El presidente Iván Duque ha entregado poca burocracia pero les ha dado juego a los uribistas, incluyendo 10 candidatos fallidos al Congreso, lo que contrasta con la idea que dejó inicialmente de tener un gabinete técnico y no tan político.

Aunque posiblemente seguirán llegando uribistas al Gobierno, estos son los ahogados a los que Duque ya les tiró un salvavidas:

Hilda Gutiérrez

Juan Manuel Daza

Orlando Güete Díaz

Jaime Amín Hernández

Eduardo 'Mono' González

Wilson Córdoba

Carlos Alberto Bernal Díaz 

Jaime Andrés González Mejía 

Juan José Malvehy

Nohora Stella Tovar Rey

Esta semana se cumplieron dos meses de la posesión de Iván Duque como presidente y aún no se ha nombrado un nuevo presidente en Fonade, una entidad clave no solo por el presupuesto que maneja (para 2018 proyectó ingresos por 2,2 billones de pesos) sino porque se convirtió en los últimos años en un eslabón del funcionamiento de la “mermelada” (cupos indicativos para invertir en región, cuyo destino es decidido informalmente por congresistas) que el Gobierno se ha comprometido a erradicar.

La directora del Departamento Nacional de Planeación (que es el dueño de Fonade), Gloria Alonso, ha dicho que Fonade debe reestructurarse para focalizar su actividad en estructurar y no ejecutar proyectos, lo que hoy concentra el 65 por ciento de su actividad, un asunto que reduciría su papel en el modus operandi de la mermelada.

Pero ese revolcón está paralizado porque el Gobierno no ha decidido quién reemplazará al actual presidente, Álvaro Balcázar, quien fue nombrado por Juan Manuel Santos.

Balcázar ya presentó su renuncia y está de salida, por eso quiere que sea su sucesor el que se encargue del revolcón. Además por que el DNP tiene que darle a director de la entidad una línea más clara. 

Primeros ajustes

Fonade tiene tres grandes líneas de negocio: gerencia, gestiona y estructura proyectos para entidades públicas. Según un estudio de la banca de inversión Arcadia Capitals (que contrató Fonade a través de un convenio con la CAF) las dos primeras son el 90 por ciento del negocio de la empresa y, según las investigaciones de la Fiscalía, por ellas se han identificado las ilegalidades en el manejo de la “mermelada”.

La gerencia implica que Fonade es responsable del desarrollo de todo el proyecto y su ejecución, es decir, elige el contratista y se asegura de que cumpla. La gestión implica solamente contratar el proyecto, pero según instrucciones que le da la entidad encargada, que puede ser un Ministerio o una agencia. Ahí Fonade no es la responsable del cumplimiento. Estructurar significa hacer los estudios técnicos y de factibilidad de los proyectos, es decir montar los proyectos que deben contratarse por parte de entes territoriales, ministerios y agencias del Estado.

Según el estudio de Arcadia, gerenciar y gestionar genera otro problema, que es que muchas entidades firman convenios con Fonade para mostrar ejecución sin que la plata realmente se haya empezado a gastar, porque legalmente al pasarle la plata a Fonade ya cumplieron, aunque el dinero siga en los bancos.

Eso les permite mover la plata de inversión de un año a otro (por ejemplo, para que se ejecute cerca de elecciones o para que no les quiten recursos por demorarse en invertirlos), evadir la responsabilidad de administración los proyectos y, si tienen cuotas en Fonade, elegir los contratistas sin someterse a la Ley 80.

Por eso, a finales del año pasado Arcadia concluyó que se debe implementar un plan para que Fonade sea mejor estructurando los proyectos, fortalecer su gobierno corporativo y darle un perfil más técnico para que las inversiones sean efectivas. Es decir, para que lo que haga siga una lógica técnica y no política, lo que la sacaría del circuito de la “mermelada”.

Esto no implica que la empresa deje de gestionar y gerenciar proyectos, pero sí que se enfoque más en estructuración. Para que sea más difícil filtrar la mermelada por estas líneas de negocios la propuesta es fortalecer la entidad.

Este año se han hecho algunos avances, como cambiar su estatuto de contratación por un manual que no puede ser modificado. Según nos explicó una fuente de Fonade, el estatuto era un documento general que se aterrizaba en cada contrato con guías que se podrían modificar, mientras el manual da unos estándares definidos de qué empresas pueden ser contratadas. Esto haría más difícil que Fonade contrate contratistas definidos a dedo por un congresista.

También se modificó la manera de funcionar del Comité de Negocios, el encargado de seleccionar en qué proyectos se mete Fonade, un paso clave para la “mermelada”.

Antes ese Comité no tenía mecanismos estandarizados para evaluar los proyectos, como muestra que no tenía una matriz financiera para evaluar sus riesgos. Eso abría la puerta para aprobar proyectos mal estructurados o de alto riesgo, lo que facilitaba la ”mermelada”.

Eso, encima, sin que nadie respondiera, porque quienes hacían parte del Comité eran contratistas que una vez terminaban su contrato no tenían problemas. Ahora lo conforman empleados de planta como los subgerentes participan, la decisión final la revisa la junta directiva.

Según Fonade, estos controles han permitido frenar varios procesos de contratación que venían con problemas de estructuración. Es decir, ya está parando el flujo de “mermelada”.

Además de esos cambios en el funcionamiento, a principio de año, en el Gobierno Santos, Fonade revisó los perfiles de los contratistas por órdenes de prestación de servicios y los redujo de 1.400 a 950, un recorte significativo que no se sintió en el funcionamiento de la entidad, según una alta fuente de Fonade. Eso indica que muchas de las personas contratadas eran “corbatas”, contratistas innecesarios puestos por políticos.

Pero hacen falta otros cambios, que hasta que no haya nueva gerencia están embolatados.

Lo que falta

Aunque los cambios que ya avanzaron pueden ayudar, no son suficientes, como muestra el plan del DNP para reestructurar Fonade, que se viene cocinando desde el Gobierno anterior.

La primera idea es incluir miembros independientes con un alto perfil técnico a la junta directiva, que hoy está conformada por dos funcionarios del DNP y tres funcionarios escogidos por Presidencia, que pueden variar según órdenes de la Casa de Nariño.

La segunda es cambiar la planta de personal, porque hoy solo 70 de las 1.020 personas que trabajan en Fonade son de planta. Eso hace que cambie mucho el personal y que sea un fortín burocrático atractivo.

La tercera es crear una subgerencia de estructuración de proyectos para inventarse un modelo de negocios para que funcione mejor esa función, en la que Fonade compite con Findeter y la Financiera de Desarrollo Nacional, aunque sin el foco específico de éstos, que se concentran en desarrollo humano la primera e infraestructura la segunda.

La idea es que Fonade pueda cubrir áreas descubiertas como desarrollo socioeconómico, comunicaciones, vivienda o educación, como lo hace ahora, pero que lo haga de manera eficiente, algo que según la Contraloría no se está cumpliendo.

Una fuente de Fonade nos dijo que esos cambios son claves para que la entidad pueda ayudar a que se hagan proyectos de impacto en las regiones, es decir, a salir de la lógica de la “mermelada” a la de ayudar a la gente, que es para lo que se creó.

El lío es que de nada sirve si los políticos se la vuelven a tomar.

Intentos fallidos

En los dos meses del Gobierno Duque se han puesto sobre la mesa dos nombres para dirigir Fonade, pero uno se cayó y el otro está embolatado.

En las primeras semanas del Gobierno la directora del DNP, Gloria Alonso, propuso que el director fuera Ricardo Rodríguez Yee, saliente contralor delegado para temas mineroenergéticos y cercano al exministro liberal Amylkar Acosta. Alonso había trabajado con Rodríguez Yee en la Contraloría, en el periodo en el que el funcionario sacó las sonadas investigaciones de Reficar y Electricaribe.

Rodríguez alcanzó a estar en al menos una reunión de empalme en Fonade pero su nombramiento se cayó, según nos dijo la directora del DNP, por el ruido de que tendría una posible inhabilidad para ocupar el cargo, pues desde la Contraloría vigilaba a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una de las entidades que más contratan con Fonade.

Aunque Función Pública dijo que no había inhabilidad, el nombramiento no se dio.

Hace un mes, en un taller Construyendo País, Duque dijo que el nuevo director sería Jean Phillipe Pening, un cucuteño que fue Director de Infraestructura del DNP y es actual asesor de Enrique Peñalosa en estructuración de Alianzas Público Privadas.

Hemos designado a @JeanPhiliPening como director de @FONADE. Cuenta con experiencia en administración pública y formulación de proyectos regionales. Necesitamos que esta entidad se transforme estructuralmente, no puede seguir capturada por la politiquería. #AmagáConstruyepic.twitter.com/FqKVWhZh08

— Iván Duque (@IvanDuque) 8 de septiembre de 2018

A pesar del tiempo que ha pasado, Presidencia no ha publicado su hoja de vida en el portal de aspirantes y, según la W, su nombramiento se embolató porque el designado tuvo un contrato con Odebrecht.

Consultamos en varias ocasiones con el Departamento Nacional de Planeación y Presidencia para confirmar si nombramiento está en firme, pero no nos confirmaron.

Según dijo El Tiempo, hay versiones de que los senadores liberales duquistas Fabio Amín, Mauricio Gómez y Mario Castaño se le estarían metiendo de por medio, algo que ellos negaron.

Aunque no se sabe qué va a pasar, Pening ya ha estado en varias reuniones de empalme en la torre negra de Fonade, en el centro de Bogotá, y la directora de Planeación ha dicho que la estructuración de la entidad es una necesidad.

Del nombramiento, la presión parlamentaria y los cambios que finalmente se den, dependerá que la entidad deje la lógica de la “mermelada” y que Duque mande una señal fuerte del final de esa forma de asegurar apoyos políticos.

Los #ViernesEnLaSilla es la reunión con expertos que hacemos todas las semanas para invitar a nuestros SúperAmigos. Aporta y haz parte de nuestra comunidad con criterio.

"La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias". Francisco López de Gómara escribió estas palabras en la presentación de su Historia General de las Indias, publicada en 1552.

Durante el siglo XVIII los viajes de exploración se convirtieron en el centro de intereses públicos, políticos y comerciales de las élites europeas. Ambiciosos proyectos de exploración en países lejanos fueron un esfuerzo común de los imperios europeos. La historia natural se convirtió en una forma de apropiación y tuvo un papel central en las políticas de Estado; el trabajo del naturalista clasificando y nombrando objetos naturales facilitó el control no sólo de la naturaleza sino de otras culturas.

Hoy 12 de octubre se celebra la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

La Silla Académica entrevistó a Mauricio Nieto, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, quien ha investigado y publicado numerosos libros sobre el tema, entre ellos "Las máquinas del imperio y el reino de Dios. Reflexiones sobre ciencia, tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI".

Nieto problematiza la idea misma de "descubrimiento", la reducción por parte de algunos historiadores de la religión a retórica o a un pretexto para la expansión del imperio español, habla de cómo Europa se descubrió a sí misma en relación con América, y menciona cuáles son algunos de los efectos hasta hoy, de la construcción eurocéntrica de la historia de conquista y colonización americanas.

Hoy, 12 de octubre, se celebra el descubrimiento de América ¿Por qué hablar de descubrimiento cuando nos referimos a un continente habitado por millones de personas? ¿La siguiente imagen qué luces arroja sobre eso?

Mauricio Nieto:  Descubrir quiere decir encontrar algo que siempre ha estado ahí pero que nadie ha visto, algo que ocurre en un momento específico y la idea resulta absurda para referirse a lo que ocurrió el 12 de octubre. Colón no descubrió América. Murió sin saber de su existencia, convencido de haber llegado a oriente y no pudo imaginar la existencia de un cuarto continente.

Más que un momento de descubrimiento lo que ocurre en 1492 es el inicio de un proceso gradual de construcción simultánea de América y de Europa, del Nuevo y del Viejo Mundo.

Una típica narración europea del descubrimiento se aprecia en el grabado “América descubierta”.

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América, por Jan van der Straet, también conocido como Johannes Stradanus, Nova Reperta, 1638.

Hay dos figuras protagónicas en esa imagen. Por una lado hay un hombre, una figura masculina que representa a Europa en el personaje de Américo Vespucio.

En su mano derecha tiene la señal de la cruz, la religión cristiana como uno de sus elementos de superioridad. En la mano izquierda tiene un astrolabio que es también el emblema del poder tecnológico de Europa. Eso se suma a los barcos que están detrás. Naves muy poderosas. Es obvio no sólo la superioridad europea en esta narración sino que la acción de la historia es Europea.

América, por el otro lado, es una mujer que está desnuda. La desnudez aquí es importante, por un lado representa la ausencia de civilización y por otro, el Dorado sexual. La empresa de conquista la hicieron hombres. No había mujeres en los barcos. Estos hombres cristianos del siglo XV y XVI no se que tantos senos habían visto pero todo el tiempo están escribiendo sobre eso, ‘están desnudas, no tienen pudor… y vienen a nosotros’.

América está representada como una mujer que está ofreciéndose, pasiva, en una hamaca y está cordialmente dándole una bienvenida a Europa. Invitándola a un asado en la parte de atrás de carne humana. Hay canibalismo. No podía faltar la idea de que estas culturas, a diferencia de la europea, son salvajes.

El canibalismo es desde la Edad Media el emblema del bárbaro. De manera inmediata se identificó a los nativos americanos como caníbales. Posiblemente hubo algún tipo de canibalismo en América, pero es el estereotipo del caribe, como un caníbal, el que justifica el dominio, la civilización de la barbarie.

Hay un contraste también entre los grandes barcos y el astrolabio, como parte de Europa y del otro, del de América, un remo, que es una tecnología primitiva que usaban  los americanos y que no les permitía atravesar el océano. Sin embargo, los europeos no habrían podido entrar al continente americano sin las canoas y los remos que hoy se fabrican igual a como lo hacían hace 500 años. Los barcos europeos quedaban atascados en la costa y todo su poder tecnológico resultaba inútil a la hora de penetrar el continente.

De ahí la importancia de incorporar la voz americana en el proceso. Los europeos estaban perdidos en territorios desconocidos y hostiles y son los nativos los que les muestran los caminos, los ríos y les ayudan a sobrevivir en la naturaleza americana.

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Foto tomada por Marcela Barrera

LSA: Su libro problematiza la idea de la tecnología como un medio, la religión como un mero pretexto y el comercio como la principal motivación de la expansión imperial. Por el contrario, llama la atención sobre la interacción de los artefactos, la naturaleza, lo humano y lo divino, como una forma de entender mejor el ejercicio del poder ¿Cómo es esto??

M.N.: La conquista y colonización de América fueron un empresa religiosa porque lo que querían en el fondo eran recursos para la Guerra Santa. El cristiano tiene un cometido y es convertir a los otros a la verdad. Todo se hizo en nombre de Dios y para Dios.

Esto representa un desafío para los historiadores seculares, modernos. ¿Qué hacemos con Dios en esta historia? Yo no soy necesariamente un hombre de fe. Pero no podría explicar la historia sin Dios. Dios en el siglo XVI, como quizá en el siglo XXI, es mucho más poderoso que Felipe II o que Carlos V. Todo lo hacen en nombre de Dios. Hay una cantidad de actores que es difícil para un historiador secular poner a actuar como la Vírgen María, el Espíritu Santo, los demonios. Pero son reales. Sin ellos la historia no hubiera ocurrido así.

Yo trato en el libro de poner a los dioses a actuar. Por ejemplo, la Vírgen salva a unos marineros de un naufragio. Llegan unos demonios a un barco, en medio de una tempestad y uno le dice al otro: ‘¿Por qué no lo hundes y el otro le responde: ‘no puedo, porque ahí va una Guadalupe’. Eso fue lo que los viajeros creyeron que pasó.

Frente a esa dimensión espiritual que, a mi juicio, es muy poderosa, los historiadores son muy torpes. Lo que hacen muchos es decir que lo religioso fue retórica y un pretexto para un fin más entendible en una historia secular, en la cual el verdadero motivo y motor de la historia era el oro. Y ahí se sienten cómodos. La dimensión religiosa no es sólo un pretexto. Si lees los documentos de la época, Dios está en cada párrafo.

LSA: ¿Cuál sería un término más apropiado para describir lo que pasó en 1492??

M.N.: Lo más adecuado sería hablar de una historia de dos grandes culturas que se encontraron. Sería más simétrica. Sin embargo, eso implica un reto para los historiadores que cuentan con fuentes mayoritariamente europeas, cristianas.

LSA: En su libro se señala que la construcción de Europa como comunidad tiene estrecha relación con el “descubrimiento” de América ¿por qué??

M.N.: 1492 fue realmente el inicio del descubrimiento de Europa, no de América. Europa se constituyó a sí misma como el centro del mundo entero, como la verdadera y única religión, cultura y civilización, y eso sólo fue posible en la medida que se pudo comparar con otros, los salvajes y paganos.

LSA: ¿Por qué es importante contar la historia desde un punto de vista que no sea el eurocéntrico?

M.N.: La Historia tiene un reto enorme de volver a pensar el pasado desde otros marcos de referencia que no sean solamente europeos.

Para pensar y construír un futuro es necesario repensar el pasado.

Cuando yo era niño tenía muchas discusiones con mi papá porque no me interesaba la historia, “el pasado ya pasó”, pensaba, y prefería hablar del hoy y del futuro. Ahora todo lo que hago es defender que sin pasado no hay manera de pensar el presente.

Mi madre murió de Alzheimer y la angustia de un enfermo sin memoria es que se siente sin futuro. El pasado tiene una estrecha relación con lo que somos y con lo que podemos ser; no se trata de saber datos de cosas que ocurrieron sino entender quiénes somos.

Yo no puedo ir al siglo XVI, mis preguntas sobre el pasado son siempre tomadas del presente. Si cortamos o cambiamos las raíces del pasado, cambia todo.

LSA: ¿Cómo seríamos hoy si no nos hubiera ‘descubierto’ nadie?

M.N.: No existiríamos. Somos de sangre mestiza, sostener la pureza de la sangre nativa es imposible. No podemos hablar de “nosotros los americanos del siglo XVI”.

Somos herederos de los conquistadores, y por eso quizá no tienen tanto sentido hablar de “ellos” y de “nosotros”. Tal vez tenga más sentido pensar que esa cultura invasiva es la nuestra y no ha cambiado mucho.

No sólo sería pertinente cambiar la palabra descubrimiento sino también la idea de lo que significa ser culto. Ser culto es poder comunicarse con gente distinta, no es saber datos de muchas cosas. Un país con una cultura rica es un país que sabe convivir con culturas diversas. Eso es lo que debe celebrarse el 12 de octubre.

 

Alexander von Humboldt es una figura emblemática de los viajes de exploración en el periódo de la Ilustración, sus escritos sobre América se convirtieron en el paradigma de una nueva mirada sobre el Nuevo Mundo y, en ocasiones, ha sido presentado como el "segundo descubridor de América". La presencia del explorador prusiano en el Nuevo Reino de Granada a comienzos del siglo XIX y su relación con criollos como Francisco José de Caldas, motivan una reflexión sobre la ciencia europea en el contexto colonial.

Que el clima ya está cambiando es un hecho, y lo reafirmó esta semana el Panel Intergubernamental de Cambio Cimátco, IPCC, en su nuevo informe especial sobre el avance del calentamiento global de 1,5 °C.

Este reporte fue escrito gracias a las contribuciones de 91 personas, entre autores, editores y revisores de 44 ciudadanías y 40 países de residencia; además, en su proceso de revisión recibió más de 42 mil observaciones de expertos y gobiernos.

El informe es un llamado a la urgencia. En el 2015, en París, los gobiernos de los países que hacen parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático acordaron tomar todas las medidas necesarias para mantener el aumento de la temperatura promedio mundial muy por debajo de 2 °C, frente a la era preindustrial y, continuar los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1.5 °C.

Limitar el calentamiento global a 1,5 °C en lugar de 2 °C, o más, permitiría por ejemplo que en 2100 la elevación del nivel global del mar sea 10 cm inferior.

Disminuiría, a una vez por siglo, la probabilidad de que el océano Ártico quede desprovisto de hielo en verano, frente a un mínimo de una vez por decenio con uno de 2 °C.

Uno de los impactos más severos se espera en los arrecifes de coral los cuales, con un calentamiento global de 1.5°C, disminuirían entre un 70 y un 90 por ciento, mientras que prácticamente todos ellos desaparecerían con uno de 2 °C.

Según el informe, alcanzar 2 °C en lugar de 1,5 °C, llevaría a un calentamiento sustancial de los días más calurosos en todas las regiones terrestres. También, conduciría a un aumento en los eventos de lluvias intensas en algunas regiones, particularmente en las altas latitudes del hemisferio norte, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones. Además, se proyecta que algunas regiones se volverían drásticamente más secas.

Según este análisis científico, el calentamiento provocado por el hombre ya ha alcanzado aproximadamente 1°C por encima de los niveles preindustriales.

Si la tasa de calentamiento actual continúa, el mundo alcanzaría un calentamiento global inducido por el hombre de 1.5 °C en 2040. Los efectos de los 1°C ya se sienten con condiciones meteorológicas más extremas y aumentos en los niveles del mar.

Es por ello, quizá, que en muchos lugares la gente dice que “el clima está loco”. Pero no es el clima el que está loco, locos son los patrones de consumo que como sociedad hemos definido, locas son las decisiones que aceleran ese cambio en la temperatura del planeta, loca es la aun existente negación, a pesar de la evidencia científica, de que estamos enfrentando el cambio climático.

¿Cuál adaptación?

Si bien es cierto que los sistemas naturales no son fijos sino que cambian y se transforman, la velocidad de esos cambios, debido a las condiciones climáticas que ha propiciado la acción humana es muy rápida, y no da tiempo para que los sistemas se ajusten a las nuevas condiciones, por lo que adaptarnos tiene un mayor costo social y económico.

Esa adaptación, por lo tanto, es más difícil para las poblaciones en condición de pobreza y vulnerabilidad, para los grupos sociales menos resilientes o para aquellos que tienen menos posibilidades de acceso a las tecnologías necesarias para acomodar sus medios de vida al clima cambiante.

Por lo tanto, no es suficiente con adaptar la economía y los medios de producción, también hay una adaptación al cambio climático que requiere intervenciones a escalas muy locales y comunitarias, y esos procesos toman tiempo.

El informe señala que para limitar el calentamiento global a 1,5 °C se necesitarían transiciones "rápidas y de gran alcance" en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Por ejemplo: eliminar el carbón en el sector energético; aumentar la cantidad de energía producida a partir de fuentes renovables; electrificar el transporte; y reducir la "huella de carbono" de los alimentos que consumimos.

Sería necesario que las emisiones netas globales de dióxido de carbono (CO2) de origen humano disminuyeran en 2030 alrededor de un 45% respecto de los niveles de 2010, y siguieran disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" aproximadamente en 2050.

Sin embargo, los compromisos de los gobiernos para reducir sus emisiones actualmente no están en línea con limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

Pero las temperaturas no están cambiando a la misma velocidad en todas partes. El calentamiento es mayor en los continentes y es particularmente fuerte en el Ártico en la estación fría y en las regiones de latitudes medias en la estación cálida.

El aumento de 0.5 °C en las temperaturas globales que hemos experimentado en los últimos 50 años ha contribuido a cambios en la distribución de especies de plantas y animales, disminuyendo los rendimientos de los cultivos y conduciendo a incendios forestales más frecuentes.

En Colombia, muchos ecosistemas sensibles se verían gravemente afectados y con ellos los modos de vida que de esos ecosistemas dependen. Por ejemplo los páramos, lo pocos glaciares que aun quedan, los ecosistemas secos de los valles interandinos y la región caribe, las zonas costeras e insulares y los humedales, solo por mencionar algunos.

El problema es que la velocidad con que el clima cambia deja con pocas posibilidades a la humanidad de adaptarse.

Adaptarse, en ese caso, haría referencia a las acciones que debemos tomar para que las personas, los ecosistemas, las economías, los modos de vida logren acomodarse para seguir suministrando bienes y servicios necesarios para ellos mismos y en muchos casos la humanidad. Además, se prevé que la pobreza aumentará por culpa del cambio climático y no solo eso, sino que hará que los pobres sean más pobres. 

El reto del mundo es grande para los próximos años 

Se necesita innovación e integración de las agendas mundiales de desarrollo para que todas respondan a lo que debe ser una de las principales prioridades, la de mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 1.5°C respecto a la era preindustrial.

Dos agendas son fundamentales para alcanzar este propósito.

La primera, es la del protocolo de Montreal, un acuerdo ambiental multilateral con éxito en eliminar tanto la producción como el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono; este protocolo se vincula con la agenda de cambio climático por su compromiso de eliminar los HFC, unos gases que con frecuencia se utilizan como sustitutos de las sustancias que agotan el ozono y que son poderosos gases de efecto invernadero con un alto un potencial de calentamiento.

Los HFC son usados en refrigeración y climatización doméstica, comercial e industrial; sistemas fijos de extinción de incendios y en algunas aplicaciones como solventes o propelentes para aerosoles. Si se adoptan las medidas establecidas en la Enmienda de Kigali para reducir el uso de HFC, se estima que para el 2030 las emisiones potenciales de este gas se podrían reducir a la mitad, lo cual será un gran aporte a la mitigación de las causas del cambio climático.

La segunda, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda ambiciosa y globalmente aceptada que refuerza acciones en el camino de la sostenibilidad para hacer frente al cambio climático. Aborda aspectos de acceso a energía sostenible, producción y consumo responsable, protección de ecosistemas, sistemas alimentarios y ciudades sostenibles, que entre otros son fundamentales para hacer frente al cambio climático.

Para lograr esos objetivos tenemos 12 años. Si los gobiernos y la sociedad en general asumen su implementación con fuerza y seriedad, daremos pasos gigantes en la adaptación al cambio del clima.

Atender el cambio climático es un asunto del presente y de todos. Acciones grandes y pequeñas son necesarias. Los científicos desde hace años han hecho un llamado de urgencia.

Abordar este tema se ha convertido en algo más que un reto técnico, es una responsabilidad ética y moral con el planeta y con las generaciones futuras.

Ya casi al final de su doble período el expresidente Santos tuvo la oportunidad de postular candidatos para suplir dos cupos de magistrados en la Corte Constitucional. Envió dos ternas, pero se movió para hacer elegir a dos personas con convicciones ideológicas de tendencia conservadora que ahora están marcando el carácter de varias de las decisiones más importantes de ese Tribunal.

Esta semana la Corte cerró las puertas a la posibilidad de que por vía de consulta popular se decida si en un determinado municipio puede haber o no explotaciones petroleras o mineras. Esa decisión se sumó a la que le aceptó las objeciones al gobierno para no rebajar los aportes en salud a los pensionados, a la que revivió la posibilidad de realizar corridas de toros, a la que relativizó la protección reforzada de la que gozan determinadas personas para que no les puedan terminar una relación laboral, a la que negó un procedimiento de fertilidad a una mujer, a la que condicionó el fuero de maternidad al conocimiento del patrono de la condición de la mujer.

A consideración de los magistrados se encuentra un proyecto de fallo que pone límites al derecho a abortar que otra Corte Constitucional les reconoció a las mujeres cuando se encuentran en tres situaciones claramente definidas.

Éste último proyecto fue presentado por la magistrada Cristina Pardo, la misma que ofició como ponente en los fallos de las consultas populares mineras, de la rebaja de los aportes a salud de los pensionados y de los procedimientos de fertilización in vitro.

Cada fallo tiene complejas consideraciones jurídicas, todas debatibles y sobre ellas se puede tomar la posición que se quiera y cada intérprete podrá decir que en tal o cual caso la Corte falló correctamente o no.

El punto es que por las razones que sea la Corte pareciera estar moviéndose hacia una dirección menos garantista de lo que ha sido su tradición y que ello se debe entre otras cosas al papel protagónico que ha tenido en varios de esos casos la magistrada Pardo.

La magistrada, en ejercicio de su derecho a la libertad de conciencia, profesa profundas convicciones religiosas que eran conocidas al momento de su elección y que permitían predecir el sentido de sus decisiones. Santos y su mayoría en el Congreso decidieron omitir esa discusión al momento de su elección, sacrificaron la visión progresista que predicaban por razones de gratitud a la lealtad de una funcionaria.

Pardo es una profesional inteligente, honesta, disciplinada y rigurosa, que tiene todos los méritos para ser magistrada de la Corte Constitucional. Eso no se discute, el punto es que la manera compleja como está diseñada la forma de elección de la Corte Constitucional busca, entre otras cosas, que las tendencias ideológicas mayoritarias que se expresan en las elecciones de Presidente y Congreso se vean reflejadas en la integración del Tribunal.

En países como Estados Unidos, donde el Presidente también tiene la capacidad de postular magistrados, el verdadero legado presidencial es la composición de la Corte. Por eso en el trámite de confirmación que se realiza en el Senado lo que se ventila es la posición ideológica del postulado como acaba de ocurrir en el caso de juez Kavanaugh, que se hizo visible para nosotros por las acusaciones de abuso sexual que se le hicieron.

Pardo ha dejado claras sus posiciones que paradójicamente van en contra de la protección que se les ha reconocido a las mujeres para evitar la discriminación de la que han sido objeto en forma milenaria.

La magistrada fue ponente de la decisión de negar un proceso de fertilidad a una mujer que lo reclamaba a través de una acción de tutela, en esa decisión con toda honestidad se sintió en la obligación de decir que su posición en el caso no se limitaba a aspectos procesales del mismo sino a su profunda convicción religiosa sobre la vida.

Pardo con toda claridad fijó su posición en una llamativa aclaración de voto: “la eliminación de personas en fase embrionaria constituye un atentado contra la vida humana naciente que no está autorizado por la Constitución. La congelación de embriones es en sí misma una afrenta a la dignidad y a la libertad del ser humano. Mientras el desarrollo de la ciencia no permita lograr el objetivo de la fecundación in vitro sin acudir a la eliminación o congelación del embrión, y no se legisle en el nivel estatutario sobre los demás asuntos mencionados, no resulta jurídicamente posible ordenar por vía judicial este tipo de procedimientos”.

Es cierto que la Corte esa semana negó unas objeciones presidenciales y ordenó la sanción presidencial de una ley que ordena a las EPS proveer tratamientos de fertilización artificial, pero de ese fallo se apartó la magistrada Pardo, quien salvó su voto por las razones señaladas.

Pardo ha demostrado ser muy conservadora en lo que llamaríamos los dilemas morales, pero también lo ha sido en otros temas como en el del aporte a salud de los pensionados en el que desafortunadamente la mayoría de los magistrados le compró una tesis que recorta en forma muy considerable las competencias del Congreso y lo hace ahora con las consultas populares mineras.

La Corte Constitucional había sido pionera e innovadora en materia de protección de derechos, mientras que el Consejo de Estado y la Corte Suprema se demoraron en adoptar esa posición, ahora es al revés. Casi el mismo día que la Constitucional con ponencia de Pardo declaró sin efectos una consulta popular el Consejo de Estado decidía que no solo era posible optar por ese camino, sino que obligó a los municipios a cubrir los costos para su realización.

Santos, el profesor de Harvard, fue el que objetó, por razones promovidas por su ministro conservador de Hacienda, la disminución de los aportes de los pensionados y el amparo a quienes requieran acudir a un proceso de fertilización artificial.

Santos, el Nobel, fue el que nos dejó a la magistrada que ha liderado los cambios de postura de la Corte.

Con su decisión de echar para atrás la consulta popular en Cumaral, Meta, la Corte Constitucional devolvió el eje de la política mineroenergética a la Nación y se lo quitó a los municipios. Eso tiene felices a los empresarios del sector, que están recargados en el gobierno de Iván Duque, porque las consultas se estaban convirtiendo en un veto a sus proyectos, y con el fallo de la Corte la gente que los rechace en lo local pierde el principal camino que había encontrado para frenarlos.

Pero aún hay oposición al sector e incluso puede crecer, por lo que los mineros creen que el reto que viene es concertar mejor.

La decisión

Este jueves la Corte decidió una tutela que puso la petrolera Mansarovar Energy para tumbar una decisión del Tribunal Administrativo del Meta que avaló la pregunta de una consulta popular en Cumaral, que se votó en junio de 2017, y en la que ganó la prohibición de la exploración de hidrocarburos en ese municipio. Como la consulta solo se podía hacer con ese aval, al tumbar la decisión del Tribunal se caen los efectos de la votación. 

Según el comunicado con el que dio a conocer su decisión, la Corte encontró que el Tribunal no debió darle vía libre a la consulta porque su pregunta “no se limitaba a determinar el uso del suelo como una competencia propia de los municipios y distritos, sino que en realidad buscaba prohibir la realización de actividades de exploración del subsuelo y de recursos no renovables en el municipio de Cumaral”.

En palabras de un magistrado de la Corte, la decisión es “en esencia, como decían los hippies en los sesentas, 'prohibido prohibir'”.

Su argumento es que, como la Constitución dice que el subsuelo es de la Nación, una consulta popular local no puede prohibir actividades como sacar petróleo o minerales, porque al hacerlo impide que la Nación ejerza su derecho de propiedad sobre el subsuelo. Eso a pesar de que esa y otras consultas han avanzado bajo el argumento de que los municipios tienen la función de definir cómo se usa el suelo, y en esa medida pueden prohibir actividades sobre él, más allá de quién es el dueño del suelo o del subsuelo.

En su decisión, la Corte no ignora que existe esa tensión entre los municipios y la Nación. Su solución es botarle la pelota al Congreso para que “en el menor tiempo defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio”.

El lío es que solo lo exhorta a hacerlo y no le pone un plazo, por lo que el Congreso puede no hacer nada. Eso ya pasó cuando la Corte en 2011 le dio dos años para reformar el Código de Minas, lo que sigue sin hacer, o cuando le puso un plazo igual para regular el matrimonio igualitario. El Congreso no lo hizo y la Corte terminó dándole luz verde por su lado.

En cualquier caso, los mecanismos que debe crear el Congreso no podrán vetar la explotación del subsuelo, por lo que incluso cuando el Congreso los defina, la política minera vuelve a manos del Gobierno.

Eso deja en el limbo a la consulta de Cumaral, y aunque su alcance se limita a esta consulta, puede abrir un debate frente a las otras cuatro que ya se votaron (Tauramena en Casanare, Arbeláez en Cundinamarca, Jesús María y Sucre en Santander) y dejaría sin piso a las 158 que están en trámite o se han anunciado, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Además, la Corte volvió a reescribir la minería, prácticamente tachando lo que ya había escrito hace dos años. En ese entonces, como contó La Silla, sacó una seguidilla de sentencias que pasaron el eje de la Nación a los municipios. Entre ellas están la que tumbó seis artículos del Plan Nacional de Desarrollo que irrespetaban la autonomía de los municipios para definir el uso de su suelo y ordenar sus territorios, la que prohibió totalmente la minería en páramos, la que decidió que los concejos municipales podían prohibir la minería en sus territorios, la que revocó la figura de las áreas estratégicas mineras que no tenían consulta previa con los grupos étnicos afectados, y la que puso al Estado a hacer consulta previa a cualquier comunidad afectada por la minería.

Por eso, y como explicó ayer Héctor Riveros en su columna, la nueva decisión muestra que el cambio en los magistrados, con la salida en 2017 de Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle, y la llegada de Carlos Bernal, Cristina Pardo y Diana Fajardo, movió a la Corte hacia la derecha, más lejos del activismo y más cerca de los empresarios. De hecho, en la decisión del jueves solo Alberto Rojas, que hacía parte del bloque liberal con Palacio y Calle, salvó el voto.

Eso, además de ser buenas noticias para los empresarios, puede ayudar al Gobierno Duque.

Empresarios felices y Duque con más plata

El comunicado es una victoria para los empresarios del sector minero y petrolero, que criticaron ese uso de las consultas populares como una amenaza para la seguridad jurídica y para sus proyectos.

De hecho, en esta tutela la Corte le dio la razón a la ACM, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Mansarovar, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) -entidades del Estado que administran los contratos de minería y petróleo-, que en una audiencia pública de ese proceso, en abril, le pidieron tumbar la decisión del Tribunal del Meta.

En esa ocasión los gremios, las empresas y las entidades nacionales alegaron que la Constitución es clara en que la Nación debe ser quien administra el subsuelo porque todo el país se beneficia de las regalías que recibe cuando las empresas sacan minerales o petróleo. 

La Corte les dio la razón y por eso ganaron con la decisión, como se entiende del comunicado que publicó la ACM. En él dijo que la decisión de la Corte da vida a varios proyectos mineros que estaban en riesgo y señales positivas en materia de seguridad jurídica; y aunque la ACP no se pronunció, su vocero, Francisco Lloreda, ha sido enfático en reiteradas ocasiones en que la consulta popular frena la inversión, y ha recordado que en su encuesta de ambiente de inversión (en la que pregunta a sus afiliados cuáles son las barreras para invertir), las consultas populares pasaron a ser la principal preocupación por encima de los impuestos.

Pero este fallo está lejos de resolverles todos los problemas, porque el rechazo sigue.

“No lo veo como una victoria, sino como una gran responsabilidad: la de concertar. Eso es más difícil pero es lo correcto”, nos dijo Santiago Ángel, presidente de la ACM.

De acuerdo con Jaime Arteaga, consultor en temas de estrategia para empresas mineras y petroleras, las empresas de todas formas tienen que hacer un trabajo para ponerse a convencer a las comunidades de que sus proyectos les convienen también a ellos. “La licencia social sigue siendo una condición obligatoria para el negocio, tú no puedes hacer el negocio con las comunidades en contra”, dice.

Aunque el contrato del bloque Lla 69, el de la discordia de Cumaral, se podría reactivar, una fuente cercana a Mansarovar que pidió no ser mencionada porque no es vocera oficial nos dijo que así la empresa decida retomar el proyecto, no será fácil porque hay un ambiente adverso.

De hecho, la victoria de los empresarios no es completa porque la Corte no compartió su otro argumento, que es que en el país hay suficientes espacios de concertación con las comunidades, como las consultas previas y las audiencias en el proceso de licenciamiento ambiental. Así lo dijeron en abril la directora de la ANM, Silvana Habib (a quien Duque mantuvo en el cargo) y el entonces presidente de la ANH, el liberal Orlando Velandia.

Al exigir un nuevo mecanismo de concertación, la Corte muestra que no compró este argumento.

En todo caso, para el presidente Iván Duque el fallo le devuelve el mango de la sartén, pues serán las entidades a su cargo las que tendrán la última palabra sobre si se hacen o no proyectos. Además, sin el lío de las consultas, los empresarios tendrán un obstáculo menos para invertir. Como dijo en un pronunciamiento oficial la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez: “Esperamos que esta decisión permita incentivar la inversión y reactivar el desarrollo social y económico que representa la industria minero-energética para el país”.

Eso, con precios del petróleo por los 80 dólares (y proyecciones al alza para el próximo año), es una luz en medio de los nubarrones financieros del Gobierno pues, según cálculos del Ministerio de Hacienda, por cada dólar extra en el precio del petróleo, a la Nación le entran 394.000 millones de pesos adicionales al año, y por cada 10.000 barriles más de producción petrolera, son 19.000 millones de pesos adicionales.

Pero a la vez puede verse en problemas si las organizaciones ambientalistas aumentan su activismo.
 

El plan de los ambientalistas

Aunque en el Movimiento Nacional Ambiental, que agrupa a unas cien organizaciones ambientales e impulsó consultas como la de Cumaral, están a la espera de leer la sentencia completa, el comunicado los tiene en alerta.

Desde el viernes impulsaron el hashtag #SinConsultasNoHayDemocracia y tienen pensado sacar a la gente a las calles a protestar.

“Tenemos un gobierno y una Corte al servicio de las corporaciones y no de la ciudadanía”, dijo a La Silla Renzo García, vocero del movimiento. “Los nuevos magistrados son de una línea conservadora y lo que vemos es que están revirtiendo fallos de la misma Corte, no solo con la minería. También con las corridas de toros, con Cerromatoso”, agregó.

Para ellos la decisión sobre la tutela de Mansarovar es errada pues, como expuso el centro de estudios DeJusticia en la audiencia pública de abril y como argumentó el magistrado Rojas en su salvamento, la tutela era improcedente porque Mansarovar no impugnó la consulta en el plazo de diez días que le da la Ley para hacerlo.

Su prueba es que, según el registro oficial de la Corte, el Tribunal abrió ese plazo el 11 de enero de 2017, los diez días hábiles vencían el 24 de enero, y Mansarovar envió la impugnación el 2 de febrero.

Por eso, a juicio del magistrado Rojas, “la decisión de la Sala Plena avaló una conducta negligente de la empresa accionante”.

"La Corte, con esto, manda el mensaje de que ahora cualquier empresa o ciudadano puede revivir una etapa procesal en la que se pasó por la faja los plazos”, complementa Diana Rodríguez de DeJusticia.

Más allá de ese debate, García dijo a La Silla que van a preparar un proyecto de ley que “ratifique la consulta como mecanismo de participación".

Con eso quedó claro que para los ambientalistas la decisión de la Corte es un traspiés, no una derrota, y que una pelea que viene siendo legal, pasará a lo político.

Al final, mientras los mineros sigan sin tener asegurada su licencia social, probablemente la discusión siga adelante.

En el debate que el Senador Jorge Enrique Robledo le montó al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre los llamados “bonos de agua”, salió a relucir sorpresivamente un contrato de consultoría que el hoy alto funcionario suscribió con Saludcoop, cuando esta EPS se encontraba intervenida por la Superintendencia de Salud, por allá en el 2014.

Robledo trajo a colación ese contrato para dejar habilidosamente en el aire la idea de que “si Carrasquilla contrató con Saludcoop, entidad desprestigiada y corrupta, es porque él es corrupto”; incluso insinuó que “el contrato no había servido para nada”. Además, fabricó teorías alucinadas relacionadas con la posibilidad de que la información que Carrasquilla conoció en cumplimiento de esa asesoría, hubiera luego podido ser compartida con otra EPS, de la cual Carrasquilla era director, para efectos de un proceso contractual que ocurriría varios años después.

En mi calidad de Superintentendente de Salud entre octubre de 2012 y noviembre de 2014, quizá soy el colombiano más indicado, por conocimiento directo, para refutar cada una de esas insinuaciones. Me hago enteramente responsable de la existencia de ese contrato, pues fui yo el que concebí que podía ser útil, ausculté la disponibilidad del entonces exministro para ejecutarlo.

Recibí sus primeros resultados como un insumo muy importante para el complejo proceso decisorio que se avecinaba en relación con la EPS Saludcoop, en ese entonces la más grande del país, y respecto de la cual, el estado debía decidir si la devolvía a sus adminstradores originales, la continuaba administrando, o la liquidaba.

Algo de contexto: en mayo del 2011, mi antecesor en la Superintendencia de Salud tomó la decisión de intervenir administrativamente a Saludcoop, tras encontrar indicios de prácticas indebidas en la operación cotidiana de la entidad.

En el caso de Saludcoop, los manejos inapropiados de su administración original habían llevado a que la propia Superintendencia, meses antes de imponer la intervención administrativa, a que restauraran al sistema más de 600 mil millones de pesos, que se consideraba que habían sido desviados, decisión que luego quedaría avalada y en firme por el Consejo de Estado.

Paralelamente, tenía, ya para el 2014, todos sus activos embargados por decisión de la entonces contralora Sandra Morelli, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal que culminaría con una condena por 1.4 billones de pesos.

Para el 2014, Saludcoop tenía que atender la salud de más de cinco millones de afiliados, lo cual le generaba obligaciones siempre crecientes y cotidianas con proveedores y prestadores. Tenía sus órganos de gobierno suspendidos, enfrentaba una contingencia fiscal por 1.4 billones de pesos, y, para rematar, tenía todos sus activos embargados, lo cual hacía imposible venderlos, que habría sido la forma más obvia de responder por todas esas obligaciones.

Por su naturaleza cooperativa, los instrumentos habituales de salvamento y capitalización que se usan en el ámbito comercial eran imposibles de aplicar.

No fue Alberto Carrasquilla el único asesor de alto nivel al que con el extraordinario equipo de la Superintendencia y de la interventoría, acudí en busca de consejo, ayuda e ideas para salir del embrollo. Varios expertos financieros, jurídicos y conocedores del sector cooperativo, aportaron sus luces, en el marco de contratos debidamente suscritos y ejecutados. Carrasquilla había sido Ministro de Hacienda; asesoraba o hacía parte de juntas directivas de varias entidades financieras, aseguradoras o del sector salud.

Por eso lo busqué, por eso le agradecí, y por eso lamento que ese servicio que le prestó al país ahora sea utilizado como arma arrojadiza en su contra.

Frente a las insinuaciones de Robledo, cabe decir lo siguiente:

No, no era pecado ser contratado por Saludcoop cuando ésta se encontraba bajo tutoría del Estado, y era un deber gubernamental dilucidar el mejor camino a seguir, en beneficio de los pacientes.

Y sí: el estudio y los análisis que hizo Carrasquilla fueron muy útiles para mí como Superintendente, y sirvieron como fundamento, en combinación con otros análisis y consideraciones, de la propuesta que me disponía a presentarle al Gobierno a principios del 2015 sobre los pasos a seguir con el caso Saludcoop.

Carrasquilla fue un consultor que hizo bien su trabajo. Hace poco vine a saber incluso que le quedaron debiendo parte de los honorarios.

Y no, en 2014 era imposible saber que el gobierno: (i) a finales de 2015, iba a optar por liquidar a Saludcoop;  (ii) modificando las normas vigentes para ajustarlas a un caso particular, iba a hacer un traslado en bloque de todos los afiliados, de Saludcoop a CaféSalud, y que (iii) a principios de 2017, iba a abrir un proceso para transferir los activos, pasivos y contratos de Cafésalud, incluyendo su lista de afiliados.

Era imposible, en 2014, saber cuáles empresas iban a interesarse, en el segundo semestre de 2017, en ese proceso de venta. Decir que la información que Carrasquilla obtuvo con su consultoría en 2014 iba a ser útil para una empresa de cuya junta hacía parte, en un proceso abierto tres años después, es hilar de muy mala fe.

Que quede claro: Carrasquilla fue mi jefe entre el 2003 y el 2004. Pero desde entonces y solo hasta la asesoría del 2014, no volví a verlo. No lo he vuelto a ver desde entonces.

Fue un consultor que cumplió más que cabalmente con el propósito de su asesoría.

En San Vicente del Caguán, una de las retaguardias históricas de las Farc en el Caquetá, es normal ver parches de 100 y de 200 hectáreas de bosque pelados. Son grandes huecos en el corazón de la selva amazónica que se registran sobre todo al norte del municipio, en límites con el Meta, justo donde las disidencias de la otrora guerrilla están impulsando esa tala.

Eso es una gran paradoja porque justamente las Farc, cuando eran guerrilla armada, tenían “reglas”, como manuales ambientales, que hacían más costosa y ayudaban a controlar la explotación de recursos naturales.  

Ahora, dos disidencias que lideran los exjefes farianos Gentil Duarte (frente séptimo) y alias Calarcá (frente 40) cambiaron de reglas: les están dando a los campesinos la “orientación” de talar y amenazando a las autoridades ambientales para que no vuelvan a poner un pie en el territorio.

El rol de estas disidencias se ha vuelto la gasolina para que grandes terratenientes de la región aprovechen el vacío de esas autoridades y les paguen a los campesinos por ampliar sus fincas haciendo talas.

¿El resultado? San Vicente es el municipio del país en el que más árboles se tumbaron a diciembre de 2017 en todo el país. Se fueron abajo 26.632 hectáreas de bosque que representan el 12 por ciento de la deforestación nacional, según cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales, Ideam. Estas son las cifras más recientes que hay.

Todo indica que este año va ser igual porque así lo vaticinan las dos alertas tempranas que ha sacado el Ideam, entidad que aún no tiene cifras por hectáreas actualizadas.

Los otros focos de la deforestación en este departamento, aunque en menor medida, están en Cartagena del Chairá y Solano, los otros dos municipios caqueteños que están entre los 25 más deforestados a 2017 y que también sufren el asedio de las disidencias.

La alerta en el Caguán

El tope de tala que imponían las antiguas Farc a los campesinos de la región era en promedio de a cinco hectáreas por campesino y solo lo podían hacer en los sitios que ellos dijeran. El que quería talar más, tenía que pagarles una multa.

Como lo contamos, esa fue durante décadas una estrategia de doble filo para la guerrilla: por un lado, esas reglas ayudaron a preservar ecosistemas y por otro, les servía como una forma de protegerse del Ejército.

Por ejemplo, si evitaban que se talaran árboles o que se echara basura en un río, era más difícil para cualquier brigada móvil rastrearlos porque no dejaban pistas de haber estado ahí.

Pero sin manuales de convivencia de la exguerrilla, la disidencia de Duarte inicialmente les ponía un tope mayor de tala (de 20 a 30 hectáreas) , pero ahora los deja talar lo que quieran donde quieran y, según nos lo detallaron dos fuentes que lo saben de primera mano porque están en el terreno, la instrucción pasó de ser un voz a voz a convertirse en una orden oficial.

Esas dos fuentes nos contaron por aparte que en abril de este año en la vereda El Camuya estaban en una reunión unos funcionarios de Parques Naturales con presidentes de juntas de acción comunal, cuando llegaron hombres que se presentaron como de la disidencia de ‘Calarcá’-que están coordinados con Duarte- sacaron a los funcionarios y “dijeron que la directriz para todos era tumbar”, nos dijo textualmente una de las personas con las que hablamos.

De hecho, La Silla supo que amenazaron a todo el equipo de Parques que está en el municipio y que desde entonces ninguno de los ocho funcionarios ha podido regresar a hacer monitoreos.

Tampoco han podido volver los funcionarios que lideran el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, que el Gobierno lanzó en mayo del año pasado.

“Los declararon objetivo militar”, nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano. “Ninguna autoridad ambiental se atreve a meterse allá”, agregó.

Cuando le preguntamos a Mario Barón, director de Corpoamazonia  (la autoridad ambiental allí) si habían recibido amenazas, nos respondió que prefería no referirse al tema. Solo nos dijo que “la situación sí es muy tensionante. No puede uno moverse tan libremente”.

Sin embargo, aunque no han podido volver, sí tienen imágenes satelitales a junio de este año que muestran una nueva vía que está a punto de entrar al Parque Natural Serranía del Chiribiquete, pues apenas está a un kilómetro.

“Los comentarios en la región es que la disidencia de Duarte está abriendo varias vías solo para ellos”, nos dijo una fuente del municipio, como las antiguas trochas clandestinas que tenía la exguerrilla para comunicarse.

Intentamos conseguir estas imágenes satelitales, pero no fue posible, aunque sí confirmamos su existencia.

Pero las disidencias no son las únicas impulsando la tala.

Como lo señala el experto ambiental Rodrigo Botero en un artículo para El Espectador, justo en esa región, “en las cabeceras de los ríos Camuya y Yarí se ha presentado desde el año 2018 una incursión de grupos deforestadores que claramente están buscando dejar abiertos grandes lotes deforestados, que han sido ocupados progresivamente por familias que no estaban en la zona”.

En este video que nos pasó el representante liberal Harry González se ve la dimensión del problema. Fue grabado hace un mes. 

Además de San Vicente, hay otros dos municipios donde el problema también es crítico

Los otros focos

Cartagena del Chairá es el segundo municipio más deforestado del país con 22.591 hectáreas de bosque taladas a diciembre del año pasado.

Allí, donde también hace presencia la disidencia de Duarte, rige la misma orden que en el Caguán frente a la tala.

“Ellos (la disidencia) autorizan la tala para que la gente tenga donde poner más ganado”, dijo a La Silla Alexis Tapasco, vocero del sector industrial lácteo de Cartagena del Chairá y San Vicente.

“Aquí la deforestación ha crecido a expensas de la actividad ganadera y como ya no hay restricciones, pues aún más”, agregó.

Lo que gana la disidencia incentivando la tala en este caso es que si hay más espacio para meter más vacas, hay más producción de leche y por ende, de queso, que es justamente el negocio al que le están cobrando vacuna.

Solo en ese municipio, según Tapasco, se mueven 17 mil millones de pesos anuales en queso. “Aquí hace cuatro meses la disidencia llamó al orden a los compradores de queso, les pidieron información de cuánto están comprando y a quién y con base en eso fijaron unos topes para cobrar”, dijo a La Silla.

También lo hacen para ampliar los cultivos de coca, que en este municipio se crecieron. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en 2016 había 1.187 hectáreas sembradas y a diciembre de 2017 había 1.369. Es decir, 181 hectáreas más.

Así se ve la tala en el sector de 'Las Piscinas' en Cartagena del Chairá

Otro foco de la deforestación es Solano, donde se fueron abajo 6.890 hectáreas de bosque (el 3 por ciento del total del país) a diciembre de 2017 y que además es una de las zonas de influencia de la disidencia del frente primero liderada por Iván Mordisco y que funciona en coordinación con la disidencia de Duarte.

Allí, como ha contado La Silla Sur, además de reclutar a niños y amenazar a los líderes que defienden la sustitución de cultivos, los árboles también están siendo víctimas.

Aunque en Caquetá se estrenó hace más de un año una estrategia para contrarrestar la deforestación que la sexta división del Ejército bautizó la ‘Burbuja Ambiental’, en la que también participan las alcaldías y el ministerio de Ambiente y que consiste en que se comparten información para poder capturar a los que talen e incautar la madera, en todos estos puntos ha sido muy difícil entrar.

“La burbuja ha funcionado en el sentido de que ha aumentado el control de tráfico de la madera, hay más capturas y más incautaciones, pero se queda en las carreteras o muy cerca de ellas y no en los núcleos del problema”, dijo a La Silla Sur Everson Cabrera, experto en deforestación del Ideam.

Es muy probable que las cifras de este año reflejen un aumento en la tala y, mientras las disidencias sigan fortaleciéndose, la selva de Caquetá seguirá siendo la gran víctima.

Sarika Panda, en entrevista con Darío Hidalgo, Director de la Práctica de Transporte del Centro WRI Ross de Ciudades Sostenibles, comenta como fue el proceso de llevar la ciclovía dominical de Bogotá a 78 ciudades en India. Además, habla sobre sus impresiones de Transmilenio.

Esta semana miles de estudiantes y profesores salieron a las calles a protestar por la crisis financiera de la educación superior que tiene un déficit de 15 billones de pesos, y a exigirle al Gobierno Duque que aumente la inversión.

En el podcast de esta semana invitamos a Alejandro Palacio, representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, y a Ramón Javier Mesa, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia.

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher y Akörde FD.

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Mañana miércoles volverán a las calles los estudiantes del país para seguir presionando al Gobierno Duque por un aumento en los recursos para la universidad pública, protestas en cuyo germen, como contamos en La Silla Vacía, participaron también profesores y rectores.

Estos últimos son figuras clave, no solo por el obvio manejo interno de los claustros, sino también porque sus elecciones en muchas ocasiones hacen parte de la movida de poder local de casas políticas que han encontrado en estas instituciones otro de sus fortines para pescar burocracia y votos -aunque solo uno de los rectores que revisamos, el de la UTS de Santander, pertenece a un Partido, el Liberal-.

Este asunto no desdibuja las reivindicaciones que exigen los estudiantes, y por las cuales desde la semana pasada algunas universidades públicas entraron en paro indefinido, pero sí complejiza la situación de este sector para el que se está pidiendo más inversión.

Averiguamos en las regiones que cubrimos (Cachaca, Caribe, Pacífico, Santanderes, Sur y Paisa) los lazos políticos de los rectores de las 27 de las 32 universidades públicas del país y estas son nuestras conclusiones.

Casi todos tienen vínculos con algún político

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De los 27 rectores sobre los que averiguamos, 22 tienen vínculos con algún miembro de la clase política de su región. Estas relaciones en la mayoría de los casos se deben a que casi todas las elecciones de rector las hacen los Consejos Superiores de las universidades, en donde tienen asiento los gobiernos Nacional y Departamental, y quien se quiere elegir termina a veces buscando alianzas para garantizar su triunfo y mantenerse en el cargo. Hay casos en los que los rectores pagan estos favores con burocracia y ayuditas para conseguir votos en época electoral dentro de la Universidad, pero no en todos se da necesariamente.

La mayoría de alianzas están pintadas de rojo

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Diez de los 27 rectores revisados tienen alguna alianza o relación de padrinazgo con el Partido Liberal. En los Santanderes, por ejemplo, las cabezas de tres de las cuatro universidades públicas de la región tienen liga con caciques políticos rojos locales y nacionales; en el caso de la Industrial de Santander, el Rector ha sido militante de ese Partido.

Lo mismo ocurre en fortines liberales del Pacífico, como Cauca y Chocó. Incluso hasta el propio jefe nacional del liberalismo, el expresidente César Gaviria, tiene influencia en la universidad de su región, Risaralda, porque tiene a su hermano de Rector.

También encontramos alianzas de otros políticos de diferentes partidos como La U en Valle, el Verde en Nariño, el Conservador en Antioquia y Cambio Radical en cinco universidades del Caribe.

Algunos son del bolsillo de sus padrinos...

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En seis de las rectorías revisadas encontramos que el rector más que aliado es ahijado de un político o cacique regional, es decir, tiene una relación todavía más estrecha con los políticos, lo que hace que esas instituciones en casi todos los casos sean usadas como cajas burocráticas o de votos. Así ocurre en los Santanderes con tres universidades, en la Universidad de Cartagena, en la de Cundinamarca y en la Unipacífico, en la cual, el padrinazgo no es de un político, sino de un abogado y un empresario.

Hay unos que están aliados con cuestionados o condenados...

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Cuatro de los rectores han tejido alianzas políticas con cuestionados políticos regionales, algunos de ellos condenados, como el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por homicidio; los excongresistas parapolíticos Juan Manuel ‘Juancho’ López Cabrales y Álvaro ‘el Gordo’ García y el representante Nilton Córdoba, quien tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.

Pero también hay rectores independientes

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Cinco de los rectores de las 27 universidades revisadas llegaron a sus cargos sin palanca política y no han construido alianzas posteriores. Entre ellos están los que manejan dos de las universidades de mayor presupuesto público: la Nacional de Colombia (1,8 billones de pesos) y la de Antioquia (1,1 billones de pesos).  

Esta es la base de datos con la información completa con la que hicimos esta historia (la única universidad a la que no le pudimos encontrar el presupuesto es a la Uniamazonía porque no lo tiene publicado en su página):

Antanas Mockus llegó al Senado con 541 mil votos, la segunda votación más alta en la historia del Congreso después de la de Álvaro Uribe. Su impulso fue fundamental para que entraran 10 senadores verdes, lo que fortaleció esa bancada, y llegó con mucha expectativa por lo que representa.

Sin embargo, en estos casi tres meses de sesiones ha pasado prácticamente desapercibido a excepción del primer día, cuando se bajó los pantalones para pedirle a la plenaria que guardara silencio.

Esto porque ha encarado su curul inicialmente como un aprendizaje porque su objetivo en estos cuatros años, según sus asesores Viviana Barberena y Diego Cancino, es ser él mismo en un espacio que le resulta nuevo.

Es decir, ser como senador lo que ha sido como profesor, candidato, rector o alcalde: un líder que deja un mensaje formativo centrado en que todos debemos cumplir las leyes y respetar la vida.

Está enfocado en el proceso de construirlo.

Un senador en formación

A la entrada de su oficina hay un mensaje que muestra que Mockus ha encarado su curul con actitud de aprendizaje.

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Esa mirada concuerda con su enfoque pedagógico de los asuntos públicos, aunque esta vez como estudiante, y con su carácter reflexivo, en la que primero analiza la situación y luego empieza a actuar (una etapa inicial que ha tardado porque tuvo que parar un tiempo por la muerte de su madre).

En este caso, su llegada al Capitolio es novedosa.

De su lado porque, a pesar de una trayectoria pública que incluye haber sido rector de la Unviersidad Nacional, dos veces alcalde de Bogotá, y tres veces aspirante presidencial, es la primera vez que llega al Congreso.

Hacia afuera, porque su forma de hacer política ha sido poco convencional y diferente tanto de la de los caciques tradicionales que son mayoría en el Congreso, como de la de los políticos más mediáticos que son sus figuras más visibles.

Mockus lo ha hecho con actos simbólicos, más que con nuevas leyes o debates de control político; más con el objetivo de hacer reflexionar a las personas para lograr cambios culturales que con el de tomar decisiones para obtener cambios en el comportamiento; más con un liderazgo a través de la pedagogía que con la negociación con otros actores políticos.

Tras su retiro de las elecciones a la alcaldía de Bogotá en 2011 para apoyar a Gina Parody, y con el parkinson ya iniciado, se alejó de la política aunque apareció en tiempos electorales, como cuando apoyó la reelección de Juan Manuel Santos en 2014, a Enrique Peñalosa a la Alcaldía en 2015 o el Sí en el plebiscito de 2016.

No se aferró al poder, por lo que no tiene un partido o una bancada bajo su control, como las que manejan el expresidente César Gaviria, Álvaro Uribe e incluso Germán Vargas, a pesar del liderazgo que demostró su votación de marzo. Y eso lo pone en una posición diferente a la de esos otros presidenciables.

Mockus también es diferente porque en su caso, el equipo de asesores de su UTL tiene un protagonismo mayor al que es usual.

“El piensa muchas cosas, nos las dice y nosotros las ejecutamos y para eso Viviana es clave, porque es la que aterriza a la vida real”, le comentó a La Silla Diego Cancino.

Eso es propio de Mockus pues según el perfil que escribió La Silla en 2010, cuando era de candidato presidencial, a la hora de tomar decisiones difíciles se demoraba mucho tiempo y acababa su equipo tomándolas, pues nunca ha sido un microgerente y suele estar atrapado en dilemas filosóficos, como afirma el perfil y nos confirmó Cancino.

Sus reflexiones son tan largas que en 2010, la decisión de lanzarse a la presidencia fue tomada prácticamente por Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón, pues él no era capaz de decidir qué hacer, por las implicaciones que tenía.

Mockus montó una Unidad Técnica Legislativa de 7 personas, de las que conoce a 5 desde hace años.

“Cuando él está en su oficina da instrucciones de cómo deben ser las cosas. Pero cuando hay que tomar decisiones, es el equipo el que las toma”, le contó a La Silla un congresista Verde.  

Por eso, su forma de tomar decisiones choca con los usos en el Congreso y hace improbable que funcione con la lógica usual de los congresistas.

Todo eso implica, para Mockus, aprender a moverse en un ambiente que no conoce y en el que no encaja fácil. Su “formación” es para aprender a moverse en él sin imitar ninguno de los modelos existentes.

El sello mockusiano

“Mockus no quiere ser Robledo ni Petro, no está en ese ese ‘mood’. Él llegó al Congreso a mostrar lo que no es obvio, a mostrar cosas que no hacen otros congresistas. Él quiere mostrar una perspectiva pedagógica”, le contó a la Silla su asesor político, Diego Cancino.

Un ejemplo de ese sello fue su forma de hacerle campaña a la Consulta Anticorrupción, ya como senador, pues además de aparecer en el video del “reggeaton de la corrupción” de Daniel Samper, fue a varias universidades para hacer un foro, muy particular, sobre corrupción.

En el foro hacía un ejercicio para mostrar lo que significa que se roben los recursos públicos. Armaba con los estudiantes una colecta de plata para comprar unos chocolates, los metía en una urna y la prendía, a pesar de que fueran decenas de miles de pesos y en Los Andes hayan sumado 700 mil, según contó Cancino.

Aunque al final mostraba que había quemado unos billetes de juguete y devolvía la plata, el impacto era claro y, más allá del evento, demuestra que mantiene su huella mockusiana siendo senador - aunque, por lo menos por ahora, haya sido fuera del Capitolio.

“Aunque vaya a hablar poco, en lo que diga o haga quiere dejar siempre una reflexión, un mensaje, un símbolo, como lo ha hecho siempre”, concluyó Cancino.

Por ahora Mockus no ha presentado ningún proyecto de ley pero, según Cancino y la representante a la Cámara mockusiana Katherine Miranda, está preparando uno para que todas las leyes terminen con la fórmula “Publíquese, explíquese y cúmplase”.

Agregar la explicación busca dejar un mensaje pedagógico para que los ciudadanos entiendan cuáles son las leyes sagradas que deben cumplir y por qué lo deben hacer. Es decir, llevar ese sello mockusiano a la labor de legislador que tiene ahora, que sería el primer paso para pasar de ser un senador en formación a uno en ejercicio pleno.

Más allá de eso, según Cancino, Mockus no tendrá una agenda legislativa fuerte pues piensa que hay suficientes leyes y que el reto es que se cumplan. Sin embargo, Miranda sí presentará diferentes proyectos: “todos llevan el sello de Mockus y son autoría de los dos”, le afirmó a La Silla.

Ya presentó en la Cámara uno para prohibir la pólvora a nivel nacional, replicando una de las banderas insignia de Mockus en su primera alcaldía, lo que muestra que incluso si Mockus no se dedica a hacer normas, su peso y presencia pueden llevar a que sus ideas terminen siendo leyes.

Ese liderazgo apenas incipiente en el Capitolio es más fuerte dentro de su partido, pues según el representante Toro, Mockus ha sido clave para que concilien diferentes visiones del partido. “Es el lubricante de todas las decisiones que tomamos”, explicó, haciendo alusión a que inspira mucho respeto.

Ser el lubricante no ha evitado que entre los verdes haya posiciones diversas, como en el caso de la moción de censura a Alberto Carrasquilla o en la elección del Contralor, lo que refleja una visión plural de las opiniones que tiene Mockus, algo también relativamente poco frecuente en bancadas con un presidenciable adentro.

Con eso, una vez más, Mockus ha mostrado que más que llegar al Congreso a mojar prensa o tratar de convertirse en otro senador, está buscando el camino para ser él mismo siendo senador. Una apuesta que brota poco a poco, que no se sabe si será exitosa como su campaña de 2010 o de olvidar como la de 2006, pero que - como ellas dos- muestra que Mockus será tan particular o único en el Senado como lo ha sido siempre en el pasado.

El presidente Iván Duque viene diciendo que quiere reformar la manera de repartir la plata de regalías que el Gobierno pasado cambió, de modo que ahora la mayor parte de los recursos les queden a las regiones productoras. Pero mientras lo hace, le va a apostar al sistema tal y como está, en una movida con la que, de paso, intentará mejorar sus relaciones con el Congreso.

Así se lo explicó a La Silla Vacía un alto funcionario de Palacio y quedó confirmado la semana pasada en las dos reuniones que lideró Duque con el Partido de La U, primero con los congresistas gobiernistas y luego con los ‘disidentes’ de esa colectividad.

Según nos contaron dos congresistas de La U por aparte, en esos encuentros el Presidente les habló de la reforma a las regalías que piensa presentar el año entrante (de acuerdo a uno de sus altos asesores, no lo hace ahora porque sería “complicado” presentarla en medio de la discusión del presupuesto) y también de una idea previa que tiene para invertir unos recursos que están en los bancos y se pueden ejecutar este año con ayuda de los legisladores.

En concreto, se trata de unos siete billones de pesos que en parte no se han invertido en las regiones porque los proyectos presentados por los entes territoriales tienen debilidades técnicas, que han imposibilitado su aprobación.

La idea es que se les pueda dar trámite en una maratón u Ocadtón (en referencia a la sigla Ocad, Órgano Colegiado Administrativo y Decisorio de las regalías) que se realizará la semana entrante.

“(El Presidente) nos informó de eso y quiere que lo ayudemos a apurar a los alcaldes”, nos detalló uno de los congresistas con los que hablamos.

“Los congresistas también tienen entre sus funciones la de gestionar recursos para sus regiones, lo que queremos es que ayuden a destrabar estas platas, logrando que los mandatarios presenten proyectos más completos y técnicos”, agregó por su lado una de nuestras fuentes de Palacio.

Eso suena similar a una de las formas de la cuestionada mermelada, los recursos para invertir en región, cuyo destino es decidido informalmente por los congresistas a través de los llamados cupos indicativos. La mermelada tiene presos a varios funcionarios y se alimentó en parte de plata de las regalías.

De hecho, el uso político de la palabra “mermelada” nació en 2011 cuando el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, presentó el objetivo de la reforma a las regalías como “repartir la mermelada por toda la tostada”.

Como revelamos hace unos años en La Silla Vacía en una investigación, la mermelada la entregaba el Gobierno a congresistas para garantizar apoyos en el legislativo, aunque no era necesariamente dinero de regalías.

En muchos casos, esta inversión era decidida a dedo por legisladores, cuyos mandatarios en región entregaban la contratación a contratistas amigos que luego financiaban la campaña del respectivo congresista o le pagaban entre un 10 y un 20 por ciento por el negocio.

Por ello, a propósito de la propuesta de Duque de la Ocadtón, les preguntamos a ocho congresistas si el Gobierno les esté planteando el tema como un pacto para aceitarlos, pero por ahora ninguno nos ha confirmado que sea así.

Eso sí, el Gobierno sí busca con esto mejorar las relaciones con un Congreso en el que tiene mayorías apretadas.

“Queremos que ellos se involucren pero en un tema más técnico y menos político. A nosotros nos interesa garantizar la agenda legislativa, pero también es prioridad que esto no quede como que estamos negociando nada”, nos dijo un alto funcionario de la Casa de Nariño, quien detalló que se está alistando una metodología que será pública y que todo será canalizado por Planeación y no entidad por entidad, como con los cupos indicativos.

El siguiente capítulo de esta historia será mirar si los proyectos les salen a los mandatarios regionales, quiénes se ganan los contratos y si tienen alguna relación con los congresistas que ayudaron a mover las iniciativas.

Así se sabrá si el compromiso de Duque de no dar mermeladas es o no real.

La cantidad de mandatarios suspendidos en el Caribe está poniendo a prueba al presidente Iván Duque, pues en los distintos departamentos son muchos los grupos políticos pujando  para que encarguen fichas suyas. Después de designar en Cartagena y Riohacha, el turno es para la Gobernación de Córdoba.

Allí se están peleando ese encargo las casas políticas que fundaron y han liderados tres cuestionados: la del detenido exsenador Musa Besaile (quien confesó haber pagado dos mil millones de pesos para desviar una investigación por parapolítica), la del confeso ladrón de las arcas de Córdoba Alejandro Lyons y la de la exsenadora en juicio por parapolítica Zulema Jattin.

Estas dos últimas van unidas en la puja.

Los tres grupos quieren meter a sus fichas en la terna que, esta semana, el Partido de La U deberá enviar a Presidencia para que Duque elija el reemplazo del gobernador titular, Edwin Besaile, quien se encuentra actualmente suspendido y hace poco más de dos semanas fue destituido e inhabilitado en primera instancia por su presunta participación en el desfalco a la salud de los cordobeses.

Esto enfrenta al Presidente a un dilema, pues, tras haber afirmado al día siguiente de su elección que la principal bandera de su Gobierno sería “la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo”, deberá decidir si designa como mandatario, de un departamento que en los últimos años ha sido protagonista de varios escándalos de corrupción, a una persona cercana a estos cuestionados o devuelve la terna.

Todo eso con la particularidad de que los tres grupos políticos apoyaron su campaña presidencial; el lyonismo desde primera vuelta y sectores del musismo y el jattinismo desde segunda.

La pelea por la terna

El pulso por la terna lo protagonizan las fichas en el Congreso de las tres fuerzas en cuestión: Lyons cuenta con su prima, la representante Sara Piedrahita; Musa con su hermano el senador Jhony Besaile (ellos, a su vez, son hermanos del suspendido Gobernador) y Zulema Jattin con el representante Jorge Enrique ‘el Titi’ Burgos.

Todos son del Partido de La U.

Aunque llevaba ya varias semanas cocinándose, la pelea se desató el jueves de la semana pasada cuando la representante Piedrahita envió una carta al director del partido, Aurelio Iragorri.

En esta carta expresaba su apoyo al candidato propuesto por el  Titi Burgos: el contratista Darío José Oviedo Castaño, quien, como Burgos, viene de las entrañas del jattinismo.

Oviedo apoyó la campaña del Titi Burgos y, de acuerdo a la información registrada en la página Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, la financió con 30 millones de pesos.

El hecho de querer incluir a una persona del movimiento de Jattin en la terna, molestó a miembros de la casa Besaile que argumentan que solamente el grupo que eligió al Gobernador puede postular aspirantes a ser designados por Duque.

En particular, quien más ha criticado esta movida ha sido el representante Erasmo Zuleta Bechara (de la cuerda del grupo de Musa) que afirmó ante un medio local que el jattinismo no tenía por qué presentar un ternado, si la Gobernación “les pertenecía” a los Besaile, como si fuera un patrimonio propio.

“Yo les pongo un ejemplo, por qué mi grupo tiene que intervenir en caso de que se suspenda un alcalde de los otros dos movimientos de La U. Si suspenden a la alcaldesa de Lorica (un municipio que, como hemos contado en La Silla Caribe, es fortín de Zulema Jattin), por qué nosotros vamos a dar nombres para una terna, cuando eso solo le corresponde al jattinismo”, aseguró Zuleta Bechara.

Además de estar ligado familiarmente con los Besaile (su hermana Rosana está casada con el suspendido gobernador Besaile), Erasmo Zuleta es hijo de la exrectora de la Universidad del Sinú, Mara Bechara, quien actualmente enfrenta un juicio por su presunta participación en el desfalco de plata de regalías en Córdoba durante la Administración de Alejandro Lyons.

Por su parte, los Besaile no han definido a quién van a poner, pero entre los que suenan están el secretario de Infraestructura, Carlos Angulo, y el director administrativo de Planeación y excandidato a la Alcaldía de Cereté, Camilo Mejía.

Desde finales de enero, tras la suspensión de Edwin Besaile, está de gobernadora encargada la Directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, Sandra Devia, puesta por el Gobierno Santos y cercana al Partido Liberal.

Aunque, como habíamos revelado en La Silla Caribe, La U conformaría una terna para mantener el poder en Córdoba, no fue sino hasta la reciente destitución e inhabilidad por diez años que la Procuraduría sentenció contra Edwin Besaile que el tema de la terna empezó a moverse.

El director del Partido de la U, Aurelio Iragorri, nos contó que esta semana el directorio departamental enviará la terna y que él mismo estará “pendiente del tema para no enviar a una persona que no sea idónea” para el cargo.

Esta semana se sabrá, finalmente, qué sectores políticos quedaron representados en su conformación. Luego, será decisión del presidente Duque quién queda al mando del departamento de Córdoba.

El grupo ganador se quedará con la Gobernación justo ad portas de que arranque la campaña por las locales de 2019.