con La U, pero es más difícil que se calme la de los liberales.

El problema para Santos es que La U ha mostrado que cuando quiere puestos se le rebela en el Congreso, como ocurrió el año pasado en dos ocasiones, mientras que los liberales votan más en bloque.

Y si ese bloque de votos se embolata porque en ese partido existe la sensación de que con el Presidente lo que funciona es el chantaje (al que creen que Vargas lo tiene sometido con la amenaza de irse con Uribe), con otros dos partidos que de entrada no suelen votar de manera homogénea en los temas más gruesos, dejaría a iniciativas como la reforma tributaria sin chances en el Congreso.

Un panorama poco halagüeño para un Presidente con baja popularidad y que creó un gabinete con el argumento de ampliar el consenso que se necesita para la paz.

El nombramiento de Luis Gilberto Murillo como ministro de Ambiente es simbólico porque es un verdadero representante del movimiento afro en un gobierno que no se ha distinguido por su diversidad; porque es el primer chocoano que llega a un gabinete presidencial en 70 años; y porque finalmente estará a cargo de esa cartera alguien que tiene trayectoria en lo ambiental. Pero aunque Murillo llega por recomendación de la entonces ministra de la Presidencia María Lorena Gutiérrez, lo hace en representación del partido de Germán Vargas Lleras.

Entonces, a Murillo le tocará moverse entre dos expectativas muy diferentes y con frecuencia contradictorias. Por un lado, las del movimiento afro que lleva años peleando su derecho a ser consultados antes de que se inicie un megaproyecto en su región; la de los habitantes del Pacífico, una de las regiones más biodiversas del país; y las del movimiento ambiental que tiene fincadas en él las esperanzas de tener un ministro que de las peleas que sean necesarias por proteger la riqueza natural del país.

Y por otro lado, la de su partido Cambio Radical, cuyos miembros esperan que el ministro que fue nombrado en representación del Partido le ayude al Vicepresidente Vargas a destrabar los proyectos que, según ellos, están frenados en gran parte por las licencias ambientales y por la consultas previa (que se hace con comunidades afro e indígenas) que Vargas definió hace unos días como “un mecanismo extorsivo”.

El legado de Murillo dependerá de cómo resuelva estas expectativas.

¿De donde viene?

Murillo es de Medio San Juan, un municipio agricultor y minero de menos de 20 mil habitantes al sur del  Chocó.

A pesar de haberse graduado de la Universidad de Moscú, en Rusia, como ingeniero de Minas con maestría en Ciencias de la Ingeniería, desde que volvió al país, durante el gobierno de César Gaviria en 1993, se metió en temas ambientales.

Fue el director de la Corporación para el Desarrollo de Chocó (Codechocó) y luego se fue a trabajar con Antanas Mockus como subdirector de Planeación del DAMA en Bogotá.

A principios del 97 Antanas dejó la Alcaldía y un año después, Murillo fue elegido como gobernador de Chocó. Allí abrió la Oficina de Desarrollo Ambiental de la región y luego de que lo secuestraran los paramilitares en el 2000, se fue para Estados Unidos donde también hizo un nombre.

En esos diez años, Murillo trabajó en la Agencia de Cooperación Internacional Lutheran World Relief, en el Banco Mundial, en USAID, el BID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En 2011 volvió y ganó nuevamente la gobernación de su departamento, pero un año largo después lo suspendieron porque le abrieron una investigación disciplinaria por la primera vez que llegó al cargo y que muchos alegan que tuvo una motivación política de sus rivales. De hecho, el entonces director de Cambio Radical Carlos Fernando Galán le quitó el aval por ese lío. 

Fue entonces cuando Santos lo nombró director del Programa Presidencial para el 'Plan Pazcífico’, uno de los temas que coordinaba la exsuperministra María Lorena Gutiérrez para garantizar que los proyectos de los gobernadores del Pacífico se incluyeran en las acciones del gobierno.

Gutiérrez lo conocía desde que ella era decana de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes porque Murillo trabajaba en temas ambientales con el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez y la exdirectora de la Unidad Ambiental de Planeación Diana Gaviria.

Y fue María Lorena la que sugirió su nombre para el ministerio de Ambiente.

El día del anuncio del nuevo gabinete, un par de días después de que Gutiérrez hubiera dejado su poderoso cargo dando un portazo por la inclusión de Néstor Humberto Martínez, el candidato de Germán Vargas Lleras, en la terna para Fiscal General, el presidente Santos presentó a Murillo como cuota de Cambio Radical. Era la compensación al partido del Vicepresidente que perdía el ministerio del Transporte.

En Cambio Radical sintieron que era un cambio ‘raro’ dado lo poco ambientalista que es Vargas Lleras y también porque Murillo no estaba en el radar del partido para un ministerio. Al fin y al cabo, Murillo se inscribió por Cambio Radical en 2011 para la Gobernación pero en alianza con el Partido Conservador, Asi, Alianza Verde y con todas las organizaciones sociales afro que lo impulsaban.

Él y la exalcaldesa del Quibdó Zulia Mena -hoy viceministra de Cultura- se inscribieron por esa coalición no porque tuvieran una militancia en Cambio Radical sino porque los liberales y la U se fueron con otro candidato, y lo que en ese momento se llamaba La Mesa de la Unión se metió bajo la otra sombrilla para “generar una oportunidad en Chocó”, como le dijo a La Silla Mena.

Después de inscribirse, Carlos Fernando Galán, como director del Partido, incluyó a Murillo en la lista de más de 300 candidatos del partido al que él pedía revocar el aval por la condena que tenía por destinar plata de un hospital a un colegio.  Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no les quitó el aval y así fue elegido gobernador.

Poco tiempo después, el Consejo de Estado lo suspendió de la gobernación. Pero Santos eligió como su reemplazo a su secretario de Hacienda Hugo Arley Tovar, con lo cual le mantuvo el poder y en las elecciones del 2014, fue el gerente regional de su campaña reeleccionista.  

"Vargas le cree y lo consultaba en los temas políticos del Chocó", dijo a La Silla una persona cercana al Vicepresidente. Esta misma fuente está convencida de que dado el carácter de Murillo, actuará según sus convicciones ambientales, más allá de lo que necesiten los proyectos que coordina Vargas y de que haya sido presentado como cuota del Partido.

En cambio, tres miembros importantes de Cambio Radical le dijeron por aparte a La Silla que era una ventaja tener un ministro del partido allí porque muchos de los proyectos de infraestructura a cargo del Vicepresidente se topaban con ‘obstáculos’ de licencias ambientales y consultas previas que ahora Murillo, como delegado del Partido, podría ayudarles a tramitar.  (Las consultas previas dependen del ministerio del Interior y no de Ambiente, pero como está cerca a reglamentarse la consulta previa su voz como representante afro en el Gobierno seguramente será escuchada).

"¿Quién más legitimado que él para frenar los abusos que se cometen con las consultas previas cuando se usan para obtener dádivas?", dijo a La Silla el presidente de Cambio Radical Rodrigo Lara, que como el Vicepresidente, considera que si bien este proceso es importante ha sido utilizado por algunos representantes afro inescrupulosos como un mecanismo de chantaje para enriquecerse.

María Lorena y Murillo trabajaron juntos dos años en el 'Plan Pazcífico' y por eso fue ella quien lo recomendó para el cargo. Ésta es una de las reuniones en Palacio.

Los retos

Murillo llega a un ministerio que, como nos dijo el experto ambiental, Jerónimo Rodríguez: “Está como Venezuela. Cerca de la explosión”.

En lo que tres de las fuentes del sector ambiental consultadas para esta historia coinciden es que primero tiene que ordenar el ministerio por dentro.

“Los estudios de institutos como el Von Humboldt no llegan a las decisiones, la forma de gobierno que tenía Gabriel Vallejo era nombrar subgerentes para todo y los directores se quedaban sin poder de decisión. Y las direcciones se quejan de que están reventadas entonces es un milagro que un director vaya a una reunión. Mejor dicho: no hay coordinación”, dice Rodríguez.

Lo segundo es cumplir la promesa de Santos de delimitar los 36 páramos que tiene el país hasta 2018. Como contamos, Vallejo ya delimitó nueve, de los cuales cinco ya estaban protegidos por estar dentro de parques naturales.

Murillo hereda no solo el chicharrón de delimitar los 27 que faltan. “Tiene que definir los planes de acción para la gente que vive dentro de los páramos. Lo fácil es poner la raya. Lo difícil es reubicar a la gente y manejar las tensiones con los intereses mineros”, le dijo a La Silla Paula Ungar, encargada de páramos en el Instituto Von Humboldt.

Otro reto será mejorar el sistema de información, porque el que existe, que es el ‘Sistema de Información Ambiental de Colombia’, no tiene los datos completos ni de todos los institutos, ni de las corporaciones autónomas regionales, ni de la Anla.

“La muestra más grande de que ese sistema no funciona es lo que pasó con Caño Cristales. La Anla dio la licencia en contravía de Cormacarena y supuestamente los de Parques no sabían. ¿Eso pasaría si existiera un sistema de información único?”, le dijo a La Silla el experto y profesor de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas.

Murillo tiene que coordinar mejor cómo se van a hablar las corporaciones, las agencias, el ministerio y las gobernaciones para que el procedimiento fluya.  “Porque si no nos vamos a llenar de demandas al Estado, como la que Hupecol está por meterle porque primero dice que sí y después que no”, dice Cárdenas.

Otro reto enorme será recuperar la agenda ambiental para el contexto del posconflicto. “Ese ministerio es el que tiene que construir una política seria para después de la firma”, nos dijo la directora del Instituto Von Humboldt, Brigitte Baptiste. Básicamente plantear la discusión sobre el modelo de desarrollo sostenible para el país de las próximas décadas.

Y un último reto, aunque seguramente hay muchos más, es meterle la mano a las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs). Porque en lo que todas las fuentes para ésta historia coinciden es que no tienen recursos ni capacidad de ejecución y son las que, en últimas, toman decisiones tan clave como decidir cuánta agua concesionarle a una empresa. Esto sin mencionar que la mayoría están capturadas por la política regional.

“La preocupación de si va a tener presión de un lado o del otro depende de los principios y valores que uno tenga. Si uno tiene claro su compromiso y qué es lo que uno defiende, los demás llegan hasta donde uno se los permite”, dijo Zulia Mena a la Silla.

Nota de la editora: La Silla modificó después de publicada esta historia el título original, pero no el contenido de la historia.

El nombramiento del reemplazo de María Lorena Gutiérrez en el ministerio de la Presidencia se había convertido en una tarea de alta sensibilidad política porque en el ambiente caldeado de  la Unidad Nacional podía convertirse en la mecha que la hiciera volar en mil pedazos. Sin embargo, todo parece indicar que el Presidente logró dar en el clavo.

Nombró a Luis Guillermo Vélez Cabrera, un abogado uniandino (y antiguo bloguer de la Silla Vacía) que es panelista en las mañanas de Blu Radio, que conoce como pocos el Congreso por dentro y que tiene puentes con prácticamente todos los partidos políticos.

Las ventajas políticas para Santos

Lo que más aporta Vélez es un manejo político del que carecía Presidencia.

“Él no es cuota de nadie, es del corazón del presidente”, dice una fuente cercana al nuevo secretario.

En eso mismo coinciden siete congresistas de diferentes partidos de la Unidad Nacional, el columnista de La Silla Héctor Riveros y dos funcionarios de Palacio, consultados todos por aparte.

Al preguntarle a los congresistas a qué partido representa Vélez, cuatro respondieron que a ninguno y tres que a La U, pues como Superintendente ese partido lo entendió como ficha suya. Pero todos estuvieron de acuerdo en que es, sobre todo, santista.

Vélez es hijo del fallecido senador Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien fue el padrino político de Santos, por lo que entre los dos existe una relación de de confianza de vieja data. Eso es fundamental porque el Secretario General es una de las personas del círculo más cercano del Presidente, que filtra buena parte de la información que le llega, lo asesora en temas diversos y le sirve de portero para definir quienes lo pueden ver y en qué condiciones.

Aunque Vélez nunca se ha lanzado a un cargo de elección popular, conoce a los políticos desde su cuna, otra ventaja grande para este cargo pues el secretario general es quien maneja la relación con el Congreso y el famoso computador de Palacio: su papá hizo política en Antioquia como liberal. Fue gerente del antiguo Idema, embajador en Noruega y El Salvador, y Senador entre 1991 y 2007, cuando murió. Cercano a Santos, fue uno de los primeros congresistas en sumarse a la idea del hoy presidente de fundar el Partido de La U.

Vélez creció en ese ambiente, y -para bien o para mal- los políticos sentirán que tienen un interlocutor que los entiende (Vélez, por ejemplo, ha defendido las partidas regionales comúnmente conocidas como “mermelada” en su programa de Blu). De hecho, cuando fue Superintendente de Sociedades, tenía una política de puertas abiertas para cualquier congresista y si así fue antes seguramente lo será más ahora.

El nuevo secretario tiene una trayectoria que mezcla cargos públicos (aparte de superintendente fue viceministro de defensa cuando era Ministro Fernando Botero Zea y luego cónsul en Miami y en Ciudad de México) con privados como haber sido asesor de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, y entre los clientes de su firma hay gremios como Asofiduciarias, Asobancaria y Afidro; industrias como Coltabaco o Unilever; y compañías de alimentación como Dunkin Donuts, Frisby y Kokorico.

Pero buena parte de su carrera ha sido como lobbyista ante el Congreso.

A través de la firma Urdaneta, Pearl, Vélez y Abdallah ha representando diferentes intereses. Recientemente ha aparecido como directivo de Acodil, el gremio de importadores de licores que representa a multinacionales como Pernod-Ricard y Diageo en la discusión de un nuevo régimen de licores que, todo indica, mejorará las condiciones de esas empresas.

Por esa trayectoria y por el ambiente en el que se crió, conoce personalmente o es amigo de muchos congresistas: de varios de los de La U y liberales por su papá (el antioqueño Germán Hoyos, por ejemplo, fue quien heredó el músculo electoral de Vélez Trujillo) y de otros por su período como Superintendente.

Además, tiene puentes con el uribismo: su primer trabajo fue con el ex ministro Fernando Londoño Hoyos; fue compañero de universidad de la representante por el Centro Democrático María Fernanda Cabal; tuvo como secretario privado en la superintendencia al también representante uribista Álvaro Hernán Prada; el senador Ernesto Macías fue fórmula de su padre a la Cámara y él fue jefe del senador Iván Duque en el Partido Liberal en 2000.

Esos puentes son prueba de otra característica que tiene Vélez y que es muy útil en un secretario de presidencia: aunque se mueve como pez en el agua entre los políticos no está alineado con un partido o grupo, ni tiene un jefe político (aparte de Santos). Y tampoco es su rival: recientemente aspiró a varios cargos públicos, al fallido Consejo de Gobierno Judicial, a la Corte Constitucional y a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, y en todos fracasó en el intento.

Como Vélez también es cercano al vicepresidente Vargas Lleras, su nombramiento seguramente ayudará a restablecer armonía en la maltrecha Unidad Nacional y promete traer una distensión en Presidencia, sobre todo después de la ruptura entre María Lorena Gutiérrez y Vargas.

Más allá de la política

Aunque Vélez también se mueve con tranquilidad en discusiones jurídicas o económicas, por lo general defendiendo ideas liberales en las dos áreas o como crítico permanente del chavismo y de muchas ideas de izquierda, el nombramiento de Vélez refuerza el mensaje que envió Santos con su gabinete y es que en este período reinvindicará la política.  

Porque aunque Vélez podrá aportar en discusiones de política pública y de regulación y mantendrá el canal con el sector privado, cuando Santos anunció el nuevo nombramiento también indicó que le echan reverza a los cambios que implementó en agosto de 2014 tras una asesoría de Tony Blair, cuyo costo no lo pudo establecer La Silla (y que no estaba incluído en los polémicos contratos de Blair con Planeación Nacional sobre el sistema de regalías).

Desde ahora, en Presidencia habrá de nuevo varios consejeros que dependen del Presidente, una secretaría de prensa y un secretario general que reemplazará a la ex superministra María Lorena Gutiérrez, pero con menos funciones.

Vélez, por ejemplo, no se meterá en temas que se devolverán a los ministerios como la definición del nuevo esquema de licores (sobre el que él igual se declaró impedido), el plan de San Andrés o la reforma de los decretos del agro.

Su principal función, entonces, será mejorar la relación con los partidos y con el mundo político, incluida la oposición, y superar las divisiones internas del Gobierno.

Por la reacción inicial de los congresistas que pudo documentar La Silla, todo indica que su nombramiento calmó los temores que había frente al reemplazo de la superministra.

Nota de la Editora: Vélez dejará de escribir en La Silla Vacía y lo cubriremos como a cualquier otro funcionario público.

Uno de los legados que le deja el exfiscal Eduardo Montealegre a su futuro reemplazo es la política de priorización y uno de sus mayores retos en términos de investigación judicial será comenzar a mostrar resultados en lo que tiene que ver con la violencia sexual, un crimen que es descrito por las víctimas como una forma de “matarlas a poquitos”.

La Fiscalía de Montealegre comenzó a darle prioridad a la investigación de este delito cuando se creó la Unidad de Contexto en 2012 y uno de los temas priorizados fue la violencia sexual atribuida a las Farc.

Desde entonces, esta dirección -que con el cambio de director tuvo un reenfoque frente a la idea original- ha estado trabajando en encontrar patrones y conductas de la guerrilla de Timochenko en lo que tiene que ver con la violencia sexual, y ahora comenzó a hacer lo mismo con el ELN. El objetivo de ellos es poder armar un informe sólido para llevar a la Jurisdicción especial de paz que juzgará a los responsables de los delitos más graves en el conflicto armado.

Paralelo a eso, la dirección de Justicia y Paz, que venía investigando los crímenes de los paramilitares y que ahora se llama de Justicia Transicional, decidió también priorizar la violencia basada en género para hacer lo que llamaron “macroimputaciones”.

Su mayor logro hasta ahora ha sido la sentencia contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en 2014, en la que se identificó que había un patrón de uso de la violencia sexual como arma de guerra. Aunque él ya está pagando su condena en Estados Unidos, fue la primera vez que se dio un reconocimiento judicial de que esto, que las organizaciones de mujeres venían denunciando hace años, había sucedido.

Ese mismo año, en enero, la cúpula de la Fiscalía retomó el tema y definió una política de priorizacióncuando les llegó el auto 0092 de la Corte Constitucional que le ordenaba a la Fiscalía atender de manera urgente varios casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado que estaban impunes y luego el 09 de 2015 con nuevos casos. 

En líneas generales, la estrategia definida tenía tres líneas: hacerle un seguimiento a los casos ya judicializados pero separándolos según el grupo armado que había perpetrado las violaciones para que la Dinac liderara las investigaciones contra las Farc, la de Justicia Transicional la de los paras y la de derechos humanos los casos de Fuerza Pública.

Para los 172 casos no judicializados que aparecían en el auto de la Corte nombraron cuatro fiscales especializados en diferentes regiones para que establecieran qué era lo que había pasado, el grupo responsable y las pistas para armar los casos.

Y por último, crearon un subcomité de priorización de violencia sexual en el marco del conflicto al que van todas las direcciones que tienen que ver con el tema para unificar las estrategias de investigación y hacerle un seguimiento detallado al avance de los casos.

Los resultados

A pesar de la políticas de priorización, el o la Fiscal que llegue hereda un panorama bastante difícil.

Porque a pesar de la política de priorización que diseñó la Fiscalía, son más los casos por resolver que los resueltos y como ellos mismos reconocen en la Fiscalía falta mucho por hacer.

En su más reciente informe de seguimiento a los autos 092 y 009, la ONG Sisma Mujer concluyó, entre otras cosas, que no hay garantías para denunciar, que en solo tres de cada diez casos hay un castigo, que no hay un acompañamiento jurídico a la víctima después de su denuncia y que en la mayoría de casos, las mujeres se sienten todo menos reparadas.

Una de las estrategias que creó la Fiscalía para agilizar el proceso fue hacer jornadas de denuncia masiva en distintas regiones del país, con la participación de la Unidad de Víctimas, para que las mujeres tuvieran que relatar su caso solo una vez y fuera más ágil el proceso.

A ese tipo de jornadas, por ejemplo, fue Ángela Escobar, una víctima de Antioquia a la que violaron tres paramilitares. “Yo siento que las jornadas sí funcionan porque es algo colectivo y nos hacemos oír más cuando somos muchas, que cuando va solo una a denunciar.”

Ángela hace parte de la Red de Víctimas Mujeres y Profesionales, una organización que reúne más de mil mujeres, que a punta de esas jornadas ha logrado recoger 866 casos de mujeres violadas por actores armados en siete departamentos del país para que sus casos sean juzgados en el Tribunal de Paz que se pactó en La Habana.

Lo que el informe de seguimiento se pregunta es si una jornada de denuncia de un solo día es suficiente para oír a fondo los testimonios de todas las que van y qué pasa con las que no van porque simplemente no quieren.

Porque de los 267 casos que fueron reportados como atendidos en jornadas de denuncia masiva en el Auto 009, según la Mesa, la Fiscalía no informa el estado procesal en 206. Es decir que en el 77 por ciento no se sabe qué pasó con esa información. Y hay 59 casos que ni siquiera tienen número de radicado.

La Fiscalía nos dijo que es cierto que no todas las jornadas de denuncia masiva funcionan. “Nosotros reconocemos que hay que trabajar en la sensibilización de algunos de nuestros funcionarios para que atiendan mejor esas jornadas, pero la mayoría si funcionan”, nos dijo una funcionaria de la Fiscalía.  

“Algo que tiene que mejorar es el trato de los funcionarios en las regiones. Yo sé de mujeres que van a denunciar y (el que les recibe el caso) les dice que lo hacen es por plata o que le dicen a uno que si no dice quien lo violó, entonces van a ir a preguntarle a la familia de uno”, nos dijo Ángela.

A eso se suma otro obstáculo y es que en muchos casos las mujeres sienten vergüenza, miedo, no saben como poner una denuncia o viven lejos de los cascos urbanos de sus pueblos, y eso en conjunto, es una falta de garantías para que hablen.

La Fiscalía asegura que la información que recogen en las jornadas no se queda ahí y que las mujeres que decidan no ir, tienen los canales normales para denunciar y no es que se queden sin la atención del Estado.

Sobre el auto 092, por ejemplo, dicen que 38 de los casos fueron archivados: veintinueve porque prueban que el hecho no pasó o porque a veces reciben denuncias tan abstractas como que hay un bloque de las autodefensas en una región y están “amenazando”, pero no dice nada más; cinco porque ya se murió el violador y tres más porque el caso prescribió, es decir, se venció el tiempo para tomar una decisión.

“El resto siguen en estudio y hay que aclarar que a todas las denuncias se les hace un seguimiento desde las direcciones que tenemos creadas según el perpetrador”, nos dijo la funcionaria.

A partir de la estrategia de priorización, la tasa de imputación ha aumentado en un 10 por ciento en el último año, de 17 por ciento a 20 por ciento. Es una tasa más alta que para otros delitos como aquellos contra la administración pública, pero también significa que para la mayoría de estos delitos todavía ni siquiera hay un acusado a pesar de ser un delito priorizado.

De los 634 eventos de violencia sexual reportados en los Autos 009 y 092, sólo 14 se han resuelto con sentencia condenatoria. Eso, según el informe, es apenas el 2,2 por ciento del total de casos. Por lo que concluyen que la impunidad supera el 97 por ciento.

Pese a esa cifra, se ha logrado que hoy existe una mayor verdad judicial sobre este crimen que hasta hace unos años cuando era totalmente invisible. Se sabe, por ejemplo, que los paramilitares encabezan la lista como los que más han violado mujeres en la guerra. Lo hacían, sobre todo, como una forma de castigo a las que tuvieran algún vínculo con la guerrilla y también como una forma de profundizar su control en el territorio.

También está documentado que a las prostitutas con enfermedades de transmisión sexual o que sirvieran de informantes para el Ejército o la guerrilla, las mataban; y hay casos registrados de esterilización forzada, sobre todo en la Costa, donde para hacerse sentir como la gran autoridad, su solución para el embarazo precoz o frecuente, era obligar a las mujeres a ir a que los médicos de confianza de los paras para que las “desconectaran”.

Para el caso de las Farc, donde la violación sexual se castiga, no hay un patrón tan claro como en los paramilitares. Aunque son los segundos perpetradores de este tipo de violencia, incluyendo al ELN.

Y un verdadero interrogante sigue siendo la Fuerza Pública, porque de acuerdo con los casos reportados en esos autos, es el tercer actor que más ha violado, por encima, incluso, de las bandas criminales. Hay en total 44 casos denunciados, 11 de ellos hechos en alianza con paramilitares y ninguno, de acuerdo con la Mesa, tiene condena.

“¿Con qué tranquilidad va ir una mujer a denunciar en una de esas jornadas que la violó un policía? esa es una barrera muy difícil de superar”, le dijo a La Silla Génica Mazzoldi, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz y autora, junto a Isabela Marín, del artículo “La violencia sexual y de género: el continuum entre la guerra y la paz.”

En la Fiscalía le explicaron a La Silla que el hecho de que un caso no haya terminado en sentencia condenatoria, no significa que no se está haciendo nada. Dicen que hay etapas intermedias entre la denuncia y la sentencia, en las que la mayoría de estos casos están, y eso no significa que hayan quedado en la impunidad.

En la etapa de juicio, por ejemplo, entre 2012 y 2015 el número de personas condenadas y la cantidad de casos con al menos una imputación por ese delito aumentó en un 22 por ciento. Y los casos con condena pasaron de 1798 en 2014 a 2100 en 2015.

La Mesa igual dice que en muchos casos no es claro por qué la Fiscalía decide archivar un caso, o por qué precluyen.

En el órgano de investigación nos dijeron que todos los casos que archivan o son muy abstractos, porque como nos decía una funcionaria: “dicen que en tal pueblo, los paramilitares violan a las mujeres y no dicen más” o el sindicado ya murió o a veces ni siquiera corresponden a delitos asociados con la violación sexual en sí.

“Una parte de los casos que recogen esos autos hablan de ‘amenazas’ o ‘intimidación’ a las mujeres en plural hace más de diez años y con esa información es muy difícil encontrar pruebas”, nos dijo una de las funcionarias.

Algo en lo que se quejan mujeres como Ángela, es que después de la denuncia, la Fiscalía no hace un acompañamiento a la víctima. “A mí apenas hasta la semana pasada me llamaron de la Fiscalía a decirme que mi caso lo tiene el fiscal 42 de Medellín. Imagínese. Quince años después...”, dice.

Todo este difícil panorama es el que le espera al Fiscal que llegue. Porque aunque la violencia sexual es uno de los crímenes priorizados, investigarlo y sobre todo probarlo, sigue siendo un largo camino en Colombia. Más allá del debate sobre el equilibrio político que ha rodeado la elección del próximo Fiscal, existen debates como éste.

Venimos oyendo y hablando de innovación desde hace unos años atrás en Colombia, y una gran mayoría de organizaciones de diferentes sectores dicen que innovación es uno de sus pilares. Pero, muchas veces quedamos con la sensación que es solo parte del discurso, y son palabras que se lleva el viento.
¿Cómo pasamos del discurso y del uso de metodologías, a realmente innovar y con un propósito que no es solo la innovación por la innovación?

Seguro trabajas en una organización que, o se define como innovadora, o está pensando en incluir la innovación en su definición. Y seguro también, tienes tu propio concepto de la innovación.
Quisiera abrir el debate para identificar cuales son esos conceptos de innovación que están manejando las organizaciones, así como la percepción de los ciudadanos sobre la innovación.

La decisión del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de declarar un medicamento como de interés público pone con los pelos de punta a las farmacéuticas, pero no asegura que el tratamiento del cáncer sea más barato. Eso ahora dependerá del Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien en el pasado ha enfrentado a empresas poderosas pero aparentemente ahora no está en la misma orilla de Gaviria.

El tema está tan caliente que anoche Gaviria, Robledo, la entrante ministra de Comercio María Claudia Lacouture y otros altos funcionarios se reunieron con Juan Manuel Santos en Presidencia para discutir el tema. Según supo La Silla, lo que quedó claro es que en el Gobierno no hay una posición unificada, pues Robledo dijo que no está de acuerdo con las consecuencias de la decisión del Ministerio.

Un caso complejo

Como han contado los medios, la decisión de Gaviria consiste en que una forma de la molécula imatinib, conocida como cristal beta y que tiene patentado el laboratorio suizo Novartis con el nombre Glivec, no puede estar protegida por una patente. Y, por lo tanto, que Novartis debe permitir que otros laboratorios produzcan imatinib, pagándole las regalías a las que tiene derecho por tener esa patente.

Esa decisión se da tras un proceso de más de un año y medio, que comenzó cuando tres entidades que hacen activismo por salud pública le pidieron al Ministerio declarar que es de interés público que haya competencia en el imatinib.

Como quedó documentado en la página web del Ministerio, se desarrolló un procedimiento en el que Novartis se defendió y presentó pruebas. Según averiguó La Silla con tres personas que participaron del proceso, tanto del lado del Ministerio como de los laboratorios, el proceso fue transparente y Novartis no hizo mayor lobby.

Al final, el 24 de febrero el comité técnico del Ministerio encargado del proceso le recomendó a Gaviria declarar el interés público si no lograba negociar con Novartis para que éste le bajara el precio al medicamento a un nivel similar al que calculan que se crearía si hay competencia.

Gaviria lo hizo el 11 de abril, proponiendo un precio máximo de 140 pesos por miligramo.

La semana pasada Novartis respondió diciendo que no le interesa negociar porque a su juicio sería errado declarar el imatinib de interés público, y porque “la imposición o la amenaza de una Declaración de Interés Público (DlP) que conduce a una LO (licencia obligatoria) nunca debe ser usada como un mecanismo para forzar una negociación de precios”.

Ante eso, Gaviria anunció que la va a declarar de interés público, una decisión que parecía cerrar el tema pero que solo termina el primer capítulo de una historia en la que hay mucho en juego.

Lo que está en juego

Más allá del debate específico, que es complejo pero relativamente menor (el Imatinib tiene un uso pequeño en unos 2 mil pacientes y está lejos de ser el medicamento más costoso del mercado), la petición era de mucho calado porque el Ministerio nunca ha declarado a un medicamento como de interés público y hacerlo crea un precedente que no le gusta a la industria farmacéutica.

Eso lo dice la carta de Novartis a Gaviria de la semana pasada: “La emisión de una DIP (declaración de interés público) en circunstancias como en el presente caso, crearía un precedente perjudicial que podría aplicarse a todas las patentes, ya sean farmacéuticas o de otro sector”.

También es clave porque el único antecedente se dio en 2009, cuando el gobierno de Álvaro Uribe se negó a declarar de interés público a Kaletra, un medicamento para el manejo del VIH de laboratorios Abbott.

Que la decisión ahora sea la opuesta es solo una prueba más de que los tiempos cambiaron. Y recuerda que Gaviria se ha convertido en el coco de esas multinacionales: impulsó una política nacional de medicamentos, le dio dientes al control de precios para que los laboratorios no cobren lo que quieran, y permitió fabricar medicamentos biotecnológicos, los equivalentes a los genéricos para la nueva generación de fármacos, lo que no les conviene a esas multinacionales.

Prueba de que se convirtió en un asunto de todo el sector es que la vocería pública sobre la decisión de Gaviria no la ha asumido Novartis sino Gustavo Morales, el presidente ejecutivo de Afidro, gremio de las multinacionales farmacéuticas, y quien viene de ser Superintendente de Salud del mismo Gaviria.

Al final, el impacto depende no de la declaratoria de Gaviria, que ya es fija, sino de la implementación de ésta, que sí está en duda y depende de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La licencia, en duda

Así como la situación no tiene precedentes en el ministerio, tampoco las tiene en la Superintendencia que nunca ha emitido una licencia obligatoria. Por eso el superintendente Robledo recibe ahora una papa caliente.

Además lo que haga empieza a ser seguido con interés por otros sectores, pues las licencias obligatorias no solo aplican a los medicamentos sino a cualquier patente cuando el Gobierno lo decida por interés público, emergencia o seguridad nacional. Mejor dicho, es una puerta muy grande que hasta ahora nadie ha cruzado y Robledo definirá qué tan fácil es hacerlo.

En principio, la SIC debería aplicar el procedimiento que creó en 2010 y que no ha estrenado. Éste señala que no está obligada a entregar esa licencia a los laboratorios que la pidan, según escribió ayer El Espectador.

Pero como en los temas legales casi siempre hay abogados que piensan lo contrario, otro que también conoce el proceso por dentro alega que esa resolución está equivocada pues el decreto (una norma de más jerarquía de la resolución) que regula las declaratorias de interés público dice que La SIC “adelantará el trámite correspondiente para el otorgamiento de la(s) licencia(s) obligatoria(s) que se le soliciten”. Es decir, que tiene que entregarlas.

Aunque la Superintendencia ha dicho oficialmente que no se va a pronunciar al respecto hasta no conocer el texto de la decisión de Gaviria, una alta fuente de esa entidad le explicó a La Silla que allá se entiende que sí debe aplicarla automáticamente. “La SIC es un mero ejecutor del Ministerio”, explica.

Sin embargo, eso no quiere decir que el camino esté despejado, pues la SIC debe tramitar las solicitudes de los interesados y el resultado de ese trámite no está definido.

Primero, nada asegura que aparezcan interesados porque varios de los laboratorios que vendían el imatinib antes de la patente son laboratorios colombianos o extranjeros que tienen contratos con grandes multinacionales con Novartis, y por eso no es claro que asuman el riesgo de enemistarse con ellas a cambio de un negocio relativamente pequeño.

Incluso si aparecen, tampoco es seguro que la SIC otorgue las licencias. El procedimiento es claro en que puede negarlas y dice que los solicitantes deben demostrar varias cosas, como el haber intentado antes negociar la licencia con Novartis, demostrar que si se entrega la licencia se cumple el interés público y argumentar y probar "que cumple con las condiciones para ser licenciatario de la patente”.

Encima, aún si la SIC las otorga, debe decidir cuánto deberá pagarle el ganador de la licencia a Novartis - y esa cifra podría hacer que el interesado desista de usarla.

Por ahora, la Superintendencia ha dicho que no se va a pronunciar hasta conocer el texto de la decisión de Gaviria. Pero un antecedente que se dio en el proceso en el Ministerio tiene preocupadas a las organizaciones que impulsaron todo el proceso de la patente.

Hace menos de un mes, se reunió para tratar el tema la Subcomisión de propiedad industrial, donde están una docena de funcionarios de varias instituciones públicas, incluyendo Planeación Nacional, el Ministerio y la SIC.

Al acta de esa reunión el superintendente delegado para la propiedad industrial, José Luis Londoño Fernández, adjuntó un concepto legal que le había pedido el Ministerio. En él dice que la solicitud de declaratoria de interés público tenía debilidades jurídicas, que a su juicio otorgarla sería ilegal y que “si la concesión de la licencia obligatoria se realiza por razones de interés público, se estaría ante un escenario de expropiación por parte de la administración (que) requiere indemnización previa”.

Eso, para las organizaciones que impulsaron la medida, despierta alarmas, pues a su juicio podría indicar que la SIC tiene una postura cantada y contraria a entregar estas licencias.

Además, recuerdan que el delegado Londoño trabajó con Carlos Olarte, el abogado de Novartis. Efectivamente, entre 2004 y 2007 el hoy delegado fue abogado asociado de la firma Olarte Raisbeck, cuyo representante legal era Olarte. Y esa firma, hoy llamada Olarte Moure es la asesora de Novartis en todo este proceso, y Olarte es su apoderado.

La Silla revisó y encontró que en su paso por esa firma Londoño no fue apoderado de empresas de medicamentos en materia de patentes, sino que se encargaba de asuntos de marcas y competencia. Es decir, trabajaba en otras áreas.

Además Londoño no forma parte del procedimiento, que involucra al director de patentes (subordinado suyo) que arma el proyecto de decisión, y al superintendente Robledo (su jefe), que es quien decide finalmente si se entrega o no.

En todo caso, la posición de Londoño en su concepto pone de presente una posición propia de los defensores de las patentes, algo que por su misma naturaleza está representado en la SIC, que es la entidad encargada de concederlas en Colombia.

En principio, eso no significa que la Superintendencia automáticamente vaya a seguir esa línea. Como dice una fuente que conoce el proceso de cerca, “la SIC es una entidad esquizofrénica: una delegatura busca la competencia, y otra protege monopolios legales (patentes y marcas). El chip es totalmente el contrario”.

Dos fuentes que conocen el proceso dijeron que puede pesar que la Superintendencia haya sido más visible por el primer “chip”. Y efectivamente Robledo se le ha medido a desmontar carteles tan grandes y poderosos como el de los ingenios azucareros (que incluyen empresas de Carlos Ardila Lülle, el dueño de RCN), el del papel higiénico, el de los cuadernos y el de los pañales (que tienen a multinacionales como Kimberly-Clark y a Familia Sancela, un a de las 50 empreas más grandes del país).

Sin embargo, la posición de Robledo en la reunión de anoche con Santos muestra que tiende a pesar más la otra cara de la SIC, por lo menos por ahora. Sin embargo, eso podría cambiar si Santos decide apoyar a Gaviria.

¿Vendrá otra demanda?

El laboratorio suizo tiene otro camino posible: buscar una demanda contra el Estado colombiano que termine a su favor, o que por lo menos los lleve a negociar con un equilibrio de fuerzas diferente. De ocurrir, la papa caliente caerá en manos de la nueva ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.

Según supo La Silla de tres fuentes conocedoras del proceso, es tangible la posibilidad de que Novartis busque la protección del tratado que protege la inversión suiza en Colombia. Para eso, debería iniciar en las próximas semanas un procedimiento que podría terminar en un tribunal de arbitramento, y con eso se sumaría a la reciente seguidilla de ese tipo de procesos, que han iniciado las mineras EcoOro, Cosigo y Glencore, y Claro.

Aunque por ahora no hay ningún documento al respecto, los conocedores del proceso dicen que hay algunas pistas al respecto.

Una es que el caso ya se ha tratado en instancias internacionales bilaterales, y que por ejemplo los diplomáticos suizos la suele mencionar en reuniones con colombianos. Otra es la carta de la Secretaría de Estado para asuntos económicos de Suiza al Ministerio de Salud en la que defiende la posición de Novartis y le pide buscar un acuerdo con el laboratorio antes de pensar en una licencia obligatoria.

De hecho, una columna de hace dos semanas del abogado experto en derecho internacional e inversión extranjera Marco Velásquez en El Espectador advirtió directamente sobre esa posibilidad.

Aunque aún es temprano para saber si Novartis piensa demandar, de hacerlo metería en el baile al Ministerio de Comercio, que es el que se encarga de esos asuntos, y que tiene una nueva ministra que viene de la diplomacia comercial, que suele estar más alineada con la defensa de las patentes.

Aunque el Ministerio no tiene en sus manos una decisión directa como la de Robledo, la nueva ministra sí puede llevar el caso a un consejo de ministros, hablar con el presidente Santos o hablar directamente con Robledo, quien como Superintendente de Industria y Comercio es autónomo pero está en el sector que maneja Lacouture.

De lo que hagan la Superintendencia y el Ministerio se verá si el gobierno cierra filas alrededor de Gaviria (que acaba de recibir un espaldarazo porque Santos lo mantuvo en el remezón de gabinete) y se la juega una vez más por el discurso de la salud pública o le abre una nueva puerta a Novartis, y se va por la defensa de las innovaciones.

Más teniendo en cuenta que, si se demora la discusión, también estarán inclinando la balanza: la patente vence a mediados de 2018, por lo que si la discusión se prolonga por varios meses puede que toda la discusión termine en un saludo a la bandera.

Después de un conversatorio de ReD con Enrique Prieto (Uniandes) y Felipe Corredor (Rosario) sobre el falso temor que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia y las inmensas indemnizaciones a Compañías Transnacionales que podrían venir con la creación del fondo de tierras, queremos proponer que es necesario cuestionar la agenda mediatica dominante que nos desenfoca de los verdaderos retos que tiene la construcción de paz en Colombia.

Adentro funciona un hotel. El aviso de la entrada principal lo anuncia y todo lo demás, la recepción que hay que pasar para subir y la numeración de los cuartos en el segundo piso, lo confirma. Lo que no cuadra son las puertas abiertas de las habitaciones por las que se escapa el ruido de los televisores y la presencia constante de los huéspedes por el vestíbulo. A los habitantes de la casa al parecer los tiene sin cuidado la privacidad. Uno de ellos, un hombre en chanclas y sudadera, canta distraído su himno: “Compañeros de las Farc, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad…”.

El hombre que canta y las otras 20 personas que viven en ese hotel cerca al centro de Bogotá, son parte del grupo de guerrilleros de las Farc que fueron indultados por el Gobierno. A finales del año pasado, Juan Manuel Santos anunció que, como gesto de buena voluntad en el proceso de paz, iba a decretar la libertad de 30 combatientes que estaban pagando condenas en diferentes cárceles del país. Nada de "crímenes de sangre", aclaró meses antes el ministro de Justicia; todos habían sido condenados por rebelión o delitos como porte ilegal de armas o  uso de uniformes de las Fuerzas Armadas.

Varios de los guerrilleros vieron venir la libertad con meses de anticipación; Santos hizo el anuncio en noviembre y las cuatro tandas de prisioneros salieron entre el 20 de enero y el 19 de marzo, así que todos pudieron hacerse a la idea de pasar de la cárcel a la calle. Pero el paso del campamento a la ciudad es un asunto completamente diferente. La oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció un programa de apoyo psicosocial y educativo y la casa es el lugar donde se está materializando. Es, también, la única zona del país en la que hay integrantes de las Farc concentrados pensando en una vida después del conflicto. Los días en la casa son atareados.

El currículo

En el primer piso los indultados, sentados hombro con hombro de espaldas a la pared, atienden el salón de clases improvisado en el que todos los días se convierte el comedor del hotel. El tema del día es un artículo en el que el británico Paul Collier concluye que los conflictos internos de los países responden más a la avaricia de grupos que quieren controlar las fuentes de riqueza que a luchas ideológicas.

Con dificultad, Aristides se pone de pie, aunque la profesora ya le aclaró que no tenía que hacerlo para hablar. Sus muletas están recostadas detrás de su silla y la pierna izquierda no aguanta su peso desde que una esquirla de granada le partió el fémur, así que se apoya con los puños rucios en la mesa. Explica que, contrario a lo que asegura Collier, ellos entraron a las Farc por una causa, no para acumular riquezas. Sus compañeros de clase asienten.

Esta clase no es parte del programa educativo que provee el Sena. El gobierno les ha dado cursos de sistemas, finanzas, gestión de proyectos comunitarios y, el más importante, capacitación en promoción de paz. La misión que a estas personas se les encargó en la Mesa es entender lo que está pasando en Cuba, conocer los puntos acordados para ir a las cárceles y difundir los avances. La idea es convertirse en lo que ellos llaman “promotores de paz”.

Nosotros somos conscientes de que seguimos luchando pero no con las armas. 

La agenda del Sena les llena los martes y los jueves. Los otros tres días son de ellos y los están copando con su propio currículo. A través de Corporación Solidaridad Jurídica y la Coalición Larga Vida a las Mariposas, están recibiendo clases de comunicación para aprender a expresarse en redes sociales y frente a las cámaras que hoy los buscan constantemente; historia para entender el origen del conflicto armado; y formación política para comprender los acuerdos de paz a profundidad.

“Ellos pidieron unos temas, los organizamos en una agenda, se los presentamos, ellos pidieron modificaciones y comenzamos a trabajar”, explica la profesora de la Escuela Pedro Nel Jimenez, organización que funciona bajo la sombrilla de la Marcha Patriótica.

Cuenta que la escuela llegó con una propuesta de lecto-escritura y los alumnos pidieron una expansión del programa. Le parece natural, porque añade, que “si vamos a entender pedagogía para la paz como socialización de los acuerdos, estamos mal. Un promotor de paz tiene que hablar de la historia del conflicto de Colombia y entender que el conflicto no se termina con la firma”.

Los indultados están estudiando de lunes a viernes, de ocho a seis. No hay ley que los ate a la capital pero ellos no se van. El hotel, aunque modesto, les ofrece comodidad. Del Fondo Paz sale la plata para alimentarlos y alojarlos. El Sena educa y la ACR les da atención psicológica, todo bajo la coordinación de la oficina del Alto Comisionado. Pero parece que los anima algo más que la comodidad.

“Nosotros somos conscientes de que seguimos luchando pero no con las armas. Los cursos que nos han dado son políticos, por ejemplo”, dice Aristides, ya no en el salón sino sentado en el borde del sofá del segundo piso. Quiere volver a la comunidad paez del Cauca donde está su padre pero, por ahora, tiene que estar en la casa. “En este momento nosotros somos la punta de lanza porque todo el mundo quiere hablar con nosotros”.

Los reclusos

Aristides dice punta de lanza, Bibiana dice semilla. Ella llena un espacio mucho menor del sofá. Chaqueta gris, bufanda roja, jeans y maquillaje milimétrico: más parece una bogotana que va de camino a la universidad que una guerrillera opita que fue capturada por el Ejército en una operación militar en Caquetá. “Nosotros somos la semilla de la negociación del Gobierno y las Farc. Somos esa fuerza que está naciendo. Ya que tenemos el conocimiento, tenemos que darle fuerza al proceso de paz. Somos un fruto de ese proceso”, dice mientras hace un cuenco con las palmas de sus manos como si entre ellas tuviera un puñado de tierra.

[en las cárceles]hay mucha gente que no está de acuerdo con el proceso de paz. A esas personas hay que llegarles

 

De las personas que pasan por el sofá, es la única que admite sin reservas que el momento del indulto fue de alegría. “Cuando llega el día de la libertad es mucha felicidad. Se abren cosas diferentes. Estar encerrado y de un momento a otro recuperar tu libertad es maravilloso”.

No hay reservas pero sí salvedades: “Uno se siente feliz por estar allí pero uno analiza por qué no sacaron compañeros en peor situación y estado de salud. Además a algunos compañeros nos faltaban uno o dos meses de pena. Entonces por qué no le dieron la oportunidad a personas que están tiradas en una cama, que están perdiendo una pierna o un brazo”.

Los indultados pasan buena parte del día en la cárcel, pensando en ella, en los compañeros que dejaron atrás al llegar a la casa. La inquietud de Bibiana por la salud de los convictos es generalizada entre las Farc.

Cuando Santos anunció la puesta en marcha del proceso de los indultos, Rodrigo Granda envió una lista de 80 guerrilleros con problemas de salud. La Presidencia aclaró que ese no era un criterio válido para elegir a las personas a las que se les perdonaría la pena.

Son 106 casos de presos con enfermedades o lesiones los que el gobierno se ha comprometido a revisar. Los indultados han propuesto jornadas de salud en las cárceles en colaboración con el gobierno. Esperan respuesta y partida para comenzar a visitar los centros de reclusión con lo que han aprendido sobre los acuerdos.

Bibiana dice que en las cárceles “hay mucha gente que no está de acuerdo con el proceso de paz. Por ejemplo se oponen a la dejación de armas. A esas personas hay que llegarles, explicarles, organizarlas”.

El entrenamiento ha llevado a Bibiana y a otros tres indultados a La Habana en dos ocasiones. En la primera, se encontraron con las subcomisiones para entender los avances en los puntos de la agenda. En la segunda, ya con la misión de ir a las cárceles, se reunieron con delegaciones de presos políticos de Irlanda y Sudáfrica. Con ellos entendieron otras experiencias de encarcelamiento en el marco de conflictos armados. Esperan que toda esa preparación se traduzca en un retorno a la cárcel, esta vez como farianos libres.

La Familia

La voz de Jorge es casi un susurro y su bigote, el delator del escaso movimiento de sus labios. Sus ojos, tan oscuros que parecen pura pupila, se fijan en la lluvia. El izquierdo está ligeramente torcido, desorientado por la ceguera. Poco dice su cara cuando habla de su familia. De la biológica cuenta que está en el Tolima y que fue a visitarla en Semana Santa. De la putativa, que es lo que lo mueve: “la ideología de uno, el pensamiento de uno siempre ha sido estar en la guerrillerada porque eso es ser parte de una familia”. La palabra familia salta cada vez que a uno de los huéspedes se le pregunta sobre la relación que tiene con el resto.

Tal vez por eso los indultados exigentes, casi quisquillosos, con la precisión de las palabras con las que son descritos. No se les puede llamar desmovilizados porque a los que hay los consideran el resultado del esfuerzo del Estado por desintegrar a las Farc ofreciéndoles a sus miembros beneficios personales a cambio de ser delatores. Desmovilizados tampoco porque aseguran que la movilización continúa, en adelante sin armas. De la paz no son gestores, esos son Karina y el resto de desmovilizados que ya no pertenecen a las Farc. Los habitantes del hotel son promotores de paz y están en un proceso de reincorporación que es el apoyo del Gobierno para que se puedan incorporar a la vida civil.

Hay una palabra que no es cuestión de acuerdo sino resumen de sus temores. Esa es paramilitarismo. Todos aseguran que la mayor amenaza del desarme de las Farc son las bandas criminales. El temor no es infundado  pero sí soslaya la realidad de la interacción entre la guerrilla y las bacrim.

Por un lado, estas bandas han dado muestras contundentes de su poderío. El primero de abril ejecutaron el Plan Pistola, paro armado con el que paralizaron 36 municipios y afectaron ciudades principales como Montería y Medellín.Pero también hay evidencia de que en varios territorios los grupos neoparamilitares mueven el negocio de la coca en llave con las Farc. Sucede en regiones como el Catatumbo, el Ariari y el bajo Cauca.

Jorge responde que el paramilitarismo es una maquinaria del Estado pero varios expertos indican que guerrilleros y bacrim son piñones que giran juntos en la maquinaria del narcotráfico.

La reunión de indultados en la casa representa las fortalezas del grupo y los obstáculos que le espera en el proceso de mudar el uniforme y vestirse de civiles. Por un lado está la cohesión. Frases como “seguimos en la lucha” y “no hemos perdido nuestra ideología” saltan de boca en boca, se oyen cada vez que uno de los indultados levanta la mano en clase. Los 21 están alineados con un mismo discurso, todos buscan un papel en la organización si esta logra pasar a la arena política.

Por el otro lado, tienen pendiente el diálogo con una sociedad que, en buena medida, recuerda lo que han hecho y los ve con unos ojos muy diferentes a la imagen idealizada que tienen de sí mismos. Por lo pronto, los indultados buscarán poner en práctica la promoción de paz para la que han estudiado y esperan servir de ejemplo de lo que les espera a los que aún están en las filas. 

“Hay que estar preparados para un desempleo más alto”, fue el título de la entrevista que concedió el Ministro Mauricio Cárdenas al diario El Espectador hace casi dos meses. Y efectivamente ocurrió. El Ministro es un visionario, con toda la razón lo han escogido como el mejor Ministro de finanzas de la región.

El anuncio lo hizo como si se tratase de un fenómeno natural, como quien anuncia una época de lluvias. Una especie de confesión de que su capacidad de intervención en las principales variables de la economía es prácticamente nula. Y no digo la de éste Ministro sino la de todos los Ministros de Hacienda, que cobran a voz en cuello si el desempleo baja y atribuyen el éxito a su gestión pero que anuncian el posible aumento del desempleo como si ellos no estuvieran allí para evitar que eso ocurriera o que explican las causas después de que ocurrió como un comentarista deportivo que describe como fue el gol.

Con el precio del dólar y la tasa de cambio, que se han convertido en las variables más determinantes del estado de la economía, ha ocurrido algo similar. El Ministro, eso sí éste, hizo grandes esfuerzos durante al menos un par de años para conseguir que el dólar pasara de 2.000 pesos y no lo consiguió. Se habló incluso del dólar Cárdenas, sin que en realidad el Ministro lograra prácticamente nada para que el dólar no cayera a unas tasas que pusieron en peligro la estabilidad de la economía. Un día cualquiera, sin que el Ministro pareciera tener más información que la que teníamos los demás mortales, la tasa de cambio se disparó y llevó en pocos meses el dólar a 3.300 pesos. El Ministro perplejo pero contento.

Con el precio del petróleo pasó algo parecido: subió a casi 100 dólares y bajó a 30, el Ministro se enteró por la radio, como todos nosotros y solo atinó a anunciarnos la crisis y a reunir unos expertos para que recomendaran aumentar los impuestos. Como si hubiere ocurrido un terremoto. En el Ecuador hicieron lo mismo después del golpe natural de hace un par de semanas.

En las dos últimas semanas, imagino que con el Ministro perplejo, el petróleo recuperó precio sin que ningún economista lograra preverlo, pero ya ni siquiera explicarlo, porque las razones que nos daban antes para el desplome del precio que eran la contracción de la economía China y la falta de un acuerdo entre productores se mantienen. Si la tendencia sigue como va, el petróleo podría estar en alrededor de 50 dólares el barril solo que ahora a una tasa de cambio de 2.900 pesos por dólar y no de 1.900 como era entonces. Es decir que comparados en pesos los ingresos por petróleo serán más o menos solo 15% menos que en abril de 2013, hace tres años, la época de mayor bonanza.

Y ahora, ¿cómo reconstruimos el discurso? ¿Los economistas de oposición que auguraron una crisis histórica, qué nos irán a decir? ¿Qué efecto tendrán estos cambios, más o menos súbitos, en la exposición de motivos de la reforma tributaria? ¿Cómo serán las cuentas de Ecopetrol que nos las han hecho en dólares y no en pesos? ¿Quién se beneficia con las oscilaciones del precio de la acción de Ecopetrol, que hace tres meses estuvo a menos de mil pesos y hoy supera los 1.400?¿Quien se ha ganado 40% en tres meses?¿ Si no venden rápido las acciones les volverán a dar duro?

Ya se sabe que los economistas predicen al detalle lo que creen que va a pasar y después explican en profundidad porqué no pasó lo que habían dicho que iba a pasar, pero ¿y, el Ministro de Hacienda? Pues, más o menos igual.

Los Ministros son una especie de Carlos Antonio Vélez de la economía. “El Profe” en las transmisiones de televisión de los partidos de fútbol pone cara de sabio, rebusca términos para ponernos a la audiencia en condición de inferioridad, utiliza un tablero para simular la cancha y explicarnos más fácil para que logremos entender y etc. Tiene la ventaja que es ajeno al juego entonces su papel es simplemente explicar el resultado. No tiene eso que los politólogos llamarían responsabilidad política. Los Ministro de Hacienda actúan igual, comentan, analizan, predicen pero no responden por lo que pasa porque además han demostrado que no tienen capacidad real de incidencia en la principales variables de la economía.

Por ejemplo, el Ministro Cárdenas ha sido muy preciso en sus comentarios de porque la inflación se tragó en cuatro meses el aumento de un año del salario mínimo e incluso predice que tranquilos que en el segundo tiempo vamos a remontar el marcador, porque empezó a llover y el dólar a bajar. En Diciembre si no pasa lo que dijo nos explicará porque no pasó y alguna organización internacional de economistas lo distinguirá como el mejor  economista de América Latina.

Colombia ha tenido durante años a los mejores Ministros de la región y tiene una pléyade de economistas formados en las mejores escuelas de economía del mundo, que como “el Profe” se saben o crean unos términos rebuscados, ponen cara de “tu no sabes, ven te explico” pero ninguno ha logrado inventar una fórmula para reducir la tasa de desempleo en Quibdó, por solo poner un ejemplo de una ciudad pequeña. Ayer publicaron las cifras y la capital de Chocó salió como ha ocurrido en los últimos sesenta años, los mismos en los que no había habido un ministro chocoano, con la tasa más alta de desempleo del país.

¿A alguno de tanto “Profe” que hay por ahí se le ocurrirá algo?

Esta semana lanzamos una nueva red de La Silla Llena: la red de innovación, en la que esperamos discutir sobre las cosas que se están haciendo diferente a como siempre se han hecho.

Por eso, en esta edición de “La Silla Llena los domingos” invitamos a dos miembros de la red para hablar de innovación social.

Ellos son Carolina Medina, cofundadora y gerente de Agruppa, una empresa que agrupa a muchas tenderos de barrio para que todos negocien unidos con los proveedores para obtener los mismos precios de las grandes empresas y ser más competitivos. Y también, a Felipe Novoa, profesor de emprendimiento social del Cesa y confundador de Free Mind, una empresa que dedica el 50 por ciento de sus utilidades a proyectos sociales.

Esta historia hace parte de la serie de La Silla Vacía que pretende contar cómo se ejerce el poder por dentro de varios escenarios clave en la política y la cultura.

Hace 68 años, Gabriel García Márquez escribió: “No sé qué tiene el acordeón de comunicativo que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento”. Aunque mucho menos sublimes, hay también otros poderes que la historia le atribuye con justicia a ese fuelle nostálgico. Al ritmo de sus notas, se ha levantado todo un departamento, locales han hecho fundamentales relaciones con las élites de Bogotá y se han cocinado nombres de ministros, magistrados, embajadores y congresistas. Todo en el marco de un festival determinante para que una música antes considerada de monte y gente excluida hoy sea uno de los símbolos más universales y queridos del país.

“A punta de acordeón hemos hecho de todo”, dice el maestro Tomás Darío Gutiérrez -abogado, filósofo, historiador, compositor y escritor-, una de las autoridades culturales más respetadas del Cesar.

Gutiérrez es justamente uno de los fundadores de la entidad privada que desde 1986 organiza ese potente festival, el acontecimiento más importante del año, todos los abril en Valledupar: la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que impulsó hasta su asesinato en 2001 la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera ‘La Cacica’.

Como el evento, que nació antes, en el 68, apenas meses después de la creación del Cesar y de la mano del influyente cachaco Alfonso López Michelsen (quien entonces no había sido Presidente, pero ya era hijo de expresidente), fue desde el comienzo un escenario de confluencia del poder central, manejar la Fundación que lo estructura año tras año no es un asunto menor.

Eso lo hacen Edgardo José Maya Araújo, Rodolfo Molina Araújo y Diana Carolina Molina Carvajal, hijos y nieta de La Cacica, que ha sido la mujer más importante del vallenato. El primero, fruto de su matrimonio con el hoy contralor Edgardo Maya Villazón, y el segundo del hogar que había tenido antes con el hacendado Hernando Molina Céspedes.

Aunque en la junta directiva de la Fundación hay 11 miembros más de distintos apellidos, y la entidad no quiere ser vista como cosa de una familia, ellos tres son los que toman las decisiones importantes. Así nos lo contaron por separado 10 de las 13 personas que consultamos para esta historia, entre ellas cinco que lo han visto. De hecho, la última firma la pone Rodolfo Molina, quien funge como presidente.

Edgardo José Maya Araújo es el encargado de buscar y concretar a los artistas, con fama en el país e internacionales, que se presentan como gran show del Festival, aunque en muchos casos no tengan nada que ver con vallenato. Por ejemplo, este año de afuera vino el grupo mexicano de pop rock Maná con un concierto cuyas boletas iban desde 70 mil pesos hasta palcos de nueve millones de pesos (para unas nueve personas).

Su sobrina Diana Carolina Molina, quien además desde este año dirige la promotora pública del municipio ProValledupar, tiene a cargo la logística y entre otras cosas la autorización de las acreditaciones de más de 200 periodistas que llegan a cubrir y de muchos invitados y colados. Ella ‘heredó’ esa labor de su padre, el exgobernador Hernando Molina Araújo, a quien en 2010 la justicia encontró culpable de haberse aliado con los paramilitares y en 2015 la Fiscalía llamó a juicio por la muerte de un profesor indígena.

Esas tareas y, sobre todo, el estatus por capitanear la organización privada que es la cara de un festejo que en cuatro días mueve unos 40 mil millones de pesos en la economía del Cesar, les da a estos tres parientes el poder de unas envidiables relaciones públicas y manejo de recursos.

Relaciones, primero, con las élites locales de la cultura y la política. En su objetivo de defensa y promoción del vallenato, la Fundación elige todos los años a unos artistas o personajes destacados del folclor para homenajear (este año fue la recia y admirable dinastía de los Zuleta, a quienes García Márquez invitó a recibir su Nobel).

Tú traes un Ministro, le das whiskey, lo atiendes, y cuando está en temple le dices: ‘Vea, no me vaya a dejar de ayudar con tal cosa’

Congresista, sobre el poder en el Festival

También decide qué grupos regionales se presentan en sus eventos. Y recibe las inscripciones de centenares (802 este año) de participantes para los concursos de acordeón, canción inédita y piloneras (que originalmente fueron el corazón y la razón de ser del Festival de la Leyenda y hoy reciben menos atención mediática que los conciertos con artistas internacionales). Eso la convierte en una suerte de órgano rector que ninguna entidad pública dedicada a lo cultural supera en el Cesar y en una interlocutora importante para cualquier Alcalde y Gobernador.

Asimismo, relaciones e interlocución con el Gobierno Nacional porque, desde López Michelsen, existe la tradición de que sin falta el Presidente de turno llegue al valle a inaugurar el Festival. (Aunque, en los dos últimos años el presidente Juan Manuel Santos no ha asistido en medio de rumores de que lo iban a rechiflar). Eso le aumenta el peso mediático a la celebración, por la que se pasan periodistas influyentes como los de la W.

Y manejo de recursos porque buena parte de la plata que se mueve en la economía cesarense estos días llega a las arcas de la Fundación, sin mayores controles públicos. Eso debido a que sus directivos han afirmado que por ser entidad privada no tienen que rendir cuentas (a pesar de que en varias ocasiones la Alcaldía y la Gobernación y, siempre, el Ministerio de Cultura les ha dado dineros del erario como aporte al Festival).

La economía local se mueve por cuenta de los 3.150 empleos, entre directos e indirectos, que se generan temporalmente entre otros a comerciantes, músicos y vendedores ambulantes. Por los restaurantes, los hoteles, las casas alquiladas informalmente, los taxistas, entre otros, todos fortalecidos en demanda los cuatro días del evento.

Pero también, porque la Fundación ofrece tres días de conciertos en un parque llamado de la Leyenda Vallenata al que le caben unas 20 mil personas, que este año pagaron entradas individuales más o menos de entre 80 mil pesos y un millón de pesos. Sin contar la plata que le dan los patrocinadores (Bavaria, por ejemplo, ha estado desde siempre apoyándolos).

Como la asistencia a los concursos, que se realizan en su mayoría en la tradicional Plaza central Alfonso López, es gratuita y es obvio que la inversión en la celebración no es poca cosa, intentamos hablar varias veces con Rodolfo y Diana Carolina Molina. Queríamos preguntarles -entre otras cosas- cuánto gastan y cuánto les queda por organizar la principal fiesta de un género recientemente declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en necesidad de salvaguardia urgente. Sin embargo, fue imposible.

Al respecto, en Valledupar hay versiones encontradas. Una persona muy cercana a los Molina nos aseguró que la inversión es de unos 10 mil millones y no queda un peso de utilidad (de hecho, la Fundación es “sin ánimo de lucro”). Mientras, dos fuentes que conocen por dentro esa organización coincidieron por aparte en que sí quedan ganancias, pero es muy difícil precisarlas porque “cuando se trata de plata, sólo hablan Diana Carolina (Molina), Rodolfo (Molina) y Edgardo (Maya Araújo) y a puerta cerrada, y a la junta le presentan cualquier papel”, como nos dijo una de ellas. Ninguna de las dos teorías las pudimos confirmar del todo.

Sobre lo que sí hay certeza es acerca de los líos que ha tenido que enfrentar esta Fundación, bajo su circunstancia particular de tenerle timón privado a un evento que nació y claramente es considerado público.

Uno de los más sonados es la acción popular que en 2011 presentó el procurador Alejandro Ordóñez para que el parque de la Leyenda Vallenata, construido con dineros públicos pero hoy en manos de la Fundación, sea regresado a Valledupar.

El lote en el que está la construcción fue entregado a esa entidad en 2000 vía un “convenio de aporte” autorizado por el Concejo al entonces alcalde Johny Pérez. Pero el Procurador considera que debe devolverse al municipio por tratarse de un bien de uso público que “ha sido usufructuado por parte de la Fundación, a la que además el municipio le ha exonerado del pago de impuestos por su explotación comercial”, como afirmó en aquel momento la Procuraduría.

Hacer el parque de la Leyenda Vallenata era uno de los sueños de Consuelo Araújo. Foto: Laura Ardila Arrieta.

La acción, motivada por una denuncia pública del abogado y excandidato del Partido Verde Evelio Daza, fue fallada en 2012 en contra de los intereses de la Fundación por el Tribunal Administrativo del Cesar, que ordenó devolver el parque. Desde entonces está en manos del Consejo de Estado, que ya lleva cuatro años resolviéndola en segunda y definitiva instancia.

Al abogado Daza todo ese tiempo transcurrido le genera suspicacias porque considera que “no es normal”. Su gran frustración -advierte- es que no hayan fallado aún. “Si lo hacen, recuperamos el parque”, nos dijo.

La Fundación del Festival también ha enfrentado acciones por el no pago de impuestos a la Alcaldía -que ya no los exonera- y de derechos de autor a Sayco. “Me enfrenté al órgano rector del vallenato porque ellos tenían el concepto de que, como hacían promoción a la música, no podía venir una entidad a cobrarles derechos de autor. Eso se fue a litigio y se logró el pago. Yo he defendido al folclor”, nos contó el compositor y gestor cultural Beto Murgas, quien por casi 20 años fue el coordinador de Sayco en el Cesar y ahora está dedicado a su destacable iniciativa personal de montar el Museo del Acordeón.

El alcalde vallenato Tuto Uhía, por su parte, nos dijo informalmente que cree que la Fundación pagó dos años que debía en impuestos y le faltan los últimos dos. Nos pidió solicitarle el dato exacto a su Secretario de Hacienda y, en pleno Festival, éste no nos contestó los mensajes.

Pero hubo un tiempo en el que ninguno de estos ruidos u otros sonaban sobre los organizadores de la fiesta de los herederos de Francisco el Hombre.

La mujer que mandaba a los presidentes

Fue el tiempo en que en el vallenato mandaba La Cacica. Y el Festival era sencillamente un evento silvestre y feliz, en el que todos cabían bajo el palo de mango de la democrática Plaza Alfonso López, testigo del nacimiento de cada rey del acordeón.

Escenario desde siempre de convergencia del poder local y cachaco, manejar el festejo concedía el privilegio de las relaciones públicas y políticas que de tanto en tanto se convertían en altos puestos en Bogotá. Pero no había parque de la Leyenda ni boletas y, sobre todo al principio, los juglares tocaban en las parrandas a cambio de sancocho y trago.

Esas altas relaciones se cocinaron, en buena parte, en inolvidables parrandas en el patio de la casona que Consuelo Araújo compartió con su primer esposo, Hernando Molina, en plena Plaza. Y también hubo otras muy famosas en la cercana casa de su hermano Álvaro Araújo Noguera, a quien Alfonso López nombró ministro de Agricultura cuando llegó a la Casa de Nariño en los 70.

A ritmo de paseo, merengue, puya y son, congresistas, ministros, embajadores y presidentes de la época se sacudían del frío capitalino y del acartonamiento para entregarse al goce y complacer a sus anfitriones con algunos favores.

El expresidente Gaviria, asiduo visitante del Festival, en compañía de Poncho Zuleta, homenajeado este año.

No fueron pocos los que vieron, por ejemplo, al entonces presidente César Gaviria sirviendo el trago, invitando a bailar y atreviéndose a tocar la caja.

También es sabido que fue en el marco de un Festival que La Cacica gestionó con ese mandatario la ayuda para convertir a su segundo esposo, el hoy contralor Edgardo Maya, en magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Era 1992 y, apoyado en un artículo transitorio de la Constitución del 91, Gaviria tenía la facultad de nombrar por una única vez a los miembros de la sala disciplinaria. Maya estuvo entre ellos y por esa vía comenzó su carrera pública en Bogotá.

Una persona que se sabe bien la historia de estas parrandas, recuerda asimismo que durante otra de ellas el maestro Rafael Escalona logró supuestamente asegurar con el presidente Andrés Pastrana una notaría para un hijo suyo.

Antes, en el 75, según esa misma persona, se había concretado el puesto de Contralor General para el abogado cesarense Aníbal Martínez Zuleta en una parranda a la que asistieron unos representantes a la Cámara.

Ese año, el Festival era todavía un muchachito de apenas siete años, que vio la luz gracias a sus tres padres hoy fallecidos: La Cacica, Escalona y López Michelsen.

Este último acababa de ser nombrado primer gobernador del recién nacido departamento del Cesar (67) cuando le propuso a Araújo Noguera y a Escalona idearse algún evento que llamara gente hacia la tierra cesarense. No fue difícil pensar en el vallenato porque -aunque prohibido entre la ‘gente bien’ del valle- ya el género se había tomado los salones de los ricos en Bogotá, gracias a la difusión informal de unos nostálgicos estudiantes provincianos a los que llamaban ‘Los Magdalenos’ (por haber nacido en el Magdalena Grande). Entre ellos, estaba el primer esposo de Consuelo, Hernando Molina, cuyo chofer era nada menos que Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza. Ese histórico acordeonero que llegó a ser después primer rey de reyes.

Heredero de una gran fortuna familiar, Molina de hecho ayudó a financiar los primeros festivales vallenatos. Estos fueron organizados desde el 69 por la oficina de turismo departamental, cuya primera directora fue La Cacica, hasta entonces reina y alma de todo.

Columnista, investigadora y gestora autodidacta, recordada por su personalidad huracanada y arrolladora, tuvo unos alcances altos: “Nunca salgo del asombro de su inteligencia. Hasta que no se demuestre lo contrario, diré que llegó a ser de las mujeres más poderosas. Le daba órdenes hasta al presidente de la República. La recuerdo diciéndole a alguno por teléfono: ‘Bueno, Presidente, ya sabe, cuidado me va a fallar al Festival porque no se lo perdono’. Y el Presidente se derretía”, nos contó el maestro Tomás Darío Gutiérrez.

Recuerda Gutiérrez que fue por una decisión de Consuelo que en el 83 no se impulsó la creación de un instituto de cultura municipal para manejar el evento. Por el contrario, se comenzó a estructurar en lo privado la Fundación de la Leyenda que vio la luz en el 86 y, desde su muerte en 2001 (asesinada por las Farc que la secuestraron), lideran sus hijos con menos peso en el zapato que ella.

El poder ya no es exclusivo

Paradójicamente, al tiempo que los eventos pagos del parque de La Leyenda les cierran las puertas de una parte del Festival a quienes simplemente no tienen para entrar, esa privatización les ha abierto espacio a otras fuerzas políticas distintas a los Araújo para también hacer relaciones en tiempos de parranda.

“Ya no dependemos de ellos para traer a una persona al Festival, antes había que rendirles hasta pleitesía porque eran como los dueños de todo. Ahora, si yo tengo, pago nueve millones en un palco y entro a mi gente, políticos amigos, ministros. Probablemente a ellos (los que manejan el Festival) eso les sale gratis. Yo pago, pero estamos parejos”, nos relató un congresista local con la condición de no ser citado.

En tiempos distintos, otro congresista y dos fuentes parranderas más cuentan que ya no es tan fácil concretar un alto nombramiento en medio del festejo. Sin embargo, se siguen cocinando relaciones políticas y de negocios.

“Tú traes un Ministro, le das whiskey, lo atiendes, y cuando está en temple le dices: ‘Vea, no me vaya a dejar de ayudar con tal cosa’. Y ¿que si te ayuda? ¡Claro que te ayuda! A mí me preguntan: ‘¿Tú estás rumbeando en Festival?’ y yo digo: ‘¡No, yo lo que estoy es trabajando!’”, dijo ese segundo congresista que también habló fuera de micrófonos.

Además de las atenciones en los conciertos del parque, de un tiempo para acá están las megafiestas privadas que ofrecen en el marco del Festival otros políticos y grandes empresas como Bavaria, el Éxito y Chevrolet.

El gerente local de Chevrolet, Ricardo Gutiérrez, el contralor Edgardo Maya y Emilianito Zuleta (uno de los mejores acordeoneros de la música vallenata). Foto: Laura Ardila Arrieta.

Una de las más famosas y apetecidas es la que organiza la poderosa familia Gnecco, rival histórica de los Araújo, en su hacienda Las Marías, como lo contamos en un cubrimiento el año pasado.

De la mano de dos gobernadores de su cuerda, el clan Gnecco ha tratado varias veces de hacer despegar un Festival Vallenato paralelo gratuito, en clara muestra de competencia política. Por ahora, no terminan de arrancar con eso.

Sin embargo, sigue creciendo el número de eventos alternos a los oficiales contenidos en la programación de la Fundación, lo que desconcentra aún más la movida del poder (el año pasado fueron unos 9 y este año se hicieron 19).

Por varios de los más importantes pasaron estos días ministros como David Luna, Yesid Reyes, Juan Fernando Cristo y Natalia Abello, congresistas como David Barguil, y expresidentes como Ernesto Samper (que asiste sin falta cada año) y César Gaviria.

Un desfile de personalidades en jornadas exclusivas que contrasta con la sencillez de los juglares hacedores de este folclor y evidencia que, al tiempo en que nos arruga el sentimiento, el acordeón sigue moviendo a muchos poderosos.

Ernesto Samper lleva varias décadas asistiendo ininterrumpidamente al Festival Vallenato. Foto: Laura Ardila Arrieta.

Luego de su renuncia a la presidencia del Polo por cuenta de aceptarle a Santos el ministerio de Trabajo, Clara López ha convocado a dos reuniones del comité ejecutivo pero le anularon la primera y todo indica que tampoco le va a funcionar la segunda.

El miércoles, luego de la rueda de prensa que convocó López para explicar por qué se iba al gobierno, citó a comité ejecutivo nacional para el día siguiente. Pero el secretario general del partido, Gustavo Triana le contestó con una carta diciendo que la reunión quedaba anulada.

La carta, que según Triana tenía el respaldo de trece de los 30 miembros actuales del comité (incluidos los congresistas Alexander López, Germán Navas Talero, Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo, el mayor contradictor de Clara dentro del Polo), dice que al haber renunciado a la presidencia, ella no puede citar reuniones de los organismos internos.

“Para ésta citación no ha habido acuerdo alguno y se hizo de manera inconsulta en medio de una delicada situación interna suscitada por la aceptación del ministerio de Trabajo por parte de la doctora López”, dice la carta.

López citó de nuevo ayer para una reunión hoy en la tarde, pero parece que tendrá la misma suerte.

Aparte de los trece de la carta, según Triana, Alberto Castilla y Abelino Arrieta, tampoco van a ir.

A ellos se suma Iván Cepeda, uno de los senadores más cercanos a Clara, que también le confirmó a La Silla que no cree que haya reunión ni que vaya. “Esa decisión toca tomarla con calmita y hoy estamos ocupados acá los parlamentarios en el Congreso”, explicó.

Eso quiere decir que, por ahora, 16 de los 30 no van y por lo tanto, no hay quorum.

Detrás de esa doble cancelación hay una manifestación de la molestia de un grupo grande de directivos del partido con López.

“Ella quiere seguir presidiendo cuando ya renunció”, le dijo Triana a La Silla.

“¿De cuando acá una ministra del gobierno convoca comité ejecutivo? Es como si Mauricio Cárdenas convocara comité ejecutivo del Partido Conservador”, nos dijo Aurelio Suárez, suplente de Robledo en esas reuniones.

Más allá de si finalmente hay reunión hoy o no, este episodio demuestra que Clara perdió el poder que tenía dentro del Polo y que en la discusión de quien la reemplaza no quieren que tenga la misma voz de antes.

Aquí esta la carta.

Carta Secretaría Polo by lasillavacia

La columna del senador Horacio Serpa de hoy, que fue tomada en muchosmedioscomo un anuncio de que el Partido Liberal se sale de la Unidad Nacional, tiene toda la pinta de ser más un ladrido que un mordisco, y de tener más que ver con la política interna de los rojos que con las relaciones con el Gobierno.

La Silla confirmó con siete fuentes del partido, incluyendo una muy cercana a Serpa, que la posición solo es personal y que definitivamente no es una posición del Partido Liberal como un todo.

“Hay malestar pero no se ha decidido salir de la Unidad Nacional”, explica un congresista. Y eso mismo nos dijeron por aparte otras seis fuentes del liberalismo.

Mañana habrá una reunión de bancada, como las que hubo la semana pasada, y como ellas seguramente incluirá una discusión sobre el punto de las relaciones con el Gobierno. Pero lo más probable, según las fuentes consultadas, es que ese punto no se decida esta semana.

Todo indica más bien que el tema será parte del congreso interno liberal del 14 y 15 de mayo, en el que se juega buena parte de la estrategia liberal para las elecciones de 2018, incluyendo el papel de Serpa.

En la medida en que el senador logre ser más visible antes del congreso, podrá tener más incidencia en éste; y como será la última convención roja antes de las elecciones de 2018, ese mayor margen de maniobra puede convertirse en un poder decisorio para las elecciones.

El congreso de las definiciones

El Congreso que arranca en 10 días en Bogotá tiene un temario que aún no está definido del todo, pero que incidirá en el camino de los liberales para el 2018. Y sus resultados son difíciles de prever porque atienden no sólo los congresistas sino que hay una larga lista de asistentes, incluyendo diputados, directores de medios liberales, ex congresistas, ex ministros, y los elegidos en asambleas departamentales y municipales que se están dando en estos días.

En total, unas 500 o 600 personas que no necesariamente pertenecen a grupos políticos definidos, por lo que una vocería firme que encarne el malestar de muchos liberales, como la que está haciendo Serpa hoy, puede transformarse en liderazgo dentro del congreso.

Lo primero que debe hacer el congreso es aprobar unos nuevos estatutos, después de que el año pasado el Consejo de Estado anuló los que había adoptado en 2011.

”Hay malestar pero no se ha decidido salir de la Unidad Nacional”

Congresista liberal

Para hacer esa tarea, que es esencialmente legal más que política, la Dirección Nacional armó un comité como ordenó el Consejo de Estado, y puso a la cabeza al ex congresista Gilberto Rendón, quien es conocido porque estuvo ternado a la Contraloría en 2014 con el apoyo del ex presidente liberal César Gaviria.

Rendón le explicó a La Silla que el trabajo se ha enfocado en unos estatutos que van a crear más organizaciones liberales nacionales de sectores como pensionados, grupos étnicos, jóvenes o mujeres, y en reformar la estructura disciplinaria del partido. Es decir, temas más bien poco sexys.

Pero todo indica que mientras se discuten esos borradores también se van a mover los temas más políticos, pues serán los siguientes en la agenda. Entre esos, el de las relaciones con el Gobierno.

Sobre ese punto hay posiciones encontradas entre los liberales.

Van desde el llamado que hicieron hace meses las senadoras Viviane Morales y Sofía Gaviria para salirse de la Unidad Nacional hasta posiciones como las del representante vallecaucano Fabio Arroyave, quien dice que deben seguir en esa coalición, pasando por la “independencia crítica” que propone Serpa.

“Esto está muy dividido”, resume el representante por Bogotá Andrés Felipe Villamizar.

En todo caso, ese debate se dará en esa convención del Partido y mientras tanto no se va a decidir nada. Y  tampoco es claro que la decisión final sea la que propone Serpa.

“Al doctor Serpa le tenemos un profundo respeto y admiración, pero de ahí a la sumisión hay un trecho muy largo”, dice el representante caldense Mario Castaño.

En todo caso, ese no es el único punto central que se va a debatir en el Congreso.

Otro es el mecanismo para entregar avales para las elecciones legislativas de 2018, algo que es crucial para los congresistas y diputados por el poder que les da tener incidencia en quién es candidato.

Las opciones son que los entreguen los congresistas y diputados; que compartan ese poder con los directorios; u otro mecanismo como consultas abiertas en las que tendrían menos incidencia.

Y un asunto más es quién va a dirigir el partido, un tema que también tiene el potencial de definir mucho poder y, además, le puede dar mucha visibilidad a quien sea elegido con miras al 2018.

Allí, antes de nombres, se debaten tres opciones: un jefe único (que algunos dicen que podría ser César Gaviria o el mismo Serpa), una jefatura bicéfala con un senador y un representante, o una colegiada como la actual, en la que hay seis de cada cámara.

También se deben discutir otros puntos que pueden cambiar el poder dentro del liberalismo, pero que para todas las fuentes consultadas en principio no van a modificarse: la decisión de si llevar candidato propio a la Presidencia (todos creen que sí), la de cómo se elegiría (dicen que la tradición de hacer consultas abiertas se respetará) y algunos lineamientos para hacer coaliciones y alianzas.

En todo caso, como el congreso del Partido no va a estar dominado por los parlamentarios, los resultados no son fáciles de prever. Más, porque entre ellos hay otra división grande. Y es quizás allí donde se encuentra la verdadera explicación a la ‘pataleta’ de Serpa.

Las tensiones en la bancada de la Cámara

Según los acuerdos políticos de la Unidad Nacional, en la legislatura que arranca el 20 de julio al Partido Liberal le toca la presidencia de la Cámara. Y definir quién ocupará ese cargo tiene a la bancada toteada.

Aunque inicialmente se había acordado que el elegido sería el santandereano Edgar “Pote” Gómez, lo que le permitiría volver al Senado cuatro años después de haberse bajado a la Cámara, su candidatura se desinfló.

Como ha contado La Silla Santandereana, primero se peleó con su aliado el senador Jaime Durán; luego le salió de competidor el también santandereano Miguel Ángel Pinto (que tiene más apoyos pues fue fórmula de Serpa y es tío político del gobernador de Santander, Didier Tavera); y luego se fue quedando rezagado en apoyos frente a Pinto.

Hoy hay entre cinco y ocho candidatos, según la fuente (La Silla conversó al respecto con cuatro miembros de esa bancada), que incluyen también al sanandresano Jack Housni, al norsantandereano Alejandro Carlos Chacón, al metense Angelo Villamil, al antioqueño Iván Darío Agudelo y al nariñense Neftalí Correa.

Esa situación hace que las las relaciones estén tensas. “Esa bancada es complicada”, dice uno de sus miembros. “En donde hay políticos nunca hay tranquilidad”, explica otro.

Hoy los que pintan más opcionados, según las fuentes, son Pinto y Agudelo. Esa puja se está moviendo de a pocos, pues antes se viene el congreso liberal y la decisión puede darse más adelante, pero hace que la bancada tenga otra fuente de tensión - y que Serpa tenga otro motivo para mostrar su liderazgo hacia afuera, pues entre más poder tenga, mejor para su aliado Pinto.

Al final, la posición que ha tomado Serpa en la última semana, desde el remezón de gabinete, le ha permitido asumir hacia afuera la vocería de las molestias de algunos congresistas y posicionarse para el congreso liberal.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa tenía en principio las mayorías aseguradas en el Concejo para aprobar su Plan de Desarrollo. Sin embargo, la inclusión de puntos polémicos como la venta de la ETB, la resurrección de la sobretasa a los parqueaderos y la idea de atar estos proyectos a la financiación del Plan en lugar de presentarlos por aparte, tiene ese apoyo de para arriba.

¿Tambalea la luna de miel?

En los primeros cuatro meses, Peñalosa tuvo una luna de miel con el Concejo, algo distinto a lo que está ocurriendo con el respaldo que tiene entre los bogotanos como lo han mostrado las encuestas.

El Concejo le aprobó a Peñalosa en este poco tiempo e incluso en sesiones extraordinarias proyectos grandes, como la creación de la Empresa Metro -que será la columna vertebral sobre el que se construirá la primera línea del metro-, la Secretaría de Seguridad y la reforma a los hospitales para ejercer un control más eficaz sobre su funcionamiento, gerencia y compras.

Pero ese buen momento podría verse afectado por la decisión de atar varios proyectos polémicos al Plan de Desarrollo, su hoja de ruta para estos cuatro años. Empezando por uno clave: la venta total o parcial del 84 por ciento de las acciones que tiene el Distrito en la ETB y que significan, según ha dicho el Alcalde, unos 1.9 billones de pesos.

Peñalosa ha dicho que con estos recursos se podría financiar parte de la construcción de los 30 megacolegios que propuso desde su campaña para que allí estudien 600 mil niños en jornada única,  la construcción de cuatro nuevos hospitales, el Centro de comando y control para la seguridad, nuevas vías, atender integralmente a 230 mil niños de 0 a 5 años y dos megacentros deportivos.

Pero además de ese, hay otros que ya están generando reservas. El Plan de Desarrollo busca resucitar la sobretasa a los parqueaderos que busca cobrar hasta 4 mil pesos más para los que quieran parquear no sólo para desincentivar el uso del carro particular sino para subsidiar el transporte público. Este proyecto ya lo había presentado la Administración dentro del paquete con el que llamó al Concejo a extras a mediados de marzo, pero lo retiró porque no tuvo mucha acogida.

Además de este, Peñalosa también incluyó el Plan el cobro de peajes dentro de la ciudad. Y otro no menos complicado como fusionar o vender total o parcialmente de la EPS Capital Salud que atiende a un millón de usuarios aproximadamente pero que según el Distrito tiene un déficit de 300 mil millones de pesos en deudas.

Para varios concejales, la apuesta del Alcalde al atar la financiación de proyectos del Plan de Desarrollo a estas propuestas –que de no ser aprobados ahora podrían terminar desfinanciados– es una manera de meterle presión al Concejo. Y, de paso, adelantar la discusión de temas claves que normalmente tendrían que pasar por el Concejo a través de proyectos de acuerdo por aparte y cuya discusión tomaría mucho más tiempo, como también quiere hacer con el POT.

“Con esta propuesta [la venta de ETB] en el Plan de Desarrollo el Alcalde Peñalosa busca un atajo para no presentar un proyecto de acuerdo debidamente motivado y sustentado, como lo han hecho los anteriores gobiernos, para que el Concejo de manera especial pueda discutir este importante tema para la ciudad”, escribió el concejal del Polo, Álvaro Argote y vicepresidente del Concejo, en un comunicado de prensa. 

Aunque es claro que la izquierda (que tiene cinco concejales del Polo y uno más de Progresistas) se opone a la venta de la ETB, la molestia también se está sintiendo dentro de las bancadas de la coalición mayoritaria, sobre todo los que están en la Comisión de Hacienda, que sienten que Peñalosa les está pasando por encima.

“El Alcalde está aprovechando el buen momento que tiene con el Concejo para que éste le de autorizaciones especiales para hacer lo que le da la gana. Es una irresponsabilidad del Alcalde que está generando molestias”, le dijo a La Silla un concejal de la bancada mayoritaria de Peñalosa y miembro de la comisión de Hacienda que pidió la reserva de su nombre.

“El Concejo se está preguntando para qué está ahí. Los funcionarios de la Alcaldía se están tomando el control político con frescura”, dijo otro. “Viene mucho mico y solicitudes de cheque en blanco. Piden facultades para todo… vender, enajenar, buscar socios privados…”, agregó un tercer concejal de la bancada mayoritaria.

Aún así, Peñalosa parece que tendrá una mayoría para aprobar estas medidas aunque ya no con el mismo margen holgado que tuvo al iniciar su gobierno. Y eso lo quieren aprovechar algunos para intentar ejercer presión sobre el mandatario para pedir más representación en el Gobierno, como le dijo a La Silla un concejal de la coalición de gobierno que piensa hacerlo, aún cuando otros reconocen que podrían terminar estrellándose porque ese no es el estilo del Alcalde. En todo caso, desde ya se nota que la discusión no será tan sencilla como estaba siendo hasta ahora.

Así están las fuerzas en la coalición

Hoy, Peñalosa tiene una bancada mayoritaria de 34 concejales que está integrada por los 9 de Cambio Radical, 6 de Centro Democrático, 6 verdes, 6 liberales, 4 de La U y 3 conservadores. Y necesita como mínimo 23 votos para aprobar las propuestas del Plan. Aunque todavía es pronto para saber cómo van a votar los partidos, la Silla averiguó cómo están las fuerzas para la venta de la ETB.

La venta, aunque sea parcial, tiene pensando a varios concejales por el costo político que representa decir que sí en el electorado que los eligió. Aunque la propuesta ha estado sobre la mesa en los últimos 20 años, y de hecho, Peñalosa logró vender una parte hacer en su pasado Gobierno, muchos concejales sienten que en general a los bogotanos les gusta esta empresa y por tanto, es una medida impopular. Por eso, aunque estén de acuerdo con venderla, temen poner en riesgo sus votos al aprobarlo.

El Alcalde está aprovechando el buen momento que tiene con el Concejo para que éste le de autorizaciones especiales para hacer lo que le da la gana

Concejal de la coalición mayoritaria

Por ahora, el partido que de entrada está jugado con esta y otras propuestas de Peñalosa es Cambio Radical, la bancada más grande del Concejo y el partido que avaló al Alcalde. En una postura similar están los conservadores, aunque ninguno ha tomado una decisión oficial todavía. Así si estos cálculos iniciales se mantienen, el Alcalde sumaría 12 concejales.

En cambio, la decisión no convence y tiene partidos –en principio– a los liberales, los verdes y el Centro Democrático.

Para los uribistas la decisión es compleja por dos razones. Primero, porque su ex candidato a la Alcaldía, Francisco Santos, se opuso a la venta de la ETB en campaña porque considera que es un “activo estratégico de la ciudad” que aunque debería cambiar su enfoque para ser una empresa que se dedique más a los negocios digitales, debe permanecer, al menos de forma mayoritaria, en manos del Distrito.

Segundo, porque el Centro Democrático fue uno de los partidos que se opuso en el Congreso a la privatización de Isagén porque significaba, como dijo entonces el Senador Iván Duque, “desprenderle al país ese patrimonio para invertir en una entidad que es como un cajero automático para que el gobierno tape los huecos fiscales, es un pecado imperdonable”.

Aunque dos concejales con los que habló La Silla creen que la venta de Isagen es distinta a la de la ETB porque pertenecen a dos sectores diferentes (energía y telecomunicaciones), quieren que la decisión se discuta con el resto del partido, empezando por su jefe máximo, el expresidente Álvaro Uribe.

Además, incluso antes de que arranque la discusión en forma, dos de los seis concejales del Centro Democrático ya presentaron una solicitud a la plenaria para declararse impedidos, algo que se definirá en la sesión de esta tarde. El primero es Diego Molano, que había sido elegido por sorteo como ponente del Plan pero que considera que está impedido porque tiene una parte minoritaria de las acciones en la ETB que compró en 2003. Y el otro concejal es Daniel Palacios, que es demandante en un proceso en curso en contra de la Empresa porque le cayó un poste encima.

Entonces, aún si el uribismo decide aprobar la venta de la ETB, si el Concejo acepta ambos impedimentos, el Centro Democrático sólo podría aportar cuatro votos, que sumarían 16 a Peñalosa.

Algo similar ocurre entre los liberales.  Los rojos también se partieron en el Congreso por cuenta de la venta de Isagén y además, su ex candidato a la Alcaldía, Rafael Pardo ya anunció públicamente a través de Twitter que se opone a la venta de la Empresa. Eso puso a dudar a la mitad de los seis concejales de la bancada que ya le pidieron al secretario de Gobierno, Miguel Uribe, un informe sobre la situación financiera real de la ETB.

“Nadie duda que Bogotá tiene un rezago en infraestructura y que esos recursos podrían dinamizar el desarrollo de la ciudad, pero estamos esperando que la Administración socialice los estados financieros de la Empresa para tomar la decisión más responsable con Bogotá. Antes de pensar en la venta, se debe considerar una posible alianza estratégica que potencialice a la empresa, inyecte tecnología y recursos económicos”, dice Horacio José Serpa.

Para la bancada roja hay preocupación porque la venta de la ETB puede desaparecer los ingresos periódicos que reciben sectores claves de Bogotá como la salud y la educación. Por citar un ejemplo, en los últimos años, la Universidad Distrital ha recibido más de 10 mil millones de pesos para subsidiar matrículas de estudiantes de bajos recursos.

Mientras se resuelven estas dudas, según una fuente de ese partido, los liberales aportan tres votos inicialmente a la venta de la ETB, lo que le sumá 19 votos a Peñalosa.

Y luego están los verdes, que según supo La Silla tampoco están jugados del todo. Un sector, liderado por la concejal peñalosista Lucía Bastidas ya está decidido a darle el sí. Mientras que otro sector se lo está pensando y proponen más bien la idea de buscar un socio estratégico, encabezados por Antonio Sanguino.

Los cálculos más optimistas sugieren que entre los verdes habría cuatro o cinco votos definidos por el sí, auque para otra fuente de ese partido, serían mínimo tres los concejales que se lo están pensando. Eso le da a Peñalosa justo los 23 concejales que necesita para aprobar la venta de la ETB.

Por otro lado está La U, que también tiene muchas dudas. La Silla habló con tres de los cuatro concejales que tiene el partido y que mostraron que están molestos con la forma en la que el Alcalde presentó su propuesta y con algunas decisiones del Plan. Sin embargo, reconocen que aunque podrán resistencia, probablemente el partido terminará apoyando su propuesta.

Si lo hacen, Peñalosa lograría superar la mayoría simple y vender la ETB, aunque con un margen mucho más estrecho y seguramente con mucha más discusión de la que ha tenido hasta ahora. Pero en todo caso, este sondeo inicial deja claro que habrá una puja política alrededor de este tema, a la que se suman, además, las voces en contra de concejales de otros partidos y que están por fuera de la coalición como el Mira y Juan Carlos Flórez de Asi. 

Además, a la pelea en el Concejo se le puede sumar la que desató en el Congreso las declaraciones de Peñalosa la semana pasada cuando dijo que “casi que hay un sindicato de todos los congresistas para ver cómo se oponían a cualquier apoyo a Bogotá. Lo único que une a todos los congresistas es cómo no le ayudan a Bogotá, y eso que buena parte de ellos tienen muchos votos en la ciudad”.

Aunque la Administración se ha defendido diciendo que el Alcalde no se refería específicamente a la bancada de congresistas de Bogotá, una parte de los 18 representantes de todos los partidos se lo tomó a pecho y le envió una carta al Alcalde en la que lo acusaron de ‘cínico’.

Entre los firmantes están Efraín Torres de La U, Olga Lucía Velásquez y Andrés Villamizar de los liberales, Angélica Lozano del verde y Tatiana Cabello del Centro Democrático. Dos de ellos, Cabello y Torres, ya anunciaron públicamente que rechazan la venta de la ETB.

"No estoy de acuerdo con vender la ETB que es el único patrimonio que le queda a Bogotá. Al Alcalde se le fueron las luces y maltratándonos no va a ser. Tiene que trabajar de la mano con nosotros porque solo no puede", le dijo Cabello a La Silla.

La Silla supo por una fuente cercana a Miguel Uribe que esta semana él buscará reunirse con la bancada de congresistas de Bogotá en la Cámara para limar las asperezas. Y en el Concejo, hay una percepción generalizada de que aunque no será fácil, probablemente la decisión de vender la ETB sí pasará la primera prueba en el Concejo. En todo caso, estas pujas políticas empiezan a demostrar que aunque a Peñalosa no le preocupen las críticas a su administración, el apoyo político por el que se la jugó desde que arrancó su Alcaldía podría empezar a tambalear por sus decisiones polémicas.

Por: Julián Wilches (@julianwilches) Ex-Director de Política de Drogas del MinJusticia, y Daniel M. Rico Ex-Asesor de Política Antinarcóticos del MinDefensa

Como se ha informado en varios medios, el gobierno planea revivir las fumigaciones con glifosato. Esta vez, será utilizado con aspersores de espalda o “cacorros” como se les conoce en las labores del campo. ¿Será esta la decisión que nos llevará a bajarnos de la bicicleta estática a la que ha hecho referencia el presidente para hablar de la política de drogas, en la que se hace mucho esfuerzo pero no se avanza?

Aunque parezca una medida innovadora, la verdad es que esta estrategia fue descartada en el pasado (2009 y 2012) tras analizar sus altos riesgos y bajos impactos en la reducción de los cultivos ilícitos. ¿Qué sentido tiene implementarla ahora? Y, además, ¿Qué tan coherente es esta iniciativa con el liderazgo del presidente Santos y sus ministros a nivel internacional para solicitar nuevos enfoques para abordar el problema de las drogas?

La fumigación terrestre tiene varios argumentos en contra, que permiten dudar sobre la pertinencia de esta decisión. De hecho, frente a la “innovación” de incluir el glifosato en la erradicación manual, vale la pena recordar que en el pasado las pruebas de la fumigación terrestre dieron resultados que llevaron a abandonar esa idea, pues tenía muchas dificultades logísticas, representaba un alto riesgo toxicológico para los operadores y su resultado fue una baja tasa de eficiencia (tiempo-cobertura) que reduce el área de impacto del uso del químico y aumenta el riesgo de ataques de los grupos armados ilegales.

Además, la erradicación terrestre es la actividad antinarcóticos más peligrosa que se realiza en el mundo. Hay que recordar la tragedia humana que ya hemos vivido: casi 300 personas, entre civiles y fuerza pública, han perdido la vida, y más de 1.000 personas han sufrido heridas que han generado la amputación de alguna parte de su cuerpo. Quienes impulsan esta propuesta y quienes toman las decisiones no pueden ignorar, con indolencia, esta tragedia. Este solo registro debería servir para acabar la erradicación manual para siempre, o al menos cambiar de fondo su concepción actual.

Pero si los riesgos sobre la vida de nuestros policías y civiles erradicadores no son argumentos suficientes para rediseñar la erradicación manual y hacerla más estratégica e integral, existen entonces otros obstáculos técnicos, jurídicos y políticos que sumados deberían conducir a reconsiderar la idea de la aspersión terrestre.

Primero, la cantidad de agua que se requiere para hacer la mezcla del glifosato es enorme y su traslado a zonas distantes y escarpadas será una misión titánica. Segundo, los grupos móviles de erradicación requieren del apoyo logístico helicoportado de manera permanente, lo cual incrementa exponencialmente los costos de erradicación por hectárea. Tercero, es común que los policías que desarrollan esta actividad son los recién incorporados, con una formación de solo algunos de meses. Estos jóvenes son enviados a la boca del lobo sin el entrenamiento suficiente o sin el conocimiento de lo que les espera como parte de su servicio policial.

Es decir, las condiciones de seguridad obligarán a hacer operaciones “avispa”, de entrada por salida. La movilidad intensiva incrementará los costos y las tasas de fumigación serán bajas pues las áreas sembradas son pequeñas y no hay tiempo para desplazarse de un lote al otro. Además, las condiciones topográficas no facilitan esta labor. Es decir, hacer erradicación manual es hoy más costoso, más riesgoso y menos efectivo que hace doce años cuando se inició este programa.

De otro lado, la estrategia se concentra en el eslabón equivocado. La coca es fácilmente remplazable a bajo costo y los cultivadores no son actores armados organizados con intención de enfrentar al Estado, ni concentran grandes ganancias. Estos campesinos, que por elección propia o por presión de actores armados se dedican a cultivar coca, tienen altísimos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas, y sus ganancias son inferiores al 2% del total de la cadena de las drogas.

Cabe recordar, además, que entre el 2003 y el 2014 se erradicaron manualmente y se fumigaron 1.8 millones de hectáreas, para una reducción neta, en ese mismo periodo, de 14 mil hectáreas. Los resultados son muy pobres y los costos sociales, económicos, institucionales y ambientales son muy altos.

Más erradicación manual (con o sin glifosato) sin un control efectivo del territorio (del Estado como un todo), sin programas de desarrollo rural sólidos y viables, sin control de insumos y precursores, y sin combatir el lavado de activos y la corrupción local, genera siempre el mismo fenómeno: resiembra.

Es decir, con esta decisión el Estado colombiano no sólo deja de invertir en lo que tiene que invertir, como por ejemplo el desarrollo de esas comunidades en el campo colombiano y combatir la corrupción y el crimen organizado, sino que insiste en atacar el eslabón de la cadena donde tendrá menores resultados, como lo prueba la evidencia.

Otras estrategias, como la interdicción y la persecución de los recursos de estos negocios, son más eficientes para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Aunque es necesario identificar nuevos indicadores que midan el impacto de esto, vale la pena mencionar, por ejemplo, que en el 2015 se batió el record de incautaciones de cocaína, pese a lo cual los cultivos de coca aumentaron.

El aspecto jurídico tampoco es un asunto menor, pues hay demandas contra el Estado colombiano, por cuenta del programa de aspersión aérea, por un valor que supera los 1,3 billones de pesos. Con esta decisión se traslada el riesgo jurídico de un lado para otro, pero no se reduce. La fumigación terrestre también tendrá que superar los mismos riesgos jurídicos de la aspersión aérea.

Al respecto, en mayo del 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió suspender la fumigación con glifosato en aplicación del principio de precaución, que en castellano quiere decir que debido a la ausencia de certeza científica sobre los efectos no-dañinos del glifosato, esta actividad debía ser suspendida. En este sentido, la decisión de la fumigación terrestre deberá justificar que en este caso no se aplique el mismo principio de precaución, lo cual parece un problema mayúsculo dado que en este contexto operacional la exposición al químico es muchísimo mayor (40 horas a la semana por operario), por lo tanto, esta justificación jurídica será difícil de sustentar a la luz de la evidencia.

En la eventualidad de que los obstáculos anteriores fueran superados, ¿Qué tanto se reducirían los cultivos de coca? Poco o muy poco. La erradicación manual solo logra cubrir una fracción marginal de los cultivos ilícitos (una quinta parte en el mejor de los casos), los grupos móviles de erradicación son cada vez menos y más lentos en su operación, dado que la distancia entre cultivos ha aumentado y el tamaño de los mismos se ha reducido. Además, pruebas pilotos del 2009 señalaron que la eficiencia del proceso es tan solo del 20% al 30% en la tasa de mortalidad de las plantas. En contexto, el esfuerzo de la aspersión terrestre tendría que ser gigantesco (veinte veces la capacidad actual) para lograr contrarrestar el aumento de la coca en los últimos años. Es decir, la escala del problema y la escala de la solución tienen dos órdenes de magnitud muy diferentes.

Además de estas y otras dificultades que enfrenta la fumigación terrestre, sería muy bueno conocer las proyecciones de esta nueva estrategia: ¿En cuánto tiempo se alcanzará qué meta? ¿Cuál va a ser el impacto en la reducción del narcotráfico, la violencia y la corrupción? ¿Cómo se va a generar desarrollo en los territorios con coca? ¿Cuánto va a costar esta nueva estrategia, por cuánto tiempo y quién va a pagarla? ¿Cuál es la proyección de pérdida de vidas humanas? ¿Cuál será el rol de los entes territoriales? ¿Cómo se va a reaccionar frente a los bloqueos campesinos que ya se preparan en Catatumbo y otras regiones?

Estas preguntas hay que contestarlas, como en cualquier iniciativa de política pública. En todo caso, si se toma la decisión de avanzar con la aspersión terrestre, se deben diseñar unos muy buenos protocolos de seguimiento y evaluación, que sean operados por una entidad independiente, que permitan conocer si se están alcanzando las metas propuestas en los tiempos esperados, con los costos estimados.

Finalmente, hay que decir que la decisión de la fumigación terrestre no se alinea con los enfoques de Derechos Humanos y la salud pública que han promovido el presidente Santos y varios de sus ministros en el nivel internacional, inclusive en la Asamblea de Naciones Unidas de hace unas semanas.

En este contexto, la conclusión parece ser que la aspersión terrestre es indolente con el riesgo humano que conlleva para los operarios, operativamente inviable, técnicamente contraevidente, jurídicamente riesgosa y políticamente incoherente. Es decir, a comprar nuevo sillín, porque tendremos bicicleta estática para rato.

Hace exactamente un año, la columnista de El Tiempo María Isabel Rueda abrió un debate en el país después de que una funcionaria del CTI la llamó a declarar en la investigación por el asesinato de Álvaro Gómez y le pidió por teléfono información sobre las fuentes utilizadas.

A raíz de este caso, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa denunciaron que las citaciones de la Fiscalía General a periodistas para pedirles revelar sus fuentes con el fin de avanzar sus investigaciones judiciales podría constituir una violación a la libertad de prensa.

En respuesta al escándalo, el fiscal Eduardo Montealegre dijo que sacaría dos directivas para sus funcionarios (una sobre el secreto profesional de los periodistas y otra sobre los delitos de injuria y calumnia). Hoy, que es el día de la libertad de prensa, presentó la primera.

La directiva de 70 páginas dice que los fiscales en principio no podrán citar a un periodista a que aclare aspectos de sus artículos o investigaciones, y que sólo lo podrán hacer como excepción.

Con esta regla, se acaba un procedimiento bastante común entre fiscales que –por pereza o por rutina o a veces por el interés de seguir todas las pistas- después de que un periodista hace una denuncia lo llaman al despacho a que les de más información a los investigadores para adelantar su trabajo.

Si bien los periodistas suelen ser los más interesados en que las cosas que denuncian no se queden en el papel sino que los responsables sean llamados por la justicia, estas citaciones son –en el mejor de los casos- una pérdida de tiempo para el reportero que tiene que ir a Paloquemao a contar lo que ya está publicado o -en el peor- una forma de presión para que revele sus fuentes.

En el caso de María Isabel Rueda, por ejemplo, la citación que le hicieron el 15 de diciembre de 2014 era para declarar en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez. En esa ocasión, el texto que suscitó la citación fue una columna en la que Rueda hablaba de la supuesta renuencia de Montealegre a declarar el asesinato del político conservador como un crimen de lesa humanidad.

En la columna que publicó justo después del llamado de la Fiscalía, Rueda advirtió que también la iban a interrogar por otra en la que citaba testimonios sobre la responsabilidad del abogado Ignacio Londoño en el mismo crimen.

La directiva de la Fiscalía reconoce que si un periodista no le puede ofrecer a sus fuentes la reserva de su nombre, tendría mucha menos información valiosa de la que logra obtener a cambio del “off the record”.

Esta directiva, entonces, protege el derecho de la sociedad a estar mejor informada, pues sabiendo que la regla es la no citación de los periodistas, las fuentes sentirán menos temor de dar información y luego ser ‘descubiertas’ a partir de la entrevista de un fiscal con el periodista.

La Flip reconoció que esta directiva es “un paso adelante”. Sobre todo, porque incluye unos formatos “modelo” que deben seguir los funcionarios cuando consideren estrictamente necesario citar a un periodista.

“Estos formatos resaltan las líneas rojas que no pueden traspasar los funcionarios y contempla un decálogo de prerrogativas que el periodista conoce desde la citación y que le permitirían saber sus derechos y hasta dónde podría llegar el funcionario que lo entreviste”, afirma Pedro Vaca, director de la Flip.

Sin embargo, esta misma fundación (cuya Junta preside Juanita León) dice que las excepciones a la regla de no citar periodistas no son suficientemente claras.

Esto porque –dice la directiva- los fiscales podrán buscar “una colaboración voluntaria” del periodista en casos excepcionales” pero no aclara cuáles serían esos casos. Y agrega que si el reportero no colabora y hay una necesidad imperiosa de obtener esa información y “una finalidad constitucional” mayor a la libertad de prensa, entonces sí se puede obligar al periodista a ir.

El fiscal encargado Jorge Perdomo explicó hoy que un caso excepcional sería cuando un niño ha sido violado y el fiscal del caso cree que llamando al periodista podría obtener información valiosa para dar con el culpable y proteger así a otros niños.

En ese caso excepcional, el funcionario en todo caso no puede pedirle al periodista que revele su fuente ni cuestionar “la forma como el periodista obtuvo la información”.

Dice que “las preguntas deben estar acotadas a la información divulgada (precisar, aclarar y/o verificar el alcance de la información publicada). Si el periodista publica todo lo que tiene verificado, la citación terminaría siendo inútil.

En todo caso, con este instructivo para los fiscales casos como el de María Isabel Rueda serán menos comunes a lo que son hoy en día.

Mañana se posesiona oficialmente Clara López como ministra de Trabajo. Un cargo que le salió caro dentro del Polo porque le tocó renunciar a la presidencia y al que llega a hacer borrón y cuenta nueva.

La Silla confirmó que le pidió la renuncia a 74 personas. Cuarenta y dos del nivel central, que incluye a viceministros, directores técnicos, subdirectores técnicos y asesores y 32 de las direcciones territoriales, que son las oficinas del ministerio en los departamentos. Todos son cargos de libre nombramiento y remoción.

Aunque no tiene nada de raro que un ministro nuevo llegue a pedir renuncias y puede que Clara no se la acepte a todos, dentro del ministerio no cayó bien que se la pidiera a tantos al tiempo.

Por eso la incertidumbre de quién se va y quién se queda, como nos dijo una fuente de allá: “es el tema de conversación en esta oficina.”

El revolcón

El ministerio de Trabajo tiene una secretaría general y dos viceministerios (el de empleo y pensiones y el de relaciones laborales e inspección), cada uno con tres direcciones. Y cada director tiene su equipo de asesores.

En el ministerio directamente le pidieron la renuncia a los dos vices, Luis Ernesto Gómez y Enrique Borda. A los seis directores, a once subdirectores técnicos y a 23 asesores de los despachos.

“Al otro día del anuncio ya nos estaban pidiendo las renuncias y la verdad fue feo como lo hicieron. Pasó una señora oficina por oficina, sin avisarnos ni nada, a decirnos que entregáramos las cartas”, nos dijo un funcionario que pidió no ser citado para ésta historia.

“Nos preocupa que el criterio para nombrar gente sea más partidista que técnico”, agregó.

Entre el martes y viernes de la semana pasada, tres personas del equipo de empalme de Clara, que ya suenan para reemplazar cargos de alto nivel, estuvieron reunidos con el exministro Luis Eduardo Garzón y su equipo.

Ellos fueron Mariella Barragán, una abogada barranquillera que fue secretaria de desarrollo económico de Samuel Moreno y secretaria de gobierno de Clara cuando fue la alcaldesa encargada en 2011; Jorge Bernal, que fue su secretario de Salud y gerente de campaña el año pasado, y Francisco Javier Mejía, un economista que fue asesor de despacho de ella y su asesor programático.

Dos personas por aparte, una que trabaja en el ministerio y otra de Presidencia, nos contó que Barragán suena para ser la viceministra de relaciones laborales; Bernal para ser el secretario general y Mejía, para ser viceministro de empleo y pensiones.

Mejía le dijo a La Silla que el empalme ha sido tranquilo, que todos en el ministerio han tenido la mejor disposición y cuando le preguntamos si iba ser el próximo viceministro nos dijo: “no se sabe hasta que se sepa”.

“Todas las renuncias son protocolarias y todavía no se ha tomado ninguna decisión. Lo que le puedo decir es que ella va a poner gente capaz”, agregó.

“Aquí ya deje o no deje a la gente, no hay buen ambiente. Hay gente que lleva 15, 20 años acá, entonces ha sido muy duro”, nos dijo una fuente del ministerio.

Intentamos hablar con Clara pero no pudimos porque su jefe de prensa nos dijo que hoy está en Santa Marta, en la continuación de ese foro.

Lo que le espera a Clara

En el gabinete también hay expectativas sobre la llegada de esta ex candidata presidencial.

Un ministro y un exministro le dijeron a La Silla por aparte cómo ven dentro del gobierno la llegada de Clara.

Los dos coinciden en que lo más difícil para ella puede ser la relación con Hacienda, específicamente con el ministro Mauricio Cárdenas.

“Todos los proyectos de gasto de cualquier ministerio sin la firma de Hacienda no van y por eso la relación con él puede ser difícil”, nos dijo el ministro. “El Presidente se ganó un nuevo Angelino”.

Según la entrevista que dio recientemente para El Tiempo, López dijo que quiere recuperar las horas extra para unos sectores laborales. Eso ya lo había intentado hacer el exministro de Trabajo, Rafael Pardo, y en ese entonces, costaba más de un billón de pesos.

“La política fiscal de Santos es totalmente contraria al Polo y en eso puede haber un choque de trenes porque ella no puede llegar a estar en contra de la agenda del gobierno”, dice el exministro. “Puede hacer dos cosas: liderar un ministerio que genere titulares defendiendo las banderas del Polo o discutirle adentro al presidente sin generarle problemas afuera”, agregó.

Clara también quiere sacar adelante la reforma pensional que, en palabras de ella: “necesita reingeniería para garantizarle la pensión universal a todos los colombianos”.

Eso puede chocar con el gobierno porque la reforma que en principio se ha discutido busca reducir la bomba pensional a través de tomar decisiones como aumentar la edad de jubilación, igualarla en edad entre hombres y mujeres para incrementar la de las mujeres que es más bajita y posiblemente incrementar las semanas de cotización que se necesitan para pensionarse. Es decir, todo lo contrario de lo que quisiera Clara, que lo que quiere es ampliar los derechos de la gente.

Y quizás, una de las peleas más duras que se le pueden venir es la del aumento del salario mínimo. Ella ya dijo que va proponer un aumento para el 2017, y muy probablemente en una época de vacas flacas, el ministro de Hacienda abogará por un aumento menor del que ella defenderá.

Lo que le juega en contra y que además es otra muestra de que así quiera estar solo con el gobierno en la paz le va a quedar difícil, es que por ejemplo, una de las recomendaciones de la Ocde, el club de países ricos al que Santos quiere meter a Colombia hace rato, es pagar salarios mínimos diferenciados y en general, más bajitos.

Ahora, si Clara quiere concentrarse en el tema del posconflicto, como argumentó para meterse al gobierno, puede contribuir muchísimo desde su nueva cartera.

El acuerdo de paz plantea que si no hay una llegada al campo de la protección social en su sentido más amplio, no habrá mejoría en las condiciones de vida.  El diagnóstico de la Misión Rural dice que solo el 19 por ciento de las personas en la zona rural dispersa están afiliadas al régimen contributivo de salud, apenas el 10 por ciento cotiza pensión y el 9 por ciento riesgos profesionales. Contra 57 por ciento, 35 por ciento y 34 por ciento respectivamente en la ciudad.

A eso se suma que, según el diagnóstico, el 92 por ciento de las personas en el campo tienen trabajo informal.

En esa área, el reto que le espera es muy grande. Pero el primero que tendrá que enfrentar es subirle la moral a los que deje en el ministerio.

En la vicepresidencia hay un funcionario que no aparece en la página web de la vicepresidencia como parte del equipo directivo de Germán Vargas Lleras y que para los funcionarios de otras entidades que se han reunido con él es el equivalente a lo que era María Lorena Gutiérrez en Presidencia. Se trata de Luis Hernando Angarita Figueredo, un político cucuteño que fue viceministro de Interior y candidato a la alcaldía de esa ciudad y que ahora es "director general" de la Vicepresidencia.

Angarita lleva algunas semanas trabajando allí y la única mención a su nombre como funcionario de vicepresidencia en una página oficial es la que aparece en la del municipio de Ricaurte (Cundinamarca), después de que los alcaldes de ese municipio y de Girardot fueran a Vicepresidencia hace un mes para impulsar la doble calzada en la carretera que los une, y los atendiera Angarita.

De resto, Angarita no aparece públicamente.

Para un técnico de otra entidad que ha ido a varias reuniones en la vicepresidencia, “tiene tanto poder como el que tenía María Lorena Gutiérrez en la Presidencia”. En lo mismo coincide otro alto funcionario de otra entidad. Y en su región natal también dicen que hace las veces de mano derecha del vicepresidente Germán Vargas Lleras. 

En esa apreciación no coinciden en la vicepresidencia, donde un directivo que dice que es más un coordinador que el que toma las decisiones finales, como ocurrió con Gutiérrez.

En eso coincide un alto funcionario muy cercano a vicepresidencia "No maneja nombramientos ni hace seguimiento, como hacía María Lorena”, explica.

De hecho, es difícil que concentre el mismo poder de la anterior superministra, porque mientras que el Presidente Juan Manuel Santos delega muchas de las decisiones, Vargas es más microgerente.

Según el jefe de prensa de Vargas, Angarita formalmente tiene el cargo de director pero, a diferencia de los otros directores que hay en Vicepresidencia, no se encarga de un sector. En cambio cumple funciones de secretario privado y secretario general (este último cargo inexistente den la Vicepresidencia, pues administrativamente dependen del secretario general de Presidencia), y se encarga también de las algunas relaciones con alcaldes y gobernadores (como se vio en el caso de Girardot y Ricaurte), además de otras funciones que le ponga Vargas.

Sea como fuere, el nombramiento de Angarita ha pasado desapercibido a pesar de que tiene un cargo importante en el corazón de vicepresidencia, es un político con recorrido y buenas relaciones, y puede servirle a la aspiración presidencial del vicepresidente Germán Vargas en un departamento donde su partido no tiene mucha fuerza.

De hecho, Angarita viene de ser presidente de Cambio Radical en Norte de Santander, pero tiene una trayectoria política más larga.

Quién es Angarita

Angarita, un abogado de la Universidad Libre con especialización en Derecho Público del Externado, es conocido en Cúcuta por haber sido candidato a la Alcaldía en 2007. En ese entonces tuvo el aval de La U, el apoyo de toda la maquinaria del entonces alcalde Ramiro Suárez Corzo, quien fue capturado por el asesinato de un abogado en momentos en los que la campaña estaba en su recta final, y de todos los parlamentarios del departamento excepto del senador conservador Juan Manuel Corzo.

Aunque la fuerza política de Suárez fue determinante en esa candidatura, que concluyó con 88 mil votos (más del 40 por ciento de los votos), tres fuentes políticas del departamento incluyendo una del círculo cercano de Angarita, le dijeron a La Silla que su aspiración nació con el apoyo del sector del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en cuyo gobierno venía de trabajar como viceministro del Interior.

Como director de asuntos públicos y luego viceministro de Interior de Sabas Pretelt, era el encargado de las relaciones con grupos indígenas y afro, un tema que es fundamental hoy en la vicepresidencia para sacar adelante los megaproyectos. Antes había sido director del Observatorio de Minas de Vicepresidencia, con ‘Pacho’ Santos, a donde llegó tras trabajar en el tema de minas antipersonal en la Fundación Restrepo Barco.

En ese paso por el gobierno se acercó al círculo del vicepresidente Germán Vargas Lleras. También es “muy amigo del hermano del Vicepresidente, Enrique Vargas Lleras”, le contaron a La Silla dos fuentes de Cúcuta. 

Angarita es muy amigo del hermano del Vicepresidente, Enrique Vargas Lleras

“Cuando Enrique Vargas viene a Cúcuta en algunas ocasiones hacen reuniones. De hecho Hernando es el enlace de los Vargas Lleras aquí”, le contó a La Silla un político regional.

En 2009 su nombre empezó a figurar nacionalmente, pero esta vez fue por cuenta del escándalo de la ‘yidispolítica’ (relacionado con la compra de votos a congresistas para aprobar la segunda reelección de Uribe), por el que fue investigado junto a su jefe el ex ministro de Interior Sabas Pretelt de la Vega, y al de Seguridad Social, Diego Palacio.

Como reveló Noticias Uno, esa investigación la adelantó el entonces procurador Edgardo Maya hasta dejar listo un fallo para sancionar a tres altos funcionarios, pero no lo firmó. A su llegada Alejandro Ordóñez lo cambió para exonerarlos.

Después de ese proceso, Angarita Figueredo pasó a tener bajo perfil en Norte de Santander, incluso como cabeza de Cambio Radical en el departamento y como representante del entonces gobernador (reelecto en 2015 por La U) William Villamizar en la Cámara de Comercio de Cúcuta en 2011.

“Él no manda en la política regional, manda en su partido y eso le da peso solo en elecciones”, le dijo a La Silla un político de Cúcuta que hace parte de Cambio Radical.

Tres fuentes le dijeron a La Silla que Angarita fue clave para darle el aval a la alcaldía a Jorge Acevedo en 2015, cuando inicialmente todo estaba dado para que Carlos Luna, el candidato liberal de los hermanos Cristo (el senador Andrés y el Ministro de Interior Juan Fernando) fuera el que recibiera el respaldo de Cambio.

Aunque aún falta tiempo para las legislativas, en Cambio todo está dado para que Angarita se lance al Senado en 2018. Las expectativas están dadas en que en las elecciones locales de 2015, aunque perdieron la Alcaldía de Cúcuta, sacaron más de 87 mil votos y fueron el partido más votado a alcaldías en el departamento, además del impulso que le dé la candidatura presidencial de Vargas Lleras. Como Cambio Radical no ha tenido mucha fuerza en Norte hasta ahora, Angarita sería la ficha para que el partido del vicepresidente colonice otra región.

Mientras eso ocurre, es el único director de vicepresidencia que tiene un perfil político.